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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2021-00719-00

Fecha
30 de enero de 2025
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2021-00719-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero: Declarar fundada la acción de revisión presentada por la UGPP contra la sentencia del 15 de marzo de 2019 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, que confirmó la sentencia proferida el 14 de marzo de 2017 por el Juzgado Cincuenta y Dos Administrativo de Bogotá, por la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Segundo: Infirmar la sentencia del 15 de marzo de 2019 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F. En consecuencia, se dicta sentencia de reemplazo en los siguientes términos: 21 ARTÍCULO 47. Adiciónese el siguiente inciso al artículo 188 de la Ley 1437 de 2011: En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 16 Radicado: 11001-03-25-000-2021-00719-00 (4086-2021) Revocar la sentencia del 14 de marzo de 2017, proferida por el Juzgado Cincuenta y Dos Administrativo de Bogotá que dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho instaurado por el señor Guillermo Palomares en contra de la Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social que accedió a las pretensiones de la demanda. En su lugar, se dispone: Denegar las pretensiones de la demanda, de conformidad con la parte motiva de esta providencia. Tercero: Denegar las demás pretensiones de la acción especial de revisión. Cuarto: Sin condena en costas. Quinto: Reconocer personería adjetiva a la persona jurídica Casación Laboral Estudio S.A.S., identificada con número de identificación tributaria 900.739.123-5, cuyo objeto social principal es la prestación de servicios jurídicos, para actuar en su favor, en los términos y para los efectos del poder conferido mediante escritura pública visible a índice 00036 de SAMAI. Sexto: Reconoce personería adjetiva al abogado Jorge Iván Palacio Palacio Medina, […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2021-00719-00

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

30 de enero de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA- SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D.C., treinta (30) de enero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN ART. 20 LEY 797 DE 2003
Radicación: 11001-03-25-000- 2021-00719-00 (4086-2021)
Demandante: Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Demandado: Guillermo Palomares

Temas: Artículo 20 de la Ley 797 de 2003. Causal de revisión prevista en
el literal b). Ingreso base de liquidación de empleado beneficiario
del régimen de transición del inciso 1, parágrafo 2 del artículo 1 de
la Ley 33 de 1985

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide la acción de revisión que interpuso1la Unidad Administrativa de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (en adelante UGPP)
contra la sentencia del 15 de marzo de 2019 proferida por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F2, para lo cual invocó la causal
contenida en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, que permite la revisión
de providencias judiciales ejecutoriadas «cuando la cuantía del derecho reconocido
excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran
legalmente aplicables».
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
Que el señor Guillermo Palomares trabajó para el Ministerio de Hacienda y Crédito
Público desde el 24 de septiembre de 1969 hasta el 30 de noviembre de 1991, y para
el Fondo Educativo Regional de Bogotá desde el 5 de noviembre de 1993 hasta el 15
de junio de 1995.
Que mediante la Resolución 0013858 del 15 de febrero de 1999, la extinta Caja
Nacional de Previsión Social (CAJANAL) le otorgó la pensión de vejez, equivalente al
75% del promedio de lo devengado en el tiempo que le faltaba por laborar (1 año, 2
meses y 15 días). Dicha pensión incluyó únicamente el factor de asignación básica,
ascendió a $34.189,59 y fue efectiva a partir del 6 de diciembre de 1998.
Que la UGPP, después de negar varias solicitudes de reliquidación presentadas por el
señor Palomares, se pronunció nuevamente sobre el tema a través de la Resolución
RDP 033120 del 29 de octubre de 2014, argumentando que los elementos reclamados
no se encontraban enlistados entre los factores salariales previstos en el Decreto 1158
de 1994. Esta decisión fue ratificada mediante la Resolución RDP 002318 del 21 de
enero de 2015, al resolver un recurso de apelación.

1 La presentación de la acción se efectuó el 9 de noviembre de 2021, de acuerdo con la anotación efectuada por la

Secretaría de la Sección Segunda de esta Corporación que reposa en el índice 0001 de SAMAI.
2 Decisión que confirmó la sentencia proferida el 14 de marzo de 2017, el Juzgado Cincuenta y Dos Administrativo

de Bogotá que accedió las pretensiones dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido
por el señor Guillermo Palomares.

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Que el señor Palomares, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del
derecho, presentó demanda en contra de la UGPP, con el fin de obtener la nulidad de
las Resoluciones RDP 033120 del 29 de octubre de 2014 y RDP 002318 del 21 de
enero de 2015. En consecuencia, solicitó que se condenara a la entidad a reliquidar
su pensión, teniendo en cuenta el 75% de todos los factores devengados durante el
año inmediatamente anterior a su retiro, así como al pago de la diferencia pensional
entre la pensión reconocida y la reliquidada, junto con los intereses moratorios
previstos en el artículo 192 del CPACA, y las costas procesales.
Que el Juzgado Cincuenta y Dos Administrativo de Bogotá, mediante sentencia de
primera instancia del 14 de marzo de 2017, accedió a las pretensiones, ordenando
reliquidar la pensión del señor Palomares con el 75% del promedio mensual
devengado en el año anterior a su retiro. Además, de la asignación básica ya
reconocida, se incluyeron los factores de trabajo suplementario (doble y triple jornada),
auxilio de alimentación y las doceavas partes de las primas de navidad, vacaciones y
servicios. La reliquidación fue reconocida a partir del 15 de julio de 2011, por
prescripción trienal.
Que el juzgado consideró que los actos administrativos acusados habían sido
desvirtuados, ya que el régimen aplicable en relación con el monto de la pensión no
era el previsto en el Decreto 1158 de 1994, sino el anterior a la Ley 100 de 1993, es
decir, las Leyes 33 y 62 de 1985. Según la interpretación del Consejo de Estado, estas
normas no establecen de manera taxativa los factores salariales que conforman la
base de liquidación pensional, lo que permite la inclusión de otros conceptos
devengados por el trabajador durante su último año de servicio.
Que la parte demandada apeló la decisión, argumentando que, aunque el actor es
beneficiario del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993,
por lo cual tenía derecho a pensionarse bajo la Ley 33 de 1985, la pensión debía
liquidarse conforme a las normas vigentes al momento de adquirir el estatus pensional,
es decir, con la Ley 100 de 1993.
Que según la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, para los beneficiarios
del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, la pensión debe liquidarse con el
promedio de lo cotizado en los últimos 10 años, o con el tiempo que faltara para adquirir
el derecho pensional, utilizando los factores señalados en el Decreto 1158 de 1994.
Esta interpretación fue acogida por la Corte Constitucional en las sentencias C-258 de
2013 y SU-230 de 2015, al precisar que el ingreso base de liquidación (IBL) no estaba
sometido a transición.
Que el 15 de marzo de 2019, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca confirmó la
decisión de primera instancia y no impuso condena en costas.
Que, la UGPP, mediante la Resolución RDP 017649 del 11 de junio de 2019, dio
cumplimiento a la sentencia, reliquidando la pensión del señor Palomares en una suma
de $452.813, efectiva a partir del 6 de diciembre de 1998, con efectos fiscales a partir
del 15 de julio de 2011, aplicando la prescripción trienal.

SENTENCIA OBJETO DE REVISIÓN

En providencia del 15 de marzo de 2019, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
confirmó la decisión de primera instancia, concluyendo que no es posible subsumir
dentro del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, las
disposiciones contenidas en la Ley 33 de 1985. Esto se debe a que, en aquellos casos
en que el servidor ha completado 15 años de servicio antes del 13 de febrero de 1985,
fecha en la que fue expedida la Ley 33 del mismo año, debe respetarse su legítima

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expectativa de pensionarse bajo las condiciones establecidas en los Decretos 3135 de
1968 y 1045 de 1978, incluso si el requisito de edad se cumple después de la entrada
en vigencia de la Ley 100 de 1993.

Que en el caso del demandante, al entrar en vigencia la Ley 33 de 1985 ya contaba
con más de 15 años de servicio. En consecuencia, se encontraba amparado por el
régimen de transición consagrado en dicha ley, por lo que su pensión debía liquidarse
conforme a lo previsto en el Decreto 3135 de 1968, reglamentado por el Decreto 1848
de 1969, y el Decreto 1045 de 1978.
Que la pensión debía ser calculada con el 75% de lo devengado durante el último año
de servicio, considerando en la liquidación los factores establecidos en el Decreto 1045
de 1978 y no únicamente los previstos en el Decreto 1158 de 1994. Así, confirmó la
inclusión de factores como el trabajo suplementario (doble y triple jornada), el auxilio
de alimentación, y las doceavas partes de las primas de navidad, vacaciones y
servicios, ya que se verificó que dichos factores fueron percibidos por el demandante
en su último año efectivo de servicio, que están contemplados en el artículo 45 del
Decreto 1045 de 1978, y no fueron incluidos por la entidad demandada en el acto de
reconocimiento pensional.
Que en consecuencia, la prestación debía reliquidarse tomando como base el
promedio de los factores devengados en el último año de servicio, y no del tiempo
faltante para cumplir los requisitos, como fue realizado por la entidad demandada en
el acto administrativo de reconocimiento pensional.
Que si bien el a quo reconoció de manera correcta los factores a considerar para la
liquidación de la pensión, su fundamentación no se ajustó al marco jurídico aplicable,
ya que utilizó el criterio jurisprudencial del Consejo de Estado en la sentencia del 4 de
agosto de 2010, cuando lo adecuado era ordenar la liquidación de la pensión en virtud
de los Decretos 3135 de 1968 y 1045 de 1978, dado que el demandante se encontraba
amparado por el régimen de transición de la Ley 33 de 1985.
Por último, se estableció que la solicitud de reliquidación fue presentada el 15 de julio
de 2014, por lo que todas las mesadas causadas antes del 15 de julio de 2011 estaban
prescritas. Adicionalmente, al no haberse demostrado la existencia de costas
procesales, no se impuso condena en este aspecto contra la entidad demandada.

ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN

El UGPP, en ejercicio del mecanismo establecido en el artículo 20 de la Ley 797 de
2003, presentó acción de revisión al considerar que la sentencia está incursa en la
causal b) del artículo 20 de la citada legislación.

Solicita que se infirme la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Sección Segunda – Subsección F del 15 de marzo de 2019 y en su lugar, se ordene
la reliquidación y pago de la mesada pensional adoptando como IBL las directrices
fijadas en el inciso 3º del artículo 36 o las consignadas en el artículo 21 de la Ley 100
de 1993, según el caso, así como los factores base de cotización taxativamente
determinados en el decreto 1158 de 1994. Así mismo, pidió que la restitución de la
totalidad de los dineros pagados en exceso por la reliquidación de la mesada pensional
con la correspondiente indexación y los intereses moratorios.

Para sustentar la acción, la entidad presentó los siguientes argumentos:

Que al apartarse el juez de instancia de la interpretación dada por la Corte
Constitucional y del tenor literal de la norma vigente -artículo 36 inciso tercero de la ley
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100 de 1993-, respecto a la aplicación del IBL para aquellos que se encuentran
inmersos en régimen de transición, vulneró el debido proceso de la actuación surtida
y otorgó un derecho sin el cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos para
tal fin, lesionando gravemente el erario, pues le corresponde a la Nación asumir los
recursos para cubrir una prestación en tales condiciones, los que son indispensables
para la financiación del Sistema General de Seguridad Social en pensiones.

Que la decisión desconoce el precedente judicial establecido por la Corte
Constitucional en torno al ingreso base de liquidación, como quiera que las autoridades
que profirieron las decisiones accionadas adoptaron su criterio respecto del ingreso
base de liquidación con fundamento en una norma inaplicable.

Que la liquidación ordenada excede lo debido de acuerdo con la ley, toda vez que el
señor Guillermo Palomares, al estar cobijado por el régimen de transición consagrado
en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, tiene derecho al reconocimiento de la pensión
bajo las condiciones de edad, tiempo de servicios y monto, entendido este último como
la tasa de reemplazo, previstas por la Ley 33 de 1985. No obstante, el IBL se encuentra
regulado en el inciso 3.º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

Que en las sentencias C-258 de 2013, SU-395 de 2017 y en la sentencia de unificación
del 28 de agosto de 2018, proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado, se
estableció una regla de carácter general que coincide en señalar que la liquidación de
pensiones basada en el promedio de lo devengado en el último año de servicio,
incluyendo ingresos sobre los cuales no se realizó la respectiva cotización al sistema,
conlleva automáticamente un detrimento del principio de solidaridad que rige la
seguridad social. Este principio, recogido en el Acto Legislativo 01 de 2005, estipula
en su inciso 6º que «[p]ara la liquidación de las pensiones sólo se tendrán en cuenta
los factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado las cotizaciones».

Que los emolumentos utilizados para calcular la mesada pensional deben seguir la
lista taxativa de los conceptos considerados como factores salariales en el Decreto
1158 de 1994.

Contestación a la acción de revisión3

Aunque la contestación a la acción de la referencia se presentó fuera del término legal,
se observa que inicialmente el demandado, dentro del plazo estipulado, manifestó su
imposibilidad de contratar un abogado de confianza. Sin embargo, al responder la
demanda a través de un apoderado, se entendió que desistió de la solicitud de
nombramiento de un abogado de oficio. Por lo tanto, con el fin de garantizar los
derechos al acceso a la administración de justicia, a la defensa y contradicción, así
como la protección especial que le asiste en su calidad de pensionado, se tendrán en
cuenta los argumentos presentados en el memorial del 20 de mayo de 2022.
En su contestación, el pensionado argumentó que no es procedente revocar la
sentencia del 14 de marzo de 2017, emitida por el Juzgado Cincuenta y Dos
Administrativo del Circuito de Bogotá y confirmada por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca el 15 de marzo de 2019. Esto se fundamenta no solo en el hecho de
que la recurrente confunde, la diferencia de criterios interpretativos sobre el régimen
de transición de la Ley 100 de 1993 con una falta de aplicación de dicha normatividad,
sino también en que pretende desconocer la prohibición de aplicación retroactiva del
precedente constitucional, alegando abuso del derecho.

3 Índice 17 de SAMAI.

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Que la decisión judicial objeto de revisión fue emitida antes de la sentencia de
unificación del Consejo de Estado del 28 de agosto de 2018, en la que se adoptó la
posición de la Corte Constitucional. Por lo tanto, no era exigible que el Juzgado
Cincuenta y Dos Administrativo de Bogotá fallara conforme a esa nueva línea
jurisprudencial y, en consecuencia, no se incurrió en ningún defecto, dado que existía
una prohibición de aplicar retroactivamente dicho precedente.
Que la sostenibilidad financiera del sistema pensional fue un asunto discutido en
sentencia de unificación del Consejo de Estado el 4 de agosto de 2010, en donde se
concluyó que incluir todos los factores salariales en el reconocimiento de la pensión
de vejez no vulneraba dicho principio, siempre y cuando se dedujeran los aportes que
dejaron de hacerse, precedente judicial vinculante para la fecha en que se emitió la
sentencia objeto de revisión.

Concepto del Ministerio Público

La Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado guardó silencio en esta
oportunidad.

Se decidirá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

La Subsección debe determinar si se configura la causal de revisión alegada por la
entidad demandante, en cuanto a si el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección F, al establecer que el periodo liquidable para fijar el
ingreso base de la pensión del señor Guillermo Palomares era el último año de servicio
y al incluir todos los factores salariales, terminó reconociendo un derecho que excedió
lo previsto por la ley.

Para el efecto, la Sala hará referencia a: i) generalidades de la acción especial de
revisión, ii) causal de revisión invocada; iii) aspectos jurisprudenciales y normativos
sobre la pensión de jubilación, iv) aplicación de la transición dentro de la Ley 33 de
1985 y v) se examinará el caso concreto.

Generalidades de la acción especial de revisión

El artículo 20 de la Ley 797 del 29 de enero de 2003 1, habilitó al Gobierno para que
por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda
y Crédito Público, del contralor general de la República o del procurador general de la
Nación, así como las entidades que realizan el reconocimiento de pensiones4
formularan la revisión de las providencias judiciales que imponen al tesoro o a fondos
de naturaleza pública el cubrimiento de sumas periódicas o pensiones de cualquier
naturaleza.

Conviene precisar que, está acción tal como el recurso extraordinario de revisión
tiende a invalidar los efectos jurídicos de una sentencia que ya se encuentra
ejecutoriada, por eso se presenta como una excepción al principio de la cosa juzgada,
y las causales para su procedencia están establecidas taxativamente en el artículo 20
de la Ley 797 de 2003.

4 Corte Constitucional, Sentencia SU-427 de 2016.

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Aunque es cierto que la acción de revisión contemplada por el artículo 20 de la Ley
797 de 2003, por expresa disposición legal se rige por el procedimiento establecido
para el recurso extraordinario de revisión, al interior de la jurisdicción contenciosa
administrativa ha sido considerada como un mecanismo especial5 por al menos tres
razones: su finalidad, las causales para su procedencia y la calificación en quien está
habilitado para ejercer la acción.

En cuanto a su finalidad, esta Corporación ha señalado que consiste en dotar «(...) a
las entidades públicas pagadoras de pensiones y a los entes de control, de una
herramienta judicial para solicitar la corrección de los reconocimientos pensionales que
se encuadren en dichas causales (…)»6. Frente a las causales para interponer el
recurso se advierte que son aquellas establecidas taxativamente en los artículos 250
del CPACA y 20 de la Ley 797 de 2003 y que solo aquellos sujetos indicados en el
inciso primero de la norma pueden ejercer la acción.

Luego, la intención para la que fue creada la norma fue contrarrestar los graves casos
de corrupción e impactos fiscales en el erario público por los reconocimientos
pensionales, salvaguardando el equilibrio entre la prestación y su legalidad, además
de velar por la protección de los recursos limitados del Tesoro, la liquidez, solvencia y
sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social, así como el principio de universalidad
que lo inspira7 y no la de reabrir un nuevo debate probatorio.

Causal de revisión contemplada en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de
2003

La UGPP invocó como sustento de la acción de revisión la causal prevista en el literal
b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el cual dispone:

«b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley,
pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.».

Acerca de esta causal, se señala que la exposición de motivos del proyecto que
direccionó la expedición de la Ley 797 de 2003, obedeció precisamente a la necesidad
[…] de construir esquemas sociales solidarios, financieramente viables y sostenibles
en el tiempo, y, equitativos para todos los ciudadanos […]» 8. De igual manera, se
advierte que se manifestó en dicha ocasión por parte del Gobierno Nacional y se
estudió por parte del Congreso de la República la conveniencia de establecer un
mecanismo para revisar las pensiones irregularmente otorgadas o por montos que no
establece la ley, con el fin de «[…] afrontar los graves casos de corrupción en esta
materia y evitar los grandes perjuicios que pueda sufrir la Nación. […]»9.

Nótese que el principal objetivo del artículo 20 ibidem, estaba en reducir el déficit fiscal
y hacer del pensional un sistema factible en términos económicos que permitiera la
revisión, entre otras, de aquellas prestaciones periódicas cuya cuantía exceda lo

5 Para tales efectos la providencia del 27 de marzo de 2014, radicado núm. 11001-03-25-000-2012-00561-00 (2129-

12), CP: Gerardo Arenas Monsalve, estableció: es claro que las particularidades de la “acción especial de revisión”
previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, le otorgan una entidad propia, que se refleja principalmente en
legitimación por activa que se concede al Gobierno Nacional y a los mecanismos de control –Contraloría y
Procuraduría- para promover la revisión, quienes eran terceros en el proceso ordinario cuya revisión se permite,
pero que se facultan para accionar con el objeto de proteger el patrimonio público, con el fin de obtener la viabilidad
financiera del sistema pensional […]”
6 Ibidem.
7 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión N.° 4, sentencia del

1° de agosto de 2017, radicación: 110010315000201602022 00 (REV)
8 http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=7222
9 Ibidem.

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debido de acuerdo con las normas vigentes. En ese orden, el análisis de procedencia
de las causales en la acción será de carácter taxativo y restringido a la finalidad para
la cual fue creada.

Aspectos jurisprudenciales y normativos sobre la pensión de jubilación

La Ley 100 de 1993, «por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se
dictan otras disposiciones», en su artículo 36, consagró un régimen de transición en
materia pensional, con la finalidad de proteger al grupo de personas que estaban
próximas a adquirir su derecho a la pensión bajo los regímenes pensionales que
quedarían derogados con su entrada en vigencia, en el sentido de mantenerles
algunos de los presupuestos para acceder a la pensión en condiciones particulares
más favorables.

«Régimen de transición. La edad para acceder a la pensión de vejez continuará
en cincuenta y cinco (55) años para las mujeres y sesenta (60) para los hombres,
hasta el año 2014, fecha en la cual la edad se incrementará en 2 años, es decir,
será de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres.
La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de
semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al
momento de entrar en vigencia el Sistema tengan 35 o más años de edad si son
mujeres o 40 o más años de edad si son hombres, o 15 o más años de servicios
cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren
afiliados. Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para
acceder a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la
presente Ley.
El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las personas referidas en el
inciso anterior que les faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho,
será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el
cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior, actualizado anualmente con
base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que
expida el DANE. Sin embargo, cuando el tiempo que les hiciere falta fuese igual o
inferior a dos (2) años a la entrada en vigencia de la presente ley, el ingreso base
para liquidar la pensión será el promedio de lo devengado en los dos (2) últimos
años, para los trabajadores del sector privado y de un (1) año para los servidores
públicos.[…]».

Si bien, la misma ley indicó que los requisitos de edad, tiempo y monto son los
indicados en el régimen anterior al cual la persona se encontraba afiliada, dispuso que
las demás condiciones y requisitos deben cumplirse en su integridad bajo la Ley 100
de 1993, toda vez que la pensión se adquiere es en vigencia de esta ley.

En sentencias C-258 de 2013, SU-230 de 2015 y SU-247 de 2016, entre otras, la Corte
Constitucional, al interpretar el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 en el régimen
especial, estableció que el ingreso base de liquidación era el dispuesto en dicha
normativa, considerando que el régimen de transición sólo incluye edad, monto y tasa
de reemplazo.

Esta situación implicó contradicción en cuanto a los precedentes aplicables, pues, de
un lado, el Consejo de Estado venía sosteniendo que el IBL lo constituían los factores
salariales devengados en el último año de acuerdo con la posición unificada por la
Sección Segunda en sentencia del 4 de agosto de 2010; mientras que la Corte
Constitucional indicó que aquel estaba constituido por los factores salariales
devengados en los últimos 10 años.

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Ante esa disparidad de criterios, la Sala Plena del Consejo de Estado, en sentencia de
unificación proferida el 28 de agosto de 2018, procedió a sentar jurisprudencia frente
a la interpretación del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, para lo cual fijó unas reglas y
subreglas.
La regla jurisprudencial sobre el IBL en el régimen de transición fijada en la referida
sentencia de unificación es:
«El Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de
1993 hace parte del régimen de transición para aquellas personas beneficiarias del
mismo que se pensionen con los requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo
del régimen general de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985.».

En cuanto a las subreglas: la primera, se refiere al periodo para liquidar las pensiones
de los servidores públicos que adquieran el derecho conforme a las condiciones de la
Ley 33 de 1985 (edad, tiempo y tasa de reemplazo), y se fijó en los siguientes términos:

«- Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el
ingreso base de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que
les hiciere falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere
superior, actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al
consumidor, según certificación que expida el DANE.

• Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el promedio
de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez
(10) años anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con
base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que
expida el DANE.».

La segunda, determina «que los factores salariales que se deben incluir en el IBL para
la pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la transición son
únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones al
Sistema de Pensiones».

Las reglas de unificación en cita constituyen precedente vinculante en los términos de
los artículos 10 y 102 de la Ley 1437 de 2011, en armonía con los artículos 270 y 271
de la ley citada, para todos los casos que se encuentren en estudio en la vía judicial y
administrativa.
Según lo expuesto, se resuelve la controversia según dichos parámetros.

Caso concreto

Con el propósito de proferir un pronunciamiento sobre el particular, ha de tenerse en
cuenta, que lo pretendido en el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho del que resultó la sentencia objeto de reparo fue la reliquidación de la pensión
de jubilación del señor Guillermo Palomares con el ingreso base de liquidación
señalado Ley 33 de 1985 y los factores dispuestos en el Decreto 1045 de 1978.

Para el análisis de la causal invocada en el literal b) del mencionado artículo,
corresponde determinar si los supuestos fácticos y jurídicos esgrimidos por la entidad
recurrente encuadran dentro del contenido establecido por el legislador en dicha
disposición, a fin de examinar si es dable evaluar el fondo del asunto.
Advierte la Sala que, aunque la UGPP no establece expresamente la diferencia
monetaria existente entre el monto sobre el cual fue reconocida la prestación periódica

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y aquel sobre el que debió liquidarse de los hechos sexto10 y decimoséptimo11 se logra
interpretar en qué consiste la afectación del patrimonio público.
Al margen de lo anterior, de la Resolución RDP 017649 del 11 de junio de 2019,
aportada con la demanda y mediante la cual se dio cumplimiento al fallo objeto de
revisión, es posible evidenciar que la mesada pensional del entonces demandante
pasó de $344.189 en diciembre de 1998 a $452.813 para el mismo año, lo que implica
un incremento del 31.5% respecto a la mesada que venía percibiendo antes de la
orden contenida en la decisión que hoy se cuestiona.
Por consiguiente, la parte demandante efectivamente se encuentra facultada para
cuestionar la presunción de veracidad que cobija la decisión, pues señalado y
presentado evidencia respecto a la causal alegada, lo que a su vez habilita a esta
Corporación a continuar con el estudio del asunto. De ahí que se pasará a examinar
si se configura la consecuencia procesal prevista en el precepto normativo
mencionado, es decir, si el quantum de la pensión desbordó el límite legalmente
establecido.

En este punto debe resaltarse que en este caso no se encuentra en discusión el
derecho pensional que le fue reconocido al señor Guillermo Palomares, ni su
pertenencia al régimen de transición, sino que, en lo que al objeto del litigio respecta,
el argumento principal de la parte actora para solicitar la revisión de la sentencia
consiste en que la decisión de segunda instancia erradamente ordenó la reliquidación
de la pensión teniendo como período liquidable el último año de servicios cuando debía
aplicarse lo dispuesto en el inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y, como
consecuencia de ello, reconoció arbitrariamente un derecho no previsto en la ley, lo
que condujo a elevar injustificadamente la pensión del demandado y transgredir la
sostenibilidad financiera del sistema de pensiones.

Examinado el expediente se observa que, para el momento en el que se emitió la
decisión de segunda instancia, estaba vigente la sentencia del 28 de agosto de 2018,
proferida por el Consejo de Estado12, a partir de la cual se estableció que el período
para liquidar la prestación de aquellos servidores públicos que se pensionen conforme
a las condiciones de la Ley 33 de 1985, en virtud del régimen de transición de la Ley
100 de 1993 , es el previsto en el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 o del
artículo 21 de la misma Ley, según el tiempo que faltaba para adquirir el derecho a la
pensión a la fecha de entrada en vigencia de la nueva normativa pensional.
No obstante lo anterior, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, al proferir la
sentencia del 15 de marzo de 2019, que puso fin al proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho presentado por el señor Guillermo Palomares, no aplicó
el precedente que lo vinculaba ni se encuentra que hubiese argüido diferencias entre
el supuesto fáctico sobre el cual en ese momento se pronunciaba y aquél que fue

10 «Mediante Resolución No. 0013858 del 15 de febrero de 1999 la extinta CAJANAL reconoció una pensión de

vejez a favor del señor Guillermo Palomares, liquidando la prestación con el 75% sobre el salario promedio de 1
año 2 meses y 15 días, en una cuantía de $ 344.189.59 m/cte, efectiva a partir del 06 de diciembre de 1998, con la
inclusión de la asignación básica.»
11 «Posteriormente por medio de Resolución No. RDP 017649 del 11 de junio de 2019 la UGPP reliquidó la Pensión

de vejez a favor del señor Guillermo Palomares en cumplimiento de un fallo judicial proferido por el Tribunal
Administrativo De Cundinamarca Sección Segunda-Subsección “F” del 15 de marzo de 2019, en una cuantía de
$452.813 m/cte, efectiva a partir del 6 de diciembre de 1998, con efectos fiscales a partir del 15 de julio de 2011
por prescripción trienal».
12 Según constancia secretarial expedido por la Secretaría General del Consejo de Estado, la providencia judicial

del 28 de agosto de 2018, proferida por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,
dentro del expediente N°52001-23-33-000-2012-00143-01, fue notificada mediante anotación en estado el 12 de
septiembre de 2018 y quedó ejecutoriada el día 17 de septiembre de 2018.

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objeto de unificación, de modo que se justificara una solución contraria a la dispuesta
por la jurisprudencia vigente.
En efecto, en la decisión cuestionada se advierte que el fallador trajo a colación un
precedente previo emitido por esta corporación pese a que existían pronunciamientos
posteriores:
«Del análisis de la norma que precede [artículo 1° parágrafo 2° de la Ley 33 de
1985], el régimen de transición establecido frente a su aplicación se encuentra
dirigido para aquellos servidores del sector público que al momento de la entrada
en vigencia de la Ley 33 de 1985 tuvieren 15 años de servicios continuos o
discontinuos, a quienes se le aplicará el régimen anterior.
Sin embargo, a pesar que la ley se refiere exclusivamente a la edad como
requisito salvaguardado, en relación con la aplicación del régimen de transición
de la Ley 33 de 1985, el Honorable Consejo de Estado en sentencia calendada
el 26 de febrero de 2009, Consejero Ponente: Gustavo Eduardo Gómez
Aranguren, manifestó;
A pesar de que la Lev 33 de 1985 no señaló nada en cuanto a la liquidación, considera
la Sala que en este aspecto se debe aplicar también el régimen anterior, porque resulta
más favorable al demandante, de no hacerse así, se desconocería el principio mínimo
fundamental consagrado en el artículo 53 de la Carta Política que establece la "situación
más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las
fuentes formales del derecho"
(...)
Además, no se podría aplicar, por una parte, la disposición legal anterior en cuanto a la
edad, y por otra, la nueva Ley para establecer la base de liquidación de la pensión,
porque se incurriría en violación del principio de “inescindibilidad de la Ley” que prohíbe
dentro de una sana hermenéutica desmembrar las normas legales.

[…]
[…] Bajo este entendido, la pensión de jubilación de aquellos servidores, que se
encuentren inmersos en el régimen de transición contenido en la Ley 33 de 1985,
debe ser liquidada con el 75% del salario promedio devengado durante el último
año de servicio a voces del Decreto-Ley 3135 de 1968, reglamentado por el
Decreto 1848 de 1969 y conforme a los factores señalados en el artículo 45 del
Decreto 1045 de 1978, tal y como lo determinó el Honorable Consejo de Estado
en el pronunciamiento que a continuación se trascribe:
“(...) la normatividad aplicable en este caso para efectos de determinar los requisitos y la
cuantía de la pensión de jubilación de la actora es la Ley 6 de 1945, toda vez que además
de encontrarse en régimen de transición de la Ley 100 de 1993, como ingresó al IDU el
17 de marzo de 1967. a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 33 de 1985 (13 de
febrero de 1985) contaba con más de quince años de servicio, por consiguiente, se
encuentra también en régimen de transición de esta última norma.

[…]
Ahora bien, sea esta la oportunidad para precisar que en diversos procesos
donde se reliquidación de la pensión de jubilación adquirida en virtud del régimen
de transición de la Ley 33 de 1985, la Sala Mayoritaria dispuso la inclusión de
factores que no se encontraban enlistados en el Decreto 1045 de 1978, lo
anterior en virtud de la sentencia preferida por el Consejo de Estado de 9 de julio
de 2009.
No obstante, en reciente pronunciamiento de esta Sala de Decisión se hizo
referencia al importante y notorio giro que tomó la jurisprudencia emitida por el
Máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo en sentencia de unificación
jurisprudencial calendada 28 de agosto de 2018, en la cual se “precisó que a
efectos de determinar los montos pensiónales solo se pueden tener en cuenta
los factores expresamente señalados en el ordenamiento jurídico, so pena de
traspasar la voluntad del legislador' como quiera que la inclusión de
emolumentos no establecidos legalmente desconoce y vulnera la potestad de
configuración otorgada a este para “[enlistar] los factores que conforman la base
de liquidación pensional y a ellos es que se debe limitar dicha base. (...)'’, la cual
debe ser acatada en virtud de los principios de seguridad jurídica y el respeto al
precedente vertical.

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[…]
En este orden de ideas, es dable concluir que el constituyente confió al legislador
la función de establecer el marco de protección, prestación y desarrollo del
derecho a la seguridad social, siendo entonces una de sus ramificaciones, las
pensiones, por lo que éste último (legislador) cuenta con plena facultad para
establecer los diversos criterios para regular el derecho a la seguridad social,
como por ejemplo los siguientes "edad - dependiendo de si se es hombre o
mujer, haber cumplido 50. 55, 60. 62 o 65 años como condición necesaria para
poder gozar de la pensión-: tiempo de cotización -consistente en número de días
o semanas en las que se han aportado recursos al sistema pensional-, base del
cálculo de la pensión -que incluye los factores a tener en cuenta para calcular el
monto de la pensión como pueden ser salario, primas, bonificaciones, gastos de
representación, etc.-; cuantías - que representan el porcentaje de la base del
cálculo (65%, 75%. 85%, etc.) que se reconocerá como mesada pensional- (. . .)
Así las cosas, incluir factores salariales no enlistados en el artículo 45 del Decreto
1045 de 1978, claramente atenta contra el principio de potestad de configuración
legislativa, por lo que de conformidad con la reciente posición de unificación
adoptada por el H. Consejo de Estado se entenderá que aquellas pensiones que
se gobiernan bajo las previsiones de la transitoriedad que trajo consigo la Ley 33
de 1985, deberán ser liquidadas únicamente con los factores taxativamente
enlistados en el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978 […]»

En ese sentido, el argumento principal del tribunal para acceder a la reliquidación
pensional fue que el tiempo de servicio se completó antes de la entrada en vigencia
de la Ley 100 de 1993, por lo que debía aplicarse íntegramente la normativa anterior,
dado que la edad constituye únicamente una condición de exigibilidad de la pensión,
mas no de su nacimiento.No obstante, la Sección Segunda del Consejo de Estado13
ha considerado que, en los casos en los que los beneficiarios del régimen de transición
de la Ley 33 de 198514 consoliden su estatus pensional en vigencia de la Ley 100 de
1993, se les aplicaran las siguientes condiciones:

• Conservan el requisito de edad previsto en el Decreto 3135 de 1968,
• Les son aplicables los requisitos de tiempo y monto previstos en la Ley 33 de
1985, esto es, 20 años de servicios al Estado y la tasa de remplazo del 75%,
• El ingreso base de liquidación que los rige es el establecido en el inciso tercero
del artículo 36 o del artículo 21 de la Ley 100 de 1993, es decir, con el promedio
de lo devengado en el tiempo que le hiciere falta para adquirir el estatus
pensional o el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior y;
• Los factores salariales a incluir en la base de liquidación son aquellos sobre los
cuales se hayan efectuado los correspondientes aportes sobre los que cotizó y
que se encuentren en la norma.

En el marco de la acción especial de revisión tanto la Subsección B de la Sección
Segunda15 como algunas de las Salas Especiales de Decisión del Consejo de Estado
han mantenido la mencionada tesis.

13 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 24 de marzo de 2022, proferida en el marco

de la acción especial de revisión con radicado 11001 03 25 000 2019 00699 00, con ponencia del magistrado
Gabriel Valbuena Hernández.
14 La Ley 33 de 1985, previó un régimen de transición para aquellos servidores que para el momento de su entrada

en vigor tuvieran 15 años de servicios, otorgándoles la prerrogativa de regirse por la normatividad anterior (Ley 6
de 1945) en relación con las exigencias sobre edad, así:
«[…] PARÁGRAFO 2°. Para los empleados oficiales que a la fecha de la presente Ley hayan cumplido quince (15)
años continuos o discontinuos de servicio, continuarán aplicándose las disposiciones sobre edad de jubilación que
regían con anterioridad a la presente Ley. […]»
15 La Subsección B ha efectuado pronunciamientos en este sentido, pero en sede ordinaria, al respecto ver Consejo

de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 30 de septiembre de 2021, proferida en el expediente
de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 17001 23 31 000 2012 00247 01, con ponencia del
magistrado César Palomino Cortés.

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Bajo ese panorama, estima la Sala que, aunque el demandado esta cobijado por el
régimen de transición de la Ley 33 de 1985, lo cierto es que consolidó el derecho
pensional en vigencia de la Ley 100 de 1993, al cumplir con el segundo de los
requisitos, a saber, la edad el 6 de diciembre de 1998. Por ende, la liquidación de la
prestación debía atender la normativa vigente para ese momento, en los términos del
artículo 36 ibídem.

De modo que al no haber tenido tal consideración dentro de su decisión, el Tribunal no
atendió a la primera subregla fijada en la aludida sentencia pues aunque al actor le
faltaban, al entrar en vigencia la Ley 100 de 1993, menos de diez (10) años para
adquirir el derecho a la pensión y por ello, su ingreso base de liquidación debía
determinarse por «el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para
ello, o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior», decidió reconocer la
reliquidación con base en los factores que sirvieron de aportes durante el último año
de servicio, pese a que no le asistía tal derecho.

En torno a la segunda subregla fijada por la sentencia de unificación, es conveniente
analizar si dentro de los factores devengados durante la vida laboral del señor
Guillermo Palomares existe alguno que hubiera servido de base para aportes y
estuviese consagrado en el Decreto 1158 de 1994 y comparar cuáles de ellos fueron
reconocidos por el Tribunal y cuáles por la entidad recurrente en el acto de
reconocimiento pensional. Al respecto se observan los siguientes:

Factores salariales Consolidado de Resolución Fallo del 15 de marzo de
consagrados en el factores devengados y 013858 de 29 2019
Decreto 1158 de 1985 cotizados durante la noviembre de
prestación del 1999 (Acto
servicio reconocimiento
pensional)
(a). Asignación básica (a) Asignación básica (a) Asignación Factores señalados de
mensual (b) Compensación básica forma taxativa en el
(b).Gastos de doble- triple jornada artículo 45 del Decreto
representación (c) Auxilio de 1045 de 1978
(c). Prima técnica, alimentación
cuando sea factor de (d) Prima de navidad (a) Trabajo suplementario
salario (e) Prima de servicio (doble y triple jornada)
(d). Primas de (f) Prima de vacaciones (b) Auxilio de alimentación
antigüedad, ascensional (c) Prima de navidad
de capacitación cuando (d) Prima de vacaciones
sean factor de salario (e) Prima de servicios
(e). Remuneración por
trabajo dominical o
festivo
(f). Bonificación por
servicios prestados,
remuneración por
trabajo suplementario o
de horas extras, o
realizado en jornada
nocturna

En este punto, la Sala considera importante señalar que, aunque inicialmente la
sentencia de unificación fue clara al establecer que los factores salariales incluidos en
el IBL para la pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la transición
serían exclusivamente aquellos sobre los que se hayan efectuado aportes o
cotizaciones al Sistema de Pensiones, posteriormente se ha observado una nueva
interpretación a través de las sentencias proferidas en segunda instancia al introducir
un criterio adicional.

Según esta nueva interpretación, además de los factores salariales sobre los cuales
se hayan efectuado los aportes, también debe considerarse que dichos factores estén

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establecidos en el Decreto 1158 de 1958. Por lo tanto, aunque la sentencia de
unificación no fue clara en un principio, posteriormente se ha ampliado su
interpretación para incluir un requisito adicional para efectos de la reliquidación del
IBL.

Es fundamental destacar que, la jurisprudencia juega un papel crucial en la
interpretación y aplicación de la ley. Cuando una interpretación se ha consolidado y
estabilizado a través de la jurisprudencia, como en este caso donde se ha desarrollado
un criterio adicional en sede de apelación, dicha interpretación adquiere un peso
significativo y vinculante para los jueces.

En este sentido, el juez está obligado a aplicar dicho criterio estabilizado por la
jurisprudencia, ya que forma parte del conjunto de normas y principios que guían la
toma de decisiones judiciales. De modo que, cuando se enfrenta a un caso relacionado
con la pensión de vejez de servidores públicos en el contexto de la transición, el juez
debe considerar y aplicar el criterio establecido por la jurisprudencia, incluso si difiere
de interpretaciones anteriores o de la sentencia de unificación inicial, pues esto
garantiza una aplicación uniforme y predecible de la ley, fortaleciendo así la confianza
en el sistema judicial y en el Estado de Derecho.

Se resalta que al momento de emitirse la decisión el Tribunal estaba sujeto a la pauta
establecida por esta Corporación, según la cual el IBL para los beneficiarios del
régimen de transición de la Ley 100 de 1993 debe calcularse sobre factores salariales
sobre los cuales se efectuaron cotizaciones y que están incluidos en el Decreto 1158
de 198516.

Sin embargo, el Tribunal no cumplió con este parámetro pues, ordenó que la
liquidación de la pensión se hiciera considerando los factores establecidos en el
Decreto 1045 de 1978, cuando debía limitarse a los enlistados en el Decreto 1158 de
1994.

Por tanto, en este caso particular, el demandado no tenía derecho a la reliquidación
de su pensión con la inclusión de la totalidad de los factores percibidos durante el
último año de servicios, ni era procedente la inclusión de algún factor adicional a los
ya tenidos en cuenta por la UGPP para liquidar dicha prestación.

Nótese entonces que, la reliquidación de la pensión de jubilación del demandado, tal
como fue ordenada por el Tribunal, no se ajusta al ordenamiento jurídico, pues tuvo en
cuenta un IBL que no correspondía a su régimen de transición, como se explicó
anteriormente, y consideró factores que no estaban contemplados en la legislación
aplicable a su caso. Dichos factores incluyen: i) la prima de navidad; ii) la prima de
servicios; iii) la prima de vacaciones y iv) auxilio de alimentación los cuales, si bien
fueron recibidos por el señor Guillermo Palomares no están debidamente enumerados
en el mencionado decreto que rige su situación.

Así las cosas, con la expedición de la sentencia del 15 de marzo de 2019 el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F incurrió en la causal
de revisión del literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, toda vez que, se apartó
injustificadamente del precedente jurisprudencial aplicable al momento de dictar
sentencia, haciendo evidente que el derecho reconocido nunca debió configurarse en
esos términos y que la discrepancia entre la ley y la jurisprudencia fue evidente y
manifiesta.

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Ahora bien, en vista de que la sentencia objeto de revisión no goza de la inmutabilidad
absoluta de la cosa juzgada y por consiguiente, es susceptible de ser modificada
mediante la presente acción de revisión, conforme a los motivos expuestos se
declarará fundada parcialmente la acción de revisión interpuesta por la UGPP contra
la sentencia del 15 de marzo de 2019 proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, y se procederá según lo dispuesto
en el inciso segundo del artículo 255 del CPACA.

Sentencia de reemplazo

Resulta imperioso dejar sentado que el marco normativo y jurisprudencial delineado
en las consideraciones previas aplica al análisis del caso particular. De conformidad
con las directrices establecidas por la Sección, que constituyen precedente vinculante,
el IBL para aquellos sujetos al régimen de transición se rige por lo dispuesto en el
inciso tercero del artículo 36 o en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, según
corresponda. En consecuencia, quienes se encuentren en dicha situación se
pensionarán cumpliendo los requisitos de «edad, tiempo y tasa de reemplazo del
régimen general de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985».

En consecuencia, el problema jurídico se contrae a establecer si el señor Guillermo
Palomares, como beneficiario del régimen de transición establecido en el parágrafo 2
del artículo 1 de la Ley 33 de 1985 y del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 tiene derecho
a que su pensión de jubilación se liquide con base en las disposiciones contenidas en
Leyes 33 y 62 de 1985 o si, por el contrario, el periodo liquidable a tener en cuenta
para calcular el ingreso base de liquidación de la demandada es el establecido en el
artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y los factores son aquellos sobre los que se
efectuaron aportes al Sistema de Seguridad Social en pensiones y establecidos en el
Decreto 1158 de 1994.

De la interpretación sobre el ingreso base de liquidación

Del material probatorio obrante en el expediente puede concluirse que el señor
Guillermo Palomares nació el 6 de diciembre de 194316 y laboró para el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público entre el 24 de septiembre de 1969 y el 1.° de noviembre
de 199117 y en el Fondo Educativo Regional de Bogotá18 entre el 5 de noviembre de
1993 y el 15 de junio de 199519; el último cargo que ocupó fue el de pagador. Conforme
a ello, para el momento en que entró a regir el Sistema General de Seguridad Social
tenía más de 40 años y contaba con más de 15 años de servicio, condición que lo
acredita beneficiario del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100
de 1993. Lo anterior implica que adquirió el estatus de pensionado el 6 de diciembre
de 1998, cuando cumplió 55 años.

Bajo tal entendimiento, de acuerdo con la Resolución 013858 de 29 de noviembre de
1999 se evidencia que la subdirección general de prestaciones económicas de la Caja
Nacional de Previsión Social le reconoció la pensión de vejez de acuerdo con la edad
(55 años), tiempo (20 años) y monto (75%) previsto en la Ley 33 de 1985 y liquidó el
IBL de conformidad con lo previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, sobre el

16 Registro Civil de Nacimiento visible a folio 1 del archivo digital “CC17095577”, índice 00020 SAMAI.
17 Certificación expedida el 28 de octubre de 1998, por el jefe del grupo de archivo de la división de servicios de la

subsecretaría de servicios de la secretaria administrativa del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Archivo «4-
Certificadocausante», ibid.
18 Según certificación de información laboral emitida por el Fondo Educativo Regional de Bogotá. Archivo «32-

certificadode información laboral- Causante», ibid.
19 De acuerdo con la constancia emitida el 14 de abril de 1997, con la Resolución 814 de 1994 fue retirado del cargo

de pagador 5054-13 a partir del 4 de julio de 1994, pero según las demás pruebas de la acción y como se consideró
en la instancia ordinaria laboró hasta el 15 de junio de 1995.

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promedio de lo devengado en el tiempo que hiciera falta para tener el derecho, esto
es, entre el 1.° de abril de 1994 y el 15 de junio de 1995 (fecha de retiro).

En efecto, se tiene que para liquidar la mesada del actor se debía acudir al tiempo que
transcurrió desde la entrada en vigencia del Sistema General del Seguridad Social en
Pensiones y la fecha de adquisición del estatus pensional por edad y, por tanto, una
vez determinado este periodo se debía acudir a las últimas cotizaciones que
corresponden a dicho tiempo.

Con fundamento en lo anterior, la Sala precisa que el reconocimiento de la pensión del
accionado, bajo el régimen de transición debe tener en cuenta el periodo previsto en
el artículo 36 de la Ley 100 de 1993; motivo por el cual no procedía la reliquidación
pensional tomando como periodo liquidable el último año de servicio sino con «[…] el
promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o […] el cotizado
durante todo el tiempo, el que fuere superior, actualizado anualmente con base en la
variación del Índice de Precios al consumidor, según certificación que expida el DANE»

Lo expuesto, conlleva a concluir sin hesitación que la acción de revisión interpuesta
tiene vocación de prosperidad, como en efecto se declarará en esta providencia.

De los factores salariales que integran el ingreso base de liquidación

En el proceso está acreditado que el señor Guillermo Palomares en el último año de
servicio, comprendido entre el 14 de junio de 1994 y el 15 de junio de 1995, el
empleado devengó diferentes conceptos entre ellos, sueldo básico, trabajo supletorio
(doble y triple jornada), auxilio de alimentación y primas de servicios, vacaciones y
navidad20.

Para determinar los factores salariales aplicables al caso concreto, es preciso indicar
que pese a que de las certificaciones adosadas al expediente resulta evidente que el
pensionado devengó las primas de navidad, servicios y vacaciones; así como el auxilio
de alimentación, ninguno de ellos está enlistado en el Decreto 1158 de 1994, pues allí
solo se consagran: asignación básica, gastos de representación, primas de
antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación, dominicales y feriados, horas
extras, bonificación por servicios prestados y trabajo suplementario o realizado en
jornada nocturna o en día de descanso obligatorio; razón por la cual no procedía la
reliquidación pensional tomando como ingreso base de liquidación la totalidad de los
factores devengados.

Las razones expuestas son suficientes para concluir que el señor Guillermo Palomares
no tiene derecho a que se incluyan las primas de navidad, servicios y vacaciones; así
como tampoco el auxilio de alimentación en la liquidación de su pensión, motivo por el
cual habrá de infirmarse también la decisión para excluir los referidos emolumentos.

Lo anterior quiere decir que la sentencia del 15 de marzo de 2019 proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F incurrió en
la causal de revisión del literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, toda vez que
está probado que al señor Guillermo Palomares no le asistía el derecho a la
reliquidación de su pensión sobre el 75% de todos los factores salariales devengados
en el último año de servicio conforme con lo dispuesto en la sentencia de unificación
de esta Corporación expedida el 28 de agosto de 2018, la cual se encontraba vigente
para el momento en que se profirió la decisión cuestionada y era precedente judicial

20 6-certificado de factores salariales- Causante, ibid.

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Radicado: 11001-03-25-000-2021-00719-00 (4086-2021)

obligatorio para definir el caso, por consiguiente el monto del derecho reconocido por
el Tribunal excedió lo debido de acuerdo con la ley.

En ese sentido, la sentencia del 15 de marzo de 2019 será infirmada y en su lugar,
conforme lo demostrado en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, se
revocará el fallo del 14 de marzo de 2017, expedido por el Juzgado Cincuenta y Dos
Administrativo de Bogotá, que accedió a las pretensiones de la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho presentada por el señor Guillermo Palomares, en el
sentido que era correcto negar el reconocimiento de la reliquidación con base en la
totalidad de los ingresos salariales percibidos en el último año de servicio, tal y como
lo efectuó la entidad mediante las Resoluciones RDP 033120 del 29 de octubre de
2014 y RDP 002318 del 21 de enero de 2015.

De la devolución de dineros recibidos de buena fe
En aplicación del numeral 1, literal c) del artículo 164 del CPACA, no hay lugar a
ordenar la devolución de las sumas pagadas al señor Guillermo Palomares, en
cumplimiento de la sentencia del 15 de marzo de 2019 proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, que ordenó incluir
todo lo devengado en el último año de servicio dentro de la liquidación de la pensión
pues, cabe entender que los dineros fueron recibidos de buena fe y brilla por su
ausencia prueba que permita demostrar lo contrario.

Condena en costas

Sobre la condena en costas, es importante aclarar que teniendo en cuenta el cambio
introducido por el legislador en el artículo 47 de la Ley 2080 de 202121 en el que se indica
que la condena en costas es viable, siempre y cuando se acredite que la parte vencida
obró con manifiesta carencia de fundamento legal, la Subsección A considera que en el
presente caso, aplicando el criterio anunciado, y observando los fundamentos
esbozados por el recurrente en sus distintas intervenciones, no se presenta una carencia
de fundamentación legal que dé lugar a la condena en costas, por el contrario, en el
escrito que contiene la acción especial de revisión se expusieron argumentos razonables
en defensa jurídica de sus intereses. En consecuencia, no se impondrá condena en
costas a la parte vencida.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA

Primero: Declarar fundada la acción de revisión presentada por la UGPP contra la
sentencia del 15 de marzo de 2019 proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, que confirmó la sentencia proferida
el 14 de marzo de 2017 por el Juzgado Cincuenta y Dos Administrativo de Bogotá, por
la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, de conformidad
con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Segundo: Infirmar la sentencia del 15 de marzo de 2019 proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F. En consecuencia,
se dicta sentencia de reemplazo en los siguientes términos:

21 ARTÍCULO 47. Adiciónese el siguiente inciso al artículo 188 de la Ley 1437 de 2011: En todo caso, la sentencia

dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia
de fundamento legal.

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Revocar la sentencia del 14 de marzo de 2017, proferida por el Juzgado
Cincuenta y Dos Administrativo de Bogotá que dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho instaurado por el señor Guillermo Palomares en
contra de la Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social que accedió a las pretensiones de la
demanda. En su lugar, se dispone:

Denegar las pretensiones de la demanda, de conformidad con la parte motiva
de esta providencia.

Tercero: Denegar las demás pretensiones de la acción especial de revisión.

Cuarto: Sin condena en costas.

Quinto: Reconocer personería adjetiva a la persona jurídica Casación Laboral
Estudio S.A.S., identificada con número de identificación tributaria 900.739.123-5,
cuyo objeto social principal es la prestación de servicios jurídicos, para actuar en su
favor, en los términos y para los efectos del poder conferido mediante escritura pública
visible a índice 00036 de SAMAI.

Sexto: Reconoce personería adjetiva al abogado Jorge Iván Palacio Palacio Medina,
portador de la tarjeta profesional 12.100 del C.S. de la J., quien además actúa como
representante legal de la sociedad identificada previamente y al abogado Manuel
Alfonso Ospina Osorio, portador de la tarjeta profesional 141.941 del C.S. de la J. para
que actúen dentro del proceso de la referencia en calidad de apoderado general y
sustituto de la UGPP, respectivamente, de acuerdo a los documentos visibles a índice
00036 de SAMAI.

Séptimo: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente de nulidad y
restablecimiento del derecho al despacho de origen, háganse las anotaciones
pertinentes en el sistema informático SAMAI y archívese el expediente de la acción
especial de revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LOS MAGISTRADOS,

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

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