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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2021-00893-00

Fecha
2 de octubre de 2025
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2021-00893-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero: Declarar infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la señora Silvia Sandoval Suárez contra la sentencia proferida el 7 de diciembre de 2020 por el Tribunal Administrativo de Santander, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Segundo: Sin condena en costas. Tercero: Archivar el expediente de la referencia, una vez realizadas las anotaciones pertinentes en el sistema de Gestión Judicial Samai. La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2021-00893-00

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

2 de octubre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá, D. C., dos (2) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-25-000-2021-00893-00 (4804-2021)
Demandante: Silvia Sandoval Suárez
Demandado: Administradora Colombiana de Pensiones (COLPENSIONES)
Asunto: Recurso extraordinario de revisión

Tema: Recurso extraordinario de revisión. Subtema 1: causal del numeral 5 del
artículo 250 de la Ley 1437 de 2011. Nulidad originada en la sentencia que puso fin al
proceso.

SENTENCIA QUE RESUELVE EL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

La Sala resuelve el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la señora Silvia
Sandoval Suárez contra la sentencia del 7 de diciembre de 2020, proferida por el
Tribunal Administrativo de Santander, que confirmó la decisión del Juzgado Octavo
Administrativo de Bucaramanga, la cual negó las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1.1. Proceso de nulidad y restablecimiento del derecho

1. La Sala sintetiza los hechos relevantes del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 68001-33-33-008-2017-00063-00/011, así:

1.1.1. La demanda

2. La señora Silvia Sandoval Suárez, mediante apoderado judicial, presentó
demanda, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
contra la Administradora Colombiana de Pensiones (en adelante COLPENSIONES), con
las siguientes pretensiones:

PRIMERA: Se declare la nulidad de las Resoluciones Nros. GNR 160491 del 27 de
mayo de 2016, GNR 215597 del 21 de julio de 2016 y VPB 34506 del 2 de septiembre
de 2016 proferidas por la Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES.

SEGUNDA: Aplicación del artículo 102 del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo.

TERCERA: Como consecuencia de las anteriores declaraciones, ordenar a la
Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES, a pagar, a título de

1 Samai, índice 27.

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Recurrente: Silvia Sandoval Suárez

restablecimiento del derecho a favor de la señora SILVIA SANDOVAL SUÁREZ, el
verdadero valor del monto de la pensión jubilación o vejez con la inclusión de todos los
factores salariales devengados en el último semestre de servicios de acuerdo al
Artículo 7 del Decreto 929 de 1976 y debidamente indexados.

CUARTO: Como consecuencia de las anteriores declaraciones, ordenar a la
Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES a pagar, a título de
restablecimiento del derecho a favor de la señora SILVIA SANDOVAL SUÁREZ, los
reajustes legales desde cuando adquirió el estatus o categoría de pensionado.

QUINTO: Como consecuencia de las anteriores declaraciones, ordenar a la
Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES, a pagar, a título de
restablecimiento del derecho, a favor de la señora SILVIA SANDOVAL SUÁREZ, el
retroactivo originado por el verdadero o real valor del monto de la pensión mensual
vitalicia de jubilación junto con los intereses corrientes, los intereses moratorios y la
aplicación de la indexación de acuerdo al IPC, desde cuando adquirió el estatus o
categoría de pensionado.

SEXTA: Que se disponga en la sentencia, que las sumas reconocidas en ella y
liquidadas como se piden en el ordinal anterior, devengarán intereses comerciales y
moratorios de acuerdo a la Ley 1437 de 2011 o Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo.

SÉPTIMA: Que si la entidad demandada, se opusiere a la presente demanda, se le
condene a pagar las costas del proceso2.

3. En los hechos de la demanda se indicó que la accionante nació el 5 de octubre
de 1951, por tanto, tenía más de 35 años para el 1 de abril de 1994; prestó sus servicios
en la Contraloría General de la República desde el 26 de junio de 1984 hasta el 1 de
mayo de 2014; COLPENSIONES le reconoció una pensión de vejez, a través de la
Resolución GNR 160491 del 27 de mayo de 2016. Indicó que la mesada pagada para
el año 2006 era del valor de $2.844.419, y el valor real reliquidado con todos los
factores salariales devengados en el último semestre de servicio, ascendía a
$6.004.967.

4. La demandante fundamentó sus pretensiones en que COLPENSIONES, al
reconocer y liquidar su pensión de vejez, omitió incluir todos los factores salariales
devengados en el último año de servicios, previstos en el artículo 7 del Decreto 929 de
1976, por haber prestado sus servicios en la Contraloría General de la República. En
consecuencia, sostuvo que esa omisión viciaba de nulidad los actos administrativos
demandados por expedición irregular y falsa motivación, además de generar un
enriquecimiento sin causa en favor de la entidad demandada3.

1.1.2. Contestación de la demanda

5. COLPENSIONES se opuso a las pretensiones de la demanda y alegó que el
régimen de transición únicamente conserva del sistema anterior tres elementos: la
edad, el tiempo de servicio y el monto de la pensión, entendido este último como la
tasa de reemplazo. En ese sentido, precisó que el ingreso base de liquidación (en

2 Ibidem. págs. 51 a 52.
3 Samai, índice 27. págs. 51 a 57.

2

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Recurrente: Silvia Sandoval Suárez

adelante IBL) debe calcularse según los artículos 36 y 21 de la Ley 100 de 1993.
Además, propuso las excepciones de prescripción e inexistencia de la obligación4.

1.1.3. Sentencia de primera instancia

6. El Juzgado Octavo Administrativo de Bucaramanga, mediante sentencia del 23
de noviembre de 2018, negó las pretensiones de la demanda. Consideró que la
accionante es beneficiaria del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, que la
pensión fue reconocida a través de la Resolución GNR 160491 del 27 de mayo de
2016 y se aplicó el IBL del artículo 21 de la Ley 100 de 1993, en armonía con las
sentencias C-258 de 20135 y SU-230 de 20156.

7. El Juzgado señaló que la liquidación de la pensión también estaba acorde con
las reglas de unificación fijadas por el Consejo de Estado en la sentencia del 28 de
agosto de 20187, por consiguiente, era improcedente disponer la reliquidación de la
pensión con todos los factores salariales devengados en el último semestre de
servicios, acorde con el régimen especial de la Contraloría General de la República,
contenido en el Decreto 929 de 19768.

1.1.4. Recurso de apelación de la parte demandante

8. La demandante solicitó que se revocara la sentencia de primera instancia, con
fundamento en los siguientes argumentos:

9. Indicó que adquirió su estatus pensional el 5 de octubre de 2001, por haber
trabajado 20 años en la Contraloría General de la República y cumplir 50 años de edad,
esto, conforme al artículo 7 del Decreto 929 de 1976. De modo que la pensión se debía
reliquidar con el 75% de los factores salariales devengados en el último semestre de
servicios.

10. Señaló que las sentencias C-258 de 2013 y SU-230 de 2015 de la Corte
Constitucional, así como el fallo del 28 de agosto de 20189 del Consejo de Estado,
fueron proferidos después de la consolidación de su estatus y no tienen efectos
retroactivos. En consecuencia, solicitó la protección de sus derechos adquiridos en
materia pensional y la aplicación de los principios de favorabilidad, inescindibilidad de
la ley, así como los derechos a la igualdad, al debido proceso y de defensa.

11. Finalmente, sostuvo que COLPENSIONES incumplió las obligaciones previstas en
la Ley 1151 de 2007, ya que, a su juicio, la aplicación de la Ley 100 de 1993 en el caso
bajo examen desconoce los parámetros del sistema pensional. Por ello, la demandante
sostuvo que era necesario solicitar de oficio el extracto o reporte de semanas cotizadas
para verificar si: i) el IBL y la tasa de remplazo cumplen con lo establecido en la ley; y ii)
«el monto pensional es el correcto frente a las decisiones de que (sic) se han aplicado

4 Ibidem. págs. 84 a 88.
5 Expedientes D-9173 y D-9183. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
6 Expediente T- 3558256. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
7 Radicado 52001-23-33-000-2012-00143-01. M.P. César Palomino Cortés.
8
Samai, índice 2. ED_DEMANDA_02RECURSOEXTRAORDINA. págs. 18 a 23.
9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso – Administrativo, sentencia del 28 de agosto de 2018, proceso

con radicado 52001-23-33-000-2012-00143-01, M.P. César Palomino Cortés.

3

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Recurrente: Silvia Sandoval Suárez

y que variaron la seguridad jurídica, confianza legitima (sic) y la inescindibilidad de la
ley»10.

1.1.5. Sentencia objeto del recurso extraordinario de revisión

12. El Tribunal Administrativo de Santander, en sentencia del 7 de diciembre de
2020, confirmó la decisión de primera instancia, que negó las pretensiones de la
demanda. Como fundamento del fallo indicó que la actora es beneficiaria del Decreto
929 de 1976, en virtud de la transición de la Ley 100 de 1993. Sin embargo, solo
preserva de aquel decreto los requisitos de edad, tiempo y monto de la pensión.

13. Frente al ingreso base de liquidación, explicó que COLPENSIONES reconoció la
pensión de la actora según el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, lo que se
ajusta a las reglas jurisprudenciales fijadas por la Sección Segunda del Consejo de
Estado en la sentencia de unificación CE-SUJ-S2-021-20 del 11 de junio de 2020 y al
fallo de unificación de la Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo del 28 de agosto
de 201811. Por último, señaló que los actos administrativos demandados aplicaron los
factores enlistados en el Decreto 1158 de 1994, lo cual, se acomoda a la jurisprudencia
aludida12.

1.2. Recurso extraordinario de revisión

14. La señora Silvia Sandoval Suárez interpuso el recurso extraordinario de revisión
contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Santander. En la
demanda invocó la causal quinta del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011 que señala
«existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no
procede recurso de apelación», por haber violado los derechos al debido proceso y a
la defensa, así como «el principio de obtención de la prueba».

15. Como fundamento del recurso, la parte actora expuso que en el proceso
ordinario solicitó la reliquidación de la pensión de jubilación acorde con el Decreto 929
de 1976 y la sentencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado del 4 de agosto
de 201013, por tanto, la pensión debía reliquidarse con el 75% de todos los factores
salariales devengados en los últimos seis meses de servicios.

16. Para la accionante, la tesis del Tribunal es manifiestamente ilegal e
inconstitucional, «referente a la exclusión de los factores salariales unificados […]
acogiéndose a la sentencia de unificación de Sala Plena del 28 de agosto de 2018 del
Consejo de Estado para calcular el monto pensional»14, lo cual vulneró sus derechos al
debido proceso y de defensa.

17. Resaltó que consolidó su estatus pensional el 26 de junio de 2004, mientras
prestaba sus servicios en la Contraloría General de la República; sin embargo, el
Tribunal le aplicó el citado fallo de la Sala Plena, el cual fue dictado 14 años después.

10 Samai, índice 27. págs. 162 a 163.
11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso – Administrativo, sentencia del 28 de agosto de 2018, proceso

con radicado 52001-23-33-000-2012-00143-01, M.P. César Palomino Cortés.
12
Samai, índice 2. ED_DEMANDA_02RECURSOEXTRAORDINA. págs. 12 a 17.
13 M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila.
14 Ibidem. págs. 1 a 2.

4

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Así entonces, consideró que la aplicación de los precedentes judiciales vulneró sus
derechos adquiridos.

18. Afirmó que la sentencia de unificación de 2018, en la que se basó la decisión de
instancia, desconoció el principio de irretroactividad de la ley al permitir su aplicación a
un caso anterior sin una excepción válida. Además, el fallo del Tribunal vulneró los
principios de progresividad, buena fe, confianza legítima, seguridad jurídica e
inescindibilidad de la ley.

19. Agregó que tiene derecho a la aplicación integral del Decreto 929 de 1976, por
ser la norma más favorable en materia pensional en cuanto al ingreso base de
liquidación, respecto de la Ley 100 de 1993.

20. Teniendo en cuenta lo expuesto, adujo que la sentencia de segunda instancia
adolece de nulidad absoluta, ya que desconoció el artículo 45 del Decreto 1045 de
1978, el Decreto 929 de 1976, las sentencias de unificación sobre el régimen de
transición y la Constitución Política. Por último, señaló que en el proceso no obró el
estudio aritmético o la práctica de la fórmula financiera autorizada que demostrara la
correcta liquidación de la mesada pensional15.

21. Señaló que «no obra en el desarrollo de las dos instancias, la aplicación de la
formula financiera autorizada que soporte el juicio aplicado para decidir» la demanda
de reliquidación pensional16.

1.3. Trámite del recurso extraordinario de revisión

22. A través del auto del 17 de marzo de 202217, el despacho admitió el recurso
extraordinario de revisión y ordenó la notificación personal a COLPENSIONES y el
Ministerio Público para que contestaran y solicitaran las pruebas que consideraran
pertinentes. Posteriormente, mediante el auto del 19 de octubre de 202318, se verificó
que COLPENSIONES no contestó el recurso. Además, se decretaron como pruebas los
documentos allegados y se ofició al Juzgado Octavo Administrativo de Bucaramanga
para que remitiera el expediente con radicado 68001-33-33-008-2017-00063-00/0119,
el cual fue allegado el 11 de marzo de 202520.

1.3.1. Concepto del Ministerio Público

23. La Procuraduría Delegada ante esta corporación solicitó declarar infundado el
recurso extraordinario de revisión interpuesto por la señora Silvia Sandoval Suárez,
pues los jueces de instancia se limitaron a aplicar un precedente de unificación
obligatorio, cuyas discrepancias ya fueron superadas y constituyen la base del recurso
presentado. Expuso que no se advierte una vulneración evidente del debido proceso
que justifique la nulidad de la sentencia acusada; por el contrario, consideró que se
garantizó adecuadamente el propósito esencial de administrar justicia.

15 Samai, índice 2. ED_DEMANDA_02RECURSOEXTRAORDINA. págs. 1 a 8.
16 Ibidem. pág. 7.
17 Samai, índice 4.
18 Samai, índice 16.
19
Dentro del auto interlocutorio, se estableció que, una vez recibido el expediente, se prescindiría del máximo
período probatorio.
20 Samai, índice 27.

5

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Recurrente: Silvia Sandoval Suárez

24. Señaló que el fallo objeto del recurso extraordinario de revisión acató la
sentencia de unificación del 28 de agosto de 201821, la cual adoptó los criterios fijados
por la Corte Constitucional en las sentencias C-258 de 2013 y SU-230 de 2015. En ese
sentido, sostuvo que no hubo aplicación retroactiva de la jurisprudencia, dado que la
regla de decisión aplicable al caso quedó establecida en la sentencia SU-230 de 2015.
Finalmente, señaló que la sentencia de unificación CE-SUJ-S2-021-20 del 11 de junio
de 2020, proferida por esta Sección, se basó en la sentencia de unificación de 2018
para concluir que los regímenes especiales están sujetos al artículo 36 de la Ley 100
de 199322.
II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

25. La Sala tiene competencia para conocer del recurso extraordinario de revisión
interpuesto por la señora Silvia Sandoval Suárez contra la sentencia del 7 de diciembre
de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, de acuerdo con lo
dispuesto en el inciso segundo del artículo 249 de la Ley 1437 de 201123.

2.2. Oportunidad

26. La sentencia objeto del recurso fue proferida el 7 de diciembre de 2020, se
notificó el 10 de diciembre de 202024, y quedó ejecutoriada el 15 de diciembre de 2020.
Así las cosas, como la recurrente interpuso el recurso extraordinario de revisión el 29
de noviembre de 2021, según obra en el expediente digital25, su interposición fue
oportuna dentro del término dispuesto por el artículo 251 de la Ley 1437 de 201126.

2.3. Legitimación en la causa

27. La señora Silvia Sandoval Suárez y COLPENSIONES están legitimados en la causa
para ser partes en este proceso, toda vez que fueron, respectivamente, demandante y
demandado en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

2.4. Problemas jurídicos

28. De acuerdo con los argumentos presentados por la demandante, y con el fin de
determinar si se configura la causal quinta del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, la
Sala se circunscribirá a responder el siguiente problema jurídico:

¿La sentencia del Tribunal que negó la pretensión de reliquidación de la pensión con
todos los factores salariales devengados en los últimos seis meses de servicios en la
Contraloría General de la República, no podía aplicar el fallo de unificación de la Sala
Plena de lo Contencioso-Administrativo del Consejo de Estado, toda vez que fue
expedido 14 años después de la consolidación del estatus pensional, y por tanto, violó
los derechos al debido proceso, al aplicar retroactivamente dicha providencia?

21 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso – Administrativo, sentencia del 28 de agosto de 2018, proceso

con radicado 52001-23-33-000-2012-00143-01, M.P. César Palomino Cortés.
22 Samai, índice 11.
23 «De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos

conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia».
24
Samai, índice 27. pág. 233.
25 Samai, índice 2. ED_CORREORADI_01CORREORADICACIONP.
26 «El recurso podrá interponerse dentro del año siguiente a la ejecutoria de la respectiva sentencia».

6

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Radicación: 11001-03-25-000-2021-00893-00 (4804-2021)
Recurrente: Silvia Sandoval Suárez

2.5. Naturaleza del recurso extraordinario de revisión

29. El recurso extraordinario de revisión ha sido considerado por la jurisprudencia
como un mecanismo de impugnación y, al mismo tiempo, una excepción al principio de
inmutabilidad de las decisiones judiciales que ponen fin a una controversia, siempre
que estén incursas en alguna de las causales previstas taxativamente en el artículo 250
de la Ley 1437 de 201127.

30. Es un medio excepcional de impugnación de las decisiones judiciales, regulado
en los artículos 248 y subsiguientes de la Ley 1437 de 201128, para casos en que la
decisión judicial está inmersa en supuestos como «la falsedad, el fraude, el error, la
aparición de documentos decisivos que hubieren modificado el sentido de la decisión»,
entre otros29.

31. Por tal motivo, el carácter excepcional del recurso extraordinario de revisión
supone que no puede utilizarse «para cuestionar la actividad interpretativa, ni la
valoración probatoria del juez, ni para que el afectado con la sentencia proponga
cuestiones que no alegó oportunamente en el proceso originario. Es un instrumento
para discutir y ventilar ciertos hechos procesales externos a la labor funcional del juez,
que pueden llegar a afectar el principio de justicia material»30.

32. De ahí deviene la importancia de que los hechos del caso se subsuman en la
causal invocada sin necesidad de recurrir a interpretaciones amplias que reabran la
discusión como si se tratara de una nueva instancia judicial.

33. Para lograr lo anterior, se exige del recurrente «una carga argumentativa precisa
[…], toda vez que debe hacerse de manera técnica, rigurosa y fundamentada […]» 31.
Así pues, la parte que acuda al recurso extraordinario de revisión bajo el amparo de
una de las causales previstas para su procedencia tiene el deber de «[…] explicar
cuáles son los motivos que la soportan y, especialmente, los hechos que sirven de
fundamento para su configuración»32.

2.6. Causal de revisión contenida en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA
relativa a la nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso

34. El artículo 250 de la Ley 1437 de 2011 regula las causales del recurso
extraordinario de revisión. En particular, en su numeral 5, establece como causal:

5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no
procede recurso de apelación.

27 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sala Veintidós Especial de Decisión. Sentencia del 5

de julio de 2024. Radicado 11001-03-15-000-2022-03940-00. M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.
28 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sala Veintidós Especial de Decisión. Sentencia del 5

de abril de 2024. Radicado. 11001-03-15-000-2023-04705-00. M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.
29 Op. cit. Radicado 11001-03-15-000-2022-03940-00.
30 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sala Tercera Especial de Decisión. Sentencia del 3

de agosto de 2022. Radicado 11001-03-15-000-2021-11463-00. M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
31
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sala Catorce Especial de Decisión. Sentencia del 13
de octubre de 2020. Radicado 11001-03-15-000-2019-00119-00(REV). M.P. Alberto Montaña Plata.
32 Ibidem.

7

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Radicación: 11001-03-25-000-2021-00893-00 (4804-2021)
Recurrente: Silvia Sandoval Suárez

35. El alcance de esta causal es restrictivo en la medida en que exige «que
concurran dos supuestos: el primero, que la nulidad se origine en la sentencia que puso
fin al proceso y, el segundo, que contra el fallo cuestionado no proceda recurso de
apelación»33.

36. No obstante, como la Ley 1437 de 2011 no regula expresamente en qué
escenarios se configura una nulidad originada en la sentencia, la jurisprudencia se ha
encargado de dotar de contenido el numeral 5 del artículo 250 ibidem.

37. En estos términos, ha considerado que esta situación se configura por las
causales de nulidad insanables establecidas en el artículo 133 del Código General del
Proceso contenido en la Ley 1564 de 201234. De tal manera no cualquier circunstancia
habilita la procedencia del recurso extraordinario de revisión, sino solo las causales
expresamente dispuestas como vicios de nulidad, siempre que estos concurran en la
sentencia que definió la controversia, y no en etapas procesales anteriores a la
decisión.

38. Así se pronunció la Sala Tercera Especial de Decisión del Consejo de Estado en
decisión del 29 de junio de 2022, en la que advirtió que habilitar la procedencia del
recurso extraordinario de revisión frente a situaciones ocurridas con anterioridad a la
sentencia «se convertiría en una anormal oportunidad para que las partes subsanen las
omisiones del proceso ordinario y aleguen nulidades o errores procesales que debieron
proponer en la oportunidad prevista en el artículo 134 de la Ley 1564 de 2012 (antes el
artículo 142 del Código de Procedimiento Civil) o para proponer nulidades que
quedaron saneadas en los términos del artículo 136 ibidem (antes 144 del Código de
Procedimiento Civil)»35.

39. Por lo anterior, a través de la causal 5 del recurso extraordinario de revisión, no
puede invocarse una nulidad que haya ocurrido con antelación a la sentencia, salvo el
caso de aquellas que, aunque acontecieron de forma previa a la decisión, «no pudieron
ser advertidas por el recurrente durante el curso del proceso. Sin embargo, el afectado
deberá demostrar que no tuvo la oportunidad de manifestar la nulidad, para evitar que
este medio de impugnación extraordinario se convierta en una tercera instancia, en la
que las partes pueden subsanar sus omisiones»36.

40. Adicionalmente, la Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo del Consejo de
Estado ha avalado la procedencia del recurso extraordinario de revisión, sustentado en
la causal de nulidad originada en la sentencia, en determinados eventos supralegales
que comportan una lesión grave del derecho fundamental al debido proceso.

41. Sin embargo, no cualquier violación del debido proceso previsto genéricamente
en el artículo 29 de la Constitución Política da lugar a la configuración de la causal de
nulidad originada en la sentencia, sino solo en los escenarios que expresamente ha
reconocido la jurisprudencia, lo cual puede ocurrir, entre otras, por las siguientes
circunstancias excepcionales37:
33 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sentencia del 19 de septiembre de 2023. Radicado

11001-03-15-000-2020-03585-00. M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.
34 Antes el artículo 140 del Código de Procedimiento Civil
35
Op. cit. Radicado 11001-03-15-000-2021-11463-00.
36 Op. cit. Radicado 11001-03-15-000-2019-00119-00(REV).
37 Op. cit. Radicado 11001-03-15-000-2020-03585-00.

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Recurrente: Silvia Sandoval Suárez

-Cuando la decisión se haya fundado exclusivamente en una prueba recaudada con
violación al debido proceso38.

-Cuando la decisión haya sido firmada por un número mayor o menor de magistrados
o se adoptó con un número de votos distinto a que prevé la ley.

-Cuando la providencia carezca por completo de motivación39.

-Cuando la decisión transgreda el principio de la non reformatio in pejus40.

-Cuando la providencia pase por alto el principio de congruencia41.

-Cuando se profiera un fallo de carácter condenatorio en contra de una persona que no
fue vinculada al proceso42; y

-Cuando la decisión haya consistido en un fallo inhibitorio injustificado43.

42. En conclusión, esta corporación ha reconocido que «no cualquier irregularidad
resulta subsumible en la causal quinta de revisión derivada del artículo 29
constitucional, sino solo aquel vicio de carácter sustancial que incida en la decisión por
afectar el núcleo esencial del derecho fundamental al debido proceso […]. Esto implica,
que le corresponde al juez analizar, en cada caso en particular, si el vicio que se alega
impacta el debido proceso y la correcta aplicación de la justicia material de manera que
tenga la entidad suficiente para permear la inmutabilidad de la cosa juzgada»44.

43. De tal manera que, como «no puede haber nulidad sin texto legal que la
consagre»45, el recurso extraordinario de revisión por la causal 5 del artículo 250 del
CPACA procede por los supuestos previstos en las disposiciones adjetivas y la
jurisprudencia vigente.

2.7. Caso concreto

44. Con fundamento en la causal quinta del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, la
señora Silvia Sandoval Suárez interpuso el recurso extraordinario de revisión contra la
sentencia del 7 de diciembre de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo de
Santander. Según expuso la recurrente, la decisión vulneró sus derechos al debido

38 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sala Trece Especial de Decisión. Sentencia de 7 de

junio de 2016. Radicación 11001-03-15-000-2015-02493-00(REV). M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
39 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sala Cinco Especial de Decisión. Sentencia de 3 de

febrero de 2015. Radicación: 11001-03-15-000-2009-00494-00(REV). M.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.
40 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sentencia de 2 de marzo de 2010. Radicado 11001-

03-15-000-2001-00091-01(REV). M.P. Mauricio Torres Cuervo.
41 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sala Veintidós Especial de Decisión. Sentencia de 2

de febrero de 2016. Radicado 11001-03-15-000-2015-02342-00(REV). M.P. Alberto Yepes Barreiro.
42 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sala Veintiuno Especial de Decisión. Sentencia de

17 de junio de 2022. Radicado 11001-03-15-000-2014-04059-00(REV). M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.
43 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo. Sentencia del 8 de mayo de 2018. Radicado

11001-03-15-000-1998-00153-01. M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.
44 Op. cit. Radicado 11001-03-15-000-2020-03585-00.
45 Ibidem.

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proceso y de defensa, pues aplicó los fallos de unificación del Consejo de Estado de
201846 y 202047, pese a que ya había consolidado su estatus pensional.

45. Con el objeto de resolver lo planteado por la parte actora, la Subsección destaca
que los reproches de la demanda de revisión no encuadran en las causales por las
cuales se estructura la nulidad originada en la sentencia, acorde con el numeral quinto
del artículo 250 del CPACA. Por el contrario, lo alegado se refiere solamente a censurar
la interpretación y argumentación jurídica del Tribunal Administrativo de Santander,
por haber resuelto la controversia aplicando las sentencias de unificación del Consejo
de Estado.

46. Cabe destacar que el recurso extraordinario de revisión es un mecanismo
excepcional para romper la cosa juzgada de una sentencia únicamente en los eventos
precisos previstos por el legislador y la jurisprudencia, con naturaleza procedimental o
«aspectos que atañen a la validez intrínseca o insuficiencia de los elementos de
prueba que determinaron el sentido de la decisión». Por consiguiente, el citado recurso
no habilita que se surta una tercera instancia para que el interesado plantee
nuevamente las inconformidades que ya fueron resueltas por los jueces de instancia.
En este sentido, se pronunció la Sala de Decisión 13 de esta corporación48:

En atención a su carácter extraordinario, este recurso no es, en consecuencia, una
“tercera instancia” en la que puedan plantearse, nuevamente, argumentos de fondo en
relación con la sentencia que se pretende revisar. Por tal razón, las pretensiones deben
limitarse a demostrar la configuración de alguno de los supuestos contemplados en las
causales para su procedencia. De ahí que los vicios o errores en que se deban
fundamentar los recursos extraordinarios de revisión, conforme a las causales taxativas
previstas por el legislador en el artículo 250 del CPACA, sean eminentemente
procedimentales, pues ninguna causal cuestiona la labor intelectual de juzgamiento,
sino que involucran bien sea una irregularidad de carácter procesal (numeral 5°,
referido a la existencia de causal de nulidad originada en la sentencia, y numeral 8°,
referido al desconocimiento de la cosa juzgada), o bien, aspectos que atañen a la
validez intrínseca o insuficiencia de los elementos de prueba que determinaron el
sentido de la decisión (numerales 1°, 2°, 3°, 6° y 7°), a excepción de la causal del
numeral 4°, referida a la violencia o cohecho en que se pudo incurrir en el
pronunciamiento del fallo. El recurso extraordinario de revisión no puede ser utilizado
como una tercera instancia para debatir los argumentos de hecho o de derecho que
debieron ser objeto del proceso ordinario, en tanto que es una excepción al fenómeno
de cosa juzgada.

47. Dentro del objeto del recurso tampoco está previsto que el desconocimiento de
la jurisprudencia sea un supuesto que configura la causal de nulidad originada en la
sentencia, puesto que no constituye un vicio formal del fallo49. En efecto, la Sala 13
Especial de Decisión, en la sentencia del 7 de abril de 201550 señaló frente al

46 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso – Administrativo, sentencia del 28 de agosto de 2018, proceso

con radicado 52001-23-33-000-2012-00143-01, M.P. César Palomino Cortés.
47 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 11 de junio de 2020, proceso con radicado

05001-23-33-000-2012-00272-01 (1882-14)
48 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 13, sentencia del 7 de abril de 2015, proceso con radicado 11001-

03-15-000-2013 02724-00.
49 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 2, sentencia del 4 de agosto de 2020, proceso con radicado 11001-

03-15-000-2016-03553-00. En el mismo sentido, se pronunció la providencia del 11 de junio de 2024, Sala Especial
de Decisión 16, proceso con radicado 11001-03-15-000-2020-03993-00.
50 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 13, sentencia del 7 de abril de 2015, proceso con radicado 11001-

03-15-000-2013 02724-00.

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desconocimiento del precedente judicial que el legislador previó el recurso
extraordinario de unificación de jurisprudencia contra las providencias de única y
segunda instancia proferidas por los tribunales administrativos, en los eventos en que
se opongan a un fallo de unificación del Consejo de Estado. Esta providencia señaló
que según la Corte Constitucional cuando se alega el desconocimiento del precedente
«el recurso extraordinario de revisión no es el mecanismo judicial idóneo para atacar
dicho vicio o defecto de la sentencia, ya que no fue previsto por el legislador como una
causal de dicho recurso51».

48. Así las cosas, de la lectura del recurso extraordinario de revisión es claro que el
reproche de la accionante concierne a que solicita la aplicación del fallo del 4 de agosto
de 2010 de la Sección Segunda del Consejo de Estado, para que se ordene la
reliquidación de su pensión con todos los factores salariales devengados en los últimos
seis meses de servicios, según el Decreto 929 de 1976, que regulaba el régimen
pensional especial de la Contraloría General de la República. Por consiguiente, la
Subsección concluye que no se configura la causal de nulidad originada en la
sentencia.

49. Ahora bien, la parte también señaló que se le aplicó retroactivamente el fallo de
unificación del 28 de agosto de 201852, proferido por la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo. Argumento que se desestima porque si bien la accionante afirma que
ya había adquirido su estatus pensional antes de la referida providencia, lo cierto es
que lo debatido el proceso ordinario fue la reliquidación de la pensión de vejez, y no el
derecho al reconocimiento pensional. De modo que el Tribunal Administrativo de
Santander decidió la controversia de conformidad con las sentencias de unificación
vigentes dictadas por el Consejo de Estado53.

50. Se reitera que a través del recurso extraordinario de revisión es improcedente
alegar el desconocimiento de los precedentes de unificación, lo que excluye el estudio
de los demás argumentos de la demanda; sin embargo, para dar respuesta a lo
alegado por la actora se indica que para el 7 de diciembre de 2020, cuando fue dictado
el fallo de segunda instancia, eran de obligatorio cumplimiento las sentencias de
unificación del 28 de agosto de 201854 y del 11 de junio de 202055, debido a su fuerza
vinculante. Estas providencias determinaron como regla de unificación que el ingreso
base de liquidación de los beneficiarios del régimen de transición regulado en el
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, está regulado en los artículos 21 y 36 idem. En
efecto, el fallo del 11 de junio de 2020 señaló «el ingreso base de liquidación de las
pensiones reconocidas con los requisitos del Decreto 929 de 1976 en virtud del
régimen de transición de la Ley 100 de 1993, en cuanto al periodo corresponde a las
variables previstas en los artículos 21 y 36 de esta norma».

51. Esta sentencia del 11 de junio de 2020 también determinó los efectos del
cambio de jurisprudencia, al indicar en las reglas de unificación, que «el efecto de la
presente sentencia de unificación será retrospectivo y, por ende, la regla

51 Cfr. Corte Constitucional. Sentencias T-100 de 2010, T-918 de 2010 y T-830 de 2012, entre otras.
52 Proceso con radicado 52001-23-33-000-2012-00143-01.
53 En este mismo sentido, se ha pronunciado esta corporación en las sentencias del 24 de julio de 2025, Sección

Segunda, Subsección A, proceso con radicado 11001-03-25-000-2021-00747-00 (4227-2021) y del 27 de marzo de
2025, proceso con radicado 11001-03-25-000-2020-00911-00 (2747-2020).
54 Proceso con radicado 52001-23-33-000-2012-00143-01.
55 Proceso con radicado 05001-23-33-00-2012-00572-01 (1882-2014).

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jurisprudencial fijada es vinculante para los casos pendientes de decisión tanto en vía
administrativa como en sede judicial».

52. Por otra parte, la parte actora cuestiona la validez de los fallos de unificación
del 28 de agosto de 201856 y del 11 de junio de 202057; sin embargo, esta corporación
ya ha considerado que «resultan ajenos al examen que corresponde efectuar en sede
de revisión, el cual no puede extenderse a la jurisprudencia que el fallador utilizó para
sustentar la decisión. Una interpretación en ese sentido implicaría aceptar que, en el
marco de esta herramienta extraordinaria, es posible efectuar un juicio de legalidad en
abstracto sobre cualquier providencia que se cite en el fallo a revisar, lo que claramente
no se acompasa con la naturaleza, alcance y objeto del recurso de revisión»58.

53. A partir de lo expuesto, la Sala observa que los argumentos presentados por la
recurrente no tienen la aptitud para configurar la causal invocada. Concretamente, la
supuesta inconstitucionalidad de las reglas de unificación de esta corporación,
representan inconformidades ajenas a la naturaleza del recurso extraordinario de
revisión. Los cuestionamientos formulados se limitaron a atacar las razones jurídicas
que sustentaron la sentencia objeto de revisión, sin demostrar una verdadera
vulneración sustancial del derecho al debido proceso.

54. Ahora bien, sobre la alegada vulneración del derecho al debido proceso
probatorio, la Corte Constitucional ha reconocido que el decreto y la práctica de las
pruebas son parte esencial de aquel59. Sin embargo, es importante respetar el principio
general de la carga de la prueba, según el cual incumbe a las partes probar el supuesto
de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen (art. 167
del Código General del Proceso).

55. Así pues, la Sala considera que lo expuesto por la recurrente no constituye una
vulneración del derecho al debido proceso probatorio, puesto que el recurso
extraordinario de revisión no está destinado para «reabrir el debate probatorio de las
instancias, sino que su procedencia está delimitada a las causales previstas por el
legislador»60. De igual manera, el recurso tampoco es una tercera instancia que
permita entrar a determinar a través de un estudio matemático la correcta liquidación
de la mesada pensional, máxime cuando la interesada no argumentó de forma
suficiente en qué consistían los cálculos aritméticos que, en su criterio, debió efectuar
el Tribunal.

2.8. Costas

56. En este punto, para decidir sobre las costas procesales, la presente providencia
acogerá el criterio de interpretación mayoritario61 de la Subsección sobre el artículo

56 Proceso con radicado 52001-23-33-000-2012-00143-01.
57 Proceso con radicado 05001-23-33-00-2012-00572-01 (1882-2014).
58 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 16, proceso con radicado 11001-03-15-000-2020-03993-00.
59 Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-099 del 17 de marzo de 2022. Expediente D-14274. M.P (e).

Karena Caselles Hernández.
60 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 7, proceso con radicado 11001-03-15-000-2020-03013-00(REV),

M.P. Martín Bermudez Muñoz.
61 La magistrada ponente considera que la modificación que la Ley 2080 de 2021 introdujo al artículo 255 del

CPACA, en materia de costas, implica la adopción de un criterio objetivo valorativo por varias razones, a saber: (i)
se adopta la regla de procedencia en materia de costas para el recurso extraordinario de revisión bajo el supuesto
de que se declare infundado el recurso; (ii) el artículo 255 del CPACA debe leerse conjuntamente con los artículos
365 y 366 del CGP para efectos de verificar la causación y la comprobación de las cosas procesales; y (iii) la

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Recurrente: Silvia Sandoval Suárez

255 del CPACA, modificado por el artículo 70 de la Ley 2080 de 2021, consistente en
que para decretar la condena en costas debe verificarse, a través de un juicio de
ponderación subjetiva, si la parte vencida actuó de manera temeraria o de mala fe 62.
Por lo tanto, en el caso concreto, no habrá lugar a imponer dicha condena en atención
a que, si bien el recurso se declarará infundado, no se advierte que la parte recurrente
haya incurrido en las anteriores conductas, durante el trámite del presente asunto.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Declarar infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la
señora Silvia Sandoval Suárez contra la sentencia proferida el 7 de diciembre de 2020
por el Tribunal Administrativo de Santander, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.

Segundo: Sin condena en costas.

Tercero: Archivar el expediente de la referencia, una vez realizadas las anotaciones
pertinentes en el sistema de Gestión Judicial Samai.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado Electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta a través del siguiente enlace https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspxx.

temeridad o mala fe deben ser valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el
propósito de determinar la eventual responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas».
62 Sobre el particular, pueden verse las sentencias de: (i) 22 de agosto de 2024, Rad. 11001-03-25-000-2016-00813-

00 (3722-2016). M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sección
Segunda, Subsección B; (ii) 18 de julio de 2024, Rad. 11001-03-25-000-2017-00079-00 (0354-2017). M.P. Jorge
Edison Portocarrero Banguera, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B.

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