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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2021-00652-00

Fecha
6 de marzo de 2025
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2021-00652-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la señora Ligia Astrid Agredo Acevedo en contra de la sentencia del veinticuatro (24) de septiembre de dos mil veinte (2020), proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, que confirmó la sentencia proferida el diez (10) de noviembre de dos mil diecisiete (2017) por el Juzgado Quinto Administrativo de Bucaramanga que negó las pretensiones dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Segundo. CONDENAR en costas a la señora Ligia Astrid Agredo Acevedo en favor de la CNSC, del Departamento de Santander y de la Contraloría General de Santander, las cuales se liquidarán por Secretaría. Tercero. Para la fijación de las agencias de derecho, por Secretaría INGRESAR el expediente al despacho del magistrado ponente para lo de su competencia. Quinto. Ejecutoriada esta providencia, HÁGANSE las anotaciones pertinentes en el sistema informático SAMAI. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2021-00652-00

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

6 de marzo de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D.C., seis (6) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
Radicación: 11001-03-25-000-2021-00652-00 (3251-2021)
Demandante: Ligia Astrid Agredo Acevedo
Demandados: Departamento de Santander- Contraloría General de Santander
y otros

Tema: Causal 5.° del artículo 250 del CPACA. Solicitud de suspensión
del proceso por prejudicialidad. Ausencia de nulidad en la
sentencia que puso fin a la instancia. DECLARA INFUNDADO.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide el recurso extraordinario de revisión que interpuso1 la señora Ligia
Astrid Agredo Acevedo contra la sentencia del veinticuatro (24) de septiembre de
dos mil veinte (2020), proferida por el Tribunal Administrativo de Santander2, para
lo cual invocó la causal contenida en el numeral 5, que permite la revisión de
providencias judiciales ejecutoriadas por «[e]xistir nulidad originada en la sentencia
que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación».

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

Que la Asamblea Departamental de Santander emitió la Ordenanza 123 del 4 de
octubre de 2013, otorgando facultades temporales al Contralor General de
Santander para modificar la estructura organizacional, el manual de funciones y
procedimientos, y la escala salarial de la Contraloría; acto administrativo que fue
declarado nulo a través del medio de control de simple nulidad por esta Corporación
en sentencia del 26 de noviembre de 2015.

Que, con base en estas facultades, el Contralor General de Santander expidió las
Resoluciones 000813 y 000814 del 7 de octubre de 2013, modificando la estructura
y el manual de funciones de la entidad.

Que la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) convocó a concurso de méritos
mediante el Acuerdo 458 del 2 de octubre de 2013. Sin embargo, debido a las

1 La presentación del recurso se efectuó el 3 de octubre de 2021, de acuerdo con la anotación efectuada por la

Secretaría de la Sección Segunda de esta Corporación que reposa en el índice 00003 de SAMAI.
2 Decisión que confirmó la sentencia proferida el 10 de noviembre de 2017 por el Juzgado Quinto Administrativo

de Bucaramanga que negó las pretensiones dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

Radicado: 11001-03-25-000-2021-00652-00 (3251-2021)

modificaciones realizadas en el manual de funciones, la CNSC ajustó la
convocatoria con el Acuerdo 496 del 25 de octubre de 2013.

Que mediante la Resolución 223 del 14 de abril de 2008, la Contraloría General de
Santander nombró provisionalmente a la señora Ligia Astrid Acevedo Agredo en el
cargo de Profesional Especializado, Código 222, Grado 03, en virtud del Decreto
1227 de 2005 que permite provisiones temporales en caso de vacancias.

Que fue declarada insubsistente mediante la Resolución 000366 del 12 de mayo de
2015, aunque su desvinculación efectiva ocurrió el 1.° de junio de 2015 con la
posesión de Mónica Gysel Annicchiarico Contreras, quien obtuvo el primer puesto
para dicho cargo en el concurso de méritos de la Convocatoria 281 de 2013.

Que, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, la
señora Acevedo Agredo presentó demanda contra el Departamento de Santander
y la Contraloría General de Santander, solicitando la inaplicación por
inconstitucionalidad de la Ordenanza 123 de 2013, las Resoluciones 000813 y
000814 de 2013 del Contralor de Santander, y el Acuerdo 458 de 2013, que modificó
el Acuerdo 496 de la CNSC. Asimismo, pidió la nulidad de la Resolución 000366 del
12 de mayo de 2015, en lo que respecta a la declaratoria de insubsistencia de su
nombramiento.

Que, como restablecimiento del derecho, solicitó: i) su reintegro al cargo o a otro de
igual o mayor jerarquía, con el pago de salarios y derechos laborales dejados de
percibir, además de una indemnización por perjuicios inmateriales, estimados en 50
SMLMV por daño moral y 50 SMLMV por vulneración de derechos fundamentales y
ii) la condena en costas y agencias en derecho.

Que el Juzgado Quinto Administrativo de Bucaramanga, en sentencia del 10 de
noviembre de 2017, negó las pretensiones; decisión fue confirmada por el Tribunal
Administrativo de Santander mediante sentencia del 24 de septiembre de 2020, al
desatar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante.

Que, el 1.° de noviembre de 2019, previa emisión del fallo de segunda instancia, la
parte demandante solicitó la suspensión del proceso por prejudicialidad e insistió en
la necesidad de realizar un control de constitucionalidad y legalidad, solicitud que,
según la recurrente, no fue tenida en cuenta.

SENTENCIA OBJETO DE REVISIÓN

En providencia del 24 de septiembre de 2020, el Tribunal Administrativo de
Santander confirmó la decisión de primera instancia en tanto no había lugar a la
declaración de nulidad del acto que declaró la insubsistencia, ya que no se
comprobó falsa motivación ni la falta de competencia alegada.

Para sustentar su decisión, el Tribunal expuso los siguientes argumentos:

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Radicado: 11001-03-25-000-2021-00652-00 (3251-2021)

Que no había lugar a declarar la excepción de inconstitucionalidad ni la nulidad del
acto administrativo que declaró la insubsistencia de la demandante pues, aunque la
Ordenanza 123 de 2013 fue declarada nula y las Resoluciones 813 y 814 de 2013
fueron suspendidas provisionalmente, estos actos fueron retirados del
ordenamiento con efectos hacia el futuro y no fueron el fundamento del acto
acusado (Resolución 375 de 2015). Por el contrario, este se basó en el artículo 25
de la Constitución y en la Ley 909 de 2004.

Que no se advierte la contradicción manifiesta de los Acuerdos 458 y 496 de 2013
proferidos por la CNSC con la norma constitucional que amerite la aplicación de la
excepción de inconstitucionalidad, máxime si se tiene en cuenta la protección de los
derechos de carrera establecidos en el ordenamiento jurídico.

Que no se probó una discrepancia entre la realidad fáctica y la situación jurídica que
permita configurar el cargo de falsa motivación del acto administrativo demandado.
Esto se debe a que la declaratoria de insubsistencia de la demandante fue
consecuencia del nombramiento en periodo de prueba de una persona que accedió
al cargo mediante un proceso de selección basado en el principio de meritocracia.
En consecuencia, la demandante, quien ocupaba el cargo de provisionalidad, debió
ser retirada del mismo, dado que su situación no generaba derechos de estabilidad
laboral frente a la provisión del cargo en propiedad mediante concurso de méritos.

Que el diagnóstico de enfermedad catastrófica de la demandante respecto del cual
se alegó la protección derivada del fuero de salud se produjo en diciembre de 2015.
Sin embargo, la declaratoria de insubsistencia tuvo lugar en mayo de 2015 y la
nueva funcionaria se posesionó en junio del mismo año. En consecuencia, al
momento de la expedición del acto administrativo, no existía prueba alguna sobre
su condición de salud, lo que impide configurar la estabilidad laboral reforzada por
razones de salud.

Que, aunque la demandante pertenecía al sindicato SUNET, la entidad realizó una
ponderación entre su situación y los derechos de la persona que ganó el concurso,
decidiendo proteger los derechos de esta última, dado que había superado todas
las etapas del concurso de méritos para acceder al cargo en el que finalmente fue
nombrada en periodo de prueba. Además, la demandante no demostró haber
acudido a la jurisdicción laboral para la protección de su fuero sindical, lo que
justificaba desestimar esta alegación.

Que en virtud del efecto ex nunc que caracteriza las sentencias de nulidad
proferidas por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, la declaratoria de
nulidad de la Ordenanza 123 de 2013 y la suspensión de las Resoluciones 813 y
814 no afectaban la validez de la Resolución 375 de 2015, ello en tanto los Acuerdos
458 y 496 de 2013 no han sido objeto de debate judicial, por lo que mantienen su
presunción de legalidad. En consecuencia, la lista de elegibles derivada del
concurso de méritos debía respetarse, dado que la persona nombrada en período
de prueba ostentaba un derecho consolidado y no una mera expectativa.

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Radicado: 11001-03-25-000-2021-00652-00 (3251-2021)

Que, en cuanto al argumento de la demandante, según el cual el cargo para el que
se abrió el concurso de méritos y en el que se nombró en período de prueba a la
señora Mónica Gysel Annicchiarico no corresponde al mismo que ella ocupaba,
carece de sustento jurídico y fáctico suficiente para desvirtuar la presunción de
legalidad de los actos administrativos que dieron trámite al concurso de méritos. La
designación de la nueva funcionaria se realizó conforme a la normativa aplicable y
con base en un proceso de selección basado en el mérito, por lo que la presunta
diferencia entre los cargos no constituye un argumento válido para cuestionar la
validez del procedimiento.

RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

La señora Ligia Astrid Agredo Acevedo, en ejercicio del mecanismo establecido en
el artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, presentó recurso extraordinario de revisión
al considerar que la sentencia está incursa en la causal 5 de la citada legislación.

Se solicita la invalidez de la sentencia impugnada y que se disponga su emisión
nuevamente, únicamente después de que se haya decretado la suspensión del
proceso por prejudicialidad y esta causal haya sido superada en relación con los
procesos de simple nulidad identificados con los radicados exp. 68001-23-33-000-
2014-001004-03 de la Sección Primera y exp. 11001-03-25-000-2016-00822-00 de
la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado.

Para sustentar el recurso, expresó:

Que el Tribunal de Santander dictó la sentencia de segunda instancia a pesar de
que existía una causal legal de suspensión del proceso según los artículos 161 y
162 del Código General del Proceso (CGP), y se había solicitado su aplicación
(causal 2 del artículo 133 CGP) mediante memorial presentado el 1.° de noviembre
de 2019 que no fue considerado.

Que la omisión de resolver expresamente esta solicitud vulneró el derecho al debido
proceso, ya que impidió la contradicción y la garantía de una instancia en la que se
debatiera su procedencia. Esto contraviene el artículo 29 de la Constitución Política,
pues se privó a la demandante de su derecho a ser oída y vencida en juicio con la
plenitud de las formas procesales.

Que, además, ante la ausencia de pronunciamiento sobre la solicitud, el fallo
adolece del vicio de falta de motivación que da lugar a la configuración la causal 5ª
de revisión conforme a la jurisprudencia (Corte Constitucional, Sentencia T-259/00
y Sala de Casación Civil).

La suspensión del proceso se solicitó debido a la existencia de dos procesos en
curso ante el Consejo de Estado, los cuales inciden directamente en la decisión de
este caso. En ese sentido, la parte recurrente identificó los siguientes:

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Radicado: 11001-03-25-000-2021-00652-00 (3251-2021)

• Proceso con radicado núm. 68001-23-33-000-2014-01004-03, que se
adelanta ante la Sección 1ª del Consejo de Estado, donde se definirá la
nulidad de las Resoluciones 813 y 814 de 2013, que modificaron la estructura
de la Contraloría General de Santander y derivaron en el nombramiento cuya
legalidad se cuestiona en este proceso.
• Proceso con radicado núm 11001-03-25-000-2016-00822-00, que se está
tramitando en la Sección 2ª Subsección A del Consejo de Estado, en el que
se resolverá la nulidad de los Acuerdos 458 y 496 de 2013 de la CNSC, los
cuales sustentaron el acto acusado en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho.

Que la suspensión procedía en términos y por razones similares a la decretada por
el propio Consejo de Estado en el proceso identificado con radicado núm. 11001-
03-25-000-2016-00822-00, en relación con el proceso núm. 68001-23-33-000-2014-
01004-03.

Que estos procesos son determinantes, ya que aún no han generado situaciones
jurídicas consolidadas y la decisión en este juicio depende de su resultado. En
consecuencia, la suspensión era obligatoria para evitar contradicciones y garantizar
la aplicación de un control de constitucionalidad adecuado.

Que a pesar de que se adjuntaron pruebas de la existencia y estado de estos
procesos e incluso se pidió que, si eran insuficientes, se solicitara certificación a las
respectivas Secretarías del Consejo de Estado, no se resolvió sobre la suspensión,
en contravía del derecho fundamental al debido proceso.

Que, aun así, el 24 de septiembre de 2020 se profirió la sentencia de segunda
instancia sin considerar la solicitud de suspensión ni la existencia de los procesos
mencionados, lo que influyó en la conclusión 2.3 de la sentencia impugnada, cuando
la decisión de este caso depende del fallo sobre la legalidad de los Acuerdos 458 y
496 de 2013, que siguen en discusión judicial.
Que la suspensión del proceso por prejudicialidad no es discrecional, sino
obligatoria cuando se cumplen sus requisitos, como lo prevé el CGP en sus artículos
161 y 162. Además, la jurisprudencia constitucional ha establecido que su omisión
puede constituir una vía de hecho, para lo cual hizo alusión a la Sentencia SU-478
de 1997.

Que el desconocimiento de esta solicitud de suspensión no solo configura la causal
tercera de nulidad del artículo 133 del CGP, sino que también contraviene principios
fundamentales del debido proceso, como la motivación de las decisiones judiciales.
La Corte Constitucional ha reconocido que la falta de motivación puede dar lugar a
nulidad (Sentencia T-330 de 2018 y SU-635 de 2015).

Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece el derecho al
debido proceso en su artículo 8, junto con garantías adicionales en los artículos 7,
9, 10, 24, 25 y 27, siendo su desconocimiento una de las causas más frecuentes de
responsabilidad internacional de los Estados.

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Que el debido proceso es esencial para garantizar decisiones justas y evitar
arbitrariedades. En este caso, al omitirse la resolución expresa sobre la suspensión
del proceso y al dictarse sentencia sin considerar la prejudicialidad, se violó este
derecho, dejando sin respuesta la solicitud de la demandante y restringiendo su
derecho de contradicción.

Contestación al recurso extraordinario de revisión3

La CNSC4 se opuso a la revisión argumentando que no se configura la nulidad
procesal del artículo 133 del CGP, ya que la suspensión por prejudicialidad no era
procedente en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que dio origen
a este trámite.

Que los procesos judiciales enunciados por la parte recurrente no inciden ni afectan
la validez de la Resolución 366 del 12 de mayo de 2015. Incluso si las Resoluciones
813 y 814 de 2013 y los Acuerdos 458 y 496 de 2013 fueran anulados, sus efectos
serían ex nunc (hacia el futuro), sin impacto retroactivo.

El Departamento de Santander5 también se opuso a la revisión, señalando que la
parte demandante no demostró los requisitos de la causal 5ª del artículo 250 del
CPACA. Además, enfatizó que la solicitud de suspensión no implica
automáticamente la declaración de prejudicialidad, ya que ello atentaría contra la
independencia judicial.

Que tampoco se vulneró el derecho a un recurso judicial efectivo, pues la
demandante no solicitó la suspensión en primera instancia ni interpuso recurso
contra el auto que ordenó alegar en segunda instancia. Si hubiera existido una
nulidad, esta quedó saneada conforme al artículo 136 del CGP.

Que la alegada nulidad por no haberse emitido un auto separado sobre la
suspensión por prejudicialidad no es válida, ya que la solicitud fue presentada antes
de la sentencia y no afecta directamente su contenido.

Por su parte, la Contraloría General de Santander6 solicitó negar el recurso y
mantener la sentencia del Tribunal Administrativo de Santander, pues no se
cumplen los requisitos del numeral 5 del artículo 250 del CPACA, en tanto, la
prejudicialidad alegada fue resuelta en contra después de la etapa de alegatos
finales, sin que el recurrente pidiera aclaración o adición de la sentencia. Esto
implica que las supuestas irregularidades fueron convalidadas y no pueden alegarse
como causal de nulidad bajo el artículo 29 de la Constitución.

Que la recurrente no expuso la causal de nulidad con la especificidad requerida,
dejando la carga argumentativa al operador judicial. En cuanto a la causal 3 del

3 Las entidades demandadas fueron notificadas del auto admisorio del recurso de revisión el día 21 de junio de

2022. Véase índice 00012 de SAMAI.
4 Véase índice 00017 de SAMAI.
5 Véase índice 00019 de SAMAI.
6 Véase índice 00020 de SAMAI.

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artículo 133 del CGP, señaló no existía una suspensión obligatoria de la acción
judicial y que, según el artículo 161 del CGP, el juez tenía la facultad de determinar
si había incidencia suficiente para suspender o no el proceso.

Concepto del Ministerio Público

La Procuraduría Segunda Delegada ante el Consejo de Estado guardó silencio en
esta oportunidad.

Se procederá a resolver el asunto previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

Corresponde a la Sala determinar si procede la revisión de la sentencia emitida el
24 de septiembre de 2020 por el Tribunal Administrativo de Santander, con base en
la causal invocada por el recurrente, la cual establece: «5. Existir nulidad originada
en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de
apelación».

Para el efecto, la Sala hará referencia a: i) las generalidades del recurso
extraordinario de revisión, ii) la causal de revisión invocada, y iii) el caso concreto.

Generalidades del recurso extraordinario de revisión

El recurso extraordinario de revisión es un mecanismo procesal de control de las
decisiones que han hecho tránsito a cosa juzgada. En términos de artículo 248 del
CPACA:

«Artículo 248. El recurso extraordinario de revisión procede contra las
sentencias ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la
Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por los
Tribunales Administrativos y por los jueces administrativos».

El objetivo principal de esta vía extraordinaria es invalidar los efectos legales de una
sentencia ya ejecutoriada7. De acuerdo con las causales establecidas en el artículo
250 del CPACA, busca restaurar el principio de justicia material y la supremacía de
las garantías procesales cuando se constate que la decisión estuvo afectada por
alguno de los siguientes eventos:

i) Aparición de circunstancias desconocidas al momento de dictar el fallo, las cuales,
de haber sido conocidas, habrían llevado a una sentencia diferente, como la aparición
de documentos esenciales que no pudieron ser aportados por fuerza mayor o caso
fortuito, la existencia de un tercero con mejor derecho que el beneficiado con la
sentencia cuestionada o la desaparición, al momento del reconocimiento, de las
razones que justificaban que se hubiera decretado la prestación periódica.

7 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda, Subsección A. 15 de marzo de

2018. Exp. 1001-03-25-000-2014-00862-00 (2668-2014).

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ii) Descubrimiento de hechos delictivos o fraudulentos que fueron determinantes en la
adopción de la sentencia que se pretende anular, como el hallazgo de documentos
falsos o adulterados, peritajes fraudulentos, o la ocultación de documentos relevantes
por alguna de las partes. Esto incluye también la posible influencia de cohecho o
violencia en la emisión del fallo.

iii) Existencia de nulidades originadas en la sentencia que puso fin al proceso y que
no podían ser objeto de recurso de apelación.

iv) Contradicciones de la sentencia con otra anterior que constituya cosa juzgada 8.

Si bien la revisión constituye una vía impugnativa que afecta el principio de la
inmutabilidad de las sentencias ejecutoriadas y, por ende, constituye una excepción
al principio de la cosa juzgada, ello no implica que sea un mecanismo que habilite una
tercera instancia para discutir los problemas jurídicos debatidos en sede ordinaria,
para plantear nuevas interpretaciones del litigio, para corregir los yerros probatorios
que cometieron las partes ni para subsanar aquellas situaciones que pudieron evitarse
durante la gestión del proceso que dio origen a la sentencia objeto de revisión.

En efecto, para que el juez pueda entrar a examinar la controversia materia del
recurso, es necesario que la causal invocada por la recurrente se encuentre
debidamente acreditada, pues como lo ha establecido la Sala Plena de esta
Corporación este mecanismo extraordinario procede por especiales circunstancias
consagradas taxativamente en la ley9.

Causal quinta de revisión: Nulidad en la sentencia

El numeral 5 del artículo 250 del CPACA dispone que es causal de revisión el hecho
de que exista «[…] nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra
la que no procede recurso de apelación […]». En ese sentido, la norma se limitó a
establecer como requisito de esta causal que se configure una nulidad en la
sentencia, pero no definió las causales, por tanto, le correspondió a la jurisprudencia
llenar dicha causal de contenido, en atención a las múltiples interpretaciones que
se generaban alrededor de la misma.

Según la posición actual del Consejo de Estado, la nulidad predicable de una
sentencia de instancia se estructura por: (i) la ocurrencia de alguna de las hipótesis
taxativamente reguladas por el artículo 133 del Código General del Proceso (CGP);
o (ii) la existencia de irregularidades insaneables que afecten sustancialmente el
derecho al debido proceso, al punto que, de no haber ocurrido, la decisión habría
sido diferente.

8 De acuerdo con la clasificación presentada en Garzón Martínez, Juan Carlos (2021). Proceso contencioso

administrativo. Fase escrita – Fase oral. 2° Edición. Grupo editorial Ibañez (2° Ed. pp. 612-613)
9 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 21 de octubre de 1993. Exp.

REV 040.

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Fuera de los supuestos del artículo 133 del CGP, no toda anomalía en una sentencia
puede desvirtuar sus efectos de cosa juzgada. A modo enunciativo, la jurisprudencia
ha señalado que esto ocurre en situaciones como:

«(i) es inhibitorio; (ii) se profiere sin motivación alguna; (iii) transgrede el
principio de la non reformatio in pejus; (iv) condena a un tercero que no ha sido
vinculado como parte al proceso; (v) se pronuncia sobre aspectos que no le
corresponden, esto es, sin competencia o jurisdicción, según el caso; (vi) se
profiere en un proceso que había terminado por desistimiento, transacción o
perención; (v) no cuenta con el número de votos requerido para su aprobación
y (vi) desconoce el principio de congruencia bien sea por una condena extra,
ultra o infra petita»10.

La Sala Plena del Consejo de Estado, en providencias como la del 31 de mayo de
201111 ha identificado otros eventos en los que se configura la nulidad en la
sentencia, tales como:

«[…] i) falta de jurisdicción o competencia, ii) cuando se dicta nueva sentencia
en proceso terminado normalmente por sentencia firme, iii) cuando sin más
actuación se dicta sentencia después de ejecutoriado el auto por el cual hubiera
sido aceptado el desistimiento, aprobada la transacción o declarada la
perención del proceso, iv) cuando se dicta sentencia como única actuación, sin
el previo trámite correspondiente, v) cuando se condena al demandado por
cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda o por causa
diferente de la invocada en ésta, vi) cuando se condena a quien no ha sido parte
en el proceso, vii) o cuando, sin más actuación, se profiere sentencia después
de ocurrida cualquiera de las causas legales de interrupción o de suspensión o,
en estos casos, antes de la oportunidad debida, viii) cuando la sentencia
aparece firmada con mayor o menor número de magistrados, o adoptada con
un número de votos diverso al previsto en la ley, ix) cuando la providencia
carece completamente de motivación».

Igualmente, junto a este criterio se ha aceptado también que la vulneración del
derecho al debido proceso constituye una variable de la causal establecida en el
numeral 5 antes mencionado, al indicar que:

«(…) la violación al debido proceso constitucional en la sentencia puede ser
causal de revisión. En este último evento, corresponderá al juez determinar si
el hecho que se dice contrario a este derecho, puede configurar la causal de
revisión en comento12».

Finalmente, es preciso resaltar que la nulidad se desprenda directamente de la
sentencia objeto del recurso extraordinario, es decir, que el vicio se estructure en el
momento procesal en que se dicta la decisión judicial. Si la nulidad proviene de una
situación anterior no oportunamente alegada, la regla general será su saneamiento. Sin
embargo, la jurisprudencia ha aceptado como nulidad originada en la sentencia aquella
que, aunque se presenta antes de la emisión del fallo, no pudo ser advertida por el

10 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión 19, Sentencia del 16 de

marzo de 2022, Exp. 11001-03-15-000-2021-00921-00 (1558). C.P. William Hernández Gómez.
11 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Exp. 11001-03-15-000-2008-00294-00. C.P.

Mauricio Torres Cuervo.
12 Consejo de Estado. Sala Especial núm. 26. Sentencia del 16 de enero de 2017. Exp. 11001-03-15-000-2011-

01639-00. C.P. Enrique Gil Botero.

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afectado, quien tiene la carga procesal de demostrar esta circunstancia13.

Suspensión del proceso por prejudicialidad

La prejudicialidad es un fenómeno procesal que se presenta en aquellos casos en que
la decisión de fondo que debe dictarse en un proceso judicial se encuentra
condicionada inescindiblemente a lo que se resuelva en otro de la misma naturaleza.
Esta situación amerita la suspensión del primero de ellos hasta que el proceso al que
se le atribuye una incidencia directa sea desatado, en definitiva.

Dado que el CPACA no reguló esta figura procesal, por remisión de su artículo 267,
resulta aplicable el CGP, que en el artículo 161, prevé la suspensión por
prejudicialidad en los siguientes términos:

«ARTÍCULO 161. El juez, a solicitud de parte, formulada antes de la sentencia,
decretará la suspensión del proceso en los siguientes casos:

1. Cuando la sentencia que deba dictarse dependa necesariamente de lo que
se decida en otro proceso judicial que verse sobre cuestión que sea imposible
de ventilar en aquel como excepción o mediante demanda de reconvención. El
proceso ejecutivo no se suspenderá porque exista un proceso declarativo
iniciado antes o después de aquel, que verse sobre la validez o la autenticidad
del título ejecutivo, si en este es procedente alegar los mismos hechos como
excepción.

(…)

PARÁGRAFO. Si la suspensión recae solamente sobre uno de los procesos
acumulados, aquel será excluido de la acumulación para continuar el trámite de
los demás».

Ahora, en cuanto a los requisitos de esta, el artículo 162 ibídem consagra:

«ARTÍCULO 162. Corresponderá al juez que conoce del proceso resolver sobre
la procedencia de la suspensión.

La suspensión a que se refiere el numeral 1 del artículo precedente solo se
decretará mediante la prueba de la existencia del proceso que la determina y
una vez que el proceso que debe suspenderse se encuentre en estado de dictar
sentencia de segunda o de única instancia.

La suspensión del proceso producirá los mismos efectos de la interrupción a
partir de la ejecutoria del auto que la decrete.

El curso de los incidentes no se afectará si la suspensión recae únicamente
sobre el trámite principal».

Se concluye también, que al momento de presentarse la solicitud se deberá
demostrar la existencia del proceso que determina la misma.

13 Al respecto pueden consultarse las sentencias proferidas por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el

3 de diciembre de 2019 (Sala Tercera Especial de Decisión; Exp. 11001-03-15-000-2018-01235-00) y el 3 de
diciembre de 2019 (Sala Séptima Especial de Decisión, Exp. 11001-03-15-000-2012-00643-00).

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Según lo expuesto, se procede a resolver la controversia a la luz de dichos
parámetros.

Caso concreto

La recurrente sostiene que se configura la causal de revisión invocada dado que el
Tribunal Administrativo de Santander omitió resolver la solicitud presentada tras la
presentación de los alegatos de conclusión en segunda instancia, consistente en la
suspensión del proceso por prejudicialidad. Esto, debido a que ante el Consejo de
Estado se encontraba en curso un proceso de simple nulidad contra las
Resoluciones 813 y 814 de 2013, así como otro contra los Acuerdos 458 y 496 del
mismo año.
Sostuvo que esta situación dio paso a que se estructurara la causal de nulidad de
que prevista en el numeral 3 del artículo 133 del CGP.

En tal orden de ideas, debe señalarse que para la configuración del vicio que invalide
la decisión tal y como lo ordena el supuesto de hecho de la norma que consagra la
figura de la suspensión, no basta que una de las partes solicite la suspensión del
proceso, por considerar que su resolución pende de otro litigio, también es necesario
que el funcionario de conocimiento acepte dicha solicitud y decrete la suspensión.

De allí que no basta la solicitud de suspensión por prejudicialidad para que se
configure el vicio de nulidad, porque ello implicaría trasladar a las partes una función
propia del juez, como es determinar si se configura la causal de suspensión del pleito,
lo que, impediría el normal adelantamiento de los asuntos que ponen en
conocimiento de la jurisdicción, pues quedaría sometido únicamente a la radicación
de las solicitudes en tal sentido.

En este contexto, se tiene que efectivamente la señora Ligia Agredo radicó, el 1.°
de noviembre de 201914, ante el Tribunal Administrativo de Santander, una solicitud
de suspensión del proceso por prejudicialidad, debido a los siguientes procesos que
se encontraban en trámite ante esta Corporación:

«1) Del proceso Rad.: 68001233300020140100403 en trámite ante el Consejo
de Estado, Sección 1a, en que va a resolverse, en segunda instancia, sobre la
ya decretada nulidad de las Res.813 y 814/13 (por medio de las cuales "Se
estableció nueva estructura orgánica de la Contraloría General de Santander" y
"Se modifica el Manual de Funciones y Competencias laborales de la
Contraloría General de Santander") que determinaron la OPEC 205539 del
concurso con ocasión del cual se hizo el nombramiento que acarreó la
desvinculación de la actora, expedidas con base en la ahora anulada y primero
suspendida Ordenanza 123 de 2013 (se adjunta constancia de la suspensión y
nulidad declaradas en el proceso radicado 68001233300020130099300; y

2) Del proceso en trámite ante el Consejo de Estado, Sección 2a-A, con Rad.
11001032500020160082200 en que va a resolverse en única instancia al
pretensión de nulidad de los Acuerdos 458 y 496/13 de la CNSC (Convocatoria
281 de 2013, concurso con ocasión del cual se expidió el acto acusado)

14 Véase página 161 y siguientes del archive digital denominado “07TramiteSegundaInstanciaSinFallo.pdf”,
índice 00018 de SAMAI.

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basadas las ya referidas Res. 813 y 814/13 que a su vez se expidieron con base
en Ordenanza 123/13 (suspendida desde enero 27/14 y cuya nulidad ya está
en firme)».

En efecto, se evidencia que dicha solicitud fue radicada con posterioridad al término
otorgado para la presentación de alegatos de conclusión, el cual finalizó mediante
auto del 28 de noviembre de 2018 y que el despacho judicial que adelantó el proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho no emitió providencia alguna resolviendo
dicha solicitud antes del fallo. Sin embargo, aunque esta circunstancia pueda
resultar reprochable, no configura una nulidad sobre la decisión definitiva, dado que
esta no dependía de lo resuelto por el Consejo de Estado en sede de nulidad simple
como se explicará. Además, no cualquier irregularidad en la sentencia tiene el efecto
de desvirtuar la cosa juzgada.

Es importante destacar que el juicio de validez entre el proceso de nulidad simple y
el de nulidad y restablecimiento del derecho recae sobre actos administrativos
distintos. Asimismo, los eventuales efectos de las decisiones en los procesos de
nulidad simple no podían extenderse al acto administrativo que declaró
insubsistente a la demandante, ya que este no fue objeto de debate en ninguno de
dichos procesos. Por lo tanto, no existe una relación clara, conexa e inescindible
que justifique la aplicación del artículo 161 del CGP.

Además, la nulidad de un acto administrativo tiene efectos ex tunc, sin afectar
situaciones jurídicas consolidadas como lo es, en este caso, la señora Mónica Gysel
Annicchiarico Contreras que ocupó el primer puesto en la lista del concurso abierto
de méritos para proveer la vacante definitiva que se encontraba ocupando como
provisional la señora Agredo Acevedo. En consecuencia, aun cuando se declarara
la nulidad de los actos administrativos demandados mediante la acción de simple
nulidad, ello no podría modificar las situaciones jurídicas ya consolidadas. Esta
lógica resulta aplicable también al proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho, por lo que no era necesario esperar una decisión sobre los procesos
invocados para resolver el litigio en cuestión.

En ese sentido, la presunción de validez del acto que declaró insubsistente a la
demandante no había sido objeto de cuestionamiento en otro proceso diferente al
que es hoy objeto de pronunciamiento. Por ello, no puede presumirse que la
eventual nulidad de los actos de convocatoria o de aquellos que modificaron el
manual de funciones de la entidad donde laboraba implique, por sí sola, un juicio de
validez sobre dicho acto.

Por otro lado, dado que el proceso identificado con el radicado núm. 11001-03-25-
000-2016-00822-00 (3843-2016) – con base en el cual se presentó la mentada
solicitud – ya fue resuelto, negando la nulidad de los Acuerdos 458 y 496 de 2013,
se confirma que la suspensión del proceso por prejudicialidad no habría alterado la
decisión adoptada en este caso. En efecto, esta Subsección, mediante sentencia
del 26 de septiembre de 2024, concluyó lo siguiente:

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«Si bien con base en esta ordenanza se expidieron los manuales de funciones
y competencias laborales de la mencionada Contraloría que son de suma
relevancia para las convocatorias de carrera administrativa, ya que a partir de
ellos se estructura la OPEC y las pruebas del concurso, su objeto no se agota
allí, pues estos también sirven de parámetro para otras formas de provisión de
los empleos y, en general, para el cumplimiento de las funciones de cualquier
empleado público, tal y como lo consagra el artículo 122 de la Constitución.

En lo que respecta al reporte de la Oferta Pública de Empleo [OPEC], se
observa que el acuerdo de convocatoria se ajustó a lo reportado por la entidad,
pues en ninguna de las normas anteriormente citadas se consagra como
función o deber de la Comisión Nacional del Servicio Civil controlar o corroborar
la rectitud y veracidad de la información registrada en la OPEC o en el MEFCL
[Manual de Funciones y Competencias Laborales] que reporta el ente territorial,
por el contrario, la Ley 909 de 2004 y el Decreto 1227 de 2005 (vigentes para
ese momento) señalan que dicho reporte debe realizarlo la entidad beneficiaria.
[…]

De esta forma, no se advierte la nulidad del acuerdo reglamentario de la
convocatoria, en la medida en que los cargos ofertados dentro del proceso de
selección fueron los registrados por la Contraloría General de Santander en el
Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad dispuesto para
ello.

[…]
Por ende, la nulidad de la ordenanza tantas veces mencionada no se erige como
requisito indispensable para la existencia y validez del acto administrativo que
incorpora la convocatoria a concurso de méritos, por cuanto no tiene poder
suficiente para alterar su legalidad, siendo un elemento para ser tenido en
cuenta al momento de examinar su eficacia, por tanto, la CNSC tenía la
competencia para expedir los acuerdos demandados.

[…]
En todo caso, y dado el recurso de apelación que cursa en la Sección Primera
del Consejo de Estado con radicado: 68001233300020140100402, en la cual
se demandaron y declararon nulas en primera instancia las Resoluciones 813 y
814 de 201350, no tienen la capacidad de enervar la nulidad de los actos
demandados en el presente asunto, pues esta Subsección en reciente
sentencia, ha señalado que los acuerdos o decretos que contienen los
manuales de funciones y competencias laborales de los entes territoriales no
conforman un acto complejo con los actos administrativos que contienen las
normas de las convocatorias públicas para los concursos de méritos de los
empleos de carrera de los respectivos municipios»

Se recuerda que la figura de la prejudicialidad exige que exista una relación directa
e inescindible entre el proceso en curso y aquel cuya decisión se espera, de tal
manera que la resolución de este último sea determinante para la solución del
primero. Sin embargo, en este caso, no se configuró dicha relación indispensable,
dado que el juicio de nulidad simple recaía sobre actos administrativos distintos a
aquellos cuestionados en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
Además, el análisis realizado por esta Subsección en dicha ocasión confirma
también que la eventual nulidad de las Resoluciones 813 y 814 de 2013, así como
de los Acuerdos 458 y 496 de 2013, no incidía de manera automática en la legalidad
del acto administrativo que declaró insubsistente a la demandante.

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Ahora, la ausencia de pronunciamiento expreso sobre la solicitud de suspensión del
proceso por prejudicialidad no configura, por sí sola, el vicio de falta de motivación
en la sentencia como lo aduce la recurrente. La motivación de un fallo debe
analizarse en su conjunto, considerando si este contiene una fundamentación
suficiente que permita comprender las razones en que se basó la decisión.

Sobre el particular esta Corporación en sentencia proferida el 20 de octubre de
200915, respecto de la falta de motivación de la sentencia como causal de nulidad,
sostuvo lo siguiente:

«En relación con la nulidad originada en la sentencia por ausencia de
motivación, también la jurisprudencia de esta Corporación ha diferenciado la
falta absoluta de motivación de la deficiente o errada y, señala que únicamente
la carencia total de pronunciamiento del juez sobre las razones de hecho
o de derecho que le permiten arribar a una decisión, es motivo de revisión
bajo la causal sexta [hoy causal 5 del artículo 250 del CPACA “existir
nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que
no procede recurso de apelación”; que es improcedente con fundamento
en dicha causal alegar situaciones relacionadas con deficiencias en la
motivación, con la estimación errada de los hechos por parte del juez, con las
pruebas o las normas jurídicas aplicadas, con la falta de consideración de
alguna de las pruebas etc, porque de admitir tales reclamaciones se
desconocería, abiertamente, el carácter extraordinario del recurso,
convirtiéndolo en otra instancia» (Negrillas de énfasis).

En el presente caso, la sentencia analizó los elementos relevantes del litigio y emitió
una decisión debidamente estructurada, lo que impide considerar que la omisión de
un pronunciamiento expreso sobre la solicitud de suspensión afecte su validez, tanto
así que el fallo abordó explícitamente los supuestos similares a los que motivaron
la petición de suspensión del proceso, en los siguientes términos:

«2.3. De acuerdo al marco normativo antecedido, referente al efecto ex nunc
del cual gozan las Sentencias de nulidad proferidas por esta Jurisdicción, debe
aclarar la Sala que si bien la Ordenanza 123 de 2013 fue declarada nula y las
Resoluciones 813 y 814 suspendidas provisionalmente; esto no quiere decir que
la Resolución 375 del 12 de mayo de 2015 este afectada por dichas decisiones
judiciales, toda vez como lo manifestó el a quo, los Acuerdos 458 del 2 de
octubre y 496 modificatorio del 25 de octubre de 2013, no han sido objeto de
debate ante el Juez natural, por lo que de acuerdo a la reiterada postura del H.
Consejo de Estado, dichos actos administrativos gozan de plena legalidad,
creando situaciones consolidadas que deben ser respetadas, como quieran que
nacieron a la vida jurídica bajo la presunción de legalidad establecida por el
ordenamiento jurídico, por lo cual se debe respetar la lista de elegibles que nació
de dicho concurso de méritos que dio como resultado el nombramiento en
periodo de prueba de la señora ANNICHIARICO CONTRERAS, quien no
contaba con una simple expectativa laboral, sino que se le creó la confianza
jurídica de acceder al cargo, al cual se hizo merecedora después de un proceso
de selección, dentro del cual ocupo el segundo puesto en la lista de elegibles».

Es preciso recordar que el hecho de que la interpretación efectuada por el juez sea
distinta a la de la demandante no implica, por sí mismo, una vulneración al debido

15 Citada en Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A.

Sentencia del 26 de agosto de 2021. C.P. William Hernández Gómez.

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proceso ni configura falta de motivación. Asimismo, resulta oportuno reiterar que el
recurso extraordinario de revisión no constituye una instancia adicional para rebatir
los fundamentos jurídicos y probatorios en que se sustentó la decisión objeto de
revisión, ni para insistir en argumentos que ya fueron expuestos y debatidos en el
proceso ordinario, pues su finalidad no es la de permitir un nuevo examen del litigio
como si se tratara de una tercera instancia.

Conforme lo expuesto, la Sala no encuentra configurada la causal de nulidad
originada en la sentencia prevista por el numeral 5 del artículo 250 del CPACA,
razón por la cual el recurso extraordinario de revisión se declarará infundado.

Condena en costas

De acuerdo con el inciso primero del artículo 188 del CPACA, la regla general es
que, en los procesos de conocimiento de esta jurisdicción, en la sentencia, se
dispondrá sobre la condena en costas.

Con la expedición de la Ley 2080 de 2021, se modificó el artículo 255 del CPACA
en cuanto a la condena en costas en el marco del recurso extraordinario de revisión,
en los siguientes términos:

«ARTÍCULO 255. Vencido el período probatorio se dictará sentencia.
[…]
Si se declara infundado el recurso, se condenará en costas y perjuicios al
recurrente».

Sin embargo, dado que esta disposición no aborda exhaustivamente la regulación
de la condena en costas, es necesario complementarla con lo establecido en el
CGP, el cual se aplica por remisión dispuesta en el artículo 188 del CPACA.

Según lo estipulado en el artículo 361 del CGP, las costas están integradas por la
totalidad de las expensas y gastos procesales, así como por las agencias en
derecho, y solo habrá lugar a su imposición de acuerdo con el artículo 365, numeral
8.º ibidem «cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de
su comprobación».

Observa la Sala, para lo que aquí interesa, que en el presente caso se encuentra
acreditada la gestión de los apoderados de la CNSC, de la Contraloría General de
Santander y del Departamento de Santander a través de la defensa ejercida en los
escrito de contestación de la demanda, actuación que por sí sola, constituye una
prueba suficiente para fijar, en su favor, agencias en derecho, ya que demuestra
que designaron un representante para estar al tanto del proceso y ejercer la defensa
de sus intereses. Por el contrario, dado que la señora Mónica Gysel Annicchiarico
no participó en el proceso, no procede fijación de agencias en derecho a su favor.

Para la fijación de agencias en derecho, el Despacho conductor del proceso dictará
un auto posterior, teniendo en cuenta la competencia asignada en el numeral 3 del
artículo 366 del Código General del Proceso, una vez quede en firme la sentencia.

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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión
interpuesto por la señora Ligia Astrid Agredo Acevedo en contra de la sentencia del
veinticuatro (24) de septiembre de dos mil veinte (2020), proferida por el Tribunal
Administrativo de Santander, que confirmó la sentencia proferida el diez (10) de
noviembre de dos mil diecisiete (2017) por el Juzgado Quinto Administrativo de
Bucaramanga que negó las pretensiones dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de
esta providencia.

Segundo. CONDENAR en costas a la señora Ligia Astrid Agredo Acevedo en favor
de la CNSC, del Departamento de Santander y de la Contraloría General de
Santander, las cuales se liquidarán por Secretaría.

Tercero. Para la fijación de las agencias de derecho, por Secretaría INGRESAR el
expediente al despacho del magistrado ponente para lo de su competencia.

Quinto. Ejecutoriada esta providencia, HÁGANSE las anotaciones pertinentes en
el sistema informático SAMAI.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

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