Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2022-00447-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2022-00447-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2022-00447-00
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
5 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D.C., cinco (5) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción especial de revisión – Artículo 20 Ley 797 de 2003
Radicación: 11001 03 25 000 2022 00447 00 (4692-2022)
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social1
Demandado: Elías de la Encarnación Martínez Martínez
Tema: Causal b) artículo 20 Ley 797 de 2003
Decisión: Declara infundada la acción especial de revisión. En este caso la
cuantía del derecho reconocido no excedía los parámetros legales.
La Sala decide la acción especial de revisión interpuesta contra la sentencia del 11 de
marzo de 2022 expedida por el Tribunal Administrativo de Córdoba, a través de la cual
modificó y confirmó la emitida por el Juzgado Primero Administrativo de Montería, el 21
de mayo de 2019, que había accedido parcialmente a las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES.
Proceso ordinario
1. El señor Elías de la Encarnación Martínez Martínez instauró demanda
contenciosa administrativa2 en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con el objeto de que se declarara la nulidad parcial de la
Resolución 005299 del 4 de agosto de 1992, mediante la cual se le reconoció la pensión
de jubilación, así como de los actos fictos o presuntos negativos que se configuraron ante
la falta de respuesta frente a la solicitud del «27 de agosto de 2007» en la cual reclamó
la reliquidación de la pensión con todos los factores devengados.
2. Como consecuencia de lo anterior, pidió ordenar la reliquidación de la pensión
de jubilación en el equivalente al 75% de los factores salariales devengados durante el
año anterior a su retiro del servicio y pagar las diferencias a que hubiere lugar.
1 En adelante UGPP.
2 Medio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Demandante: Elías de la Encarnación Martínez
Martínez Demandado: Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social. Ver páginas 77 a 82 del archivo 5_DemandaWeb_Demanda visible en el índice 3 de
Samai.
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Demandante: UGPP
3. El Juzgado Primero Administrativo de Montería3 resolvió la controversia en
sentencia del 21 de mayo de 2019, en la cual accedió parcialmente a las pretensiones.
Indicó que para la fecha de promulgación de la Ley 33 de 1985 el actor había cumplido
más de 15 años de servicio; por lo tanto, estaba en el régimen de transición allí
establecido y su situación pensional debía regirse por los Decretos 3135 de 1968 y 1848
de 1969 y con los factores previstos en el artículo 45 del Decreto 1045 de 1078. Advirtió
que la Resolución 005299 del 4 de agosto de 1992 no incluyó algunos factores salariales
devengados por el accionante durante el último año de servicio, tales como la prima
semestral o prima de servicios, prima de navidad y quinquenio, según la certificación
expedida por el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA).
4. En consecuencia, ordenó la reliquidación de la pensión de jubilación con
inclusión de todos los factores salariales efectivamente devengados durante dicho
periodo y declaró prescritas las diferencias pensionales causadas con anterioridad al 19
de febrero de 2016.
5. La UGPP interpuso recurso de apelación,4 en el cual sostuvo que el a quo
incurrió en una interpretación errónea del régimen de transición contenido en la Ley 33
de 1985, toda vez que le dio un alcance ilimitado, pues por el solo hecho de acreditar 15
años de servicios, para la fecha de entrada en vigencia de la citada ley, definió la situación
pensional del demandante íntegramente por la normatividad anterior, más concretamente
la Ley 42 de 1966 y el Decreto 1045 de 1978, con lo cual desbordó el alcance que el
legislador le otorgó al beneficio de la transición.
6. Agregó que para examinar la procedencia de la reliquidación pensional debía
establecerse si el reconocimiento inicial se ajustó a las normas vigentes al momento en
que el actor adquirió su estatus, esto es el «9 de julio de 1986»,5 época en la que regían
las Leyes 33 y 62 de 1985, disposiciones que, a su juicio, definen el derecho del
demandante.
7. Bajo ese contexto, consideró que como la Resolución 005299 del 4 de agosto
de 1992 incluyó los siguientes factores salariales: asignación básica, horas extras, prima
de alimentación, auxilio de transporte, bonificación por servicios prestados, prima de
vacaciones e incentivo de localización y mediante la Resolución 26433 de junio de 1993,
se reliquidó la prestación para incluir la prima de antigüedad y la prima de navidad, ello
lleva a concluir que la decisión apelada carece de sustento jurídico, pues en sede
administrativa se incorporaron todos los factores en la base de liquidación pensional.
8. El 11 de marzo de 2022, el Tribunal Administrativo de Córdoba6 modificó el
numeral 3.° de la sentencia de primera instancia en el sentido de ordenar que se incluyera
el quinquenio dentro de la liquidación pensional, adicional a los demás factores
3 Páginas 132 a 143 del archivo 5_DemandaWeb_Demanda ibidem.
4 Folios 130 a 133 del expediente digital que se encuentra visible en el link contenido en el archivo
13_AGREGARMEMORIAL_04RTASOLCOPIAEXPCONS.pdf el cual se puede descargar en la opción
«visualizar expediente del sistema Samai del juzgado».
5 Según la Resolución 005299 el estatus pensional del señor Elías de la Encarnación Martínez Martínez se
dio el 9 de julio de 1991.
6 Páginas 163 a 175 del archivo 5_DemandaWeb_Demanda visible en el índice 3 de Samai.
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Demandante: UGPP
devengados en el último año de servicios y confirmó la decisión en lo demás. Expuso que
el actor es beneficiario del régimen de transición previsto en el parágrafo 2° del artículo
1° de la Ley 33 de 1985, teniendo en cuenta que contaba con más de 15 años para la
fecha de su entrada en vigencia, razón por la cual su situación pensional se rige por las
disposiciones de los Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978.
9. Precisó que si bien es cierto el régimen consagrado en dicha norma solo remite
a la edad de jubilación vigente con anterioridad a su expedición y no señaló nada en
cuanto a la liquidación, también lo es que la jurisprudencia del Consejo de Estado7 ha
considerado que, en aplicación del principio de favorabilidad consagrado en el artículo 53
de la Constitución Política, resulta procedente aplicar el régimen anterior en lo
concerniente a los factores de liquidación, cuando ello resulte más favorable al trabajador.
10. Explicó que la pensión prevista en el Decreto Ley 3135 de 1968 continuó
reconociéndose jurisprudencialmente con fundamento en los factores señalados en el
artículo 45 del Decreto Ley 1045 de 1978; sin embargo, por vía jurisprudencial se ha
sostenido que estos no constituyen una relación taxativa, sino una enunciación que no
impide incluir otros factores efectivamente devengados por el trabajador.
11. Advirtió que en el expediente obra certificación emitida por el Instituto
Colombiano Agropecuario en la que se puede constatar que durante el último año de
servicios el demandante devengó: sueldo mensual básico, antigüedad, incentivo de
localización, horas extras dominicales feriados y recargos, alimentación, transporte,
prima de vacaciones, prima de servicios o semestral, quinquenio y auxilio por retiro.
Agregó que en la decisión de primera instancia no se valoró la Resolución 26433 del 11
de junio de 1993, por medio de la cual Cajanal reliquidó la pensión con inclusión de las
primas de servicios y de navidad, conforme a los decretos citados previamente.
12. Con base en lo anterior, consideró que no resultaba procedente que en la
reliquidación se ordenara incluir dichos conceptos pues ya estaban inmersos en la
prestación, por lo tanto, la orden solo comprendería la inclusión quinquenio, al tratarse
de un factor efectivamente devengado durante el último año de servicios y no incluido en
la base de liquidación.
13. En materia de prescripción trienal, sostuvo que en el expediente no obra
prueba de la reclamación administrativa del 27 de agosto de 2007, pues las peticiones
que se allegaron con la demanda no tienen fecha de recibido; en consecuencia,
contabilizó el término prescriptivo desde la presentación de la demanda, a saber, el 19
de febrero de 2016, de donde concluyó que estaban prescritas las mesadas causadas
con anterioridad al 19 de febrero de 2013.
14. Adujo que en rigor jurídico habría sido procedente revocar la decisión de
primera instancia que declaró probada parcialmente la excepción de prescripción
respecto de las mesadas causadas antes del 19 de febrero de 2016, sin embargo, se
7 «[v]er sentencia fechada 7 de octubre de dos mil diez (2010) del Consejo de Estado, Sección Segunda,
subsección A, Consejero Ponente: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, Radicación Número: 25000-23-
25-000-2002-02392-01(0265-07) Actor: Carlos Rodríguez Villamarín. Demandado: FAVIDI».
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Demandante: UGPP
abstuvo de hacerlo en aplicación del principio de non reformatio in pejus, dado que ello
resultaría más gravoso para la parte demandada, que actuó como apelante única.
Demanda de la acción especial de revisión
15. La UGPP, en ejercicio de la acción especial de la referencia, solicitó revocar la
sentencia del 11 de marzo de 2022, expedida por el Tribunal Administrativo de Córdoba,
por la cual se modificó la sentencia de primera instancia emitida por el Juzgado Primero
Administrativo de Montería; con tal propósito, invocó la causal b) del artículo 20 de la Ley
797 de 2003, esto es «cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de
acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables».
16. Manifestó que en la providencia cuestionada se ordenó la reliquidación de una
pensión de vejez con el 75% del promedio de lo devengado en el último año de servicios,
incluyendo la totalidad de los factores salariales percibidos, tales como el quinquenio,
cuando lo procedente era resolver la controversia sujetándose en su integridad a la Ley
33 de 1985 y tener en cuenta aquellos que sirvieron de base para los aportes, que se
encuentran enlistados en su artículo 3°, modificado por la Ley 62 de 1985. De manera
que, se debe ordenar la devolución de las sumas pagadas en virtud del acto de
reconocimiento de la reliquidación, debidamente indexadas.
Contestación de la acción especial
17. El demandado guardó silencio durante esta etapa procesal.8
II. CONSIDERACIONES
Competencia
18. De conformidad con lo previsto en el artículo 249 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante CPACA), aplicable por
remisión del inciso 3 del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el Consejo de Estado 9 es
competente para resolver la acción especial de revisión contra las sentencias
ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos. Así las cosas, se abordará el
análisis de esta controversia.
Oportunidad
19. La sentencia objeto de revisión quedó ejecutoriada el 22 de marzo de 2022, es
decir, bajo la vigencia del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
8 Como se dejó constancia en el auto que decretó pruebas, visible en el índice 16 de Samai.
9 En atención al criterio de especialización laboral y conforme a lo dispuesto en el artículo 13 del Acuerdo
080 del 12 de marzo de 2019, el conocimiento del asunto corresponde a la Sección Segunda del Consejo
de Estado.
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Demandante: UGPP
Administrativo, cuyo artículo 251 establece un plazo de cinco años, contados a partir del
día siguiente a la ejecutoria, para presentar la demanda de acción especial de revisión;
por lo tanto, fue presentada oportunamente, al haberse radicado el 7 de septiembre de
2022.10
Problema jurídico
20. Le corresponde a la Sala determinar si la sentencia expedida el 11 de marzo
de 2022 por el Tribunal Administrativo de Córdoba está inmersa dentro de la causal
prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, pues habría incurrido en un
reconocimiento excesivo del derecho al ordenar la reliquidación de la pensión de vejez
del señor Elías de la Encarnación Martínez Martínez con inclusión del quinquenio
percibido en el último año de servicios.
Análisis del problema jurídico
21. Examinado el caso concreto, la Sala anuncia que declarará infundada la acción
especial de revisión, porque el reconocimiento pensional ordenado no fue excesivo, por
las razones que se exponen a continuación.
22. Antes de abordar el análisis se precisa que en la primera parte del acápite de
concepto de violación de la demanda se aludió a las causales previstas en los literales a)
y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003; sin embargo, el desarrollo argumentativo se
circunscribió exclusivamente a la prevista en el literal b),11 razón por la cual el análisis se
limitará a esta última. En lo que respecta a la afectación del patrimonio público se
concretó en que el pago de una mesada pensional en un valor superior al que legalmente
corresponde conlleva detrimento al erario y una afectación a los recursos del Sistema,
con grave impacto para el interés general.
23. La acción especial de revisión, prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003
fue concebida como una herramienta judicial cuyo «propósito primordial [consiste en] 12
realizar un estudio de las pensiones reconocidas en forma contraria a la ley, de modo
que, en últimas, se eviten perjuicios de carácter patrimonial al erario».13
10 Índice 4 de Samai.
11 Asimismo, en dicho acápite también se indicó que«[d]e acuerdo a las pretensiones de la demanda, en el
presente caso se configura la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, según la
cual procede la acción de revisión “cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de
acuerdo con la Ley, pacto o convención colectiva que le 10 eran legalmente aplicables”, del artículo 20 de
la Ley 797 de 2003, según las cuales procede la revisión de pensiones, en tanto se ordenó el
reconocimiento de un incremento pensional no conforme a derecho, y con violación a las normas y
jurisprudencia que regulan la materia».
12 Se reemplaza la palabra «en» incluida en el texto original, por la expresión incluida en paréntesis, para
facilitar la lectura.
13 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A; sentencia del 21 de junio de 2018, radicado 11001
03 25 000 2014-00845-00 (2743-13).
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24. Esta Corporación, en forma pacífica14 ha sostenido que la acción especial no
constituye una instancia adicional para debatir el reconocimiento de un derecho, pues su
procedencia está circunscrita a que se configure alguna de las causales previstas por el
legislador con el fin de que se revisen las providencias «que impongan al tesoro público
o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o
pensiones de cualquier naturaleza».
25. En el presente asunto, la UGPP invocó como sustento la causal prevista en el
literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003,15 al considerar que la sentencia
cuestionada incurrió en un reconocimiento excesivo del derecho porque ordenó incluir el
quinquenio como factor computable en la liquidación de la pensión del demandado,
cuando, a su juicio, únicamente debían tenerse en cuenta los factores salariales que
sirvieron de base para los aportes, enlistados en el artículo 3° de la Ley 33 de 1985,
modificado por la Ley 62 de 1985. En ese sentido, la Sala considera que en este caso no
se pretende reabrir el debate el torno al reconocimiento del derecho, sino a exponer que
este se torna excesivo. Así, el análisis se concentrará en determinar si la inclusión del
referido factor conlleva ese supuesto.
26. En el expediente está probado que el señor Elías de la Encarnación Martínez
Martínez nació el 9 de julio de 1936,16 laboró para el Instituto Colombiano Agropecuario
ICA desde el 4 de enero de 196017 hasta el 30 de diciembre de 1992,18 el último cargo
que ocupó fue de operario 6030-3 y durante el último año de servicio devengó los
siguientes factores: sueldo básico, prima de antigüedad, horas extras, dominicales y
festivos, incentivo de localización, prima de alimentación, auxilio de transportes, prima de
vacaciones, prima de servicios semestral, prima de navidad, quinquenio y auxilio de
retiro.19
27. Lo anterior quiere decir que para el momento en que entró en vigencia de la
Ley 33 de 1985 el señor Martínez Martínez contaba con más de 15 años de servicio,
razón por la cual fue considerado beneficiario del régimen de transición previsto en el
parágrafo 2º del artículo 1° de dicha ley y, en consecuencia, tenía derecho a que se
respetara la edad pensional prevista en el régimen anterior, tal como lo determinó el
juzgado de primera instancia y el Tribunal Administrativo de Córdoba.
14 En sentencia del 30 de julio de 2025, referencia 11001 03 15 000 2025 02260 00, la Sala especial de
decisión No. 6, sostuvo lo siguiente: «En consecuencia, este recurso no es la vía para corregir los yerros
probatorios de las partes, ni para reconducir el proceso en hechos, pruebas o argumentos, revivir términos
o reabrir el debate surtido en el trámite ordinario.». [se destaca]
15 «b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o
convención colectiva que le eran legalmente aplicables».
16 Visible en el archivo CC2786972 del link contenido en el archivo
13_AGREGARMEMORIAL_04RTASOLCOPIAEXPCONS.pdf el cual se puede descargar en la opción
«visualizar expediente del sistema Samai del juzgado».
17 Fecha consignada en los certificados de factores salariales archivo 19 de la carpeta CC2786972.
18 Folio 24 del expediente digital contenido en el link.
19 Ver archivo número 19 de la carpeta CC2786972 contenido en el link del expediente digital.
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28. Por otra parte se observa que a través de la Resolución 005299 del 4 de
agosto de 1992,20 se le reconoció el pago de una pensión mensual vitalicia de jubilación.
En esa medida, se aplicó una tasa de reemplazo del 75% del salario promedio de lo
devengado durante el último año de servicio con los siguientes factores:
29. Posteriormente, por medio de la Resolución 26433 del 11 de junio de 1993 se
reliquidó dicho beneficio pensional y la entidad reconoció que eran aplicables los
Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969, 1045 de 1978 y la Ley 33 de 1985, lo que llevó
a incluir la prima de servicios y prima de navidad.
30. Ahora bien, dentro de su análisis tanto el Juzgado Primero Administrativo de
Montería como el Tribunal Administrativo de Córdoba consideraron que si bien es cierto
el régimen de transición contenido en parágrafo 2 del artículo 1 de la Ley 33 de 1985 solo
garantizaba a sus beneficiarios la edad de jubilación establecida en normas anteriores,
también lo es que acogieron el criterio sostenido por el Consejo de Estado en sede
ordinaria, según el cual se debía aplicar, en su integridad, la normativa pensional anterior,
razón por la cual la reliquidación debía sujetarse a lo dispuesto en el Decreto 1045 de
1978.
31. En consecuencia, el Tribunal Administrativo de Córdoba, en ejercicio de su
independencia y autonomía judicial, valoró las pruebas allegadas junto con la normativa
aplicable y explicó las razones que lo llevaron a acoger la tesis vigente para la época en
la que se sostenía que en el IBL se debían incluir todos los factores percibidos durante el
último año de servicios, entre ellos el quinquenio, pues los demás conceptos ya habían
sido incorporados, mediante las Resoluciones 005299 del 4 de agosto de 1992 y 26433
del 11 de junio de 1993.
20 Archivo 9 de la carpeta CC2786972 del link contenido en el archivo
13_AGREGARMEMORIAL_04RTASOLCOPIAEXPCONS.pdf el cual se puede descargar en la opción
«visualizar expediente del sistema Samai del juzgado».
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32. En ese contexto, se considera que la decisión del Tribunal no implica
desconocimiento normativo ni conlleva el pago excesivo de las mesadas pensionales,
comoquiera que aplicó un criterio jurisprudencial vigente en ese momento,21 desarrollado
por el Consejo de Estado, máximo órgano de lo contencioso administrativo, en lo que se
refiere a las garantías de los beneficiarios del régimen de transición de la Ley 33 de 1985,
el cual se acompasa con el principio de favorabilidad en materia de derechos laborales,
sin que ello constituya una actuación caprichosa, arbitraria o contraria a derecho, por el
contrario, se encuentra razonablemente sustentada y fundamentada.
33. Valga aclarar, además, que dicho entendimiento, para el caso concreto, no
conlleva un reconocimiento desbordado del derecho, toda vez que tal como consta en el
certificado expedido por el jefe de personal y tesorero del Instituto Colombiano
Agropecuario, la entidad realizó los aportes de ley respecto del quinquenio22 ordenado
como factor de liquidación; en consecuencia, su inclusión obedece a la interpretación
jurisprudencial descrita aunado al soporte de las cotizaciones que se hicieron sobre dicho
emolumento y está acorde con lo que plantea la propia entidad, cuando en la demanda
afirma que «la pensión debía calcularse sobre los mismos factores que sirvieron de base
para calcular aportes»23.
34. No sobra agregar que en la actualidad la Subsección acogió una tesis
intermedia24 para definir el derecho pensional de los beneficiarios del régimen de
transición de la Ley 33 de 1985, con base en la cual solo se garantiza la edad prevista en
normas anteriores, pero en los demás aspectos deben regirse por la mencionada ley y la
62 de 198525, tesis que atiende el criterio de cotización para efecto del reconocimiento
pensional y que, incluso, si se aplicara al caso mencionado, se habría acreditado,
respecto del factor que se ordenó incorporar.
35. Finalmente, se precisa que la causal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003
no se satisface con la sola circunstancia de que la decisión judicial haya reconocido una
21 Se refirió a las sentencias del 5 de febrero de 2004, radicado: 25000 23 25 000 2001 05755 01, del 7 de
octubre de 2010, radicado: 25000 23 25 000 2002 02392 01 (0265-07), entre otras (ver pie de página 10
de la sentencia objeto de esta acción).
22 En el texto del certificado se lee: Que el instituto ha venido descontando el 5% de aporte y cuota de
afiliación con destino a la Caja Nacional de Previsión, sobre los factores antes descritos, a la totalidad
de sus funcionarios. Se precisa que ese certificado fue el que tuvo en cuenta el Tribunal para tomar la
decisión objeto de esta acción.
23 Página 19 de la demanda de la acción especial de revisión.
24 Ver providencias del 24 de julio de 2025, expediente 05001 23 33 000 2016 00103 01 (0651-2023), 31
de julio de 2025, expediente 08001 23 33 000 2016 00249 01 (2700-2022) y del 8 de agosto de 2025,
expediente 20001 23 33 000 2020 00518 01 (0072-2023), entre otras.
25 Artículo 1°. Todos los empleados oficiales de una entidad afiliada a cualquier Caja de Previsión, deben
pagar los aportes que prevean las normas de dicha Caja, ya sea que su remuneración se impute
presupuestalmente como funcionamiento o como inversión. Para los efectos previstos en el inciso anterior,
la base de liquidación para los aportes proporcionales a la remuneración del empleado oficial, estará
constituida por los siguientes factores, cuando se trate de empleados del orden nacional: asignación básica,
gastos de representación; primas de antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación; dominicales y
feriados; horas extras; bonificación por servicios prestados; y trabajo suplementario o realizado en jornada
nocturna o en día de descanso obligatorio. En todo caso, las pensiones de los empleados oficiales de
cualquier orden, siempre se liquidarán sobre los mismos factores que hayan servido de base para
calcular los aportes.
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suma periódica superior a la inicialmente liquidada, ni con la existencia de una
discrepancia interpretativa respecto del régimen aplicable, sino que, la razón para
reconocer el incremento debe ser fruto de una infracción evidente y contraria del
ordenamiento jurídico; circunstancia que, se reitera, no se avizora en el caso concreto
pues, la reliquidación ordenada fue reconocida con sustento en la interpretación y se
alineó con un criterio jurisprudencial vigente para la época en la que se profirió la decisión,
lo que conlleva declarar infundada la acción especial en referencia.
Condena en costas
36. La Sala ha considerado que como la acción especial de revisión prevista en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003 busca prevenir un eventual detrimento del tesoro, de
los fondos de naturaleza pública y, en general, pretende garantizar la sostenibilidad
financiera del Sistema Pensional, no es procedente imponer condena en costas. Lo
anterior comoquiera que se trata de una acción que tiene por objeto controvertir
providencias judiciales, con el fin de salvaguardar el interés público26.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO. DECLARAR INFUNDADA la acción especial de revisión interpuesta por la
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social, contra la sentencia del 11 de marzo de 2022 expedida por el Tribunal
Administrativo de Córdoba, por las razones expuestas en las consideraciones.
SEGUNDO. Sin condena en costas.
TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las
anotaciones correspondientes.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
26 Al respecto, el artículo 188 del CPACA establece que la condena en costas procede «salvo en los
procesos en que se ventile un interés público».
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Demandante: UGPP
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
AAP
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