RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-25-000-2019-00457-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2019-00457-00

Fecha
18 de agosto de 2022
Consejero ponente
William Hernandez Gomez
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2019-00457-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero: Denegar la pretensión de nulidad parcial del artículo 1 del Decreto 1162 de 2014 contenida en la demanda objeto de este medio de control, por las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión. 68 Índice 60, expediente electrónico. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 28 Radicado: 11001-03-25-000-2019-00457 00 (3474-2019) Demandante: Duverney Eliud Valencia Ocampo Segundo: Aceptar la manifestación realizada por la abogada Sandra Marcela Parada Aceros, identificada con cédula 51.684.114 y tarjeta profesional 55.153 del C. S. de la J., en el sentido de renunciar al poder que le confirió el Ministerio de Defensa para ejercer su representación judicial en el presente proceso. Tercero: Ejecutoriada esta providencia, archívese el expediente y háganse las anotaciones pertinentes en el programa informático Samai de esta Corporación.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2019-00457-00

Consejero ponente: William Hernandez Gomez

18 de agosto de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

Bogotá, D. C., dieciocho (18) de agosto de dos mil veintidós (2022)

Referencia: NULIDAD
Radicación: 11001-03-25-000-2019-00457-00 (3474-2019)
Demandante: DUVERNEY ELIUD VALENCIA OCAMPO
Demandados: MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y
OTROS1

Temas: Subsidio familiar percibido por soldados profesionales de las Fuerzas Militares y
su inclusión como partida computable para liquidar la asignación de retiro y pensión de
invalidez.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA O-011-2022

1. ASUNTO

La Sala dicta la sentencia que en derecho corresponda, en el proceso judicial de
la referencia tramitado en virtud del medio de control de nulidad simple, consagrado
en el artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (CPACA).

2. DEMANDA2

En ejercicio del medio de control de nulidad que consagra el artículo 137 del
CPACA3, el señor Duverney Eliud Valencia Ocampo presentó demanda en contra
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Ministerio de Defensa Nacional y
el Departamento Administrativo de la Función Pública.

2.1. Pretensión

Que se declare la nulidad parcial del artículo 1.° del Decreto 1162 de 20144, en lo
que respecta al siguiente aparte subrayado y resaltado en negrilla:

1
Ministerio de Defensa Nacional y Departamento Administrativo de la Función Pública.
2
Ff. 1 a 13, cuaderno principal del expediente físico.
3
Por medio del auto del 13 de septiembre de 2019 se inadmitió la demanda y se adecuó el trámite
de la demanda al medio de control de nulidad simple de que trata el artículo 137 del CPACA.
4
«Por el cual se dictan disposiciones en materia de asignación de retiro y pensiones de invalidez
para los Soldados Profesionales e Infantes de Marina Profesionales de las Fuerzas Militares»

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
1

Radicado: 11001-03-25-000-2019-00457 00 (3474-2019)
Demandante: Duverney Eliud Valencia Ocampo

«Artículo 1. A partir de julio del 2014, para el personal de Soldados
Profesionales e Infantes de Marina Profesionales de las Fuerzas Militares que
al momento del retiro estén devengando el subsidio familiar, regulado en los
decretos 1794 de 2000 y 3770 de 2009, se tendrá en cuenta como partida
computable para liquidar la asignación de retiro y pensión de invalidez el
treinta por ciento (30%) de dicho valor; el cual será sumado en forma
directa, al valor que corresponda por concepto de asignación de retiro o
pensión de invalidez, liquidado conforme a las disposiciones normativas
contenidas en el Decreto 4433 de 2004 y demás normas que lo modifiquen,
adicionen o sustituyan.»

El demandante también pidió que se declare que el porcentaje en que se debe
tomar el subsidio familiar como partida computable sea el mismo que se devenga
en actividad o un 70%, sin embargo esta pretensión fue excluida del presente
asunto en el auto del 27 de febrero de 2020 que admitió la demanda, respeto del
cual no se interpuso recurso alguno.

2.2. Normas violadas y concepto de violación

El demandante consideró que el aparte acusado desconoce los artículos 13 y 53
de la Constitución Política, transgresión que a su juicio se concreta en las
siguientes causales de nulidad:

(i) «Desviación de poder al expedir el acto con violación al principio de igualdad,
mínimo vital y fines esenciales del Estado». Indicó que, aunque en el Sistema
General de Seguridad Social el subsidio familiar no es un factor salarial que se
tenga en cuenta a efectos de liquidar las pensiones ni las sumas a pagar por
terminación de los contratos de trabajo, en el régimen de excepción de la Fuerza
Pública tal rubro sí es computable para definir el valor de la asignación de retiro.

Sobre el tema explicó que el artículo 13 del Decreto 4433 de 2004, que desarrolló
la Ley 923 del mismo año, ordenó que la asignación de retiro, la pensión de
invalidez y de sobrevivencia en el caso de los oficiales y suboficiales se liquidara
incluyendo el subsidio familiar en el porcentaje reconocido a la fecha de retiro. La
misma norma excluyó a los soldados profesionales de aquel beneficio.

Más adelante, el Decreto 1162 de 2014 dispuso que, a partir de julio de 2014, los
soldados profesionales de las Fuerzas Militares que al momento del retiro
estuvieran recibiendo el subsidio familiar regulado por los Decretos 1794 de 2000
y 3770 de 2009, tendrían derecho a que tal emolumento fuera partida computable
en su asignación de retiro. No obstante, lo sería en un porcentaje distinto al
asignado para los oficiales y suboficiales. En efecto, mientras que a estos se les
incluye en el valor reconocido a la fecha del retiro, para aquellos es del 30% de lo
recibido por ese concepto en actividad.

De otro lado, indicó que el Decreto 1161 de 2014 previó que los soldados
profesionales que percibieran el subsidio familiar creado en el artículo 1.º de esa

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2

Radicado: 11001-03-25-000-2019-00457 00 (3474-2019)
Demandante: Duverney Eliud Valencia Ocampo

norma, tendrían derecho a que tal partida fuera computable para efecto de liquidar
la asignación de retiro en un 70% de lo devengado por ella en actividad. Tal
emolumento es sumado en forma directa al monto que corresponda a la asignación
de retiro o pensión de invalidez.

Con lo anterior, la parte demandante reprochó que los soldados profesionales
estén recibiendo un trato diferenciado no solo en relación con los oficiales y
suboficiales, sino también entre ellos mismos dependiendo de la norma que
consagre el derecho al subsidio familiar que perciben. Para una mayor claridad, a
continuación, se esquematiza la censura del demandante por la presunta
vulneración del derecho a la igualdad:

Soldados profesionales
Soldados profesionales
que reciben el subsidio
Oficiales y que reciben el subsidio
Personal familiar en los términos
suboficiales familiar en los términos
de los Decretos 1794 de
del Decreto 1161 de 2014
2000 y 3770 de 2009
Norma que
regula el Decreto 4433 de
Decreto 1162 de 2014, Decreto 1161 de 2014,
porcentaje 2004, artículo
artículo 1 artículo 5
el subsidio 13.1.7
familiar
Porcentaje
70% del valor que se
del subsidio 30% del valor del subsidio
devengue en actividad por
familiar familiar; el cual será
En el porcentaje concepto de subsidio
como sumado en forma directa, al
que se encuentre familiar, sumado en forma
partida valor que corresponda por
reconocido a la directa, al valor que
computable concepto de asignación de
fecha de retiro corresponda por concepto
de la retiro o pensión de
de asignación de retiro o
asignación invalidez.
pensión de invalidez.
de retiro

En criterio del señor Duverney Eliud Valencia Ocampo, el aparte normativo
acusado de nulidad contiene una medida que vulnera el derecho a la igualdad de
los soldados profesionales a quienes se les aplica el Decreto 1162 de 2014 y que,
además, es regresiva en el gozo de un derecho prestacional.

Agregó que el trato diferenciado que trae la norma no persigue un fin
constitucionalmente válido si se tiene en cuenta que la finalidad del subsidio
familiar debería ser la de beneficiar a los sectores más pobres de la población
estableciendo un sistema de compensación entre los salarios bajos y altos, en
busca de la satisfacción de las necesidades básicas del grupo familiar. Sin
embargo, contrario a ello, lo que sucede en las Fuerzas Militares es que esta
prestación se reconoce en menor proporción a los soldados, frente a otro personal
que recibe mayores beneficios. De esta manera, también se ve afectado el mínimo
vital dada la disminución de la asignación de retiro, para quienes se encuentran en
esta situación.

(ii) «Falsa motivación al violar normas sustanciales sobre el subsidio familiar».
En este apartado, el demandante citó el Decreto Ley 325 de 1959 y los Decretos
2337 de 1971, 612 de 1977, 89 de 1984, 95 de 1989 y 1211 de 1990, así como

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
3

Radicado: 11001-03-25-000-2019-00457 00 (3474-2019)
Demandante: Duverney Eliud Valencia Ocampo

apartes de la sentencia C-508 de 1997 e hizo un recuento de la evolución
normativa de la partida objeto de análisis. Lo anterior para destacar que el subsidio
familiar es una prestación social que tiene por finalidad ayudar al trabajador al
sostenimiento de su familia en consideración a sus ingresos. A partir de ese
concepto, manifestó que la norma parcialmente acusada vulnera el artículo 2, literal
a) de la Ley 4 de 1992 pues genera una desmejora en las condiciones salariales y
prestacionales de los soldados e infantes de marina profesionales. Ello teniendo
en cuenta que se trata de un derecho destinado a la protección de la familia.

3. SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR

La solicitud de medida cautelar que elevó el demandante fue resuelta en forma
negativa en auto del 11 de noviembre de 20205.

4. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

4.1. Departamento Administrativo de la Función Pública6

La entidad se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda. Con tal
fin, transcribió extensamente la sentencia de unificación jurisprudencial del 25 de
abril de 2019, proferida por la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de
Estado7, en la que se abordó el tema del trato desigual respecto del subsidio
familiar para los soldados profesionales, en relación con los oficiales y suboficiales,
con fundamento en las normas invocadas en la demanda. Al respecto sostuvo que,
de las consideraciones y reglas de unificación dispuestas en dicha providencia,
puede concluirse que no se configuraron los vicios de nulidad alegados, pues el
Gobierno nacional se encontraba autorizado para expedir el régimen prestacional
de los servidores públicos del Ministerio de Defensa, y que el trato diferencial que
se prevé en los Decretos 1161 y 1162 de 2014 no comporta una violación de los
principios de igualdad y progresividad, como tampoco transgrede las normas sobre
el subsidio familiar.

4.2. Ministerio de Hacienda y Crédito Público8

Esta agencia ministerial afirmó que la demanda no está llamada a prosperar, en
sustento de lo cual propuso la excepción de mérito que denominó «validez
constitucional de la diferenciación establecida». Como fundamento de esta, señaló
que la norma demandada no es contraria a las leyes marco que le sirven de guía
y tampoco lesiona el principio de igualdad, toda vez que la diferencia de trato
expuesta por el demandante atiende a una circunstancia omitida por este, la cual

5
Índice 34, expediente electrónico.
6
Índice 27, ibidem.
7
Radicado 85001-33-33-002-2013-00237-01 (1701-16).
8
Índice 28, expediente electrónico.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
4

Radicado: 11001-03-25-000-2019-00457 00 (3474-2019)
Demandante: Duverney Eliud Valencia Ocampo

consiste en que el subsidio familiar percibido por los soldados profesionales que
se rigen por el Decreto 1794 de 2000 no es el mismo que el que se aplica a quienes
están cobijados por el Decreto 1161 de 2014.

Al respecto, explicó que es posible diferenciar dos grupos de soldados
profesionales e infantes de marina. De un lado, están aquellos que por disposición
del Decreto 1794 de 2000 habían venido percibiendo un subsidio familiar
equivalente al 4% de su salario básico más el 100% de la prima de antigüedad, y
que por disposición del Decreto 1162 de 2014, a partir de julio de ese año, tenían
derecho a que se les incluyera el 30% de aquel subsidio como partida computable
para liquidar la asignación de retiro y pensión de invalidez. De otro lado, se
encuentra un grupo de soldados profesionales e infantes de marina que a 2014 no
eran beneficiarios del subsidio familiar, para los cuales el Decreto 1161 de esa
anualidad creó un nuevo régimen en esta materia, el cual estableció un porcentaje
diferente para calcular tanto el subsidio mismo, como su impacto en la liquidación
de la asignación de retiro (el 70% de lo que se devengue en actividad por subsidio
familiar).

Adujo que esto último atendió a criterios de progresividad, pues se busca una
mejora de las condiciones en las que se otorga el subsidio familiar dentro de las
Fuerzas Militares, de conformidad con las Leyes 4.ª de 1992 y 923 de 2004, pero
también de igualdad, a efectos de compensar a quienes con anterioridad a esa
fecha no habían tenido derecho a percibir el emolumento en cuestión.

4.3. Ministerio de Defensa9

Este ministerio formuló oposición a la demanda por considerar que el aparte
normativo acusado no transgrede ningún precepto constitucional ni legal y,
además, fue proferido en ejercicio de las facultades que le asisten al Gobierno
Nacional por disposición del artículo 150, numeral 19, de la Constitución y la Ley
4ª de 1992.

También llamó la atención sobre la falta de claridad y especificidad de los cargos
de nulidad pues adujo que, para sustentar la supuesta transgresión del derecho a
la igualdad, la demanda compara normas cuyos destinatarios son grupos de
personal diferentes, que por lo tanto tienen derecho a percibir distintas
prestaciones.

5. APLICACIÓN DE LAS NORMAS SOBRE SENTENCIA ANTICIPADA

Mediante auto del 9 de julio de 202110, el consejero sustanciador aplicó lo previsto
en el artículo 182A del CPACA, adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 de

9
Índice 29, reiterado en los índices 30, 31, 32 y 33 del expediente electrónico
10
Índice 40, ibidem.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
5

Radicado: 11001-03-25-000-2019-00457 00 (3474-2019)
Demandante: Duverney Eliud Valencia Ocampo

2021, a efectos de emitir sentencia anticipada antes de celebrarse la audiencia
inicial. La providencia fijó el litigio en los siguientes términos:

[…] Para formular los problemas jurídicos que, en principio, deben ser
resueltos como guía metodológica en la sentencia, el despacho considera que
de las dos causales de nulidad invocadas en la demanda, la de falsa
motivación realmente se corresponde con la de violación de las normas en
que debía fundarse el acto administrativo, pues los argumentos que se dan
frente al vicio de anulación no tienen que ver con la falsedad de las
consideraciones o lo reglamentado en el Decreto 1162 de 2014, sino con su
contradicción directa con el literal a. del artículo 2.° de la Ley 4.ª de 1992. Así,
los problemas jurídicos que se fijan provisionalmente son los siguientes:

(i) La disposición acusada, al prever un trato diferenciado en lo relativo al
cómputo del subsidio familiar en las asignaciones de retiro y pensiones de
invalidez de los soldados profesionales regidos por los Decretos 1794 de
2000 y 3770 de 2009, con los cobijados por el Decreto 1161 de 2014 y con
los oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares ¿fue expedida con
desviación de poder al alejarse de los fines constitucionales que persiguen
la igualdad material en lo relativo a los ingresos que reciben estos
miembros de la Fuerza Pública?

(ii) El porcentaje previsto por el artículo 1.° del Decreto 1162 de 2014, para
efectos del cómputo del subsidio familiar en las asignaciones de retiro y
pensiones de invalidez de los soldados profesionales regidos por los
Decretos 1794 de 2000 y 3770 de 2009 en lo referido a esa prestación,
¿viola el literal a. del artículo 2.° de la Ley 4.ª de 1992 como norma en la
que debía fundarse el acto administrativo? […]

En auto del 6 de octubre de 2021, se corrió traslado para alegar por escrito y para
que el Ministerio Público rindiera su concepto11.

6. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

6.1. Parte demandante

No hizo uso de esta oportunidad procesal.

6.2. Parte demandada

Departamento Administrativo de la Función Pública12

En sus alegatos de conclusión, la entidad reiteró los argumentos expuestos en la
contestación de la demanda.

11
Índice 48, expediente electrónico.
12
Índice 53, ibidem.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
6

Radicado: 11001-03-25-000-2019-00457 00 (3474-2019)
Demandante: Duverney Eliud Valencia Ocampo

Ministerio de Hacienda y Crédito Público13

Insistió en que no había lugar a acceder a la pretensión ventilada en el presente
proceso comoquiera que el trato diferenciado que establece la norma acusada es
perfectamente constitucional.

Para sustentar esta posición, explicó que el grupo al que presuntamente se le
estaría vulnerando el derecho a la igualdad está integrado por los soldados
profesionales e infantes de marina vinculados antes del 30 de septiembre de 2009,
que son los que en virtud del Decreto 3770 de 2009 conservaron el derecho a
percibir el subsidio familiar creado en el Decreto 1794 de 2000.

Explicó que esa supuesta transgresión resultaba de la comparación de aquel grupo
de personal, con otros dos. El de los oficiales y suboficiales, que pertenecen a una
categoría militar diferente y cuyo trato desigual quedó justificado en la sentencia
de unificación del 25 de abril de 2019, proferida por la Sección Segunda del
Consejo de Estado.

Y de otro lado, el grupo de los soldados profesionales e infantes de marina
vinculados a partir del 30 de septiembre de 2009, que por lo tanto no gozaron de
aquella prestación hasta que se expidió el Decreto 1161 de 2014, el cual creó un
nuevo subsidio familiar distinto al del Decreto 1794 de 2000. Sostuvo que aunque
este grupo hace parte de la misma categoría militar, la constitucionalidad del trato
desigual frente al cómputo del subsidio familiar de cara a la pensión de invalidez y
la asignación de retiro se justifica (i) en que se encuentran en situaciones de hecho
diferentes y (ii) en que, como tal, el valor del subsidio familiar se calcula de manera
distinta en cada caso.

En ese sentido, señaló que mientras que el grupo supuestamente vulnerado recibe
un subsidio familiar de 4% del salario básico mensual más el 100% de la prima de
antigüedad mensual, el subsidio familiar de los soldados profesionales e infantes
de marina regulados por el Decreto 1161 de 2014 se liquida con el 20% del salario
básico mensual (más el 3% por el primer hijo, 2% por el segundo y 1% por el
tercero), sin incluir conceptos como prima de antigüedad y con un tope del 26% del
salario básico mensual.

Con base en ello, afirmó que se trata de subsidios diferentes que, por consiguiente,
no tienen que ser computados de igual forma a efectos de la liquidación de la
pensión de invalidez y la asignación de retiro.

Ministerio de Defensa Nacional14

Reiteró su oposición a la prosperidad de las pretensiones, para lo cual insistió en
la sustentación que ofreció al contestar la demanda y agregó que la falta de

13
Índice 54, expediente electrónico.
14
Índice 56, reiterado en los índices 57 y 58 del expediente electrónico.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
7

Radicado: 11001-03-25-000-2019-00457 00 (3474-2019)
Demandante: Duverney Eliud Valencia Ocampo

claridad de los argumentos en que se apoyó el señor Duverney Eliud Valencia
Ocampo pretenden inducir a error al operador judicial pues la presunta violación
del derecho a la igualdad la predica frente a tres clases distintas de personal de
las Fuerzas Militares, que por lo tanto también están sometidas a normas disímiles.

7. MINISTERIO PÚBLICO15

La Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado rindió concepto en
el que solicitó denegar las pretensiones de la demanda por considerar que el aparte
enjuiciado se ajusta plenamente al ordenamiento jurídico. Al respecto indicó que,
como lo señaló el Consejo de Estado en la sentencia de unificación del 25 de abril
de 2019, las diferencias de trato en materia salarial y prestacional entre los
servidores públicos de las Fuerzas Militares se explican razonablemente en la
distintas jerarquías, funciones y responsabilidades a su cargo. En ese sentido,
afirmó que aunque estuvieran sometidos a regímenes similares, estos no tenían
que ser iguales, lo que deja sin sustento las alegaciones del demandante.

Además, destacó que la citada sentencia constituye precedente obligatorio, de allí
que resulte necesario acatar el razonamiento expuesto en ella.

8. CONSIDERACIONES

8.1. Competencia

De conformidad con los artículos 125, 137 y 149 del CPACA, en armonía con los
artículos 13 y 15 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 201916, proferido por la Sala
Plena del Consejo de Estado, esta Subsección es competente para dictar la
sentencia de única instancia que en derecho corresponde.

8.2. Problemas jurídicos

La Sala estima necesario realizar un ajuste al primer problema jurídico que se
planteó de manera provisional en la etapa de fijación del litigio17, por las razones
que se exponen a continuación.

En los términos en que quedó definido, el propósito de aquel interrogante consiste
en establecer si se configuró la causal de nulidad por desviación de poder en la

15
Índice 55, ibidem.
16
Reglamento Interno del Consejo de Estado.
17
En dicha oportunidad se definió el primer problema jurídico a resolver en los siguientes términos:
«¿La disposición acusada, al prever un trato diferenciado en lo relativo al cómputo del subsidio
familiar en las asignaciones de retiro y pensiones de invalidez de los soldados profesionales
regidos por los Decretos 1794 de 2000 y 3770 de 2009, con los cobijados por el Decreto 1161 de
2014 y con los oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares, fue expedida con desviación de
poder al alejarse de los fines constitucionales que persiguen la igualdad material en lo relativo a
los ingresos que reciben estos miembros de la Fuerza Pública?».

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
8

Radicado: 11001-03-25-000-2019-00457 00 (3474-2019)
Demandante: Duverney Eliud Valencia Ocampo

expedición del artículo acusado, atendiendo a que así se rotuló el respectivo
reproche en la demanda.

No obstante, al revisar la censura que formuló el demandante bajo el título de
«desviación de poder», se observa que la misma está dirigida a denunciar el
presunto trato discriminatorio que genera el aparte normativo demandado, en
cuanto desconoce lo dispuesto en el artículo 13 de la Constitución Política relativo
al derecho fundamental a la igualdad, de lo cual puede inferirse que,
materialmente, estos señalamientos se enmarcan en la causal de violación de las
normas superiores en que debía fundarse el acto y no propiamente en la de
desviación de poder18.

Así las cosas, el primer problema jurídico quedará como se indica a continuación,
respecto del segundo19 se mantiene lo dispuesto en el auto del 9 de julio de 202120:

¿La disposición acusada desconoce el artículo 13 de la Constitución
Política al infringir el derecho a la igualdad de los soldados
profesionales que reciben el subsidio familiar en los términos de los
Decretos 1794 de 2000 y 3770 de 2009, toda vez que prevé un trato
diferenciado en relación (i) con los oficiales y suboficiales de las
Fuerzas Militares y (ii) con los soldados profesionales que devengan el
subsidio familiar consagrado en el Decreto 1161 de 2014?

Esta solución, además de estar justificada en términos de procedencia, resulta
transparente para las partes y es respetuosa de su derecho al debido proceso pues
lejos de aparecer como un cambio injustificado y sorpresivo, atiende a la verdadera
naturaleza del vicio de nulidad propuesto por el demandante y frente al cual se han
defendido las entidades demandadas. En ese sentido, la decisión de reformular el
primer problema jurídico redunda en pro de la juridicidad de la presente sentencia.

Con esta precisión, procede la Sala a resolver los interrogantes que corresponden
para dirimir esta controversia.

18
Sobre el vicio de desviación de poder se ha dicho que ocurre cuando una autoridad expide un
acto administrativo que, si bien puede ajustarse a las competencias de las que es titular y a las
formalidades legalmente exigidas, da cuenta del uso de las atribuciones que le corresponden para
satisfacer una finalidad contraria a los intereses públicos o al propósito que buscó realizar el
legislador al momento de otorgar la competencia en cuestión. Al precisar el alcance de dicha causal
de nulidad, esta Subsección ha señalado que «[….] se configura cuando se está ante la presencia
de una intención particular, personal o arbitraria de un sujeto que actúa a nombre de la
administración, en la búsqueda de un fin opuesto a las normas a las que debe someterse […]».
C.E. Sec. Segunda, Subsec. A, Sent. 2700123310002003004702 (1385-2009), nov. 26/2009.
19
Segundo problema jurídico: «¿El porcentaje previsto por el artículo 1.° del Decreto 1162 de 2014
para efectos del cómputo del subsidio familiar en las asignaciones de retiro y pensiones de
invalidez de los soldados profesionales regidos por los Decretos 1794 de 2000 y 3770 de 2009 en
lo referido a esa prestación, viola el literal a. del artículo 2.° de la Ley 4.ª de 1992 como norma en
la que debía fundarse el acto administrativo?».
20
Índice 40, ibidem.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
9

Radicado: 11001-03-25-000-2019-00457 00 (3474-2019)
Demandante: Duverney Eliud Valencia Ocampo

8.2.1. Primer problema jurídico

¿La disposición acusada desconoce el artículo 13 de la Constitución Política al
infringir el derecho a la igualdad de los soldados profesionales que reciben el
subsidio familiar en los términos de los Decretos 1794 de 2000 y 3770 de 2009,
toda vez que prevé un trato diferenciado en relación (i) con los oficiales y
suboficiales de las Fuerzas Militares y (ii) con los soldados profesionales que
devengan el subsidio familiar consagrado en el Decreto 1161 de 2014?

Tesis de la Sala: El aparte acusado del artículo 1 del Decreto 1162 de 2014 no
desconoce el artículo 13 de la Constitución Política por infracción del derecho a la
igualdad de los soldados profesionales que reciben el subsidio familiar en los
términos de los Decretos 1794 de 2000. Frente a los oficiales y suboficiales de las
Fuerzas Militares, porque son grupos de personal que no están en una situación
fáctica de igualdad que permita comparar sus derechos prestacionales a efectos
de equipararlos.

En relación con los soldados que devengan el subsidio del Decreto 1161 de 2014
tampoco se evidencia dicha transgresión porque, aunque fácticamente exista un
patrón de igualdad entre los dos grupos, lo cierto es que a nivel normativo existen
otras diferencias amparadas por la presunción de legalidad (relativas al subsidio
familiar devengado en actividad) que impiden que las cuestiones objeto de análisis
sean cotejables entre sí, a través del estudio aislado de la disposición acusada
propuesto por el demandante, según se explica a continuación.

Para sustentar esta postura, se estudiarán los siguientes temas: (i) el subsidio
familiar que perciben los soldados profesionales y los oficiales y suboficiales de las
Fuerzas Militares; (ii) su inclusión como partida computable para liquidar la
asignación de retiro y la pensión de invalidez; (iii) el principio de igualdad; y (iv) la
solución del caso concreto.

(i) El subsidio familiar que perciben los soldados profesionales y los
oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares

Lo primero que debe señalarse es que, como lo ha definido la Corte
Constitucional21, el subsidio familiar es «una prestación social legal de carácter
laboral22 y, desde el punto de vista del empleador, es una obligación que la ley le
impone. De tal manera que ha buscado beneficiar a los sectores más pobres de la
población, estableciendo un sistema de compensación entre los salarios bajos y

21
Corte Constitucional, sentencia C-508 de 1997.
22
En la providencia en mención, se citó: «La Corte Suprema de Justicia, ha establecido que las
prestaciones sociales son todo aquello que debe el empleador al trabajador en dinero, especie,
servicios u otros beneficios, por ministerio de la ley, o por haberse pactado en convenciones
colectivas, pactos colectivos, contrato de trabajo, reglamento interno de trabajo, fallos arbitrales o
en cualquier acto unilateral del empleador, para cubrir riesgos o necesidades del trabajador que se
originan durante la relación de trabajo o con motivo de la misma. Sobre el particular ver las
sentencias de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral del 9 de septiembre de 1982,
18 de julio de 1985 y 12 de febrero de 1993.».

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
10

Radicado: 11001-03-25-000-2019-00457 00 (3474-2019)
Demandante: Duverney Eliud Valencia Ocampo

los altos, dentro de un criterio que mira a la satisfacción de las necesidades básicas
del grupo familiar».

La Ley 21 de 198223 concibió el subsidio familiar como una prestación social que
tendría la finalidad de aliviar las cargas del sostenimiento de la familia, pagadera
en dinero, especie y servicios para aquellos trabajadores de medianos y menores
ingresos, su pago sería proporcional al número de personas a cargo (artículo 1),
pero no constituiría salario ni se tendría como factor del mismo para ningún efecto
(artículo 2).

En lo que respecta a las diferentes modalidades de pago del subsidio familiar, el
artículo 5 ejusdem precisó que «en dinero», se daría como una cuota monetaria
por cada persona a cargo que concediera derecho a la prestación; «en especie»,
se reconocería en alimentos, vestido, becas de estudio, textos escolares,
medicamentos u otros bienes distintos al dinero; y «en servicios», se otorgaría un
beneficio mediante la utilización de las obras y programas sociales organizados
por las cajas de compensación familiar.

Por su parte, en relación con el subsidio familiar de los servidores del Ministerio de
Defensa Nacional, las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y demás entidades
adscritas o vinculadas del sector, el artículo 13 de la Ley 21 de 1982 precisó que
se continuaría pagando de acuerdo con las normas especiales por las que se
regían aquellos organismos.

Para ese entonces, tratándose de los oficiales y suboficiales de las Fuerzas
Militares, el pago mensual del subsidio familiar estaba consagrado en el artículo
66 del Decreto Ley 612 de 1977. Sin embargo, con las diferentes actualizaciones
de las que ha sido objeto el estatuto por el que se rige dicho personal, la prestación
pasó a reglarse por el artículo 77 del Decreto Ley 95 de 1989, luego por el artículo
75 del Decreto Ley 89 de 1984 y, hoy en día, se encuentra contemplada en el
Decreto 1211 de 199024, que en lo pertinente señala:

[…] ARTÍCULO 79. Subsidio familiar. A partir de la vigencia del presente
Decreto, los Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares en servicio activo,
tendrán derecho al pago de un subsidio familiar que se liquidar mensualmente
sobre su sueldo básico, así:

a. Casados el treinta por ciento (30%), más los porcentajes a que se tenga
derecho conforme al literal c. de este Artículo.

b. Viudos, con hijos habidos dentro del matrimonio por los que exista el
derecho a devengarlo, el treinta por ciento (30%), más los porcentajes de que
trata el literal c. del presente Artículo.

23
«Por la cual se modifica el régimen del Subsidio familiar y se dictan otras disposiciones».
24
«Por el cual se reforma el estatuto del personal de oficiales y suboficiales de las fuerzas
militares».

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
11

Radicado: 11001-03-25-000-2019-00457 00 (3474-2019)
Demandante: Duverney Eliud Valencia Ocampo

c. Por el primer hijo el cinco por ciento (5%) y un cuatro por ciento (4%) por
cada uno de los demás, sin que se sobrepase por este concepto del diecisiete
por ciento (17%) […]

Ahora, en lo que respecta a los soldados profesionales, el derecho al subsidio
familiar surgió con la expedición del Decreto 1794 de 200025, cuyo artículo 11
previó la posibilidad de que lo devengaran durante el servicio en los siguientes
términos:

[…] ARTICULO 11. Subsidio familiar. A partir de la vigencia del presente
Decreto, el soldado profesional de las Fuerzas Militares casado o con unión
marital de hecho vigente, tendrá derecho al reconocimiento mensual de un
subsidio familiar equivalente al cuatro por ciento (4%) de su salario básico
mensual más la prima de antigüedad.

Para los efectos previstos en este artículo, el soldado profesional deberá
reportar el cambio de estado civil a partir de su inicio al Comando de la Fuerza
de conformidad con la reglamentación vigente […]

Más adelante, en desarrollo de las normas generales señaladas en la Ley 4 de
1992, el presidente de la República expidió el Decreto 3770 del 30 de septiembre
de 200926, por medio del cual se derogó el citado artículo 11. Sin embargo, para
quienes ya lo venían devengando, tal decreto dejó a salvo el subsidio familiar,
respetando el derecho a seguir percibiéndolo hasta su retiro del servicio (art. 1, par
1) 27 y aclaró que el valor de dicha prestación sería el resultado de aplicar la
siguiente fórmula: 4% del salario básico mensual + 100% de prima de antigüedad
mensual.

Como por efecto del mencionado Decreto 3770 los soldados profesionales e
infantes de marina profesionales vinculados a partir del 30 de septiembre de 2009
ya no tendrían derecho a recibir el subsidio en cuestión, se expidió el Decreto 1161
de 201428 que creó, desde del 1.º de julio de ese año, el subsidio familiar para
quienes por ese motivo no lo venían devengando. Al respecto, el artículo 1.º del
Decreto 1161 de 2014, señaló:

[…] ARTÍCULO 1º. Subsidio Familiar para soldados profesionales e infantes
de marina profesionales. Créase, a partir del 1° de julio del 2014, para los
soldados profesionales e infantes de marina profesionales de las Fuerzas
Militares en servicio activo, que no perciben el subsidio familiar regulado en
los decretos 1794 de 2000 y 3770 de 2009, un subsidio familiar que se
liquidará y reconocerá mensualmente sobre su asignación básica, así:

25
«Por el cual se establece el régimen salarial y prestacional para el personal de soldados
profesionales de las Fuerzas Públicas».
26
«Por el cual se deroga el artículo 11 del decreto 1794 de 2000 y se dictan otras disposiciones».
27
Sobre el particular, el artículo 1 del Decreto 3770 de 2009 señaló: «PARÁGRAFO PRIMERO. Los
Soldados profesionales e Infantes de Marina Profesionales de las Fuerzas Militares que a la fecha
de entrada en vigencia del presente decreto estén percibiendo el subsidio familiar previsto en el
derogado artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, continuarán devengándolo hasta su retiro del
servicio».
28
«Por el cual se crea el subsidio familiar para soldados profesionales e infantes de marina
profesionales y se dictan otras disposiciones».

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
12

Radicado: 11001-03-25-000-2019-00457 00 (3474-2019)
Demandante: Duverney Eliud Valencia Ocampo

a. Para los soldados profesionales e infantes de marina profesionales casados
o con unión marital de hecho vigente, tendrán derecho a percibir por subsidio
familiar el veinte por ciento (20%) de la asignación básica por la cónyuge o
compañera permanente, más los porcentajes a que se pueda tener derecho
por los hijos conforme al literal c. de este artículo.

b. Para los soldados profesionales e infantes de marina profesionales viudos
siempre y cuando hayan quedado a cargo de los hijos habidos dentro del
matrimonio o dentro de la unión marital de hecho, tendrán derecho a percibir
por subsidio familiar el veinte por ciento (20%) de la asignación básica más
los porcentajes a que se pueda tener derecho por los hijos conforme al literal
c. del presente artículo.

c. Para los soldados profesionales e infantes de marina profesionales con
hijos, tendrán derecho a percibir subsidio familiar por este concepto calculado
sobre su asignación básica así: Por el primer hijo el tres por ciento (3%), por
el segundo hijo el dos por ciento (2%) y el uno por ciento (1%) por el tercer
hijo. En ningún caso el soldado profesional o el infante de marina profesional
por este concepto podrá percibir más del seis por ciento (6%) de su asignación
básica.

PARÁGRAFO 1. El subsidio familiar previsto en el presente artículo en ningún
caso podrá sobrepasar el veintiséis por ciento (26%) de la asignación básica
de los soldados profesionales e infantes de marina profesionales.

PARÁGRAFO 2. Para los efectos previstos en este artículo los soldados
profesionales e infantes de marina profesionales de las Fuerzas Militares a
partir del 01 de Julio de 2014, podrán elevar al Comando de Fuerza. la solicitud
de reconocimiento del subsidio familiar previsto en el presente decreto, y el
reconocimiento tendrá efectos fiscales a partir de la fecha de presentación de
la solicitud de que trata el presente parágrafo, siempre y cuando cumplan con
los requisitos para su reconocimiento y pago […]

El parágrafo 3 del citado artículo dispuso expresamente que los soldados
profesionales e infantes de marina profesionales de las Fuerzas Militares que
estuvieran percibiendo el subsidio familiar previsto en los Decretos 1794 de 2000
y 3770 de 2009, no tendrían derecho a percibir el subsidio familiar creado por el
Decreto 1161.

Es importante señalar que en sentencia del 8 de junio de 201729, la Sección
Segunda, Subsección B, del Consejo de Estado declaró la nulidad del Decreto
3770 de 200930. Aunque el fallo indicó que la decisión tendría efectos ex tunc, en
providencia del 8 de septiembre de 2017 la misma Sala de Subsección aclaró el
alcance de esa determinación al explicar que:

29
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 8 de junio de 2017,
radicación: 110010325000201000065 00(0686-2010), actor: Fundación Colombiana Sentimiento
Patrio de los soldados e infantes de Marina Profesionales «SEDESOL».
30
En síntesis, la decisión anulatoria contenida en la sentencia del 8 de junio de 2017 obedeció a
que «[…] las disposiciones contenidas en el Decreto 3770 de 2009 resultan ser contrarias a los
fines esencial del Estado y al principio de progresividad consignado en el artículo 48 de la
Constitución Política; vulneran los principios que proscriben la regresividad de los derechos sociales
y la discriminación, afectando el principio de confianza legítima, la garantía a la igualdad, el derecho
al trabajo y a la seguridad social; de raigambre constitucional e introducidos por los tratados y
pactos internacionales suscritos por Colombia, así como las previsiones establecidas en la Ley 4
de 1992».

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
13

Radicado: 11001-03-25-000-2019-00457 00 (3474-2019)
Demandante: Duverney Eliud Valencia Ocampo

«[…] la declaratoria de nulidad con efectos ex tunc del Decreto 3770 de 2009
revivió las disposiciones normativas contenidas en el artículo 11 del Decreto
1794 de 2000, restituyendo sus efectos con el fin de evitar la existencia de
vacíos normativos y, por ende, la inseguridad jurídica generada por la
ausencia de regulación particular y específica respecto de situaciones
jurídicas no consolidadas desde el momento de su promulgación hasta
cuando fue subrogado por el Decreto 1161 de 2014, que permanece en vigor
desde su entrada en vigencia hasta nuestros días, por cuanto que no ha sido
expulsado del ordenamiento jurídico por ninguna de las vías legalmente
establecidas.»

En conclusión, en el caso de los soldados profesionales, el subsidio familiar
contemplado en el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000 rigió hasta el 30 de junio
de 2014, de allí que a quienes hubiesen reunido los requisitos para tener derecho
a la prestación con anterioridad a esa fecha se les ha debido reconocer en los
términos de aquella norma. Ahora, como el efecto del Decreto 1161 de 2014 fue
subrogar el mencionado artículo 11, a los soldados profesionales que cumplieran
los requisitos para devengar el subsidio en cuestión a partir de julio de ese año, se
les pagaría conforme con el artículo 1.º del Decreto 1161.

Visto lo anterior, el subsidio familiar a que tienen derecho los soldados
profesionales y los oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares en servicio
activo puede resumirse en el siguiente cuadro:

Oficiales y Suboficiales Soldados profesionales Soldados profesionales
(Decreto 1211 de 1990) (Subsidio familiar del (Subsidio familiar del
Decreto 1794 de 2000, Decreto 1161 de 2014, art.
art. 11) 1º)

• Para quienes estén Para quienes estén - Para quienes estén
casados o hayan quedado casados o con unión casados, con unión marital de
viudos con hijos habidos marital de hecho vigente: hecho o hayan quedado
dentro del matrimonio por El 4% de su salario básico viudos a cargo de los hijos
los que exista derecho a mensual más el 100% de habidos dentro del
devengar subsidio: El 30% la prima de antigüedad matrimonio o dentro de la
del sueldo básico, más los mensual. unión marital de hecho: El
porcentajes a que pueda 20% de la asignación básica,
tener derecho por los más los porcentajes a que
hijos. pueda tener derecho por los
hijos.
• Por los hijos: El 5% del
sueldo básico por el Por los hijos: El 3% por el
primero y un 4% adicional primero; el 2% por el segundo
por cada uno de los y el 1% por el tercero31.
demás hijos, sin exceder
el 17%.

31
Esto significa que el máximo que se puede devengar por concepto de subsidio familiar es del
26% de la asignación básica mensual.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
14

Radicado: 11001-03-25-000-2019-00457 00 (3474-2019)
Demandante: Duverney Eliud Valencia Ocampo

(ii) Subsidio familiar como partida computable para liquidar la
asignación de retiro y la pensión de invalidez

Lo expuesto en precedencia da cuenta de la consagración del subsidio familiar
como prestación pagadera mensualmente durante el servicio activo en favor del
mencionado personal de las Fuerzas Militares. No obstante, dicho emolumento
también es tenido en cuenta como partida computable cuando, producido el retiro
del servicio, hay lugar al reconocimiento de la pensión de invalidez o de la
asignación de retiro.

Tratándose de los oficiales y suboficiales, la inclusión del subsidio familiar para
tales efectos fue pareja con la consagración misma del derecho a percibir la
prestación durante el servicio activo, mientras que en el caso de los soldados
profesionales ello sólo ocurrió al expedirse los Decretos 1161 y 1162 de 2014, pues
con anterioridad a estas normas no existía disposición legal que contemplara tal
partida como computable para la liquidación de la asignación de retiro o la pensión
de invalidez de ese personal, según pasa a explicarse.

En el caso de los oficiales y suboficiales, la inserción de este emolumento con fines
pensionales fue consagrada en los Decretos 612 de 1977 (art. 131); 95 de 1989
(art. 153); 89 de 1984 (art. 151); 1211 de 1990 (art. 158); y posteriormente en el
Decreto 4433 de 200432, cuyo artículo 13 señala lo siguiente:

[…] ARTICULO 13. Partidas computables para el personal de las Fuerzas
Militares. La asignación de retiro, pensión de invalidez, y de sobrevivencia, se
liquidarán según corresponda en cada caso, sobre las siguientes partidas así:

13.1 Oficiales y Suboficiales:
13.1.1 Sueldo básico.
13.1.2 Prima de actividad.
13.1.3 Prima de antigüedad.
13.1.4 Prima de estado mayor.
13.1.5 Prima de vuelo, en los términos establecidos en el artículo 6 del
presente Decreto.
13.1.6 Gastos de representación para Oficiales Generales o de Insignia.
13.1.7 Subsidio familiar en el porcentaje que se encuentre reconocido a la
fecha de retiro.
13.1.8 Duodécima parte de la Prima de Navidad liquidada con los últimos
haberes percibidos a la fecha fiscal de retiro […] (Subraya fuera del texto
original)

Mientras que el anterior precepto enunció los factores que se incluirían en la
liquidación de la asignación de retiro de los oficiales y suboficiales, considerando
entre ellos el subsidio familiar, el porcentaje en que se tendrían en cuenta estos
emolumentos fue fijado en su artículo 15 para quienes se vincularon al servicio a
partir del 31 de diciembre de 200433, y en su artículo 14, para aquellos que a la

32
«Por medio del cual se fija el régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la
Fuerza Pública».
33
Fecha de entrada en vigencia del Decreto 4433 de 2004.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
15

Radicado: 11001-03-25-000-2019-00457 00 (3474-2019)
Demandante: Duverney Eliud Valencia Ocampo

fecha ya se encontraban en servicio activo. No obstante, este último precepto fue
declarado nulo por la Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia del
23 de octubre de 2014, con ocasión de lo cual se expidió el Decreto 991 de 2015,
que reguló nuevamente la materia en el caso de los oficiales y suboficiales
escalafonados con anterioridad a la entrada en vigencia del Decreto 4433 de 2014.

Visto lo anterior, para lo que interesa al presente proceso, es importante señalar
que, con posterioridad al 31 de diciembre de 2014, los oficiales y suboficiales que
hayan ingresado al servicio tienen derecho a que su asignación de retiro se liquide
así: por los 20 primeros años de servicio, en un 70% de las partidas computables
indicadas en el artículo 13 del Decreto 4433 de 2004 (incluido el subsidio familiar)
y, por cada año adicional hasta los 24, se reconoce un excedente del 4% hasta un
tope máximo del 85%, alcanzado el cual hay lugar a adicionar dicha tasa de
remplazo en un 2% por cada año, sin que el total sobrepase el 95% de las partidas
computables34.

Ahora, en el caso de los soldados profesionales, el Decreto 4433 de 2004, que
positivizó por vez primera su derecho a percibir asignación de retiro a la luz del
régimen especial de las Fuerzas Militares, señaló que en la liquidación de esta
prestación se tendrían en cuenta únicamente el salario mensual y la prima de
antigüedad, excluyendo expresamente la adición de cualquier otra partida, entre
ellas la del subsidio familiar35. En cuanto a la liquidación de la asignación de retiro
de este personal, el artículo 16 ejusdem dispuso que sería equivalente al 70% del
salario mensual, adicionado en un 38.5% de la prima de antigüedad36.

Diez años más tarde se produciría la inclusión del subsidio familiar como partida
computable de la asignación de retiro para los soldados profesionales. En efecto,

34
Artículo 15 del Decreto 4433 de 2004.
35
«ARTICULO 13. Partidas computables para el personal de las Fuerzas Militares. La asignación
de retiro, pensión de invalidez, y de sobrevivencia, se liquidarán según corresponda en cada caso,
sobre las siguientes partidas así:
[…]
13.2 Soldados Profesionales:
13.2.1 Salario mensual en los términos del inciso primero del artículo 1o del Decreto-ley 1794 de
2000.
13.2.2 Prima de antigüedad en los porcentajes previstos en el artículo 18 del presente decreto.
PARÁGRAFO. En adición a las partidas específicamente señaladas en este artículo, ninguna de
las demás primas, subsidios, bonificaciones, auxilios y compensaciones, serán computables para
efectos de asignación de retiro, pensiones y sustituciones pensionales.»
36
Sobre la manera en que debe leerse la fórmula de liquidación de la asignación de retiro contenida
en el artículo 16 del Decreto 4433 de 2004, la sentencia de unificación del 25 de abril de 2019,
proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado, fijó la siguiente regla: «5. Para la
liquidación de la asignación de retiro de los soldados profesionales en aplicación del artículo 16 del
Decreto 4433 de 2004, debe tenerse en cuenta que será solamente la asignación salarial la que
deberá tomarse en el 70% de su valor, para luego, adicionarle el valor de la prima de antigüedad
del 38.5%, calculada a partir del 100% de la asignación salarial mensual básica que devengue el
soldado profesional al momento de adquirir el derecho a obtener la asignación de retiro; de la
siguiente manera: (salario x 70%) + (salario x 38.5%) = Asignación de Retiro». Radicado 85001-33-
33-002-2013-00237-01(1701-16) CE-SUJ2-015-19.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
16

Radicado: 11001-03-25-000-2019-00457 00 (3474-2019)
Demandante: Duverney Eliud Valencia Ocampo

ello ocurrió a partir de julio de 2014, por virtud de los Decretos 1161 y 1162 de ese
año37, los que regularon la materia como se explica a continuación.

El Decreto 1162 de 201438, en su artículo 1, reguló la situación de los soldados
profesionales que devengan el subsidio familiar establecido en el Decreto 1794 de
2000, señalando al respecto que, a partir de julio de esa anualidad, se tendría «[…]
en cuenta como partida computable para liquidar la asignación de retiro y pensión
de invalidez el treinta por ciento (30%) de dicho valor; el cual será sumado en forma
directa, al valor que corresponda por concepto de asignación de retiro o pensión
de invalidez […]», según la liquidación resultante de aplicar el mencionado artículo
16 del Decreto 4433 de 2004.

Por su parte, para los soldados profesionales que percibieran el subsidio familiar
consagrado en el artículo 1.º del Decreto 1161 de 2014, este último dispuso en su
artículo 5 que, a partir de julio de ese año, tal prestación sería incluida como partida
computable para liquidar su asignación de retiro y pensión de invalidez en un
setenta por ciento (70%) del valor que se devengue en actividad, resultado que
también debe sumarse en forma directa al monto de la asignación de retiro o
pensión de invalidez, liquidado conforme con el artículo 16 del referido Decreto
4433.

En síntesis, para efectos de liquidar la asignación de retiro, el subsidio familiar
como partida computable se debe tener en cuenta en los siguientes porcentajes:

Oficiales y Suboficiales Soldados profesionales Soldados profesionales
que devengan el que devengan el
subsidio familiar del subsidio familiar del
Decreto 1794 de 2000 Decreto 1161 de 2014
Por los 20 primeros años de El 30% del valor devengado El 70% del valor devengado
servicio, el 70% del al momento del retiro por al momento del retiro por
subsidio familiar reconocido concepto de subsidio concepto de subsidio
a la fecha de retiro. Por familiar; el cual debe familiar; el cual debe
cada año que exceda hasta sumarse directamente al sumarse directamente al
los 24, se reconoce un 4% valor que corresponda por valor que corresponda por
adicional hasta un tope concepto de asignación de concepto de asignación de
máximo del 85%. retiro o pensión de invalidez retiro o pensión de invalidez
Alcanzado este último, se (Decreto 1162 de 2014, (Decreto 1161 de 2014,
adiciona un 2% por cada artículo 1). artículo 5).
año, con un límite máximo
del 95%39 (Decreto 4433 de
2004, artículo 15).

37
Sobre el particular, es importante tener en cuenta que la sentencia de unificación del 25 de abril
de 2019, proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado, fijó como regla la siguiente: «3.
Para quienes causaron su derecho a la asignación de retiro con anterioridad al mes de julio de
2014, el subsidio familiar no es partida computable para la liquidación de esa prestación, toda vez
que no estaba definido en la ley o decreto como tal».
38
«Por el cual se dictan disposiciones en materia de asignación de retiro y pensiones de invalidez
para los Soldados Profesionales e Infantes de Marina Profesionales de las Fuerzas Militares».
39
Aplicable a los oficiales y suboficiales escalafonados con posterioridad al 31 de diciembre de
2014.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
17

Radicado: 11001-03-25-000-2019-00457 00 (3474-2019)
Demandante: Duverney Eliud Valencia Ocampo

(iii) Principio de igualdad

El artículo 1340 de la Constitución Política regula la igualdad frente a la ley y el
derecho que tienen las personas a recibir la misma protección y trato por parte de
las autoridades, sin ser discriminadas por razón de características tales como sexo,
raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica, entre
otras. Además, en criterio de la Corte Constitucional, con fundamento en el
principio de no discriminación, la ley no puede fijar condiciones distintas a algunos
sectores de la población sin una justificación objetiva y razonable, o que no tengan
una relación de proporcionalidad «[…] entre los hechos que le sirven de causa a la
norma y los fines que ésta persigue. […]»41.

Sobre este punto la Sala estima pertinentes las consideraciones de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos42, para la interpretación del derecho a la
igualdad y no discriminación, así:

[…] Sobre el principio de igualdad ante la ley y la no discriminación, la
Corte ha señalado43 que la noción de igualdad se desprende directamente
de la unidad de naturaleza del género humano y es inseparable de la
dignidad esencial de la persona, frente a la cual es incompatible toda
situación que, por considerar superior a un determinado grupo,
conduzca a tratarlo con privilegio; o que, a la inversa, por considerarlo
inferior, lo trate con hostilidad o de cualquier forma lo discrimine del goce
de derechos que sí se reconocen a quienes no se consideran incursos
en tal situación. La jurisprudencia de la Corte también ha indicado que en la
actual etapa de la evolución del derecho internacional, el principio fundamental
de igualdad y no discriminación ha ingresado en el dominio del jus cogens.
Sobre él descansa el andamiaje jurídico del orden público nacional e
internacional y permean todo el ordenamiento jurídico44.

Además, el Tribunal ha establecido que los Estados deben abstenerse de
realizar acciones que de cualquier manera vayan dirigidas, directa o
indirectamente, a crear situaciones de discriminación de jure o de facto45. Los
Estados están obligados a adoptar medidas positivas para revertir o cambiar

40
«ARTICULO 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma
protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades
sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión,
opinión política o filosófica.
El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas
en favor de grupos discriminados o marginados.
El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o
mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos
que contra ellas se cometan».
41
Corte Constitucional, Sentencia C-339 de 1996, M.P.: Julio Cesar Ortiz Gutiérrez.
42
Por medio de la Ley 16 del 30 de diciembre de 1972 el Congreso de la República aprobó la
Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San José de Costa Rica", firmado en
San José, Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969".
43
Cfr. Opinión Consultiva OC-4/84, supra párr. 55.
44
Cfr. Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados. Opinión Consultiva OC-
18/03 del 17 de septiembre de 2003. Serie A No. 18, párr. 101 y Caso Comunidad Indígena Xákmok
Kásek, supra, párr. 269.
45
Cfr. Opinión Consultiva OC-18/03, supra nota 44, párr. 103 y Caso Comunidad Indígena Xákmok
Kásek, supra, párr. 271.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
18

Radicado: 11001-03-25-000-2019-00457 00 (3474-2019)
Demandante: Duverney Eliud Valencia Ocampo

situaciones discriminatorias existentes en sus sociedades, en perjuicio de
determinado grupo de personas. Esto implica el deber especial de protección
que el Estado debe ejercer con respecto a actuaciones y prácticas de terceros
que, bajo su tolerancia o aquiescencia, creen, mantengan o favorezcan las
situaciones discriminatorias46 […]

En el presente caso se cuestiona la protección del derecho a la igualdad en virtud
de los distintos porcentajes en los que se tiene en cuenta el subsidio familiar para
liquidar la asignación de retiro, según el personal militar de que se trate. Al respecto
es preciso señalar que estas diferencias, per se, no resultan suficientes para
predicar la violación del principio de igualdad si se tiene en cuenta que, por regla
general, no existen principios ni derechos fundamentales que sean absolutos, de
manera que la desigualdad de la medida podría responder a la satisfacción de
otros fines constitucionalmente legítimos.

Al respecto, en su libro «Proporcionalidad: Los derechos fundamentales y sus
restricciones», el profesor Aharon Barak señala que «[…] La mayoría de los derechos
fundamentales gozan de una protección parcial. Ellos no pueden ser realizados en toda la
extensión de su supuesto de hecho si su restricción puede ser justificada […]»47. Es por
ello que, en aquellos casos en que se pone en juicio la garantía del derecho a la
igualdad, la jurisprudencia constitucional ha dispuesto la aplicación de una
herramienta denominada juicio integrado de igualdad48, el cual se agota en las
siguientes etapas:

[…] (i) establecer el criterio de comparación: patrón de igualdad o tertium
comparationis, valga decir, precisar si los supuestos de hecho son susceptibles
de compararse y si se comparan sujetos de la misma naturaleza; (ii) definir si
en el plano fáctico y en el plano jurídico existe un trato desigual entre iguales o
igual entre desiguales; y (iii) averiguar si la diferencia de trato está
constitucionalmente justificada, es decir, si las situaciones objeto de la
comparación ameritan un trato diferente desde la Constitución […]49

(iv) Caso concreto

La demanda objeto de estudio censura el hecho de que los soldados profesionales
que tienen derecho al subsidio familiar del Decreto 1794 de 2000 estarían siendo
objeto de un trato discriminatorio en la manera en que se les computa esta
prestación para efectos de la asignación de retiro, frente al trato que en esa materia

46
Cfr. Opinión Consultiva OC-18/03, supra nota 44, párr. 104; Caso Comunidad Indígena
Xákmok Kásek, supra, párr. 271, y Naciones Unidas, Comité de Derechos Humanos, Observación
General No. 18, No discriminación, 10 de noviembre de 1989, CCPR/C/37, párr. 6.
47
Aharon Barak. Proporcionalidad: Los derechos fundamentales y sus restricciones. Palestra
editores, Perú, 2017, p. 51. El autor distingue entre las que denomina «disposiciones que
determinan el supuesto de hecho del derecho» y «disposiciones que establecen restricciones a la
realización», últimas de las que destaca que «[…] no afectan el supuesto de hecho del derecho.
Ellas no determinan sus restricciones. Ellas no definen su supuesto de hecho. No obstante, ellas
crean una posibilidad constitucional de limitar el derecho fundamental a través de una disposición
infraconstitucional dentro de las restricciones del derecho. Estas son las cláusulas restrictivas […]»
(p. 59).
48
Sobre el test de igualdad, entre otras, ver las sentencias de la Corte Constitucional C-093 de
2001, C-250 de 2012 y C-015 de 2014.
49
Corte Constitucional, sentencia C-015 del 23 de enero de 2014, expediente D-9737.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
19

Radicado: 11001-03-25-000-2019-00457 00 (3474-2019)
Demandante: Duverney Eliud Valencia Ocampo

reciben otros dos grupos de personal de las Fuerzas Militares: (i) los oficiales y
suboficiales, de un lado, y (ii) los soldados profesionales que consolidaron el
subsidio familiar en los términos del Decreto 1161 de 2014.

Lo primero que hay que señalar al respecto es que, como se anunció previamente,
el principio de igualdad consagrado en el artículo 13 de la Carta no proscribe ni
elimina la posibilidad de que el legislador contemple regímenes o tratos
diferenciados entre grupos respecto de un mismo tema, asunto, derecho o
prerrogativa, siempre y cuando esa diferencia se ajuste a los preceptos
constitucionales. Así lo ha sostenido de manera unánime50 la jurisprudencia
constitucional.

En ese sentido, la Corte ha señalado que el artículo 13 Superior no debe
entenderse «como un mandato que establece una igualdad mecánica o
automática»51, por lo que ha diferenciado entre aquellas medidas que implican un
trato discriminatorio y aquellas que aunque otorgan un trato desigual, se basan en
circunstancias objetivas y razonables por lo cual se ajustan a la Constitución,
resaltando que para la adopción de estas últimas deben cumplirse los siguientes
presupuestos: «(i) que las personas sujetos del trato desigual se encuentren
efectivamente en distinta situación de hecho; (ii) que dicho trato tenga una finalidad
que consulte los valores y principios constitucionales; (iii) que la diferencia de
situación, la finalidad que se persigue y el trato desigual que se otorga tengan una
racionalidad interna; y (iv) que exista proporcionalidad entre estos aspectos, es
decir, el trato diferente, las circunstancias de hecho y la finalidad»52, por lo cual ha
concluido que «la diferencia de trato resulta insuficiente, per se, para predicar la
vulneración del derecho a la igualdad».

Visto lo anterior, para resolver el problema jurídico que corresponde, la Sala
procederá a estudiar por separado las dos transgresiones al derecho a la igualdad
que denunció el demandante, comenzando por aquel trato diferencial que se
predica frente al grupo de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares.

El primer asunto que debe analizarse se refiere al carácter relacional del derecho
a la igualdad. En otras palabras, determinar si existe igualdad entre una y otra
situación fáctica supone la realización de un ejercicio comparativo, a efectos de
definir, según el nivel de discrepancia o semejanza, si las cuestiones objeto de
análisis son comparables entre sí.

En este punto, resulta aplicable en su integridad el análisis que efectuó la Corte
Constitucional en la sentencia C-057 de 201053, en la que concluyó que la

50
T-530 de 2002, T-119 de 2001, T-540 de 2000, T-117 de 2003, C-1110 de 2001.
51
T-587 de 2006.
52
Ibidem.
53
En esta sentencia la Corte Constitucional declaró exequible los apartes demandados del artículo
24 del Decreto Ley 353 de 1994 (Por el cual se modifica la caja de vivienda militar y se dictan otras
disposiciones) y del artículo 14 de la Ley 973 de 2005 (Por la cual se modifica el Decreto-ley 353 del
11 de febrero de 1994 y se dictan otras disposiciones).

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
20

Radicado: 11001-03-25-000-2019-00457 00 (3474-2019)
Demandante: Duverney Eliud Valencia Ocampo

diferencia entre oficiales, suboficiales, agentes y soldados se encontraba
justificada como quiera que (i) son sujetos que pertenecen a grupos jurídicamente
diferenciados54, que responden a una naturaleza funcional distinta. Los oficiales
ejercen la conducción y mando; los suboficiales cumplen las funciones de apoyo
de los oficiales y, por su parte, los soldados ejecutan las decisiones de los
comandantes; (ii) La jerarquía militar es un criterio objetivo para diferenciar a los
distintos grupos de miembros de la Fuerza Pública55 y (iii) Las diferentes categorías
se encuentran en situaciones de hecho disímiles56, por lo que no puede predicarse
vulneración del derecho a la igualdad.

Este razonamiento ha sido compartido por el Consejo de Estado en varias
oportunidades. En efecto, en la sentencia de unificación proferida el 25 de abril de
201957, la Sección Segunda de esta Corporación se vio avocada a estudiar si entre
los oficiales y suboficiales, por un lado, y los soldados profesionales, por otro, se
generaba una vulneración del derecho a la igualdad de los últimos debido a las
diferencias que se presentan desde un punto de vista normativo frente a las
partidas computables en la asignación de retiro y frente a la posibilidad de
aumentar la tasa de reemplazo a medida que se acrediten años adicionales de
servicio58.

54
Sobre el particular, la sentencia C-057 de 2010 explicó que «Si bien de las tres categorías se
predica el factor común de que están integradas por miembros de la fuerza pública, también es
cierto que la diferenciación entre ellas no tiene un origen arbitrario o subjetivo, sino que obedece a
criterios normativos. Esas normas asignan a cada una de las tres categorías, responsabilidades,
tareas y deberes diferentes54. La naturaleza de sus funciones es claramente distinta».
55
En ese sentido, la sentencia C-057 de 2010 señaló: «3.6.1.2. Entre los muchos criterios posibles
que el legislador habría podido considerar para definir los topes máximos a los que se refieren las
normas acusadas, el acudir a los agrupamientos preexistentes en la jerarquía militar o policial es
un criterio objetivo, que disminuye los riesgos de arbitrariedad o subjetividad en el otorgamiento
del subsidio. Se trata de un criterio jurídico, fácilmente identificable, que responde a la lógica interna
de organización de la fuerza pública. Al existir estas distintas categorías jurídicas dentro del
universo de personas que conforman la Fuerza Pública, es en principio válido que el legislador las
utilice como criterio de distinción para ciertos efectos.»
56
Al respecto indicó la sentencia C-057 de 2010: «Revisadas las normas que regulan la materia,
se encuentra que en efecto, las tres categorías se encuentran en una situación de hecho distinta.
Los oficiales son aquellos formados, entrenados y capacitados para ejercer la “conducción y
mando” de los elementos de combate y de las operaciones de su respectiva fuerza, mientras que
a los suboficiales les corresponde las funciones de apoyo a los oficiales. Los oficiales, en el marco
de su respectivo rango, tienen bajo su responsabilidad el mando y conducción de la tropa, de los
equipos de combate, de las operaciones, de las unidades, y por lo tanto, el peso de las decisiones
más importantes, de las cuales, en muchos casos, dependen la vida y la integridad de sus
subordinados y de los demás ciudadanos. Es el hecho de que sobre ellos recaiga esa mayor y
trascendental responsabilidad, la que explica la diferencia en la jerarquía organizacional. Esta
diferencia en la naturaleza de las funciones y responsabilidades explica también las diferencias en
los regímenes de incorporación, ascensos, retiros, remuneración y pensiones. Los soldados
profesionales y los agentes, por su parte, ejecutan e implementan las decisiones de los
comandantes».
57
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de abril de 2019, radicación: 85001-33-
33-002-2013-00237-01 (1701-2016), demandante: Julio César Benavides Borja.
58
Esto considerando que, en virtud del artículo 1 del Decreto 991 de 2015, los oficiales y
suboficiales escalafonados con anterioridad al 31 de diciembre de 2004 que sean retirados tienen
derecho a una asignación de retiro equivalente al 50% del monto de las partidas de que trata el
artículo 13 del Decreto 4433 de 2004, por los primeros 15 años de servicio y a que por cada año
adicional se incremente la asignación en un 4% sin que el total de la asignación pueda sobrepasar
el 85%. Luego de cumplidos 24 años de servicio el incremento será del 2% por cada año adicional
de servicio, sin que pueda sobrepasarse del 95% de las partidas computables. Por su parte, el

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
21

Radicado: 11001-03-25-000-2019-00457 00 (3474-2019)
Demandante: Duverney Eliud Valencia Ocampo

En dicho pronunciamiento se acogieron las consideraciones que ha efectuado la
jurisprudencia constitucional en la materia, para concluir que no se presentaba una
vulneración del derecho a la igualdad pues aunque es cierto que existe un trato
diferenciado entre oficiales y suboficiales, de un lado, y soldados profesionales, de
otro, «[…] también lo es que estos no se encuentran en la misma situación de
hecho, por lo que no puede exigirse que las prestaciones de los dos grupos de
militares se regulen en las mismas condiciones, porcentajes o montos. Ello toda
vez que: i) pertenecen a diferentes categorías dentro de la jerarquía militar,
distinción que por demás es constitucionalmente válida y ii) los porcentajes y
partidas sobre las cuales realizan cotizaciones son diferentes […]»59.

Visto lo anterior, en el presente caso no se cuestiona el hecho consistente en que
el porcentaje que se tiene en cuenta del subsidio familiar como partida computable
de la asignación de retiro es distinto entre las dos categorías de personal militar
objeto de comparación60. Pese a ello, la disparidad de tratamiento entre oficiales,
suboficiales y soldados tiene justificación en supuestos fácticos y jurídicos
constitucionalmente admisibles tales como la jerarquía militar, la naturaleza de sus
funciones y las partidas respecto de las cuales efectúan cotizaciones.

La pertenencia de estos sujetos a grupos jurídicamente diferenciados hace que no
exista un tertium comparationis, que es el primer presupuesto para poder siquiera
avanzar en el estudio de la transgresión del derecho a la igualdad. De allí que en
lo que se refiere a los oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares deban
descartarse las acusaciones por violación de aquel derecho.

Definido lo anterior, corresponde a la Sala realizar el juicio de igualdad entre los
soldados profesionales que devengan el subsidio familiar del Decreto 1794 de
2000 y el mismo personal que recibe el subsidio en los términos del Decreto 1161
de 2014. La demanda considera que el primer grupo de soldados es objeto de
discriminación porque el subsidio familiar se tiene como factor computable de la
asignación de retiro solo en un 30%, mientras que el segundo grupo tiene derecho
a que, para los mismos efectos, se le compute en un 70%.

Lo primero que hay que señalar es que, en ese caso, al menos en un plano fáctico,
los sujetos objeto de comparación sí se encuentran en condiciones semejantes

artículo 16 del Decreto 4433 de 2004 reguló lo relacionado con la asignación de retiro de los
soldados profesionales, estableciendo que quienes se retiren o sean retirados del servicio activo
con 20 años de servicio, se les pagará una asignación equivalente al 70% del salario mensual
indicado en el artículo 13 ejusdem, adicionado en un 38.5% de la prima de antigüedad, sin prever
posibilidad de un incremento en la tasa de reemplazo por acreditar años adicionales de servicio.
59
Op. Cit. Consejo de Estado, Sección Segunda.
60
En el caso de los oficiales y suboficiales se tiene en cuenta el subsidio familiar reconocido a la
fecha de retiro en un 70% por los 20 primeros años de servicio, más un 4% por cada año adicional
hasta un tope máximo del 85%, alcanzado el cual se suma un 2% por cada año, con un límite
máximo del 95%. Por su parte, para los soldados profesionales con derecho al subsidio de que trata
del Decreto 1794 de 2000, tal prestación se considera un 30% del valor que se devengue por ella
al momento del retiro, el cual debe sumarse directamente al monto que corresponda por concepto
de asignación de retiro o pensión de invalidez

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
22

Radicado: 11001-03-25-000-2019-00457 00 (3474-2019)
Demandante: Duverney Eliud Valencia Ocampo

pues se trata de un personal de las Fuerzas Militares perteneciente a la misma
jerarquía, con funciones y responsabilidades de igual naturaleza, tendientes a
ejecutar e implementar las decisiones de los comandantes.

Pese a la existencia de este patrón de igualdad, la Sala advierte que, además de
la censurada en la demanda, entre los grupos a equiparar hay otra diferencia de
índole normativo que no genera ningún reparo según el demandante y que, por lo
tanto, partiendo de la presunción de legalidad que la cobija, ubica a los sujetos bajo
análisis en escenarios distintos, en los que sus situaciones no resultan
comparables entre sí.

Ese otro trato diferencial, que se encuentra en el valor del subsidio familiar recibido
en servicio activo y, se insiste, no es motivo de cuestionamiento por el demandante,
incide directamente en el monto del subsidio familiar como partida computable de
la asignación de retiro. Para una mayor comprensión de este razonamiento,
conviene recordar la forma en que se encuentra regulado dicho subsidio frente a
cada grupo de soldados:

Soldados profesionales Soldados profesionales (Subsidio
(Subsidio familiar del familiar del Decreto 1161 de 2014,
Decreto 1794 de 2000, art. 11) art. 1º)

Subsidio Para quienes estén casados o - Para quienes estén casados, con
familiar en con unión marital de hecho unión marital de hecho o hayan
servicio vigente: El 4% de su salario quedado viudos a cargo de los hijos
activo básico mensual más el 100% de habidos dentro del matrimonio o
la prima de antigüedad dentro de la unión marital de hecho: El
mensual. 20% de la asignación básica, más los
porcentajes a que pueda tener
derecho por los hijos, así: El 3%
adicional por el primero; el 2% por el
segundo y el 1% por el tercero61.

Subsidio El 30% del valor devengado al El 70% del valor devengado al
familiar momento del retiro por momento del retiro por concepto de
como concepto de subsidio subsidio familiar; el cual debe
partida familiar; el cual debe sumarse sumarse directamente al valor que
computable directamente al valor que corresponda por concepto de
de la corresponda por concepto de asignación de retiro o pensión de
asignación asignación de retiro o pensión invalidez (Decreto 1161 de 2014,
de retiro de invalidez (Decreto 1162 de artículo 5).
2014, artículo 1).

Nótese entonces que, aunque el demandante pidió analizar únicamente el
supuesto trato discriminatorio generado por el porcentaje del subsidio familiar que
se tiene como partida computable de la asignación de retiro, ese razonamiento
pierde de vista que la base a la que se le aplica dicho porcentaje (sea del 30% o
del 70%) está dada por el valor del subsidio familiar que se percibe en actividad,

61
Esto significa que el máximo que se puede devengar por concepto de subsidio familiar es del
26% de la asignación básica mensual.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
23

Radicado: 11001-03-25-000-2019-00457 00 (3474-2019)
Demandante: Duverney Eliud Valencia Ocampo

prestación última que también se calcula de manera diferenciada para cada uno
de los grupos objeto de comparación (4% del salario básico más el 100% de la
prima de antigüedad o hasta el 26% del salario básico, según las circunstancias
del caso).

De allí emergen dos conclusiones. La primera es que, como las normas que
consagran el derecho al subsidio familiar en servicio activo (artículos 11 del
Decreto 1794 de 2000 y 1 del Decreto 1161 de 2014) no fueron demandadas, su
análisis resulta ajeno al presente medio de control. En ese orden de ideas, si se
tiene como premisa la legalidad del trato desigual que establecen dichos
preceptos, hay que concluir que, en los términos en que fue planteada la demanda,
no es posible ubicar a los dos grupos de soldados en un plano semejante que los
haga comparables entre sí pues la discriminación que se censura (el subsidio
familiar de cara a la asignación de retiro), se basa en otro trato desigual que se
presume ajustado a derecho (el subsidio familiar devengado en actividad).

En conclusión, el aparte acusado del artículo 1 del Decreto 1162 de 2014 no
desconoce el artículo 13 de la Constitución Política por infracción del derecho a la
igualdad de los soldados profesionales que reciben el subsidio familiar en los
términos de los Decretos 1794 de 2000. Frente a los oficiales y suboficiales de las
Fuerzas Militares, porque los soldados profesionales no están en una situación
fáctica de igualdad que permita comparar sus derechos prestacionales a efectos
de equipararlos. Y en relación con los soldados que devengan el subsidio del
Decreto 1161 de 2014, porque aunque se encuentren en una situación fáctica
semejante, lo cierto es que a nivel normativo existen otras diferencias amparadas
por la presunción de legalidad que impiden que las cuestiones objeto de análisis
sean cotejables entre sí.

8.2.2. Segundo problema jurídico

¿El porcentaje previsto por el artículo 1.° del Decreto 1162 de 2014 para efectos
del cómputo del subsidio familiar en las asignaciones de retiro y pensiones de
invalidez de los soldados profesionales regidos por los Decretos 1794 de 2000 y
3770 de 2009 en lo referido a esa prestación, viola el literal a. del artículo 2.° de la
Ley 4.ª de 1992 como norma en la que debía fundarse el acto administrativo?

Tesis de la Sala: El porcentaje consagrado en el artículo 1 del Decreto 1162 de
2014 para efectos del cómputo del subsidio familiar en las asignaciones de retiro
y pensiones de los soldados profesionales no vulnera el artículo 2, literal a), de la
Ley 4 de 1992, tampoco es regresivo para el grupo de servidores que se rigen por
este decreto.

Como fundamento de esta posición, la Sala estudiará lo concerniente al (i) respeto
de los derechos adquiridos en la fijación del régimen prestacional de los miembros
de la Fuerza Pública, para entonces abordar (ii) la solución del caso concreto.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
24

Radicado: 11001-03-25-000-2019-00457 00 (3474-2019)
Demandante: Duverney Eliud Valencia Ocampo

(i) El respeto por los derechos adquiridos en la fijación del régimen
prestacional de los miembros de la Fuerza Pública.

La competencia para fijar el régimen prestacional de los empleados públicos en
general y de los miembros de la Fuerza Pública está atribuida de manera
concurrente al Congreso y al presidente de la República, el primero de ellos
establece el marco general al cual se debe sujetar el segundo para regular la
materia. Así se desprende del contenido del artículo 150 de la Constitución Política
que señala:

[…] Artículo 150. Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas
ejerce las siguientes funciones:
19. Dictar las normas generales y señalar los objetivos y criterios a los cuales
debe sujetarse el Gobierno para los siguientes efectos:
[...]
e) Fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los
miembros del Congreso Nacional y de la fuerza pública.
f) Regular el régimen de prestaciones sociales mínimas de los trabajadores
oficiales. [...]

Fue así como se expidió la Ley 4 de 199262, que en lo pertinente prescribió:

[…] Artículo 1.º El Gobierno Nacional, con sujeción a las normas, criterios y
objetivos contenidos en esta Ley, fijará el régimen salarial y prestacional de:
[…]
d. Los miembros de la Fuerza Pública.

Artículo 2.º Para la fijación del régimen salarial y prestacional de los servidores
enumerados en el artículo anterior, el Gobierno Nacional tendrá en cuenta los
siguientes objetivos y criterios:
a) El respeto a los derechos adquiridos de los servidores del Estado tanto del
régimen general, como de los regímenes especiales. En ningún caso se
podrán desmejorar sus salarios y prestaciones sociales;
[…]
Artículo 10.º Todo régimen salarial o prestacional que se establezca
contraviniendo las disposiciones contenidas en la presente Ley o en los
decretos que dicte el Gobierno Nacional en desarrollo de la misma, carecerá
de todo efecto y no creará derechos adquiridos […] (subraya fuera del texto
original)

El anterior marco normativo resulta acorde con el artículo 58 de la Constitución
Política que consagra lo siguiente en relación con los derechos adquiridos,:

[…] ARTICULO 58. Modificado por el art. 1, Acto Legislativo No. 01 de 1999.
Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con
arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni
vulnerados por leyes posteriores. Cuando de la aplicación de una ley expedida
por motivos de utilidad pública o interés social, resultare en conflicto los

62
«Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno
Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los
miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones
sociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones, de conformidad con lo
establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política.»

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
25

Radicado: 11001-03-25-000-2019-00457 00 (3474-2019)
Demandante: Duverney Eliud Valencia Ocampo

derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés
privado deberá ceder al interés público o social […] (subraya fuera del texto
original)

De conformidad con la norma transcrita, los derechos adquiridos son aquellas
situaciones individuales y subjetivas que se crearon y definieron bajo el imperio de
una ley y con respeto de los postulados que ella establece. Tal circunstancia otorga
en favor de sus titulares un derecho particular que no puede ser vulnerado con la
expedición de normas posteriores63. La Corte Constitucional definió estos derechos
como64:

[…] aquellos que han ingresado definitivamente en el patrimonio de la
persona. Así, el derecho se ha adquirido cuando las hipótesis descritas en la
ley se cumplen en cabeza de quien reclama el derecho, es decir, cuando las
premisas legales se configuran plenamente. De acuerdo con esta noción, las
situaciones jurídicas no consolidadas, es decir, aquellas en que los supuestos
fácticos para la adquisición del derecho no se han realizado, no constituyen
derechos adquiridos sino meras expectativas […] (subraya fuera del texto
original)

En ese orden de ideas, para que se pueda predicar la existencia de un derecho
adquirido deben cumplirse las siguientes condiciones: (i) las circunstancias
específicas de la situación deben encajar dentro de los postulados legales que
crean el derecho y; (ii) se requiere que este haya ingresado al patrimonio de quien
es su titular.

(ii) Caso concreto

El demandante considera que la norma parcialmente acusada vulnera el artículo
2, literal a) de la Ley 4 de 1992 pues genera una desmejora en las condiciones
salariales y prestacionales de los soldados e infantes de marina profesionales.

Como punto de partida para estudiar dicha acusación es importante recordar que
los soldados profesionales tuvieron derecho, por primera vez, al reconocimiento
mensual de un subsidio familiar a partir de la entrada en vigencia del Decreto 1794
de 2000. Sin embargo, fue tan solo hasta la expedición de los Decretos 1161 y
1162 de 2014 que tal partida se consagró como computable para la asignación de
retiro de los soldados profesionales. En efecto, con anterioridad a dichos decretos
no existía disposición legal que así la contemplara. De ahí que la aludida sentencia
de unificación del 25 de abril de 2019 fijara las siguientes reglas de unificación:

[…] 2. Los soldados profesionales que causen su derecho a la asignación de
retiro a partir de julio de 2014 tendrán derecho a que se incluya el subsidio
familiar como partida computable en dicha prestación, así: en el porcentaje del
30%65 para quienes al momento de su retiro estén devengando el subsidio

63
Sentencia C-249 de 2002.
64
Sentencia C-314 de 2004.
65
Artículo 1 del Decreto 1162 de 2014.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
26

Radicado: 11001-03-25-000-2019-00457 00 (3474-2019)
Demandante: Duverney Eliud Valencia Ocampo

familiar regulado en el Decreto 1794 de 200066 y, en porcentaje del 70%, para
el personal de soldados profesionales que no percibía tal partida.
3. Para quienes causaron su derecho a la asignación de retiro con anterioridad
al mes de julio de 2014, el subsidio familiar no es partida computable para la
liquidación de esa prestación, toda vez que no estaba definido en la ley o
decreto como tal […]

Lo anterior permite colegir que el aparte acusado no desconoció los derechos
adquiridos de los soldados profesionales a quienes les resulta aplicable, pues no
se vieron desmejorados en sus derechos. Contrario a ello, con el Decreto 1162 de
2014 vieron adicionadas las partidas computables para la liquidación de su
asignación de retiro y pensión de invalidez. Ciertamente, en este evento no se
observa que existiera un derecho que hubiera ingresado al patrimonio de sus
titulares y mucho menos que lo hubiera hecho con arreglo a las normas vigentes.
En consecuencia, este razonamiento permite entender que no se han desconocido
los derechos adquiridos de los soldados profesionales frente al subsidio familiar
que regula el Decreto 1162 de 2014.

Tampoco puede deducirse que se trate de una medida regresiva o que vulnere el
mínimo vital de sus destinatarios. Sobre el contenido del principio de progresividad,
el Pacto Internacional de Derechos Sociales y Culturales señala lo siguiente en su
artículo 2.1:

[…] Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a
adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la
cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el
máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por
todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas
legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos […]

Lo anterior, en consonancia con lo previsto por la Convención Interamericana de
Derechos Humanos en el artículo 2667, implica la obligación de mejora continua en
las medidas que adopte el Estado para avanzar en el nivel de goce y ejercicio de
los derechos o de permitirles el acceso a personas que se encontraban por
completo privadas de aquellos. De acuerdo con ello resulta claro que la adopción
de acciones afirmativas y reconocimientos prestacionales por parte del Estado
puede efectuarse de manera escalonada y gradual, pues para ello se deben tener
en cuenta las posibilidades económicas existentes en un momento determinado.

Bajo ese contexto, lejos de contener una medida regresiva, el artículo 1 del Decreto
1161 de 2014 avanzó en la consagración de los derechos de los soldados
profesionales frente a la asignación de retiro y a la pensión de invalidez al

66
El artículo 11 del Decreto 1794 de 2000 revivió con la declaratoria de nulidad del Decreto 3770
de 2009.
67
Los Estados partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante
la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la
plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre
educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos,
reformada por el Protocolo de Buenos Aires, en la medida de los recursos disponibles, por vía
legislativa u otros medios apropiados.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
27

Radicado: 11001-03-25-000-2019-00457 00 (3474-2019)
Demandante: Duverney Eliud Valencia Ocampo

contemplar por primera vez la posibilidad de que el subsidio familiar se tomara
como partida computable en la liquidación de aquellas prestaciones. Esto pone de
presente que la manera en la que se formuló el cargo es insuficiente para razonar
sobre la pérdida de un derecho adquirido, pues ello podría predicarse por ejemplo
si el subsidio familiar que venía siendo partida computable deja de serlo,
especialmente para alguien que ya tenía causada la asignación de retiro. Sin
embargo, este no es el caso pues se insiste en que el decreto anotado introdujo
por primera vez ese emolumento como factor base de liquidación, de forma que,
en lugar de haber retrocedido eliminando un derecho previamente reconocido,
representó un progreso en favor de este personal a través de la consagración de
un derecho que con anterioridad no existía.

En conclusión, el porcentaje previsto por el artículo 1 del Decreto 1162 de 2014
para efectos del cómputo del subsidio familiar en las asignaciones de retiro y
pensiones de los soldados profesionales no vulnera el artículo 2, literal a), de la
Ley 4 de 1992, tampoco es regresiva ni afecta el mínimo vital o los derechos
adquiridos para el grupo de servidores que se rigen por este decreto.

9. DECISIÓN

Por las anteriores consideraciones, se denegará la pretensión de la demanda de
nulidad simple estudiada, consistente en que se anule la expresión «el treinta por
ciento (30%) de dicho valor», contenida en el artículo 1 del Decreto 1162 de 2014.

10. RENUNCIA DE APODERADO

La abogada Sandra Marcela Parada Aceros manifestó renunciar68 al poder que le
confirió el Ministerio de Defensa para adelantar su representación judicial en el
presente proceso. Con tal fin, acreditó el envío de la comunicación por medio de la
cual le informó de su renuncia a la entidad pública, en los términos del artículo 76
del Código General del Proceso. Por lo anterior, se aceptará la renuncia al poder.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Denegar la pretensión de nulidad parcial del artículo 1 del Decreto 1162
de 2014 contenida en la demanda objeto de este medio de control, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta decisión.

68
Índice 60, expediente electrónico.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
28

Radicado: 11001-03-25-000-2019-00457 00 (3474-2019)
Demandante: Duverney Eliud Valencia Ocampo

Segundo: Aceptar la manifestación realizada por la abogada Sandra Marcela Parada
Aceros, identificada con cédula 51.684.114 y tarjeta profesional 55.153 del C. S. de
la J., en el sentido de renunciar al poder que le confirió el Ministerio de Defensa para
ejercer su representación judicial en el presente proceso.

Tercero: Ejecutoriada esta providencia, archívese el expediente y háganse las
anotaciones pertinentes en el programa informático Samai de esta Corporación.

Notifíquese y cúmplase

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
29

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.