República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 17001-23-33-000-2015-00670-03
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
14 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá D.C., catorce (14) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 17001-23-33-000-2015-00670-03 (3056-2025)
Demandante: María Rubby Montoya de Uribe
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP
Tema: reliquidación pensión de jubilación. Decreto 546 de 1971.
Sentencia de segunda instancia
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el
recurso de apelación interpuesto por la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP, contra la
sentencia proferida el 30 de julio de 2025 por el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, que accedió parcialmente a las pretensiones.
1. Síntesis del caso
María Rubby Montoya de Uribe demandó la nulidad de la Resolución RDP 007406 del
24 de febrero de 2015, expedida por la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP, mediante la
cual le negó la solicitud de reliquidación de su pensión con el ingreso base de
liquidación correspondiente al 80% de lo devengado por los magistrados de altas
cortes, así como la Resolución RDP 025450 del 23 de junio de 2015, también expedida
por dicha entidad, por la cual se resolvió el recurso de apelación y se confirmó esa
decisión.
El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca accedió parcialmente a las pretensiones
al considerar que el ingreso base de liquidación de la pensión de la señora María
Rubby Montoya de Uribe fue reconocido con una tasa de reemplazo equivalente al
75 % de la asignación mensual más alta devengada durante el último año de servicio,
y no conforme al 80 % de todo lo percibido por un magistrado de alta corporación
durante el año anterior a su retiro, ocurrido el 30 de septiembre de 2002, de
conformidad con el artículo 6 del Decreto 546 de 1971 y el Decreto 610 de 1998. Por
esta razón, ordenó la reliquidación de la pensión a partir del 1.º de octubre de 2002.
La Subsección revocará la sentencia de primera instancia porque, en este caso, la
mesada pensional de la demandante debía liquidarse conforme al artículo 6 del
Radicación: 17001-23-33-000-2015-00670-03 (3056-2025)
Demandante: María Rubby Montoya de Uribe
Demandada: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social - UGPP
Decreto 546 de 1971.
2. Antecedentes
2.1. La demanda
1. María Rubby Montoya de Uribe, quien actúa en nombre propio, presentó
demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho 1
el 6 de noviembre de 20152, contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP, de
conformidad con las pretensiones, hechos y fundamentos de derecho que a
continuación se sintetizan3.
2.1.1. Pretensiones
2. La señora María Rubby Montoya de Uribe solicitó la nulidad de la Resolución
RDP 007406 del 24 de febrero de 2015, mediante la cual la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social,
UGPP, negó la reliquidación de su mesada pensional como magistrada de tribunal,
con fundamento en un ingreso base de liquidación equivalente al 80% de lo devengado
por los magistrados de altas corporaciones. Asimismo, solicitó la nulidad de la
Resolución RDP 025450 del 23 de junio de 2015, expedida por la misma entidad, por
medio de la cual se resolvió el recurso de apelación y se confirmó la decisión inicial.
3. A título de restablecimiento del derecho, la señora Rubby Montoya de Uribe
pidió la reliquidación de la mesada pensional desde el 1.º de octubre de 2000 y hasta
la fecha, con un ingreso base de liquidación equivalente al 80% de lo devengado por
todo concepto por los magistrados de las Altas Cortes durante el año anterior a su
retiro. Asimismo, reclamó que dentro del ingreso mensual que constituía la base
salarial para el cálculo de la prestación se incluyera el valor de la prima especial de
servicios creada por el Decreto 10 de 1993 para los congresistas y que la mesada se
reajustara con los incrementos anuales previstos en la ley hasta cuando se efectuara
el pago en debida forma, junto con el reconocimiento de la indexación, los rendimientos
y los perjuicios morales.
2.1.2. Hechos
4. La Sala sintetiza los hechos de la demanda, así:
• La señora Rubby Montoya de Uribe laboró durante 12 años como magistrada
del Tribunal Administrativo de Caldas, cargo del cual se retiró el 30 de
septiembre de 2002, tras pensionarse.
• Mediante la Resolución 13700 del 11 de marzo de 1993, CAJANAL reconoció
a la accionante una pensión de vejez, condicionada al retiro del servicio.
1 De acuerdo con el medio de control previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo, en adelante CPACA
2 Samai, índice 22, ED_01ACTAREPARTOPDF(.pdf)
3 Samai, índice 22, 2ED_02DEMANDAPDF(.pdf)
2
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• La demandante presentó ante CAJANAL, el 23 de noviembre de 2001 y el 16
de diciembre de 2003, solicitudes de reliquidación de la pensión con el
equivalente al 75 % de la remuneración mensual más alta devengada en el
último año de servicios, conforme al artículo 6 del Decreto 546 de 1971.
• No obstante, no recibió respuesta y, ante la configuración del silencio
administrativo negativo, interpuso recurso de apelación. Asimismo, promovió
acción de tutela y el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Manizales amparó
sus derechos mediante providencia del 12 de septiembre de 2003. Debido al
incumplimiento de dicha decisión, presentó incidente de desacato.
• A través de la Resolución 52083 del 1.º de noviembre de 2007, CAJANAL fijó
la mesada pensional de la señora María Rubby Montoya de Uribe en la suma
de $6.571.454, valor que se aplicó hasta la fecha.
• El 23 de octubre de 2014, la demandante solicitó ante la UGPP la reliquidación
de su pensión conforme al Decreto 546 de 1971, incluyendo todos los factores
salariales.
• La UGPP, mediante la Resolución RDP 007406 del 24 de febrero de 2015, negó
a la señora María Rubby Montoya de Uribe la reliquidación de la mesada
pensional. Contra dicha decisión, la actora presentó recurso de apelación y, a
través de la Resolución RDP 025450 del 23 de junio de 2015, la entidad
confirmó su decisión.
2.1.3. Normas violadas y concepto de violación
5. En la demanda se citan las siguientes normas vulneradas:
La Constitución Política, artículos 2, 6, 13, 25, 29, 53 y 58.
La Ley 10 de 1987.
La Ley 63 de 1988.
La Ley 4 de 1992, artículo 2 numeral 2.
El Decreto 546 de 1971, artículo 1.
El Decreto 610 de 1998.
La Ley 1395 de 2010, artículo 1144.
6. Al explicar el concepto de violación, la señora María Rubby Montoya de Uribe
sostuvo que los actos administrativos objeto de censura incurrieron en los vicios de
infracción de la norma que debería fundarse, falsa motivación y desviación de las
funciones propias de quien las expidió.
7. Afirmó que la asignación salarial que la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP, debía
tener en cuenta correspondía a la más alta devengada durante el último año de servicio
como magistrada de tribunal, con el fin de determinar la cuantía de la pensión mensual
4 Derogado por el artículo 309 de la Ley 1437 de 2011.
3
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que legalmente le correspondía al 80% del salario de un magistrado de las altas cortes.
Consideró que la entidad negó el reconocimiento pensional sin respaldo normativo,
pese a que cumplía los requisitos previstos en el artículo 6 de la Ley 546 de 1971.
8. Precisó que el ingreso más alto devengado por la señora María Rubby Montoya
de Uribe durante el año 2002 se encontraba establecido en las Leyes 63 de 1988 5 y
10 de 19876, disposiciones que, a su juicio, fueron transgredidas por la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social, UGPP.
9. Que, al realizar las operaciones aritméticas derivadas de las normas
mencionadas anteriormente, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional
y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP, debía aplicar el 75%
sobre el 80% del salario de un magistrado del Consejo de Estado para obtener la
reliquidación de su mesada pensional por un valor de $9.198.471, suma que superaba
en $2.627.017 mensuales la mesada reconocida por CAJANAL mediante la
Resolución 52083 del 1.º de noviembre de 2007.
10. Citó el Decreto 610 de 1998 y sostuvo que la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP, omitió
cumplir lo dispuesto en esa normativa al no aplicar el 80% como base salarial para
calcular su mesada pensional, porcentaje fijado por dicho decreto a partir del año 2001.
11. Explicó que la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP, sustentó la negativa de
reliquidación de la mesada pensional en la Ley 100 de 1993, disposición que no
resultaba aplicable al caso, dado que cumplió los requisitos de tiempo y edad para
acceder a la jubilación en 1991 y dicha ley fue expedida en 1993. Señaló que esta
situación generó que las resoluciones expedidas por esa entidad estuvieran viciadas
por violación de las normas en las que debían fundarse y por desviación de poder.
Asimismo, afirmó que la entidad desconoció el principio de igualdad frente a otros
magistrados a quienes sí les fue reconocido el 80 % como base de cálculo de la
pensión.
12. Adujo que la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP, desconoció el artículo
1147 de la Ley 1395 de 2010 y los precedentes jurisprudenciales de la Sección
Segunda del Consejo de Estado.
2.2. Contestación de la demanda
13. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social, UGPP, a través de apoderado, se opuso a las
pretensiones de la demanda. Afirmó que la señora María Rubby Montoya de Uribe no
5
Por la cual se fija la remuneración mínima mensual de los Magistrados de los Tribunales y otros funcionarios.
6
Por la cual se fija la remuneración mínima mensual de los Magistrados auxiliares y Abogados asistentes de la
Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado.
7 Derogado por el artículo 309 de la Ley 1437 de 2011.
4
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cumplió con los requisitos legales para acceder a la reliquidación de la pensión, razón
por la cual los actos administrativos se encontraban ajustados a la Constitución Política
de 1991 y la ley.
14. Agregó que la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP, mediante la Resolución
13700 del 11 de marzo de 1993, reconoció pensión de jubilación en favor de la señora
María Rubby Montoya de Uribe en cuantía de $382.276, efectiva a partir del 1.º de
junio de 1991. Asimismo, que, a través de la Resolución 13486 del 13 de mayo de
1998, reliquidó dicha mesada pensional y la aumentó a la suma de $3.059.631,
efectiva a partir del 1.º de agosto de 1997, condicionada al retiro efectivo del servicio.
15. Señaló que, por medio de la Resolución 2985 del 9 de mayo de 2002, declaró
la configuración del fenómeno del silencio administrativo negativo y, en consecuencia,
reliquidó la pensión en un valor de $5.785.613,57, efectiva a partir del 1.º de marzo de
2002. Añadió que, mediante la Resolución 22836 del 26 de noviembre de 2003, y en
cumplimiento de la sentencia de tutela proferida por el Juzgado Segundo Civil del
Circuito de Manizales, reliquidó la mesada pensional en la suma de $6.180.000,
efectiva a partir del 1.º de marzo de 2000. Finalmente, manifestó que, mediante la
Resolución 52083 del 1.º de noviembre de 2007, dejó sin efectos la Resolución 26017
del 4 de junio del mismo año y reliquidó la pensión en cuantía de $6.571.454,19,
efectiva a partir del 1.º de octubre de 2002.
16. Informó que, mediante la Resolución PAP 035643 del 28 de enero de 2011,
negó la solicitud de indexación presentada por la señora María Rubby Montoya de
Uribe y que, a través de la Resolución 057050 del 17 de diciembre de 2013, y en
cumplimiento de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas el 25
de abril de 2013, reconoció y pagó la indexación en la suma de $785.840 por el período
comprendido entre el 1.º de octubre de 2002 y el 28 de febrero de 2008. Destacó que,
mediante la Resolución 007406 del 24 de febrero de 2015, negó la solicitud de
reliquidación de la pensión de vejez.
17. Enfatizó que la señora María Rubby Montoya de Uribe nació el 22 de enero de
1941, que su último cargo correspondió al de magistrada grado 21 del Tribunal
Administrativo de Caldas y que adquirió el estatus pensional el 22 de enero de 1991.
Por tal razón, sostuvo que no resultaba procedente tomar como base salarial el cálculo
del 75 % de la remuneración equivalente al 80 % de lo que devengaban los
magistrados del Consejo de Estado, debido a que el único porcentaje del 80 %
establecido para los magistrados de la Rama Judicial correspondía al factor salarial
denominado bonificación por compensación.
18. Explicó que, mediante la Resolución 52083 del 1.º de noviembre de 2007, se
tuvo en cuenta el factor salarial correspondiente a la bonificación por compensación
para la reliquidación de la pensión de vejez. En consecuencia, sostuvo que el cálculo
aritmético de la asignación básica y demás ingresos laborales no debía superar el 80%
de lo percibido por un magistrado de alta corte, conforme a lo establecido en el Decreto
610 de 1998 y, actualmente, en el Decreto 1102 de 2012. Añadió que dicho cálculo
debía ser realizado por la entidad pagadora, razón por la cual la UGPP no encontró
5
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evidencia de que a la señora María Rubby Montoya de Uribe se le hubiera aplicado el
ajuste correspondiente al 80% de lo percibido por un magistrado de alta corte.
19. Expresó que, al momento en que la señora María Rubby Montoya de Uribe
adquirió el estatus jurídico de pensionada, en principio resultaba aplicable la Ley 33 de
1985; sin embargo, por favorabilidad, se aplicaron los artículos 33 y 34 de la Ley 100
de 1993. Por tal razón, la liquidación debía efectuarse con los factores salariales
descritos en el Decreto 1158 de 1994.
20. Aseveró que existía cosa juzgada, dado que, mediante la Resolución 52083 del
1.º de noviembre de 2007, y en cumplimiento de la sentencia de tutela proferida por el
Juzgado Segundo Civil del Circuito de Manizales, se reliquidó la pensión de vejez
conforme al artículo 6 del Decreto 546 de 1971, con el 75 % de la asignación mensual
más alta devengada durante el último año de servicio. Que en dicha reliquidación se
incluyeron los factores salariales correspondientes a asignación básica, prima de
navidad, bonificación por servicios prestados, prima de servicios, vacaciones, gastos
de representación, prima especial de servicios y bonificación por compensación, en
cuantía de $6.571.454,19, efectiva a partir del 1.º de octubre de 2002, razón por la cual
operó la cosa juzgada.
2.3. Trámite procesal en primera instancia
21. El presente proceso fue inicialmente presentado ante el Tribunal Administrativo
de Caldas8; sin embargo, en aplicación de las medidas de descongestión judicial
previstas en el Acuerdo PCSJA24-12140 del 30 de enero de 2024, expedido por el
Consejo Superior de la Judicatura, el expediente fue remitido al Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca9.
2.4. Sentencia de primera instancia
22. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante sentencia del 30 de
julio de 202510, resolvió:
PRIMERO: DECLARAR la nulidad de los siguientes actos administrativos, según las
consideraciones de esta sentencia:
• Resolución No. RPD 007406 del 24 de febrero de 2015.
• Resolución No. RPD 025450 del 23 de junio de 2015.
SEGUNDO: DECLARAR la imprescriptibilidad de los aportes al Sistema de Seguridad
Social en materia pensional, según lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: CONDENAR a la entidad demandada que, a título de restablecimiento del
derecho, RELIQUIDE la cuantía de la pensión mensual de jubilación de la demandante,
María Rubby Montoya de Uribe, identificada con la C.C. No. 24.919.796, teniendo como
ingreso base de liquidación el 75% de la asignación mensual más alta que haya
8 Samai, índice 22, 1ED_01ACTAREPARTOPDF(.pdf)
9 Samai, índice 25, Soporte salida expediente(.pdf)
10 Samai, índice 56, 207Sentencia1ai_211_Sentencia_201500(.pdf)
6
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devengado durante el último año de servicio como lo determina la Ley, en el entendido
que la demandante debió devengar el 80% de la remuneración total que, por todo
concepto, percibieron los magistrados de las Altas Cortes durante el año anterior al
retiro del cargo, ocurrido el 30 de septiembre de 2002. Teniendo en cuenta la
remuneración según el artículo 6 del Decreto 546 de 1971 y el Decreto 610 de 1998,
de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta
sentencia. Reliquidación que deberá realizarse desde el 1 de octubre de 2002 y en lo
sucesivo. En todo caso, la mesada pensional que resulte de la reliquidación ordenada
en esta providencia no podrá superar los 25 SMLMV de conformidad con lo expuesto
en esta sentencia.
Al reliquidar y pagar lo ordenado la entidad demandada deberá computar el valor de la
prima especial de servicios y, también, reliquidar y pagar las mesadas pensionales con
sus intereses y con los incrementos anuales de ley a partir del 01 de octubre de 2002,
hasta cuanto el pago se haga efectivo conforme a la Ley.
La entidad demandada también deberá pagar a la demandante las diferencias dejadas
de percibir en las mesadas pensionales, valor que determinará comparando el valor de
cada mesada pagada, con el valor que ha debido pagarle desde el 01 de octubre de
2002, conforme al restablecimiento ordenado. Quedando facultada para aplicar los
descuentos que por aportes a la pensión le correspondan a la demandante, así como
por valores pagados por concepto de bonificación por gestión judicial del Decreto 4040
de 2004.
De manera que, para efectos del cumplimiento de la condena, a la parte demandada
le corresponderá revisar que, con motivo de la reliquidación ordenada, no se supere el
límite del 80% determinado por el Gobierno Nacional.
La entidad demandada podrá repetir contra la Nación - Rama Judicial con el fin de
recobrar las sumas que le correspondan a esa entidad por concepto de los aportes al
Sistema de Seguridad Social, en materia pensional, en favor de la demandante, pero
no podrá la entidad demandada condicionar el cumplimiento de esta sentencia al pago
efectivo de esos aportes.
CUARTO: ORDENAR a la entidad demandada el cumplimiento de la sentencia en los
términos de los artículos 192 a 195 de la Ley 1437 de 2011, aplicando la siguiente
fórmula de actualización:
R= Rh Índice Final
Índice Inicial
La entidad demandada debe realizar los aportes al sistema de seguridad social con
base en el 100% del salario básico por el tiempo reconocido en la presente providencia,
además, queda facultada para realizar los respectivos descuentos de ley.
QUINTO: CONDENAR en costas de primera instancia a la parte demandada, en los
términos indicados en la parte motiva de esta providencia.
SEXTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.
SÉPTIMO: NEGAR las excepciones propuestas por la parte demandada, en virtud de
las razones expuestas en este proveído.
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OCTAVO: Ejecutoriada esta providencia, sin que se haya interpuesto el recurso de
apelación, archívese el expediente, previas las anotaciones de rigor.
23. Precisó que la señora María Rubby Montoya de Uribe presentó ante la Rama
Judicial, el 31 de octubre de 2001, la primera petición encaminada a reclamar el
reconocimiento de la bonificación por compensación regulada en el Decreto 610 de
1998, con la finalidad de obtener el reconocimiento y pago del 80% de todo lo
devengado por los magistrados de las altas cortes. En consecuencia, se interrumpió
la prescripción y declaró la imprescriptibilidad de los aportes al sistema de seguridad
social en pensiones a favor de la accionante, durante el período en que se desempeñó
como magistrada.
24. Explicó que concurrían los regímenes reglamentados en los Decretos 610 de
1998 y 4040 de 2004, razón por la cual no operaba la prescripción, debido a que la
señora María Rubby Montoya de Uribe la interrumpió en diversas oportunidades y,
además, la dualidad de regímenes impedía establecer una fecha cierta de exigibilidad
de los derechos.
25. Aclaró que los actos demandados avalaban la aplicación del Decreto 4040 de
2004, el cual consideró regresivo en materia laboral y ordenó el pago de las sumas
adeudadas correspondientes a los años 2000, 2001 y 2002, asociadas al concepto de
bonificación por compensación, aunque denominadas bonificación por gestión judicial.
Indicó que dicho reconocimiento se realizó sin efectos salariales ni prestacionales,
circunstancia que afectó el derecho a la seguridad social en materia pensional de la
señora María Rubby Montoya de Uribe.
26. Agregó que la demandante tuvo como ingreso base de liquidación el 75% de la
asignación mensual más alta que devengó durante el último año de servicio y que
debió percibir el 80% de todo lo recibido por un magistrado de alta corporación durante
el año anterior al retiro del cargo, ocurrido el 30 de septiembre de 2002, conforme al
artículo 6 del Decreto 546 de 1971 y al Decreto 610 de 1998, razón por la cual ordenó
su reliquidación a partir del 1.º de octubre de 2002.
2.5. Recurso de apelación
27. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social, UGPP, mediante apoderado, interpuso recurso
de apelación11 para que se revocara la sentencia de primera instancia y se negaran
las pretensiones de la demanda, con fundamento en los siguientes razonamientos:
28. Afirmó que no resultaba viable tomar como base salarial para el cálculo del 75%
una remuneración equivalente al 80% de lo devengado por los magistrados del
Consejo de Estado, debido a que el único porcentaje del 80% establecido para los
magistrados de la Rama Judicial correspondía al factor salarial de la bonificación por
compensación previsto en el Decreto 610 de 1998.
11 Samai, índice 61, 210_MemorialWeb_Recurso-ApelacionSentencia(.pdf)
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Radicación: 17001-23-33-000-2015-00670-03 (3056-2025)
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29. Adujo que, en la Resolución 52083 del 1.º de noviembre de 2007 se tuvo en
cuenta el factor salarial de bonificación por compensación para la reliquidación de la
mesada pensional y que el cálculo aritmético, sumada la asignación básica y demás
ingresos laborales, no debía superar el 80% de lo percibido por un magistrado de Alta
Corte, conforme al Decreto 610 de 1998 y, actualmente, al Decreto 1102 de 2012,
cálculo que correspondía realizar a la entidad pagadora. Precisó que la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social, UGPP, no encontró dentro del expediente evidencia de que a la
señora María Rubby Montoya de Uribe se le hubiera aplicado el ajuste correspondiente
al 80% de lo percibido anualmente por un magistrado de alta corporación.
30. Expresó que, conforme al Decreto 726 de 201812, todas las entidades
certificadoras de información laboral y factores salariales debían estar inscritas y
expedir dicha información a través del sistema CETIL, razón por la cual las entidades
en las que laboró la señora María Rubby Montoya de Uribe debían cumplir con ese
formato, en observancia de dicha normativa.
31. Insistió que la norma aplicable a la accionante es el artículo 6 del Decreto 546
de 1971, que establece que la tasa de remplazo del ingreso base de liquidación
corresponde al 75% y que no existe norma que establezca que es el 80%, por lo que
esta situación es irregular y va contra los parámetros normativos y de la seguridad
social.
32. Señaló que no compartía la conclusión relacionada con la excepción de cosa
juzgada, según la cual no existía identidad de objeto con la acción de tutela.
2.6. Trámite procesal en segunda instancia
33. Mediante auto del 19 de noviembre de 2025, se admitió el recurso de apelación
interpuesto por la parte demandada y se prescindió del traslado para alegar de
conclusión, en aplicación de la Ley 2080 de 2021, toda vez que no se solicitaron
pruebas en segunda instancia13.
2.7. Concepto del Ministerio Público
34. El Procurador Judicial Delegado ante el Consejo de Estado solicitó revocar la
sentencia de primera instancia y, en su lugar, negar las pretensiones de la demanda,
por cuanto la reliquidación pedida no resulta jurídicamente procedente. Consideró que
el Tribunal de primera instancia erró al ordenar la liquidación de la pensión con base
en el 80% de la remuneración total devengada por los magistrados de las altas cortes,
ya que dicho porcentaje no corresponde al ingreso base de liquidación previsto en la
normativa aplicable. Indicó que el IBL correcto equivale al 75% de la asignación
mensual más alta devengada en el último año de servicios, junto con los factores
salariales definidos por la ley14.
12
Por el cual se modifica el Capítulo 2 del Título 9 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1833 de 2016, que compila
las normas del Sistema General de Pensiones y se crea el Sistema de Certificación Electrónica de Tiempos
Laborados (CETIL) con destino al reconocimiento de prestaciones pensionales.
13 Samai, indice 5.
14 Samai, índice 11.
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3. Consideraciones
3.1. Competencia
35. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, es competente
para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias
proferidas en primera instancia por los tribunales administrativos, de conformidad con
el artículo 150 del CPACA.
3.2. Cuestión preliminar
36. La Sala advierte que, aunque la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP, manifestó su
inconformidad frente a la excepción de cosa juzgada, bajo el argumento de la
inexistencia de identidad de objeto con la acción de tutela, dicha excepción fue resuelta
en audiencia inicial y confirmada mediante auto del 5 de diciembre de 2023 por la Sala
de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado15. En consecuencia, ya
existe un pronunciamiento en firme sobre ese punto específico, lo cual impide reabrir
su estudio y análisis.
3.3. Problema jurídico
37. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación contra
el fallo de primera instancia que accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda y en razón a la competencia del juez de segunda instancia, de conformidad
con el artículo 32816 del Código General del Proceso (CGP), corresponde a la Sala
resolver el siguiente problema jurídico:
38. ¿Es procedente reliquidar la pensión de la demandante en una cuantía
equivalente al 75% del ingreso base de liquidación, determinado a partir del 80% de
los ingresos devengados por un magistrado de Alta Corte?
39. Para resolver los anteriores interrogantes, la Sala abordará los siguientes
temas: (i) consideraciones sobre el fundamento normativo y jurisprudencial del
derecho pensional; (ii) hechos probados, y (iii) caso concreto.
15 Samai, índice 23, 47ED_CDNOAPELAC_20AUTOCONFIRMADECISI(.pdf)
16 CGP, artículo 328. «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente
sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los
casos previstos por la ley. // Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló
hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. // En la apelación de autos, el superior sólo tendrá
competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que debido a la modificación fuera
indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella. // En el trámite de la apelación no se podrán
promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia».
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3.4. Marco normativo
3.4.1. Régimen pensional del Decreto 546 de 1971
40. El Decreto 546 de 197117, en su artículo 6°, señala:
«Artículo 6°. Los funcionarios y empleados a que se refiere este Decreto, tendrán
derecho al llegar a los 55 años de edad, si son hombres y de 50, si son mujeres, y cumplir
20 años de servicio continuos o discontinuos, anteriores o posteriores a la vigencia de
este Decreto, de los cuales por lo menos 10 lo hayan sido exclusivamente a la Rama
Jurisdiccional o al Ministerio Público, o a ambas actividades, a una pensión ordinaria
vitalicia de jubilación equivalente al 75% de la asignación mensual más elevada que
hubiere devengado en el último año de servicio en las actividades citadas».
41. De lo anterior deviene que los requisitos para beneficiarse de la pensión mensual
vitalicia de jubilación de los empleados y funcionarios de la Rama Judicial y el
Ministerio Público son haber servido 20 años continuos o discontinuos, de los cuales
10 hayan sido en tal condición y llegar a la edad de 55 años (hombres) o 50 años
(mujeres). Igualmente, determina que la cuantía será del 75% de la asignación
mensual más alta devengada en el último año de servicio en actividades de la Rama
Judicial y/o del Ministerio Público.
42. Ahora bien, respecto al ingreso base de liquidación, esta Sala en sentencia del
10 de abril de 202518, precisó:
«En punto al régimen pensional previsto para los servidores de la Rama Judicial y del
Ministerio Público regulado por el Decreto 546 de 1971, la jurisprudencia de la Sección
Segunda de esta Corporación, en armonía con la tesis aplicada para el régimen
pensional general dispuesto en la sentencia citada, consideró que los beneficiarios de la
transición tenían derecho al reconocimiento pensional conforme a los presupuestos de
edad, tiempo de servicio y monto fijados en ese régimen especial.
En lo atinente al monto, la sección reiteró que ese elemento involucraba los factores y el
periodo de liquidación previstos en el régimen especial, en virtud del principio de
inescindibilidad de la ley, motivo por el cual la pensión reconocida conforme al régimen
previsto en el Decreto 546 de 1971 debía liquidarse en cuantía equivalente al 75% del
promedio del salario más alto devengado en el último año de servicio, con la inclusión
de todos los factores pagados en ese periodo».
3.5. Hechos probados
43. En el plenario se encuentran acreditados los siguientes hechos:
44.La Caja Nacional de Previsión Social, CAJANAL, mediante Resolución 13700 del
11 de marzo de 1993, reconoció a la señora María Rubby Montoya de Uribe una
17 «Por el cual se establece el régimen de seguridad y protección social de los funcionarios y empleados de la Rama
Jurisdiccional, del Ministerio Público y de sus familiares»
18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 10
de abril de 2025, rad. Núm. 11001-03-25-000-2022-00381-00 (3552-2022)
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pensión de vejez por valor de $382.276,04, con efectividad a partir del 1.° de junio de
1991, supeditada al retiro del servicio19.
45. Luego, por medio de la Resolución 013486 del 13 de mayo de 199820, CAJANAL
reliquidó la pensión de vejez de la accionante y aumentó la cuantía a $3.059.631,38,
con efectividad a partir del 1.° de agosto de 1997, condicionada al retiro del servicio.
46. La señora María Ruby Montoya de Uribe, el 23 de noviembre de 2001, solicitó a la
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de
la Protección Social, UGPP, la reliquidación de su pensión conforme al Decreto 546
de 1971, con inclusión de todos los factores salariales, especialmente el reajuste de la
bonificación por compensación21.
47. Ante el silencio de la administración a la petición del 23 de noviembre de 2001, la
señora María Rubby Montoya de Uribe interpuso recurso de apelación contra el acto
ficto negativo22.
48. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social, UGPP, mediante Resolución 02985 del 09 de
mayo de 200223, revocó el acto ficto y reliquidó la pensión, fijándola en la suma de
$5.785.613,57, efectiva a partir el 1. ° de marzo de 2002.
49. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de Manizales, Caldas,
mediante constancia núm. 123 expedida el 12 de febrero de 2003, certificó que la
señora María Rubby Montoya de Uribe devengó como última asignación la suma de
$7.961.26124.
50. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Manizales, mediante sentencia de
tutela del 12 de septiembre de 2003, ordenó reliquidar y pagar la pensión de jubilación
reconocida a la señora María Rubby Montoya de Uribe conforme al artículo 6 del
Decreto 546 de 1971, teniendo en cuenta la bonificación por compensación25.
51. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social, UGPP, en cumplimiento del fallo de tutela
proferido por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Manizales, expidió la Resolución
0022836 del 26 de noviembre de 200326, mediante la cual reliquidó la pensión de la
señora María Rubby Montoya de Uribe en la suma de $6.297.833,05; no obstante, la
ajustó al tope de 20 SMMLV correspondiente al año 2002, esto es, a la suma de
$6.180.000, con efectividad a partir del 1.° de marzo de 2002.
52. La señora María Rubby Montoya de Uribe interpuso, en diciembre de 2003,
recurso de apelación contra la Resolución 0022836 del 26 de noviembre de 2003, al
19 Samai, índice 24, 67ED_EXPEDADMIN_19ACTOADMINISTRATIVO(.PDF).
20 Samai, indice 24, 89ED_EXPEDADMIN_41ACTOADMINISTRATIVO(.PDF).
21 Samai, índice 22, 3ED_03ANEXOSPDF(.pdf), pp. 1 a 2.
22 Samai, indice 24, 104ED_EXPEDADMIN_56RECURSODEAPELACION(.PDF).
23 Samai, indice 24, 109ED_EXPEDADMIN_61ACTOADMINISTRATIVO(.PDF).
24 Samai, índice 22, 3ED_03ANEXOSPDF(.pdf), p. 49
25 Samai, índice 24, 112ED_EXPEDADMIN_64FALLODETUTELACAUSA(.PDF).
26 Samai, índice 24, 113ED_EXPEDADMIN_65ACTOADMINISTRATIVO(.PDF)
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considerar que se fijó una cuantía inferior a la establecida en la sentencia de tutela del
12 de septiembre de 2003, toda vez que no debía aplicarse el límite allí señalado,
circunstancia que configuró un desacato a la orden judicial27.
53. La accionante presentó recurso de apelación contra el acto ficto negativo
configurado por el silencio de la administración frente a la petición que radicó el 16 de
diciembre de 2003.28.
54. La Caja Nacional de Previsión Social, CAJANAL, a solicitud de la pensionada,
mediante Resolución AMB 26017 del 04 de junio de 200729, reliquidó la pensión de
vejez de la señora María Rubby Montoya de Uribe en cuantía de $6.454.707,08, al
aplicar el 75 % del valor devengado durante el último año de servicios, de conformidad
con las Leyes 33 y 62 de 1985 y la orden de la sentencia de tutela proferida por el
Juzgado Segundo Civil del Circuito de Manizales.
55. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social, UGPP, mediante la Resolución 52083 del 1.° de
noviembre de 2007, dejó sin efectos la Resolución AMB 26017 del 4 de junio de 2007,
debido a un error involuntario presentado al momento de realizar la liquidación.
56. En consecuencia procedió a reliquidar la pensión de la señora María Rubby
Montoya de Uribe, fijándola en la suma de $6.571.454,19. Tuvo en cuenta los
siguientes factores salariales: (i) asignación básica año 2002 por valor de $1.979.585;
(ii) prima de navidad 2001por $351.762,75; (iii) bonificación por servicios prestados
2002 por $110.292,08; (iv) prima de servicios 2002 por $169.776,91; (v) prima de
vacaciones 2001 por $168.846,16; (vi) gastos de representación 2002 por $1.979.585;
(vii) prima especial de servicios por $1.187.751 y bonificación por compensación por
$2.814.340; cuya sumatoria ascendió a $8.761.938,92, valor al cual le aplicó el 75 % 30.
57. El Coordinador del Grupo de Ejecución de Penas y Pagos de la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial, Seccional Manizales, mediante constancia,
certificó la asignación mensual y los demás factores salariales y prestacionales de la
señora María Rubby Montoya de Uribe31, de la siguiente manera:
27 Samai, índice 24, 121ED_EXPEDADMIN_73RECURSODEAPELACION(.PDF).
28 Samai, índice 24, 128ED_EXPEDADMIN_80RECURSODEAPELACION(.PDF).
29 Samai, índice 24, 137ED_EXPEDADMIN_89RESOLUCIONESQUERES(.PDF).
30 Samai, índice 24, 140ED_EXPEDADMIN_92ACTOADMINISTRATIVO(.PDF)
31 Samai, índice 24, 153ED_EXPEDADMIN_105CERTIFICADODEFACT(.PDF)
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58. La Caja Nacional de Previsión Social, CAJANAL, realizó la liquidación de las
diferencias de aportes derivadas de la inclusión de nuevos factores salariales, con
corte al 30 de junio de 201032, en los siguientes términos:
59. La señora María Rubby Montoya de Uribe solicitó el 22 de octubre de 2014 la
reliquidación de su pensión de jubilación, petición que la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social,
32 Samai, índice 24, 156ED_EXPEDADMIN_108LIQUIDACIONESDENO(.PDF)
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UGPP, negó mediante la Resolución RDP 007406 del 24 de febrero de 201533. Contra
dicha decisión, la accionante presentó recurso de apelación, resuelto a través de la
Resolución RDP 025450 del 23 de junio de 201534, que confirmó lo decidido.
3.6. Caso concreto
60. Conforme a lo expuesto en los acápites precedentes, la controversia se centra
en establecer si existe fundamento normativo para que el ingreso base de liquidación,
de la pensión reconocida a la demandante, se calcule con referencia al 80 % de la
remuneración percibida por todo concepto por los magistrados de las altas cortes, o
si, por el contrario, resulta aplicable el artículo 6 del Decreto 546 de 1971, conforme al
cual la tasa de reemplazo corresponde al 75 % la asignación mensual más alta
devengada por la demandante durante el último año de servicios.
61. En efecto, el artículo 6 del Decreto 546 de 197135 prevé que los funcionarios y
empleados de la Rama Judicial tienen derecho a una pensión equivalente al 75 % de
la asignación mensual más alta devengada en el último año de servicio. La disposición
no establece que la base pensional corresponda al salario de los magistrados de las
Altas Cortes ni autoriza liquidar la prestación sobre un ingreso equivalente al 80 % de
lo percibido por dichos funcionarios. La norma fija dos elementos claramente
diferenciados: de un lado, el ingreso base de liquidación, constituido por la asignación
mensual más alta devengada por el servidor; y, de otro, la tasa de reemplazo,
correspondiente al 75 %.
62. En el caso concreto, quedó plenamente demostrado que a la señora María
Rubby Montoya de Uribe a través Resolución 13700 del 11 de marzo de 1993, la Caja
Nacional de Previsión Social, CAJANAL, le reconoció una pensión de vejez por valor
de $382.276,04, con efectividad a partir del 1.° de junio de 1991, supeditada al retiro
del servicio. Asimismo, que obtuvo la reliquidación de su mesada pensional derivada
de la inclusión de la bonificación por compensación en la determinación del ingreso
base de liquidación. Ello obedeció al cumplimiento de un fallo de tutela que profirió el
12 de septiembre de 2003 el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Manizales y que
materializó en la Resolución 0022836 del 26 de noviembre de 2003.
63. Igualmente, obra en el expediente la Resolución 52083 del 1.º de noviembre de
2007, mediante la cual la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP, dejó sin efectos36 una
reliquidación anterior y fijó la mesada pensional de la señora María Rubby Montoya de
Uribe en cuantía de $6.571.454,19, en la cual fue incluida la bonificación por
compensación.
64. Aquí cabe precisar que la bonificación por compensación creada mediante el
Decreto 610 de 1998 tuvo como finalidad nivelar la remuneración de los magistrados
33 Samai, índice 22, 3ED_03ANEXOSPDF(.pdf), pp.39 a 42.
34 Samai, índice 22, 3ED_03ANEXOSPDF(.pdf), pp.43 a 47.
35 Vigente para la fecha en que la demandante adquirió es estatus de pensionada.
36 La Resolución 26017 del 4 de junio de 2007 reliquidó el derecho pensional Enviada para efectos de notificación
se advirtió que se había cometido un error involuntario que afectaba los intereses de la peticionaria, pues se le
otorgó un monto inferior al que en realidad le correspondía.
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de tribunal al 80% de lo percibido por los magistrados de las Altas Cortes. No obstante,
dicha disposición no modificó el régimen pensional previsto en el Decreto 546 de 1971.
La incidencia de la bonificación se limita a su incorporación como factor salarial dentro
del ingreso efectivamente devengado por el servidor, siempre que hubiera sido
reconocida y pagada.
65. Así las cosas, el régimen aplicable para la reliquidación pensional de la señora
María Rubby Montoya de Uribe es el previsto en el artículo 6 del Decreto 546 de 1971,
que establece que la pensión debe corresponder al 75 % de la asignación mensual
más alta devengada durante el último año de servicios. En consecuencia, no existe
fundamento jurídico que permita calcular el ingreso base de liquidación tomando como
referencia el 80 % de la remuneración percibida por los magistrados de las Altas
Cortes, pues como ya se dijo este porcentaje comprende únicamente al rubro
«bonificación por compensación» que ya fue incluido en la base de liquidación del
derecho pensional.
3.7. Costas
66. La presente providencia, por razones de seguridad jurídica e igualdad, acoge el
criterio de interpretación mayoritario37 de la Subsección sobre el artículo 188 de la Ley
1437 de 2011, consistente en que para decretar la condena en costas debe verificarse
que la parte vencida actuó de manera temeraria o de mala fe.
67. Por lo tanto, la Sala revocará la condena en tal sentido proferida en primera
instancia y se abstendrá de imponer costas en esta, dado que no se advierte que la
UGPP haya incurrido en las anteriores conductas.
3.8. Conclusión
La Subsección concluye que el derecho de la señora María Rubby Montoya de Uribe
debía liquidarse conforme al artículo 6 del Decreto 546 de 1971, es decir, en un
equivalente al 75 % de la asignación mensual más alta que hubiera devengado durante
el último año de servicio y no en la forma en que lo dispuso el Tribunal en la sentencia
objeto de este recurso.
37 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un
criterio objetivo valorativo por varias razones, a saber: (i) el artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo; (ii) el artículo 188 no excluye la
aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el expediente
aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación»; (iii) la temeridad o mala fe deben ser valoradas
por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas»; (iv) el inciso segundo del artículo 188
no elimina el criterio objetivo, por el contrario, amplia su espectro al considerar que en los asuntos en los que se
ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que
se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal»; (v) los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA. // Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la
Corte Constitucional, que a propósito del régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para
imponer la condena en costas el juez ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la
hora de condenar en costas, sino la derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo-
valorativo». En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A, sentencia del 7 de abril de 2016, M.P. William Hernández Gómez, rad. 13001-23-33-000-2013-
00022-01 (1291-14).
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Radicación: 17001-23-33-000-2015-00670-03 (3056-2025)
Demandante: María Rubby Montoya de Uribe
Demandada: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social - UGPP
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
Falla:
Primero: Revocar la sentencia proferida el 30 de julio de 2025 por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, mediante la cual se accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda y se impuso condena en costas, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.
Segundo: Negar las pretensiones de la demanda por las razones consignadas en la
parte considerativa de esta decisión.
Tercero: Sin condena en costas en las dos instancias.
Cuarto: Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones
pertinentes en el Sistema de Gestión Judicial Samai.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
Notifíquese y cúmplase.
Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial Samai. En consecuencia,
conforme a lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta,
a través del siguiente enlace: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
17
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