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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2021-00710-00

Fecha
16 de abril de 2026
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2021-00710-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR FUNDADA la acción especial de revisión interpuesta por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, contra la sentencia del veinte (20) de noviembre de dos mil dieciocho (2018), proferida por la Sección Segunda, Subsección “E”, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con el Rad. Núm. 11001-33-35- 007-2015-00883-00(01), mediante la cual se modificó la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Séptimo (7º) Administrativo de Oralidad del Circuito de Bogotá, del veinte (20) de febrero de dos mil diecisiete (2017), que accedió a las pretensiones de la demanda instaurada por la señora Dora Inés Cárdenas Gualteros, por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído. 36 Número Interno: 3934-2021 Demandante: Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP Demandada: Dora Inés Cárdenas Gualteros SEGUNDO: INFIRMAR la sentencia del veinte (20) de noviembre de dos mil dieciocho (2018), proferida por la Sección Segunda, Subsección “E”, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y, en su lugar, se dispone: “REVOCAR la sentencia de primera instancia, proferida por el Juzgado Séptimo (7º) Administrativo de Oralidad del Circuito de Bogotá, del veinte (20) de febrero de dos mil diecisiete (2017), y, como consecuencia de lo anterior, NEGAR las pretensiones de la demanda presentada por la señora Dora Inés Cárdenas Gualteros, contra la Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP.” TERCERO: Advertir que los efectos de esta sentencia no afectan los actos administrativos previos de reconocimiento y liquidación pensional de la demandada, que no fueron objeto de control judicial. CUARTO: Sin condena en costas. QUINTO. Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el expediente, previas las constancias del caso. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2021-00710-00

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

16 de abril de 2026

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Número Interno: 3934-2021
Demandante: Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de
la Protección Social – UGPP
Demandada: Dora Inés Cárdenas Gualteros

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá D. C., Dieciséis (16) de Abril de Dos Mil Veintiséis (2026)

Radicado: 11001-03-25-000-2021-00710-00 (3934-2021)1
Demandante: Unidad Administrativa de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
Demandado: Dora Inés Cárdenas Gualteros
Trámite: Acción especial de revisión
Tema: Revisión de la sentencia proferida el 20 de noviembre de
2018 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
Causal regulada en el literal b) del artículo 20 de la Ley
797 de 2003.
Decisión: Sentencia de única instancia

La Sala decide la acción especial de revisión interpuesta por la Unidad
Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección
Social – UGPP, contra la sentencia del veinte (20) de noviembre de dos mil
dieciocho (2018), proferida por la Sección Segunda, Subsección “E”, del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con el Rad. Núm. 11001-33-35-007-2015-00883-
00(01), mediante la cual se modificó la sentencia de primera instancia proferida por
el Juzgado Séptimo (7º) Administrativo de Oralidad del Circuito de Bogotá el veinte
(20) de febrero de dos mil diecisiete (2017), que accedió a las pretensiones de la
demanda instaurada por la señora Dora Inés Cárdenas Gualteros.

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Expediente electrónico visible en el aplicativo Samai.

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Número Interno: 3934-2021
Demandante: Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de
la Protección Social – UGPP
Demandada: Dora Inés Cárdenas Gualteros

I. ANTECEDENTES

1.1) La demanda de revisión.

1. La Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de
la Protección Social – UGPP formuló la acción especial de revisión2, prevista en el
artículo 20, literal b), de la Ley 797 de 2003, con la que pretende se infirme la
sentencia del veinte (20) de noviembre de dos mil dieciocho (2018), proferida por la
Sección Segunda, Subsección “E”, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con el Rad.
Núm. 11001-33-35-007-2015-00883-00(01), mediante la cual se modificó la
sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Séptimo (7º) Administrativo
de Oralidad del Circuito de Bogotá el veinte (20) de febrero de dos mil diecisiete
(2017), con arreglo a la cual se ordenó la reliquidación pensional de la demandada.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, la entidad accionante pretende
que: (i) se declare que a la señora Cárdenas Gualteros no le asiste derecho a que
la pensión de vejez le sea reliquidada con la inclusión de los factores de prima de
prima de junio, prima de diciembre, prima de vacaciones y quinquenio, toda vez que,
sobre ellos no se realizaron las cotizaciones para pensión; (ii) se declare que la
pensión reconocida a favor de la beneficiaria de la prestación debe calcularse de
acuerdo con las previsiones de la Ley 33 de 1985, modificada por la Ley 62 de 1985,
siendo del caso incluir única y exclusivamente la asignación básica y la bonificación
por servicios prestados; y (iii) que se declare que la demandada debe efectuar la
devolución de las sumas pagadas en virtud del acto de reliquidación de la pensión
de jubilación, debidamente indexadas, al no haber lugar al pago de las mismas.

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Índice 0003 del expediente electrónico que reposa en el Samai.

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la Protección Social – UGPP
Demandada: Dora Inés Cárdenas Gualteros

3. Como sustento fáctico de las pretensiones, señaló que la señora Dora Inés
Cárdenas Gualteros nació el veintidós (22) de septiembre de mil novecientos
cuarenta y cuatro (1944) y que laboró en el Instituto Colombiano de Reforma Agraria
(INCORA), desde el dieciocho (18) de agosto de mil novecientos sesenta y cinco
(1965), hasta el treinta (30) de abril de mil novecientos noventa y tres (1993), esto
es, por un total de 9.973 días de tiempo de servicios, siendo el último cargo que
ostentó el de “Técnico Administrativo II – División de Producción Agroeconómica”.

4. Indicó que, la señora Cárdenas Gualteros adquirió su estatus pensional el
veintidós de septiembre de mil novecientos noventa y cuatro (1994), al cumplir
cincuenta (50) años de edad y más de veinte (20) años de servicios, de conformidad
con la Ley 33 de 1985, modificada por la Ley 62 de la misma anualidad. Señaló que,
el extinto INCORA, mediante la Resolución No. 05072 del veintiuno (21) de octubre
de mil novecientos noventa y cuatro (1994), le reconoció una pensión de jubilación,
aplicando el 75% de lo devengado en el último año de servicios, en cuantía de
$226.949, efectiva a partir del veintidós (22) de septiembre de ese mismo año.

5. Destacó que, años atrás, la señora Cárdenas Gualteros instauró una demanda
de nulidad y restablecimiento del derecho contra el otrora INCORA, con la cual
pretendió el reajuste del salario mensual promedio devengado en el último año de
servicios, el cual le fue negado mediante la Resolución No. 05072 del veintiuno (21)
de octubre de mil novecientos noventa y cuatro (1994). Precisó que, mediante la
sentencia del cinco (5) de septiembre de dos mil dos (2002), el Consejo de Estado
confirmó el fallo de primera instancia (22 de febrero de 2001) que, en su momento,
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. En tal virtud, mediante la
Resolución No. 000071 del veinticinco (25) de julio de dos mil tres (2003), el extinto
INCORA dio cumplimiento al fallo y reliquidó la pensión, elevando la cuantía a
$297.304, efectiva a partir de la fecha de obtención del estatus. Aunado a ello, por

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medio de la Resolución No. 8299 del veintiséis (26) de marzo de dos mil cuatro
(2004), la entidad ordenó el pago de $1.050.660.00 por concepto de intereses.

6. Advirtió que, con posterioridad, la señora Dora Inés Cárdenas Gualteros solicitó
la reliquidación de la pensión de jubilación ante la UGPP, petición que le fue negada
mediante la Resolución No. RDP. 027371 del ocho (8) de septiembre de dos mil
catorce (2014). En vista de lo anterior, la demandada solicitó, una vez más, la
reliquidación de la pensión de jubilación mediante petición presentada el veintiséis
(26) de marzo de dos mil quince (2015). La solicitud en comento fue negada a través
de la Resolución No. 031117 del veintinueve (29) de julio de la referida anualidad.

7. Inconforme con la negativa, la señora Cárdenas Gualteros instauró una demanda
de nulidad y restablecimiento del derecho, con el propósito solicitar la nulidad del
acto que denegó la reliquidación pensional y, en consecuencia, el reconocimiento
correspondiente. Mediante la sentencia del veinte (20) de febrero de dos mil
diecisiete (2017), el Juzgado Séptimo (7º) Administrativo de Oralidad de Bogotá
declaró la nulidad el acto acusado y, a título de restablecimiento del derecho, le
ordenó a la UGPP a reliquidar y pagar la pensión de jubilación “incluyendo todos los
factores salariales devengados durante el año inmediatamente anterior al retiro del
servicio oficial, esto es, desde el 01 de mayo de 1992 y el 30 de abril de 1993,
incluyendo además de los ya reconocidos sueldo, prima de vacaciones, bonificación
por servicios, subsidio de alimentación y bonificación quinquenal, los siguientes:
primas de junio y diciembre, únicos factores probados en este proceso (…)”.

8. Al desatar el recurso de apelación interpuesto por la entidad, el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, mediante la sentencia del veintidós (22) de
noviembre de dos mil dieciocho (2018), confirmó parcialmente el fallo impugnado,
modificando unos ordinales de la parte resolutiva. En punto al restablecimiento del

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derecho, el Tribunal precisó que la reliquidación y pago de la pensión debía ser “en
cuantía del 75% de los factores salariales devengados en el último año de servicios,
para este caso el comprendido entre el 1º de mayo de 1992 y el 30 de abril de 1993,
teniendo en cuenta los siguientes factores salariales: i) sueldo básico mensual, ii)
bonificación por servicios, iii) prima de junio 1/12, iv) prima de diciembre 1/12, v)
prima de vacaciones 1/12, y vi) quinquenio 1/12 (correspondiente a un mes de
remuneración fraccionado en 12).” La modificación contempló aspectos relativos a
los descuentos por aportes a pensión y el pago de las diferencias causadas.

9. Manifestó que, a través de la Resolución RDP No. 016340 del veintinueve (29)
de mayo de dos mil diecinueve (2019), la entidad dio cumplimiento a la orden
judicial, al disponer la reliquidación de la mesada en un valor de $290.119, efectiva
desde el veintidós (22) de septiembre de mil novecientos noventa y cuatro (1994),
con efectos fiscales a partir del veintiséis (26) de marzo de dos mil doce (2012), por
prescripción trienal. Con todo, aseveró que la sentencia cuya revisión se solicita
debe ser revocada, habida cuenta que, se incluyeron factores sobre los cuales no
se realizaron descuentos, debiendo incluirse únicamente los contemplados en la
Ley 33 de 1985, modificada por la Ley 62, y no los del Decreto 1045 de 1978.

1.2) Sentencia objeto de revisión.

10. A través de la sentencia del veinte (20) de noviembre de dos mil dieciocho
(2018), la Sección Segunda, Subsección “E”, del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, dentro del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho con
Rad. Núm. 11001-33-35-007-2015-00883-00(01), modificó la sentencia de primera
instancia proferida por el Juzgado Séptimo (7º) Administrativo de Oralidad del
Circuito de Bogotá, de fecha veinte (20) de febrero de dos mil diecisiete (2017), en

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virtud de la cual se accedió a la reliquidación pensional pretendida por la señora
Cárdenas Gualteros, en cuantía del 75% de los factores salariales devengados
durante el último año de servicios.3 Al respecto, el Tribunal resolvió lo siguiente:

“PRIMERO: MODIFICAR los ordinales primero y cuarto de la parte resolutiva de la sentencia
proferida por el Juzgado 7º Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá el 20 de febrero de
2017, el cual quedará así:

PRIMERO: Declarar probada la excepción de prescripción respecto de las mesadas
pensiónales" causadas desde el 26 de marzo de 2012 hacia atrás, y declarar no
probadas las demás excepciones propuestas por la entidad demandada, por las
razones expuestas.

CUARTO: A título de restablecimiento del derecho, CONDENAR a la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social - UGPP, a reliquidar y pagar a la señora DORA INÉS CÁRDENAS
GUALTEROS identificada con cédula de ciudadanía No. 41.317.848 de Bogotá, su
pensión de a partir del 1º de mayo de 1993 (fecha de cumplimiento del status
pensional), en cuantía del 75% de los factores salariales devengados en el último
año de servicios, para este caso el comprendido entre el 1º de mayo de 1992 y el 30
de abril de 1993, teniendo en cuenta los siguientes factores salariales: i) sueldo
básico mensual, ii) bonificación por servicios, iii) prima de junio 1/12, iv) prima de
diciembre 1/12, v) prima de vacaciones 1/12, y vi) quinquenio 1/12 (correspondiente
a un mes de remuneración fraccionado en 12).

La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social -UGPP- deberá pagar la diferencia resultante
entibe las mesadas pensiónales efectivamente pagadas y la resultante de la
reliquidación ordenada en el numeral anterior, a partir del 26 de marzo de 2012, en
virtud del fenómeno jurídico de la prescripción.

La UGPP deberá realizar los descuentos por aportes a pensión frente a los factores
salariales que aquí se ordenan incluir, por todo el tiempo de servicios prestados,
siempre que no hayan sido objeto de la deducción legal, de conformidad con la
normatividad vigente al momento en que debió efectuarse el aporte, y únicamente
en la proporción que le correspondía al demandante en su condición de trabajador,
debidamente indexados con lo fórmula del Consejo de Estado.

SEGUNDO: CONFIRMAR en lo restante la sentencia proferida por el Juzgado Séptimo (7°)
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá el 20 de febrero de 2017, por medio de la cual
accedió a las súplicas de la demanda, de conformidad con lo expuesto en precedencia (…)”.

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Índice 00037 el expediente electrónico que reposa en el Samai, Cuaderno No. 1, p. 67 y ss. del archivo.

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11. De acuerdo con el marco normativo analizado por el Tribunal, consideró que la
pensión de jubilación reconocida a la beneficiaria del régimen de transición de la
Ley 33 de 1985, debió ser liquidada con el 75% del salario promedio devengado
durante el último año de servicios, y teniendo en cuenta lo previsto en el Decreto
3135 de 1968, reglamentado por el Decreto 1848 de 1969, y conforme a los factores
señalados en el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978, y aquellos que, por
disposición expresa de otras normas, tengan incidencia pensional.

12. Con arreglo a los medios de convicción valorados, el Tribunal encontró
acreditado que: (i) la señora Cárdenas Gualteros nació el veintidós (22) de
septiembre de mil novecientos cuarenta y cuatro (1944), por lo que cumplió
cincuenta (50) años de edad el veintidós (22) de septiembre de mil novecientos
noventa y cuatro (1994); (ii) la prenombrada beneficiaria laboró en el INCORA desde
el dieciocho (18) de agosto de mil novecientos sesenta y cinco (1965), hasta el
treinta (30) de abril de mil novecientos noventa y tres (1993), esto es, por espacio
de veintisiete (27) años, ocho (8) meses y doce (12) días; y (iii) que, con base en
los mencionados elementos, está cobijada por el parágrafo 2º del artículo 1º de la
Ley 33 de 1985, por contar con más de quince (15) años de servicios para el trece
(13) de febrero de mil novecientos ochenta y cinco (1985), resultándole aplicable los
Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978, en el sentido de liquidar la
pensión con el 75% de los factores devengados en el último año de servicios.

13. Para resolver la controversia planteada, el Tribunal contrastó los factores
salariales certificados para el último año de servicios de la demandada, con aquellos
que fueron efectivamente incluidos en el acto de reconocimiento pensional, así:

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13.1. A partir de la información antes relacionada, el Tribunal consideró que: (i) las
vacaciones no podían tenerse en cuenta como factor salarial, por cuanto al tenor
del artículo 45 del Decreto 1045 de 1978, las mismas corresponden a un descanso
remunerado para el trabajador que se encuentra envuelto dentro del reconocimiento
de la asignación básica del mes en el cual se disfruta de las vacaciones; (ii) con
respecto al subsidio de alimentación -y la adición al mismo-, determinó que, como
la demandada devengaba un sueldo para 1992 de $201.643, y para 1993 de
$206.069, no tenía derecho a percibir el mismo, al amparo de lo dispuesto en el
Decreto 1848 de 1992; y (iii) frente al quinquenio sostuvo que, por tratarse de una
bonificación por servicios prestados, debía incluirse como un factor conforme a lo
dispuesto en el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978, acatando además lo dicho por
el Consejo de Estado en pronunciamientos relacionados con servidores del régimen
de transición de la Contraloría General de la República, los cuales el Tribunal estimó
aplicables al caso tras considerar que la regla “tiene la misma implicación”.

14. Visto lo anterior, el Tribunal concluyó que era procedente ordenar la
reliquidación de la pensión de jubilación, en cuantía del 75% de los factores
salariales devengados por la señora Cárdenas Gualteros en el último año de
servicios, es decir, para el período comprendido entre el primero (1°) de mayo de

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mil novecientos noventa y dos (1992) y el treinta (30) de abril de mil novecientos
noventa y tres (1993), teniendo en cuenta los factores que acreditó devengados, a
saber: (i) sueldo básico mensual, (ii) bonificación por servicios, (iii) prima de junio
1/12, (iv) prima de diciembre 1/12, (v) prima de vacaciones 1/12, y (vi) quinquenio
1/12, precisando que las doceavas partes ordenadas obedecen a la causación
anual. Aunado a lo expuesto, se ordenaron los descuentos por aportes a pensión
frente a los factores incluidos, siempre que no hubieren sido objeto de deducción.

1.3) Causales de revisión invocadas.

15. La entidad accionante invocó la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de
la Ley 797 de 2003, al sostener que la reliquidación de la pensión de la señora
Cárdenas Gualteros, en los términos ordenados en la sentencia objeto de revisión,
no se acompasa con lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley 33 de 1985 (siendo
beneficiaria del régimen de transición), comoquiera que, la reliquidación se ordenó
atendiendo a lo dispuesto en el Decreto 1045 de 1978. En su criterio, las normas
aplicables al caso eran las Leyes 33 y 62 de 1985, por lo que la liquidación de la
pensión debió efectuarse atendiendo a los factores sobre los cuales se hicieron
cotizaciones, y no los factores indicados en el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978.

16. Sostuvo que, en reiteradas ocasiones, el Consejo de Estado ha manifestado
que el régimen de transición de la Ley 33 de 1985 cobija únicamente el requisito de
edad para las pensiones que se hubiesen causado a la fecha de la entrada vigencia
de la misma y que, frente a los demás requisitos -tiempo, monto y factores para
liquidar la pensión-, se debe aplicar lo dispuesto en la Ley 33 y sus modificaciones,
como la Ley 62 de 1985. Sobre esta base, indicó que la señora Cárdenas Gualteros
contaba con más de quince (15) años de servicio a la entrada en vigor de la Ley 33
de 1985, por lo que le era aplicable el régimen de transición, en el sentido que la

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reliquidación se debió efectuar con el 75% del promedio de lo devengado en el
último año de servicio y con los factores salariales enlistados en la Ley 33 de 1985,
modificada por la Ley 62 de 1985, sobre los cuales se efectuaron cotizaciones.

17. Resaltó que, de acuerdo con los certificados de factores salariales expedidos
por el extinto INCORA, la demandada percibió los siguientes factores en el último
año de servicios: asignación básica, bonificación por servicios prestados, prima de
vacaciones, quinquenio, prima de diciembre y prima de junio. Expuso que, la
inclusión de los conceptos de prima de vacaciones, quinquenio, prima de diciembre
y prima de junio, no resulta procedente, habida cuenta que, con sujeción a la Ley
33 de 1985, sobre ellos no se efectuaron descuentos para aportes pensionales. En
tal virtud, aseveró que los fallos cuya revisión se pretende incrementaron la
prestación reconocida con anterioridad, sin ningún fundamento legal válido.

1.4) Contestación de la demanda de revisión.

18. Mediante auto del dos (02) de octubre de dos mil veinticuatro (2024) 4 , el
despacho sustanciador admitió la acción extraordinaria de revisión y negó la medida
cautelar deprecada por la entidad accionante. La providencia fue notificada el
veintidós (22) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)5 y, dentro del término de
traslado, la parte demandada no se pronunció frente a la demanda, como se dispuso
en el auto de pruebas proferido el diecinueve (19) de septiembre de dos mil
veinticinco (2025)6, en el que se tuvo por no contestada la acción especial.

1.5) Concepto del Ministerio Público.

4
Índice 00015 del expediente electrónico que reposa en el Samai.
5
Índice 00018 del expediente electrónico que reposa en el Samai.
6
Índice 00026 del expediente electrónico que reposa en el Samai.

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19. El Procurador Delegado de Intervención 8 Tercero ante el Consejo de Estado7
solicitó que se declare infundada la acción de revisión y, en su lugar, se mantengan
incólumes las sentencias impugnadas. Para el agente del Ministerio Público, no
concurrieron los elementos fácticos y normativos de la causal de revisión invocada,
toda vez que, a la demandada fue beneficiaria del régimen de transición de la Ley
33 de 1985, razón por la cual se le aplicó la normativa fijada en el Decreto 3135 de
1968, reglamentado por el Decreto 1848 de 1969, que permitía la inclusión de los
factores devengados en el año anterior a la obtención del estatus pensional. Al
respecto, precisó que, cuando entró a regir la Ley 33 de 1985, la señora Cárdenas
Gualteros contaba con más de quince (15) años de tiempo de servicio.

20. Indicó que, los servidores públicos cobijados por el régimen de transición -como
el caso analizado-, deben regirse por las disposiciones de la Ley 33 de 1985, norma
que a su vez posibilita la existencia de otro régimen que remite a lo dispuesto en el
Decreto 3135 de 1968, reglamentado por el Decreto 1848 de 1969. Sostuvo que,
los aspectos básicos de este régimen son, a saber: la edad de jubilación, el tiempo
de servicio y el porcentaje de salario -que se asigna como pensión-, los cuales, a
juicio del agente delegado, “(…) han permanecido invariables en los dos regímenes
citados, por lo que de allí no surge ninguna diferencia, la cual se registra,
generalmente, en lo que tiene que ver con el monto del salario y del tiempo que se
toma como base para establecer dicho promedio.”

21. Para apoyar el concepto, se refirió a la sentencia del trece (13) de febrero de
dos mil catorce (2014), proferida por la Sección Segunda de esta Corporación
(dentro del Rad. 25000-23-25-000-2011-01355-01), en la que se respaldó la postura
unificada contenida en la sentencia del cuatro (4) de agosto de dos mil diez (2010),
según la cual se sostuvo que “es válido tener en cuenta todos los factores que

7
Índice 00022 del expediente electrónico que reposa en el Samai.

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constituyen salario, es decir aquellas sumas que percibe el trabajador de manera
habitual y periódica, como contraprestación directa por sus servicios,
independientemente de la denominación que se les dé (…)”.

II. CONSIDERACIONES

2.1) Competencia.

22. La Sala de Subsección es competente para conocer y decidir la presente acción,
según lo previsto en los artículos 249 del CPACA8 y 20 de la Ley 797 de 20039, en
concordancia con lo previsto en el artículo 13 del reglamento de esta Corporación,
contenido en el Acuerdo 080 del doce (12) de marzo de dos mil diecinueve (2019)10.

2.2) Oportunidad.

23. La acción de revisión resulta oportuna, toda vez que, la sentencia revisada fue
notificada el primero (1º) de marzo de dos mil diecinueve (2019)11, cobró ejecutoria
el seis (06) de ese mismo mes y año12, y la demanda fue presentada el tres (3) de
noviembre de dos mil veintiuno (2021) 13 , razón por la cual no fue superado el
término de cinco (5) años establecido en el artículo 251 del CPACA.

2.3) Problema jurídico.

8
«[…] De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán
las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia. […]»
9
«Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro
público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier
naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias»
10
«Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado».
11
Índice 00037 el expediente electrónico que reposa en el Samai, Cuaderno No. 1, p. 237 del archivo.
12
Índice 00037 el expediente electrónico que reposa en el Samai, Cuaderno No. 1, p. 240 del archivo.
13
Índice 00001 del expediente electrónico que reposa en el Samai.

13

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Demandada: Dora Inés Cárdenas Gualteros

24. En el presente caso, le corresponde a la Sala determinar si la sentencia del
veinte (20) de noviembre de dos mil dieciocho (2018), proferida por la Sección
Segunda, Subsección “E”, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, dentro del
expediente de nulidad y restablecimiento del derecho tramitado con el Rad. Núm.
11001-33-35-007-2015-00883-00(01), mediante la cual se modificó la sentencia de
primera instancia proferida por el Juzgado Séptimo (7º) Administrativo de Oralidad
del Circuito de Bogotá el veinte (20) de febrero de dos mil diecisiete (2017), se
encuentra incursa en la causal de revisión consagrada en el literal b) del artículo 20
de la Ley 797 de 2003, esto es, si la cuantía de la pensión reconocida a favor de la
señora Dora Inés Cárdenas Gualteros excedió lo debido de acuerdo con la ley.

25. Con el propósito de desatar el problema jurídico planteado, se abordarán los
siguientes capítulos: 2.4) el marco normativo y jurisprudencial de la acción especial
de revisión; 2.5) el caso concreto; y 2.6) la condena en costas.

2.4) Marco normativo y jurisprudencial.

2.4.1) Acción especial de revisión de la Ley 797 de 2003: objeto y alcance.

26. El artículo 20 de la Ley 797 de 2003 instituyó una acción especial de revisión
de providencias judiciales, de la siguiente manera:

«Artículo 20. Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del
tesoro público o de fondos de naturaleza pública. Las providencias judiciales
que hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a
fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o
pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o
la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del
Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador
General de la Nación.

La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una
transacción o conciliación judicial o extrajudicial.

14

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La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario
de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse por las causales consagradas
para este en el mismo código y además:

a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y

b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la
ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.»

27. Dicha acción, entonces, está orientada a restablecer la justicia material 14 y
comporta una herramienta excepcional que se opone a los principios de cosa
juzgada y seguridad jurídica, razón por la cual esta Corporación ha sostenido que
«sólo debe admitirse frente a un fin legítimo, que en estos asuntos es determinar si
el reconocimiento pensional se hizo con violación al debido proceso o, si como en
este caso se invoca, la cuantía reconocida excede lo ordenado por la ley»15.

28. Por tanto, las causales que el legislador prevé como únicas para superar y
quebrar la seguridad jurídica que se deriva de una sentencia judicial, en caso de su
prosperidad, atienden a circunstancias específicas y objetivas, que no corresponden
a un cuestionamiento de valoraciones de tipo jurídico, fáctico o probatorio,
adelantado por el juzgador en el proceso que dio lugar a la decisión cuestionada.
Por ello, no puede utilizarse este medio impugnativo, so pretexto de reabrir el debate
jurídico o revivir una valoración probatoria, que fue realizada por el juez de instancia.

29. De forma consistente, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha precisado que,
la rigurosidad de esta clase de asuntos, no permite que el juzgador se aproxime a
alguna causal que no fue debidamente planteada y soportada, ni tampoco permite
convertir esta vía en una tercera instancia, pues ello desnaturalizaría la función de

14
Ver Corte Constitucional, Sala Plena; sentencia C-450 de 16 de julio de 2015.
15
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A; sentencia de 1° de agosto de 2024; consejero ponente: Rafael
Francisco Suárez Vargas.

15

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esta clase de instrumentos extraordinarios16.

30. Finalmente, resulta necesario aclarar que la adopción del trámite propio del
recurso extraordinario de revisión establecido en el CPACA, no significa, como lo
explicó la Sala Especial de Decisión 25 de esta Colegiatura, en sentencia del cuatro
(4) de junio de 2019, «que la acción especial contenida en esa normativa y el
referido recurso sean equiparables jurídicamente, sino solo que el trámite 17 […]
pues esta acción especial “tiene un carácter sui generis 18, dado que, más allá de
que pueda infirmar una sentencia ejecutoriada –al igual que el recurso extraordinario
de revisión –, presenta unas particularidades que le otorgan una entidad propia 19»,
tal como el análisis que sobre su configuración realiza el juez de esta acción20.

2.4.2) Alcance de la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797
de 2003.

31. La causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 dispone
que «cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con

16
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez, 24 de febrero
de 2004, exp. 15001-03-15-000-00793-00 y Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. Alberto
Yepes Barreiro, 26 de febrero de 2013, exp. 15001-03-15-000-01027-00.
17
Esta Corporación ha indicado que con la demanda de revisión se inicia una instancia con trámite propio y diferentes etapas
procesales que culminan con un fallo definitorio sobre la legalidad de la sentencia ejecutoriada, conclusión que la ha llevado
a concluir que el recurso extraordinario de revisión constituye un nuevo proceso o inclusive una acción o medio de control
más. Ver: Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Auto de 12 de agosto de 2014 [Rad. 11001-03-15-000-2013-02110-
00]. MP. Bertha Lucía Ramírez de Páez; Salas Especiales de Decisión No. 22 y 25. Sentencias de 3 de marzo de2015 [Rad.
11001-03-15-000-2014-00579-00 (REV)]. MP. Alberto Yepes Barreiro [Rad. 11001-03-15-000-2012-01776-00 (REV)]. MP. (E)
Hernán Andrade Rincón. La Corte Constitucional, en el marco de la acción especial revisión, ha aceptado que esta se realiza
a través de una demanda sometida a las formalidades y requisitos del recurso extraordinario de revisión. Ver: Sala Plena.
Sentencia C-835 de 2003. MP. Jaime Araújo Rentería.
18
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-835 de 2003. MP. Jaime Araújo Rentería. En esta providencia se indicó,
como una novedad del artículo 20 de la Ley 797/03, que la acción especial o “sui generis” de revisión procedía no solo contra
sentencias sino también contra los actos contentivos de transacciones o conciliaciones judiciales o extrajudiciales, con base
en las causales generales y el trámite previsto para el recurso extraordinario de revisión en el CCA – hoy en el CPACA –.
Agregó que las dos (2) causales especiales introducidas por esa norma sólo se predicaban únicamente respecto de las
sentencias.
19
Esta Corporación ha destacado que las particularidades de la acción especial de revisión le otorgan una entidad propia,
reflejada principalmente en la legitimación por activa calificada y su finalidad. Ver: Sección Segunda. Auto de 27 de marzo de
2014 [Rad. 11001-03-25-000-2012-00561-00(2129-12)]. MP. Gerardo Arenas Monsalve, y [sA] sentencia de 17 de mayo de
2018 [Rad. 11001-03-25-000-2014-00665-00(2074-14)]. MP. William Hernández Gómez.
20
Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 25, Exp. 2014-02013-00. M.P. Dra. Marta Nubia Velásquez Rico.

16

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la ley, pacto, o convención colectiva que le eran legalmente aplicables», es decir,
cuando la sentencia reconoce una prestación por un monto que no corresponde a
lo legal o convencionalmente viable. De acuerdo con la exposición de motivos del
proyecto que condujo a la expedición de la Ley 797 de 2003, la causal obedeció a
la necesidad “(…) de construir esquemas sociales solidarios, financieramente
viables y sostenibles en el tiempo, y, equitativos para todos los ciudadanos (…).

32. En la sentencia del cinco (05) de febrero de dos mil diecinueve 21 , esta
Corporación recordó que, la causal bajo estudio ha sido considerada como una
herramienta legal útil que persigue fortalecer el principio de la moralidad
administrativa, y permite corregir los reconocimientos pensionales que se han
efectuado en exceso y que afectan los principios filosóficos que orientan el Sistema
General de Pensiones, en especial, el principio de solidaridad y equilibrio financiero.

33. Frente al asunto que convoca la atención de la Sala, debe precisarse que, antes
de la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993, los requisitos y condiciones generales
para acceder a la pensión de jubilación, por parte de los servidores públicos, se
encontraban contenidas en la Ley 33 de 1985, norma que tenía previsto que todo
«empleado oficial» que acumulara 20 años de servicio y llegara a los 55 años de
edad, tendría derecho al reconocimiento y pago de «una pensión mensual vitalicia
de jubilación equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del salario promedio
que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio».

34. Así, aunque la Ley 100 de 1993 supuso el establecimiento de unas nuevas
reglas, con arreglo a las cuales resulta posible causar el derecho a devengar una
pensión, el Legislador previó la posibilidad de acceder a un régimen de transición,

21
Consejo de Estado, Sala Veintidós (22) Especial de Decisión, sentencia del 5 de febrero de 2019, M.P. Alberto Yepes
Barreiro, Rad. No. 1001-03-15-000-2018-01884-00.

17

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en los términos señalados en el artículo 36 de la norma en cuestión 22, aludiendo a
los componentes de edad, tiempo de servicios y monto de la pensión, a efectos de
proteger las expectativas legítimas de las personas próximas a pensionarse.

35. Dicho articulado no siempre fue interpretado de manera uniforme, motivo por el
cual la Sección Segunda de esta Corporación, en la sentencia de unificación
proferida el cuatro (4) de agosto de dos mil diez (2010)23, acogió el principio de
inescindibilidad, conforme al cual dispuso que, a los beneficiarios del régimen de
transición de la Ley 100 de 1993, les debía ser aplicada, en su totalidad, la normativa
de la cual eran destinatarios al momento en que esta entró en vigor, y concluyó que:
«(…) la Ley 33 de 1985 no indicó en forma taxativa los factores salariales que
conforman la base de liquidación pensional, sino que los mismos están simplemente
enunciados y no impiden la inclusión de otros conceptos devengados por el
trabajador durante el último año de prestación de servicios».

36. Tal interpretación permaneció invariable hasta la expedición de la sentencia SU-
230 de 2015, en la que la Corte Constitucional modificó el sentido de su
jurisprudencia referente al inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y
precisó que el ingreso base de liquidación no es un elemento del régimen de
transición previsto en el artículo 36 ibídem y, por tal razón, dichas pensiones deben

22
«ARTICULO. 36.- Régimen de transición. La edad para acceder a la pensión de vejez, continuará en cincuenta y cinco (55)
años para las mujeres y sesenta (60) para los hombres, hasta el año 2014, fecha en la cual la edad se incrementará en dos
años, es decir, será de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres.
La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas, y el monto de la pensión
de vejez de las personas que al momento de entrar en vigencia el sistema tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si
son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o quince (15) o más años de servicios cotizados, será la
establecida en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas
personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la presente ley. El ingreso base
para liquidar la pensión de vejez de las personas referidas en el inciso anterior que les faltare menos de diez (10) años para
adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo
el tiempo si este fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según
certificación que expida el DANE. Sin embargo, cuando el tiempo que les hiciere falta fuese igual o inferior a dos (2) años a
la entrada en vigencia de la presente ley, el ingreso base para liquidar la pensión será el promedio de lo devengado en los
dos (2) últimos años, para los trabajadores del sector privado y de un (1) año para los servidores públicos. […]»
23
Consejo de Estado. Sección Segunda. Sentencia de Unificación de 4 de agosto de 2010. Radicación: 0112-2009.
Demandante: Luis Mario Velandia. Demandado: Cajanal. Magistrado ponente: Víctor Hernán Alvarado Ardila.

18

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ser liquidadas calculando el porcentaje previsto a manera de monto por el régimen
anterior, sobre el ingreso base de liquidación previsto en la Ley 100 de 1993.

37. La postura antedicha generó una divergencia interpretativa que sólo fue
superada con la emisión de la sentencia de unificación jurisprudencial del veintiocho
(28) de agosto de 201824, en la cual la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
modificó la postura que sostenía la Sección Segunda, en los siguientes términos:

«[…] 92. De acuerdo con lo expuesto, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
sienta la siguiente regla jurisprudencial: “El Ingreso Base de Liquidación del inciso
tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 hace parte del régimen de transición
para aquellas personas beneficiarias del mismo que se pensionen con los
requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo del régimen general de pensiones
previsto en la Ley 33 de 1985”.

93. Para este grupo de beneficiarios del régimen de transición y para efectos de liquidar
el IBL como quedó planteado anteriormente, el Consejo de Estado fija las siguientes
subreglas:

94. La primera subregla es que para los servidores públicos que se pensionen conforme
a las condiciones de la Ley 33 de 1985, el periodo para liquidar la pensión es:

• Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso
base de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les
hiciere falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior,
actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al
consumidor, según certificación que expida el DANE.

• Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el promedio
de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez
(10) años anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con
base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que
expida el DANE.

[…] 96. La segunda subregla es que los factores salariales que se deben incluir en el
IBL para la pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la transición
son únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones
al Sistema de Pensiones […]».

24
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 28 de agosto de 2018, Expediente 52001-
23-33-000-2012-00143-01, C.P. Dr. César Palomino Cortés.

19

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38. En consecuencia, si bien es cierto que la jurisprudencia en vigor de la Corte
Constitucional y el Consejo de Estado prevé que el ingreso base de liquidación no
es un elemento integrante del régimen de transición previsto en la Ley 100 de 1993,
también lo es que, con antelación a la emisión del citado fallo de veintiocho (28) de
agosto de dos mil dieciocho (2018), la posición unificada del Máximo Tribunal de lo
Contencioso Administrativo era distinta, postura que, con pleno sustento legal y
constitucional, acogieron no pocos juzgados y tribunales administrativos del país a
la hora de proferir sus decisiones.

39. Dicha situación no fue desatendida en la sentencia de unificación del veintiocho
(28) de agosto de dos mil dieciocho (2018) y, con el objeto de clarificar la aplicación
de las reglas jurisprudenciales fijadas, se establecieron los efectos de la decisión de
la siguiente manera:

«[…] 115. La Sala Plena de esta Corporación, por regla general, ha dado aplicación
al precedente en forma retrospectiva, método al que se acudirá en esta sentencia,
disponiendo que las reglas jurisprudenciales que se fijaron en este
pronunciamiento se aplican a todos los casos pendientes de solución tanto en
vía administrativa como en vía judicial a través de acciones ordinarias; salvo los
casos en los que ha operado la cosa juzgada que, en virtud del principio de
seguridad jurídica, resultan inmodificables.

116. Para la Sala, los efectos que se dan a esta decisión garantizan la seguridad
jurídica y dan prevalencia a los principios fundamentales de la Seguridad Social, por
ello no puede invocarse el principio de igualdad, so pretexto de solicitar la no aplicación
de esta sentencia.

117. No puede entenderse, en principio, que por virtud de esta sentencia de
unificación las pensiones que han sido reconocidas o reliquidadas en el régimen
de transición, con fundamento en la tesis que sostenía la Sección Segunda del
Consejo de Estado, lo fueron con abuso del derecho o fraude a la ley; de manera
que si se llegare a interponer un recurso extraordinario de revisión contra una
sentencia que haya reconocido una pensión bajo esa tesis, será el juez, en cada
caso, el que defina la prosperidad o no de la causal invocada […]».

40. Así las cosas, en punto a concretar el alcance de la causal prevista en el literal
b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, en aquellos casos en los que, en el marco

20

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de interpretación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, se acusa
una determinada providencia judicial de ordenar la liquidación de una pensión en
una cuantía que excede lo que legalmente corresponde, conforme a la copiosa
jurisprudencia de esta Corporación, es viable compilar las siguientes subreglas:

a. El cambio jurisprudencial adoptado con la sentencia de unificación jurisprudencial de 28
de agosto de 201825 no configura, por sí solo, infracción de las normas pensionales que
fijan el ingreso base de las pensiones reconocidas en virtud del régimen de transición de
la Ley 100 de 1993.

b. Las sentencias proferidas con antelación a la ejecutoria de la providencia de unificación
jurisprudencial de 28 de agosto de 2018 26 en las que se hubiere preferido dar aplicación
a la posición de unificación impuesta por esta Corporación con fallo de 4 de agosto de
2010 y no así a la tesis expuesta en sentencia SU-230 de 2015 no configuran, por ese
solo hecho, un abuso del derecho o fraude a la ley.

c. En todo caso, corresponde al juez de revisión establecer, de acuerdo con las
particularidades de cada caso, si la sentencia objetada hizo posible el reconocimiento de
una pensión con abuso del derecho o fraude a la ley, en la medida que la cuantía excedió
el límite legal.

41. En todo caso, corresponde al juez de revisión establecer, de acuerdo con las
particularidades de cada caso, si la sentencia objetada hizo posible el
reconocimiento de una pensión con abuso del derecho o fraude a la ley, en la
medida en que la cuantía haya excedido el límite legal.

2.5) Caso concreto.

42. En el caso bajo estudio, la entidad accionante pretende que, se infirme la
sentencia del veinte (20) de noviembre de dos mil dieciocho (2018), proferida por la
Sección Segunda, Subsección “E”, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con el Rad.

25
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 28 de agosto de 2018, Expediente núm.
52001-23-33-000-2012-00143-01, C.P. Dr. César Palomino Cortés.
26
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 28 de agosto de 2018, Expediente núm.
52001-23-33-000-2012-00143-01, C.P. Dr. César Palomino Cortés.

21

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Demandada: Dora Inés Cárdenas Gualteros

11001-33-35-007-2015-00883-00(01), mediante la cual se modificó la sentencia de
primera instancia proferida por el Juzgado Séptimo (7º) Administrativo de Oralidad
del Circuito de Bogotá, el veinte (20) de febrero de dos mil diecisiete (2017), que
accedió a las pretensiones del actor, en el sentido de ordenar la reliquidación de la
pensión de vejez que le fue reconocida al demandado en el año de 1994.

43. Al revisar la decisión proferida por el Juzgado Séptimo (7º) Administrativo de
Oralidad del Circuito de Bogotá27, se observa que, mediante la sentencia del veinte
(20) de febrero de dos mil diecisiete (2017), esa sede judicial determinó que, por
contar con más de treinta y cinco (35) años de edad, y quince (15) años de servicios,
para la fecha de entrada en vigor de la Ley 100 de 1993, al entonces demandante
le aplicaba el régimen previsto en las Leyes 33 y 62 de 1985. En esa línea, sostuvo
que, con respecto a los factores salariales y al monto de la pensión de jubilación,
debía observarse lo dispuesto en los artículos 1º y 3º de la Ley 33 de 1985,
atendiendo a lo concluido por el Consejo de Estado en la sentencia del cuatro (4)
de agosto de dos mil diez (2010), es decir que, para el caso de la señora Cárdenas
Gualteros, la liquidación pensional debía efectuarse tomando como base el 75% del
salario que hubiere percibido en el último año de servicios (1º de mayo de 1992, al
30 de abril de 1993), con la inclusión de la totalidad de los factores devengados en
el mismo lapso. Tales factores, en criterio del Juzgado, correspondían, además del
sueldo básico, a: la prima de servicios, bonificación por servicios, subsidio de
alimentación, bonificación quinquenal, la prima de junio y de diciembre.

44. Inconforme con la anterior decisión, la entidad interpuso el recurso de apelación,
el cual, fue resuelto mediante la sentencia del veinte (20) de noviembre de dos mil
dieciocho (2018), proferida por la Sección Segunda, Subsección “E”, del Tribunal

27
Índice 00034 al 00036 del expediente que reposa en el Samai.

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Administrativo de Cundinamarca28. En dicha providencia, el ad quem modificó el
fallo apelado, en el entendido que, para la liquidación pensional debían tomarse los
siguientes factores salariales (devengados en el último año de servicios), a saber:
sueldo básico mensual, bonificación por servicios, prima de junio (1/12), prima de
diciembre (1/12), prima de vacaciones (1/12), y quinquenio (1/12). En la misma
oportunidad, el Tribunal en cita dispuso que, el ente de previsión realizaría los
descuentos por aportes a pensión, frente a los factores salariales que se ordenó
incluir, “siempre que no hayan sido objeto de la deducción legal, por todo el tiempo
de servicio y de conformidad con la normatividad vigente al momento en que debió
efectuarse el aporte y únicamente en la proporción que le correspondía al
demandante en su condición de trabajador, debidamente indexados.”

45. Al acudir a un parangón con la providencia apelada, se tiene que, en lo que toca
a los factores salariales incluidos, el Tribunal no tuvo en cuenta el subsidio de
alimentación y, en adición, efectuó la precisión de las doceavas partes (1/12) frente
a los factores que, habiendo sido incluidos, se causaban anualmente, como
consideró que era el caso de la bonificación quinquenal. Cabe anotar que, mientras
el Juzgado de primera instancia fundamentó la decisión en la aplicación del régimen
contemplado en la Ley 33 de 1985, y en la sentencia del Consejo de Estado del
cuatro (4) de agosto de dos mil diez (2010), el Tribunal, por su parte, no afincó la
decisión en dicho antecedente, sino que se limitó a señalar que, la otrora accionante
se encontraba cobijada por el régimen de transición previsto en el parágrafo 2º del
artículo 1º de la Ley 33 de 1985 y, en ese sentido, que su derecho pensional debía
ser liquidado con el 75% del salario devengado durante el último año de servicio,
teniendo como sustento lo establecido en el Decreto 3135 de 1968, reglamentado
por el Decreto 1848 de 1969, y atendiendo a los factores señalados en el artículo
45 del Decreto 1045 de 1978, así como “aquellos contemplados en otras normas”.

28
Índice 00034 al 00036 del expediente que reposa en el Samai.

23

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Demandada: Dora Inés Cárdenas Gualteros

46. De acuerdo con los medios de convicción que reposan en el expediente del
Tribunal de origen29, y que sirvieron de base para el análisis de las pretensiones, se
evidencian los siguientes hechos relevantes: (i) la señora Dora Inés Cárdenas
Gualteros nació el veintidós (22) de septiembre de mil novecientos cuarenta y cuatro
(1944); (ii) según la constancia expedida por la división de recursos humanos del
extinto Instituto Colombiano de la Reforma Agrario – INCORA, la señora Cárdenas
Gualteros prestó sus servicios desde el dieciocho (18) de agosto de mil novecientos
sesenta y cinco (1965), hasta el treinta (30) de abril de mil novecientos noventa y
tres (1993), momento del retiro para el cual fungía como “Técnico Administrativo II”
en la División de Producción Agroeconómica 30 ; y (iii) de conformidad con el
certificado de devengados, suscrito por la tesorería general de la entidad, durante
el último año de servicios (comprendido entre el 1º de mayo de 1992 y el 30 de abril
de 1993), la accionada percibió el sueldo básico, prima de vacaciones, auxilio de
alimentación, prima anual, bonificación por servicios y la bonificación quinquenal.

47. De igual manera, se observa que, mediante la Resolución Núm. 05072 del
veintiuno (21) de octubre de mil novecientos noventa y cuatro (1994), el INCORA le
reconoció a la ahora demandada una pensión de jubilación, aplicando el 75% de lo
devengado en el último año de servicios, en cuantía de $226.949, efectiva a partir
del veintidós (22) de septiembre de ese mismo año, fecha en la cual, la señora
Cárdenas Gualteros cumplió el requisito de edad de cincuenta (50) años. Para la
respectiva liquidación, la entidad tuvo en cuenta el promedio de los factores
devengados en el último año de servicios, entre ellos, el sueldo básico, prima de
vacaciones, prima de mayo y noviembre (sic), auxilio de alimentación, bonificación

29
Índice 00034 al 00036 del expediente que reposa en el Samai.
30
Índice 00036 del Samai, Cuaderno 01, pp. 14 y subsiguientes.

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por servicios prestados y la bonificación quinquenal (proporcional a 1 año), dando
aplicación -según se lee- a lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley 33 de 1985.31

48. La señora Cárdenas Gualteros, en ejercicio del derecho fundamental de petición
(de fecha 26 de enero de 1998), le solicitó al INCORA la reliquidación de la pensión
de jubilación, teniendo en cuenta el valor promedio del salario base, ajustado
conforme a las variaciones del Índice de Precios al Consumidor – IPC, entre el
treinta (30) de abril de mil novecientos noventa y tres (1993), y el veintiuno (21) de
octubre de mil novecientos noventa y cuatro (1994). Ante la negativa de la entidad,
la beneficiaria de la pensión promovió un proceso ante la jurisdicción de lo
contencioso-administrativo, que concluyó con la sentencia del cinco (5) de
septiembre de dos mil dos (2002), proferida por la Sección Segunda del Consejo de
Estado (dentro del Exp. 3703-2001), y en la cual, se confirmó el fallo impugnado en
esa oportunidad, en el sentido de declarar la nulidad parcial del acto de
reconocimiento acusado -únicamente en lo que toca al monto de la mesada
pensional- y, en consecuencia, ordenar la actualización de la base de liquidación de
la pensión de jubilación de acuerdo con el IPC certificado por el DANE. La entidad
obligada dio cumplimiento a la orden judicial antes señalada, mediante la expedición
de la Resolución Núm. 00071 del veinticinco (25) de julio de dos mil tres (2003).32

49. Años más tarde, la señora Dora Inés Cárdenas Gualteros presentó una nueva
petición, esta vez dirigida a la Unidad Administrativa de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, con arreglo a la cual,
solicitó la reliquidación de la pensión de jubilación, teniendo en cuenta la totalidad
de factores devengados en el último año de servicios, así como el pago de las
diferencias resultantes. La negativa de la entidad quedó consignada en el acto ficto

31
Índice 00034 al 00036 del expediente que reposa en el Samai, Cuaderno 01, pág. 16-17.
32
Índice 00036 del Samai, Cuaderno 01, pág. 19 y siguientes.

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cuya nulidad fue declarada, en primera instancia, por el Juzgado Séptimo (7º)
Administrativo de Oralidad del Circuito de Bogotá, mediante la sentencia del veinte
(20) de febrero de dos mil diecisiete (2017), luego confirmada parcialmente por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, a través de la providencia que la entidad
accionante pretende que sea infirmada. Mediante la Resolución RDP Núm. 016340
del veintinueve (29) de mayo de dos mil diecinueve (2019), la entidad dio
cumplimiento a la orden judicial emanada del Tribunal en cita.33

50. Ahora bien, observa la Sala que, a efectos de determinar el régimen pensional
aplicable, se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos: (i) para la fecha de entrada
en vigor de la Ley 100 de 199334, la señora Cárdenas Gualteros contaba con más
de treinta y cinco (35) años de edad y más de quince (15) años de servicios, lo que
la hacía beneficiaria -al tenor de lo dispuesto en el artículo 36 ibídem- del régimen
anterior; (ii) en esa misma línea, para la entrada en vigencia de la Ley 33 de 198535,
la referida demandada acreditaba más de quince (15) años continuos de servicio,
como empleada oficial del INCORA, aspecto que fue considerado por el Tribunal de
origen para concluir que resultaba, a su vez, beneficiaria del régimen de transición
contemplado en el parágrafo 2º del artículo 1º de la Ley 33 de 1985. En tal virtud,
resolvió aplicar las previsiones del Decreto-Ley 3135 de 1968, reglamentado por el
Decreto 1848 de 1969, y atender a los factores señalados en el artículo 45 del
Decreto 1045 de 1978, siendo éste el marco para la reliquidación ordenada.

51. Como se advirtió ut supra, la entidad accionante cuestiona la postura del
Tribunal, al considerar que, a la señora Cárdenas Gualteros le era aplicable el
régimen de transición de la Ley 33 de 1985, pero únicamente en cuanto al requisito
de edad, atendiendo a los factores salariales enlistados en la Ley 33, modificada

33
Ibídem, Índice 00036, Cuaderno 01.
34
Primero (1º) de abril de mil novecientos noventa y cuatro (1994).
35
Trece (13) de febrero de mil novecientos ochenta y cinco (1985).

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por la Ley 62 de 1985, sobre los cuales se hubiesen efectuado aportes a pensión.
Sobre esa base, adujo que, los conceptos de prima de vacaciones, quinquenio,
prima de diciembre y prima de junio no se encontraban dentro de la normatividad
aplicable al caso de la pensionada para la fecha de adquisición del estatus pensional
(22 de septiembre de 1994), y que, de conformidad con los certificados de factores
salariales, sobre ellos no se realizaron descuentos para aportes pensionales. Por
tal motivo, insistió en que, para la liquidación de la pensión, sólo debían
considerarse la asignación básica y la bonificación por servicios prestados.

52. Expuestos los elementos contextuales que anteceden, estima la Sala de
Subsección que, la controversia estriba en que, a juicio de la actora, la cuantía
derivada de la reliquidación pensional ordenada excedió lo debido de acuerdo con
la ley, inconformidad que conduce, a su vez, a abordar las discrepancias
relacionadas con el IBL en el régimen transicional de la Ley 33 de 1985.

53. Sobre el particular, la Sección Segunda del Consejo de Estado, en la sentencia
del dieciocho (18) de febrero de dos mil veintiuno (2021) 36 , recordó que, de
conformidad con el régimen de transición establecido por la Ley 33 de 1985, si para
el trece (13) de febrero de mil novecientos ochenta y cinco (1985), fecha en la cual
cobró vigencia dicha norma, la persona tuviese quince (15) años de servicio o más,
tendría como prerrogativa la posibilidad de pensionarse con la edad prevista en la
norma anterior, y que, quienes ya tuviesen veinte (20) o más años de servicio,
estuviesen retirados y sólo les faltare la edad para obtener el estatus pensional,
tendrían derecho a pensionarse con la norma que regía al momento del retiro.

36
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A”, sentencia del 18 de febrero
de 2021, M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas, Rad. No. 70001-23-33-000-2015-00018-01(4064-16).

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53.1. Esa regla transicional se armonizaba con lo dispuesto en el artículo 17, literal
b), de la Ley 6ª de 1945, modificado por el artículo 3º de la Ley 65 de 1946, y
posteriormente por el artículo 4º de la Ley 4ª de 1966, en el cual, se dijo que la
pensión sería equivalente al 75% del promedio mensual obtenido en el último año
de servicio. Además, se acompasaba con el artículo 27 del Decreto-Ley 3135 de
1968, que únicamente modificó lo concerniente a la edad para acceder al derecho
pensional, respecto de los hombres (pasando de 50 a 55 años), sin variar lo demás.

54. El anterior criterio fue acogido por esta Corporación, en un primer momento, a
través de la sentencia del dieciséis (16) de diciembre de dos mil nueve (2009) 37, al
considerar lo siguiente: “el artículo 1°, parágrafo 2 ibídem, estableció un régimen de
transición consistente en que los empleados que llevaran un tiempo de servicio de
15 años a la fecha de expedición de la ley, podían pensionarse con los requisitos
del régimen anterior de pensiones contenido en la Ley 6ª de 1945 (…)”.

55. Posteriormente, esta Colegiatura, en la sentencia del cuatro (4) de agosto de
dos mil diez (2010)38, unificó su posición en el sentido de indicar que, al momento
de efectuar el reconocimiento pensional a favor del empleado, se debía tener en
cuenta, además de los factores mencionados, aquellos que constituyen salario,
independientemente de la denominación que recibieran. No obstante lo anterior, en
la sentencia de unificación del veintiocho (28) agosto de dos mil dieciocho (2018)39,
se modificó la posición adoptada por la Sección Segunda para acoger, en su lugar,
el planteamiento de la Corte Constitucional 40, en cuya jurisprudencia destacó la

37
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 16 de diciembre de 2009,
Radicación: 250002325000200200474 01(1754-06).
38
Consejo de Estado. Sección Segunda. Sentencia de Unificación de 4 de agosto de 2010. Radicación: 0112-2009.
Demandante: Luis Mario Velandia. Demandado: Cajanal. Magistrado ponente: Víctor Hernán Alvarado Ardila.
39
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 28 de agosto de 2018, Expediente 52001-
23-33-000-2012-00143-01, C.P. Dr. César Palomino Cortés.
40
Cfr. Corte Constitucional de Colombia, sentencias C-258 de 2013, SU-230 de 2015, SU-395 de 2017, SU-023 de 2018,
entre otras.

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relación de correspondencia entre las cotizaciones efectuadas durante la vida
laboral al Sistema General de Seguridad Social, con la finalidad de no desconocer
el principio de solidaridad y sostenibilidad financiera en esta materia, y se fijó como
subregla que, los factores salariales a incluirse en el IBL para la pensión de vejez
de los servidores públicos beneficiarios de la transición serían únicamente aquellos
sobre los cuales se efectuaron aportes o cotizaciones al sistema de pensiones.

56. Conviene recordar que, en la sentencia de unificación del veintiocho (28) agosto
de dos mil dieciocho (2018)41, se acogió la regla según la cual, “el Ingreso Base de
Liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 hace parte del
régimen de transición para aquellas personas beneficiarias del mismo que se
pensionen con los requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo del régimen
general de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985”. A su vez, de la regla en
comento se desprenden dos (2) sub-reglas: (i) la primera es que, para los servidores
que se pensionen conforme a las condiciones de la Ley 33 de 1985, el período para
liquidar la pensión se determina dependiendo si faltaren o no más de diez (10) años
para adquirir el derecho a la pensión42; y (ii) la segunda consiste en que, los factores
salariales que se deben incluir en el IBL para la pensión de vejez de los servidores
públicos beneficiarios de la transición, son únicamente aquellos sobre los que se
hayan efectuado los aportes o cotizaciones al Sistema de Pensiones.

57. Fuerza resaltar que, en la precitada providencia de unificación, que quedó
ejecutoriada el diecisiete (17) de septiembre de dos mil dieciocho (2018), se precisó

41
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 28 de agosto de 2018, Expediente 52001-
23-33-000-2012-00143-01, C.P. Dr. César Palomino Cortés.
42
Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso base de liquidación será (i) el promedio
de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior,
actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.
Por su parte, si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el promedio de los salarios o rentas sobre
los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados
anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.

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que la misma tendría efectos retrospectivos, por lo cual se dispuso, que: “las reglas
jurisprudenciales que se fijaron en este pronunciamiento se aplican a todos los
casos pendientes de solución tanto en vía administrativa como en vía judicial a
través de acciones ordinarias; salvo los casos en los que ha operado la cosa
juzgada que, en virtud del principio de seguridad jurídica, resultan inmodificables.”

58. Este aspecto reviste una importancia medular, comoquiera que, para la fecha
ejecutoria de la sentencia de unificación, todavía no se había proferido la sentencia
del veinte (20) de noviembre de dos mil dieciocho (2018), por parte de la Sección
Segunda, Subsección “E”, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. En tal
virtud, es dable sostener que, en línea de principio, las reglas de la sentencia de
unificación antes referida resultaban aplicables al asunto antes examinado, habida
cuenta que, con posterioridad a la sentencia de unificación del veintiocho (28)
agosto de dos mil dieciocho (2018), el mismo continuaba pendiente de decisión.

59. Vistas así las cosas, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca (Sección
segunda, Subsección “E”), inobservó los derroteros jurisprudenciales aplicables
para la fecha en la que profirió la sentencia objeto de revisión, apartándose así del
precedente unificado fijado por el Consejo de Estado, como órgano de cierre de la
jurisdicción de lo contencioso-administrativo, según el cual, el Ingreso Base de
Liquidación no fue objeto de la transición establecida en el inciso 3º del artículo 36
de la Ley 100 de 1993, de manera que, a los beneficiarios de la pensión, se les
debía calcular con los requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo de la norma
anterior, pero los factores serían aquellos que hayan servido como base para
realizar los aportes, conforme a lo previsto en el Decreto 1158 de 1994.

60. En ese sentido, se advierte que, el reconocimiento efectuado por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, excedió el monto que legalmente le correspondía

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a la ahora demandada, en la medida en que optó por aplicar los factores salariales
establecidos en el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978, cuando lo que legalmente
le correspondía, con sujeción a la sentencia de unificación del veintiocho (28) agosto
de dos mil dieciocho (2018), y teniendo en cuenta que, adquirió el estatus pensional
el veintidós de (22) de septiembre de mil novecientos noventa y cuatro (1994), es
decir, con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993, eran los
establecidos en el Decreto 1158 de 1994. Por ende, sólo se podían tener en cuenta
aquellos factores sobre los cuales la entidad hubiese efectuado descuentos para los
efectos pensionales, entre ellos, la asignación básica y la bonificación por servicios.

61. Por las razones anotadas, la Sala encuentra que se configuró la causal de
revisión contemplada en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, toda vez
que, a la señora Dora Inés Cárdenas Gualteros no le asistía el derecho a la
reliquidación de su pensión de jubilación, con el 75% de todos los factores salariales
devengados en el último año de servicio43, según lo establecido en la sentencia de
unificación del veintiocho (28) de agosto de dos mil dieciocho (2018), proferida por
la Sala Plena Contenciosa de esta Corporación, el cual, fuerza insistir, constituye
un precedente vinculante y obligatorio para los asuntos pendientes de solución,
como era el caso bajo examen. Vale la pena manifestar que, este pronunciamiento
se acompasa con lo resuelto por esta Sala de Subsección, en la sentencia del
veintinueve (29) de octubre de dos mil veinticinco (2025), en un caso de similares
contornos fácticos y jurídicos.44

62. La configuración de la causal alegada no es óbice para desestimar la devolución
de las sumas pagadas en virtud del acto de reliquidación de la pensión de jubilación,

43
En este punto, es menester señalar que, para la fecha de reconocimiento de la pensión, estaba vigente el inciso tercero del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, que autorizaba calcular el ingreso base de liquidación de acuerdo con el promedio de lo
devengado en el último año de servicios. Posteriormente, la Corte Constitucional, en la Sentencia C-168 de 1995, declaró
inexequible el aparte respectivo.
44
Rad. 11001-03-25-000-2020-00218-00 (0397-2020)

31

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debidamente indexadas, como lo pretende la entidad accionante. Sobre este
particular, la Sala precisa que, en lo que toca a los efectos de esta sentencia, los
mismos regirán a futuro, con el propósito de proteger los derechos de la pensionada
que fueron reconocidos en la sentencia objeto de revisión. Por tal motivo, no se
dispondrá el reintegro de las sumas percibidas por la señora Cárdenas Gualteros,
comoquiera que, aquellas, se presume, fueron percibidas de buena fe, máxime, si
su reconocimiento fue fruto de una orden de autoridad judicial que así lo determinó.

63. Como corolario de lo anterior, se hace necesario declarar la prosperidad de la
acción de revisión por la causal en estudio y, como consecuencia de ello, infirmar la
sentencia proferida el veinte (20) de noviembre de dos mil dieciocho (2018) por la
Sección Segunda, Subsección “E”, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
En ese sentido, la Sala procederá a dictar una sentencia de reemplazo, de
conformidad con lo establecido en el artículo 255, inciso 2º, del CPACA, en el que
se indica que, si el competente encuentra fundada la causal, “(…) invalidará la
sentencia revisada y dictará la que en derecho corresponde”.

2.7) Sentencia de reemplazo.

64. En concordancia con lo expuesto en renglones precedentes, se extrae que, el
veintiocho (28) de noviembre de dos mil quince (2015), la señora Dora Inés
Cárdenas Gualteros presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho (previsto en el artículo 138 del CPACA)45, tramitada
con el Rad. 11001-33-35-007-2015-00883-00(01), contra la Unidad Administrativa
de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –
UGPP, con el propósito de solicitar: (i) que se declare nula parcialmente la
Resolución Núm. 05072 del veintiuno (21) de octubre de mil novecientos noventa y

45
Índice 00036 del Samai, Cuaderno 01, págs. 26 y siguientes.

32

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cuatro (1994), por medio de la cual, el INCORA le reconoció una pensión de
jubilación; y (ii) que se declare la nulidad del acto ficto derivado del silencio
administrativo negativo frente a la petición presentada el veintiséis (26) de marzo de
dos mil quince (2015). Como consecuencia de las anteriores declaraciones, solicitó
que: (iii) se reliquide la pensión, con inclusión de todos los factores devengados en
el último año de servicios, considerando la variación anual conforme al IPC; y (iv)
se paguen las diferencias de las mesadas causadas, con ocasión de dicha
reliquidación.

65. Como se estableció, en primera instancia, el Juzgado Séptimo (7º)
Administrativo de Oralidad del Circuito de Bogotá accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda, en el sentido de declarar la nulidad del acto ficto (y no
del acto de reconocimiento de 1994) y, a título de restablecimiento del derecho,
ordenó la reliquidación de la pensión de jubilación, con inclusión, además de los
factores que se tuvieron en cuenta en el acto primigenio, de las primas de junio y
diciembre.46

66. Al resolver el recurso de alzada interpuesto por la entidad, el Tribunal, en la
sentencia cuya revisión se solicita47, confirmó parcialmente el fallo impugnado y, en
tal virtud, modificó los ordinales primero y cuarto de la providencia, así: (i) en el
ordinal primero declaró la prescripción respecto a las mesadas causadas con
anterioridad al veintiséis (26) de marzo de dos mil doce (2012); y (ii) en el ordinal
cuarto ordenó la reliquidación de la pensión, en cuantía del 75% de los factores
salariales devengados en el último año de servicios, para este caso el comprendido
entre el 1º de mayo de 1992 y el 30 de abril de 1993, teniendo en cuenta los
siguientes factores salariales: i) sueldo básico mensual, ii) bonificación por servicios,

46
Índice 00036 del Samai, Cuaderno 01, págs. 157 y siguientes.
47
Índice 00036 del Samai, Cuaderno 01, págs. 223 y siguientes.

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iii) prima de junio 1/12, iv) prima de diciembre 1/12, v) prima de vacaciones 1/12, y
vi) quinquenio 1/12 (correspondiente a la remuneración fraccionada en 12).

67. Valga señalar que, en cumplimiento de la sentencia del veinte (20) de noviembre
de dos mil dieciocho (2018), la UGPP expidió la Resolución RDP Núm. 016340 del
veintinueve (29) de mayo de dos mil diecinueve (2019), por medio de la cual
reliquidó la pensión de vejez, en cuantía de $290.119, con efectividad desde el
veintidós (22) de septiembre de mil novecientos noventa y cuatro (1994), y efectos
fiscales a partir del veintiséis (26) de marzo de dos mil doce (2012).

68. De acuerdo con los elementos que fueron identificados en el expediente del
tribunal de origen48, se advirtió que: (i) la señora Dora Inés Cárdenas Gualteros
nació el veintidós (22) de septiembre de mil novecientos cuarenta y cuatro (1944);
y (ii) según la constancia expedida por la división de recursos humanos del extinto
Instituto Colombiano de la Reforma Agraria – INCORA, prestó sus servicios desde
el dieciocho (18) de agosto de mil novecientos sesenta y cinco (1965), hasta el
treinta (30) de abril de mil novecientos noventa y tres (1993), momento del retiro
para el cual fungía como “Técnico Administrativo II” en la División de Producción
Agroeconómica, acreditando más de veintisiete (27) años de servicio.

69. En adición, se puso de presente que: (i) para la fecha de entrada en vigor de la
Ley 100 de 199349, la señora Cárdenas Gualteros contaba con más de treinta y
cinco (35) años de edad y más de quince (15) años de servicios, lo que la hacía
beneficiaria, de acuerdo con el artículo 36 ibídem, del régimen anterior; y (ii) para la
fecha de entrada en vigencia de la Ley 33 de 198550, la demandada acreditaba más
de quince (15) años continuos de servicio como empleada oficial del INCORA, razón

48
Índice 00036 del expediente que reposa en el Samai.
49
Primero (1º) de abril de mil novecientos noventa y cuatro (1994).
50
Trece (13) de febrero de mil novecientos ochenta y cinco (1985).

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por la cual, quedaba cobijada por el régimen de transición previsto en el parágrafo
2º del artículo 1° de la Ley 33 de 1985, especialmente, en lo que toca al requisito de
edad. En concordancia, se acreditó que, el estatus pensional lo obtuvo el veintidós
(22) de septiembre de mil novecientos noventa y cuatro (1994), cuando cumplió los
cincuenta (50) años, esto es, con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 100.

70. Bajo este contexto, se observa, que la señora Dora Inés Cárdenas Gualteros
cumplió con los requisitos para ser beneficiaria de la pensión de vejez, tanto en los
términos de la Ley 100 de 1993, como en el Decreto-Ley 3135 de 1968 (anterior a
la Ley 33 de 1985), pero respecto de este último, sólo en lo relativo a la edad para
adquirir la pensión, por cuanto, se insiste, conforme a lo dispuesto por la Sala Plena
de esta Corporación, en virtud de la sentencia de unificación del veintiocho (28) de
agosto de dos mil dieciocho (2018), los factores serán aquellos que hayan servido
como base para realizar los aportes, en los términos del Decreto 1158 de 1994.

71. Con todo, la Sala infirmará la sentencia del veinte (20) de noviembre de dos mil
dieciocho (2018), proferida por la Sección Segunda, Subsección “E”, del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, que confirmó parcialmente la sentencia del veinte
(20) de febrero de dos mil diecisiete (2017), proferida por el Juzgado Séptimo (7º)
Administrativo de Oralidad del Circuito de Bogotá, mediante la cual, se accedió a
las súplicas de la demanda. En su lugar, negará las pretensiones de la misma.

72. Los efectos de esta decisión no afectan los actos administrativos previos de
reconocimiento y reliquidación, los cuales, al no haber sido anulados, o incluso
objeto de control judicial, se presumen legales. En este punto, se impone recordar
que, la acción especial de revisión, por su carácter extraordinario, no tiene la
potencialidad de reabrir el debate para plantear nuevos argumentos de fondo y, de
suyo, convertir la controversia en una “tercera instancia”, propósito que

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Demandante: Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de
la Protección Social – UGPP
Demandada: Dora Inés Cárdenas Gualteros

desconocería la finalidad con la cual fue instituida la figura en comento.

2.8) Condena en costas.

73. Revisada la conducta de la parte vencida en el proceso, no evidencia la Sala
temeridad o mala fe, sino simplemente la defensa de sus propios intereses, razón
por la cual no se cumplen los presupuestos exigidos por el artículo 188 de la Ley
1437 de 2011 y, por lo tanto, no se impondrá condena en costas en esta instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: DECLARAR FUNDADA la acción especial de revisión interpuesta por
la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social – UGPP, contra la sentencia del veinte (20) de
noviembre de dos mil dieciocho (2018), proferida por la Sección Segunda,
Subsección “E”, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, dentro del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho con el Rad. Núm. 11001-33-35-
007-2015-00883-00(01), mediante la cual se modificó la sentencia de primera
instancia proferida por el Juzgado Séptimo (7º) Administrativo de Oralidad del
Circuito de Bogotá, del veinte (20) de febrero de dos mil diecisiete (2017), que
accedió a las pretensiones de la demanda instaurada por la señora Dora Inés
Cárdenas Gualteros, por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído.

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Número Interno: 3934-2021
Demandante: Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de
la Protección Social – UGPP
Demandada: Dora Inés Cárdenas Gualteros

SEGUNDO: INFIRMAR la sentencia del veinte (20) de noviembre de dos mil
dieciocho (2018), proferida por la Sección Segunda, Subsección “E”, del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca y, en su lugar, se dispone:

“REVOCAR la sentencia de primera instancia, proferida por el Juzgado Séptimo (7º)
Administrativo de Oralidad del Circuito de Bogotá, del veinte (20) de febrero de dos
mil diecisiete (2017), y, como consecuencia de lo anterior, NEGAR las pretensiones
de la demanda presentada por la señora Dora Inés Cárdenas Gualteros, contra la
Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social – UGPP.”

TERCERO: Advertir que los efectos de esta sentencia no afectan los actos
administrativos previos de reconocimiento y liquidación pensional de la demandada,
que no fueron objeto de control judicial.

CUARTO: Sin condena en costas.

QUINTO. Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el expediente, previas las
constancias del caso.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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