Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2021-00747-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2021-00747-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2021-00747-00
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
24 de julio de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de julio de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
Radicación: 11001-03-25-000-2021-00747-00 (4227-2021)
Demandante: Lelio Vásquez Rocha
Demandados: Servicio Nacional de Aprendizaje - Administradora Colombiana
de Pensiones
Temas: Causal quinta del artículo 250 del CPACA. Improcedencia para
discutir errores por aplicación normativa y para reabrir el debate
que originó el proceso. Pronunciamiento sobre pretensiones
subsidiarias. DECLARA INFUNDADO.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
La Sala decide el recurso extraordinario de revisión que interpuso1 el señor Lelio
Vásquez Rocha contra la sentencia del veintinueve (29) de octubre de dos mil veinte
(2020) proferida por el Tribunal Administrativo de Santander2, para lo cual invocó la
causal contenida en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA.
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
Que ejerció el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra el
SENA, con el fin de obtener el reconocimiento de la pensión de jubilación del artículo
73 del Decreto 1848 de 1969, con la inclusión de todos los factores salariales
devengados en el último año de servicios conforme la Ley 33 de 1985, o, en su
defecto, el pago de la diferencia debido a la compartibilidad con la pensión de vejez
reconocida por el Instituto de Seguros Sociales (ISS) bajo el Decreto 758 de 1990.
Que el Juzgado Doce Administrativo de Bucaramanga negó las pretensiones
mediante sentencia del 22 de marzo de 2018, decisión que fue confirmada por el
Tribunal Administrativo de Santander, al resolver el recurso de apelación interpuesto
por la parte actora.
SENTENCIA OBJETO DE REVISIÓN
En la providencia del 29 de octubre de 2020, el Tribunal Administrativo de Santander
1 La presentación del recurso se efectuó el 16 de noviembre de 2021, de acuerdo con la anotación efectuada
por la Secretaría de la Sección Segunda de esta Corporación que reposa en el índice 00001 de SAMAI.
2 Decisión que confirmó la sentencia proferida el 22 de marzo de 2018, por el Juzgado Doce Administrativo de
Bucaramanga que negó a las pretensiones dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho.
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confirmó la decisión de primera instancia al considerar que no era procedente la
reliquidación de la pensión con el 75% del promedio de lo devengado en el último
año de servicios, incluyendo todos los factores devengados durante dicho periodo,
ni el reconocimiento de la pensión de jubilación a cargo del SENA.
Para sustentar su decisión, el Tribunal expuso los siguientes argumentos:
Que, contrario a lo manifestado por la parte recurrente, los empleados del SENA no
gozan de un régimen especial de pensiones, en especial del consagrado en el
artículo 126 del Decreto 2464 de 1970 y, por lo tanto están sometidos al régimen
previsto para los servidores públicos, esto es, el contenido en la Ley 33 de 1985,
para los beneficiarios del régimen de transición de la Ley 100 de 1993; sin perjuicio
de los beneficios convencionales que se hayan pactado entre las partes, aspecto
que destacó no fue objeto de controversia.
Acogió los lineamientos de la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018 del
Consejo de Estado, que estableció que el ingreso base de liquidación del inciso
tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 no hace parte del régimen de
transición, y, por tanto, son los parámetros contenidos en esa norma los que deben
observarse para determinar el monto pensional y solo pueden tenerse como
factores de liquidación aquellos que hayan efectuado aportes o cotizaciones al
Sistema de Pensiones.
Consideró que al haberse reconocido por el ISS la pensión de jubilación bajo el
Decreto 758 de 1990, con el 87% por haber acreditado 1231 semanas cotizadas, le
resultaba más favorable al actor que el régimen previsto en la Ley 33 de 1985 que
prevé una tasa del 75%, pero en cuanto al periodo de liquidación no resultaba
aplicable el promedio de lo devengado en el último año de servicios porque el
periodo de liquidación de su IBL corresponde al «promedio de lo devengado en el
tiempo que hiciere falta para ello o el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere
superior».
En lo relativo a la inclusión de todos los factores devengados encontró que no
resultaba procedente la inclusión de todos ellos, en tanto, ninguno de ellos estaba
enlistados en el Decreto 1158 de 1994.
Que no procedía la condena en costas, dado que la negativa de las pretensiones
tuvo lugar como consecuencia de un cambio jurisprudencial.
RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
El señor Leilo Vásquez Rocha, en ejercicio del mecanismo establecido en el artículo
250 de la Ley 1437 de 2011, interpuso recurso extraordinario de revisión al
considerar que la sentencia está incursa en la causal 5.° de la citada legislación.
Para sustentar el recurso presentó los siguientes argumentos:
Que es manifiestamente inconstitucional e ilegal la exclusión de los factores
salariales unificados mediante la sentencia del 4 de agosto de 2010, ratificada en la
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sentencia del 15 de febrero de 2016, con base en la sentencia del 28 de agosto de
2019 (sic).
Que la sentencia de unificación de 2019 (sic) hace referencia a la Sentencia C-258
de 2013 proferida por la Corte Constitucional, la cual basó su aplicación e
interpretación de la ley ordinaria en una reclamación viciada de nulidad, cuando
correspondía a la jurisdicción administrativa y no a la jurisdicción ordinaria laboral.
Afirma que el Tribunal violó el artículo 53 de la Constitución, que consagra el
principio de favorabilidad y el principio de inescindibilidad normativa, ya que el
régimen de transición de los servidores públicos cuenta con las exigencias
necesarias para el reconocimiento y pago correcto de la pensión, como lo son el
tiempo, la edad y el monto, establecidos en la Ley 33 de 1985 y demás normas
complementarias.
Expresó que se vulneran los principios de buena fe, confianza legítima y seguridad
jurídica de los actos administrativos expedidos y debidamente ejecutoriados, así
como el artículo 48 de la Constitución, que consagra el derecho a la seguridad
social.
Cuestionó que, pese a haber adquirido su estatus pensional en 2004, se le aplique
retroactivamente una sentencia de unificación posterior —28 de agosto de 2018—,
en contravía del principio de irretroactividad de la ley y del artículo 29 de la
Constitución, aplicación esta que también vulnera el artículo 26 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, que establece la obligación de garantizar el
desarrollo progresivo de los derechos sociales.
Que existe nulidad en la decisión que puso fin a la instancia ordinaria, ya que se
viola la Ley 33 de 1985, el Decreto 2462 de 1970, la Ley 119 de 1994, el Decreto
1045 de 1978, y las disposiciones del régimen de transición consagradas en el
inciso segundo del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, así como los artículos 13, 29,
48, 53 y 58 de la Constitución.
Que es obligación del juzgador garantizar la correcta aplicación de las normas
respecto a los derechos adquiridos, ya que el mismo artículo 29 de la Constitución
establece que «es nula de pleno derecho la prueba obtenida por violación al debido
proceso».
Sostuvo que la sentencia se basó en un supuesto porcentaje superior al 85 % para
negar la inclusión de los factores salariales devengados en el último año de servicio,
sin pronunciarse sobre las pretensiones subsidiarias. En su criterio, al haber
acreditado 34 años, 2 meses y 13 de servicio y contar con 60 años, le resulta
aplicable el Decreto 758 de 1990, por lo que su mesada pensional debía calcularse
conforme a una tasa de reemplazo del 90 %, debidamente indexada y reconocida
en su integridad.
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Contestación al recurso extraordinario de revisión
El SENA3 argumentó que el recurrente no fue claro en la demostración de la
vulneración del debido proceso que invoca, y consecuentemente tampoco pudo
demostrar cómo se materializó la causal de nulidad que alega, teniendo en cuenta
que, el fallo objeto de revisión fundamentó su decisión en la sentencia de unificación
del 28 de agosto de 2018, cuya aplicación resultaba obligatoria.
Por su parte, COLPENSIONES4 guardó silencio.
Concepto del Ministerio Público
La Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado no rindió concepto.
Se decidirá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
Corresponde a la Sala determinar si procede la revisión de la sentencia emitida el
29 de octubre de 2020 por el Tribunal Administrativo de Santander considerando la
causal invocada por el recurrente.
Para ello, la Sala abordará los siguientes aspectos: i) Generalidades del recurso
extraordinario de revisión, ii) Causal de revisión invocada, y iii) Caso concreto.
Generalidades del recurso extraordinario de revisión
El recurso extraordinario de revisión es un mecanismo procesal de control de las
decisiones que han hecho tránsito a cosa juzgada5. En términos de artículo 248 del
CPACA:
«Artículo 248. El recurso extraordinario de revisión procede contra las
sentencias ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala
de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por los Tribunales
Administrativos y por los jueces administrativos».
El objetivo principal de esta vía extraordinaria es invalidar los efectos legales de una
sentencia ya ejecutoriada6. De acuerdo con las causales establecidas en el artículo
250 del CPACA, busca restaurar el principio de justicia material y la supremacía de
las garantías procesales cuando se constate que la decisión estuvo afectada por
alguno de los siguientes eventos:
3 La entidad fue notificada personalmente del auto admisorio de la demanda mediante mensaje de datos enviado
el 8 de julio de 2022 (Cfr. 00021 de SAMAI) y radicó el escrito de contestación el 26 de julio de 2022 (Cfr. índice
00027 de SAMAI).
4 Cfr. 00021 de SAMAI.
5 El artículo 248 del CPACA señala: «El recurso extraordinario de revisión procede contra las sentencias
ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado, por los Tribunales Administrativos y por los jueces administrativos».
6 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 15
de marzo de 2018. Exp. 11001-03-25-000-2014-00862-00 (2668-2014). C.P. William Hernández Gómez.
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i) Aparición de circunstancias desconocidas al momento de dictar el fallo, las cuales,
de haber sido conocidas, habrían llevado a una sentencia diferente7.
ii) Descubrimiento de hechos delictivos o fraudulentos que fueron determinantes en
la adopción de la sentencia que se pretende anular8.
iii) Existencia de nulidades originadas en la sentencia que puso fin al proceso y que
no podían ser objeto de recurso de apelación.
iv) Contradicciones de la sentencia con otra anterior que constituya cosa juzgada9.
Si bien la revisión constituye un mecanismo que afecta el principio de la
inmutabilidad de las sentencias ejecutoriadas y, por ende, es una excepción al
principio de la cosa juzgada, ello no implica que sea un mecanismo que habilite una
tercera instancia para discutir los problemas jurídicos debatidos en sede ordinaria,
para plantear nuevas interpretaciones del litigio, para corregir los yerros probatorios
que cometieron las partes o para subsanar aquellas situaciones que pudieron
evitarse durante la gestión del proceso que dio origen a la sentencia objeto de
revisión.
En efecto, para que el juez pueda entrar a examinar la controversia materia del
recurso, es necesario que la causal invocada por la recurrente se encuentre
debidamente acreditada, pues como lo ha establecido la Sala Plena de esta
Corporación este mecanismo extraordinario procede por especiales circunstancias
consagradas taxativamente en la ley10.
Causal quinta de revisión
El numeral 5 del artículo 250 del CPACA dispone que es causal de revisión el hecho
de que exista «[…] nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra
la que no procede recurso de apelación […]». De allí que, para que resulte
procedente la causal en mención, debe existir una sentencia ejecutoriada que ponga
fin al proceso. Además, contra esta decisión no puede proceder recurso de
apelación, pues de ser así este sería el medio idóneo para poner de presente
cualquier vicio en que hubiera incurrido la providencia.
Es preciso que la nulidad se desprenda de la sentencia objeto del recurso
extraordinario, es decir, que el vicio debe estructurarse en el momento procesal en
que se profiere la decisión judicial pues, de generarse por una situación ocurrida
con anterioridad que no fue oportunamente alegada, procedería su saneamiento.
No obstante, la jurisprudencia de esta Corporación ha aceptado como nulidad
7 Como la aparición de documentos esenciales que no pudieron ser aportados por fuerza mayor o caso fortuito,
la existencia de un tercero con mejor derecho que el beneficiado con la sentencia cuestionada o la desaparición,
al momento del reconocimiento, de las razones que justificaban que se hubiera decretado la prestación
periódica.
8
Como el hallazgo de documentos falsos o adulterados, peritajes fraudulentos, o la ocultación de documentos
relevantes por alguna de las partes. Esto incluye también la posible influencia de cohecho o violencia en la
emisión del fallo.
9 De acuerdo con la clasificación presentada en Garzón Martínez, Juan Carlos (2021). Proceso contencioso
administrativo. Fase escrita – Fase oral. 2° Edición. Grupo editorial Ibañez (2° Ed. pp. 612-613)
10 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala Veintitrés Especial de Decisión.
Sentencia del 1 de octubre de 2019. C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera.
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originada en la sentencia la que, a pesar de presentarse en un momento previo a la
emisión del fallo, no pudo ser advertida por el afectado, quien tiene la carga procesal
de demostrar esta circunstancia11.
La causal de nulidad contemplada en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA se
configura cuando (i) ocurre alguna de las causales expresamente previstas en el
artículo 133 del Código General del Proceso (CGP) 12, que establece ocho motivos
específicos de nulidad de las sentencias, o (ii) cuando se presentan irregularidades
insaneables que vulneran de manera sustancial el derecho al debido proceso13, al
punto de que, de no haberse producido, la decisión judicial habría sido distinta; A
modo enunciativo, la jurisprudencia ha señalado que esto ocurre en situaciones
como:
«(i) es inhibitorio; (ii) se profiere sin motivación alguna; (iii) transgrede el
principio de la non reformatio in pejus; (iv) condena a un tercero que no ha sido
vinculado como parte al proceso; (v) se pronuncia sobre aspectos que no le
corresponden, esto es, sin competencia o jurisdicción, según el caso; (vi) se
profiere en un proceso que había terminado por desistimiento, transacción o
perención; (v) no cuenta con el número de votos requerido para su aprobación
y (vi) desconoce el principio de congruencia bien sea por una condena extra,
ultra o infra petita»14.
También se ha reconocido que la vulneración del derecho al debido proceso 15 o el
principio de congruencia16 constituyen variables de la causal establecida en el
numeral 5 antes mencionado.
Con todo, la concreción y extensión jurisprudencial de esta causal de revisión a
otros eventos insanables que implican la violación de derechos constitucionales y
procesales atiende, tal y como lo ha establecido este máximo órgano, a la misma
11 Al respecto pueden consultarse las sentencias proferidas por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
el 3 de diciembre de 2019 (Sala Tercera Especial de Decisión; radicación 11001-03-15-000-2018-01235-00) y
el 3 de diciembre de 2019 (Sala Séptima Especial de Decisión; radicación: 11001-03-15-000-2012-00643-00).
12 Consejo de Estado. Sala Veintiséis Especial de Decisión. Sentencia del 3 de febrero de 2015. Exp. 11001-
03-15-000-1998-00157-01. C.P. Olga Mélida Valle de De La Hoz; Sala Veintiséis Especial de Decisión.
Sentencia del 3 de febrero de 2015. Exp. 11001-03-15-000-2011-01639-00. C.P. Olga Mélida Valle de De La
Hoz; y Sala Veintidós Especial de Decisión. Sentencia del 2 de febrero de 2016. Exp. 11001-03-15-000-2015-
02342-00. C.P. Alberto Yepes Barreiro
13
La Sala Plena del Consejo de Estado, en diversas providencias, incluyendo la sentencia del 31 de mayo de
2011 (expediente 11001-03-15-000-2008-00294-00), ha señalado otros casos en los que se configura la nulidad
en la sentencia, a saber: «[…] i) falta de jurisdicción o competencia, ii) cuando se dicta nueva sentencia en
proceso terminado normalmente por sentencia firme, iii) cuando sin más actuación se dicta sentencia después
de ejecutoriado el auto por el cual hubiera sido aceptado el desistimiento, aprobada la transacción o declarada
la perención del proceso, iv) cuando se dicta sentencia como única actuación, sin el previo trámite
correspondiente, v) cuando se condena al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido
en la demanda o por causa diferente de la invocada en ésta, vi) cuando se condena a quien no ha sido parte
en el proceso, vii) o cuando, sin más actuación, se profiere sentencia después de ocurrida cualquiera de las
causas legales de interrupción o de suspensión o, en estos casos, antes de la oportunidad debida, viii) cuando
la sentencia aparece firmada con mayor o menor número de magistrados, o adoptada con un número de votos
diverso al previsto en la ley, ix) cuando la providencia carece completamente de motivación».
14 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Diecinueve Especial de Decisión. Sentencia
del 16 de marzo de 2022. Exp. 11001-03-15-000-2021-00921-00. C.P. William Hernández Gómez.
15 «[…] la violación al debido proceso constitucional en la sentencia puede ser causal de revisión. En este último
evento, corresponderá al juez determinar si el hecho que se dice contrario a este derecho puede configurar la
causal de revisión en comento». Consejo de Estado. Sala Veintiséis Especial de Decisión. Sentencia del 3 de
febrero de 2015. Exp. 11001-03-15-000-2011-01639-00).
16 «Ahora bien, la causal quinta del artículo 250 del CPACA también comprende la violación del principio de
congruencia cuando al accionado es condenado por cantidad superior, o por objeto distinto del pretendido en
la demanda o por causa diferente a la invocada en ésta; también se configura en el evento que la sentencia no
se pronuncie sobre todos los puntos litigiosos objeto del debate (cifra petita)». Consejo de Estado. Sección
Segunda. Subsección B. Sentencia del 7 de septiembre de 2018. Exp.11001-03-25-000-2014-00440-00 (1452-
14.
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Radicado: 11001-03-25-000-2021-00747-00 (4227-2021)
finalidad del recurso extraordinario de revisión: por un lado, permitir que decisiones
manifiestamente injustas sean examinadas, y por el otro, garantizar el principio de
seguridad jurídica al limitar la procedencia de la causal a situaciones excepcionales
en las que la anomalía sea de tal relevancia constitucional que sin ella el fallo se
hubiera proferido en otro sentido17.
Principio de congruencia
Sobre la congruencia de la sentencia, el artículo 281 del CGP, prevé:
«ARTÍCULO 281. CONGRUENCIAS. La sentencia deberá estar en
consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en
las demás oportunidades que este código contempla y con las excepciones que
aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley.
No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto
del pretendido en la demanda ni por causa diferente a la invocada en esta. […]».
Al respecto, la Sección Segunda de esta Corporación, en sentencia del 9 de julio de
202018, señaló que el principio de congruencia es entendido como el deber legal
que tienen los funcionarios judiciales de resolver un asunto puesto en su
conocimiento con fundamento en las pretensiones, las pruebas aportadas, las
normas aplicables y lo alegado por las partes, sin incurrir en fallos ultrapetita,
extrapetita o minuspetita19, como regla general.
Dicho principio tiene dos connotaciones, a saber, externa, cuando la decisión está
en armonía con lo pedido y alegado por las partes e interna, cuando existe
coherencia en lo dispuesto en la parte resolutiva y lo argüido en la parte motiva de
la providencia20. Al respecto, es importante destacar que, en caso de existir
incongruencia en cualquiera de ellas, para que pueda generar la invalidez de la
sentencia, esta debe ser de tal magnitud que no proceda solución diferente a su
nulidad.
Según lo expuesto, se procede a resolver la controversia a la luz de dichos
parámetros.
17 En este mismo sentido se puede consultar: Consejo de Estado. Sala Diecinueve Especial de Decisión.
Sentencia del 18 de agosto de 2020. Exp.11001-03-15-000-2017-02369-00. C.P. William Hernández Gómez.
18 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del 9 de julio de
2020. Exp. 11001-03-25-000-2015-00391-00. C.P. William Hernández Gómez. Cfr. Consejo de Estado. Sala de
lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia del 25 de enero de 2018. Exp. 25000-23-41-000-
2013-00911-01. C.P. María Elizabeth García González.
19 Ibid. La Sección Segunda reitera lo dicho en las siguientes providencias: Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sala Veintidós Especial de Revisión. Sentencia del 7 de abril de 2015. Exp. 11001-
03-15-000-2013-00358-00 (REV). M.P. Alberto Yepes Barreiro; Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta. Sentencia de 16 de agosto de 2002. Exp. 76001-23-24-000-1997-04345-01
(12668-1997). C.P. Juan Ángel Palacio Hincapié donde se indicó: «[…] Cuando en una providencia judicial, no
se respeta el principio de la congruencia, se incurre en lo que la doctrina ha llamado fallo “ultrapetita” que
consiste en reconocer un mayor derecho que el invocado por el demandante, “extrapetita”: cuando se reconoce
un derecho que no ha sido reclamado o cuando se reconoce un derecho reclamado o se acoge la pretensión
pero por una causa diferente o deducida de hechos no alegados, y “minuspetita”: cuando se omite el
pronunciamiento sobre una de las pretensiones».
20 Ibid.
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Radicado: 11001-03-25-000-2021-00747-00 (4227-2021)
Caso concreto
La parte recurrente invoca la causal establecida en el numeral 5.º del artículo 250
de la Ley 1437 de 2011, argumentando que, al confirmarse el fallo de primera
instancia y negarse la reliquidación de la pensión, el Tribunal violó la Ley 33 de 1985
y los artículos 13, 29, 48, 53 y 58 de la Constitución Política. Esto se debió a que
excluyó los factores salariales que previamente habían sido unificados mediante la
sentencia del Consejo de Estado del 4 de agosto de 2010, ratificada el 25 de febrero
de 2016, y fundamentó la decisión en la Sentencia SU-230 de 2015 de la Corte
Constitucional, así como en la sentencia de unificación de Sala Plena del 28 de
agosto de 2018 de esta Corporación, vulnerando así sus derechos adquiridos.
Aduce además que se omitió pronunciamiento sobre la pretensión subsidiaria de
reliquidación de la pensión con el 90 % del IBL y la indexación de la primera mesada.
En consecuencia, se procederá a evaluar si se satisfacen los requisitos establecidos
por la ley y precisados a través de los criterios jurisprudenciales aplicables para la
configuración de la causal invocada, con estricto apego a los argumentos y
fundamentos planteados por la parte recurrente, en atención al carácter rogado y
excepcional del recurso extraordinario de revisión21.
Considerando la fundamentación de la causal, para la Sala resulta claro que la
revisión por nulidad de la sentencia no está llamada a prosperar, dado que los
defectos alegados no corresponden a ninguno de los supuestos legales y
jurisprudenciales que podrían viciar la sentencia recurrida y los argumentos
presentados en el recurso parecen intentar transformar este trámite en una tercera
instancia, al buscar reabrir el debate y cuestionar nuevamente aspectos ya resueltos
en las instancias previas.
En efecto, la parte recurrente ha reiterado los argumentos que ya fueron abordados
en las instancias anteriores, dirigidos a cuestionar la interpretación normativa
realizada por el Tribunal en la sentencia objeto de revisión. Con ello, resulta evidente
que el señor Lelio Vásquez Rocha busca que se revisen los elementos fácticos y
jurídicos del proceso originario con el fin de obtener un resultado favorable que le
fue previamente negado; proceder que resulta a todas luces contrario al propósito y
a la finalidad del recurso extraordinario de revisión, máxime cuando la jurisprudencia
de esta Corporación ha establecido que, la alegación de una indebida interpretación
de las normas no es una base válida para la procedencia de dicho recurso, dado
que en la ley no se contempla como causal específica.
En diversas decisiones, se ha establecido que el recurso extraordinario de revisión
está destinado a corregir fallos que vulneren la justicia material, pero no para
cuestionar la labor interpretativa del juez o rectificar errores de apreciación en el
21 Esta Corporación ha sido enfática en establecer que «[…] el carácter eminentemente rogado de la jurisdicción
contenciosa administrativa impide examinar pretensiones a la luz de disposiciones diferentes a las invocadas
en la demanda, es decir, que sus providencias se circunscriben solo a lo que allí se ha planteado, por el libelo
demandatorio un marco de referencia necesario para que el operado jurídico emita su pronunciamiento judicial».
Véase, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, Sentencia
del 27 de octubre de 2011, N.I. 02270-05. C.P: Alfonso Vargas Rincón.
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juicio. En ese sentido, esta Subsección en sentencia del 27 de agosto de 2020,
radicado núm. 1638-16 señaló que:
«[…] el recurso extraordinario de revisión no puede servir para cuestionar la
actividad interpretativa del juez o para corregir errores in iudicando, pues este
fue concebido para discutir y ventilar hechos procesales específicos que
incidieron indebidamente en la decisión mediante la cual se resolvió el litigio –
como es el caso de los documentos falsos o adulterados-, o no pudieron ser
tenidos en cuenta y eran determinantes -como ocurre con las pruebas
recobradas o la aparición de una persona con mejor derecho-, o fueron
sobrevinientes a la decisión y hacen que esta pierda su razón de ser – como
en el caso de la causal cuarta-, o deben poder ser objeto de examen judicial –
como cuando existe una nulidad originada en la sentencia y esta no era objeto
de recurso de apelación-.
En otras palabras, el recurso busca revertir decisiones que fueron ganadas
injustamente, esto es, por medios ilícitos o irregulares, pero no para tratar de
enmendar lo que, en términos legales y jurisprudenciales, se conocen como
errores judiciales, es decir, los casos de inadecuada valoración de las pruebas
(error de hecho), falta de aplicación de la norma correspondiente o su
indebida aplicación (error de derecho)».
En ese sentido, es claro que el juez de la revisión carece de la competencia para
realizar un análisis detallado del asunto decidido, ya que su función no es la de ser
un juez de instancia, sino que su rol se limita a examinar si existen causales
específicas que justifiquen la revisión del fallo, sin entrar a revisar la interpretación
jurídica realizada en el proceso original.
Por otro lado, el Tribunal confirmó la decisión proferida por el Juzgado Doce
Administrativo de Bucaramanga, mediante la cual se negaron las pretensiones
formuladas en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, con
fundamento en las reglas establecidas por la Corte Constitucional y, en particular,
por el Consejo de Estado el 28 de agosto de 2018, respecto del IBL en el régimen
de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, las cuales se
encontraban vigentes al momento de resolverse la controversia entre el señor Leilo
Vásquez Rocha y la entidad pensional.
Como se observa, el monto del IBL pensional basado en las reglas fijadas en la
sentencia del 4 de agosto de 2010 del Consejo de Estado no constituye un derecho
adquirido, como lo pretende el recurrente; lo que sí constituye un derecho adquirido
es el acceso a la pensión, la cual ya le ha sido reconocida.
Cabe recordar que, aunque la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
de carácter laboral fue interpuesta el 20 de febrero de 201322, es decir, cuando ya
existía la discusión judicial sobre el IBL, la segunda instancia se resolvió cuando ya
estaba vigente la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018 de esta
Corporación. En esta sentencia se estableció que la aplicación retrospectiva del
precedente sería el «[…] método al que se acudirá […], disponiendo que las reglas
jurisprudenciales que se fijaron en este pronunciamiento se aplican a todos los
22 Archivo denominado «04Reparto», índice 00024 del aplicativo SAMAI.
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casos pendientes de solución tanto en vía administrativa como en vía judicial a
través de acciones ordinarias»23.
Por lo tanto, no es posible predicar que se está ante una de aquellas circunstancias
que permiten la estructuración de la causal quinta del artículo 250 del CPACA, ni
ante una situación consolidada o de derechos adquiridos, lo que también impide
considerar procedente la supuesta violación del debido proceso alegada.
Ahora bien, debido a su carácter excepcional y a la naturaleza taxativa de las
causales de procedencia, el recurso extraordinario de revisión no está previsto para
alegar o proponer el desconocimiento de otros pronunciamientos judiciales. Así lo
ha considerado igualmente esta Corporación:
«El recurso extraordinario de revisión no procede para revisar una sentencia
por el desconocimiento del precedente judicial, pues esta no es una causal
prevista por el legislador para el efecto.
Debe advertirse que cuando se trate del desconocimiento del precedente
judicial –esto es, la sub regla jurídica fijada en la respectiva sentencia o
sentencias que tengan la entidad de precedente-, la legislación prevé el
denominado recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia,
procedente, sí, contra las sentencias de única y segunda instancia proferidas
por los tribunales administrativos, cuando contraríen o se opongan a una
sentencia de unificación del Consejo de Estado, en los términos de los artículos
256 a 268 del CPACA.
De no proceder el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia,
tendría cabida la acción de tutela contra providencia judicial para garantizar la
aplicación de una sentencia de unificación o de un precedente judicial, en los
términos expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005,
con el fin de proteger el derecho fundamental de igualdad.
Téngase en cuenta que la misma Corte ha aceptado el estudio de la acción de
tutela contra providencias judiciales impugnadas por el desconocimiento del
precedente y, por ende, por la violación del derecho a la igualdad, al considerar
que el recurso extraordinario de revisión no es el mecanismo judicial idóneo
para atacar dicho vicio o defecto de la sentencia, ya que no fue previsto por el
legislador como una causal de dicho recurso.
Sea lo que fuere, lo cierto es que su alegación no opera por la vía del recurso
extraordinario de revisión»24.
Así las cosas, toda vez que el recurso extraordinario no está previsto frente al
posible desconocimiento del precedente o de algún criterio judicial, la Sala se releva
de analizar los planteamientos esbozados frente a este aspecto por el recurrente.
En cuanto a la nulidad alegada por la supuesta omisión de pronunciamiento
respecto de las pretensiones subsidiarias, se advierte que en la demanda ordinaria
se solicitó que se declarara la nulidad del acto administrativo mediante el cual el
23 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 28 de agosto de 2018. Exp.
52001-23-33-000-2012-00143-01(IJ). C.P. César Palomino Cortés.
24 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Trece Especial de Decisión. Sentencia de 7
de abril de 2015. Exp. 11001-03-15-000-2013-02724-00 (REV). C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Reiterada
en las siguientes providencias dictadas por esta Corporación: Sala Segunda Especial de Decisión. Sentencia
del 4 de agosto de 2020. Exp: 11001-03-15-000-2016-03553-00 (REV). C.P: César Palomino Cortés y ii) Sala
Catorce Especial de Decisión. Sentencia del 7 de noviembre de 2019. Exp: 11001-03-15-000-2018-03604-00
(REV) C.P: Alberto Montaña Plata.
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SENA negó el reconocimiento pensional, y en consecuencia, se diera aplicación al
artículo 73 del Decreto 1848 de 1969 para liquidar el monto de la pensión,
ordenándose el reconocimiento y pago del verdadero valor de la pensión de
jubilación, incluyendo todos los factores salariales devengados en el último año de
servicios conforme a la Ley 33 de 1985, o, en su defecto, la diferencia resultante a
su favor por razón de la compartibilidad con la pensión de vejez reconocida por el
ISS en aplicación del Decreto 758 de 1990, con los respectivos reajustes e
indexación. Asimismo, se solicitó el pago de perjuicios morales y materiales
ocasionados por la negativa ilegal de dicha pensión.
Posteriormente, al reformarse la demanda, se formularon las siguientes
pretensiones subsidiarias:
«Primera: Se declare la nulidad de las Resoluciones Nros. 4163 del 16 de
septiembre de 2004, 0058 del 17 de enero de 2005, 12903 del 10 de noviembre
de 2006, 3020 del 25 de noviembre de 2008 y 0026 del 21 de enero de 2009,
expedidas por el Instituto de Seguros Sociales ISS, hoy Colpensiones.
Segunda: Aplicación del artículo 102 del CPACA para liquidar el monto de la
pensión de jubilación, incluyendo todos los factores devengados en el último
año de servicios.
Tercera: […] Ordenar a la Administradora Colombiana de Pensiones, pagar a
título de restablecimiento del derecho […] el valor correspondiente a la pensión
de jubilación con inclusión de todos los factores salariales devengados en el
último año, debidamente indexados conforme al IPC.
Cuarta: Ordenar a […] Colpensiones […] el pago del retroactivo derivado del
verdadero monto de la pensión de jubilación desde adquirió el estatus o
categoría de pensionada con los reajustes legales, la correspondiente
indexación y los intereses moratorios […]»25.
Al resolver la controversia, la primera instancia concluyó que no le asistía derecho
alguno al reconocimiento de la pensión de jubilación por parte del SENA, al no
cumplirse los requisitos normativos aplicables al régimen especial de dicha entidad,
ni de asumir la diferencia entre dicha prestación y la de vejez reconocida por el ISS.
En consecuencia, se negó la prosperidad de la pretensión principal. En efecto, en la
providencia se indicó:
«[…] esta Dependencia Judicial determina que el acá demandante no tenía
derecho a que por parte del SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
como empleador le reconociera pensión de jubilación alguna, […] porque
adquirió su status de pensionado el 6 de abril de 2003; valga decir, cuando
cumplió sus 55 años de edad, y que al 1° de abril de 1994 no tenía 20 años de
servicios ni contara con las cotizaciones requeridas en el SENA. Además que
todas sus cotizaciones para pensión […] fueron consignadas al INSTITUTO DE
SEGURO SOCIAL ISS, como se advierte del resumen de semanas cotizadas
por el empleador, obrante a folio 54»26.
Respecto de la solicitud de reliquidación, se advirtió que, aunque la Ley 33 de 1985
establece una tasa de reemplazo del 75 %, la pensión reconocida por el ISS lo fue
en un porcentaje superior (87 %). Así se dejó consignado:
«[…] Por todo lo anterior bien se puede concluir que la PENSION DE VEJEZ
reconocida a LELIO VÁSQUEZ ROCHA mediante Resolución N°3020 del 25 de
noviembre de 2008[…] pese a que se liquidó tendiéndole en cuenta el promedio
25 Pág. 3-5 del archivo denominado «17ReformaDemanda», índice 00024 del aplicativo SAMAI.
26 Págs. 10-11 del archivo denominado «30Sentenciadeprimerainstancia», ibid.
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devengado durante los últimos (10) años de servicio, dando un valor de
$2´768.631 reconocida a partir del 30 de noviembre de 2008 y a partir del 01 de
enero de 2009 por valor de $2´980.985 […]»27.
Así las cosas, concluyó que resultaba más favorable al demandante la liquidación
efectuada por el ISS, conforme al artículo 20 del Decreto 758 de 1990, que una
eventual reliquidación con base en la Ley 33 de 1985.
La decisión fue apelada con el argumento de que, si bien el porcentaje reconocido
era mayor, la base salarial empleada no incluía todos los factores devengados ni
contemplaba la indexación, por lo que subsistía una diferencia mensual de
$568.015.
El Tribunal Administrativo de Norte de Santander, al resolver la apelación, confirmó
los argumentos de la primera instancia y añadió:
«[…] Si bien en el presente caso se acreditó que el demandante laboró como
empleado público al servicio del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, no es
beneficiario de un régimen especial de pensiones, al tenor de lo dispuesto en el
artículo 126 del Decreto 2464 de 1970 […]»28.
A renglón seguido, con fundamento en la sentencia del 28 de agosto de 2018,
relativa a la interpretación del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, concluyó que no
era procedente aplicar los factores devengados en el último año de servicios, por
no hacer parte del régimen de transición. En cualquier caso, el régimen
efectivamente aplicado resultaba más favorable en términos del porcentaje de
reemplazo.
De modo que, para la Sala el Tribunal descartó emitir pronunciamiento alguno en
torno a una eventual reliquidación pensional con una tasa del 90 % del IBL —según
se indica en el recurso—, por cuanto dicha pretensión no fue formulada
expresamente en la demanda, ni como principal ni como subsidiaria. En efecto, el
proceso se estructuró en torno a la discusión sobre la aplicación del régimen
previsto en la Ley 33 de 1985 —esto es, la liquidación con base en el último año de
servicios y la totalidad de los factores— y la diferencia que pudiera surgir en virtud
del fenómeno de la compartibilidad frente a la pensión de vejez reconocida por el
ISS conforme al Decreto 758 de 1990.
Por tanto, cualquier pronunciamiento en ese sentido habría implicado un
desbordamiento de la fijación del litigio, en contravención del principio de
congruencia que rige el proceso.
En lo que respecta a la figura de la compartibilidad pensional, aunque fue invocada
en la demanda como fundamento subsidiario, dicha pretensión fue analizada y
resuelta en ambas instancias. Tanto el juzgado como el tribunal concluyeron que no
se causó pensión alguna a cargo del SENA ni se acreditaron los presupuestos
legales para su aplicación. En consecuencia, no se advierte omisión en el
pronunciamiento sobre este aspecto, máxime cuando la compartibilidad supone,
como presupuesto la existencia previa de una obligación pensional por parte del
empleador. Es decir, solo puede compartirse el pago de una pensión que
27 Pág. 17, ibid.
28 Pág. 6 del archivo denominado «33SENTENCIADESEGUNDAINSTANCIA», índice 00024 del aplicativo
SAMAI.
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previamente se tenga a cargo; y en este caso, al no haber lugar al reconocimiento
de prestación alguna por parte del SENA, mal podría exigírsele la asunción de una
diferencia bajo dicha figura.
Tampoco era procedente que el fallador se pronunciara sobre la indexación de la
primera mesada pensional, ya que dicha solicitud no fue planteada en la demanda.
Lo pretendido fue la indexación del valor que eventualmente resultara de la
reliquidación pensional, y no de la primera mesada como tal. A juicio de la Sala, el
recurrente confunde la indexación procedente cuando el reconocimiento pensional
se produce con posterioridad al retiro del servicio —circunstancia que no fue objeto
del proceso— con aquella que corresponde cuando se pretende una reliquidación
sobre un derecho ya consolidado, caso en el cual lo que procede es el reajuste. En
esa medida, al haberse negado la reliquidación, no había lugar a pronunciamiento
sobre la indexación de un valor que no fue reconocido.
En suma, y dado que lo realmente pretendido por la parte activa es expresar su
inconformidad con lo resuelto por el Tribunal y que mediante revisión se modifique
el fallo impugnado a su favor, se declarará infundado el recurso extraordinario de
revisión.
Condena en costas
De acuerdo con el inciso primero del artículo 188 del CPACA, la regla general es
que, en los procesos de conocimiento de esta jurisdicción, en la sentencia, se
dispondrá sobre la condena en costas.
Con la Ley 2080 de 2021, que modificó el artículo 255 del CPACA se dispuso que,
en caso de declararse infundado el recurso extraordinario de revisión, se impondría
condena en costas al recurrente.
Dado que esta reforma prevalece sobre normas anteriores y el recurso se resolvió
bajo su vigencia, en principio procede la condena en costas. No obstante, como la
norma no regula todo lo relativo a su imposición, debe complementarse con el CGP,
que en sus artículos 361 y 365 indica que solo procede la condena «cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación».
Observa la Sala, para lo que aquí interesa, que en el presente caso se encuentra
acreditada únicamente la gestión del SENA a través de la defensa ejercida en el
escrito de contestación, actuación que por sí sola, constituye una prueba suficiente
para fijar, en su favor, agencias en derecho, ya que demuestra que designaron un
representante para estar al tanto del proceso y ejercer la defensa de sus intereses.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
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FALLA
Primero. DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión
interpuesto por el señor Lelio Vásquez Rocha contra la sentencia del veintinueve
(29) de octubre de dos mil veinte (2020) proferida por el Tribunal Administrativo de
Santander, que confirmó la sentencia del veintidós (22) de marzo de dos mil
dieciocho (2018) del Juzgado Doce Administrativo de Bucaramanga que accedió a
las pretensiones dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
Segundo. CONDENAR en costas al señor Lelio Vásquez Rocha en favor del SENA,
las cuales se liquidarán por Secretaría.
Tercero. Para la fijación de las agencias de derecho, por Secretaría de esta
Corporación INGRESAR el expediente al despacho del magistrado ponente para lo
de su competencia.
Cuarto. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente de nulidad y
restablecimiento del derecho al despacho de origen y HÁGANSE las anotaciones
pertinentes en el sistema informático SAMAI.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
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