Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2021-00642-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2021-00642-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2021-00642-00
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
17 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D. C., Diecisiete (17) de julio de Dos Mil Veintiséis (2026)
Radicado: 11001-03-25-000-2021-00642-00 (3208-2021)1
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social (UGPP)
Demandada: Adela Beatriz Martínez Mestre
Trámite: Acción especial de revisión
Tema: Revisión de la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, el Siete (07) de
junio de Dos Mil Dieciocho (2018), en el marco de
la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de
la Ley 797 de 2003.
Decisión: Sentencia de única instancia
La Sala decide la acción especial de revisión, interpuesta por la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de
la Protección Social (UGPP), contra la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, el Siete (7)
de junio de Dos Mil Dieciocho (2018), mediante la cual, se revocó la
providencia dictada el Cinco (5) de diciembre de Dos Mil Diecisiete (2017), por
el Juzgado Doce Administrativo Oral del Circuito de Bogotá, Sección Segunda,
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho instaurado por la
señora Adela Beatriz Martínez Mestre contra la Unidad Administrativa Especial
de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
(UGPP), y, en su lugar, se declaró la nulidad de los actos administrativos
demandados y se ordenó reliquidar y pagar la pensión de vejez de la
demandante, en cuantía equivalente al Setenta y Cinco por Ciento (75 %) del
promedio de lo devengado durante el último año de servicios, comprendido
entre el Treinta y Uno (31) de diciembre de Mil Novecientos Noventa y Ocho
(1998) y el Treinta y Uno (31) de diciembre de Mil Novecientos Noventa y
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Expediente digital.
2
Número Interno: 3208-2021
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Demandada: Adela Beatriz Martínez Mestre
Nueve (1999), con la inclusión de los factores salariales correspondientes al
sueldo básico, auxilio de alimentación, la doceava parte de la bonificación por
servicios prestados, de la prima de servicios, de la prima de vacaciones y de
la prima de navidad, con efectos fiscales a partir del Veintisiete (27) de
diciembre de Dos Mil Ocho (2008), por prescripción trienal.
I. ANTECEDENTES
1.1 La demanda de revisión2.
1. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP), promovió la acción especial de
revisión, al amparo del literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, con el
fin que se infirme la sentencia proferida el Siete (7) de junio de Dos Mil
Dieciocho (2018), por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección D, mediante la cual, se revocó la decisión dictada el
Cinco (5) de diciembre de Dos Mil Diecisiete (2017), por el Juzgado Doce
Administrativo del Circuito de Bogotá y, en consecuencia, se declaró la nulidad
de los actos administrativos demandados y se ordenó la reliquidación de la
pensión de vejez de la señora Adela Beatriz Martínez Mestre, con la inclusión
de diversos factores salariales.
2. Como consecuencia de lo anterior, la entidad accionante solicitó que, se
dejara sin efectos la sentencia objeto de revisión y, en su lugar, se confirmara
la providencia de primera instancia, al considerar que la reliquidación
pensional reconoció una prestación superior a la legalmente debida, al aplicar
un ingreso base de liquidación y unos factores salariales distintos a los
previstos en el ordenamiento jurídico.
3. En esa línea, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) sostuvo que, la
providencia cuestionada desconoció el alcance del régimen de transición
previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, pues, aunque la demandante
era beneficiaria de dicho régimen, el ingreso base de liquidación debía
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Expediente digital – Samai – Índice No. 00003.
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Número Interno: 3208-2021
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
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Demandada: Adela Beatriz Martínez Mestre
calcularse conforme a los artículos 21 y 36 de esa ley y no con el promedio del
último año de servicios previsto en las Leyes 33 y 62 de 1985.
4. Asimismo, afirmó que la decisión judicial incluyó factores salariales que no
integraban la base de cotización establecida en el Decreto 1158 de 1994, tales
como el auxilio de alimentación y las primas de servicios, vacaciones y
navidad, con lo cual reconoció una mesada pensional superior a la autorizada
por la legislación aplicable.
5. Igualmente, la entidad accionante sostuvo que, la sentencia desconoció el
precedente fijado por la Corte Constitucional sobre el ingreso base de
liquidación aplicable a los beneficiarios del régimen de transición, apartándose
injustificadamente de las reglas previstas en las sentencias C-258 de 2013,
SU-230 de 2015 y demás providencias constitucionales, circunstancia que
condujo al reconocimiento de una prestación en exceso y comprometió
indebidamente recursos del tesoro público.
6. Finalmente, la entidad accionante afirmó que se configuró la causal prevista
en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, por cuanto la cuantía del
derecho reconocido excedió la legalmente debida, al ordenar la reliquidación
de la pensión con factores salariales no autorizados por la ley, circunstancia
que, a su juicio, ocasiona un detrimento del erario y afecta la sostenibilidad
financiera del sistema pensional.
1.2 Sentencia objeto de revisión.
7. Mediante sentencia del Siete (7) de junio de Dos Mil Dieciocho (2018), el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D,
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, con
Rad. Núm. 11001-33-35-012-2014-00278-01, revocó la sentencia del Cinco (5)
de diciembre de Dos Mil Diecisiete (2017), proferida por el Juzgado Doce
Administrativo Oral del Circuito de Bogotá, Sección Segunda, y, en su lugar,
accedió a las pretensiones de la demanda promovida por la señora Adela
Beatriz Martínez Mestre contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP).
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8. Al respecto, en la sentencia de segunda instancia se resolvió lo siguiente:
«PRIMERO: REVÓCASE la sentencia del Cinco (5) de diciembre de Dos Mil Diecisiete
(2017), proferida por el Juzgado Doce (12) Administrativo del Circuito Judicial de
Bogotá, que negó las pretensiones de la demanda.
SEGUNDO: DECLÁRASE la nulidad de la Resolución No. RDP 014291 del Uno (1.º)
de noviembre de Dos Mil Doce (2012), mediante la cual la entidad demandada negó
a la demandante la reliquidación de la pensión de jubilación, y de la Resolución No.
RDP 000498 del Nueve (9) de enero de Dos Mil Trece (2013), por la cual se resolvió
negativamente el recurso de apelación interpuesto contra el anterior acto
administrativo.
TERCERO: ORDÉNASE a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) reliquidar y pagar la
pensión de vejez de la demandante en cuantía equivalente al Setenta y Cinco por
Ciento (75 %) del promedio de lo devengado durante el último año de servicios,
comprendido entre el Treinta y Uno (31) de diciembre de Mil Novecientos Noventa y
Ocho (1998) y el Treinta y Uno (31) de diciembre de Mil Novecientos Noventa y Nueve
(1999), incluyendo como factores salariales el sueldo básico, el auxilio de
alimentación, la doceava parte de la bonificación por servicios prestados, de la prima
de servicios, de la prima de vacaciones y de la prima de navidad, con efectos a partir
del Uno (1.º) de enero de Dos Mil (2000).
CUARTO: CONDÉNASE a la entidad demandada a pagar las diferencias que resulten
entre lo cancelado y lo que debió reconocer por concepto de mesadas pensionales,
con efectos fiscales a partir del Veintisiete (27) de diciembre de Dos Mil Ocho (2008),
por prescripción trienal.
QUINTO: ORDÉNASE la actualización de las sumas reconocidas en los términos del
artículo 187 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
SEXTO: ORDÉNASE a la UGPP efectuar el descuento de los aportes
correspondientes a los factores salariales cuya inclusión se ordena y sobre los cuales
no se hubiere realizado la deducción legal, en el porcentaje a cargo de la trabajadora.
SÉPTIMO: ORDÉNASE a la entidad demandada dar cumplimiento a la sentencia en
los términos de los artículos 192 y 195 del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo.
OCTAVO: CONDÉNASE en costas a la entidad demandada.
NOVENO: NIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda.
[...]»
9. El Tribunal consideró que, la demandante era beneficiaria del régimen de
transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y que, en
consecuencia, la reliquidación de su pensión debía efectuarse con fundamento
en las Leyes 33 y 62 de 1985, esto es, con el Setenta y Cinco por Ciento (75
%) del promedio de lo devengado durante el último año de servicios y la
inclusión de la totalidad de los factores salariales percibidos en ese período.
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10. Explicó que, el ingreso base de liquidación hacía parte del régimen de
transición y, por tanto, resultaba procedente aplicar integralmente el régimen
anterior, razón por la cual ordenó incluir, además de la asignación básica y la
bonificación por servicios prestados, el auxilio de alimentación y las primas de
servicios, vacaciones y navidad, al estimar que tales emolumentos integraban
el salario devengado durante el último año de servicios.
11. Finalmente, dispuso que, las diferencias pensionales se reconocieran con
efectos fiscales a partir del Veintisiete (27) de diciembre de Dos Mil Ocho
(2008), por prescripción trienal, ordenó la actualización de las sumas
adeudadas, el descuento de los aportes correspondientes a los factores
salariales incluidos en la reliquidación y condenó en costas a la entidad
demandada.
1.3 Causales de revisión invocadas.
12. La entidad accionante invocó la causal prevista en el literal b) del artículo
20 de la Ley 797 de 2003, al considerar que, la sentencia objeto de revisión
reconoció una prestación periódica en cuantía superior a la legalmente debida,
al ordenar la reliquidación de la pensión de vejez con fundamento en un
ingreso base de liquidación y unos factores salariales distintos a los previstos
en el ordenamiento jurídico.
13. Al respecto, sostuvo que, si bien la señora Adela Beatriz Martínez Mestre,
era beneficiaria del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley
100 de 1993, el Tribunal aplicó indebidamente las Leyes 33 y 62 de 1985 de
manera integral, al liquidar la prestación con el promedio de lo devengado
durante el último año de servicios, cuando el ingreso base de liquidación debía
determinarse conforme a los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993.
14. Igualmente, afirmó que la providencia cuestionada ordenó incluir factores
salariales que no integraban la base de cotización prevista en el Decreto 1158
de 1994, tales como el auxilio de alimentación y las primas de servicios,
vacaciones y navidad, circunstancia que dio lugar al reconocimiento de una
prestación superior a la legalmente debida.
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15. Finalmente, señaló que la sentencia desconoció el precedente de la Corte
Constitucional relativo al ingreso base de liquidación aplicable a los
beneficiarios del régimen de transición y comprometió recursos públicos por
fuera del marco normativo vigente, con afectación de la sostenibilidad
financiera del sistema pensional.
1.4 Contestación de la demanda de revisión.
16. Mediante auto del Cinco (5) de diciembre de Dos Mil Veinticinco (2025)3,
el despacho sustanciador admitió la acción especial de revisión, al considerar
que reunía los requisitos previstos en el artículo 252 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que había
sido presentada oportunamente y que se sustentaba en la causal prevista en
el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003. En consecuencia, ordenó las
notificaciones de rigor, corrió traslado a la parte demandada, al Ministerio
Público y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado por el término
de diez (10) días para contestar la acción especial de revisión y solicitar o
aportar pruebas, y reconoció personería al apoderado judicial sustituto de la
entidad accionante.
17. Posteriormente, mediante auto del Once (11) de junio de Dos Mil Veintiséis
(2026) 4, el despacho sustanciador tuvo por no contestada la acción especial
de revisión, al advertir que la señora Adela Beatriz Martínez Mestre, guardó
silencio dentro del término de traslado. En la misma providencia, decretó como
pruebas los documentos allegados con la demanda y, de oficio, el expediente
del proceso ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho, ordenó correr
traslado de las pruebas decretadas a las partes y al Ministerio Público, dispuso
la incorporación íntegra del expediente remitido por la autoridad judicial de
origen y, una vez ejecutoriada la providencia, ordenó el ingreso del proceso al
despacho para fallo.
3
Expediente digital – Samai – Índice No. 00028 de Samai.
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Expediente digital – Samai – Índice No. 00037 de Samai.
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1.5 Concepto del Ministerio Público5.
18. Mediante concepto del Veinticinco (25) de junio de Dos Mil Veintiséis
(2026), el Procurador Delegado de Intervención Tercero ante el Consejo de
Estado, solicitó declarar infundada la acción especial de revisión promovida
por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP), al considerar que, no se
configuró la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
19. El Ministerio Público sostuvo que la sentencia objeto de revisión fue
proferida el Siete (7) de junio de Dos Mil Dieciocho (2018), esto es, con
anterioridad a la sentencia de unificación de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado del Veintiocho (28) de agosto de Dos Mil
Dieciocho (2018), razón por la cual, el Tribunal aplicó el precedente
jurisprudencial vigente para la época, contenido en la sentencia de unificación
del Cuatro (4) de agosto de Dos Mil Diez (2010), conforme al cual el ingreso
base de liquidación hacía parte del régimen de transición y la pensión debía
reliquidarse con la totalidad de los factores salariales devengados durante el
último año de servicios.
20. Señaló que, la sentencia de unificación del Veintiocho (28) de agosto de
Dos Mil Dieciocho (2018), además de modificar el criterio jurisprudencial sobre
el ingreso base de liquidación aplicable a los beneficiarios del régimen de
transición, precisó expresamente que, las decisiones ejecutoriadas con
anterioridad permanecían amparadas por la cosa juzgada y el principio de
seguridad jurídica, de manera que, las pensiones reconocidas o reliquidadas
con fundamento en la tesis anterior no podían considerarse obtenidas con
abuso del derecho o fraude a la ley.
21. En ese contexto, concluyó que, la providencia cuestionada fue proferida
conforme al precedente obligatorio vigente al momento de su expedición y, por
tanto, no podía afirmarse que hubiera reconocido una prestación superior a la
legalmente debida en los términos del literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de
2003. Agregó que, aun en el evento de prosperar la acción especial de
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Expediente digital – Samai – Índice No. 00044 de Samai.
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revisión, no habría lugar a ordenar el reintegro de las sumas percibidas por la
demandada, al no encontrarse desvirtuada la presunción de buena fe que la
ampara.
II. CONSIDERACIONES
2.1 Competencia.
22. La Sala de Subsección es competente para conocer y decidir la presente
acción, según lo previsto en los artículos 249 del CPACA6 y 20 de la Ley 797
de 20037, en concordancia con lo previsto en el artículo 13 del reglamento de
esta Corporación, contenido en el Acuerdo 080 del doce (12) de marzo de dos
mil diecinueve (2019)8.
2.2 Oportunidad.
23. La acción especial de revisión bajo examen resulta oportuna, toda vez que
la sentencia cuya revisión se pretende fue proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, el Siete (7)
de junio de Dos Mil Dieciocho (2018), quedando ejecutoriada el Dieciocho (18)
de julio de esa misma anualidad9, mientras que la acción de la referencia fue
presentada el Veintisiete (27) de septiembre de Dos Mil Veintiuno (2021)10, por
lo que no se superó el término de cinco (5) años establecido en el artículo 251
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
2.3 Problema jurídico.
24. Corresponde a la Sala, establecer lo siguiente:
6
«[…] De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos
conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia. […]»
7
«Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al
tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de
cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con
sus competencias»
8
«Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado».
9
Constancia de notificación electroncia, Tribunal Administrativo de origen.
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Expediente digital – Samai – Índice No. 00003 de Samai.
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Demandada: Adela Beatriz Martínez Mestre
25. ¿La sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección D, el Siete (7) de junio de Dos Mil Dieciocho
(2018), mediante la cual se revocó la decisión adoptada el Cinco (5) de
diciembre de Dos Mil Diecisiete (2017) por el Juzgado Doce Administrativo
Oral del Circuito de Bogotá, Sección Segunda, y se ordenó la reliquidación de
la pensión de vejez de la señora Adela Beatriz Martínez Mestre con la inclusión
del auxilio de alimentación, la bonificación por servicios prestados y las primas
de servicios, vacaciones y navidad en el ingreso base de liquidación, cuya
revisión se pretende, está incursa en la causal prevista en el literal b) del
artículo 20 de la Ley 797 de 2003? Con tal fin, se debe verificar:
25.1 ¿La providencia objeto de revisión reconoció una prestación
periódica en cuantía superior a la legalmente debida, al aplicar
integralmente las Leyes 33 y 62 de 1985 para determinar el ingreso
base de liquidación de la pensión de la señora Adela Beatriz Martínez
Mestre, pese a ser beneficiaria del régimen de transición previsto en el
artículo 36 de la Ley 100 de 1993?
25.2 ¿La inclusión del auxilio de alimentación y de las primas de
servicios, vacaciones y navidad como factores salariales para reliquidar
la pensión de vejez desconoció el régimen jurídico y el precedente
aplicables al caso concreto, dando lugar al reconocimiento de una
prestación superior a la legalmente debida en los términos del literal b)
del artículo 20 de la Ley 797 de 2003?
26. Con el propósito de desatar el problema jurídico planteado, se abordarán
los siguientes capítulos: 2.4) el marco normativo y jurisprudencial de la acción
especial de revisión; 2.5) el caso concreto; y 2.6) la condena en costas.
2.4 Marco normativo y jurisprudencial.
2.4.1 Acción especial de revisión de la Ley 797 de 2003: objeto y alcance.
27. El artículo 20 de la Ley 797 de 2003, instituyó una acción especial de
revisión de providencias judiciales, de la siguiente manera:
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Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Demandada: Adela Beatriz Martínez Mestre
«Artículo 20. Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del
tesoro público o de fondos de naturaleza pública. Las providencias
judiciales que hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al
tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas
periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas
por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus
competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor
General de la República o del Procurador General de la Nación.
La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una
transacción o conciliación judicial o extrajudicial.
La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso
extraordinario de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse por las
causales consagradas para este en el mismo código y además:
a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso,
y
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo
con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.»
28. Dicha acción, entonces, está orientada a restablecer la justicia material11 y
comporta una herramienta excepcional que se opone a los principios de cosa
juzgada y seguridad jurídica, razón por la cual esta Corporación ha sostenido
que «sólo debe admitirse frente a un fin legítimo, que en estos asuntos es determinar si el
reconocimiento pensional se hizo con violación al debido proceso o, si como en este caso se
invoca, la cuantía reconocida excede lo ordenado por la ley» 12.
29. Por tanto, las causales que el legislador prevé como únicas para superar y
quebrar la seguridad jurídica que se deriva de una sentencia judicial, en caso
de su prosperidad, atienden a circunstancias específicas y objetivas, que no
corresponden a un cuestionamiento de valoraciones de tipo jurídico, fáctico o
probatorio, adelantado por el juzgador en el proceso que dio lugar a la decisión
cuestionada. Por ello, no puede utilizarse este medio impugnativo, so pretexto
de reabrir el debate jurídico o revivir una valoración probatoria, que fue
realizada por el juez de instancia.
30. De forma consistente, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha
precisado que, la rigurosidad de esta clase de asuntos, no permite que el
juzgador se aproxime a alguna causal que no fue debidamente planteada y
11
Ver Corte Constitucional, Sala Plena; sentencia C-450 de 16 de julio de 2015.
12
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A; sentencia de 1° de agosto de 2024; consejero ponente: Rafael
Francisco Suárez Vargas.
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Número Interno: 3208-2021
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Demandada: Adela Beatriz Martínez Mestre
soportada, ni tampoco permite convertir esta vía en una tercera instancia, pues
ello desnaturalizaría la función de esta clase de instrumentos extraordinarios13.
31. Finalmente, resulta necesario aclarar que la adopción del trámite propio de
la acción especial de revisión establecido en el CPACA, no significa, como lo
explicó la Sala Especial de Decisión 25 de esta Colegiatura, en sentencia del
cuatro (4) de junio de 2019, «que la acción especial contenida en esa normativa y el
referido recurso sean equiparables jurídicamente, sino solo que el trámite 14 […] pues esta
acción especial “tiene un carácter sui generis 15, dado que, más allá de que pueda infirmar una
sentencia ejecutoriada –al igual que el recurso extraordinario de revisión –, presenta unas
particularidades que le otorgan una entidad propia 16», tal como el análisis que sobre su
configuración realiza el juez de esta acción17.
2.4.2 Alcance de la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley
797 de 2003 - Cuando la cuantía del derecho reconocido exceda lo
debido.
32. La causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003
dispone que «cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo
con la ley, pacto, o convención colectiva que le eran legalmente aplicables », es decir,
cuando la sentencia reconoce una prestación por un monto que no
corresponde a lo legal o convencionalmente establecido.
33. Esta causal jurisprudencialmente ha sido considerada como una
herramienta legal útil que persigue fortalecer el principio de la moralidad
13
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez, 24 de
febrero de 2004, exp. 15001-03-15-000-00793-00 y Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo,
C.P. Alberto Yepes Barreiro, 26 de febrero de 2013, exp. 15001-03-15-000-01027-00.
14
Esta Corporación ha indicado que con la demanda de revisión se inicia una instancia con trámite propio y diferentes
etapas procesales que culminan con un fallo definitorio sobre la legalidad de la sentencia ejecutoriada, conclusión
que la ha llevado a concluir que el recurso extraordinario de revisión constituye un nuevo proceso o inclusive una
acción o medio de control más. Ver: Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Auto de 12 de agosto de 2014 [Rad.
11001-03-15-000-2013-02110-00]. MP. Bertha Lucía Ramírez de Páez; Salas Especiales de Decisión No. 22 y 25.
Sentencias de 3 de marzo de2015 [Rad. 11001-03-15-000-2014-00579-00 (REV)]. MP. Alberto Yepes Barreiro [Rad.
11001-03-15-000-2012-01776-00 (REV)]. MP. (E) Hernán Andrade Rincón. La Corte Constitucional, en el marco de
la acción especial revisión, ha aceptado que esta se realiza a través de una demanda sometida a las formalidades y
requisitos del recurso extraordinario de revisión. Ver: Sala Plena. Sentencia C-835 de 2003. MP. Jaime Araújo
Rentería.
15
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-835 de 2003. MP. Jaime Araújo Rentería. En esta providencia se
indicó, como una novedad del artículo 20 de la Ley 797/03, que la acción especial o “sui generis” de revisión procedía
no solo contra sentencias sino también contra los actos contentivos de transacciones o conciliaciones judiciales o
extrajudiciales, con base en las causales generales y el trámite previsto para el recurso extraordinario de revisión en
el CCA – hoy en el CPACA –. Agregó que las dos (2) causales especiales introducidas por esa norma sólo se
predicaban únicamente respecto de las sentencias.
16
Esta Corporación ha destacado que las particularidades de la acción especial de revisión le otorgan una entidad
propia, reflejada principalmente en la legitimación por activa calificada y su finalidad. Ver: Sección Segunda. Auto de
27 de marzo de 2014 [Rad. 11001-03-25-000-2012-00561-00(2129-12)]. MP. Gerardo Arenas Monsalve, y [sA]
sentencia de 17 de mayo de 2018 [Rad. 11001-03-25-000-2014-00665-00(2074-14)]. MP. William Hernández Gómez.
17
Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 25, Exp. 2014-02013-00. M.P. Dra. Marta Nubia Velásquez Rico.
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administrativa y permite corregir los reconocimientos pensionales que se han
efectuado en exceso y que afectan los principios cardinales que orientan el
Sistema General de Pensiones, en especial, el principio de solidaridad y el
equilibrio o sostenibilidad financiera18.
34. En la sentencia del tres (3) de junio de dos mil veintiuno (2021) 19, la
Sección Segunda de esta Corporación precisó, frente al alcance de la acción
especial de revisión bajo estudio, que la misma no se extiende a reabrir el
debate probatorio, sino que, se orienta a revisar el valor de las pensiones
reconocidas en contra de lo ordenado por la ley, con el propósito de
salvaguardar el equilibrio entre la prestación y su legalidad, además de velar
por la protección de los recursos limitados del tesoro público, la liquidez,
solvencia y sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social, así como el
principio de universalidad que lo inspira.
35. En dicha oportunidad, se aclaró que, la acción especial de revisión no se
erige como una tercera instancia, a través de la cual se pueda reabrir el debate
sustancial -o de fondo- sobre el derecho a una prestación, pues, su marco se
encuentra circunscrito a revisar los aspectos concernientes al reconocimiento
del derecho y a la liquidación de aquel. En ese sentido, se entienden excluidos
del alcance de la causal los asuntos relativos al reconocimiento de
prestaciones periódicas inferiores a las que se deben de acuerdo con las
normas que rigen la materia.
2.5 Caso concreto.
36. Descendiendo al asunto sub examine, la Sala observa que, la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de
la Protección Social (UGPP), fundamentó la acción especial de revisión
exclusivamente en la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley
797 de 2003, al estimar que, la sentencia proferida por el Tribunal
18
Reiterado en: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A”,
sentencia del 17 de mayo de 2018, M.P. William Hernández Gómez, Rad. 11001-03-25-000-2014-00665-00(2074-
14).
19
Entre otros, ver: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencias del 3 de junio de 2021, radicado
11001 03 25 000 2018 01681 00 (5733-2018), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas; y del 8 de octubre de 2020,
radicado 11001-03-25-000-2017-00530-00 (2462-2017), M.P. William Hernández Gómez.
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Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, el Siete (7)
de junio de Dos Mil Dieciocho (2018), reconoció una prestación periódica en
cuantía superior a la legalmente debida.
37. Para sustentar tal afirmación, sostuvo que la autoridad judicial aplicó de
manera integral las Leyes 33 y 62 de 1985 para determinar el ingreso base de
liquidación de la pensión de la señora Adela Beatriz Martínez Mestre, pese a
que, por ser beneficiaria del régimen de transición previsto en el artículo 36 de
la Ley 100 de 1993, dicho elemento debía establecerse conforme a los
artículos 21 y 36 de esa misma ley, incluyendo únicamente los factores de
cotización previstos en el Decreto 1158 de 1994.
38. A partir de ese planteamiento, corresponde a la Sala, determinar si la
providencia objeto de revisión reconoció efectivamente una prestación
periódica en cuantía superior a la legalmente debida, presupuesto
indispensable para la configuración de la causal extraordinaria invocada. Para
ello, no basta constatar que la interpretación jurídica acogida por el Tribunal,
difiera de la que actualmente sostienen la jurisprudencia o la entidad
recurrente, sino que, resulta necesario establecer, de manera objetiva, que el
reconocimiento pensional desconoció el marco normativo y jurisprudencial que
gobernaba el asunto al momento en que fue proferida la sentencia cuya
revisión se pretende.
39. En ese orden, la Sala advierte que, el argumento central de la la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de
la Protección Social (UGPP), parte de considerar que, el Tribunal incurrió en
error al liquidar la pensión con fundamento en las Leyes 33 y 62 de 1985, e
incluir factores salariales distintos de aquellos previstos en el Decreto 1158 de
1994. Sin embargo, ese planteamiento desconoce que, la sentencia objeto de
revisión fue proferida el Siete (7) de junio de Dos Mil Dieciocho (2018), es decir,
en un contexto jurisprudencial específico, caracterizado por la vigencia del
criterio de unificación adoptado por esta Corporación mediante sentencia del
Cuatro (4) de agosto de Dos Mil Diez (2010), conforme al cual, el ingreso base
de liquidación hacía parte del régimen de transición previsto en el artículo 36
de la Ley 100 de 1993.
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40. Precisamente por esa razón, el examen que compete adelantar en esta
sede extraordinaria, no puede efectuarse a partir de criterios jurisprudenciales
posteriores a la expedición de la providencia objeto de revisión, pues ello
implicaría, valorar la legalidad de una decisión judicial con fundamento en
reglas que aún no integraban el precedente obligatorio aplicable al momento
de su adopción. Admitir esa posibilidad, conduciría a desconocer los principios
de seguridad jurídica, confianza legítima y cosa juzgada que amparan las
decisiones judiciales ejecutoriadas, además de desnaturalizar la finalidad de
la acción especial de revisión prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
41. En efecto, como quedó expuesto en el acápite precedente, la causal
contemplada en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, constituye
un mecanismo excepcional orientado a corregir aquellos eventos en los que
una providencia judicial reconoce una prestación periódica que objetivamente
excede la cuantía permitida por el ordenamiento jurídico.
42. No obstante, su finalidad no consiste en reabrir el debate interpretativo
sobre el alcance de las normas aplicadas por el juez natural, ni habilita al juez
de la revisión para sustituir, con fundamento en desarrollos jurisprudenciales
posteriores, la interpretación que razonablemente sustentó la decisión judicial
cuestionada. Por ello, la prosperidad de esta causal, exige demostrar que el
exceso prestacional resulta manifiesto a la luz del marco jurídico vigente al
momento en que se profirió la sentencia objeto de revisión, circunstancia que,
como pasa a explicarse, no se presenta en el asunto bajo examen.
43. En ese contexto, resulta relevante para la Sala advertir que, para la fecha
en que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección D, profirió la sentencia objeto de revisión, esto es, el Siete (7) de
junio de Dos Mil Dieciocho (2018), el precedente vinculante de esta
Corporación, en materia del ingreso base de liquidación de las pensiones
reconocidas al amparo del régimen de transición, correspondía al fijado por la
Sala Plena de la Sección Segunda mediante sentencia del Cuatro (4) de
agosto de Dos Mil Diez (2010).
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44. Conforme a dicho criterio, el régimen de transición previsto en el artículo
36 de la Ley 100 de 1993, comprendía no solo la edad, el tiempo de servicios
y el monto de la prestación, sino también, la forma de determinar el ingreso
base de liquidación, razón por la cual, resultaba procedente aplicar
integralmente el régimen anterior cuando el afiliado reunía las condiciones
exigidas para beneficiarse de la transición.
45. Bajo ese entendimiento, la jurisprudencia vigente para la época, admitía
que las pensiones reguladas por las Leyes 33 y 62 de 1985, fueran liquidadas
con el promedio de lo devengado durante el último año de servicios y con la
inclusión de los factores salariales efectivamente percibidos por el servidor
público en ese período, siempre que estos constituyeran remuneración
habitual de sus servicios.
46. Precisamente, sobre esa base argumentativa, el Tribunal concluyó que, la
señora Adela Beatriz Martínez Mestre, en su condición de beneficiaria del
régimen de transición, tenía derecho a la reliquidación de su pensión, con
fundamento en el régimen anterior y a la inclusión de los factores salariales
cuya exclusión había sido cuestionada en la demanda.
47. Ahora bien, con posterioridad a la expedición de la sentencia objeto de
revisión, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado, mediante sentencia de unificación del Veintiocho (28) de agosto de
Dos Mil Dieciocho (2018), redefinió el alcance del régimen de transición
previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y precisó que, el ingreso base
de liquidación no constituía un elemento cobijado por dicho régimen, por lo que
debía determinarse conforme a las reglas previstas en los artículos 21 y 36 de
esa ley.
48. No obstante, la misma providencia reconoció expresamente que, ese
nuevo entendimiento jurisprudencial operaba hacia el futuro y que las
situaciones jurídicas definidas con anterioridad permanecían amparadas por
los principios de seguridad jurídica y cosa juzgada.
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49. En efecto, la referida sentencia de unificación, fue clara al señalar que, las
decisiones judiciales ejecutoriadas antes de la adopción del nuevo criterio
conservaban plena eficacia jurídica y no podían ser desconocidas por el solo
hecho de haberse producido un cambio en la interpretación jurisprudencial. En
esa oportunidad, esta Corporación precisó que, las providencias proferidas
con fundamento en el precedente entonces vigente, se encontraban
protegidas por la estabilidad de las decisiones judiciales, y que, el nuevo
criterio no podía proyectarse retroactivamente sobre situaciones ya
consolidadas.
50. Esa precisión adquiere especial relevancia en el presente asunto, pues el
fundamento esencial de la acción especial de revisión consiste, precisamente,
en afirmar que, el Tribunal debió aplicar una regla jurisprudencial que
únicamente fue adoptada casi tres meses después de haberse proferido la
sentencia cuya revisión se pretende. En otras palabras, la entidad recurrente
pretende que, el juicio sobre la legalidad de una providencia dictada el Siete
(7) de junio de Dos Mil Dieciocho (2018) se realice con base en un
precedente fijado el Veintiocho (28) de agosto del mismo año, circunstancia
que resulta incompatible con los principios de confianza legítima, seguridad
jurídica y respeto por la cosa juzgada que informan el ejercicio de la función
jurisdiccional.
51. Así las cosas, la Sala considera que, la sola modificación posterior del
precedente jurisprudencial, no permite concluir, por sí misma, que una
sentencia proferida bajo la vigencia del criterio anterior haya reconocido una
prestación periódica en cuantía superior a la legalmente debida. Una
conclusión en ese sentido supondría convertir la acción especial de revisión,
en un mecanismo para aplicar retroactivamente cambios jurisprudenciales y
revisar providencias ejecutoriadas, por el solo hecho que la interpretación del
derecho evolucionó con posterioridad, finalidad que resulta ajena a la
naturaleza excepcional de este medio de impugnación y a las causales
taxativamente previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
52. Bajo ese entendimiento, la Sala advierte que, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, no profirió la sentencia
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objeto de revisión con desconocimiento del marco jurídico y jurisprudencial
vigente para la época. Por el contrario, la decisión cuestionada respondió al
criterio de unificación que, para ese momento, orientaba la resolución de
controversias relacionadas con la determinación del ingreso base de
liquidación de las pensiones reconocidas al amparo del régimen de transición.
En ese sentido, la circunstancia que, con posterioridad, esta Corporación
hubiera redefinido el alcance de dicho régimen, no desvirtúa la legalidad de
una providencia, que fue adoptada conforme al precedente entonces
imperante.
53. En consecuencia, tampoco resulta acertada la afirmación de la entidad
accionante según la cual, la sentencia objeto de revisión reconoció una
prestación periódica en cuantía superior a la legalmente debida. En efecto, el
exceso a que se refiere el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, debe
derivarse de la infracción objetiva del régimen jurídico aplicable, al momento
de proferirse la decisión judicial, y no, de la modificación posterior del
entendimiento jurisprudencial sobre determinada institución jurídica. De
aceptarse la tesis propuesta por la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP),
cualquier cambio de precedente, permitiría reabrir situaciones jurídicas
definidas mediante sentencias ejecutoriadas, con evidente afectación de los
principios de seguridad jurídica, confianza legítima y cosa juzgada.
54. Esta conclusión, encuentra respaldo en la propia sentencia de unificación
del Veintiocho (28) de agosto de Dos Mil Dieciocho (2018), en la que la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo precisó que, el nuevo criterio sobre el
ingreso base de liquidación, no afectaba las situaciones jurídicas consolidadas
ni las decisiones judiciales ejecutoriadas con anterioridad a su expedición,
precisamente en atención a los principios de seguridad jurídica y confianza
legítima. De esta manera, la providencia objeto de revisión no puede calificarse
como contraria al ordenamiento jurídico, por el solo hecho de haber aplicado
la jurisprudencia vigente al momento de su expedición.
55. En igual sentido, el Ministerio Público puso de presente que, el Tribunal
decidió el litigio con fundamento en el precedente obligatorio existente para la
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época y que, por consiguiente, no era posible predicar la configuración de la
causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, a partir de
un criterio jurisprudencial que únicamente fue adoptado con posterioridad. Tal
apreciación resulta acorde con la naturaleza excepcional de la acción especial
de revisión, la cual no fue concebida como un mecanismo para reabrir debates
jurídicos ya definidos ni para extender retroactivamente los efectos de un
cambio jurisprudencial.
56. Siendo así las cosas, al no encontrarse demostrada la configuración de la
causal contemplada en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, la
Sala declarará infundada la acción especial de revisión, promovida por la
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP), contra la sentencia proferida por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D,
el Siete (7) de junio de Dos Mil Dieciocho (2018).
2.6 Condena en costas.
57. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA, no se dispondrá
sobre la condena en costas, dada la naturaleza del asunto, lo cual, releva de
hacer el estudio de los demás presupuestos establecidos en tal artículo.
2.7 Conclusiones.
58. La Sala concluye que, la acción especial de revisión no está llamada a
prosperar, por cuanto la la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) no
acreditó que la sentencia proferida el Siete (7) de junio de Dos Mil Dieciocho
(2018), hubiera reconocido una prestación periódica en cuantía superior a la
legalmente debida. Los argumentos expuestos en la demanda extraordinaria
se orientan, en realidad, a cuestionar la interpretación jurídica acogida por el
Tribunal y a propiciar la aplicación retrospectiva de un precedente posterior,
propósito que desborda el ámbito material de la causal invocada y resulta
incompatible con la finalidad de la acción especial de revisión prevista en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: DECLARAR INFUNDADA la acción especial de revisión
interpuesta por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), contra la
sentencia proferida el Siete (7) de junio de Dos Mil Dieciocho (2018), por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D,
mediante la cual se revocó la sentencia dictada el Cinco (5) de diciembre de
Dos Mil Diecisiete (2017), por el Juzgado Doce Administrativo Oral del Circuito
de Bogotá, Sección Segunda, dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado No. 11001-33-35-012-2014-00278-
01, promovido por la señora Adela Beatriz Martínez Mestre contra la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de
la Protección Social (UGPP), por las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.
SEGUNDO: Sin condena en costas.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el expediente, previas
las constancias del caso.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fec
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
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Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
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Firmado electrónicamente
ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del
Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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