Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2022-00381-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2022-00381-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2022-00381-00
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
10 de abril de 2025
Radicación: 11001-03-25-000-2022-00381-00 (3552-2022)
Demandante: UGPP
Demandado: Jaime Rojas Pacheco
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá, D.C., diez (10) de abril de dos mil veinticinco (2025)
Radicación: 11001-03-25-000-2022-00381-00 (3552-2022)
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
(UGPP)
Demandado: Jaime Rojas Pacheco
Referencia: Acción especial de revisión
Tema: acción especial de revisión, Ley 797 de 2003, artículo 20, literal b). Subtema
1: naturaleza y alcance de la acción especial. Subtema 2: análisis del reconocimiento
y liquidación de la pensión. Régimen pensional previsto en el Decreto 546 de 1971;
inclusión de la bonificación por servicios en el IBL. Subtema 3: conformidad de la
cuantía del derecho pensional con lo debido de acuerdo con la ley.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a
resolver la acción especial de revisión presentada por la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales (en adelante
UGPP), contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Huila, el
13 de abril de 2021, que confirmó la providencia por medio de la cual se ordenó
la reliquidación de la pensión de jubilación reconocida a favor de Jaime Rojas
Pacheco, con la inclusión de la bonificación por servicios.
I. SÍNTESIS DEL CASO
La UGPP, en ejercicio de la acción especial de revisión prevista en el artículo 20
de la Ley 797 de 2003, pretende que se invalide la sentencia dictada por el
Tribunal Administrativo del Huila el 13 de abril de 2021, mediante la cual
confirmó el fallo de primera instancia proferido por el Juzgado Cuarto
Administrativo de Neiva, que ordenó la reliquidación de la pensión de vejez
reconocida al señor Jaime Rojas Pacheco con la inclusión de la bonificación
por servicios; prestación que la UGPP le había reconocido conforme al régimen
pensional previsto en el Decreto 546 de 1971, en cuantía equivalente al 75 %.
La UGPP fundamenta su solicitud en la causal b) del artículo 20 de la Ley 797
de 2003, con el argumento de que la liquidación excedió lo debido de acuerdo
con la normativa y los precedentes jurisprudenciales aplicables sobre el
régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, de
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Demandado: Jaime Rojas Pacheco
acuerdo con los cuales el cálculo del IBL debe corresponder a los factores que
constituyen base de cotización, devengados en los últimos 10 años.
II. ANTECEDENTES
2.1. Demanda inicial y sentencia objeto de la acción especial de revisión
1. Jaime Rojas Pacheco, presentó acción de nulidad y restablecimiento del
derecho contra las resoluciones 008673 del 4 de marzo de 2015, 017231 del
30 de abril y 023414 del 10 de junio del mismo año, por medio de las cuales la
UGPP le negó la reliquidación de la pensión de jubilación reconocida conforme
al Decreto 546 de 1971.
2. La pretensión principal de la demanda consistió en que la cuantía
pensional fuera equivalente al 75% de la asignación devengada en el periodo
aplicado, con la inclusión de la bonificación por servicios devengada como
servidor judicial durante más de 20 años.
3. El Juzgado Cuarto Administrativo de Neiva, mediante sentencia del 24
de octubre de 2018, declaró la nulidad de las resoluciones demandadas y
ordenó a la UGPP reliquidar la pensión del demandante, incluyendo en el cálculo
del IBL la doceava parte de la bonificación por servicios prestados.
4. El Tribunal Administrativo del Huila, mediante sentencia del 13 de abril
de 2021, confirmó la decisión de primera instancia al considerar que el ingreso
base de liquidación debía incluir los factores salariales previstos en los artículos
21 y 36 de la Ley 100 de 1993, en armonía con el Decreto 1158 de 1994, que
incluyen la bonificación por servicios.
5. La UGPP, en cumplimiento del fallo, expidió la Resolución núm. 00724 de
13 de enero de 2022, por medio de la cual reliquidó la pensión de jubilación
reconocida a favor de Jaime Rojas Pacheco con la inclusión de la bonificación
por servicios en el IBL pensional.
2.2. Solicitud de revisión
6. El apoderado de la UGPP presentó la solicitud de revisión en ejercicio de
la acción especial establecida en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, en contra
de la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo del Huila el 13 de abril de
2021, para que se invalide y, en su lugar, se declare que la pensión del señor
Jaime Rojas Pacheco debe liquidarse conforme al inciso 3 del artículo 36 de la
Ley 100 de 1993, incluyendo solo los factores establecidos en el Decreto 1158
de 19941, con lo devengado en los últimos 10 años de servicio.
7. La UGPP argumentó que la decisión judicial desconoció los precedentes
de la Corte Constitucional y las normas aplicables, al incluir factores salariales
adicionales y calcular el ingreso base de liquidación con lo devengado en el
1 Samai, índice 3., archivo 820 (tamaño).
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último año de servicio, sin tener en cuenta que el régimen de transición
establece que el cálculo debe corresponder a los factores que constituyen base
de cotización, devengados en los últimos 10 años.
8. Según la UGPP, la sentencia objeto de revisión genera un detrimento al
ordenar el pago de una mesada pensional superior a lo legalmente debido
conforme al artículo 36 de la Ley 100 de 1993, porque, en condición de
empleado de la Rama Judicial beneficiario del régimen de transición, el derecho
pensional se rige por el Decreto 546 de 1971, pero solo «en lo que tiene que
ver con la edad, el tiempo de servicio y el monto de la prestación».
2.3. Trámite de la acción especial de revisión
2. Esta corporación, mediante auto del 20 de septiembre de 2022, admitió
la demanda presentada por la UGPP en ejercicio de la acción especial de
revisión, en contra de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del
Huila, el 13 de abril de 2021, y ordenó la notificación personal del auto a Jaime
Rojas Pacheco y al agente del Ministerio Público2. El demandado fue
notificado, pero no contestó la demanda.
3. El despacho sustanciador, por auto del 28 de agosto de 2024, incorporó
al expediente los documentos aportados con la demanda de revisión; ordenó
oficiar al Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Neiva para que enviara
a este proceso el expediente de nulidad y restablecimiento del derecho
radicado bajo el número 41001-33-33-004-2016-00130-00; requirió a la UGPP
para que constituyera nuevo apoderado, solicitud que atendió mediante poder
conferido al abogado Jorge Iván Palacio Palacio3, y corrió traslado de las
pruebas conforme al artículo 110 del CGP4.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
4. Esta Subsección es competente para conocer de la acción especial de
revisión de acuerdo con lo establecido en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003
y el inciso segundo del artículo 249 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA)5, por cuanto
este mecanismo se surte mediante el procedimiento previsto para el recurso
extraordinario que se interpone contra sentencias ejecutoriadas proferidas por
los Tribunales Administrativos.
2 Samai, índice 6.
3
Samai, índice 29.
4 Samai, índice 22.
5 «Competencia. De los recursos de revisión contra las sentencias dictadas por las secciones o
subsecciones del Consejo de Estado conocerá la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo sin
exclusión de la sección que profirió la decisión. De los recursos de revisión contra las sentencias
ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del
Consejo de Estado según la materia (…)». (Artículo adicionado por la Ley 2080 de 2021, así: Las reglas
de competencia previstas en los incisos anteriores también se aplicarán para conocer de la solicitud de
revisión de las decisiones judiciales proferidas en esta jurisdicción, regulada en el artículo 20 de la Ley
797 de 2003).
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3.2. Oportunidad de la acción especial de revisión
5. En relación con la oportunidad de la acción especial, el último inciso del
artículo 251 del CPACA prevé que la revisión sustentada en las causales
establecidas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 debe presentarse dentro
de los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria de la providencia judicial.
6. En este caso, la Sala encuentra acreditado con la constancia expedida
por el secretario del Tribunal Administrativo del Huila, que la sentencia objeto
de revisión, dictada por esa Corporación judicial el 13 de abril de 2021, cobró
ejecutoria el 28 de abril del citado año6. Ahora, como la demanda de revisión
fue radicada el 27 de mayo de 20227, se entiende que el ejercicio de la acción
especial fue oportuno.
3.3. Legitimación para la causa
7. La Ley 797 de 2003, al reformar algunas disposiciones del Sistema
General de Pensiones previsto en la Ley 100 de 1993, estableció en el artículo
20 que los sujetos activos de la acción especial son el Gobierno, por conducto
del Ministerio de Trabajo y del Ministerio de Hacienda y Crédito Público; el
contralor general de la república y el procurador general de la nación, quienes
pueden ejercerla con el propósito de lograr la revisión de las providencias
judiciales que «impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la
obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier
naturaleza», con sustento en dos causales. La primera, establecida en el literal
a) para los eventos en que el reconocimiento se haya obtenido con violación al
debido proceso; la segunda, descrita en el literal b) para los eventos en que la
cuantía del derecho reconocido excede lo debido de acuerdo con la ley.
8. La Ley 1151 de 2007, al establecer la creación de la UGPP, dispuso que
este organismo también puede ejercer la acción especial de revisión en contra
de las sentencias que reconocen sumas periódicas a cargo de recursos
públicos, por tratarse de «gestiones inherentes» al reconocimiento de derechos
pensionales con cargo a entidades públicas del orden nacional.
9. La Corte Constitucional, mediante la sentencia C-258 de 2013, legitimó
a diferentes entidades administradoras de pensiones para ejercer la acción
especial de revisión en los eventos en que el reconocimiento pensional hubiera
sido otorgado sin cumplir las previsiones fijadas en esa providencia, frente a la
aplicación del régimen pensional especial previsto en el artículo 17 de la Ley
4ª de 1992.
10. Asimismo, la sentencia SU-427 de 11 de agosto de 2016 precisó que la
UGPP, como sujeto activo de la acción especial, puede solicitar la revisión en
un plazo de cinco años, contado a partir de la ejecutoria de la sentencia que
reconoce el derecho pensional; lapso que para el caso de la entidad referida
no podía empezar a contarse antes de que la UGPP asumiera las funciones de
6 Samai, índice 30, cuaderno segunda instancia, pág. 55.
7 Samai, índice 3.
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la extinta Caja Nacional de Previsión Social, esto es, del 12 de junio de 2013,
«en atención al estado de cosas inconstitucional que afrontaba Cajanal».
11. En ese orden, la Sala concluye que la UGPP está legitimada en la causa
por activa para ejercer la acción de revisión especial, prevista en el artículo 20
de la Ley 797 de 2003, por medio del trámite dispuesto para el recurso
extraordinario de revisión, dado que esta entidad fue la que asumió el pago de
la suma periódica de dinero derivada de la reliquidación de la pensión de
jubilación.
12. Jaime Rojas Pacheco se encuentra legitimado para la causa por pasiva,
al tener la condición de demandante en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho definido mediante la sentencia objeto de la acción
especial de revisión, dictada por el Tribunal Administrativo del Huila el 13 de
abril de 20218.
3.4. Problema jurídico
13. De acuerdo con el marco fijado en la solicitud de revisión especial
presentada por la UGPP en contra de la sentencia dictada por el Tribunal
Administrativo del Huila el 13 de abril de 2021, la Subsección se ocupará de
establecer si la decisión judicial incurrió en la causal prevista en el literal b del
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, a partir del argumento de la UGPP, según el
cual la reliquidación de la pensión debía ordenarse conforme al periodo y el IBL
dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, únicamente con los factores
dispuestos en los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993, que incluyen la
bonificación por servicios prevista en el Decreto 1158 de 1994. Bajo este
escenario, procede la Sala a responder el siguiente problema:
¿La sentencia objeto de revisión incurrió en la causal b) del artículo 20 de la
Ley 797 de 2003, al ordenar la inclusión de la bonificación por servicios
prevista en el Decreto 1158 de 1994, en el ingreso base de liquidación de la
pensión de jubilación calculado conforme con previsto en el Decreto 546 de
1971, esto es, con la asignación más alta devengada durante el último año de
servicio y todos los factores devengados en ese periodo, tal y como lo fijó la
UGPP en el acto de reconocimiento pensional?
3.5. Naturaleza y alcance de la acción especial de revisión de sentencias
que imponen el pago de pensiones
14. El artículo 20 de la Ley 797 de 2003 establece la revisión de las
decisiones judiciales, transacciones o conciliaciones judiciales o extrajudiciales
que reconocen sumas periódicas o pensiones de cualquier naturaleza a cargo
del tesoro público o de fondos de naturaleza pública, mediante un mecanismo
judicial que la Corte Constitucional ha denominado «acción especial o sui
generis de revisión»9.
8 Samai, índice 30.
9 Corte Constitucional, Sentencia C-835 de 2003.
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15. Los antecedentes legislativos refieren que la acción especial fue
instituida para revisar tanto las decisiones judiciales que «han reconocido
pensiones irregularmente» como las providencias que reconocen «montos que
no corresponden a la ley», con el propósito de afrontar «los graves casos de
corrupción en esta materia» y/o «evitar los grandes perjuicios que pueda sufrir
la Nación» por el pago de derechos pensionales reconocidos de manera
irregular o por reliquidaciones que exceden lo debido de acuerdo con la ley10.
16. En armonía con lo anterior, esta corporación ha considerado que las
causales de revisión de pensiones obtenidas con violación al debido proceso o
con exceso del monto debido de acuerdo con la ley, constituyen una garantía
para la defensa de los principios de sostenibilidad financiera, eficiencia,
universalidad, solidaridad, integralidad, unidad y participación que rigen el
servicio público esencial de la seguridad social en pensiones11.
17. En relación con el procedimiento de la revisión especial, el artículo 20 de
la Ley 797 de 2003 dispone que es el señalado para el recurso extraordinario
de revisión establecido en el código respectivo y se tramita por las causales
descritas en esa codificación y, además, (i) cuando el reconocimiento se haya
obtenido con violación al debido proceso y (ii) cuando la cuantía del derecho
reconocido exceda lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención
colectiva que le eran legalmente aplicables.
18. En lo atinente al recurso extraordinario de revisión establecido en los
artículos 248 y siguientes del CPACA, la jurisprudencia de la corporación ha
señalado la naturaleza restrictiva, extraordinaria y, por ende, excepcional del
recurso de revisión12 que permite el análisis de las sentencias amparadas bajo
el principio de cosa juzgada13.
19. Las causales establecidas en la norma procesal muestran la naturaleza
eminentemente procedimental de los vicios o errores que posibilitan la revisión
de la sentencia por la vía del recurso extraordinario como excepciones al
principio de cosa juzgada. La Corte Constitucional, al declarar la exequibilidad
del artículo 249 del CPACA14, reiteró que el recurso extraordinario de revisión
previsto en la mayoría de las áreas del derecho ha sido diseñado para proceder
contra las sentencias ejecutoriadas por las causales taxativas previstas en la
ley15, «buscando esencialmente el restablecimiento de la justicia material y
constituyendo una excepción al principio general de la cosa juzgada 16».
10 Gaceta del Congreso nro. 350 de 23 de agosto de 2002.
11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencias de 1 de agosto de 2017, Sala
Cuarta Especial de Revisión, expediente 11001-03-15-000-2016-02022-00(REV) y de 5 de febrero de
2019, Sala Veintidós Especial de Decisión, expediente 11001-03-15-000-2018-01884-00(REV).
12 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala 27 Especial de Decisión,
sentencia del 3 de abril de 2018, expediente 11001-03-15-000-2017-02091-00 (REV).
13 CPACA, artículo 250.
14 Corte Constitucional, sentencia C-450 de 16 de julio de 2015.
15 Corte Constitucional, sentencia C-520 de 4 de agosto de 2009.
16
Corte Constitucional, sentencia C-871 de 2003. «Con todo, el principio de la cosa juzgada no tiene
carácter absoluto pues puede llegar a colisionar con la justicia material del caso concreto. Para enfrentar
tal situación se ha consagrado la acción de revisión (…)».
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20. En este orden, aun cuando la revisión por las causales especiales
previstas en la Ley 797 de 2003 se surte mediante el procedimiento dispuesto
para el recurso extraordinario, la jurisprudencia de esta corporación ha
precisado que «esto no quiere decir que sea equiparable a éste, esto en tanto,
es claro que las particularidades de la “acción especial de revisión” le otorgan
una entidad propia»17.
21. En este orden, la jurisprudencia del Consejo de Estado18 ha considerado
que la acción especial de revisión de sentencias con sustento en las causales
previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, tiene las siguientes
características:
i) Requiere de un sujeto activo cualificado porque la legitimación para
ejercer el mecanismo judicial recae sobre el gobierno, los organismos
de control y las entidades administradoras de pensiones con cargo a
fondos de naturaleza pública;
ii) está regida por el procedimiento previsto para el recurso
extraordinario de revisión en los artículos 248 y siguientes del CPACA;
iii) tiene como propósito revisar las sentencias que imponen el pago de
sumas periódicas o pensiones de cualquier naturaleza para mantener
el equilibrio entre la prestación y su legalidad, y salvaguardar el
principio de sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social19;
iv) no se trata de una tercera instancia que admita reabrir el debate
sobre el derecho a una prestación, ya que su marco está circunscrito
a revisar los presupuestos del reconocimiento cuando se considera
que la prestación ha sido concedida con violación al debido proceso
(literal a) y/o cuando la liquidación excede de lo debido de acuerdo
con la ley (literal b)20.
3.6. Análisis del caso concreto. Causal b) del artículo 20 de la Ley 797
de 2003. Exceso de la cuantía pensional.
22. El apoderado de la UGPP sustentó la configuración de la causal b) en el
hecho de que la orden de reliquidación que cobró firmeza con la sentencia
cuestionada excedió lo debido conforme a la ley, al incluir en el IBL dispuesto
en el acto de reconocimiento pensional, la bonificación por servicios devengada
en condición de servidor judicial, durante más de 20 años.
23. A juicio del ente accionante, la pensión de jubilación debió ser
reliquidada con el promedio de lo devengado en los últimos 10 años de servicio,
17 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala 22 Especial de Decisión,
sentencia del 18 de agosto de 2021, expediente 11001-03-15-000- 2020-03549-00, y del 22 de noviembre
de 2021, expediente 11001-03-15-000-2019-01749-00.
18 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Salas Especiales de Decisión 19 y 9,
sentencias del 18 de agosto de 2021, expediente 11001-03-15-000- 2020-03549-00, y del 22 de
noviembre de 2021, expediente 11001-03-15-000-2019-01749-00.
19 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión 4, sentencia
del 5 de febrero de 2019, radicación: 11001-03-15-000-2018-01884-00.
20 Consejo de Estado, Sección Segunda, providencia del 27 de marzo de 2014, expediente 11001-03-25-
000-2012-00561-00(2129-12). En igual sentido, Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencias del 17
de mayo de 2018, expediente 2014-00665-00 (acción de revisión) y sentencia de 25 de noviembre de
2021, expediente 2018-00963-00 (acción de revisión).
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sin incluir la bonificación por servicios prestados, única incluida en la orden de
reliquidación de la pensión.
24. Para resolver este cuestionamiento, la Sala procede a verificar los
hechos que se encuentran acreditados en el expediente para luego determinar
la conformidad de la situación pensional con la orden judicial de liquidación, a
partir del análisis de la motivación de la sentencia y el alcance de la causal
consistente en el exceso de la cuantía de la prestación frente a lo debido de
acuerdo con la ley.
3.7.1. Reconocimiento y liquidación pensional
25. La UGPP, mediante la Resolución 053473 de 20 de noviembre de 2013,
reconoció una pensión de jubilación a Jaime Rojas Pacheco, condicionada al
retiro definitivo del servicio, a partir del 1 de julio de 2011, en cuantía de un
millón setecientos cincuenta y cuatro mil ciento cincuenta y seis pesos,
($1.754.156), equivalente al 75% del ingreso base de liquidación conformado
por la asignación mensual «más elevada devengada en el último año de
servicio, comprendido entre el 1 de julio de 2010 y el 30 de junio de 2011»,
conforme a lo previsto en el Decreto 546 de 197121, en los siguientes términos:
«Para determinar el Ingreso Base de Liquidación se da cumplimiento a lo
establecido en el artículo 6 del Decreto 546 de 1971, aplicando un 75 % sobre
un ingreso base de liquidación conformado por la asignación mensual más
elevada devengada en el último año de servicio, entre el 1 de julio de 2010 y el
30 de junio de 2011.
AÑO FACTOR VALOR IBL
2011 ASIGNACIÓN BÁSICA 690,762.00
MES
2011 AUXILIO DE 63,600.00
TRANSPORTE
2011 INCREMENTO 2.5% 13,664.00
2011 PRIMA DE 42,932.00
ALIMENTACIÓN
2011 PRIMA DE 1,035,838.00
ANTIGÜEDAD
2010 PRIMA DE NAVIDAD 175,874.00
2010 PRIMA DE 149,155.00
PRODUCTIVIDAD
2011 PRIMA DE SERVICIOS 79,855.00
2010 PRIMA DE 87,195.00
VACACIONES
26. El acto administrativo citado refiere que el pensionado nació el 1 de abril
de 1954, que prestó servicios en la Rama Judicial desde el 4 de septiembre de
1979 hasta el 30 de junio de 2011 y que el último cargo desempeñado fue el de
secretario, en cuyo ejercicio devengó asignación básica, auxilio de transporte,
primas de alimentación, antigüedad, navidad, productividad, servicios,
vacaciones e incremento del 2.5%.
21 Samai, índice 30, cuaderno ppal., pág. 38.
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Demandante: UGPP
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27. Mediante Resolución 008673 del 4 de marzo de 2015, la UGPP negó la
reliquidación de la pensión solicitada por Jaime Rojas Pacheco el 7 de
noviembre de 2014, con el argumento de que el IBL se debía calcular conforme
a lo dispuesto en la Ley 100 de 1993, con el promedio de lo devengado en los
últimos 10 años de servicio. Esta decisión fue confirmada por la entidad al
resolver los recursos de reposición y apelación, mediante las resoluciones
017231 del 30 de abril de 2015 y 023414 del 10 de junio de 2015,
respectivamente22.
28. La Coordinación de Talento Humano de la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, Seccional Neiva, mediante constancia expedida el 19
de noviembre de 2015, certificó que Jaime Rojas Pacheco laboró en la Rama
Judicial desde el 4 de septiembre de 1979 hasta el 30 de marzo de 2014 y el
último cargo desempeñado fue el de escribiente del Juzgado Promiscuo
Municipal de Baraya (Huila) 23.
29. El reporte de nómina del 19 de noviembre de 2015, expedido por el
Consejo Superior de la Judicatura, señala que Jaime Rojas Pacheco devengó
los siguientes emolumentos: sueldo básico, auxilio de transporte, incremento
del 2.5%, subsidio de alimentación, bonificación por servicios prestados,
vacaciones y primas de antigüedad, vacaciones, servicios, navidad y
productividad24.
30. El Juzgado Cuarto Administrativo de Neiva, mediante sentencia
concentrada nro. 155 del 24 de octubre de 2018, dictada en el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho iniciado por Jaime Rojas Pacheco
declaró la nulidad de los actos demandados y ordenó la reliquidación de la
pensión, aplicando el 75% sobre un ingreso base de liquidación; incluyendo
además de los factores señalados en la Resolución RDP 053473 del 20 de
noviembre de 2013 la doceava parte de la bonificación por servicios, así25:
«TERCERO. Como consecuencia de la anterior declaración y a título de
restablecimiento del derecho, ORDENAR a la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social – UGPP, que reliquide la pensión de vejez que devenga
el señor JAIME ROJAS PACHECO, aplicando un 75 % sobre un ingreso
base de liquidación conformado por la asignación mensual más elevada
devengada entre el 1 de julio de 2010 y el 30 de junio de 2011; incluyendo
además de los factores señalados en la Resolución RDP 053473 del 20 de
noviembre de 2013, la doceava parte de la bonificación por servicios,
que está demostrado lo cotizó».
31. El Tribunal Administrativo del Huila, en sentencia del 13 de abril de 2021,
objeto de la presente acción de revisión, confirmó la providencia apelada por la
UGPP, al considerar que la pensión reconocida conforme al Decreto 546 de
1971, se debía liquidar de acuerdo con lo establecido «en los artículos 21 y 36
de la Ley 100 de 1993» con la inclusión de los factores base de cotización
22 Samai, índice 30, cuaderno ppal. págs. 52 y 57.
23
Samai, índice 30, cuaderno ppal. pág. 65.
24 Samai, índice 30, cuaderno ppal. pág. 66.
25 Samai, índice 30, cuaderno ppal. 2, pág. 76.
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previstos en el Decreto 1158 de 1994, que incluye la bonificación por servicios
prestados, entre otros26.
32. La valoración en conjunto de los medios de prueba documental
incorporados al expediente permite afirmar que la situación pensional fue
definida por la UGPP conforme al Decreto 546 de 1971, aplicado en virtud del
régimen de transición de la Ley 100 de 1993 del que era beneficiario el
pensionado, al acreditar más de 10 años de servicio en la Rama Judicial.
33. En punto a la determinación del IBL pensional, la sentencia cuestionada
por la UGPP determinó que la cuantía pensional debía ser calculada con el 75%
del promedio «base de liquidación de que tratan los artículos 21 y 36, inciso 3,
de la Ley 100 de 1993», devengados en los últimos 10 años de labores, en el
que «se debió incluir la bonificación por servicios prestados (prevista en el
artículo 1 del Decreto 1158 de 1994)».
34. En este contexto, la Sala se ocupará de analizar los pronunciamientos de
esta corporación y de la Corte Constitucional sobre el alcance del régimen de
transición dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, que permitió la
aplicación de regímenes anteriores para proteger la expectativa legítima de las
personas que estaban próximas a pensionarse al momento del cambio legislativo.
3.7.2. Verificación de conformidad entre la cuantía del derecho pensional
y lo debido de acuerdo con la ley
35. El sistema general de pensiones, en virtud del régimen de transición
dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, permitió a quienes estaban
próximos a pensionarse mantener las condiciones pensionales previstas en el
régimen anterior, siempre que reunieran los requisitos de edad o tiempo de
servicio exigidos para la fecha de entrada en vigencia del nuevo régimen, con
la precisión de que los beneficios de esa transición solo salvaguardaban las
condiciones de edad, tiempo de servicio y monto o tasa de reemplazo
establecidos en la norma con la que el servidor tenía la expectativa de
pensionarse.
36. La Corte Constitucional, en el primer análisis de constitucionalidad del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, consideró que la salvaguarda de los derechos
pensionales derivada de una transición normativa constituye «[…] una plausible
política social que, en lugar de violar la Constitución, se adecúa al artículo 25
que ordena dar especial protección al trabajo». Así, concluyó que la regla de
liquidación del IBL aplicable a los beneficiarios de la transición es el promedio
de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para pensionarse, siempre
que fuera menor de diez años, o el cotizado durante todo el tiempo, si este fuere
superior, actualizado anualmente con base en la variación del índice de precios
al consumidor27. En sentencias posteriores de constitucionalidad, la Corte
decidió estarse a lo resuelto en la providencia que declaró parcialmente
exequible el artículo 36 de la Ley 100 de 199328.
26
Samai, índice 30, cuaderno segunda instancia, pág. 47.
27 Corte Constitucional, sentencia C-168 de 20 de abril de 1995.
28 Corte Constitucional, sentencias C-058 de 1998 y C-146 de 1998.
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37. La jurisprudencia de la Sección Segunda de esta corporación, al
establecer el alcance del régimen de transición, fijó como primera tesis
interpretativa que los servidores públicos que cumplieran los requisitos del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993 podían pensionarse al cumplir los
presupuestos de edad, tiempo de servicio y monto previstos en el régimen
pensional general anterior, con la precisión de que el último elemento protegido
por la transición (monto) incluía el beneficio de calcular el IBL con los factores y
el periodo de liquidación previstos en la norma precedente, no con los
señalados en el régimen general. En este orden, mediante sentencia de
unificación del 4 de agosto de 201029, esta Sección dispuso que el régimen de
transición debía aplicar el principio de inescindibilidad normativa, en el
entendido de que el «monto», salvaguardado en virtud del cambio legislativo,
constituía una unidad con el período de liquidación y los factores enunciativos,
no taxativos, previstos en el régimen pensional anterior.
38. En punto al régimen pensional previsto para los servidores de la Rama
Judicial y del Ministerio Público regulado por el Decreto 546 de 1971, la
jurisprudencia de la Sección Segunda de esta Corporación, en armonía con la
tesis aplicada para el régimen pensional general dispuesto en la sentencia
citada, consideró que los beneficiarios de la transición tenían derecho al
reconocimiento pensional conforme a los presupuestos de edad, tiempo de
servicio y monto fijados en ese régimen especial.
39. En lo atinente al monto, la sección reiteró que ese elemento involucraba
los factores y el periodo de liquidación previstos en el régimen especial, en
virtud del principio de inescindibilidad de la ley, motivo por el cual la pensión
reconocida conforme al régimen previsto en el Decreto 546 de 1971 debía
liquidarse en cuantía equivalente al 75% del promedio del salario más alto
devengado en el último año de servicio, con la inclusión de todos los factores
pagados en ese periodo30-31.
40. Esta sección reiteró la tesis referida mediante sentencia de unificación
del 12 de septiembre de 2014, al considerar que los destinatarios del régimen
especial establecido en el Decreto 546 de 1971 tienen derecho a la pensión de
jubilación en cuantía equivalente al 75% de la asignación más alta devengada
29 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010, rad. núm.
0112-2009.
30 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencias de 2 de mayo de 2013, expediente 1208-2012; de 1
de julio de 2013, expediente 0102-2012; de 7 de noviembre de 2013, expediente 2672-2012; de 12 de
mayo de 2014, expediente 1770-2013; de 4 de noviembre de 2014, expediente 0839-2014 y de 9 de
febrero de 2017, expediente 2489-2015. Sala Plena de la Sección Segunda, sentencia de unificación de
25 de septiembre de 2015, expediente 2245-2013.
31
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de febrero de 2013, expediente:
1723-2012. “A lo que debe agregarse, que esta Corporación jurisprudencialmente ha determinado en la
aplicación del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, como regla invariable, la indemnidad de los regímenes
de transición, es decir, que un régimen de transición debe ser aplicado en forma integral; de manera, que
los topes fijados en la Sentencia C-258 de 2013, en los casos de quienes encuentran regida su situación
pensional por el Decreto 546 de 1971, no son aplicables, porque en efecto, son contrarios a la
jurisprudencia estable y vinculante del Consejo de Estado (artículos 228 y 230 de la Carta Política y 102
y 269 de la Ley 1437 de 2011)”. Sobre el tema ver: sentencias de 29 de marzo de 2007, expediente 2004-
06101-01; de 25 de noviembre de 2010, expediente 2005-03714-01; de 5 de junio de 2014, expediente
2011-00453-01 y de 29 de septiembre de 2016, expediente 2013-00365-01.
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en el último año de servicio, con la inclusión de todos los factores devengados
en forma periódica como retribución del servicio, con la precisión de que «no
se aplican las restricciones determinadas por la Sentencia C-258 de 2013, pero
sí, los condicionamientos a los que hace referencia el Acto Legislativo 1 de
2005, a partir de su vigencia (25 de julio de 2005), en aras de la salvaguarda
de la sostenibilidad del sistema pensional (…)»32.
41. Posteriormente, la Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo del
Consejo de Estado, por medio de la sentencia de unificación del 28 de agosto
de 2018, replanteó la tesis aplicada para determinar el alcance de la transición
prevista en el artículo 36 de la Ley 100 para acceder a la pensión conforme a
los regímenes anteriores aplicables a los servidores públicos del orden
nacional, en general, en el sentido de establecer que este beneficio solo
preservó los presupuestos de edad, tiempo de servicio y porcentaje o tasa de
reemplazo establecidos en aquellos, sin que se pueda entender que el último
elemento incluía la aplicación del periodo y factores previstos con
anterioridad33. Esta consideración la explicó en los siguientes términos:
«Para la Sala Plena de esta [c]orporación esa es la lectura que debe darse del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993. El artículo 36 contiene todos los elementos y
condiciones para que las personas beneficiarias del régimen [de] transición
puedan adquirir su pensión de jubilación con la edad, el tiempo de servicios o
semanas de cotización y la tasa de reemplazo del régimen anterior y con el IBL
previsto en el mismo artículo 36, inciso 3, y en el artículo 21 de la Ley 100 de
1993».
42. También determinó la Sala Plena que las reglas de unificación «son
obligatorias para todos los casos en discusión tanto en vía administrativa como
judicial […]. De igual manera, debe precisarse que los casos respecto de los
cuales ya ha operado la cosa juzgada, en virtud del principio de seguridad
jurídica, resultan inmodificables. Las pensiones que han sido reconocidas o
reliquidadas en el régimen de transición, con fundamento en la tesis que
sostenía la Sección Segunda del Consejo de Estado, no pueden considerarse
que lo fueron con abuso del derecho o fraude a la ley».
43. A su vez, la Sección Segunda de esta corporación, mediante sentencia del
11 de junio de 202034, unificó la jurisprudencia en lo atinente a la interpretación
que venía aplicando del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley
100 de 1993 que permitía el reconocimiento de la pensión de jubilación conforme
al régimen especial previsto para los funcionarios y servidores de la Rama Judicial
y del Ministerio Público. En aquella decisión, la Sala reiteró las reglas y subreglas
definidas en la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018 para concluir
que los servidores o ex servidores de la Rama Judicial y del Ministerio Público
beneficiaros del régimen de transición tienen derecho a que la pensión les sea
reconocida y liquidada conforme a los presupuestos de edad, tiempo y tasa de
reemplazo establecidos en el régimen anterior dispuesto en el artículo 6 del
32 Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Segunda, sentencia de 12 de septiembre de 2014,
expediente: 2013-00632-01 (1434-14).
33 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia 00143 de 28 de agosto de
2018, rad. núm. 2012-00143-01.
34 Expediente 15001-23-33-000-2016-00630-01(4083-17).
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Decreto 546 de 1971.
44. De igual forma, consideró que las reglas y subreglas objeto de unificación
no surtirían efectos respecto de los asuntos en los que existiera una sentencia
ejecutoriada, «disponiendo que la regla jurisprudencial fijada es vinculante en los
siguientes casos: (i) respecto de los asuntos similares que actualmente se están
tramitando en el seno de la administración; (ii) respecto de los procesos similares
que se están adelantando en juzgados, tribunales administrativos y Consejo de
Estado».
45. Conforme con lo expuesto, es claro que a partir de la sentencia de
unificación del 11 de junio de 2020, esta Sala replanteó la tesis jurisprudencial
según la cual el beneficio de la transición incluía el periodo y los factores
señalados en el régimen anterior para la determinación del IBL para, en su lugar,
fijar como regla de unificación que la transición prevista en el artículo 36 de la Ley
100 de 1993, analizado por la Corte Constitucional en las sentencias C-258 de
2013 y SU-230 de 2015, solo preserva los presupuestos de edad, tiempo de
servicio y monto o tasa de reemplazo fijados en el Decreto 546 de 1971.
46. A partir de esta nueva tesis jurisprudencial, obligatoria «para todos los
casos en discusión tanto en vía administrativa como judicial», las pensiones
reconocidas en aplicación del régimen previsto para los funcionarios y servidores
de la Rama Judicial y del Ministerio Público se liquidan conforme a lo establecido
en los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993; regla que por expresa disposición
de la Sala Plena solo es aplicables a los asuntos que se estuvieran «tramitando
en el seno de la administración».
47. En el caso bajo estudio, la Sala observa que la UGPP, al reconocer la
pensión de jubilación mediante la Resolución 053473 del 20 de noviembre de
2013, estableció el IBL con «la asignación más alta devengada en el último año
de servicio» y la inclusión de la asignación básica, el auxilio de transporte, el
incremento del 2.5 % y las primas de alimentación, de antigüedad, de navidad,
de productividad y de vacaciones. En este orden, los elementos del IBL
relacionados con el periodo de liquidación (último año de servicio), la tasa de
reemplazo y la base de liquidación y los factores incluidos, constituyen aspectos
definidos por la administración para reconocer el derecho a partir de la
aplicación de la jurisprudencia vigente en esa época.
48. La demanda de nulidad de los actos administrativos que negaron la
reliquidación de la pensión se circunscribió a la inclusión de la bonificación por
servicios en el cálculo del IBL. Por tanto, los demás aspectos del derecho
pensional relacionados con el periodo de liquidación y el ingreso base
constituían un derecho definido en la actuación administrativa, que no encuadra
en los eventos de aplicación vinculante y obligatoria de la regla de unificación
para los «(i) los asuntos similares que actualmente se están tramitando en el
seno de la administración; (ii) respecto de los procesos similares que se están
adelantando en juzgados, tribunales administrativos y Consejo de Estado».
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49. En este orden, el periodo del IBL de la prestación y los factores incluidos
en las Resolución de reconocimiento 053473 de 20 de noviembre de 2013,
constituyen aspectos definidos en sede administrativa con sustento en la tesis
interpretativa del Decreto 546 de 1971 vigente para la época en que se
reconoció el derecho en sede administrativa, cuya legalidad no fue discutida en
el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho concluido mediante la
sentencia objeto de revisión. Según la sentencia de unificación, dictada casi
cinco años después del reconocimiento del derecho pensional, no puede
entenderse que por virtud de esa providencia «las pensiones que han sido
reconocidas o reliquidadas en el régimen de transición, con fundamento en
tesis anteriores que sostuvo la Sección Segunda del Consejo de Estado, las
cuales replanteó la Sala Plena, lo fueron con abuso del derecho o fraude a la
ley».
50. Bajo este marco jurisprudencial, es válido afirmar que la sentencia objeto
de la acción especial, dictada por el Tribunal Administrativo del Huila el 13 de abril
de 2021, no incurrió en la causal de revisión prevista en el literal b) del artículo 20
de la Ley 797 de 2003 al confirmar la decisión de primera instancia que ordenó la
reliquidación de la pensión de vejez con el 75 % del promedio «base de
liquidación de que tratan los artículos 21 y 36, inciso 3, de la Ley 100 de 1993»,
porque «el salario base mensual para calcular las cotizaciones al Sistema
General de Pensiones de los servidores incorporados al mismo» incluye este
factor en la lista del artículo 1 del Decreto 1158 de 1994.
51. Al respecto, se reitera que en la demanda no se discutió el régimen
aplicable por vía de transición que, ciertamente, para la fecha en que se dictó
la providencia objeto de revisión debía remitirse a lo señalado en la sentencia
de unificación sobre el cálculo del IBL. No obstante, el juez de instancia no podía
pronunciarse sobre ese punto, al no ser objeto de la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho. Además, aplicando la sentencia de unificación, el
pensionado tenía derecho a que se le incluyera la bonificación por servicios, en
tanto se encuentra listada como factor salarial en el Decreto 1158 de 1994.
Luego entonces la sentencia objeto de revisión no está reconociendo la pensión
en un valor superior a lo debido de acuerdo con la ley.
52. En este escenario, es del caso precisar que la acción especial de revisión
no es el mecanismo para que la entidad cuestione el acto de reconocimiento
que fijó el periodo del IBL y los factores que lo integran, pues ese aspecto no
fue rebatido por el titular del derecho pensional en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho decidido mediante la sentencia cuestionada,
motivo por el cual es claro que el juez no podía pronunciarse sobre ese aspecto.
53. De acuerdo con lo anterior, esta Sala precisa que no existe un incremento
injustificado de la mesada pensional, porque la bonificación por servicios
prestados que la sentencia objeto de revisión ordenó incluir en la reliquidación de
la pensión se encuentra listada como factor base de cotización en el Decreto
1158 de 1993.
54. En este orden, la respuesta al problema jurídico es negativa, por cuanto
la inclusión de la bonificación por servicios en el IBL resultaba procedente para
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la época en que fue dictada la sentencia objeto de revisión (13 de abril de 2021),
con la precisión de que el objeto del litigio no involucró la definición del periodo
ni los factores base de liquidación, aspectos que fueron definidos en sede
administrativa sin que el titular del derecho pensional los cuestionara en el
proceso judicial. Por tanto, el derecho pensional reliquidado con la inclusión de la
bonificación de servicios ordenada en la sentencia judicial cuestionada no excede
lo debido de acuerdo con la ley.
4. Conclusión
55. Las razones expuestas permiten concluir que la sentencia objeto de
revisión no incurrió en la causal b) prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de
2003, porque la reliquidación de la pensión que motivó la decisión judicial se
circunscribió a la inclusión de la bonificación por servicios devengada por el
pensionado, al considerar que se trata de un factor previsto en el Decreto 1158
de 1994, en armonía con los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993. Lo
relacionado con el periodo para el cálculo del IBL y los factores que los
conformaron fueron señalados mediante la Resolución 053473 de 20 de
noviembre de 2013, conforme con la tesis interpretativa del Decreto 546 de
1971 vigente para esa época, situación que se entiende consolidada porque
no fue cuestionada en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
que concluyó con la sentencia objeto de revisión.
5. Costas
56. El artículo 188 del CPACA establece el deber del juez de pronunciarse
sobre las costas procesales, cuya liquidación y ejecución se rigen por la norma
procesal general, y fija como excepción los eventos en que se «ventile un
interés público».
57. La norma referida fue adicionada por el artículo 47 de la Ley 2080 de
2021, en el siguiente sentido: «[e]n todo caso, la sentencia dispondrá sobre la
condena en costas cuando se establezca que se presentó la demanda con
manifiesta carencia de fundamento legal».
58. En el caso bajo estudio, no resulta procedente la condena en costas
porque el ejercicio de la acción especial de revisión, previsto en el artículo 20
de la Ley 797 de 2003, constituye un mecanismo en que se involucra un interés
público, dirigido a la defensa de los principios de sostenibilidad financiera,
eficiencia, universalidad, solidaridad, integralidad, unidad y participación que
rigen el servicio público esencial de la seguridad social, según lo expuesto en
los antecedentes legislativos. Además, no se estableció que la demanda se
hubiese presentado con manifiesta carencia de fundamento legal.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
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FALLA
PRIMERO. DECLARAR infundada la acción especial de revisión que la Unidad
Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social presentó contra la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo del Huila el 13 de abril de 2021, por las razones expuestas en
las consideraciones de esta providencia.
SEGUNDO. NOTIFICAR esta decisión en los términos del artículo 203 del
CPACA.
TERCERO. No condenar en costas.
CUARTO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai
del Consejo de Estado.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI.
En consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, a través del siguiente enlace
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx.
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