Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2022-00301-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2022-00301-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2022-00301-00
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
28 de noviembre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D.C., veintiocho (28) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
Radicación: 11001-03-25-000-2022-00301-00 (2326-2022)
Demandante: Leocadio Nova Soto
Demandado: Caja de Retiro de las Fuerzas Militares (CREMIL)
Tema: Reajuste de la prima de actividad en la asignación de retiro.
Incremento del porcentaje de la prima de actividad. Objeto del
recurso no guarda relación con el marco de la litis en el proceso
ordinario.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
La Sala decide el recurso extraordinario de revisión que interpuso1 el señor Leocadio
Nova Soto contra la sentencia del 8 de febrero de 2022, proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia2, para lo cual invocó la causal contenida en el numeral 5,
que permite la revisión de providencias judiciales ejecutoriadas por «[e]xistir nulidad
originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso
de apelación».
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
Que el señor Leocadio Nova Soto, por haber prestado servicios al Ejército Nacional,
recibió la asignación de retiro mediante la Resolución 782 del 24 de abril de 1989,
teniendo en cuenta el subsidio familiar en un 43%, las primas de actividad en un 23%
y navidad en una doceava parte.
Que el 10 de mayo de 2016, solicitó a la entidad el reajuste y pago por concepto de
prima de actividad al 41.5%, la cual fue rechazada mediante el Oficio 2016-36928 de
1 de junio de 2016.
Que en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
presentó demanda contra la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares (CREMIL),
solicitando la nulidad del Oficio 2016-36928 de 1 de junio de 2016.
Que como restablecimiento del derecho, solicitó: i) la reliquidación de su asignación
de retiro con un porcentaje del 41,5% por prima de actividad; ii) el pago retroactivo de
los valores adeudados de manera indexada y; iii) el cumplimiento de la sentencia
según los artículos 194 y 195 del CPACA.
Que el Juzgado Diecinueve Administrativo de Medellín, mediante sentencia del 15 de
agosto de 2019, negó sus pretensiones, argumentando que la liquidación realizada por
1 La presentación del recurso se efectuó el 11 de mayo de 2022, de acuerdo con la anotación efectuada por la
Secretaría de la Sección Segunda de esta Corporación que reposa en el índice 1 de SAMAI.
2 Decisión que confirmó la sentencia proferida el 15 de agosto de 2019 por el Juzgado Diecinueve Administrativo
del Circuito de Medellín que negó las pretensiones dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
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la entidad estaba ajustada a derecho por efectuarse con base en la norma que estaba
vigente al momento de consolidarse el derecho y respecto al incremento dispuesto en
el Decreto 2863 de 2007 considera que CREMIL hizo una adecuada interpretación del
artículo 4 ya que el porcentaje para liquidar la prima de actividad de la asignación de
retiro se calculó con el valor que devengaba, más no sobre el que percibe el personal
activo, sin que resulte ajustada la interpretación que realiza el demandante de
pretender que los retirados perciban el mismo porcentaje y monto que el personal
militar en servicio activo.
Que el demandante apeló, argumentando que, la apoderada que lo representaba con
anterioridad incurrió en un error de digitación al solicitar el incremento de la prima de
actividad al 41,5%, con fundamento en el derogado Decreto 2863 de 2007, a pesar de
que este ya había sido reconocido de oficio.
Que en realidad pretendía un aumento en la prima de actividad del 49,5% establecido
a partir del Decreto 673 de 2008, cuyo porcentaje se ha mantenido a través de los
Decretos 737 de 2009, 1530 de 2010, 1050 de 2011, 1017 de 2013, 187 de 2014, 1028
de 2015, 1214 de 2016, 984 de 2017, 324 de 2018 y 1002 de 2019.
Que no le asiste razón al a quo al considerar que CREMIL interpretó en debida forma
la norma para liquidar la prima de actividad sobre el porcentaje que devengaba 37.5%,
puesto que a parir de 2008 debió incrementarla de oficio al 49.5%, tal como hizo
cuando se expidió el Decreto 2863 de 2007.
Que el Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante sentencia del 8 de febrero de
2022, confirmó la decisión de primera instancia.
SENTENCIA OBJETO DE REVISIÓN
En la providencia del 8 de febrero de 2022, el Tribunal Administrativo de Antioquia
confirmó la decisión de primera instancia, determinando que del análisis del poder,
demanda y pruebas documentales que obran en el expediente como el derecho de
petición radicado ante CREMIL y el acta de audiencia inicial, se desprende, sin lugar
a dudas que las pretensiones de la demanda no son otras que ajustar la asignación de
retiro del demandante incrementando la prima de actividad al 41.5%, de acuerdo con
lo establecido en el Decreto 2863 de 2007 y no al 49,5%, según el Decreto 673 de
2008, como se pretende con el recurso de apelación.
Que la parte actora pretende, por medio de la alzada pretende introducir nuevos
argumentos y modificar hechos, pretensiones, fundamentos jurídicos de la demanda,
entre otros aspectos, cuando el mismo órgano de cierre de la jurisdicción ha señalado
que el recurso de apelación no puede entenderse como un mecanismo para reformar
la demanda o cambiar la causa petendi, para lo cual se apoyó en la citación de las
providencias del 24 de octubre de 2016, exp. 34.357, del 30 de noviembre de 2006,
exp. 16.5836 y del 18 de octubre de 2007, exp. 15.528.
Que como el recurso de apelación no tiene por objeto que las partes adicionen o
modifiquen sus demandas y sorprendan a su contraparte con cargos nuevos frente a
los cuales no tuvo oportunidad de defenderse ni solicitar pruebas, no tiene objeto que
se emita pronunciamiento alguno.
Finalmente, se abstuvo de condenar en costas a la parte demandante en segunda
instancia, con fundamento en los numeral 5 y 8 del artículo 365 del Código General
del Proceso, debido a que no se acreditó la causación de gasto alguno dentro de la
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actuación.
RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
El señor Leocadio Nova Soto, en ejercicio del mecanismo establecido en el artículo
250 de la Ley 1437 de 2011, presentó recurso extraordinario de revisión al considerar
que la sentencia está incursa en la causal 5 de la citada legislación.
Solicita la revocatoria de las sentencias de primera y segunda instancia y la emisión
de una decisión de reemplazo que acceda a las pretensiones de nulidad y
restablecimiento del derecho. Asimismo, requiere que se condene a CREMIL al pago
de intereses de mora, la indexación y la actualización de las sumas adeudadas
conforme al índice de precios al consumidor. Para el efecto se valió de los siguientes
argumentos:
Que el ad quem omitió pronunciarse sobre aspectos esenciales del medio de control,
vulnerando derechos fundamentales consagrados en el preámbulo de la Constitución
y en los artículos 2, 4, 6, 13, 29, 48, 53, 90, 93, 229 y 230. Argumenta además que no
existe disposición legal que limite a un 50% los incrementos en las asignaciones de
retiro o pensiones, criterio que contraviene las normas que garantizan el derecho a
tales incrementos. Sostiene que esta situación se origina en la aplicación de decretos
anuales, desde la expedición del Decreto 2863 de 2007, que modificó los Decretos
1211, 1212, 1214 y 673 de 2008, hasta el vigente Decreto 466 de 2022.
En cuanto a los argumentos planteados en la apelación, manifiesta que, aunque se
evidenció un error en la actuación de la apoderada en primera instancia, este no
desvirtúa la obligación de analizar de manera integral la normativa aplicable. En
particular, resalta que el juez de primera instancia no tuvo en cuenta el artículo 31 del
Decreto 673 de 2008, que establece un incremento del 49,5% en la prima de actividad.
Dicho porcentaje debía evaluarse en conjunto con el artículo 37 del mismo decreto y
con el principio de oscilación derivado del Decreto 2863 de 2007.
Afirma que no se produjo un cambio en la causa petendi, ya que el recurso de
apelación se limitó al incremento de la prima de actividad establecido conforme a la
Ley 4 de 1992 y reiterado en la Ley 923 de 2004 junto con su Decreto 4433 de 2004.
Sostiene además que CREMIL debió reflejar un incremento del 41,5% en lugar del
37,5% aplicado, en consonancia con los aumentos otorgados al personal activo, tal
como lo establece el principio de oscilación.
Que el Tribunal Administrativo de Antioquia fundamentó su decisión en normas
derogadas y omitió un análisis exhaustivo de los derechos asociados al incremento de
la prima de actividad. Esto, a su juicio, constituyó una indebida motivación que derivó
en defectos sustantivos, procedimentales y fácticos, contrarios a los parámetros
establecidos por la Corte Constitucional en las sentencias C-543 de 1992 y C-590 de
2005.
Que el Tribunal convalida errores de la entidad pública en la aplicación de normas para
liquidar la prima de actividad, pues desconoce que el porcentaje de incremento a las
asignaciones de retiro debe corresponder al porcentaje otorgado al personal activo,
como lo ordena el principio de oscilación, lo que afecta derechos fundamentales como
el debido proceso, la seguridad social y el mínimo vital.
Que al confirmarse la sentencia de primera instancia omitió resolver de manera
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específica la pretensión principal, lo que resultó en una sentencia inhibitoria. Además,
cuestiona que CREMIL interpretó y aplicó de manera arbitraria el artículo 31 del
Decreto 673 de 2008, incrementando el 50% de los valores devengados sin atender a
los criterios de tiempo y antigüedad estipulados en el Decreto 2863 de 2007.
Finalmente, hace referencia a un precedente del Consejo de Estado (sentencia del 7
de marzo de 2013, exp. 2108-10) en el que se ajustó la asignación de retiro al 55% de
la prima de actividad, para destacar que este factor cuenta con fundamentos legales
que respaldan su reconocimiento, aunque el caso citado involucra a un agente de
policía y no a un miembro de las Fuerzas Militares.
Contestación al recurso extraordinario de revisión3
CREMIL contestó el recurso solicitando su improcedencia, argumentando que el
recurrente no identificó ninguna de las causales de nulidad del artículo 133 del CGP
que respaldara su pretensión, lo cual impide el análisis del recurso extraordinario.
Además, advirtió que el libelo introductorio intenta reabrir el debate del proceso inicial,
desconociendo el carácter excepcional del recurso de revisión.
Que el accionante, Sargento Primero (r) Leocadio Nova Soto, adquirió el estatus de
retirado el 24 de abril de 1989, bajo el Decreto Ley 95 de 1989. En esa fecha, CREMIL
reconoció su asignación de retiro mediante Resolución 782 de 1989, equivalente al
82% de su sueldo básico, incluyendo partidas computables como sueldo básico (25%),
prima de antigüedad (23%), subsidio familiar (43%) y doceava de la prima de Navidad.
El porcentaje otorgado fue el máximo permitido por la legislación vigente para la época,
considerando su tiempo de servicio (23 años, 1 mes y 21 días).
Que posteriormente, aunque los Decretos 1211 de 1990, 2070 de 2003 y 4433 de 2004
no modificaron derechos ya consolidados, el Decreto 2863 de 2007 incrementó la
prima de actividad para miembros activos y retirados al 50% de lo devengado. Sin
embargo, esta norma no alteró la base de liquidación previamente establecida, como
erróneamente argumenta el demandante y la entidad aplicó correctamente el
incremento proporcional al tiempo de servicio, ajustando el porcentaje del 25% al
37.5%, garantizando el poder adquisitivo de la asignación de retiro.
Que el reconocimiento de la asignación cumple con la normativa vigente, y que la
demanda carece de fundamento, ya que la Administración no puede otorgar derechos
no previstos en el ordenamiento jurídico.
Concepto del Ministerio Público
La Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado guardó silencio en esta
oportunidad.
CONSIDERACIONES
Corresponde a la Sala determinar si procede la revisión de la sentencia emitida el 8 de
febrero de 2022 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, considerando la causal
presentada por el recurrente.
3 La entidad fue notificada del auto admisorio del recurso de revisión el día 14 de agosto de 2023. Véase índice
00010 de SAMAI.
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Para el efecto, la Sala hará referencia a: i) generalidades del recurso extraordinario de
revisión, ii) causal de revisión invocada, y iii) se examinará el caso concreto.
Generalidades del recurso extraordinario de revisión
El recurso extraordinario de revisión es un mecanismo procesal de control de las
decisiones que han hecho tránsito a cosa juzgada. En términos de artículo 248 del
CPACA:
«Artículo 248. El recurso extraordinario de revisión procede contra las
sentencias ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la
Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por los
Tribunales Administrativos y por los jueces administrativos».
El objetivo principal de esta vía extraordinaria es invalidar los efectos legales de una
sentencia ya ejecutoriada4. De acuerdo con las causales establecidas en el artículo 250
del CPACA, busca restaurar el principio de justicia material y la supremacía de las
garantías procesales cuando se constate que la decisión estuvo afectada por alguno de
los siguientes eventos:
i) Aparición de circunstancias desconocidas al momento de dictar el fallo, las cuales, de
haber sido conocidos, habrían llevado a una sentencia diferente, como la aparición de
documentos esenciales que no pudieron ser conocidos por fuerza mayor o caso fortuito,
la existencia de un tercero con mejor derecho que el beneficiado con la sentencia
cuestionada o la desaparición, al momento del reconocimiento, de las razones que
justificaban que se hubiera decretado la prestación periódica.
ii) Descubrimiento de hechos delictivos o fraudulentos que fueron determinantes en la
adopción de la sentencia que se pretende anular, como el hallazgo de documentos falsos
o adulterados, peritajes fraudulentos, o la ocultación de documentos relevantes por
alguna de las partes. Esto incluye también la posible influencia de cohecho o violencia
en la emisión del fallo.
iii) Existencia de nulidades originadas en la sentencia que puso fin al proceso y que no
podían ser objeto de recurso de apelación.
iv) Contradicciones de la sentencia con otra anterior que constituya cosa juzgada 5.
Si bien la revisión constituye una vía impugnativa que afecta el principio de la
inmutabilidad de las sentencias ejecutoriadas y, por ende, constituye una excepción al
principio de la cosa juzgada, ello no implica que sea un mecanismo que habilite una
tercera instancia para discutir los problemas jurídicos debatidos en sede ordinaria, para
plantear nuevas interpretaciones del litigio, para corregir los yerros probatorios que
cometieron las partes ni para subsanar aquellas situaciones que pudieron evitarse
durante la gestión del proceso que dio origen a la sentencia objeto de revisión.
En efecto, para que el juez pueda entrar a examinar la controversia materia del recurso,
es necesario que la causal invocada por la recurrente se encuentre debidamente
acreditada, pues como lo ha establecido la Sala Plena de esta Corporación este
4 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda, Subsección A. 15 de marzo de
2018. Radicación: 1001-03-25-000-2014-00862-00. Interno: 2668-2014. Recurrente: Horacio Chala. Demandado:
Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional.
5 De acuerdo con la clasificación presentada en Garzón Martínez, Juan Carlos (2021). Proceso contencioso
administrativo. Fase escrita – Fase oral. 2° Edición. Grupo editorial Ibañez (2° Ed. pp. 612-613)
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mecanismo extraordinario procede por especiales circunstancias consagradas
taxativamente en la ley6.
Causal quinta de revisión: Nulidad en la sentencia
El numeral 5 del artículo 250 del CPACA dispone que es causal de revisión el hecho
de que exista «[…] nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra
la que no procede recurso de apelación […]». En ese sentido, la norma se limitó a
establecer como requisito de esta causal que se configure una nulidad en la sentencia,
pero no definió las causales, por tanto, le correspondió a la jurisprudencia llenar dicha
causal de contenido, en atención a las múltiples interpretaciones que se generaban
alrededor de la misma.
Según la posición actual del Consejo de Estado, la nulidad predicable de una sentencia
de instancia se estructura por: (i) la ocurrencia de alguna de las hipótesis
taxativamente reguladas por el artículo 133 del Código General del Proceso (CGP); o
(ii) la existencia de irregularidades insanables que afecten sustancialmente el derecho
al debido proceso, al punto que, de no haber ocurrido, la decisión habría sido diferente.
Fuera de los supuestos del artículo 133 del CGP, no toda anomalía en una sentencia
puede desvirtuar sus efectos de cosa juzgada. A modo enunciativo, la jurisprudencia
ha señalado que esto ocurre en situaciones como: «(i) es inhibitorio; (ii) se profiere sin
motivación alguna; (iii) transgrede el principio de la non reformatio in pejus; (iv)
condena a un tercero que no ha sido vinculado como parte al proceso; (v) se pronuncia
sobre aspectos que no le corresponden, esto es, sin competencia o jurisdicción, según
el caso; (vi) se profiere en un proceso que había terminado por desistimiento,
transacción o perención; (v) no cuenta con el número de votos requerido para su
aprobación y (vi) desconoce el principio de congruencia bien sea por una condena
extra, ultra o infra petita»7
La Sala Plena del Consejo de Estado, en providencias como la del 31 de mayo de
20118 ha identificado otros eventos en los que se configura la nulidad en la sentencia,
tales como:
«[…] i) falta de jurisdicción o competencia, ii) cuando se dicta nueva
sentencia en proceso terminado normalmente por sentencia firme, iii) cuando
sin más actuación se dicta sentencia después de ejecutoriado el auto por el
cual hubiera sido aceptado el desistimiento, aprobada la transacción o
declarada la perención del proceso, iv) cuando se dicta sentencia como única
actuación, sin el previo trámite correspondiente, v) cuando se condena al
demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la
demanda o por causa diferente de la invocada en ésta, vi) cuando se
condena a quien no ha sido parte en el proceso, vii) o cuando, sin más
actuación, se profiere sentencia después de ocurrida cualquiera de las
causas legales de interrupción o de suspensión o, en estos casos, antes de
la oportunidad debida, viii) cuando la sentencia aparece firmada con mayor
o menor número de magistrados, o adoptada con un número de votos diverso
al previsto en la ley, ix) cuando la providencia carece completamente de
motivación».
Igualmente, junto a este criterio se ha aceptado también que la vulneración del
derecho al debido proceso constituye una variable de la causal establecida en el
numeral 5 antes mencionado, al indicar que:
6 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 21 de octubre de 1.993. Exp. Rev
040.
7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión 19, sentencia del 16 de marzo
de 2022, radicado núm. 11001-03-15-000-2021-00921-00.
8 Radicado núm. 11001-03-15-000-2008-00294-00.
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«(…) la violación al debido proceso constitucional en la sentencia puede ser
causal de revisión. En este último evento, corresponderá al juez determinar
si el hecho que se dice contrario a este derecho, puede configurar la causal
de revisión en comento9»
Se ha reconocido además que la violación del principio de congruencia tiene la
potencialidad de originar una nulidad en la sentencia que puso fin al proceso. Veamos:
«Ahora bien, la causal quinta del artículo 250 del CPACA también comprende
la violación del principio de congruencia cuando al accionado es condenado
por cantidad superior, o por objeto distinto del pretendido en la demanda o
por causa diferente a la invocada en ésta; también se configura en el evento
que la sentencia no se pronuncie sobre todos los puntos litigiosos objeto del
debate (cifra petita)»10
De acuerdo con lo expuesto, por fuera de los supuestos que consagra el artículo 133
citado, existen otras causas desarrolladas jurisprudencialmente que comportan una
anomalía respecto de la sentencia y que podrían desvirtuar sus efectos de cosa juzgada.
La concreción y extensión de esta causal de revisión a otros eventos insanables que
implican la violación de derechos constitucionales y procesales obedece, como lo ha
establecido este máximo órgano, a la finalidad misma del recurso extraordinario de
revisión: permitir que decisiones manifiestamente injustas sean examinadas, y garantizar
el principio de seguridad jurídica limitando la procedencia de la causal a situaciones
excepcionales en las que la anomalía sea de tal relevancia constitucional que, sin ella,
el fallo se hubiera proferido en otro sentido11.
Finalmente, es preciso resaltar que la nulidad se desprenda directamente de la sentencia
objeto del recurso extraordinario, es decir, que el vicio se estructure en el momento
procesal en que se dicta la decisión judicial. Si la nulidad proviene de una situación
anterior no oportunamente alegada, la regla general será su saneamiento. Sin embargo,
la jurisprudencia ha aceptado como nulidad originada en la sentencia aquella que,
aunque se presenta antes de la emisión del fallo, no pudo ser advertida por el afectado,
quien tiene la carga procesal de demostrar esta circunstancia12.
Principio de congruencia
Sobre la congruencia de la sentencia, el artículo 281 del CGP, prevé:
«ARTÍCULO 281. CONGRUENCIAS. La sentencia deberá estar en
consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y
en las demás oportunidades que este código contempla y con las
excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo
exige la ley.
No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto
distinto del pretendido en la demanda ni por causa diferente a la invocada en
esta.
9 Consejo de Estado. Sala Especial No. 26. Expediente: 11001-03-15-000-2011-01639-00 Demandante: Vehivalle
S.A. Referencia: Recurso extraordinario de revisión. Consejera Ponente, doctora Olga Melida Valle
10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección "B", 7 de septiembre de
2018. C.P. César Palomino Cortés. Radicación número: 11001-03-25-000-2014-00440-00(1452-14)
11 En este mismo sentido se puede consultar: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala
Especial de Decisión N° 19, sentencia del 18 de agosto de 2020, radicación: 11001-03-15-000-2017-02369-00,
demandante: Pedro José Vaca López.
12 Al respecto pueden consultarse las sentencias proferidas por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el
3 de diciembre de 2019 (Sala Tercera Especial de Decisión; radicación 11001-03-15-000-2018-01235-00) y el 3 de
diciembre de 2019 (Sala Séptima Especial de Decisión; radicación: 11001-03-15-000-2012-00643-00).
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Radicado: 11001-03-25-000-2022-00301-00 (2326-2022)
Si lo pedido por el demandante excede de lo probado se le reconocerá
solamente lo último.
En la sentencia se tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo
del derecho sustancial sobre el cual verse el litigio, ocurrido después de
haberse propuesto la demanda, siempre que aparezca probado y que haya
sido alegado por la parte interesada a más tardar en su alegato de conclusión
o que la ley permita considerarlo de oficio […]».
Al respecto, la Sección Primera de esta Corporación, en sentencia del 25 de enero de
201813, señaló que el principio de congruencia es entendido como el deber legal que
tienen los funcionarios judiciales de resolver un asunto puesto en su conocimiento con
fundamento en las pretensiones, las pruebas aportadas, las normas aplicables y lo
alegado por las partes, sin incurrir en fallos ultrapetita, extrapetita o minuspetita14, como
regla general.
Sobre el particular, la Sala Plena de esta corporación se pronunció en los siguientes
términos:
«[…] El juez de la revisión debe cuidarse de no incurrir en el error de
confundir la disconformidad que puedan tener los sujetos procesales frente
a lo argumentado y decidido en el fallo en cuestión, con la falta de armonía
sustancial que inexorablemente debe darse entre la parte motiva y la
dispositiva de la providencia, ya que en el primer supuesto, el recurso
extraordinario debe negarse, pues el mismo se estaría empleando para
mimetizar tesis o razones propias de los recursos ordinarios o de las
discusiones de instancia, pero no de las que por su naturaleza especial se
requieren para este tipo de recursos extraordinarios […]».15
Según lo expuesto, se procede a resolver la controversia a la luz de dichos parámetros.
Caso concreto
Del material probatorio obrante en el expediente, se observa que través de la
Resolución 782 de 24 de abril de 1989, CREMIL reconoció la asignación de retiro al
señor Leocadio Nova Soto, efectiva a partir del 1.° de mayo de 1989. Esta prestación
fue liquidada en cuantía equivalente al 82% del sueldo de actividad correspondiente a
su grado, incluyendo en la liquidación las partidas computables dispuestas en la ley,
entre ellas la «prima de actividad» equivalente al 25%.
Posteriormente, el señor Nova Soto solicitó a CREMIL el reajuste de su asignación de
retiro por incremento de la partida computable denominada prima de actividad en un
«41.5% sobre su asignación básica de acuerdo con lo establecido en el Decreto 2863
de 2007». Esta solicitud fue denegada mediante el Oficio 211 del 1.° de junio de 2016.
Ante la negativa, el hoy recurrente presentó demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho contra de CREMIL, solicitando la anulación del acto administrativo mencionado
y, como restablecimiento, el reajuste de su asignación de retiro con el incremento de la
13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Radicado: 25000-23-41-000-2013-
00911-01.
14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala 22 Especial de Revisión, providencia de 7 de abril
de 2015, radicación 11001-03-15-000-2013-00358-00 (REV).
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 16 de agosto de 2002,
radicación: 76001232400019970434501 (12668): «[…] Cuando en una providencia judicial, no se respeta el principio
de la congruencia, se incurre en lo que la doctrina ha llamado fallo “ultrapetita” que consiste en reconocer un mayor
derecho que el invocado por el demandante, “extrapetita”: cuando se reconoce un derecho que no ha sido reclamado
o cuando se reconoce un derecho reclamado o se acoge la pretensión pero por una causa diferente o deducida de
hechos no alegados, y “minuspetita”: cuando se omite el pronunciamiento sobre una de las pretensiones.»
15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala 22 Especial de Revisión, providencia de 7 de abril
de 2015, radicación 11001-03-15-000-2013-00358-00 (REV).
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Radicado: 11001-03-25-000-2022-00301-00 (2326-2022)
prima de actividad al 41,5% sobre su asignación básica, de acuerdo con el Decreto
2863 de 2007. Las pretensiones fueron sustentadas en la violación de normas
constitucionales y legales, entre ellas:
«[…] CN. ARTICULO 6° […]
La Entidad infringió este artículo al aplicar indebidamente el Decreto
2863 de julio de 2007 pues estaba obligada a establecer un aumento de
16,5% y solamente concedió el 12,5%
CN. ARTICULO 83. […]
No actuó de buena fe la Entidad al establecer un aumento que no
correspondía al mandato de una norma absolutamente clara como es el
Decreto 2863 de julio de 2007.
[…]
DECRETO 2853.
Articulo 2°. […]
Como se puede apreciar este articulo (sic) aumenta en un 50% el porcentaje
de la prima de actividad de que tratan los artículos 84 del Decreto-ley 1211
de 1990, 68 del Decreto-ley 1212 de 1990 y 38 del Decreto-ley 1214 de 1990.
El anterior aumento equivale al 50% del 33%, (16,5%), en razón a que el
artículo 84 del Decreto-ley 1211 de 1990 contempla un porcentaje del 33%
para el personal en servicio activo.
DECRETO 2863.
Articulo 4°. […]
¿Y cuál es el mismo porcentaje en que se reajustó el del activo
correspondiente?
Sin lugar a equívocos pues el 50% del 33% o sea 16,5%»16.
En tal medida, el litigio se fijó para determinar si al demandante le asistía el derecho a
que se le reajuste la asignación de retiro respecto de la prima de actividad en un
porcentaje del 41,5% sobre la asignación básica, de acuerdo con lo establecido en el
Decreto 2863 de 2007.
El proceso fue fallado en primera instancia por el Juzgado Diecinueve Administrativo
de Medellín, que negó las pretensiones al considerar que la negativa de la entidad se
ajustaba a derecho. Argumentó que la asignación de retiro se liquidó conforme a las
normas vigentes al momento de consolidarse el derecho. Además, encontró adecuada
la interpretación que realizó la entidad del artículo 4 ibidem, puesto que «[…] el
porcentaje para liquidar la prima de actividad de la asignación de retiro se calculó con
el valor que devengaba, más no sobre el que percibe el personal en servicio activo, sin
que resulte ajustada la interpretación que realiza el demandante para pretender que
los retirados perciban el mismo porcentaje y monto que el del personal militar en
servicio activo»17.
La Sala observa que, aunque la parte demandante apeló la decisión del a quo, allí
discutió el aumento del 49.5% en relación con la partida de «prima de actividad» de la
asignación de retiro, aspecto que no fue solicitado en la demanda inicial.
La apelación se centró en lo siguiente:
« […]
2. - Para el año 2008, el Gobierno Nacional al regular las prestaciones
sociales del personal de fuerza pública expide el Decreto 673 de 2008 y
en su articulo (sic) 31 el legislador modificar el monto de la prima de
actividad al 49.5%, al respecto dice mi poderdante que fue un error de
su apoderada puesto que el valor que pretendía en adelante al derogado
Decreto 2863 de 2007; ya había modificado el monto por este concepto.
[…]
16 Véase páginas 3 y 7-9 del archivo 03ExpedienteDigitalizadoParte1 que reposa en el índice 00018 de SAMAI.
17 Véase página 3 del archivo 03ExpedienteDigitalizado que reposa en el índice 00018 de SAMAI.
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Radicado: 11001-03-25-000-2022-00301-00 (2326-2022)
Lo que quiere significar, que el monto a reconocer en la asignación de retiro
y pensión siempre ha sido a partir del 2008 49.5% por prima de actividad y
solo para pagar prestaciones sociales diferentes a estas tales como;
Cesantias, Interés a la cesantías, Vacaciones Indemnización por muerte y
Pago Doble de Cesantías se hará teniendo en cuenta el tiempo de servicio
aumentado en un cincuenta 50%, es claro que los Decretos 1211, 1212 y
1214 de 1990 consagran el pago de las prestaciones aludidas; motivos
suficientes que deben tener en cuenta los Honorables Magistrados; para
revocar la decisión del ad quo y conceder el derecho deprecado.»18
De acuerdo con ello, el Tribunal Administrativo de Antioquia, resolvió confirmar la
decisión proferida por el a quo, con fundamento en que:
«[…] 29. La Sala advierte que en la demanda se solicitó reajustar la
asignación de retiro del demandante incrementando la prima de
actividad del 37.5% al 41.5%, en virtud de lo dispuesto en el Decreto
2863 de 2007. Sin embargo, en el recurso de apelación la parte actora
argumentó que la apoderada incurrió en error de digitación y que
realmente pretendía el reajuste de dicha prima en un 49.5%, en virtud
de lo dispuesto en el Decreto 673 de 2008.
30. Ahora bien, del análisis al poder, a la demanda, a las pruebas
documentales que obran dentro del expediente como lo son el derecho de
petición radicado ente CREMIL®, y el acta de la audiencia inicial (en especial
el acápite relativo a la fijación del litigio), se desprende, sin lugar a dudas que
las pretensiones de la demanda no son otras que reajustar la asignación de
retiro del demandante incrementando la prima de actividad al 41.5%, de
acuerdo con lo establecido en el Decreto 2863 de 2007 y no al 49.5%, según
el Decreto 673 de 2008, como se pretende en el recurso interpuesto.
31. Ahora bien, es claro que la parte actora pretende, por medio del recurso
de apelación interpuesto contra la sentencia de primer (sic) instancia,
introducir nuevos argumentos y modificar los hechos, pretensiones,
fundamentos jurídicos (sic) de la demanda entre otros aspectos.
[…]
34. Así las cosas, encuentra la Sala que por medio del recurso de apelación
no pueden decantarse nuevos argumentos, puesto que de ser incluidos
implicaría variar la causa petendi y un desconocimiento del debido proceso,
dado que sorprendería a la entidad pública demandada, cuya defensa y
medios exceptivos estuvieron enfocados a refutar los hechos presentados
en la demanda y, además, negaría su legitimo (sic) derecho de controvertir
y de aportar pruebas tendientes a rebatir los elementos de juicio recientes.
[…]»19.
Así, la sentencia del 8 de febrero de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, solo analizó si debía reconocerse al demandante el reajuste de su
asignación de retiro con el incremento de la partida computable «prima de actividad»
en un 41,5%, de que trata el Decreto 2863 de 2007, pues entorno a ello, el demandante
sustentó su demanda y se abstuvo de emitir un pronunciamiento sobre los reproches
que no fueron objeto de debate en primera instancia.
De allí que, es dable concluir que dicha decisión se ajustó a derecho, por cuanto el
artículo 328 del CGP20 prevé que la competencia del juez de segunda instancia está
18
Véase páginas 65-79 del archivo 03ExpedienteDigitalizadoParte3 que reposa en el índice 00018 de SAMAI.
19
Véase páginas 56-57 del archivo 04ExpedienteDigitalizadoParte4 que reposa en el índice 00018 de SAMAI.
20
«ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de
oficio, en los casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso,
el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas
y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación
fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales
deberán alegarse durante la audiencia.»
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Radicado: 11001-03-25-000-2022-00301-00 (2326-2022)
limitada a los argumentos de la alzada, los cuales además deben ser necesariamente
coincidentes con los fundamentos de las pretensiones expresadas en la demanda, y
en ese sentido se desató el recurso.
Cabe recordar que la justicia contenciosa administrativa opera bajo el principio de
justicia rogada, lo que implica, por regla general, en términos de la Corte Constitucional
que «[…] el operador jurídico no puede actuar de manera oficiosa, sino que su
actividad se desarrolla respecto de los cargos que los ciudadanos plantean en ejercicio
de las acciones constitucionales y legales que han sido previstas por el Legislador. Por
consiguiente, el A quo no puede, al momento de tramitar y decidir de fondo el asunto,
rebasar el marco de la relación jurídico procesal trabada por las partes.»21
En esa línea, el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho requiere la
enunciación de las normas violadas y el concepto de violación, sin que le corresponda
al juzgador desatender el tema sobre el que debe decidir o la causa de la petición,
introduciendo nuevos elementos facticos y jurídicos, los cuales no fueron debatidos en
la primera instancia, so pena de exceder en el ámbito de sus competencias.
En efecto, el artículo 320 del Código General del Proceso dispone lo siguiente:
«Artículo 320. Fines de la apelación. El recurso de apelación tiene por
objeto que el superior examine la cuestión decidida, únicamente en
relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el
superior revoque o reforme la decisión». [N. fuera de texto]
Sobre esta especial exigencia en el marco del recurso de apelación, esta corporación
ha sostenido lo siguiente:
«En efecto, la sustentación del recurso delimita el pronunciamiento de la
segunda instancia, tal y como lo dispone el art. 357 del C de P.C.,
actualmente 328 del CGP, aplicable por remisión expresa del art. 267 del
C.C.A. Es así como las razones aducidas por el recurrente en la sustentación
de la apelación demarcan la competencia funcional del juez de segunda
instancia. Por lo cual, si no existen dichas razones o motivos de discrepancia
con la sentencia dictada, el recurso carece de objeto, máxime en el caso en
estudio, al apreciarse que los argumentos esgrimidos en el recurso de
apelación resultan incongruentes no solo frente a la sentencia proferida
por el A quo, sino también respecto de las pretensiones de la
demanda»22. (Negrillas fuera del texto original).
Esta corporación ha sido pacifica en considerar que los jueces administrativos carecen
por completo de facultades para variar la causa petendi que se plantea en la demanda
con fundamento en que la modificación del petitum y del marco fáctico implicaría un
«desconocimiento flagrante del principio relativo al debido proceso», pues con tal
proceder y de conformidad con el principio de congruencia y con apego al debido
proceso, «se sorprendería a la contraparte con cargos que nunca tuvo la posibilidad
de controvertir a lo largo del proceso»23.
En esa línea, ha dicho la misma Corte Constitucional que la incongruencia, además de
sorprender a las partes del proceso, las sitúa en una situación de indefensión que, de
subsistir, pese a la interposición de los recursos, y con mayor razón cuando éstos no
caben o se han propuesto infructuosamente, «se traduce inexorablemente en la
violación definitiva de su derecho de defensa»24.
21 Corte Constitucional. Sentencia SU 061 de 7 de junio de 2018. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
22 Citado en Consejo de Estado. Sentencia del 7 de abril de 2016. Exp. 0529-2015. M.P. William Hernández Gómez.
23 Consejo de Estado. Sentencia del 13 de agosto de 2021. Exp.: 05001-23-31-000-2009-00527-02 (65589), M.P.
Marta Nubia Velásquez Rico.
24 Corte Constitucional. Sentencia T-773 de 1.° de agosto de 2008. MP. Mauricio González Cuervo.
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Radicado: 11001-03-25-000-2022-00301-00 (2326-2022)
Entonces, es claro que el juez debe interpretar y aplicar la norma para resolver los
conflictos, pero está limitado a mantener inalterables las pretensiones solicitadas. Es
decir, no puede transgredir, ignorar o modificar lo pedido, en virtud de su vinculación
directa con el requisito de congruencia que deben cumplir las sentencias judiciales,
consistente en la identidad entre lo que el juez resuelve y la pretensión y defensa del
actor y de la demandada.
De haberse acogido el argumento del demandante en segunda instancia, el Tribunal
habría incurrido en una vulneración al debido proceso y a la congruencia procesal al
otorgar más de lo solicitado o algo distinto. En todo caso, debe tenerse en
consideración que la congruencia procesal conecta también con el principio iura novit
curia – del cual solicita aplicación la parte recurrente - constituyendo la primera un
límite para la segunda, sin que pueda entonces justificarse en ningún momento que en
aplicación a este último se dé la modificación del objeto de proceso.
La parte demandante, al apelar la sentencia, introdujo un argumento diferente al
formulado en la demanda inicial, alterando la causa petendi. En la demanda se
solicitaba un reajuste de la asignación de retiro con un incremento de la prima de
actividad en un 41,5%, con base en el Decreto 2863 de 2007. Sin embargo, en el
recurso de apelación se pretendió ampliar dicha solicitud, buscando un reajuste del
49,5% bajo el amparo del Decreto 673 de 2008. Esta variación sustancial vulnera el
principio de congruencia procesal, al modificar el objeto del litigio y los fundamentos
de hecho, contraviniendo la identidad que debe mantenerse entre las pretensiones
planteadas y el pronunciamiento judicial.
El objeto de la pretensión define los límites sobre los cuales debe pronunciarse el juez,
delimitando el alcance del litigio, del proceso y de la cosa juzgada. Por ello, resultaría
improcedente que esta Sala se pronunciara sobre el reajuste del 49,5% solicitado con
base en el Decreto 673 de 2008, dado que dicha pretensión no fue presentada ni en
sede administrativa ni en el proceso judicial.
La Sala considera acertada la decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia de no
admitir los nuevos argumentos introducidos en la apelación, dado que el recurso no
tiene como fin modificar la causa petendi, sino revisar los aspectos específicos
cuestionados sobre la sentencia de primera instancia, conforme al marco planteado en
la demanda inicial. Además, de permitir tal alteración se estaría avalando el
procesamiento de una pretensión respecto de la cual la entidad administrativa no tuvo
la oportunidad de pronunciarse en sede administrativa, en contravención de lo
dispuesto en el artículo 161 del CPACA.
El ad quem, al limitarse a analizar el objeto de la demanda, actuó en cumplimiento del
artículo 29 de la Constitución Política, en cuanto garantizó que se atentara en la
prohibición constitucional según la cual «[n]adie podrá ser juzgado sino conforme a
leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con
observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio»; actuación que no solo
es irreprochable, sino que constituye una salvaguarda del debido proceso en beneficio
de la entidad demandada.
En este contexto, debe recordarse que el recurso extraordinario de revisión no habilita
una tercera instancia para replantear temas ya litigados o corregir errores atribuibles a
las partes que pudieron evitarse durante la gestión del proceso que dio origen a la
sentencia objeto de revisión, en garantía del principio de seguridad jurídica.
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Radicado: 11001-03-25-000-2022-00301-00 (2326-2022)
Por lo expuesto, esta no es la oportunidad para discutir el reajuste de la asignación de
retiro del señor Leocardio Nova Soto en un 49,5% bajo el Decreto 673 de 2008, ya que
la parte demandante, en la demanda inicial o mediante su eventual reforma, debió
precisar dicha pretensión. Al no hacerlo, y limitarse a debatir el incremento del 41,5%,
la discusión planteada resulta ajena a la naturaleza del recurso extraordinario de
revisión.
En consecuencia, se concluye que no se configura la causal prevista en el numeral 5
del artículo 250 del CPACA, toda vez que el recurrente busca reabrir el debate
abordado en el proceso ordinario, lo cual desborda los límites del recurso
extraordinario de revisión. Además, aunque el demandante apeló la decisión de
primera instancia, los argumentos expuestos en dicha apelación no modificaron la
decisión inicial, dejando incólumes las pretensiones planteadas originalmente. Por
tanto, es improcedente intentar subsanar tal falencia mediante este recurso.
Por lo anterior, la Sala declarará infundado el recurso extraordinario de revisión
interpuesto contra la sentencia del 8 de febrero de 2022. En virtud de lo anterior, y por
sustracción de materia, se abstendrá de emitir pronunciamiento sobre los demás
reparos formulados, entre ellos, la indebida motivación de la decisión y la interpretación
normativa alegada.
Condena en costas
Sobre la condena en costas, es importante aclarar que la jurisprudencia de la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado venía aplicando el criterio
objetivo valorativo consagrado en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, según el
cual, en toda sentencia, el juez procederá a su reconocimiento cuando encuentre
demostrado en el proceso que estas se causaron, sin que en esa valoración fuera
relevante analizar si las partes actuaron de manera temeraria, malintencionada o de
mala fe. No obstante, dicho criterio fue variado con la adición efectuada por el artículo
47 de la Ley 2080 de 2021, en el que se indica que la condena en costas es viable,
siempre que se acredite que la parte vencida obró con manifiesta carencia de
fundamento legal.
Teniendo en cuenta el cambio introducido por el legislador en la materia, la Subsección
A de esta Sección, aclara que adoptó la postura en virtud de la cual, se deberá analizar
la conducta desplegada por las partes en el proceso, conforme al inciso 2 del artículo
188 de la Ley 1437 de 2011.
En el presente caso, se observa que el recurso de revisión no carece de
fundamentación legal que dé lugar a la condena en costas, por el contrario, en el
escrito contentivo del recurso el señor Leocadio Nova Soto expuso argumentos
razonables en defensa jurídica de sus intereses. En consecuencia, no se impondrá
condena en costas a la parte vencida.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Declarar infundada la acción de revisión presentada por el señor Leocadio
Nova Soto sentencia del 8 de febrero de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo
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Radicado: 11001-03-25-000-2022-00301-00 (2326-2022)
de Antioquia, que confirmó la sentencia proferida el 15 de agosto de 2019 por el
Juzgado Diecinueve Administrativo del Circuito de Medellín que negó las pretensiones
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.
Segundo: Sin condena en costas.
Tercero: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente de nulidad y
restablecimiento del derecho al despacho de origen, háganse las anotaciones
pertinentes en el sistema informático SAMAI y archívese el expediente de la acción
especial de revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LOS MAGISTRADOS,
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
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