Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2021-00236-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2021-00236-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2021-00236-00
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
12 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA- SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., doce (12) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001 03 25 000 2021 00236 00 (1429-2021) (RER)
Accionante: Carmen Zapata Useche
Demandado: Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio - Secretaría de Educación
del Tolima
Tema: Causal 5° artículo 250 de la Ley 1437 de 2011. Nulidad originada
en la sentencia. Límites funcionales del juez de segunda
instancia. Apelante único. Principios de congruencia y non
reformatio in pejus.
Decisión: Declarar fundado
RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
I. ASUNTO
Se decide el recurso extraordinario de revisión consagrado en el artículo 248 y
siguientes de la Ley 1437 de 2011, presentado por la señora Carmen Zapata
Useche1 en contra de la sentencia de 26 de septiembre de 2019, proferida por el
Tribunal Administrativo del Tolima dentro del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho con radicado 73001-33-33-001-2016-00390-01.
II. ANTECEDENTES
2.1. Del proceso ordinario que motivó la presentación del recurso
extraordinario
2.1.1. Las pretensiones2
1. Con la demanda se solicitó declarar la nulidad del acto ficto presunto derivado del
silencio administrativo negativo frente a la petición radicada el 11 de julio de 2013,
mediante la cual la señora Carmen Zapata Useche pidió la revisión y reliquidación
de su pensión de jubilación con inclusión de todos los factores salariales.
2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordenara reliquidar la
pensión reconocida mediante Resolución No. 073 del 23 de febrero de 2005, con
todos los factores salariales devengados en el último año de servicio; indexar la
primera mesada pensional por el periodo comprendido entre el retiro definitivo del
1 El escrito de revisión fue presentado ante la secretaría general de esta Corporación el 18 de enero de 2021.
2 Visible en las páginas 25 a 45 del archivo 01CuadernoPrincipal.pdf que reposa en el expediente digital remitido
por el juzgado a esta Corporación
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Accionante: Carmen Zapata Useche
servicio y la adquisición del estatus pensional; pagar las diferencias de mesadas,
intereses e indexación, y dar aplicación al principio de favorabilidad.
2.1.2. Hechos relevantes
3. La señora Carmen Zapata Useche manifestó que prestó sus servicios como
docente de la Secretaría de Educación del departamento del Tolima por más de 20
años, y que el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio le reconoció
pensión de jubilación mediante Resolución No. 073 del 23 de febrero de 2005. No
obstante, dicha prestación fue liquidada sin incluir la totalidad de los factores
salariales devengados y sin actualizar la primera mesada pensional.
4. Con relación a esto último, señaló que se retiró definitivamente del servicio el 3
de febrero de 2003, cuando ya contaba con más de 20 años de labor docente, pero
que solo cumplió los 55 años de edad el 10 de julio de 2004. Frente a la reliquidación,
indicó que la entidad no tuvo en cuenta todos los factores salariales devengados y
certificados en el año inmediatamente anterior, pese a que, en su criterio, las primas,
reajustes, sobresueldos y demás emolumentos integraban el salario.
2.1.3. Normas violadas y concepto de violación
5. Invocó como normas vulneradas los artículos 2, 6, 25 y 58 de la Constitución
Política; el artículo 10 del Código Civil; la Ley 57 de 1887, la Ley 1437 de 2011, la
Ley 4 de 1966, artículo 4.º, la Ley 5 de 1969, la Ley 33 de 1985, artículo 3.º, numeral
3.º, la Ley 62 de 1985, artículo 1.º, numeral 3.º, la Ley 71 de 1988, y el artículo 260
del Código Sustantivo del Trabajo. Asimismo, citó los Decretos 1743 de 1966 y 3135
de 1968.
6. En el concepto de violación, sostuvo que la entidad desconoció el régimen
aplicable a su pensión de jubilación al no liquidarla con todos los factores salariales
devengados en el último año de servicio y omitir la actualización de la primera
mesada pensional por el periodo comprendido entre el retiro definitivo del servicio y
la adquisición del estatus pensional. Asimismo, alegó que la pensión reconocida se
encontraba por debajo de la cuantía que legalmente correspondía, por lo que debía
pagarse la diferencia de mesadas, junto con la indexación e intereses, y aplicarse el
principio de favorabilidad.
2.1.4. Sentencia de primera instancia3
7. El Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Ibagué, mediante sentencia
de 20 de abril de 2018, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. En
consecuencia, declaró la existencia y nulidad del acto administrativo presunto
negativo que negó la reliquidación pensional.
8. Consideró que a la demandante le asistía el derecho al reajuste de su mesada
pensional con la inclusión de la totalidad de los factores salariales devengados
3 Visibles en las páginas 163 a 174 del archivo 01CuadernoPrincipal.pdf que reposa en el expediente digital
remitido por el juzgado a esta Corporación
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durante el último año de servicio, al estimar que, conforme a las Leyes 33 y 62 de
1985 y al precedente del Consejo de Estado, dichos factores debían entenderse de
manera enunciativa y no taxativa; en ese orden, encontró que además de la
asignación básica, aquella percibió durante el último año prima de alimentación
especial, prima de navidad y prima de vacaciones, por lo que dispuso la inclusión de
estos.
9. No obstante, declaró parcialmente probada la excepción de prescripción frente a
las mesadas causadas con anterioridad al 17 de noviembre de 2013.
Adicionalmente, dispuso la actualización de las sumas adeudadas mes a mes, el
reconocimiento de intereses en los términos del artículo 192 del CPACA, autorizó los
descuentos legales sobre los factores respecto de los cuales no se hubieren
efectuado aportes.
10. Finalmente declaró no probada la excepción de falta de legitimación en la causa
por pasiva propuesta por la Nación – Ministerio de Educación – FOMAG, pero la
estimó fundada respecto del departamento del Tolima, al considerar que este no era
el llamado a responder materialmente por la reliquidación reclamada.
2.1.5. Recurso de apelación4
11. La parte actora interpuso apelación adhesiva contra la sentencia de 20 de abril
de 2018. Aunque reconoció que el juzgado accedió a las pretensiones y ordenó la
reliquidación pensional con inclusión de determinados factores salariales, sostuvo
que la decisión debía modificarse en tres aspectos.
12. En primer lugar, cuestionó que el a quo omitió ordenar la indexación de la primera
mesada pensional, pese a que la demandante se retiró definitivamente del servicio
el 3 de febrero de 2003 y solo cumplió el requisito de edad el 9 de julio de 2004,
periodo durante el cual la mesada perdió poder adquisitivo. Segundo, controvirtió
que la prescripción se hubiera declarado respecto de las mesadas causadas con
anterioridad al 17 de noviembre de 2013, esto es, tres años antes de la presentación
de la demanda. A su juicio, debía tomarse como referente la petición de reliquidación
presentada el 11 de julio de 2013, por lo que la prescripción debía operar frente a las
mesadas anteriores al 11 de julio de 2010.
13. Tercero, reprochó que la sentencia autorizara los descuentos por aportes sobre
los factores incluidos, sin precisar el periodo respecto del cual debían calcularse. En
su criterio, ello solo procedía frente a factores devengados en el último año de
servicio, pues el debate no recaía sobre el reconocimiento de la pensión sino sobre
la base utilizada para liquidar la mesada.
4 Visibles en las páginas 17 a 25 del archivo 01SegundaInstancia.pdf que reposa en el expediente digital
remitido por el juzgado a esta Corporación
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Accionante: Carmen Zapata Useche
2.1.6. Sentencia objeto de revisión5
14. El Tribunal Administrativo del Tolima, mediante sentencia de 26 de septiembre
de 2019, resolvió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la decisión del Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Ibagué que había
accedido parcialmente a las pretensiones.
15. Como cuestión previa, precisó que la competencia de la segunda instancia se
centraba en la apelación de la demandante, dirigida a cuestionar la falta de
indexación de la primera mesada, la fecha de prescripción y la ausencia de límite
temporal frente a los descuentos por aportes; pues, el recurso presentado por el
FOMAG fue declarado desierto.
16. No obstante, el Tribunal señaló que, aunque en principio la controversia debía
limitarse a los reparos de la apelante, debía estudiar de fondo la reliquidación
pensional reconocida por el a quo, con fundamento en la sentencia de unificación
del Consejo de Estado del 25 de abril de 2019 y en ejercicio del control de legalidad.
17. En cuanto a la reliquidación, concluyó que no procedía incluir las primas de
alimentación, navidad y de vacaciones, porque no estaban enlistadas dentro de la
base de liquidación pensional conforme a la sentencia de unificación del 25 de abril
de 2019. Por ello, revocó lo decidido en primera instancia en lo relativo a la
reliquidación pensional y se abstuvo de pronunciarse sobre los descuentos por
aportes.
18. Frente a la indexación de la primera mesada, consideró que sí era procedente,
pues el derecho fue reconocido a partir del 10 de julio de 2004 con base en la
asignación básica percibida en el último año de servicio, sin actualizar los valores
desde el retiro ocurrido en 2003, lo que produjo un detrimento en el monto de la
prestación.
19. En ese sentido, el Tribunal confirmó parcialmente la sentencia de primera
instancia, pero modificó el alcance del restablecimiento del derecho, pues mantuvo
únicamente la orden de indexar la primera mesada pensional, con efectos desde el
17 de noviembre de 2013, y negó lo relativo a la reliquidación pensional por inclusión
de factores salariales.
2.1.7. El Recurso extraordinario de revisión6
2.1.7.1. La causal invocada
20. La señora Carmen Zapata Useche invocó la causal prevista en el numeral 5.º del
artículo 250 del CPACA, que dispone:
5 Visibles en las páginas 103 a 125 del archivo 01SegundaInstancia.pdf que reposa en el expediente digital
remitido por el juzgado a esta Corporación
6 Visible en el archivo 2ED_01RECURSODEREVISIONCARMENZAPATAUSECHE.PDF del expediente digital
que reposa en el aplicativo SAMAI
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Accionante: Carmen Zapata Useche
«ARTÍCULO 250. CAUSALES DE REVISIÓN. Sin perjuicio de lo previsto en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, son causales de revisión:
[…]
5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no
procede recurso de apelación […]».
2.1.8 El fundamento del recurso extraordinario
21. La recurrente sostuvo que la sentencia de segunda instancia se encontraba
viciada de nulidad, al resultar incongruente frente a los reparos formulados en la
apelación y desconocer la garantía de la non reformatio in pejus.
22. En consecuencia, solicitó revocar parcialmente la sentencia del Tribunal
Administrativo del Tolima y confirmar la decisión de primera instancia, en cuanto
había reconocido el derecho a la reliquidación de la pensión de jubilación con el 75%
del total de los factores salariales devengados en el último año de servicios.
Asimismo, deprecó mantener la orden de indexar la primera mesada pensional.
23. Afirmó que en su momento apeló únicamente tres aspectos de la sentencia de
primera instancia: i) la falta de reconocimiento de la indexación de la primera mesada
pensional; ii) la fecha a partir de la cual debía operar la prescripción; y iii) la ausencia
de precisión sobre el periodo respecto del cual debían efectuarse los descuentos por
aportes.
24. En ese sentido, indicó que la reliquidación pensional reconocida por el a quo no
fue objeto de apelación por parte de la demandante y que, además, el recurso
presentado por el FOMAG fue declarado desierto. Por ello, consideró que la señora
Zapata Useche era apelante única.
25. A partir de lo anterior, alegó que el Tribunal desbordó los límites de su
competencia funcional, agravó la situación de la demandante y vulneró el principio
tantum devolutum quantum appellatum, al revocar un reconocimiento favorable que
no había sido cuestionado con la alzada.
26. Finalmente, señaló que la acción de tutela promovida contra la sentencia del
Tribunal fue negada; sin embargo, en dicha decisión se indicó que el mecanismo
judicial procedente para discutir la presunta falta de congruencia entre lo apelado y
lo resuelto era el recurso extraordinario de revisión.
2.1.9. Oposición
27. Luego de notificado el Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio y la Secretaría de Educación del Tolima, estos
guardaron silencio. 7
7 No se observan memoriales en el aplicativo SAMAI de contestación y/o pronunciamiento de dichas entidades
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III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
28. Esta Subsección es competente para resolver el presente recurso de revisión,
de conformidad con lo establecido en el artículo 249 de la Ley 1437 de 2011 y en el
artículo 13 del Acuerdo 080 de 12 de marzo de 2019, contentivo del Reglamento
Interno de esta Corporación.
3.2. De la oportunidad para interponer el recurso
29. De conformidad con lo señalado en el artículo 251 de la Ley 1437 de 2011,
cuando el recurso se fundamente en la causal de revisión prevista en el numeral 5°,
entre otras, podrá presentarse «dentro del año siguiente a la ejecutoria de la
respectiva sentencia».
30. En el presente asunto, la sentencia impugnada fue proferida el 26 de septiembre
de 2019 y quedó ejecutoriada el 9 de octubre de la misma anualidad 8, en
consecuencia, el término de un año para interponer el recurso vencía inicialmente el
10 de octubre de 2020; mientras que el recurso fue presentado el 18 de enero de
2021 a través de ventanilla virtual de esta Corporación 9.
31. No obstante, debe tenerse en cuenta que, mediante el Acuerdo PCSJA20-11517
del 15 de marzo de 2020, el Consejo Superior de la Judicatura suspendió los
términos judiciales en todo el país a partir del 16 de marzo de 2020; suspensión que,
luego de distintas prórrogas, fue levantada mediante el Acuerdo PCSJA20-11567 del
5 de junio de 2020, a partir del 1.º de julio de 2020. A lo que se suma que el Decreto
564 de 2020, dispuso en el artículo 1 que “Los términos de prescripción y de
caducidad previstos en cualquier norma sustancial o procesal para ejercer derechos,
acciones, medios de control o presentar demandas ante la Rama Judicial o ante los
tribunales arbitrales, sean de días, meses o años, se encuentran suspendidos desde
el 16 de marzo de 2020 hasta el día que el Consejo Superior de la Judicatura
disponga la reanudación de los términos judiciales”, para el caso entonces, el término
se reanudó a partir del 2 de julio de 2020.
36. En ese orden, al termino anual inicialmente previsto debía adicionarse el
periodo comprendido entre el 16 de marzo y 1° de julio de 2020, equivalente a 108
días calendario. Por tanto, el plazo para interponer el recurso extraordinario de
revisión se extendió hasta el 26 de enero de 2021 10. Así entonces, dado que el
recurso de la referencia se radicó el 18 de enero de 2021, se hizo dentro del término
de ley.
8 Pagina 133 del archivo 01SegundaInstancia.pdf que reposa en el expediente digital remitido por el juzgado a
esta Corporación
9
Índice 2 de la plataforma SAMAI.
10 Se destaca que el 25 de enero de 2021, era día inhábil.
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3.3. Problema jurídico
32. De acuerdo con los cargos formulados por la parte recurrente, corresponde a la
Sala determinar si la sentencia proferida el 26 de septiembre de 2019 por el Tribunal
Administrativo del Tolima incurrió en la causal de revisión prevista en el numeral 5.º
del artículo 250 del CPACA, por existir una nulidad originada en el fallo judicial,
derivada del presunto desconocimiento de los límites funcionales del juez de
segunda instancia y de los principios de congruencia, tantum devolutum quantum
appellatum y non reformatio in pejus.
33. Para resolver ese interrogante, se reseñará: i) la naturaleza y objeto del recurso
extraordinario de revisión, ii) el contenido y alcance de la causal 5 del artículo 250
del CPACA; y iii) la finalidad del recurso de apelación y los límites funcionales del
juez de segunda instancia.
3.4. Normas y jurisprudencia aplicables
34. La naturaleza y objeto del recurso extraordinario de revisión. El artículo 248
de la Ley 1437 de 2011, establece lo siguiente:
«ARTÍCULO 248. PROCEDENCIA. El recurso extraordinario de revisión procede
contra las sentencias ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la
Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por los Tribunales
Administrativos y por los jueces administrativos».
35. La jurisprudencia de esta Corporación ha indicado que, por su naturaleza, el
recurso extraordinario de revisión es un medio judicial de impugnación que, por
excepción, no encuentra límites en el principio de inmutabilidad propio de las
sentencias que han adquirido la connotación de cosa juzgada. Lo anterior, en razón
a que puede ser dirigido en contra de las providencias ejecutoriadas proferidas por
cualquiera de las autoridades que integran la jurisdicción de lo contencioso
administrativo -jueces y tribunales administrativos, así como las subsecciones y
secciones de esta Corporación-.
36. En cuanto a su objeto, se ha dicho que radica en obtener el restablecimiento de
la justicia material desconocida en la decisión cuestionada, a través de situaciones
externas que no pudieron ser ventiladas en el trámite del proceso ordinario, pero que
revisten tal gravedad que prohíjan la superación del principio de cosa juzgada. En
sentencia de 3 de marzo de 2020, 11 la Sala Décima Especial de Revisión de este
Tribunal, expresó:
«[…] 2.2.1. Aspectos generales del recurso extraordinario de revisión.
43. El recurso extraordinario de revisión se encuentra regulado en el Título VI Capítulo
I el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –Ley
1437 de 2011-, el cual ha sido definido por la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado como «un medio de impugnación excepcional
11 Expediente No. 11001-03-15-000-2013-02008-00 (REV), Consejera Ponente Dra. Sandra Liset Ibarra Vélez.
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que permite revisar determinadas sentencias de la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo amparadas por la intangibilidad de la cosa juzgada e infirmarlas ante la
demostración inequívoca de ser decisiones injustas, por incurrir en alguna de las
causales que taxativamente consagra la ley». 12
44. A través del citado medio de impugnación extraordinario es posible controvertir las
sentencias ejecutoriadas dictadas por las Secciones y Subsecciones de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, las proferidas en cualquier
instancia por los Tribunales Administrativos y por los Jueces Administrativos cuya
naturaleza permita la interposición del recurso. En consecuencia, el recurso
extraordinario de revisión, en cuanto a su naturaleza, es considerado por la doctrina 13
como un medio de impugnación con la virtud de afectar de manera excepcional el
principio de inmutabilidad de las sentencias que hacen tránsito a cosa juzgada, pues
con este se abre la posibilidad de controvertir un fallo ejecutoriado, siempre que se
configure alguno de los eventos consagrados en el artículo 250 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 14
45. Resulta imprescindible mencionar que el recurso extraordinario de revisión tiene
por objeto, procurar el restablecimiento de la justicia material de la decisión
controvertida, cuando quiera que esta ha sido afectada por situaciones exógenas que
no pudieron plantearse en el proceso correspondiente, pero que, a juicio del legislador,
revisten tal gravedad que autorizan desvirtuar el principio de la cosa juzgada […]». 15
37. Sin embargo, se destaca que este medio no fue diseñado para: i) reabrir el
debate propio de las instancias del proceso ordinario; ii) suplir las falencias
probatorias de las partes; iii) discutir los fundamentos jurídicos de las providencias;
iv) controvertir la actividad interpretativa del juez; v) corregir los errores por falta de
aplicación de las normas y/o su indebida adscripción al momento de resolver el caso
sometido a juicio.
38. De ahí que el legislador haya enlistado unas causales taxativas para la
procedencia del recurso y, además, que la jurisprudencia exija de quien recurre una
argumentación precisa, técnica y rigurosa que evidencie el nexo existente entre los
fundamentos y la causal alegada. 16 En la sentencia que se viene citando, esta
Corporación expresó:
12 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Consejero Ponente Dr. Alberto Yepes
Barreiro Sentencia de 30 de septiembre de 2014.
13 LOPEZ BLANCO, Hernán Fabio, Código General del Proceso – parte general, Bogotá, Edit. DUPRE, 2016,
Pág. 884.
14 «1. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados. // 2. Haberse recobrado
después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión
diferente, y que el recurrente no pudo aportar al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte
contraria. //3. Aparecer, después de dictada la sentencia a favor de una persona, otra con mayor derecho para
reclamar. // 4. No reunir la persona en cuyo favor se decretó una pensión periódica, al tiempo del reconocimiento,
la aptitud legal necesaria, o perder esa aptitud con posterioridad a la sentencia, o sobrevenir alguna de las
causales legales para su pérdida. // 5. Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho
en el pronunciamiento de la sentencia. // 6. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y
contra la que no procede recurso de apelación.// 7. Haberse dictado la sentencia con base en dictamen de peritos
condenados penalmente por ilícitos cometidos en su expedición. // 8. Ser la sentencia contraria a otra anterior
que constituya cosa juzgada entre las partes del proceso en que aquella fue dictada. Sin embargo, no habrá
lugar a revisión si en el segundo proceso se propuso la excepción de cosa juzgada y fue rechazada».
15 Cfr. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 20 de octubre de 2009, exp. 11001-03-15- 000-
2003-00133-00 (REV), C.P. Enrique Gil Botero y, recientemente, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de
29 de agosto de 2014, exp. 34016, C.P. Ramiro Pazos Guerrero.
16
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Catorce Especial de Decisión, sentencia
de 13 de octubre de 2020, expediente No. 11001-03-15-000-2019-00119-00(REV), Consejero Ponente Dr.
Alberto Montaña Plata.
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Accionante: Carmen Zapata Useche
«46. En ese sentido, el citado recurso no es una oportunidad para reabrir un debate
propio de las instancias, ni para suplir la deficiencia probatoria. Es decir, el recurso
extraordinario de revisión no puede servir para controvertir la actividad interpreta tiva
del juez 17 o para corregir errores «in iudicando» 18, sino que fue consagrado para
discutir y ventilar hechos procesales específicos que, o incidieron indebidamente en la
decisión mediante la cual se resolvió el litigio –como es el caso de los documentos
falsos o adulterados 19-, o no pudieron ser tenidos en cuenta a pesar de ser
determinantes para la misma –como ocurre con las pruebas recobradas o la aparición
de una persona con mejor derecho 20-, o fueron sobrevinientes a la decisión y hacen
que esta última carezca de razón de ser – como en el caso de la causal cuarta, 21- o
deben poder ser objeto de examen judicial –como cuando existe una nulidad originada
en la sentencia y esta no era objeto de recurso de apelación 22-.
47. Por estas razones, es decir, por ser un recurso extraordinario cuya procedencia
está limitada a causales taxativamente enumeradas, quien lo ejerce tiene la obligación
elemental de indicar con precisión cuál es la invocada y, más allá de ese formalismo,
debe señalar con claridad y exactitud cuáles son los motivos y, especialmente, los
hechos que le sirven de fundamento y la configuran.
48. En ese orden, la técnica del recurso exige correspondencia entre los argumentos
en que se fundamenta y la causal alegada, de forma tal que no le es dable al recurrente
realizar esfuerzos dirigidos a atacar las motivaciones jurídicas o los juicios de valor
que soportaron la decisión adoptada en la sentencia recurrida ni pretender subsanar o
corregir errores u omisiones de la propia parte en el ejercicio del derecho de
contradicción y el agotamiento de los mecanismos ordinarios de defensa, como si se
tratara de una nueva instancia.
49. En otras palabras, el recurso extraordinario de revisión no da cabida a
cuestionamientos sobre el criterio con que el juez interpretó o aplicó la ley en la
sentencia, siendo riguroso en cuanto a su procedencia, pues se restringe a las
causales enlistadas. Por ello, en este escenario, la labor del juez no puede exceder la
demarcación impuesta por el recurrente al explicar la causal de revisión de la
sentencia, que deberá ser examinada dentro de un estricto y delimitado ámbito
interpretativo». 23
17
Cfr. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 1° de diciembre de 2010, exp. 11001-03-15-
000-2008-00480-00 (REV), C.P. Susana Buitrago Valencia.
18
En sentencia C- 998 de 2004, la Corte Constitucional sobre este concepto indicó lo siguiente: «(…) Los errores
in iudicando son entonces errores de derecho que se producen por falta de aplicación o aplicación indebida de
una norma sustancial o por interpretación errónea…».
19 Ver artículo 250 de la Ley 1437 de 2011. «2. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos
falsos o adulterados».
20 1. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se
hubiera podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor
o caso fortuito o por obra de la parte contraria.
21 4. Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho en el pronunciamiento de la
sentencia.
22 5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de
apelación.
23 Así se desprende de las normas que lo consagran y lo ha desarrollado esta Corporación en varios
pronunciamientos de los que cabe destacar: Al respecto, la Sala Plena de esta Corporación, en sentencia de 27
de enero de 2004. Rd. (REV) 2003-0631. M.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta, precisó que: «… no constituye
una nueva instancia, razón por la cual no es admisible en él la continuación del debate probatorio o sobre el
fondo del asunto, debiendo circunscribirse únicamente a las precisas causales señaladas en la ley, cuyo examen
y aplicación obedecen a un estricto y delimitado ámbito interpretativo. (....)». En ese mismo sentido, en sentencia
de 11 de octubre de 2005. Rad. (REV) 2003-0794. M.P. Ligia López Díaz, se manifestó que con el recurso
extraordinario especial de revisión «(...) No se trata de controvertir el juicio de valoración propio del juzgamiento,
ni es otra instancia que permita a las partes adicionar o mejorar las pruebas y los argumentos ya expuestos y
debatidos en las etapas anteriores del proceso, puesto que ello equivaldría a convertir el recurso especial de
revisión en un juicio contra el fondo de la sentencia, discutiendo nuevamente los hechos ya dilucidados con
fuerza de cosa juzgada (...)».
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39. El contenido y alcance de la causal 5 del artículo 250 del CPACA. El numeral
5.° del artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo dice, a la letra, que:
«ARTÍCULO 250. CAUSALES DE REVISIÓN. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo
20 de la Ley 797 de 2003, son causales de revisión:
[…]
5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no
procede recurso de apelación».
40. De acuerdo con el anterior dispositivo, los presupuestos para su configuración
son los siguientes: i) que exista nulidad procesal y; ii) que esta se origine en una
sentencia que ponga fin al proceso y contra la cual no proceda el recurso de
apelación.
41. En relación con las causales de invalidación que pueden invocarse en contra de
la sentencia, se han identificado dos posiciones principales al interior de esta
Corporación. En la primera de ellas, se ha defendido la tesis de la legalidad y la
taxatividad de las nulidades, pregonando que solo pueden emplearse las enlistadas
en el Código General del Proceso y aquellas que impliquen la vulneración del
derecho al debido proceso contenido en el artículo 29 superior. 24
42. Por su parte, en la segunda teoría, se ha señalado que la causal en estudio no
se configura únicamente con situaciones taxativas, sino también a través de otras
circunstancias que el juez, basado en criterios de razonabilidad, proporcionalidad y
adecuación, identifique y revele en cada caso concreto como contrarias a los
mandatos constitucionales que necesariamente conlleven a infirmar la decisión
judicial. 25 A partir de esta última tesis se ha sostenido que: 26
«[…] En esta última corriente, que admite hipótesis no contempladas en forma
expresa como causales de nulidad, la jurisprudencia ha identificado, a modo
enunciativo, ciertos casos de afectación del derecho al debido proceso, al igual que
del de acceso a la administración de justicia y a la tutela judicial efectiva, admitiendo
que hay lugar a revisar la sentencia de instancia por vía extraordinaria cuando la
decisión (i) es inhibitoria; (ii) se profiere sin motivación alguna; (iii) transgrede el
principio de la no reformatio in pejus; (iv) condena a un tercero que no ha sido
vinculado como parte al proceso; (v) se pronuncia sobre aspectos que no le
24 Al respecto, pueden consultarse las sentencias del 3 de febrero de 2015, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, Sala Veintiséis Especial de Decisión, Radicación 11001-03-15-000- 1998-00157-01(REV), Actor:
Sociedad de Mejoras Publicas de Cali; del 1 de octubre de 2019 radicación 11001-03-15-000-2017-00811-
00(REV), actor: Odilio Fernández Sánchez y otros; del 3 de diciembre de 2019, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, Sala Veintiuno Especial de Decisión, radicación 11001-03-15-000-2014-01303-00(REV), actor:
Panadería La Victoria S.A.
25 A esta postura se adscriben, entre otras, las siguientes decisiones judiciales adoptadas por esta Corporación:
sentencia del 8 de mayo de 2018, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, radicación 11001-03-15-000-
1998-00153-01, actor: Julio César Mancipe Estupiñán; sentencia del 7 de octubre de 2019, Sección Tercera,
Subsección B, radicación 11001-33-31-035-2008-00180- 01(52615); actor: Ferney Darío Lis Fula y otros;
sentencia del 24 de octubre de 2019, Sección Segunda, Subsección A, radicación 11001-03-25-000-2014-00325-
00(0997-14), actor: Carlos Januario Montero Pérez.
26 Sobre el particular se puede consultar, entre otras, la sentencia de 26 de agosto de 2021, proferida por esta
Subsección dentro del expediente con radicado 11001-03-25-000-2017-00852-00(4598-17).
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corresponden, esto es, sin competencia o jurisdicción, según el caso; (vi) se profiere
en un proceso que había terminado por desistimiento, transacción o perención; (vii)
no cuenta con el número de votos requerido para su aprobación y (viii) desconoce el
principio de congruencia 27 bien sea por una condena extra, ultra o infra petita.
Visto lo anterior, la presente decisión acoge los planteamientos que expuso la
sentencia de unificación del 8 de mayo de 2018 28 proferida por la Sala Plena de la
Corporación, de manera que adhiere a la tesis que defiende la no taxatividad de las
causales de nulidad que configuran el supuesto del artículo 250 numeral 5 del
CPACA. En ese orden de ideas, la nulidad predicable de la sentencia de instancia se
estructura por:
• El acaecimiento de alguna de las hipótesis que regula el artículo 133 del CGP;
• La existencia de irregularidades que afecten sustancialmente el derecho al
debido proceso;
• Otros vicios que, sin estar relacionados con el ejercicio de valoración
probatoria y jurídica que efectuó la providencia, tengan la entidad suficiente para
que, en sede de revisión y luego de un estudio que consulte parámetros de
ponderación, razonabilidad y mesura, el juez concluya que la sentencia objetada
quebrantó la legalidad y la justicia.
En efecto, la Subsección considera que esta tesis resulta más coherente con los
valores que busca proteger el ordenamiento superior pues, de un lado, satisface la
finalidad a la que responde el recurso extraordinario de revisión, permitiendo que
decisiones manifiestamente injustas sean examinadas, pero también garantiza el
principio de seguridad jurídica al limitar la procedencia de la causal a situaciones
excepcionales, en las que el peso de la anomalía sea tal que se transgreda el núcleo
esencial de derechos que se caracterizan por tener una marcada relevancia
constitucional 29 y que se configuren en la sentencia».
43. Corolario, las causales de nulidad que se pueden pregonar frente a las
sentencias ejecutoriadas no son taxativas sino enunciativas, entendidas estas
últimas como aquellas irregularidades que afecten con magnitud y gravedad las
garantías esenciales del derecho fundamental al debido proceso.
3.5. Caso concreto
44. En el presente asunto, la Sala advierte que la causal de revisión invocada está
llamada a prosperar, porque la sentencia de segunda instancia incurrió en una
nulidad originada en la propia providencia, al desconocer los límites funcionales del
juez de apelación y agravar la situación de la señora Carmen Zapata Useche, quien
actuaba como apelante única.
27 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 7 de septiembre de 2018, radicación REV
2014-00440-00.
28 Expediente 1998-00153. La decisión sostuvo que se configura la nulidad originada en la sentencia i) cuando
se presenta alguno de los hechos enlistados en el artículo 140 del C. P. C, vigente para la época en que se dictó
el fallo de segunda instancia, objeto del recurso de revisión, (actualmente artículo 133 del Código General del
Proceso) y ii) por desconocimiento del artículo 29 de la Carta Política, como expresamente lo reconoció esta
Corporación en la sentencia de 7 de febrero de 2006, expediente REV-00150 y la Corte Constitucional en la
Sentencia C-739 de 2001. Pero además, determinó que un fallo inhibitorio no justificado es causal de nulidad
constitucional por violación de los derechos fundamentales al acceso a la administración de justicia y a una tutela
judicial efectiva.
29
En este mismo sentido se puede consultar: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala
Especial de Decisión N.° 19, sentencia del 18 de agosto de 2020, radicación: 11001-03-15-000-2017-02369-00,
demandante: Pedro José Vaca López.
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45. En primera instancia, el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de
Ibagué accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y reconoció a favor
de la señora Zapata Useche el reajuste de su mesada pensional con la inclusión de
los factores salariales devengados durante el último año de servicio. Para ello, tuvo
en cuenta que la pensión había sido liquidada únicamente con la asignación básica,
pese a que la demandante también devengó las primas de alimentación especial, de
navidad y de vacaciones.
46. Por su parte, aunque la Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio también apeló la sentencia de
primera instancia, su recurso fue declarado desierto, porque la apoderada de la
entidad no acudió a la audiencia de conciliación prevista en el inciso 4.º del artículo
192 del CPACA, ni presentó excusa por su inasistencia. En consecuencia,
únicamente fue concedida la alzada –adhesiva- interpuesta por la parte demandante.
47. Así, la señora Carmen Zapata Useche ostentaba la condición de apelante única,
de manera que la competencia del Tribunal Administrativo del Tolima se encontraba
limitada a los reparos formulados por ella, sin que pudiera revisar aspectos
reconocidos en primera instancia que no fueron objeto de cuestionamiento, y menos
aún si lesionaba los derechos de dicha apelante única.
48. Sobre este punto, el artículo 328 del CGP establece que el juez de segunda
instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el
recurrente y que no puede hacer más desfavorable la situación del apelante único,
salvo que la modificación sea indispensable respecto de puntos íntimamente
relacionados 30. En ese mismo sentido, esta Subsección 31 ha precisado que al
apelante único deben respetársele las situaciones reconocidas en primera instancia,
como garantía derivada del principio de non reformatio in pejus, y ha destacado que
a partir de la disposición en cita se desprende que el fallador de segundo grado
atenderá, sin excepción, los siguientes lineamientos:
“51.1 Solo se pronunciará frente a los reparos formulados por el impugnante,
excepto cuando, de conformidad con la ley, deba adoptar decisiones de oficio -
por ejemplo: la resolución de excepciones que, aunque no hayan sido invocadas,
encuentre debidamente probadas o fundadas-, sin perjuicio del principio de la “non
reformatio in pejus”.
51.2 Solo cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia y/o una de ellas
haya adherido al recurso interpuesto por la otra, puede resolver la alzada sin
ningún tipo de limitaciones.
51.3 En el trámite de apelación de autos, solo tiene competencia resolver el
recurso, condenar en costas y ordenar la expedición de copias de los documentos
del proceso.
30
Artículo 328 del Código General del Proceso: «El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente
sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en
los casos previstos por la ley. [...] El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo
que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella».
31
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 29
de mayo de 2025, radicación 11001-03-25-000-2023-00356-00 (5087-2023), C.P. Luis Eduardo Mesa Nieves.
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51.4 Al apelante único le debe respetar las situaciones y pretensiones reconocidas
en primera instancia -en tanto es la garantía que se desprende del principio de la
“non reformatio in pejus”-, a menos que, con ocasión a la impugnación presentada
por aquel deba modificar la sentencia y, de contera, resulte necesario reformar
puntos íntimamente relacionados con esa actuación.”
49. Para esta Subsección resulta claro que, el Tribunal Administrativo del Tolima,
aunque reconoció que la controversia debía limitarse a los reparos del recurso,
decidió estudiar de fondo la reliquidación pensional reconocida por el a quo, con
fundamento en la sentencia de unificación del Consejo de Estado del 25 de abril de
2019 y en ejercicio del control de legalidad, y en ese orden, estimó que no era
procedente la inclusión de las primas de alimentación, navidad y de vacaciones en
la base de liquidación pensional. En consecuencia, revocó lo decidido en primera
instancia sobre ese punto y mantuvo únicamente la orden de indexar la primera
mesada.
50. Para la Sala, esa actuación desbordó el marco de competencia del juez de
segunda instancia y por ende el principio de congruencia. El asunto relativo a la
inclusión de factores salariales no fue cuestionado por la señora Carmen Zapata
Useche, pues, le era favorable, y además, el recurso de la entidad había sido
declarado desierto, en tal sentido no era procedente reabrir ese debate y revocar el
reconocimiento efectuado por el juez de primera instancia. Sin que se advierta en
todo caso, que ese aspecto de la controversia guardara íntima relación con los
puntos de la sentencia en debate, que hubiere podido habilitar un pronunciamiento
del a quem.
51. Ahora, el artículo 328 del CGP, si bien restringe la competencia en segunda
instancia a los reparos del impugnante, dispone que excepcionalmente puede
ampliarse el análisis, cuando de conformidad con la ley, deba adoptar decisiones de
oficio, como el caso de excepciones, lo cual en todo caso no ocurrió en el subjudice;
y aun así, el legislador insistió que ello era procedente en la medida que no lesionara
el principio de la “non reformatio in pejus”.
52. En esa línea de consideraciones, aun cuando el Tribunal sustentó el estudio de
la reliquidación de la pensión -que se insiste, no fue controvertido-, a fin de atender
los parámetros de la sentencia de unificación del 25 de abril de 2019, y así ejercer
el respectivo control de legalidad de la actuación, ello no resultaba suficiente para
desconocer las garantías procesales de la señora Zapata Useche, y empeorarle su
situación jurídica.
53. Así las cosas, al revocar un reconocimiento favorable que no fue objeto de
apelación, el Tribunal desconoció los principios de congruencia, competencia
funcional, y non reformatio in pejus, por lo que se configura la causal de revisión
prevista en el numeral 5.º del artículo 250 del CPACA, por existir nulidad originada
en la sentencia. Por tanto, se declarará fundado el recurso extraordinario de revisión
y se infirmará parcialmente la providencia del 26 de septiembre de 2019, únicamente
en cuanto revocó el reconocimiento de la reliquidación pensional efectuado en
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primera instancia. En ese orden, se devolverá el expediente al Tribunal
Administrativo del Tolima para que dicte una nueva sentencia dentro del marco de
los reparos formulados por la parte demandante en el recurso de apelación.
3.6. Condena en costas
54. El artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, en su versión original, 32 establece que
«[s]alvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá
sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas
del Código de Procedimiento Civil».
55. A su turno, el artículo 365 del Código General del Proceso prevé que:
«Artículo 365. Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones
posteriores a aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará
a las siguientes reglas:
1. [s]e condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le
resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica,
anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales
previstos en este código.
[…]. ».
8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron
y en la medida de su comprobación.
56. En el presente asunto no hay lugar a imponer condena en costas, toda vez que
el recurso extraordinario de revisión prosperó y, por tanto, la señora Carmen Zapata
Useche resultó vencedora en este trámite. Además, las entidades vinculadas
guardaron silencio, de manera que no se advierte la causación de gastos que deban
ser reconocidos por este concepto.
57. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
IV. FALLA
PRIMERO. DECLARAR FUNDADO el recurso extraordinario de revisión formulado
por la señora Carmen Zapata Useche contra la sentencia de segunda instancia
proferida el 26 de septiembre de 2019 por el Tribunal Administrativo del Tolima,
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado
73001-33-33-001-2016-00390-01.
SEGUNDO. INFIRMAR PARCIALMENTE la providencia objeto de revisión,
únicamente en cuanto revocó lo decidido en primera instancia respecto de la
reliquidación pensional reconocida a favor de la señora Carmen Zapata Useche.
32 Se acude a esta norma, en razón a que el recurso fue radicado en el año 2021, esto es, antes de la vigencia
de la Ley 2080 de 2021.
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Accionante: Carmen Zapata Useche
TERCERO. ORDENAR al Tribunal Administrativo del Tolima emitir una nueva
decisión que se ajuste a los lineamientos señalados en esta providencia y resuelva
la segunda instancia dentro del marco de los reparos formulados por la parte
demandante en el recurso de apelación.
CUARTO. Sin condena en costas en esta instancia, conforme a lo indicado en la
parte motiva de esta providencia.
QUINTO. – Efectuar las anotaciones correspondientes en el sistema de gestión
judicial SAMAI.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Constancia: La anterior providencia fue firmada electrónicamente por la Sala a través de la plataforma SAMAI del Consejo de
Estado, con lo cual se garantiza su autenticidad, integridad, conservación, y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y demás normas concordantes del Código
General del Proceso.
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