Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2023-00356-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2023-00356-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2023-00356-00
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
29 de mayo de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA- SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., veintinueve (29) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
Radicación: 11001-03-25-000-2023-00356-00 (5087-2023)
Accionante: Mario Andrés Gutiérrez Aragón
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejercito Nacional
Temas: Causal 5.° del artículo 250 de la Ley 1137 de 2011.
Presupuestos de configuración. Vulneración al debido proceso.
Principio de congruencia.
I. ASUNTO
1. Se decide el Recurso Extraordinario de Revisión consagrado en el artículo
248 y siguientes de la Ley 1437 de 2011, presentado por Mario Andrés Gutiérrez
Aragón1 en contra de la sentencia del 28 de junio de 2023, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “C” dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 11001 33 35 011
2020 00189 01.
II. ANTECEDENTES DEL PROCESO ORDINARIO
Pretensiones. A través del medio de control se solicitó:
2. Declarar que frente a la petición de 28 de junio de 2018 se produjo el silencio
administrativo negativo y, en consecuencia, se proclame su nulidad.
3. Subsidiariamente, se apliquen las excepciones de inconstitucionalidad e
inconvencionalidad, de acuerdo con lo explicado en el concepto de violación, y se
anule la decisión ficta demandada.
4. Como restablecimiento del derecho exigió: i) reconocer que el demandante
ha realizado las mismas funciones de los soldados profesionales que antes
fungieron como voluntarios; ii) declarar que, al igual que los oficiales y suboficiales,
el actor se encuentra en el mismo supuesto fáctico que le permite acceder a la prima
de actividad; iii) condenar a la demandada a reconocer y pagar al actor la diferencia
del 20% dejada de percibir en su asignación básica mensual, la prima de actividad
y el reajuste del subsidio familiar, con la respectiva reliquidación de sus prestaciones
sociales.
1 El escrito de revisión se presentó a través de la ventanilla virtual de esta Corporación el 16 de julio de 2023,
según se evidencia en el índice 3 de la plataforma SAMAI.
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Hechos.
5. El demandante se vinculó al Ejército Nacional en calidad de soldado
profesional en vigencia de los Decretos Leyes 1793 y 1794 de 2000. Desde
entonces, su asignación básica mensual ha sido inferior a la recibida por los
soldados profesionales que ingresaron a la institución con anterioridad a esa norma
-otrora soldados voluntarios-, a pesar de que las funciones de unos y otros son
similares.
6. Que ha estado en servicio activo en iguales condiciones de los oficiales y
suboficiales de las fuerzas militares, por lo que debe recibir la prima de actividad.
Además, tiene derecho a que el subsidio familiar que actualmente devenga sea
reajustado en los términos del artículo 11 del Decreto 1794 de 2000.
Normas violadas y concepto de violación.
7. La negativa de los derechos reclamados evidencia la discriminación
permanente, sistemática e injustificada que, a lo largo del tiempo, han
experimentado los soldados profesionales en relación con los beneficios conferidos
a otros grupos de militares -oficiales y suboficiales- en materia de prerrogativas
emanadas de la muerte en combate, las partidas computables para fines de
asignación de retiro y el subsidio familiar.
Sentencia de primera instancia.
8. Mediante sentencia de 28 de septiembre de 2022, el Juzgado Once
Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bogotá declaró la existencia del acto ficto
negativo denunciado en la demanda, pero negó el resto de súplicas vertidas en ella.
9. Con tales fines y después de referenciar brevemente las normas contentivas
del régimen de personal, salarial y prestacional de los soldados profesionales, así
como la sentencia de unificación jurisprudencial de 25 de agosto de 2016 -radicado
3420-2015-, concluyó:
9.1 El demandante no tiene derecho a que su asignación básica mensual
corresponda a un salario mínimo legal mensual más un sesenta por ciento
(60%), porque se vinculó al Ejército Nacional en vigencia del Decreto Ley
1794 de 2000.
9.2 Tampoco le asiste razón en cuanto a la prima de actividad, pues en la
norma en cita no se estableció ese beneficio en favor de los soldados
profesionales. Además, no se vulneró el principio a la igualdad por el hecho
de que tal emolumento sea concedido a los oficiales y suboficiales de las
fuerzas militares, porque su estatus, condiciones y funciones son distintas a
la de aquellos.
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9.3 El actor viene devengando el subsidio familiar en los términos del
Decreto 1161 de 2014, por lo que no puede reajustarse de acuerdo con las
reglas del Decreto Ley 1794 de 2000.
9.4 Es improcedente la aplicación de las excepciones de
inconstitucionalidad e inconvencionalidad, pues la diferencia salarial
existente entre los antiguos soldados voluntarios y los soldados profesionales
se justificó en la garantía de los derechos adquiridos de los primeros.
Recurso de apelación.
10. Inconforme con la anterior decisión, el abogado de la parte actora la recurrió
en apelación, arguyendo, en esencia, que:
11. En relación con la pretensión del 20% sobre la asignación básica mensual,
argumentó:
11.1 El a quo confundió que el juicio de igualdad propuesto en la demanda
apuntaba a comparar la situación de los antiguos soldados profesionales que
decidieron vincularse como soldados profesionales y el grupo de uniformados
que ingresó a las filas castrenses a partir de los Decretos Leyes 1793 y 1794
de 2000 quienes, en su totalidad, están gobernados por las mismas normas,
tienen las mismas condiciones, responsabilidades y formación y, además,
cumplen con las mismas funciones. Por tanto, no podía afirmar que ambos
grupos pertenecen a regímenes jurídicos distintos a partir de la fecha de
vinculación a la entidad que, por cierto, no es un criterio objetivo que
patrocine esa desigualdad.
11.2 La sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016 no podía
aplicarse al presente caso, pues la regla jurisprudencial fijada estuvo
encaminada a garantizar el derecho adquirido de los soldados voluntarios
que, vinculados posteriormente como soldados profesionales,
experimentaron una reducción del 20% sobre su asignación básica mensual;
mientras que en la demanda actual no se hicieron ese tipo de reclamaciones.
Además, en dicha providencia no se analizó la vulneración del derecho a la
igualdad salarial en la modalidad de «a trabajo igual - salario igual».
11.3 No se demostraron los criterios objetivos que, a la luz de la
jurisprudencia de la Corte Constitucional, justifican un trato diferente en
materia salarial, entre ellos, los de evaluación y desempeño, las divergencias
en la estructura institucional y/o diversas clasificaciones de empleo.
11.4 Se desconocieron: las reglas jurisprudenciales sobre el principio de «a
salario igual – trabajo igual»; la existencia de una igualdad formal entre los
sujetos que deben ser comparados; los medios de prueba que evidencian la
aludida similitud; la presunción de carga probatoria en materia de
discriminación; los principios fundamentales del derecho al trabajo y de la
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carrera militar; la excepción de inconstitucionalidad e inconvencionalidad
propuestas en la demanda.
12. En cuanto a la pretensión de reconocimiento de la prima de actividad, alegó:
12.1 Los soldados profesionales y los oficiales y suboficiales de las fuerzas
militares cumplen con el supuesto de hecho previsto en la norma para
acceder a la prima de actividad, relacionada con la permanencia en el
servicio. Por tanto, no existe patrón alguno que justifique la diferenciación
existente al respecto.
12.2 La demandada no demostró la existencia de un criterio que justifique
esa desigualdad, además de que las funciones desempeñadas por los
oficiales y suboficiales no constituye un parámetro que avale la distinción,
porque aún ellos tienen asignadas diversas misiones y no por eso se les deja
de reconocer la prima.
12.3 Se desconoció que, en tratándose de discriminación, opera una
inversión de la carga de la prueba que no fue satisfecha por la accionada.
13. Frente a la pretensión de reajuste del subsidio familiar, afirmó:
13.1 No se estudiaron las excepciones de inconstitucionalidad e
inconvencionalidad planteadas en cuanto a este ítem, ni la vulneración al
derecho a la igualdad y las garantías de favorabilidad pedidas en la demanda.
13.2 Se dio por probado, sin estarlo, que la demandada desvirtuó la
presunción de inconstitucionalidad que pesada sobre el acto ficto negativo
demandado.
13.3 Se desconocieron los principios de igualdad, favorabilidad laboral, in
dubio pro operario y condición más beneficiosa, pues se aplicó la
interpretación normativa más desfavorable a los intereses del trabajador.
Sentencia objeto de revisión.
14. En sentencia de 28 de junio de 2023, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “C” confirmó parcialmente la
sentencia de primera instancia.
15. Con dicho propósito, y luego de referenciar el régimen de carrera y el estatuto
de personal de los soldados profesionales, su sistema salarial y prestacional, la
excepción de inconstitucionalidad y el principio de igualdad, y las reglas que
contienen el subsidio familiar y la prima de actividad al interior de las fuerzas
militares, concluyó que:
15.1 El actor tiene derecho a recibir como asignación básica mensual una
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suma equivalente a un salario mínimo incrementado en un 40%, porque su
vinculación al Ejército Nacional se cumplió en vigencia del Decreto Ley 1794
de 2000.
15.2 La diferencia establecida en esta materia tuvo por finalidad garantizar
los derechos adquiridos de los otrora soldados voluntarios regulados por la
Ley 131 de 1985. Además, esta normativa contenía menos prerrogativas que
las previstas en el Decreto Ley 1794 de 2000.
15.3 No es posible adelantar el juicio sobre la excepción de
inconstitucionalidad propuesta por la parte actora, pues para ello debe
tenerse presente que en esta materia existe una línea jurisprudencial
consolidada del Consejo de Estado, fundada en la garantía de los derechos
adquiridos de los soldados voluntarios regulados por la Ley 131 de 1985, el
cual es vinculante y obligatorio para todas las autoridades judiciales.
15.4 Tampoco hay lugar a reconocer la prima de actividad, porque hace
parte del régimen salarial y prestacional de los oficiales y suboficiales de las
fuerzas militares, del cual, por cierto, no participan los soldados
profesionales. Tal exclusión no vulnera el derecho a la igualdad, pues la
diferenciación obedece a criterios objetivos y razonables tales como el nivel
de cargos, las funciones, responsabilidades y calidades de sus miembros.
15.5 El actor causó el derecho al subsidio familiar regulado en el artículo 11
del Decreto Ley 1794 de 2000, pues demostró que contrajo nupcias el 19 de
marzo de 2013. Sin embargo, se hizo exigible después de la anulación del
Decreto 3770 de 2009 -que derogó el señalado dispositivo-. Con tales fines,
se le descontarán las sumas reconocidas por ese concepto al amparo del
Decreto 1161 de 2014.
Del recurso extraordinario de revisión.
16. La causal invocada. Para el recurrente, las sentencias dictadas en el
proceso ordinario incurrieron en la causal de revisión contenida en el numeral 5.°
del artículo 250 de la ley 1437 de 20112.
17. Fundamentos. Se hicieron los siguientes reproches:
18. En cuanto a la sentencia de primer grado:
18.1 No examinó ni se pronunció frente a los supuestos fácticos,
pretensiones y cargos jurídicos invocados en la demanda en torno al reajuste
salarial, relacionados con la vulneración al derecho a la igualdad, el
desconocimiento de los principios generales de la carrera administrativa de
2 «ARTICULO 250. CAUSALES DE REVISIÓN. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la ley 797 de
2003, son causales de revisión: […] 5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra
la que no procede recurso de apelación.»
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los soldados profesionales, de los postulados del derecho al trabajo, los
hechos demostrados, las cargas probatorias y la presunción de
discriminación -las tres últimas señaladas en los alegatos de conclusión-.
18.2 No valoró ni resolvió los supuestos de hecho, súplicas y argumentos
jurídicos formulados en el libelo relacionados con la prima de actividad, entre
ellos: la infracción al principio de igualdad y la omisión de los principios del
derecho al trabajo.
18.3 No dijo nada frente a los cargos que, por violación al principio de
igualdad y aplicación de la interpretación jurídica más favorable a los
intereses del demandante, fueron invocados como sustento de la pretensión
de subsidio familiar.
19. En cuanto a la sentencia de segundo grado:
19.1 No resolvió la solicitud de adición y de nulidad de la sentencia de
primer grado. La primera de ellas, relacionada con los puntos que no fueron
objeto de decisión y, la segunda, fincada en la vulneración del principio de
congruencia y, de contera, del derecho al debido proceso.
19.2 No se pronunció completa, exhaustiva y rigurosamente sobre los
cargos formulados en contra de la negativa de las tres pretensiones
invocadas en la demanda -reajuste salarial (22 reparos), prima de actividad
(8 reproches) y reajuste de subsidio familiar (5 cargos)-.
20. Con sustento en lo señalado, arguyó que las providencias de primera y
segunda instancia desconocieron el principio de congruencia al no resolver todos y
cada uno de los supuestos fácticos, pretensiones y argumentos jurídicos invocados
en la demanda y en el recurso de apelación.
21. Pretensiones. Se solicitó declarar la nulidad parcial de las aludidas
sentencias y, consecuentemente, devolver el expediente al juzgado de primera
instancia para que profiera una sentencia en la que se resuelvan cada uno de los
puntos planteados en la demanda.
22. La intervención del Ejército Nacional3. Dentro de la oportunidad de ley, el
abogado designado se opuso a la prosperidad del recurso extraordinario alegando,
en esencia:
22.1 Que dentro del trámite ordinario se le respetó al demandante su
derecho al debido proceso, así como todas las garantías que lo integran.
22.2 Las sentencias de primera y segunda instancia resolvieron los cargos
y reproches formulados, explicando las razones por las cuales no había lugar
3 Ver índice 14 de la plataforma SAMAI.
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al reconocimiento del reajuste salarial del 20% y de la prima de actividad.
22.3 La intención del recurrente no es otra distinta que disfrazar, bajo una
supuesta causal de nulidad, su desacuerdo con los argumentos vertidos en
la sentencia de segunda instancia.
23. La intervención de la procuradora delegada4. Oportunamente rindió su
concepto, a través del cual solicitó declarar infundado el recurso, pues la sentencia
de segunda instancia resolvió todos y cada uno de los argumentos formulados en
la alzada, explicando las razones por las cuales mantuvo la negativa sobre las
pretensiones de reajuste salarial y prima de actividad y señalando los motivos por
los cuales accedió al subsidio familiar en los términos prescritos en el artículo 11 del
Decreto Ley 1794 de 2000.
III. CONSIDERACIONES
24. Competencia. Esta Subsección es competente para resolver este asunto, de
conformidad con lo establecido en el artículo 249 de la Ley 1437 de 2011 y en el
artículo 13 del Acuerdo 080 de 12 de marzo de 2019, reglamento interno de esta
corporación.
25. De la oportunidad para interponer el recurso. De conformidad con lo
señalado en el artículo 251 de la Ley 1437 de 2011, cuando el recurso se
fundamente en la causal de revisión prevista en el numeral 5°, entre otras, podrá
presentarse «dentro del año siguiente a la ejecutoria de la respectiva sentencia».
26. En el presente asunto, la sentencia impugnada fue proferida el 28 de junio de
2023, mientras que el recurso fue presentado el 16 de julio de 2023 a través de
ventanilla virtual de este tribunal5. Por tanto, se concluye que su radicación se
cumplió dentro de los términos de ley.
27. Problema jurídico. De acuerdo con lo planteado en el recurso, corresponde
a la Sala determinar sí ¿La sentencia impugnada desconoció el principio de
congruencia que debe irrigar toda providencia judicial y, de contera, vulneró el
debido proceso del demandante?
28. Para resolver ese interrogante, se reseñará: i) la naturaleza y objeto del
Recurso Extraordinario de Revisión; ii) el contenido y alcance de la causal 5 del
artículo 250 del CPACA y; iii) el principio de congruencia de las providencias
judiciales y; iv) la finalidad del recurso de apelación y los límites del juez de segunda
instancia.
29. Normas y jurisprudencia aplicables.
30. La naturaleza y objeto del Recurso Extraordinario de Revisión. El artículo
4 Ver índice 13 de la plataforma SAMAI.
5 Índice 3 de la plataforma SAMAI.
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248 de la Ley 1437 de 2011, establece lo siguiente:
«ARTÍCULO 248. PROCEDENCIA. El recurso extraordinario de revisión procede
contra las sentencias ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la
Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por los Tribunales
Administrativos y por los jueces administrativos».
31. La jurisprudencia de esta Corporación ha indicado que, por su naturaleza, el
recurso extraordinario de revisión es un medio judicial de impugnación que, por
excepción, no encuentra límites en el principio de inmutabilidad propio de las
sentencias que han adquirido la connotación de cosa juzgada. Lo anterior, en razón
a que puede ser dirigido en contra de las providencias ejecutoriadas proferidas por
cualquiera de las autoridades que integran la jurisdicción de lo contencioso
administrativo -jueces y tribunales administrativos, así como las subsecciones y
secciones de esta Corporación-.
32. En cuanto a su objeto, se ha dicho que radica en obtener el restablecimiento
de la justicia material desconocida en la decisión cuestionada, a través de
situaciones externas que no pudieron ser ventiladas en el trámite del proceso
ordinario, pero que revisten tal gravedad que prohíjan la superación del principio de
cosa juzgada. En sentencia de 3 de marzo de 2020,6 la Sala Décima Especial de
Revisión de este Tribunal, expresó:
«[…] 2.2.1. Aspectos generales del recurso extraordinario de revisión.
43. El recurso extraordinario de revisión se encuentra regulado en el Título VI Capítulo
I el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –Ley
1437 de 2011-, el cual ha sido definido por la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado como «un medio de impugnación excepcional
que permite revisar determinadas sentencias de la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo amparadas por la intangibilidad de la cosa juzgada e infirmarlas ante
la demostración inequívoca de ser decisiones injustas, por incurrir en alguna de las
causales que taxativamente consagra la ley».7
44. A través del citado medio de impugnación extraordinario es posible controvertir
las sentencias ejecutoriadas dictadas por las Secciones y Subsecciones de la Sala
de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, las proferidas en cualquier
instancia por los Tribunales Administrativos y por los Jueces Administrativos cuya
naturaleza permita la interposición del recurso. En consecuencia, el recurso
extraordinario de revisión, en cuanto a su naturaleza, es considerado por la doctrina8
como un medio de impugnación con la virtud de afectar de manera excepcional el
principio de inmutabilidad de las sentencias que hacen tránsito a cosa juzgada, pues
con este se abre la posibilidad de controvertir un fallo ejecutoriado, siempre que se
configure alguno de los eventos consagrados en el artículo 250 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.9
6 Expediente No. 11001-03-15-000-2013-02008-00 (REV), Consejera Ponente Dra. Sandra Lisett Ibarra Vélez.
7 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Consejero Ponente Dr. Alberto Yepes
Barreiro Sentencia de 30 de septiembre de 2014.
8 LOPEZ BLANCO, Hernán Fabio, Código General del Proceso – parte general, Bogotá, Edit. DUPRE, 2016,
Pág. 884.
9 «1. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados. // 2. Haberse recobrado
después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión
diferente, y que el recurrente no pudo aportar al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte
contraria. //3. Aparecer, después de dictada la sentencia a favor de una persona, otra con mayor derecho para
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45. Resulta imprescindible mencionar que el recurso extraordinario de revisión tiene
por objeto, procurar el restablecimiento de la justicia material de la decisión
controvertida, cuando quiera que esta ha sido afectada por situaciones exógenas que
no pudieron plantearse en el proceso correspondiente, pero que, a juicio del
legislador, revisten tal gravedad que autorizan desvirtuar el principio de la cosa
juzgada […]».10
33. Sin embargo, se destaca que este medio no fue diseñado para: i) reabrir el
debate propio de las instancias del proceso ordinario; ii) suplir las falencias
probatorias de las partes; iii) discutir los fundamentos jurídicos de las providencias;
iv) controvertir la actividad interpretativa del juez; v) corregir los errores por falta de
aplicación de las normas y/o su indebida adscripción al momento de resolver el caso
sometido a juicio.
34. De ahí que el legislador haya enlistado unas causales taxativas para la
procedencia del recurso y, además, que la jurisprudencia exija de quien recurre una
argumentación precisa, técnica y rigurosa que evidencie el nexo existente entre los
fundamentos y la causal alegada.11 En la sentencia que se viene citando, esta
Corporación expresó:
«46. En ese sentido, el citado recurso no es una oportunidad para reabrir un debate
propio de las instancias, ni para suplir la deficiencia probatoria. Es decir, el recurso
extraordinario de revisión no puede servir para controvertir la actividad interpretativa
del juez12 o para corregir errores «in iudicando»13, sino que fue consagrado para
discutir y ventilar hechos procesales específicos que, o incidieron indebidamente en
la decisión mediante la cual se resolvió el litigio –como es el caso de los documentos
falsos o adulterados14-, o no pudieron ser tenidos en cuenta a pesar de ser
determinantes para la misma –como ocurre con las pruebas recobradas o la aparición
de una persona con mejor derecho15-, o fueron sobrevinientes a la decisión y hacen
que esta última carezca de razón de ser – como en el caso de la causal cuarta,16- o
reclamar. // 4. No reunir la persona en cuyo favor se decretó una pensión periódica, al tiempo del reconocimiento,
la aptitud legal necesaria, o perder esa aptitud con posterioridad a la sentencia, o sobrevenir alguna de las
causales legales para su pérdida. // 5. Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o
cohecho en el pronunciamiento de la sentencia. // 6. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al
proceso y contra la que no procede recurso de apelación.// 7. Haberse dictado la sentencia con base en
dictamen de peritos condenados penalmente por ilícitos cometidos en su expedición. // 8. Ser la sentencia
contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las partes del proceso en que aquella fue dictada.
Sin embargo, no habrá lugar a revisión si en el segundo proceso se propuso la excepción de cosa juzgada y
fue rechazada».
10 Cfr. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 20 de octubre de 2009, exp. 11001-03-15-
000-2003-00133-00 (REV), C.P. Enrique Gil Botero y, recientemente, Sección Tercera, Subsección B, sentencia
de 29 de agosto de 2014, exp. 34016, C.P. Ramiro Pazos Guerrero.
11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Catorce Especial de Decisión,
sentencia de 13 de octubre de 2020, expediente No. 11001-03-15-000-2019-00119-00(REV), Consejero
Ponente Dr. Alberto Montaña Plata.
12
Cfr. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 1° de diciembre de 2010, exp. 11001-03-15-
000-2008-00480-00 (REV), C.P. Susana Buitrago Valencia.
13 En sentencia C- 998 de 2004, la Corte Constitucional sobre este concepto indicó lo siguiente: «(…) Los errores
in iudicando son entonces errores de derecho que se producen por falta de aplicación o aplicación indebida de
una norma sustancial o por interpretación errónea…».
14 Ver artículo 250 de la Ley 1437 de 2011. «2. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos
falsos o adulterados».
15 1. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales
se hubiera podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza
mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria.
16 4. Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho en el pronunciamiento de la
sentencia.
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deben poder ser objeto de examen judicial –como cuando existe una nulidad originada
en la sentencia y esta no era objeto de recurso de apelación17-.
47. Por estas razones, es decir, por ser un recurso extraordinario cuya procedencia
está limitada a causales taxativamente enumeradas, quien lo ejerce tiene la obligación
elemental de indicar con precisión cuál es la invocada y, más allá de ese formalismo,
debe señalar con claridad y exactitud cuáles son los motivos y, especialmente, los
hechos que le sirven de fundamento y la configuran.
48. En ese orden, la técnica del recurso exige correspondencia entre los argumentos
en que se fundamenta y la causal alegada, de forma tal que no le es dable al
recurrente realizar esfuerzos dirigidos a atacar las motivaciones jurídicas o los juicios
de valor que soportaron la decisión adoptada en la sentencia recurrida ni pretender
subsanar o corregir errores u omisiones de la propia parte en el ejercicio del derecho
de contradicción y el agotamiento de los mecanismos ordinarios de defensa, como si
se tratara de una nueva instancia.
49. En otras palabras, el recurso extraordinario de revisión no da cabida a
cuestionamientos sobre el criterio con que el juez interpretó o aplicó la ley en la
sentencia, siendo riguroso en cuanto a su procedencia, pues se restringe a las
causales enlistadas. Por ello, en este escenario, la labor del juez no puede exceder
la demarcación impuesta por el recurrente al explicar la causal de revisión de la
sentencia, que deberá ser examinada dentro de un estricto y delimitado ámbito
interpretativo».18
35. El contenido y alcance de la causal 5 del artículo 250 del CPACA. El
numeral 5.° del artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo dice, a la letra, que:
«ARTÍCULO 250. CAUSALES DE REVISIÓN. Sin perjuicio de lo previsto en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, son causales de revisión:
[…]
5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no
procede recurso de apelación».
36. De acuerdo con el anterior dispositivo, los presupuestos para su
configuración son los siguientes: i) que exista nulidad procesal y; ii) que esta se
origine en una sentencia que ponga fin al proceso y contra la cual no proceda el
recurso de apelación.
17 5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de
apelación.
18
Así se desprende de las normas que lo consagran y lo ha desarrollado esta Corporación en varios
pronunciamientos de los que cabe destacar: Al respecto, la Sala Plena de esta Corporación, en sentencia de
27 de enero de 2004. Rd. (REV) 2003-0631. M.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta, precisó que: «… no
constituye una nueva instancia, razón por la cual no es admisible en él la continuación del debate probatorio o
sobre el fondo del asunto, debiendo circunscribirse únicamente a las precisas causales señaladas en la ley,
cuyo examen y aplicación obedecen a un estricto y delimitado ámbito interpretativo. (....)». En ese mismo
sentido, en sentencia de 11 de octubre de 2005. Rad. (REV) 2003-0794. M.P. Ligia López Díaz, se manifestó
que con el recurso extraordinario especial de revisión «(...) No se trata de controvertir el juicio de valoración
propio del juzgamiento, ni es otra instancia que permita a las partes adicionar o mejorar las pruebas y los
argumentos ya expuestos y debatidos en las etapas anteriores del proceso, puesto que ello equivaldría a
convertir el recurso especial de revisión en un juicio contra el fondo de la sentencia, discutiendo nuevamente
los hechos ya dilucidados con fuerza de cosa juzgada (...)».
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37. En relación con las causales de invalidación que pueden invocarse en contra
de la sentencia, se han identificado dos posiciones principales al interior de esta
Corporación. En la primera de ellas, se ha defendido la tesis de la legalidad y la
taxatividad de las nulidades, pregonando que solo pueden emplearse las enlistadas
en el Código General del Proceso y aquellas que impliquen la vulneración del
derecho al debido proceso contenido en el artículo 29 superior.19
38. Por su parte, en la segunda teoría, se ha señalado que la causal en estudio
no se configura únicamente con situaciones taxativas, sino también a través de otras
circunstancias que el juez, basado en criterios de razonabilidad, proporcionalidad y
adecuación, identifique y revele en cada caso concreto como contrarias a los
mandatos constitucionales que necesariamente conlleven a infirmar la decisión
judicial.20 A partir de esta última tesis se ha sostenido que:21
«[…] En esta última corriente, que admite hipótesis no contempladas en forma
expresa como causales de nulidad, la jurisprudencia ha identificado, a modo
enunciativo, ciertos casos de afectación del derecho al debido proceso, al igual que
del de acceso a la administración de justicia y a la tutela judicial efectiva, admitiendo
que hay lugar a revisar la sentencia de instancia por vía extraordinaria cuando la
decisión (i) es inhibitoria; (ii) se profiere sin motivación alguna; (iii) transgrede el
principio de la no reformatio in pejus; (iv) condena a un tercero que no ha sido
vinculado como parte al proceso; (v) se pronuncia sobre aspectos que no le
corresponden, esto es, sin competencia o jurisdicción, según el caso; (vi) se profiere
en un proceso que había terminado por desistimiento, transacción o perención; (vii)
no cuenta con el número de votos requerido para su aprobación y (viii) desconoce
el principio de congruencia22 bien sea por una condena extra, ultra o infra petita.
Visto lo anterior, la presente decisión acoge los planteamientos que expuso la
sentencia de unificación del 8 de mayo de 201823 proferida por la Sala Plena de la
Corporación, de manera que adhiere a la tesis que defiende la no taxatividad de las
causales de nulidad que configuran el supuesto del artículo 250 numeral 5 del
CPACA. En ese orden de ideas, la nulidad predicable de la sentencia de instancia
se estructura por:
19 Al respecto, pueden consultarse las sentencias del 3 de febrero de 2015, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, Sala Veintiséis Especial de Decisión, Radicación 11001-03-15-000- 1998-00157-01(REV), Actor:
Sociedad de Mejoras Publicas de Cali; del 1 de octubre de 2019 radicación 11001-03-15-000-2017-00811-
00(REV), actor: Odilio Fernández Sánchez y otros; del 3 de diciembre de 2019, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, Sala Veintiuno Especial de Decisión, radicación 11001-03-15-000-2014-01303-00(REV), actor:
Panadería La Victoria S.A.
20 A esta postura se adscriben, entre otras, las siguientes decisiones judiciales adoptadas por esta Corporación:
sentencia del 8 de mayo de 2018, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, radicación 11001-03-15-000-
1998-00153-01, actor: Julio César Mancipe Estupiñán; sentencia del 7 de octubre de 2019, Sección Tercera,
Subsección B, radicación 11001-33-31-035-2008-00180- 01(52615); actor: Ferney Darío Lis Fula y otros;
sentencia del 24 de octubre de 2019, Sección Segunda, Subsección A, radicación 11001-03-25-000-2014-
00325-00(0997-14), actor: Carlos Januario Montero Pérez.
21
Sobre el particular se puede consultar, entre otras, la sentencia de 26 de agosto de 2021, proferida por esta
Subsección dentro del expediente con radicado 11001-03-25-000-2017-00852-00(4598-17).
22 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 7 de septiembre de 2018, radicación REV
2014-00440-00.
23 Expediente 1998-00153. La decisión sostuvo que se configura la nulidad originada en la sentencia i) cuando
se presenta alguno de los hechos enlistados en el artículo 140 del C. P. C, vigente para la época en que se
dictó el fallo de segunda instancia, objeto del recurso de revisión, (actualmente artículo 133 del Código General
del Proceso) y ii) por desconocimiento del artículo 29 de la Carta Política, como expresamente lo reconoció
esta Corporación en la sentencia de 7 de febrero de 2006, expediente REV-00150 y la Corte Constitucional en
la Sentencia C-739 de 2001. Pero además, determinó que un fallo inhibitorio no justificado es causal de nulidad
constitucional por violación de los derechos fundamentales al acceso a la administración de justicia y a una
tutela judicial efectiva.
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• El acaecimiento de alguna de las hipótesis que regula el artículo 133 del
CGP;
• La existencia de irregularidades que afecten sustancialmente el derecho al
debido proceso;
• Otros vicios que, sin estar relacionados con el ejercicio de valoración
probatoria y jurídica que efectuó la providencia, tengan la entidad suficiente para
que, en sede de revisión y luego de un estudio que consulte parámetros de
ponderación, razonabilidad y mesura, el juez concluya que la sentencia objetada
quebrantó la legalidad y la justicia.
En efecto, la Subsección considera que esta tesis resulta más coherente con los
valores que busca proteger el ordenamiento superior pues, de un lado, satisface la
finalidad a la que responde el recurso extraordinario de revisión, permitiendo que
decisiones manifiestamente injustas sean examinadas, pero también garantiza el
principio de seguridad jurídica al limitar la procedencia de la causal a situaciones
excepcionales, en las que el peso de la anomalía sea tal que se transgreda el núcleo
esencial de derechos que se caracterizan por tener una marcada relevancia
constitucional24 y que se configuren en la sentencia».
39. Corolario, las causales de nulidad que se pueden pregonar frente a las
sentencias ejecutoriadas no son taxativas sino enunciativas, entendidas estas
últimas como aquellas irregularidades que afecten con magnitud y gravedad las
garantías esenciales del derecho fundamental al debido proceso.
40. El principio de congruencia de las providencias judiciales. En el artículo
187 de la Ley 1437 de 2011 se establece que la sentencia, amén de ser motivada,
debe referenciar brevemente la demanda y su contestación y, además, plasmar el
análisis crítico frente a las pruebas legalmente recaudadas y los razonamientos que
determinan la adopción de las decisiones insertas en ella.
41. En un contexto similar, el artículo 280 del Código General del Proceso afirma
que esa decisión «[…] deberá contener decisión expresa y clara sobre cada una de
las pretensiones de la demanda, las excepciones, cuando proceda resolver sobre
ellas, las costas y perjuicios a cargo de las partes y sus apoderados, y demás
asuntos que corresponda decidir con arreglo a lo dispuesto en este código […]».
42. A renglón seguido, en el artículo 281 ejusdem se concibió el principio de
congruencia como el ingrediente principal de este tipo de providencias, principio
que demanda que tal determinación esté «[…] en consonancia con los hechos y las
pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este
código contempla y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido
alegadas si así lo exige la ley […]».
43. En otras palabras, se exige que esta providencia esté armónicamente ligada
con las pretensiones de la demanda y sus respectivos fundamentos fácticos y
jurídicos, así como también en consonancia con los planteamientos fijados en la
correspondiente oposición “esto es, la contestación de la demanda”.
24 En este mismo sentido se puede consultar: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala
Especial de Decisión N.° 19, sentencia del 18 de agosto de 2020, radicación: 11001-03-15-000-2017-02369-00,
demandante: Pedro José Vaca López.
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44. Por tales razones, al juez le está prohibido imponer condenas que excedan
lo pedido por el demandante «ultra petita» y/o para conceder pretensiones que no
fueron pedidas por él «extra petita». Sobre el particular, en sentencia de unificación
150 de 2021,25 la Corte Constitucional expresó:
«[…] 90. Sobre el particular, cabe mencionar que el principio de congruencia de la
sentencia previsto en el artículo 281 del Código General del Proceso26, exige que la
decisión judicial debe estar acorde con los hechos y las pretensiones esgrimidas en
la demanda. Se trata de una garantía del derecho al debido proceso que tienen las
partes involucradas en una litis, que opera como mandato general de protección en
los distintos procedimientos judiciales, por el cual se concibe que el juez solo
decidirá respecto de lo discutido en el proceso y tendrá vedado pronunciarse sobre
asuntos diferentes o que no hubiesen conocido los extremos procesales.
91. Precisamente, la jurisprudencia de esta corporación ha definido el principio de
congruencia “como uno de los elementos constitutivos del derecho fundamental al
debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, en la medida
que impide determinadas decisiones[,] porque su justificación no surge del
proceso[,] [al] no responder [a] lo que en él se pidió, debatió, o probó”27. Además,
se ha establecido que cuando existe falta de congruencia en una providencia
judicial, es posible alegar la configuración de un defecto procedimental que torne
procedente la acción de tutela […]».
45. Así mismo, esta Corporación28 ha pregonado que el principio de congruencia
detenta dos matices, una interna, referida a la relación inescindible que debe existir
entre la parte motiva y resolutiva de la sentencia y, una externa, que exige conexidad
entre la decisión adoptada y lo planteado tanto en la demanda como en la respectiva
contestación. En oportunidad más reciente, la Sección Segunda, Subsección B de
este Tribunal29 concluyó:
«[…] En suma, lo expuesto se colige que el principio de congruencia se erige como
una verdadera garantía del derecho fundamental al debido proceso a las partes en el
proceso judicial, en el sentido que al juez de la causa solo le resulta permitido emitir
pronunciamiento con base en lo pretendido, lo probado y lo excepcionado dentro del
mismo, sin que sea dable dictar sentencias por fuera (extra) o por más (ultra) de lo
pedido (petita), y en caso de omitir pronunciarse sobre solicitado como pretensión
tiene el deber de explicar de forma clara las razones de tal omisión […]».
46. En esencia, el principio en estudio exige el respeto, la armonía y la
correspondencia entre lo pedido, lo probado y lo sustentado por las partes y la
decisión judicial que se deba adopte en un momento determinado.
47. La finalidad del recurso de apelación y los límites del juez de segunda
instancia. El artículo 320 del Código General del Proceso establece que el recurso
25 M.P. Alejandro Linares Cantillo.
26 “La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidas en la demanda y en
las demás oportunidades que este código contempla y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren
sido alegadas si así lo exige la ley (…)”.
27 Corte Constitucional, sentencia T-714 de 2013.
28 Sección Cuarta, sentencia de 14 de agosto de 2013, expediente N° 73001-23-31-000-2006-01785-01(18580),
C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
29 Sentencia de 26 de octubre de 2017, expediente N° 25000-23-42-000-2014-01139-01(2458-15), C.P. Cesar
Palomino Cortés.
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de apelación tiene por objeto «[…] que el superior examine la cuestión decidida,
únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para
que el superior revoque o reforme la decisión».
48. Por esas razones, a renglón seguido, la norma establece que «[p]odrá
interponer el recurso la parte a quien le haya sido desfavorable la providencia […]»,
lo que presupone una especie de legitimación en la causa para esos fines.
49. En lo que toca a la oportunidad y requisitos para la formulación de la alzada,
el artículo 322 de esa misma obra procesal exige -indistintamente de si la
providencia apelada concierne a un auto o a una sentencia- que el recurrente
explique con suficiencia y claridad las razones y motivos de inconformidad frente a
la decisión que le es desfavorable. De no cumplir con ese requisito, el juez de
primera y/o de segunda instancia declarará desierta esa impugnación.
50. Finalmente, al resolver el recurso de apelación, el juez deberá ceñir su
actuación a los parámetros contenidos en el artículo 328 de ese código, en cuanto
establece que:
«ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia
deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante,
sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por
la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no
apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir
el recurso, condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que
en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente
relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de
recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia».
51. Así entonces, del transcrito dispositivo se desprende que el fallador de
segundo grado atenderá, sin excepción, los siguientes lineamientos:
51.1 Solo se pronunciará frente a los reparos formulados por el impugnante,
excepto cuando, de conformidad con la ley, deba adoptar decisiones de oficio
-por ejemplo: la resolución de excepciones que, aunque no hayan sido
invocadas, encuentre debidamente probadas o fundadas-, sin perjuicio del
principio de la “non reformatio in pejus”.30
30 El artículo 282 del CGP prevé que «En cualquier tipo de proceso, cuando el juez halle probados los hechos
que constituyen una excepción deberá reconocerla oficiosamente en la sentencia, salvo las de prescripción,
compensación y nulidad relativa, que deberán alegarse en la contestación de la demanda. Cuando no se
proponga oportunamente la excepción de prescripción extintiva, se entenderá renunciada [...]».
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51.2 Solo cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia y/o una
de ellas haya adherido al recurso interpuesto por la otra, puede resolver la
alzada sin ningún tipo de limitaciones.
51.3 En el trámite de apelación de autos, solo tiene competencia resolver
el recurso, condenar en costas y ordenar la expedición de copias de los
documentos del proceso.
51.4 Al apelante único le debe respetar las situaciones y pretensiones
reconocidas en primera instancia -en tanto es la garantía que se desprende
del principio de la “non reformatio in pejus”-, a menos que, con ocasión a la
impugnación presentada por aquel deba modificar la sentencia y, de contera,
resulte necesario reformar puntos íntimamente relacionados con esa
actuación.
52. En cuanto al objeto del recurso de apelación, esta Subsección 31 se ha
pronunciado en los siguientes términos:
«[…] 2.2 Sobre el objeto del recurso de apelación.
Como una segunda cuestión previa, la Sala considera necesario efectuar algunas
consideraciones preliminares sobre la finalidad del recurso de apelación con el fin
de delimitar el asunto objeto de examen en el trámite de segunda instancia.
En efecto, el artículo 320 del Código General del Proceso dispone lo siguiente:
Artículo 320. Fines de la apelación. El recurso de apelación tiene por
objeto que el superior examine la cuestión decidida, únicamente en
relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para
que el superior revoque o reforme la decisión. [Negrillas fuera de texto]
[…]
Para esta Subsección, un «reparo concreto» sobre «la cuestión decidida» hace
suponer que quien interpone el recurso de apelación efectué una valoración sobre
la sentencia que se impugna.
Sobre esta especial exigencia, esta corporación ha sostenido lo siguiente32:
En los términos de la norma trascrita [artículo 320 del CGP], la Sala
observa que el recurso de apelación presentado por la parte
demandante no formula algún reparo concreto frente a la providencia
de 17 de noviembre de 2015 proferida por el Tribunal Administrativo de
Por su parte, el artículo 187 del CPACA establece que «La sentencia tiene que ser motivada. En ella se hará
un breve resumen de la demanda y de su contestación y un análisis crítico de las pruebas y de los razonamientos
legales, de equidad y doctrinarios estrictamente necesarios para fundamentar las conclusiones, exponiéndolos
con brevedad y precisión y citando los textos legales que se apliquen. En la sentencia se decidirá sobre las
excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que el fallador encuentre probada El silencio del inferior no
impedirá que el superior estudie y decida todas las excepciones de fondo, propuestas o no, sin perjuicio de la
no reformatio in pejus […]».
31 Sentencia de 19 de marzo de 2020, expediente No. 52001-23-33-000-2015-00155-01 (3093-2016), Consejero
Ponente Dr. William Hernández Gómez.
32 Consejo de Estado, Sección Cuarta, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto, Sentencia del veinte (20) de
septiembre de dos mil diecisiete (2017). Radicación número: 68001-23-33-000-2015-01126-01 (22532). Actor:
Carolina Sánchez González. Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).
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Santander, ya que no discute el rechazo del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho por vencimiento del término de
caducidad, sino que sus argumentos se refieren a la indebida
escogencia del medio de control de la demanda y, por ende, solicita la
remisión del expediente a esta Corporación, quien a juicio de la actora,
es la competente para conocer de la demanda de simple nulidad.
Esta Corporación ha señalado que es deber del recurrente señalar los
motivos de inconformidad respecto de la providencia proferida en
primera instancia, pues dichos cuestionamientos serán objeto de
análisis por el fallador de segunda instancia. [Negrillas fuera de texto].
En la providencia referida, se citó otro pronunciamiento de esta Subsección en el
que se aborda un asunto similar33:
En efecto, la sustentación del recurso delimita el pronunciamiento de la
segunda instancia, tal y como lo dispone el art. 357 del C de P.C.,
actualmente 328 del CGP, aplicable por remisión expresa del art. 267
del C.C.A. Es así como las razones aducidas por el recurrente en la
sustentación de la apelación demarcan la competencia funcional
del juez de segunda instancia. Por lo cual, si no existen dichas
razones o motivos de discrepancia con la sentencia dictada, el
recurso carece de objeto, máxime en el caso en estudio, al apreciarse
que los argumentos esgrimidos en el recurso de apelación resultan
incongruentes no solo frente a la sentencia proferida por el A quo, sino
también respecto de las pretensiones de la demanda.
Sobre la carga procesal de manifestar los motivos de inconformidad
frente a la decisión de primera instancia y la relación con el tema de la
litis, la Jurisprudencia ha advertido lo siguiente34:
“Según el artículo 350 del Código de Procedimiento Civil, la
finalidad del recurso de apelación es que la providencia de
primer grado sea revisada por el superior jerárquico del
funcionario judicial que la profirió, para que en análisis de su
legalidad la confirme, revoque o modifique. De ahí la necesidad
de que el recurso de apelación se sustente. La sustentación
es la oportunidad o el medio para que la recurrente manifieste
los motivos de inconformidad con la decisión, pero en los
aspectos que fundamentaron su posición, como demandante o
como demandada, en el debate judicial, y sobre los cuales el
a quo se pronunció de manera adversa o simplemente no
se pronunció. El marco conformado por la sentencia y el
recurso de apelación es el parámetro que limita la decisión
judicial de segunda instancia.
Como lo señaló la jurisprudencia citada, el superior no tiene la
libertad de suponer otros motivos que a su juicio debieron
ser invocados en contra de la decisión. De acuerdo con lo
anterior, es evidente que el demandante no controvirtió
ninguno de los argumentos que motivaron la decisión de
primera instancia (…).”
33 Consejo de Estado, Sección Segunda, C.P. William Hernández Gómez, Rad. 25000-23-25-000-2011-00376-
01(0529-15).
34Sobre la finalidad del recurso de apelación ver sentencias del H. Consejo de Estado Sección Cuarta de 18 de
marzo de 2001, Rad. 13683, M.P. Juan Ángel Palacio Hincapié y 25 de septiembre de 2006, Rad. 14968, M.P.
María Inés Ortiz Barbosa.
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En otra oportunidad, sobre la exigencia procesal de congruencia del
recurso de alzada con la sentencia dictada en primera instancia y su
eficacia procesal, el Consejo de Estado sostuvo lo siguiente:
(…)
En este sentido y de acuerdo a la finalidad de la alzada, es
menester que la sustentación se efectúe de la forma adecuada,
es decir, que no solamente deben manifestarse los aspectos
que se consideran lesivos al derecho o interés en discusión, sino
además los motivos de inconformidad en concreto respecto
a la decisión del a quo, lo que en suma determinará el objeto
de análisis del ad quem y su competencia frente al caso. Lo
anterior demanda desde luego un grado de congruencia
inequívoco entre el fallo recurrido y la fundamentación u
objeto de la apelación, fuera de lo cual, se estaría
desconociendo la finalidad y objeto mismo de la segunda
instancia.
(…)
En conclusión, ante la incongruencia de las razones que arguyó
el apoderado de la parte demandada dentro del recurso, no
puede menos la Sala que señalar que no existe en el
presente motivo alguno de inconformidad contra el fallo, lo
que impone declarar incólume la sentencia apelada.35”
Y sobre las finalidades y requisitos del recurso de alzada, el mismo
Consejo de Estado ha señalado lo siguiente:
“La institución procesal de la impugnación es un instrumento por
medio del cual las partes solicitan al superior jerárquico que
realice un nuevo examen del acto procesal o de todo el
proceso, a fin de que se anule o revoque, total o parcialmente,
por contener vicios o errores. De acuerdo con la norma en cita,
a través del recurso de apelación, una de las partes o ambas,
solicitan al superior que examine la decisión dictada en un
proceso, expresando sus inconformidades, con la finalidad de
que éste analice la decisión de primer grado, y de ser
procedente, la modifique o la revoque. El recurso de apelación
es el medio o acción que se concede a la persona agraviada o
condenada por una resolución judicial, para que acuda a otro
tribunal superior, sometiéndole el conocimiento de la cuestión
resuelta; exige que se expliquen las razones de
inconformidad, para establecer si las pruebas y el soporte
jurídico han sido correctamente estimados. Esta Sección ha
precisado que “la labor de la segunda instancia consiste en
verificar, sobre la base de la decisión impugnada, el acierto o el
error del a-quo en el juicio realizado, circunscribiéndose a dicho
aspecto la competencia. En ese sentido, el apelante debe
exponer los argumentos soporte para modificar total o
parcialmente la decisión de primera instancia y que, a la
vez, sirven de marco para cumplir con la función, que no es
oficiosa de decidir la impugnación”36 (Subraya la Sala)
35 Consejo de Estado, Sección Segunda, C.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, providencia de 7 de abril
de 2011, Rad. 13001-23-31-000-2004-00202-02(0417-10).
36 Consejo de Estado, Sección Cuarta, C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez, providencia de 13 de
septiembre de 2012, Rad: 25000-23-27-000-2006-00825-01(17343).
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Recurrente: Mario Andrés Gutiérrez Aragón
La Sección Tercera también se ha pronunciado de la misma forma37:
De lo anterior se desprende que, en la sustentación del recurso de
apelación, el recurrente debe presentar unos argumentos a través de los
cuales refute o controvierta la decisión proferida por el a quo, ya
que solamente sobre estos reparos tiene competencia el ad quem
para pronunciarse, exceptuando aquellas decisiones que el juez deba
adoptar de oficio, en virtud de lo establecido en la ley.
Al respecto, la jurisprudencia de esta Corporación ha señalado, en
reiterados pronunciamientos, que para que el juez de segunda instancia
pueda ejercer la facultad jurisdiccional que la ley le ha conferido se hace
necesario confrontar la providencia impugnada con los fundamentos
de la apelación incoada en su contra:
“El recurso de apelación es un instrumento judicial, en este caso,
para impugnar una sentencia controvirtiéndola con argumentos
que apunten a desvirtuarla total o parcialmente y sirvan de
marco al juez de segunda instancia para llevar a cabo la función
revisora que comporta tramitar y decidir una apelación.
“Esa función, que no es oficiosa, tiene que apoyarse en la
argumentación contenida en la sustentación del recurso de
apelación, que le debe servir al ad quem para soportar la
decisión de revocar o modificar la sentencia de primera instancia
según lo pretendido por el apelante”38.
Sumado a lo anterior y en el mismo sentido, esta Subsección ha
manifestado que:
“De conformidad con el principio de congruencia, al superior,
cuando resuelve el recurso de apelación, sólo le es permitido
emitir un pronunciamiento en relación con los aspectos
recurridos de la providencia del inferior, razón por la cual la
potestad del juez en este caso se encuentra limitada a
confrontar lo decidido con lo impugnado en el respectivo
recurso y en el evento de que exceda las facultades que posee
en virtud del mismo, se configurará la causal de nulidad prevista
en el numeral 2 del artículo 140 del Código de Procedimiento
Civil, relativa a la falta de competencia funcional”39.
Así las cosas, debe verificarse si en el presente asunto el recurrente
presentó una real sustentación del recurso de apelación […]».
53. Pues bien, conforme con lo analizado, la Sala resolverá el problema jurídico
planteado en precedencia.
37 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera. Sentencia del
trece (13) de julio de dos mil dieciséis (2016). Radicación número: 08001-23-33-004-2014-01623-01(56086).
Actor: Elsa Margarita Pineda Navarro y otra. Demandado: Transmetro S.A.S. y otros. Referencia: Reparación
directa.
38 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 26 de noviembre de 2006, expediente 25000-23-27-000-
2007-00024-01(17272), Consejero Ponente: William Giraldo Giraldo.
39 Sentencia del 26 de enero de 2011, radicado 1997 13804 (19865), actor: Marleny Bermúdez Aya y otros,
Consejero Ponente: Mauricio Fajardo Gómez.
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54. Caso concreto - interrogante único: ¿La sentencia impugnada desconoció
el principio de congruencia que debe irrigar toda providencia judicial y, de contera,
vulneró el debido proceso del demandante?
55. Previa resolución del anterior planteamiento, la Sala reseñará, con brevedad,
el descorrer del proceso ordinario en el que, a juicio de la parte recurrente, se generó
la vulneración a su debido proceso.
56. En primer lugar, se observa que, con la demanda, se solicitó la nulidad del
acto ficto negativo producido por la falta de respuesta a la petición de 28 de junio de
2018.
57. Asimismo, y como restablecimiento del derecho, se exigió: : i) reconocer que
el demandante ha realizado las mismas funciones de los soldados profesionales
que antes fungieron como voluntarios; ii) declarar que, al igual que los oficiales y
suboficiales, el actor se encuentra en el mismo supuesto fáctico que le permite
acceder a la prima de actividad; iii) condenar a la demandada a reconocer y pagar
al actor la diferencia del 20% dejada de percibir en su asignación básica mensual,
la prima de actividad y el reajuste del subsidio familiar, con la respectiva
reliquidación de sus prestaciones sociales.
58. Como fundamento jurídico de esas súplicas se invocó la causal de nulidad
de «infracción de las normas en que debería fundarse», erigida sobre cuatro
argumentos así:
58.1 Discriminación sistemática de los derechos laborales de los
soldados profesionales en Colombia, en la que reseñaron las exclusiones
y desigualdades existentes en cuanto a la pensión de sobrevivientes, la
diferencia salarial del 20% sobre la asignación básica mensual, las partidas
computables en la asignación de retiro y la prerrogativa del subsidio familiar.
58.2 Igualdad del 20% del salario, en la que propuso el juicio de igualdad
que debía realizarse frente a los soldados profesionales -tanto los vinculados
en vigencia de la Ley 131 de 1985, como los incorporados en vigencia del
Decreto Ley 1794 de 2000-. Con tales fines, invocó el principio de “a trabajo
igual, salario igual”, la vulneración del derecho al trabajo y sus principios
mínimos fundamentales, así como el desconocimiento de los pilares de la
carrera administrativa de ese personal y el enriquecimiento sin causa a favor
del Estado y en contra de los intereses del demandante.
58.3 Prima de actividad en la que, luego de reseñar el derecho a la
igualdad, adujo que el único supuesto de hecho que a lo largo del tiempo ha
posibilitado a los oficiales y suboficiales de las fuerzas militares acceder a
ese emolumento, es estar en servicio activo y/o permanecer en el servicio de
sus funciones, patrón no objetivo para justificar el trato desigual. En otras
palabras, arguyó que ni la jerarquía, las responsabilidades y funciones no
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son los elementos que determinan el reconocimiento de esa prestación, por
lo que el demandante también tiene derecho a ella.
58.4 Mandato de no discriminación, invocado frente a la diferencia
salarial y la prima de actividad.
59. Al dictar la sentencia de primera instancia, el Juzgado Once Administrativo
Oral del Circuito de Bogotá negó las pretensiones de la demanda así:
59.1 Frente al reajuste salarial del 20% acudió a las reglas previstas en el
artículo 1.° del Decreto Ley 1794 de 2000 para señalar que, la fecha de
vinculación del demandante solo le permite acceder a una asignación básica
mensual equivalente a un salario mínimo incrementado en un 40%.
59.2 En torno a la prima de actividad, indicó que el régimen salarial de los
soldados profesionales no la contempló, razón suficiente para negar su
disfrute. Sin embargo, resaltó que la concesión de ese emolumento a otro
grupo de militares -oficiales y suboficiales- no se erige en discriminación ni
desigualdad, pues existen patrones objetivos y razonables que justifican el
trato diferente, entre los que se destacan los requisitos de ingreso y ascenso
en la escala castrense, las funciones, condiciones y responsabilidades.
60. Se observa que, para negar esas pretensiones, el juez de primer grado ni
siquiera reseñó los argumentos señalados en la demanda, ni mucho menos abordó
el juicio de igualdad propuesto por el actor.
61. Inconforme con esa decisión y consciente de esa omisión, el abogado de la
parte actora la recurrió en apelación. Para ello, invocó 22 cargos frente a la negativa
de la pretensión de reajuste salarial y 8 reparos en torno a la decisión adoptada
frente a la reclamación de la prima de actividad. En la alzada, nuevamente reiteró
los juicios de igualdad señalados en la demanda.
62. Al resolver la alzada, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca mantuvo la
negativa de esas súplicas sin valorar los argumentos vertidos en la apelación ni
adelantar el juicio de igualdad propuesto en ella.
63. En efecto, tales pretensiones fueron resueltas con tesis similares a las
expresadas por el a quo, pero agregando consideraciones con base en las cuales
se concluyó que ni la exclusión del reajuste salarial, ni la negación de la prima de
actividad, vulneraron el derecho a la igualdad del demandante; juicios en los que no
fueron considerados los parámetros de identidad planteados por el abogado
recurrente.
64. Así las cosas, la falta de resolución de los reparos y argumentos invocados
en la alzada infringió el principio de congruencia y, de contera, el derecho al debido
proceso del actor, por lo que la Sala encuentra fundada la causal prevista en el
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numeral 5.° del artículo 250 de la Ley 1137 de 2011.
65. En consecuencia, se anulará parcialmente la sentencia impugnada,
específicamente la confirmación de la negativa de las pretensiones de reajuste
salarial del 20% y la prima de actividad. En línea con ello, el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “C” proferirá una nueva decisión
en la que se resuelvan los reparos formulados por la parte demandante y se
desplieguen los juicios de igualdad propuestos por él.
66. Con tales fines, dará prelación a este asunto sobre el resto de procesos que
se encuentren al despacho para fallo, sin perjuicio de las reglas que, en esta
materia, rigen las acciones constitucionales.
67. Condena en costas. El inciso final del artículo 255 de la Ley 1437 de 2011
-modificado por el artículo 70 de la Ley 2080 de 2021- establece que «[si] se declara
infundado el recurso, se condenará en costas y perjuicios al recurrente».
68. En este contexto, y atendiendo a que el recurso extraordinario prosperó, no
es procedente la imposición de condenas por este concepto, en tanto quien impugnó
resultó vencedor en este trámite.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO. Declarar FUNDADO el Recurso Extraordinario de Revisión formulado
por el señor Mario Andrés Gutiérrez Aragón en contra de la sentencia de segunda
instancia proferida el 28 de junio de 2023 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “C”, dentro del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 11001 33 35 011 2020 00189
01.
SEGUNDO. ANULAR PARCIALMENTE la providencia impugnada, de conformidad
con lo señalado en la parte motiva. En consecuencia, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca emitirá una nueva decisión que se ajuste a los lineamientos
señalados en esta sentencia.
TERCERO. El tribunal dará prelación a este asunto sobre los demás que estén en
turno para fallo, sin perjuicio de las reglas que, en esta materia, rigen las acciones
constitucionales.
CUARTO. Sin condena en costas en esta instancia conforme a lo indicado en esta
providencia.
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Quinto. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para la
Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
consejero de Estado
(Firmado electrónicamente)
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
consejero de Estado consejero de Estado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los Consejeros de Estado, en la sede electrónica
para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta,
de conformidad con la ley y el artículo 186 del CPACA.
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