Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2021-00681-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2021-00681-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2021-00681-00
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
9 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D.C., nueve (9) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad
Radicación: 11001-03-25-000-2021-00681-00 (3631-2021)
Demandantes: Libardo Cajamarca Castro y Yenny Paola Franco Rocha
Demandados: Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público y otros1
Temas: Subsidio familiar para soldados e infantes de marina
profesionales. Principio de progresividad y prohibición de
regresividad en la garantía y protección de los derechos
económicos, sociales y culturales.
Decisión: Negar las pretensiones de la demanda.
La Sala decide la demanda de nulidad interpuesta contra los artículos 1 y 5 del
Decreto 1161 del 24 de junio de 2014, «[p]or el cual se crea el subsidio familiar para
Soldados Profesionales e Infantes de Marina Profesionales y se dictan otras
disposiciones», expedido por las autoridades accionadas.
I. ANTECEDENTES
Demanda
1. La parte actora solicitó la nulidad parcial de los artículos 1 y 5 del Decreto
1161 de 2014. Las disposiciones acusadas son del siguiente tenor:
Artículo 1. Subsidio Familiar para Soldados Profesionales e Infantes de Marina
Profesionales. Créase, a partir del 1 de julio de 2014, para los Soldados Profesionales
e Infantes de Marina Profesionales de las Fuerzas Militares en servicio activo, que no
perciben el subsidio familiar regulado en los Decretos 1794 de 2000 y 3770 de 2009,
un subsidio familiar que se liquidará y reconocerá mensualmente sobre su asignación
básica, así:
a) Para los Soldados Profesionales e Infantes de Marina Profesionales casados o con
unión marital de hecho vigente, tendrán derecho a percibir por subsidio familiar el
veinte por ciento (20%) de la asignación básica por la cónyuge o compañera
permanente, más los porcentajes a que se pueda tener derecho por los hijos conforme
al literal c) de este artículo;
b) Para los Soldados Profesionales e Infantes de Marina Profesionales viudos siempre
y cuando hayan quedado a cargo de los hijos habidos dentro del matrimonio o dentro
1 Ministerio de Defensa Nacional y el Departamento Administrativo de la Función Pública.
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Demandantes: Libardo Cajamarca Castro y Yenny Paola Franco Rocha
de la unión marital de hecho, tendrán derecho a percibir por subsidio familiar el veinte
por ciento (20%) de la asignación básica más los porcentajes a que se pueda tener
derecho por los hijos conforme al literal c) del presente artículo;
c) Para los Soldados Profesionales e Infantes de Marina Profesionales con hijos,
tendrán derecho a percibir subsidio familiar por este concepto calculado sobre su
asignación básica así: Por el primer hijo el tres por ciento (3%), por el segundo hijo el
dos por ciento (2%) y el uno por ciento (1%) por el tercer hijo. En ningún caso el soldado
profesional o el infante de marina profesional por este concepto podrá percibir más del
seis por ciento (6%) de su asignación básica.
Parágrafo 1. El subsidio familiar previsto en el presente artículo en ningún caso podrá
sobrepasar el veintiséis por ciento (26%) de la asignación básica de los Soldados
Profesionales e Infantes de Marina Profesionales.
Parágrafo 2. Para los efectos previstos en este artículo los Soldados Profesionales e
Infantes de Marina Profesionales de las Fuerzas Militares a partir del 1 de julio de 2014,
podrán elevar al Comando de Fuerza, la solicitud de reconocimiento del subsidio
familiar previsto en el presente decreto, y el reconocimiento tendrá efectos fiscales a
partir de la fecha de presentación de la solicitud de que trata el presente parágrafo,
siempre y cuando cumplan con los requisitos para su reconocimiento y pago.
Parágrafo 3. Los Soldados Profesionales e Infantes de Marina Profesionales de las
Fuerzas Militares que estén percibiendo el subsidio familiar previsto en los Decretos
1794 de 2000 y 3770 de 2009, no tendrán derecho a percibir el subsidio familiar que
se crea en el presente decreto.
Artículo 5. A partir de julio de 2014, se tendrá en cuenta como partida computable
para liquidar la asignación de retiro y pensión de invalidez del personal de Soldados
Profesionales e Infantes de Marina Profesionales de las Fuerzas Militares, el setenta
por ciento (70%) del valor que se devengue en actividad por concepto de subsidio
familiar, establecido en el artículo primero del presente decreto; el cual será sumado
en forma directa, al valor que corresponda por concepto de asignación de retiro o
pensión de invalidez, liquidado conforme a las disposiciones normativas contenidas en
el Decreto 4433 de 2004 o normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.
2. Como consecuencia de esa declaratoria, pidió modular la aplicación de los
artículos acusados, en el sentido de que únicamente rijan para el personal
vinculado como soldado profesional o infante de marina profesional a partir del 1
de julio de 2014.
3. De manera subsidiaria, reclamó que en el evento de acceder a sus
pretensiones, se ordene aplicar el Decreto 1162 de 2014 para liquidar la asignación
de retiro o pensión de invalidez de los beneficiarios que consolidaron el derecho al
subsidio familiar durante la vigencia del Decreto 3770 de 2009 y se retiraron del
servicio activo antes o después de julio de 2014.
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4. Para sustentar las pretensiones, la parte actora expuso que el artículo 11 del
Decreto 1794 de 20002 reconocía a los soldados profesionales casados o con unión
marital de hecho vigente el derecho a percibir un subsidio familiar equivalente al 4
% del salario básico mensual, más la prima de antigüedad. Indicó que esa
disposición fue derogada por el Decreto 3770 de 20093, el cual, a su vez, fue
declarado nulo por el Consejo de Estado mediante sentencia del 8 de junio de 2017,
con efectos ex tunc.
5. A partir de los efectos retroactivos de esa decisión, mencionó que el acto
anulado debía entenderse como si nunca hubiera existido y que, en consecuencia,
el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000 recobró plena vigencia.
6. Afirmó que el acto demandado fue expedido bajo el supuesto de que el
Decreto 3770 de 2009 se encontraba vigente, por lo que la desaparición retroactiva
de este último acto generó una concurrencia normativa entre el artículo 11 del
Decreto 1794 de 2000 y el artículo 1 del Decreto 1161 de 2014. En su criterio, esa
situación debía resolverse conforme al principio de favorabilidad, mediante la
aplicación de la norma más beneficiosa para los soldados e infantes de marina.
7. Con fundamento en lo anterior, explicó que las disposiciones acusadas
generaron un trato desigual entre tres grupos de soldados profesionales e infantes
de marina: (i) quienes consolidaron el derecho antes de la expedición del Decreto
3770 de 2009 y continuaron percibiendo el subsidio conforme al artículo 11 del
Decreto 1794 de 2000; (ii) quienes lo consolidaron durante la vigencia del Decreto
3770 de 2009 y se retiraron antes de julio de 2014, sin que se les reconociera la
prestación como partida computable de la asignación de retiro; y (iii) quienes
consolidaron el derecho durante la vigencia de ese mismo decreto y se retiraron
después de julio de 2014, a quienes se les aplicó el Decreto 1161 de 2014.
8. Según la parte demandante, los integrantes de los dos últimos grupos debían
recibir el tratamiento previsto en el Decreto 1794 de 2000, en razón de la nulidad
retroactiva del Decreto 3770 de 2009. Por ello, sostuvo que los artículos acusados
desconocieron el derecho a la igualdad y el principio de condición más beneficiosa,
al someter a servidores de la misma categoría funcional, salarial y prestacional a
un régimen menos favorable.
9. En esa misma línea, manifestó que las disposiciones acusadas
desconocieron el literal a) del artículo 2 de la Ley 4 de 1992, según el cual el
Gobierno nacional no puede desmejorar las condiciones económicas de los
miembros de la Fuerza Pública al fijar su régimen salarial y prestacional. En
concreto, adujo que el Decreto 1161 de 2014 redujo el alcance del subsidio familiar,
2 Articulo 11. Subsidio familiar. A partir de la vigencia del presente Decreto, el soldado profesional
de las Fuerzas Militares casado o con unión marital de hecho vigente, tendrá derecho al
reconocimiento mensual de un subsidio familiar equivalente al cuatro por ciento (4%) de su salario
básico mensual más la prima de antigüedad. Para los efectos previstos en este artículo, el soldado
profesional deberá reportar el cambio de estado civil a partir de su inicio al Comando de la Fuerza
de conformidad con la reglamentación vigente.
3 «Por el cual se deroga el artículo 11 del decreto 1794 de 2000 y se dictan otras disposiciones».
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al establecer un tope máximo del 26 % de la asignación básica, pese a que el
Decreto 1794 de 2000 reconocía la prestación sobre el salario básico mensual, más
la prima de antigüedad.
10. También señaló que los artículos demandados desconocieron los principios
de progresividad y no regresividad en materia laboral, toda vez que una vez
alcanzado un determinado nivel de protección mediante el artículo 11 del Decreto
1794 de 2000, el Gobierno nacional no podía adoptar una regulación posterior que
redujera el alcance del subsidio familiar «sin justificación constitucional» suficiente.
11. Invocó además la transgresión del principio de favorabilidad, pues ante la
coexistencia de dos normas que regulan el subsidio familiar para los mismos
beneficiarios, debía aplicarse aquella que resultara más beneficiosa para el
trabajador. En ese orden, precisó que el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000 debía
prevalecer sobre el Decreto 1161 de 2014 respecto del personal que consolidó el
derecho bajo el régimen anterior, por reconocer una prestación de mayor alcance
económico.
12. Añadió que el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000 no fue subrogado por
el Decreto 1161 de 2014, porque este último modificó los porcentajes, beneficiarios
y condiciones de reconocimiento del subsidio familiar sin reproducir el contenido de
la norma anterior. A su juicio, esa diferencia impedía considerar equivalentes
ambas regulaciones y, por tanto, el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000
permanecía vigente y debía aplicarse de manera preferente, por ser la norma más
favorable.
13. Finalmente, alegó que las disposiciones acusadas desconocieron el
principio de oscilación salarial previsto en el artículo 169 del Decreto 1211 de 1990,
conforme al cual las asignaciones de retiro y pensiones deben liquidarse tomando
en cuenta las variaciones que se introduzcan en las asignaciones del personal en
servicio activo. En su criterio, si los soldados profesionales e infantes de marina en
actividad devengan el subsidio familiar, ese beneficio debe reflejarse igualmente en
la asignación de retiro del personal retirado, sin distinción por la fecha en que se
produjo el retiro.
Contestaciones de la demanda
14. El Ministerio de Defensa Nacional guardó silencio.
15. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público se opuso a la prosperidad
de las pretensiones de la demanda. En primer lugar, sostuvo que el Decreto 1161
de 2014 es un acto administrativo de carácter general, expedido por el presidente
de la República con fundamento en las facultades previstas en las Leyes 4 de 1992
y 923 de 2004, así como en la potestad reglamentaria conferida por el numeral 11
del artículo 189 de la Constitución Política.
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16. A partir de lo anterior, afirmó que no resulta acertada la tesis de la parte
actora según la cual habría perdido fuerza ejecutoria como consecuencia de la
nulidad del Decreto 3770 de 2009. En su criterio, la declaratoria de nulidad de este
último acto, aun con efectos ex tunc, no implica que las normas posteriores sobre
la materia sean inaplicables ni que el Decreto 1161 de 2014 adolezca de los mismos
vicios que condujeron a la anulación.
17. Frente a los cargos por violación de los principios de igualdad,
progresividad, no regresividad, favorabilidad, condición más beneficiosa, oscilación
salarial y confianza legítima, la entidad sostuvo que no se ajustaban a «la realidad
fáctica ni jurídica». Para sustentar esa afirmación, invocó la sentencia proferida el
6 de febrero de 2020 por la Sección Segunda del Consejo de Estado, en la que se
analizó la diferencia entre los soldados profesionales que adquirieron la asignación
de retiro antes de la expedición de los Decretos 1161 y 1162 de 2014 y quienes
consolidaron ese derecho con posterioridad.
18. Señaló que, conforme a dicha providencia, esa diferencia de trato se
encuentra constitucionalmente justificada porque el principio de progresividad
permite que la ampliación de derechos se produzca de manera gradual. Por tanto,
concluyó que no vulnera el derecho a la igualdad que quienes accedieron a la
asignación de retiro antes de julio de 2014 no tengan el subsidio familiar como
partida computable, mientras que quienes consolidaron su derecho con
posterioridad sí puedan beneficiarse de esa inclusión.
19. El Departamento Administrativo de la Función Pública presentó
memorial del 22 de septiembre de 20224, denominado «contestación de la
demanda». Sin embargo, el documento resultó ilegible, razón por la cual, mediante
auto del 13 de julio de 20235, se requirió a la entidad para que, en el término de tres
días, remitiera nuevamente el escrito.
20. Pese a lo anterior, la entidad no atendió el requerimiento. En consecuencia,
se tendrá por no contestada la demanda.
Trámite de sentencia anticipada
21. Mediante auto del 27 de abril de 2026 se dispuso el trámite de sentencia
anticipada en los términos del artículo 182A del CPACA, al evidenciarse la
concurrencia de las causales previstas en los literales a), b) y c) del numeral 1 de
esa disposición. En consecuencia, se resolvió sobre el decreto de pruebas, se fijó
el litigio y se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio
Público para rendir concepto.
Alegatos de conclusión
4 Índice 21 del aplicativo Samai.
5 Índice 24 del aplicativo Samai.
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22. El Ministerio de Defensa Nacional y el Departamento Administrativo de
la Función Pública guardaron silencio.
23. Los actores solicitaron acceder a las pretensiones de la demanda. En
síntesis, insistieron en que los artículos 1 y 5 del Decreto 1161 de 2014 son
parcialmente nulos porque desconocen los principios de igualdad, progresividad,
no regresividad, favorabilidad y oscilación salarial, en perjuicio de los soldados
profesionales e infantes de marina que consolidaron el derecho al subsidio familiar
durante la vigencia del Decreto 3770 de 2009.
24. Asimismo, destacaron que el Decreto 1161 de 2014 fue expedido para
corregir la supresión del subsidio familiar causada por el Decreto 3770 de 2009,
pero, en su criterio, no restableció plenamente la prestación, sino que creó un
régimen menos favorable y excluyó a ciertos beneficiarios de su cómputo en la
asignación de retiro o pensión de invalidez.
25. Por último, señalaron que el decreto acusado contiene una contradicción
interna, pues el parágrafo 3 del artículo 1 reconoce la coexistencia del subsidio
familiar previsto en los Decretos 1794 de 2000 y 3770 de 2009 con el creado por el
Decreto 1161 de 2014, mientras que el artículo 5 solo permite computar en la
asignación de retiro o pensión de invalidez el subsidio previsto en este último
decreto.
26. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público reiteró los argumentos
expuestos en la contestación de la demanda.
II. CONSIDERACIONES
Competencia
27. De conformidad con lo previsto en el artículo 149 del CPACA, la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado es competente para conocer en
única instancia de la nulidad de los actos administrativos expedidos por las
autoridades del orden nacional, o por las personas o entidades de derecho privado
que cumplan funciones administrativas en el mismo orden. A su vez, el artículo 13
del Acuerdo 080 de 2019, reglamento interno del Consejo de Estado, consigna que
la Sección Segunda está facultada para decidir los procesos de simple nulidad de
actos administrativos que versen sobre asuntos laborales.
Cuestión previa
28. Antes de formular el problema jurídico, la Sala estima necesario precisar el
alcance de los efectos derivados de la declaratoria de nulidad del Decreto 3770 de
2009, en la medida en que varios de los reparos de la parte actora parten de la
premisa de que, a partir de dicha decisión, el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000
y el Decreto 1161 de 2014 quedaron simultáneamente vigentes para regular el
subsidio familiar de los soldados profesionales e infantes de marina.
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29. En efecto, mediante sentencia del 8 de junio de 20176, la Sección Segunda
del Consejo de Estado declaró, con efectos ex tunc, la nulidad del Decreto 3770 de
2009, al considerar que sus disposiciones «resultan contrarias a los fines
esenciales del Estado y al principio de progresividad consignado en el artículo 48
de la Constitución Política; vulneran los principios que proscriben la regresividad de
los derechos sociales y la discriminación, afectando el principio de confianza
legítima, la garantía a la igualdad, el derecho al trabajo y a la seguridad social, de
raigambre constitucional e introducidos por los tratados y pactos internacionales
suscritos por Colombia, así como las previsiones establecidas en la Ley 4 de 1992».
30. La declaratoria de nulidad se sustentó en que el acto acusado eliminó el
derecho al subsidio familiar de los soldados profesionales que contrajeron
matrimonio o conformaron unión marital de hecho después del 30 de septiembre
de 2009, sin justificación constitucional suficiente. Para la Sala, esa supresión
constituyó una medida regresiva, pues eliminó una prestación reconocida
previamente en el ordenamiento jurídico.
31. Con ocasión de esa decisión, el Departamento Administrativo de la Función
Pública, el Ministerio de Defensa Nacional y el Ministerio de Hacienda y Crédito
Público solicitaron la aclaración y adición de la sentencia, al considerar, entre otras
cosas, que la declaratoria de nulidad del Decreto 3770 de 2009 con efectos ex tunc
revivía la consagración normativa del subsidio familiar establecida en el artículo 11
del Decreto 1794 de 2000, sin que se aclarara que dicha norma se encontraba
subrogada por el Decreto 1161 de 2014. A su juicio, esa falta de precisión podía
generar dificultades en la resolución de las reclamaciones que se presentaran con
posterioridad.
32. Mediante providencia del 8 de septiembre de 2017, la Sala negó las
solicitudes de aclaración y adición, pero precisó el alcance de los efectos de la
declaratoria de nulidad en los siguientes términos:
«[L]a declaratoria de nulidad con efectos ex tunc del Decreto 3770 de 2009 revivió las
disposiciones normativas contenidas en el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000,
restituyendo sus efectos con el fin de evitar la existencia de vacíos normativos y, por
ende, la inseguridad jurídica generada por la ausencia de regulación particular y
específica respecto de situaciones jurídicas no consolidadas desde el momento de su
promulgación hasta cuando fue subrogado por el Decreto 1161 de 2014, que
permanece en vigor desde su entrada en vigencia hasta nuestros días, por cuanto que
no ha sido expulsado del ordenamiento jurídico por ninguna de las vías legalmente
establecidas».
33. De lo transcrito se desprende que la nulidad del Decreto 3770 de 2009 no
produjo la coexistencia entre el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000 y el Decreto
1161 de 2014. Por el contrario, los efectos ex tunc de esa decisión restituyeron la
6Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,
Sentencia del 8 de junio de 2017, rad. núm. 11001-03-25-000-2010-00065-00 (0686-2010).
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vigencia del régimen anterior únicamente para evitar vacíos normativos respecto
de las situaciones jurídicas consolidadas durante el periodo comprendido entre la
expedición del acto anulado y la entrada en vigencia del Decreto 1161 de 2014.
34. En esa medida, el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000 recobró efectos
hasta el momento en que fue subrogado por el Decreto 1161 de 2014, norma que,
según lo precisó esta Corporación, permanece vigente desde entonces. Por tanto,
no es acertado sostener que ambas disposiciones regulan simultáneamente el
subsidio familiar de los mismos destinatarios.
35. En efecto, el Decreto 1794 de 2000 se aplica para quienes cumplieron los
requisitos para acceder al subsidio familiar entre el año 2000 y el 30 de junio de
2014, mientras que el Decreto 1161 de 2014 rige para quienes cumplieron los
requisitos a partir del 1 de julio de 2014.
36. Esa precisión también descarta la comparación propuesta por la parte
actora entre tres grupos de soldados profesionales e infantes de marina sometidos
a reglas concurrentes. En realidad, la providencia citada permite identificar dos
regímenes sucesivos: (i) el previsto en el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000,
aplicable hasta antes de que rigiera el Decreto 1161 de 2014, y (ii) el regulado por
este último acto administrativo a partir del 1 de julio de ese año. Se trata, por tanto,
de beneficiarios ubicados en momentos normativos diferentes, no de grupos
sometidos al mismo tiempo a condiciones distintas.
37. En consecuencia, los cargos fundados en la supuesta coexistencia
normativa entre el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000 y el Decreto 1161 de 2014,
esto es, la violación del derecho a la igualdad, la transgresión del principio de
favorabilidad y la ausencia de subrogación parten de un entendimiento que ya fue
descartado por esta Corporación.
38. Por esa razón la Sala no estudiará los cargos que se sustentan en la errada
premisa de la coexistencia normativa entre los decretos mencionados, sino que el
análisis se circunscribirá a los reproches que parten de supuestos que
correspondan a la realidad.
39. En el mismo orden, es importante resaltar que la parte demandante solicitó
modular la aplicación de los artículos acusados, en el sentido de que únicamente
rijan para el personal vinculado como soldado profesional o infante de marina
profesional a partir del 1 de julio de 2014. Esa solicitud no exige un pronunciamiento
autónomo, porque el propio Decreto 1161 de 2014 delimitó expresamente su ámbito
de aplicación temporal y subjetivo en esos términos.
40. En concreto, el artículo 1 creó el subsidio familiar a partir del 1 de julio de
2014 para los soldados profesionales e infantes de marina profesionales que no
percibieran el regulado subsidio en los términos de los «Decretos 1794 de 2000 y
3770 de 2009». A su vez, el parágrafo 3 de esa disposición excluyó expresamente
a quienes ya estuvieran devengando la prestación bajo el régimen anterior. Por
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consiguiente, lo pedido por la parte actora no comporta una modificación del acto
acusado, sino la reiteración de lo que este ya prevé.
Problema jurídico
41. Excluidos los cargos que tienen como presupuesto premisas fácticas y
afirmaciones de derecho que no son ciertas, a la Sala le corresponde establecer si
los artículos 1 y 5 del Decreto 1161 de 2014 deben declararse nulos parcialmente
por desconocer el literal a) del artículo 2 de la Ley 4 de 1992, los principios de
progresividad y no regresividad en materia laboral y el principio de oscilación. Lo
anterior, al presuntamente reducir el nivel de protección previsto en el artículo 11
del Decreto 1794 de 2000, fijar un tope inferior para el subsidio familiar y limitar su
cómputo como partida de la asignación de retiro y la pensión de invalidez a quienes
consolidaran ese derecho a partir del 1 de julio de 2014.
Análisis del problema jurídico
42. La Sala negará las pretensiones de la demanda porque los artículos 1 y 5
del Decreto 1161 de 2014 no desconocieron el literal a) del artículo 2 de la Ley 4
de 1992, en tanto no afectaron derechos adquiridos ni situaciones jurídicas
consolidadas bajo el régimen anterior. Tampoco vulneraron los principios de
progresividad y no regresividad, pues crearon un subsidio familiar para quienes no
lo venían percibiendo y lo estructuraron a partir de criterios relacionados con la
composición del núcleo familiar, acordes con la finalidad protectora de esa
prestación.
43. Finalmente, la Sala considera que no se configuró la infracción del principio
de oscilación salarial porque el subsidio familiar solo fue previsto como partida
computable para la asignación de retiro a partir de julio de 2014, conforme a las
reglas fijadas por esta Corporación.
Desconocimiento del literal a) del artículo 2 de la Ley 4 de 1992
44. La parte actora sostuvo que los artículos 1 y 5 del Decreto 1161 de 2014
desconocieron el literal a) del artículo 2 de la Ley 4 de 1992, según el cual el
Gobierno nacional no puede desmejorar las condiciones económicas de los
miembros de la Fuerza Pública al fijar su régimen salarial y prestacional. En
concreto, adujo que el acto acusado redujo el alcance del subsidio familiar al
establecer un tope máximo del 26 % de la asignación básica, pese a que el Decreto
1794 de 2000 reconocía la prestación sobre el salario básico mensual más la prima
de antigüedad.
45. Al respecto, se observa que el literal a) del artículo 2 de la Ley 4 de 1992
dispone que, para fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos,
de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública, el Gobierno
nacional debe respetar los derechos adquiridos de los servidores del Estado, tanto
del régimen general como de los regímenes especiales. La misma disposición
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prevé que «en ningún caso podrán desmejorar sus salarios y prestaciones
sociales».
46. La lectura de esa disposición exige considerar que la prohibición de
desmejora está vinculada con la protección de los derechos adquiridos. Por ello, no
puede entenderse como una restricción absoluta a la posibilidad de modificar hacia
el futuro los regímenes salariales o prestacionales, sino como una garantía frente a
situaciones jurídicas consolidadas.
47. En el presente asunto, no se advierte que los artículos acusados hubieran
desmejorado las condiciones de quienes tenían una situación jurídica consolidada
bajo el régimen anterior. En efecto, el parágrafo 3 del artículo 1 del Decreto 1161
de 2014 excluyó expresamente de su ámbito de aplicación a los soldados e infantes
de marina que estuvieran percibiendo el subsidio familiar previsto en los Decretos
1794 de 2000 y 3770 de 2009. Por tanto, quienes ya devengaban esa prestación
no quedaron sometidos al nuevo régimen ni vieron reducido el derecho que venían
disfrutando.
48. Tampoco se configura la desmejora alegada respecto de quienes quedaron
sujetos al Decreto 1161 de 2014, porque, frente a ellos, el acto acusado no suprimió
una prestación previamente reconocida, sino que creó un subsidio familiar a partir
del 1 de julio de 2014.
49. Lo anterior se explica porque el derecho al subsidio familiar no surge por la
sola vinculación como soldado profesional o infante de marina, sino por la
configuración de los supuestos previstos en la norma aplicable, esto es, el
matrimonio o la unión marital de hecho vigente. Así, quienes consolidaron esas
condiciones antes del 1 de julio de 2014 quedaron amparados por el régimen del
Decreto 1794 de 2000, mientras que quienes lo hicieron con posterioridad se
sujetan al Decreto 1161 de 2014.
50. En esa medida, el cargo pretende extender hacia el futuro un régimen
anterior con fundamento en una expectativa, no en un derecho adquirido. En
consecuencia, la Sala considera que las disposiciones demandadas no
desconocieron el literal a) del artículo 2 de la Ley 4 de 1992.
Vulneración de los principios de progresividad y no regresividad en materia
laboral
51. La parte demandante sostuvo que los artículos acusados desconocieron
los principios de progresividad y no regresividad porque el Decreto 1161 de 2014
redujo el nivel de protección alcanzado con el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000.
Explicó que, mientras esta última disposición permitía reconocer un subsidio
familiar que podía llegar hasta el 62,5 % del sueldo básico, el acto acusado fijó un
tope máximo del 26 % de la asignación básica de los soldados profesionales e
infantes de marina. En su criterio, esa diferencia constituyó una medida regresiva
que no contaba con una justificación constitucional suficiente.
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52. Al respecto, es importante resaltar que al momento de expedición del
Decreto 1161 de 2014 no existía en el ordenamiento jurídico ninguna norma vigente
que reconociera el subsidio familiar a los soldados profesionales e infantes de
marina, pues el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000 había sido derogado
expresamente por el Decreto 3770 de 2009.
53. En estricto sentido, en la época en que se expidieron las normas
demandadas la figura del subsidio familiar en favor de los integrantes de la fuerza
pública había desaparecido del ordenamiento jurídico, pues el Decreto 1794 del
2000 estaba derogado y aún no había sido proferida la sentencia en la que operó el
fenómeno de la reviviscencia de esta norma. Por lo tanto, al momento de la
promulgación de las disposiciones controvertidas, no existía un porcentaje previo
que sirviera de marco de referencia de la prohibición de no regresividad en materia
de derechos sociales.
54. La declaratoria de nulidad del Decreto 3770 de 2009, producida en el año
2017, constituye un hecho posterior que no afecta la legalidad del Decreto 1161 de
2014. El acto acusado nació sin que existiera una causal de invalidez derivada de
la desmejora alegada por la parte actora, pues el reconocimiento de un subsidio que
en ese específico momento no existía no puede ser considerado como un acto
regresivo.
55. No obstante, la Sala no puede pasar por alto que el reproche de la parte
demandante parte de la premisa de que se desconoció el principio de progresividad
y la prohibición de regresividad porque el porcentaje reconocido en las
disposiciones demandadas es menor que el establecido en el Decreto 1974 de
2000.
56. Para la Sala el decreto demandado no implicó un desconocimiento del
principio de regresividad respecto de lo regulado en el año 2000, pues el subsidio
familiar fue ajustado para que el porcentaje del beneficio dependiera del número de
hijos y no de elementos ajenos a la protección familiar como el mero paso del
tiempo.
57. Al respecto, el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, en concordancia con
su artículo 2, señalaba:
Artículo 11. Subsidio familiar. A partir de la vigencia del presente Decreto, el
soldado profesional de las Fuerzas Militares casado o con unión marital de hecho
vigente, tendrá derecho al reconocimiento mensual de un subsidio familiar
equivalente al cuatro por ciento (4%) de su salario básico mensual más la prima de
antigüedad.
Para los efectos previstos en este artículo, el soldado profesional deberá reportar el
cambio de estado civil a partir de su inicio al Comando de la Fuerza de conformidad
con la reglamentación vigente.
Artículo 2. Prima de antigüedad. Cumplido el segundo año de servicio, el soldado
profesional de las Fuerzas Militares tendrá derecho a una prima mensual de
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antigüedad equivalente al seis punto cinco por ciento (6.5%) de la asignación salarial
mensual básica. Por cada año de servicio adicional, se reconocerá un seis punto cinco
por ciento (6.5%) más, sin exceder del cincuenta y ocho punto cinco por ciento
(58.5%).
58. Por su parte, el artículo 1 del Decreto 1161 de 2014 dispuso:
Artículo 1. Subsidio Familiar para Soldados Profesionales e Infantes de Marina
Profesionales. Créase, a partir del 1 de julio de 2014, para los Soldados Profesionales
e Infantes de Marina Profesionales de las Fuerzas Militares en servicio activo, que no
perciben el subsidio familiar regulado en los Decretos 1794 de 2000 y 3770 de 2009,
un subsidio familiar que se liquidará y reconocerá mensualmente sobre su asignación
básica, así:
a) Para los Soldados Profesionales e Infantes de Marina Profesionales casados o con
unión marital de hecho vigente, tendrán derecho a percibir por subsidio familiar el
veinte por ciento (20%) de la asignación básica por la cónyuge o compañera
permanente, más los porcentajes a que se pueda tener derecho por los hijos conforme
al literal c) de este artículo;
b) Para los Soldados Profesionales e Infantes de Marina Profesionales viudos siempre
y cuando hayan quedado a cargo de los hijos habidos dentro del matrimonio o dentro
de la unión marital de hecho, tendrán derecho a percibir por subsidio familiar el veinte
por ciento (20%) de la asignación básica más los porcentajes a que se pueda tener
derecho por los hijos conforme al literal c) del presente artículo;
c) Para los Soldados Profesionales e Infantes de Marina Profesionales con hijos,
tendrán derecho a percibir subsidio familiar por este concepto calculado sobre su
asignación básica así: Por el primer hijo el tres por ciento (3%), por el segundo hijo el
dos por ciento (2%) y el uno por ciento (1%) por el tercer hijo. En ningún caso el
soldado profesional o el infante de marina profesional por este concepto podrá percibir
más del seis por ciento (6%) de su asignación básica.
Parágrafo 1. El subsidio familiar previsto en el presente artículo en ningún caso podrá
sobrepasar el veintiséis por ciento (26%) de la asignación básica de los Soldados
Profesionales e Infantes de Marina Profesionales.
[…]
59. De la comparación entre ambos regímenes se advierte que, en principio,
podría pensarse que el Decreto 1161 de 2014 adoptó una medida regresiva. Bajo
el Decreto 1794 de 2000, el subsidio familiar se calculaba sobre el 4 % del salario
básico mensual más el 100 % de la prima de antigüedad, la cual podía aumentar
progresivamente hasta un tope del 58,5 % de la asignación salarial básica según
los años de servicio, lo que en la práctica permitía alcanzar hasta el 62,5 % del
sueldo básico.
60. En cambio, bajo el Decreto 1161 de 2014, la prestación se fijó en un máximo
del 26 % de la asignación básica. Esa diferencia exige que la Sala examine si las
disposiciones acusadas desconocieron el principio de progresividad y no
regresividad.
61. El principio de progresividad implica que, una vez alcanzado un
determinado nivel de protección en materia de derechos sociales, el Estado no
puede retroceder frente a ese nivel sin justificación constitucional suficiente. Así lo
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consagra el artículo 2.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales, según el cual:
Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a adoptar
medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación
internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los
recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios
apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena
efectividad de los derechos aquí reconocidos.
62. En consonancia con lo anterior, el artículo 26 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos7 impone a los Estados la obligación de mejora continua
en las medidas adoptadas para avanzar en el nivel de goce y ejercicio de los
derechos, o de permitir el acceso a ellos a personas que se encontraban
completamente privadas de su disfrute. De acuerdo con ello, «la adopción de
acciones afirmativas y reconocimientos prestacionales por parte del Estado puede
efectuarse de manera escalonada y gradual, pues para ello se deben tener en
cuenta las posibilidades económicas existentes en un momento determinado»8.
63. Sobre este asunto, esta Corporación ha sostenido que aunque, en principio
toda modificación de carácter regresivo debe presumirse inconstitucional, esa
presunción admite prueba en contrario mediante la aplicación de un «test de no
regresividad», en el que se examina: (i) si la reforma desconoció derechos
adquiridos; (ii) si se respetaron los principios constitucionales del trabajo9; y (iii) si la
medida adoptada se encuentra justificada conforme a los principios de
proporcionalidad y razonabilidad10.
64. Aplicando el referido test al asunto objeto de estudio, la Sala advierte que
las disposiciones acusadas no desconocieron derechos consolidados, pues como
se explicó en el anterior acápite las personas que adquirieron el derecho al subsidio
familiar antes de la entrada en vigor del decreto demandado se les aplica el régimen
establecido en el Decreto 1974 de 2000.
7 Los Estados partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante
la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la
plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre
educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos,
reformada por el Protocolo de Buenos Aires, en la medida de los recursos disponibles, por vía
legislativa u otros medios apropiados.
8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A.
Sentencia del 18 de agosto de 2022, rad. núm. 11001-03-25-000-2019-00457-00 (3474-2019).
9 En el artículo 53 de la C.P. se consagra los principios de igualdad de oportunidad para los
trabajadores, remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad del trabajo;
estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en las normas
laborales; facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más
favorable al trabajador en casos de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales del
derecho; primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas; garantía a la seguridad social,
la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la
maternidad y al trabajador menor de edad; el pago oportuno y el reajuste periódico de las pensiones
legales.
10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B.
Sentencia del 8 de junio de 2017, rad. núm. 11001032500020100006500 (0686-2010).
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65. En este orden, es preciso reiterar que el Decreto 1161 de 2014 no afectó a
quienes ya percibían el subsidio familiar bajo el régimen anterior y, frente a quienes
quedaron sujetos a la nueva regulación, no existía una situación jurídica consolidada
que pudiera resultar desmejorada, pues se reitera a la fecha de la expedición de las
normas demandadas el subsidio familiar había desaparecido del ordenamiento
jurídico.
66. El segundo aspecto exige verificar si las disposiciones acusadas respetaron
los principios constitucionales del trabajo. Al respecto, la Sala no advierte que el
Decreto 1161 de 2014 haya desconocido esos mandatos ni los principios de
igualdad, favorabilidad o condición más beneficiosa, establecidos en el artículo 53
de la Constitución Política, pues, como se precisó en la cuestión previa, no existen
dos regímenes concurrentes aplicables a los mismos destinatarios ni grupos
sometidos simultáneamente a reglas distintas.
67. Por el contrario, el acto acusado creó el subsidio familiar para un grupo de
soldados profesionales e infantes de marina que carecía de esa prestación, fijó
reglas expresas sobre sus beneficiarios, porcentaje y forma de liquidación, y dispuso
que el 70 % de lo devengado en actividad por ese concepto se computara para
liquidar la asignación de retiro y la pensión de invalidez.
68. En esa medida, lejos de constituir una afectación de los principios que
orientan las relaciones de los integrantes de la Fuerza Pública, las disposiciones
acusadas avanzaron en la protección de sus condiciones prestacionales.
69. El tercer aspecto del test exige establecer si la medida se encuentra
justificada conforme a los principios de proporcionalidad y razonabilidad. Para ello,
debe tenerse en cuenta que el subsidio familiar no tiene como finalidad retribuir la
antigüedad en el servicio, pues su objetivo es la protección de la familia del servidor.
En ese sentido, esta Corporación ha señalado que dicha prestación busca
«beneficiar a los sectores más pobres de la población», mediante un sistema de
compensación orientado a la satisfacción de las necesidades básicas del grupo
familiar.
70. Bajo esa perspectiva, el criterio adoptado por el Decreto 1161 de 2014
resulta más coherente con la finalidad de la prestación que el previsto en el Decreto
1794 de 2000. Mientras este último se calculaba el subsidio familiar sobre el 4 %
del salario básico más la prima de antigüedad, que aumentaba en función de los
años de servicio, la disposición demandada estructuró la prestación en torno a la
composición del núcleo familiar del beneficiario, reconociendo un porcentaje base
por la cónyuge o compañera permanente del 20 % y porcentajes adicionales según
el número de hijos a cargo.
71. De ese modo, el nuevo régimen orienta el subsidio hacia quienes
efectivamente tienen cargas familiares que atender, que es precisamente el
propósito que justifica su existencia y su incremento no depende del mero paso del
tiempo, al dejar de estar atado a la prima de antigüedad. En ese orden, el ajuste
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realizado corrige la situación que ataba el incremento del subsidio al paso de los
años para, en su lugar, condicionarlo al número de hijos, lo que para la Sala
constituye una modificación proporcional y razonable orientada a proteger de forma
material a la familia, fin último de este subsidio.
Desconocimiento del principio de oscilación
72. Los actores también cuestionaron el desconocimiento del principio de
oscilación salarial previsto en el artículo 169 del Decreto 1211 de 1990, conforme al
cual las asignaciones de retiro y pensiones deben liquidarse tomando en cuenta las
variaciones que se introduzcan en las asignaciones del personal en servicio activo.
A su juicio, si los soldados profesionales e infantes de marina en actividad devengan
el subsidio familiar, ese beneficio debe reflejarse igualmente en la asignación de
retiro del personal retirado, sin distinción por la fecha en que se produjo el retiro.
73. El artículo 169 del Decreto 1211 de 1990, invocado por la parte actora,
dispone:
Artículo 169. Oscilación de asignación de retiro y pensión. Las asignaciones de retiro
y las pensiones de que trata el presente Decreto se liquidarán tomando en cuenta las
variaciones que en todo tiempo se introduzcan en las asignaciones de actividad para
cada grado y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 158 de este Decreto. En
ningún caso aquellas serán inferiores al salario mínimo legal. Los Oficiales y
Suboficiales o sus beneficiarios, no podrán acogerse a normas que regulen ajustes
prestacionales en otros sectores de la administración pública, a menos que así lo
disponga expresamente la ley.
Parágrafo. Para la oscilación de las asignaciones de retiro y pensiones de Oficiales
Generales y de Insignia, Coroneles y Capitanes de Navío, se tendrá en cuenta como
sueldo básico, el porcentaje que como tal determinen las disposiciones legales
vigentes que regulen esta materia, más las partidas señaladas en el Artículo 158 de
este Decreto.
74. Para resolver este cargo, es necesario recordar que los soldados
profesionales e infantes de marina tuvieron derecho, por primera vez, al
reconocimiento mensual de un subsidio familiar a partir de la entrada en vigencia
del Decreto 1794 de 2000. Sin embargo, fue tan solo hasta la expedición de los
Decretos 1161 y 1162 de 2014 que tal partida se consagró como computable para
la asignación de retiro de ese personal. Antes de esas disposiciones, no existía
norma que ordenara incluirlo en la liquidación de dicha prestación11.
75. De conformidad con el artículo 1 del Decreto 1162 de 2014 los soldados e
infantes de marina que devenguen el subsidio familiar establecido en el Decreto
1794 del 2000 tiene derecho a que el 30% de ese valor sea una partida computable
para liquidar la asignación de retiro. Por su parte, los que devenguen el subsidio
familiar que establece las normas demandadas en este proceso tienen derecho a
que el 70% del subsidio sea considerado un factor para la liquidación de la
asignación.
11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A.
Sentencia del 18 de agosto de 2022, rad. núm. 11001-03-25-000-2019-00457-00 (3474-2019).
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76. Así lo precisó esta Corporación en la sentencia de unificación del 25 de
abril de 2019, al fijar, entre otras, las siguientes reglas12:
[…]
2. Los soldados profesionales que causen su derecho a la asignación de retiro a partir
de julio de 2014 tendrán derecho a que se incluya el subsidio familiar como partida
computable en dicha prestación, así: en el porcentaje del 30% para quienes al
momento de su retiro estén devengando el subsidio familiar regulado en el Decreto
1794 de 2000 y, en porcentaje del 70%, para el personal de soldados profesionales
que no percibía tal partida.
3. Para quienes causaron su derecho a la asignación de retiro con anterioridad al mes
de julio de 2014, el subsidio familiar no es partida computable para la liquidación de
esa prestación, toda vez que no estaba definido en la ley o decreto como tal.
[…]
77. Las reglas fijadas en la citada sentencia confirman que, contrario a lo
sostenido por la parte actora, las disposiciones acusadas no desconocieron el
principio de oscilación, sino que lo materializaron. En efecto, el Decreto 1162 de
2014 ajustó las asignaciones de retiro de los soldados profesionales que
devengaban el subsidio familiar previsto en el Decreto 1794 de 2000 a la nueva
realidad prestacional creada por el Decreto 1161 de 2014, al incorporar ese
concepto como factor de liquidación a partir del 1 de julio de 2014.
78. Para la Sala, la incorporación realizada por los Decretos 1161 y 1162 de
2014 constituye una expresión del principio de oscilación, pues permitió trasladar
a la asignación de retiro el beneficio reconocido al personal en servicio activo, con
el fin de mantener la correspondencia entre ambos regímenes.
79. En consecuencia, contrario a lo señalado por los actores, no se desconoció
el principio de oscilación porque las asignaciones de retiro fueron ajustadas para
que se incrementaran a partir del año 2014 a las reglas de los dos regímenes que
regulan el subsidio familiar.
80. Por lo expuesto, el cargo no tiene vocación de prosperidad y se negarán
las pretensiones de la demanda.
Condena en costas
81. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de
la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
Corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma
no significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia. La pretensión del legislador fue instar la condena en costas cuando la
demanda carezca manifiestamente de fundamento legal, únicamente en asuntos
12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del 25 de
abril de 2019, rad. núm. 85001-33-33-002-2013-00237-01(1701-16) CE-SUJ2-015-19.
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de interés público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos.
82. En este contexto, el artículo 188 del CPACA establece que, por regla
general, no habrá condena en costas cuando el asunto objeto de litigio sea de
interés público; y que, excepcionalmente, procederá la imposición de costas en
este escenario cuando la demanda haya carecido manifiestamente de fundamento
legal. La norma hace referencia a las pretensiones cuyo interés trasciende la
esfera de lo particular al abordar asuntos de provecho general o común que
pueden ser promovidos por cualquier persona y no persiguen el reconocimiento
de derechos subjetivos en favor de un sujeto determinado.
83. En el caso concreto, se tiene que la demanda fue incoada en ejercicio del
medio de control de nulidad, el cual trasciende de la esfera particular a la general
al abordar asuntos de interés común que pueden ser promovidos por cualquier
persona y no persigue el reconocimiento de derecho subjetivo alguno.
Adicionalmente, no se advierte que la demanda haya carecido manifiestamente
de fundamento legal, toda vez que se plantearon cuestionamientos jurídicos
contra el acto administrativo demandado que debieron ser analizados en la
sentencia. En consecuencia, se prescindirá de la condena en costas en el
presente proceso.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
Primero. NEGAR las pretensiones de la demanda de conformidad con lo expuesto
en la parte motiva de esta decisión.
Segundo. Sin condena en costas.
Tercero. En firme esta decisión, por Secretaría de la Sección Segunda, háganse
las anotaciones correspondientes en el aplicativo SAMAI y archívese el expediente.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
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CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.
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