Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 20001-23-33-000-2020-00518-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 20001-23-33-000-2020-00518-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 20001-23-33-000-2020-00518-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 20001-23-33-000-2020-00518-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
8 de agosto de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá, D.C., ocho (8) de agosto de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho.
Radicación: 20001-23-33-000-2020-00518-01 (0072-2023).
Demandante: Leonel Enrique Meza Guillén
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP -
Temas: Reliquidación pensión de jubilación. Régimen de transición de
Ley 33 de 1985. Ley 1437 de 2011.
Decisión. Revoca decisión que niega pretensiones de la demanda.
Accede parcialmente. Sin condena en costas.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
I. ASUNTO
1. La Sala de Subsección resuelve el recurso de apelación interpuesto por la
parte demandante en contra de la sentencia del 16 de junio de 2022, proferida
por el Tribunal Administrativo del Cesar, que declaró probada la excepción de
«inexistencia de la obligación» y se abstuvo de imponer condena en costas.
II. ANTECEDENTES
2.1. Pretensiones de la demanda.1
2. El señor Leonel Enrique Meza Guillén, por intermedio de apoderado judicial,
pidió declarar la nulidad de la Resolución RDP 0342106 del 14 de noviembre de
2019, proferida por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, en adelante UGPP, por
medio de la cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la
Resolución 27080 de 10 de septiembre de 2019 y donde solicitó la reliquidación
1 Expediente digitalizado sistema SAMAI. Archivo «C01Principal», «02Demanda.pdf».
www.consejodeestado.gov.co 1
Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 20001233300020200051801 (0072-2023)
Demandante: Leonel Enrique Meza Guillén
de su pensión de conformidad con lo establecido en el artículo 1.° de la Ley 33
de 1985, con una tasa de reemplazo del 75%, teniendo en cuenta el promedio
de todos los factores salariales devengados en el último año de servicio.
3. Como consecuencia de la anterior declaración, a título de restablecimiento del
derecho, solicitó que se ordene a la UGPP reconocerle y pagarle la pensión de
jubilación tomando el 75% del salario promedio que sirvió de base para los
aportes durante el último año de servicios anterior al cumplimiento de los
requisitos de estatus pensional.
4. Así mismo que se condene a la demandada a pagar los intereses moratorios
sobre las mesadas atrasadas al tenor de lo señalado en el artículo 195 del
CPACA; que la condena sea actualizada conforme el artículo 187 ibidem y que a
la sentencia se le dé cumplimiento en los términos de los artículos 187, 192 y 195
del CPACA.
5. Finalmente, que se condene en costas a la entidad accionada.
2.2. Hechos que fundamentan la demanda.
6. El señor Leonel Enrique Meza Guillén nació el 11 de febrero de 1938 y prestó
sus servicios en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, en la Caja de
Crédito Agrario y en el INURBE, por más de 20 años, desde el 14 de julio de 1958
hasta el 8 de marzo de 1992, teniendo como último cargo el de mecánico.
7. Al cumplimiento de los 55 años de edad, solicitó a la UGPP el reconocimiento
de su pensión de vejez, prestación que fue otorgada a través de la Resolución
042362 del 2 de diciembre de 1993.
8. Mediante la Resolución 0041145 del 30 de octubre de 2017, fue reliquidada la
prestación, pero sin dar aplicación a los parámetros establecidos en el artículo
1.° de la Ley 33 de 1985, razón por la cual interpuso recurso de apelación, el cual
fue resuelto a través de la Resolución 000724 del 11 de enero de 2018,
confirmando la decisión.
9. El 5 de septiembre de 2019, presentó reclamación administrativa con el fin de
que se reliquidara la pensión teniendo en cuenta la Ley 33 de 1985, con el 75%
de todos los factores salariales devengados en el último año, solicitud que fue
denegada a través de la Resolución RDP 027080 del 10 de septiembre de 2019.
10. Contra la decisión anterior, interpuso recurso de apelación, que fue resuelto
por la Resolución RDP 034210 del 14 de noviembre de 2019 donde se reliquidó
el valor de la prestación por la inclusión de factores salariales como la prima
técnica, bonificación por servicios prestados y asignación básica, pero dejó de
www.consejodeestado.gov.co 2
Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 20001233300020200051801 (0072-2023)
Demandante: Leonel Enrique Meza Guillén
incluir otros tales como el auxilio de alimentación, la prima de navidad, la prima
de servicios y la prima de vacaciones.
2.3. Fundamentos de derecho y concepto de la vulneración.
11. Como concepto de violación, argumentó que la entidad demandada
desconoció los artículos 2.° y 53 de la Constitución Política, así como los
Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969, 1045 de 1978 y las Leyes 33 y 62 de
1985.
12. Al efecto indicó que el demandante tiene derecho a que su pensión sea
liquidada con el 75% del salario promedio que sirvió de base para los aportes
durante el último año de servicios y no como efectuó la entidad que tuvo en
cuenta el promedio de los últimos 10 años, contrariando lo contemplado en la Ley
33 de 1985.
13. Según lo explicó, el empleado oficial que cumpla los requisitos del artículo 1.°
de la Ley 33 de 1985 debe ser objeto del reconocimiento y pago de la pensión de
jubilación equivalente al 75% del salario promedio que sirvió de base para los
aportes durante el último año de servicio, pero teniendo en cuenta los factores
señalados en la Ley 62 de 1985. Asimismo, si ciertos conceptos se reconocen y
pagan anualmente, para efectos de determinar la base de liquidación lo
procedente es tomar las doceavas partes de estos.
2.4. Contestación de la demanda.
2.4.1. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP2, por intermedio
de apoderada, se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda.
14. Para ello precisó que no hay lugar a reliquidar la pensión pues el demandante
adquirió el estatus jurídico de pensionado el 11 de febrero de 1993, por lo que en
la Resolución 42362 del 2 de diciembre de 1993, se le incluyó en la liquidación,
el promedio de todos los factores salariales devengados en el último año de
servicio conforme a las certificaciones aportadas al expediente administrativo.
15. Según lo sostuvo, la financiación de dichas pensiones se realiza en parte con
los aportes que realiza el trabajador quien durante su vida laboral no realizó los
mismos sobre los factores que ahora reclama para que sean tenidos en cuenta
en la liquidación de la pensión, por ello el sentido de la Ley 33 de 1985 al señalar
que en todo caso se tendrá en cuenta los factores que sirvieron como base para
realizar los respectivos aportes; en tal sentido de incluirse otros factores
2 Ibidem Archivos «C01Principal», «12ContestacionDemanda.pdf».
www.consejodeestado.gov.co 3
Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 20001233300020200051801 (0072-2023)
Demandante: Leonel Enrique Meza Guillén
salariales se estaría atentando contra el principio de sostenibilidad financiera del
sistema pensional, razón por la cual debe desestimarse las pretensiones del actor
por ser en contra de la legislación aplicable.
16. Finalmente propuso las excepciones: «inexistencia de la obligación y
prescripción».
2.5. Sentencia de primera instancia3
17. En sentencia de 16 de junio de 2022, el Tribunal Administrativo del Cesar,
negó las pretensiones de la demanda y se abstuvo de condenar en costas a la
parte demandante.
18. Para ello, se refirió a las sentencias de la Corte Constitucional C- 258 de
2017, SU - 230 de 2018, SU- 395 de 2017, así como a la posición asumida por
el Consejo de Estado, el 28 de agosto de 2018 dentro del expediente 52001-23-
33-000-2012-0143-01, de la que indicó que, constituye el precedente en la forma
de liquidar el IBL de las pensiones del régimen de transición, donde se determinó
que éstas deben responder a las cotizaciones efectuadas al sistema, acorde con
el principio de solidaridad y a los lineamientos del Acto Legislativo 01 de 2005,
por lo que deben tenerse en cuenta los factores salariales sobre los cuales se
realizaron aportes para pensión, por ello, con base en tal posición se pronunciaría
ese Tribunal.
19. Luego se refirió a las Leyes 33 de 1985 y 100 de 1993, así como a las pruebas
recaudadas, de las que coligió que aunque cuando entró en vigencia la Ley 100
de 1993 el demandante tenía más de 40 años de edad, pues nació el 11 de
febrero de 1938, lo que lo haría merecedor de la aplicación del régimen de
transición contemplado en el artículo 36 de la mencionada ley, también lo que es
que le eran totalmente aplicables las Leyes 33 y 62 de 1985, comoquiera que su
estatus jurídico lo adquirió el 11 de febrero de 1992, es decir, en vigencia de las
mismas, antes de que entrara a regir el régimen general de pensiones.
20. Así mismo, la Ley 62 de 1985 consagró los factores salariales que componen
la base de liquidación pensional, negando la oportunidad de incluir aquellos
factores devengados por el trabajador por los que no realizaba aporte alguno al
sistema general de pensión.
21. Así las cosas, al analizar los actos administrativos que reconoció la prestación
y negaron su reliquidación, se tiene que la entidad demandada tuvo en cuenta
las Leyes 33 y 62 de 1985, liquidando la prestación con el 75% del salario
promedio que sirvió de base para los aportes en el último año, esto es, del 9 de
marzo de 1991 al 8 de marzo de 1992, y, como factores salariales sólo se tuvo
3 Ibidem Archivos «C01Principal», «23Sentencia.pdf».
www.consejodeestado.gov.co 4
Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 20001233300020200051801 (0072-2023)
Demandante: Leonel Enrique Meza Guillén
en cuenta el salario básico y la bonificación por servicios prestados, comoquiera
que no se podían incluir factores adicionales a los enlistados, ni sobre los cuales
no se realizaron cotizaciones pensionales.
22. Por ello, como lo pretendido por el demandante, es la reliquidación pensional
con la inclusión de todos los factores salariales devengados durante el último año
de servicio, ello al tenor del antiguo precedente del Consejo de Estado de 4 de
agosto de 2010, tal postura fue revaluada por lo que el IBL sólo debe incluir
factores salariales taxativamente señalados en la ley, y, sobre los cuales se
demuestre se realizó aportes a pensión.
23. Por ello, como el demandante acreditó que en el último año antes de adquirir
el estatus pensional (1991-1992), devengó como factores salariales: sueldo
básico, salario en especie, subsidio de transporte, horas extras, sobre
remuneración, prima de vacaciones, prima semestral, bonificación semestral,
prima de antigüedad, bonificación, prima de navidad y bonificación por retiro
voluntario, sin embargo, de ellos sólo podían ser incluidos los factores que
estuvieran en listados y sobre los cuales se efectuó aportes a pensión, tal como
indica el artículo 1.° de la Ley 62 de 1985 y, el precedente de unificación del
Consejo de Estado.
24. Así las cosas, de los factores salariales devengados por el actor, y que no
fueron incluidos en la liquidación pensional, están las horas extras y la prima de
antigüedad, factores que están señalados en la Ley 62 de 1985, no obstante,
aunque se acreditó que los devengó, en el proceso no se demostró que sobre
ellos se hubiese efectuado cotizaciones a pensión, por lo tanto, no es posible
acceder a su inclusión al momento de liquidar la prestación. En suma, no le asiste
razón cuando afirma que se debe incluir todos los factores salariales devengados
en el último año de servicios, pues al tenor del nuevo precedente de unificación,
y lo que indica el régimen pensional que le es aplicable, sólo se deben incluir
factores salariales enlistados y sobre los cuales se acredite las cotizaciones a
pensión.
25. Por ello estimó que la excepción denominada “Inexistencia de la obligación”,
propuesta por la UGPP, estaba llamada a prosperar.
2.6. Recurso de apelación.4
26. El apoderado de Leonel Enrique Meza Guillén5 en un extenso escrito insistió
en que, tiene derecho a la reliquidación pensional solicitada en la demanda, pues
lo contrario será aplicar en forma indebida el régimen de transición de la Ley 100
de 1993.
4 Folios 201 y s.s. del expediente.
5 Archivo «25RecursoApelación.pdf». Ibidem.
www.consejodeestado.gov.co 5
Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 20001233300020200051801 (0072-2023)
Demandante: Leonel Enrique Meza Guillén
27. Así mismo que en su caso no le son aplicables las sentencias de la Corte
Constitucional C- 258 de 2013 y SU- 230 de 2015 sin que pueda pasarse por alto
que el Consejo de Estado ha adoptado diversas posturas sobre la interpretación
del régimen de transición de la Ley 100 de 1993.
28. Posteriormente se refirió a las diferentes interpretaciones que ha tenido el
régimen de transición de la Ley 100 de1 993 en el Consejo de Estado y la Corte
Constitucional, de lo que concluyó que la persona que se encuentre cobijada por
el régimen de transición de que trata el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, después
de la entrada en vigencia del Acto Legislativo No 1 de 2005, para acceder a su
pensión de jubilación se le debe aplicar de manera integral el régimen pensional
al que venía afiliada antes del 1º de abril de 1994.
29. Lo anterior implica que, para determinar los requisitos de edad, tiempo de
servicios y monto de la pensión, se deberá observar la norma del régimen que le
aplicaba antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, sin que pueda
acudirse a disposiciones distintas; en consonancia con el principio de
inescindibilidad de la norma.
30. Por su parte, en lo que respecta al régimen contenido en la Ley 33 de 1985,
el mismo determina como requisitos para acceder a una pensión mensual vitalicia
de jubilación, haber prestado 20 años continuos o discontinuos de servicios y
tener 55 años de edad. El monto de la pensión a la que tenían derecho era el
equivalente al 75% del salario promedio base para los aportes durante el último
año de servicios.
31. Sin embargo, respecto de los factores salariales que deben constituir el
ingreso base de liquidación pensional, el Consejo de Estado, en su Subsecciones
A y B de la Sección Segunda, ha presentado criterios oscilantes respecto del
alcance del citado artículo 3º de la Ley 33 de 1985, pues mientras en algunas
ocasiones se consideró que al momento de liquidar la pensión, debían incluirse
todos los factores salariales devengados por el trabajador, en otras se expresó
que sólo podrían incluirse aquellos sobre los cuales se hubieren realizados los
aportes; y finalmente se expuso que únicamente podrían tenerse en cuenta los
taxativamente enlistados en la norma.
32. Así, si bien es cierto que, la norma aplicable al presente caso es la Ley 33
modificada por la ley 62 de 1985 y no el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978,
empero ambas disposiciones tienen como finalidad establecer la forma como
debe liquidarse la pensión de jubilación, por lo cual, teniendo en cuenta los
principios, derechos y deberes consagrados por la Constitución Política en
materia laboral, es válido otorgar a ambos preceptos normativos alcances
similares en lo que respecta al ingreso base de liquidación pensional.
www.consejodeestado.gov.co 6
Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 20001233300020200051801 (0072-2023)
Demandante: Leonel Enrique Meza Guillén
2.7. Trámite correspondiente a la segunda instancia
2.7.1. El apoderado de la UGPP6 presentó escrito de alegaciones en el cual
insistió en los argumentos de defensa de la entidad, según los cuales negó la
reliquidación de demandante, dando aplicación al régimen de transición
contemplado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, con aplicación de los
factores establecidos en el Decreto reglamentario 1158 de 1994, sobre los cuales
se hicieron los correspondientes aportes. Además, debe tenerse en cuenta la
línea jurisprudencial establecida desde las sentencias C - 258 de 2013, SU- 230
de 2015 y la sentencia del Consejo de Estado del 28 de agosto de 2018, dictada
por la Sala Plena en el proceso radicado 52001-23- 33-000-2012-00143-01.
2.7.2. Tanto la parte demandante como el Ministerio Público guardaron
silencio.
II. CONSIDERACIONES
3.1.Competencia.
33. De acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo7, el Consejo de Estado es competente para
resolver el recurso de apelación interpuesto.
34. De igual manera, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 328 del
Código General del Proceso8, la competencia del juez de segunda instancia está
circunscrita a los argumentos expuestos por el apelante; en el caso de la
referencia, se observa que únicamente la parte demandante presentó recurso de
alzada, razón por la cual la competencia se encuentra limitada a los argumentos
expuestos en el mencionado recurso.
3.2. Problema Jurídico.
35. Corresponde a la Sala de Subsección establecer si ¿el demandante tiene
derecho a la reliquidación de su pensión de jubilación con la inclusión de todos
6 Índice 20 aplicativo SAMAI.
7 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia
de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales
administrativos […]».
8 «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre
los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de
oficio, en los casos previstos por la ley.»
www.consejodeestado.gov.co 7
Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 20001233300020200051801 (0072-2023)
Demandante: Leonel Enrique Meza Guillén
los factores salariales devengados en el último año de servicios, de conformidad
con las Leyes 33 y 62 de 1985?
3.3. Marco normativo y jurisprudencial aplicable al caso.
3.3.1. Reconocimiento y liquidación de pensiones con el régimen de
transición establecido en la Ley 33 de 1985.
36. Para poder establecer con claridad la forma en que deben liquidarse las
pensiones de quienes se encuentran en el régimen de transición de la Ley 33 de
1985 debemos referirnos al contexto sobre las normas anteriores aplicables en
materia pensional:
37. La Ley 6 de 19459, en el artículo 17, previó una pensión de jubilación para los
empleados oficiales al alcanzar los 50 años de edad y 20 de servicios continuos
o discontinuos, equivalente a las 2/3 partes del promedio de los sueldos
devengados en el último año de servicio, en los siguientes términos:
«ARTICULO 17. Los empleados y obreros nacionales de carácter permanente
gozarán de las siguientes prestaciones:
[…]
b) Pensión vitalicia de jubilación, cuando el empleado u obrero haya llegado o
llegue a cincuenta (50) años de edad, después de veinte (20) años de servicio
continuo o discontinuo, equivalente a las dos terceras partes del promedio de
sueldos o jornales devengados, sin bajar de treinta pesos ($ 30) ni exceder de
doscientos pesos ($ 200) en cada mes.
La pensión de jubilación excluye el auxilio de cesantía, menos en cuanto a los
anticipos, liquidaciones parciales o préstamos que se le hayan hecho lícitamente
al trabajador, cuya cuantía se irá deduciendo de la pensión de jubilación en cuotas
que no excedan del 20% de cada pensión.
[…]».
38. Dicha norma fue modificada por el artículo 3.° de la Ley 65 del 20 de diciembre
de 194610, en los siguientes términos:
«ARTICULO 3o. La pensión mensual vitalicia de jubilación de que trata el
inciso b) del artículo 17 de la Ley 6a. de 1945 será equivalente a las dos
terceras partes del promedio de los salarios devengados en el último año
de servicio.».
39. Asimismo, el artículo 4.° de la Ley 4ª de 196611, modificó el literal b) del
artículo 17 de la Ley 6 de 1945, de la siguiente manera:
9 Por la cual se dictan algunas disposiciones sobre convenciones de trabajo, asociaciones profesionales,
conflictos colectivos y jurisdicción especial del trabajo.
10 Por la cual se modifican las disposiciones sobre cesantía y jubilación y se dictan otras disposiciones.
11 Por la cual se provee de nuevos recursos a la Caja Nacional de Previsión Social, se reajustan las
pensiones de jubilación e invalidez y se dictan otras disposiciones.
www.consejodeestado.gov.co 8
Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 20001233300020200051801 (0072-2023)
Demandante: Leonel Enrique Meza Guillén
«Artículo 4º.- A partir de la vigencia de esta ley, las pensiones de jubilación o de
invalidez a que tengan derecho los trabajadores de una o más entidades de
Derecho Público se liquidarán y pagarán tomando como base el setenta y cinco
por ciento (75%) del promedio mensual obtenido en el último año de servicios.»
40. Posteriormente, el Decreto Ley 3135 de 196812 definió que los servidores
públicos tendrían derecho a una pensión de jubilación cuando acumularan 20
años de servicio y cumplieran 50 años de edad para las mujeres, o 55 para los
varones; prestación que sería liquidada en cuantía equivalente al 75% del
promedio de los salarios devengados en el último año de servicio.
41. La aludida disposición reconoció un régimen de transición para aquellas
personas que al momento de la entrada en vigencia del decreto tuvieran 18 años
de servicio, para aplicarles las normas anteriores sobre edad de jubilación. Esto
en los siguientes términos:
«ARTÍCULO 27. PENSIÓN DE JUBILACIÓN O VEJEZ. El empleado público o
trabajador oficial que sirva veinte (20) años continuos o discontinuos y llegue a la
edad de 55 años si es varón o 50 si es mujer, tendrá derecho a que por la
respectiva entidad de previsión se le pague una pensión mensual vitalicia o de
jubilación equivalente al 75% del promedio de los salarios devengados durante el
último año de servicio.
No quedan sujetas a esta regla general las personas que trabajan en actividades
que por su naturaleza justifiquen la excepción y que la ley determine
expresamente.
PARÁGRAFO 1o. Para calcular el tiempo de servicio que da derecho a pensión
de jubilación o vejez sólo se computarán como jornadas completas de trabajo las
de cuatro o más horas. Si las horas de trabajo señaladas para el respectivo empleo
o tarea no llegan a ese límite, el cómputo se hará sumando las horas de trabajo
real y dividiéndolas por cuatro; el resultado que así se obtenga se tomará como el
de días laborados y se adicionará con los de descanso remunerado y de
vacaciones, conforme a la ley.
PARÁGRAFO 2o. Para los empleados y trabajadores que a la fecha del presente
Decreto hayan cumplido diez y ocho años continuos o discontinuos de servicios
continuarán aplicándose las disposiciones sobre edad de jubilación que regían con
anterioridad al presente Decreto.
[…]13». (subrayas fuera de texto original)
42. El Decreto 1848 de 1969, en los artículos 68 y 73 reiteró los requisitos
señalados en la norma anterior y en relación con la liquidación de la mesada
precisó lo siguiente:
«ARTICULO 73. CUANTÍA DE LA PENSIÓN. El valor de la pensión mensual
vitalicia de jubilación será equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del
promedio de los salarios y primas de toda especie percibidos en el último año de
servicios por el empleado oficial que haya adquirido el status jurídico de jubilado,
por reunir los requisitos señalados por la ley para tal fin.»
12 Por el cual se prevé la integración de la seguridad social entre el sector público y el privado y se regula el
régimen prestacional de los empleados públicos y trabajadores oficiales.
13 Derogado por el artículo 25 de la Ley 33 de 1985.
www.consejodeestado.gov.co 9
Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 20001233300020200051801 (0072-2023)
Demandante: Leonel Enrique Meza Guillén
43. En cuanto al ingreso base de liquidación, el artículo 45 del Decreto 1045 del
15 de julio de 197814 señaló:
«ARTICULO 45. DE LOS FACTORES DE SALARIO POR LA LIQUIDACIÓN DE
CESANTÍA Y PENSIONES. Para efectos del reconocimiento y pago del auxilio de
cesantía y de las pensiones a que tuvieren derecho los empleados públicos y
trabajadores oficiales, en la liquidación se tendrán en cuenta los siguientes
factores de salario:
a. La asignación básica mensual;
b. Los gastos de representación y la prima técnica;
c. Los dominicales y feriados;
d. Las horas extras;
e. Los auxilios de alimentación y transporte;
f. La prima de Navidad;
g. La bonificación por servicios prestados;
h. La prima de servicios;
i. Los viáticos que reciban los funcionarios y trabajadores en comisión cuando se
hayan percibido por un término no inferior a ciento ochenta días en el último año
de servicio;
j. Los incrementos salariales por antigüedad adquiridos por disposiciones legales
anteriores al decreto-ley 710 de 1978;
k. La prima de vacaciones;
l. El valor del trabajo suplementario y del realizado en jornada nocturna o en días
de descanso obligatorio;
ll .Las primas y bonificaciones que hubieran sido debidamente otorgadas con
anterioridad a la declaratoria de inexequibilidad del artículo 38 del decreto 3130
de 1968.»
44. Ahora bien, la Ley 33 de 1985 «Por la cual se dictan algunas medidas en
relación con las Cajas de Previsión y con las prestaciones sociales para el Sector
Público» en su artículo 1.° dispuso que el régimen pensional de los empleados
públicos y trabajadores oficiales, que sirvan o haya servido 20 años continuos o
discontinuos y lleguen a la edad de 55 años, tendrán derecho al pago de una
pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al 75% del salario promedio
que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio:
«Artículo 1. El empleado oficial que sirva o haya servido veinte (20) años
continuos o discontinuos y llegue a la edad de cincuenta y cinco años (55) tendrá
derecho a que por la respectiva Caja de Previsión se le pague una pensión
mensual vitalicia de jubilación equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del
salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de
servicio.
No quedan sujetos a esta regla general los empleados oficiales que trabajan en
actividades que por su naturaleza justifiquen la excepción que la Ley haya
determinado expresamente, ni aquellos que por ley disfruten de un régimen
especial de pensiones.
14 Por el cual se fijan las reglas generales para la aplicación de las normas sobre prestaciones sociales de
los empleados públicos y trabajadores oficiales del sector nacional.
www.consejodeestado.gov.co 10
Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 20001233300020200051801 (0072-2023)
Demandante: Leonel Enrique Meza Guillén
En todo caso, a partir de la fecha de vigencia de esta Ley, ningún empleado
oficial, podrá ser obligado, sin su consentimiento expreso y escrito, a jubilarse
antes de la edad de sesenta años (60), salvo las excepciones que, por vía
general, establezca el Gobierno.
[…]».
45. Esta norma (artículo 1.°) estableció un régimen de transición, en sus
parágrafos 2.° y 3.°:
«Artículo 1º.
[…]
Parágrafo 2º. Para los empleados oficiales que a la fecha de la presente Ley
hayan cumplido quince (15) años continuos o discontinuos de servicio,
continuarán aplicándose las disposiciones sobre edad de jubilación que regían
con anterioridad a la presente ley.
Quienes con veinte (20) años de labor continua o discontinua como empleados
oficiales, actualmente se hallen retirados del servicio, tendrán derecho cuando
cumplan los cincuenta años (50) de edad, si son mujeres, o cincuenta y cinco
(55), si son varones, a una pensión de jubilación que se reconocerá y pagará de
acuerdo con las disposiciones que regían en el momento de su retiro.
Parágrafo 3º. En todo caso, los empleados oficiales que a la fecha de
vigencia de esta Ley, hayan cumplido los requisitos para obtener pensión
de jubilación, se continuarán rigiendo por las normas anteriores a esta
Ley». (Se resalta)
46. De la interpretación literal de la norma se extraen tres escenarios:
i) El primer escenario es para los empleados oficiales que a la fecha de
la entrada en vigencia de la ley15 hayan cumplido quince (15) años
continuos o discontinuos de servicio. A ellos se les continuarán
aplicando las disposiciones sobre edad de jubilación que regían con
anterioridad a la ley.
ii) El segundo escenario. Para quienes a la fecha de entrada en vigencia
de la Ley 33 de 1985 contaban con 20 años de servicios, pero se hallen
retirados del servicio. En ese caso la misma norma (Ley 33) establece
la edad pensional (50 años de edad para las mujeres y 55 años de
edad para los hombres) y tanto tasa de reemplazo, como factores
salariales corresponderían a los establecidos en las normas que regían
al momento del retiro. Por tanto, se debe acudir a las normas anteriores
a la Ley 33 de 1985, pues exige que el empleado se haya retirado
antes de la entrada en vigencia de la Ley.
15 13 de febrero de 1985.
www.consejodeestado.gov.co 11
Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 20001233300020200051801 (0072-2023)
Demandante: Leonel Enrique Meza Guillén
iii) Tercer escenario. Quienes a la fecha de entrada en vigencia de la
norma hayan cumplido los requisitos para pensionarse, se aplicarán
las normas anteriores.
47. En este punto debe recordarse que un régimen de transición pensional permite
que se regule una determinada situación de acuerdo con las normas anteriores
en cuanto a todos o algunos de los aspectos correspondientes a edad, tiempo de
servicio, monto o ingreso base de liquidación.
48. De acuerdo con lo anterior es evidente que los escenarios segundo y tercero
remitieron a la aplicación de las normas anteriores a la entrada Ley 33 de 1985.
49. Empero, el primero de los escenarios descritos, que es el que nos ocupa 16,
correspondiente a los empleados oficiales que a la fecha de la entrada en vigencia
de la ley hayan cumplido quince (15) años continuos o discontinuos de servicio, el
legislador de 1985 salvaguardó el requisito de la edad con la cual sus beneficiarios
podían consolidar el estatus, esto es, 50 años de edad para las mujeres y 55 para
los hombres y, en los demás aspectos del derecho pensional impuso
obligatoriamente la aplicación de las condiciones que se introducían con las Leyes
33 y 62 de 1985. Esto es:
• El reconocimiento y pago «de una pensión mensual vitalicia de jubilación
equivalente al setenta y cinco por ciento (75 %) del salario promedio que
sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio»17 .
• Los factores que enlistó la Ley 62 de 1985 que conformarían la base de
liquidación de los aportes a efectuar, esto, en los siguientes términos:
«Artículo 1°. Todos los empleados oficiales de una entidad afiliada a cualquier
Caja de Previsión, deben pagar los aportes que prevean las normas de dicha Caja,
ya sea que su remuneración se impute presupuestalmente como funcionamiento
o como inversión. Para los efectos previstos en el inciso anterior, la base de
liquidación para los aportes proporcionales a la remuneración del empleado oficial,
estará constituida por los siguientes factores, cuando se trate de empleados del
orden nacional: asignación básica, gastos de representación; primas de
antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación; dominicales y feriados;
horas extras; bonificación por servicios prestados; y trabajo suplementario
o realizado en jornada nocturna o en día de descanso obligatorio. En todo
caso, las pensiones de los empleados oficiales de cualquier orden, siempre se
liquidarán sobre los mismos factores que hayan servido de base para calcular los
aportes». [Resalta la Sala].
50. Ahora, es importante precisar que la Sección Segunda de esta Corporación
ha sostenido diferentes posiciones al respecto, frente a quienes se encuentran
16 La demandante acreditó más de 15 años de servicios a la entrada en vigencia de la Ley 33 de 1985,
pues ingresó a la Dian desde el 22 de enero de 1968 según certificación expedida por la DIAn visible a
folios 90 y 91 del expediente.
17 Articulo 1.° de la Ley 3 de 1985
www.consejodeestado.gov.co 12
Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 20001233300020200051801 (0072-2023)
Demandante: Leonel Enrique Meza Guillén
en el primer escenario de la transición de la Ley 33 de 1985, descrito en
precedencia:
(i) Tesis amplia. Aplicación de normas anteriores a la Ley 33 de 1985.
51. Por una parte, sostuvo que se aplicaba el artículo 27 del Decreto 3135 de
1968 a los beneficiarios del primer inciso18 del parágrafo 2 del artículo 1.° de la
Ley 33 de 1985 en cuanto a la edad y la liquidación pensional. De esta manera
quedó expuesto en sentencia del 3 de junio de 201019:
«En el presente caso, para el 13 de febrero de 1985, fecha en que entró en
vigencia la Ley 33 de 1985, el señor Jaime Severo Torres Morales contaba con
más de 15 años de servicios (fl. 2), es decir que en cuanto a la edad lo gobierna
el régimen anterior establecido en el Decreto Ley 3135 de 1968.
A pesar de que la Ley 33 de 1985 no señaló nada en cuanto a la liquidación,
considera la Sala que en este aspecto se debe aplicar también el régimen
anterior, porque resulta más favorable al demandante. De no hacerse así, se
desconocería el principio mínimo fundamental consagrado en el artículo 53 de la
Carta Política que establece la “situación más favorable al trabajador en caso de
duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales del derecho».
52. Igualmente en sentencia de 31 de enero de 2019 la Subsección A 20 de la
Sección Segunda, esta Corporación, frente al caso de un pensionado que acreditó
15 años de servicio a la entrada en vigencia de la Ley 33 de 1985, pero consolidó
el derecho pensional en vigencia de la Ley 100 de 1993, consideró que era dable
remitirse al Decreto 1045 de 1978. Esto señaló:
«[…]
para la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, el 1 de abril de 1994, el señor
Pablo Emilio Flórez González ya había cumplido 50 años de edad21, pues no se
discute que nació el 3 de octubre de 194322 y más de 20 de servicios, dado que
tampoco se controvierte que laboró para el INCORA desde el 26 de julio de 196623.
Igualmente, se advierte que el demandante era beneficiario del régimen de
transición previsto por la Ley 33 de 1985, pues tenía más de 15 años de servicio
para su entrada en vigencia, lo cual no se afecta por el hecho de que la prestación
hubiera sido reconocida en vigencia de la Ley 100 de 1993, es decir, que de
acuerdo con el análisis efectuado en precedencia su pensión debía regirse por la
Ley 6 de 1945 y no las reglas y subreglas definidas para los beneficiarios del
régimen de transición de la mencionada Ley 100 de 1993 en la sentencia del 28
18 «Para los empleados oficiales que a la fecha de la presente Ley hayan cumplido quince (15) años
continuos o discontinuos de servicio, continuarán aplicándose las disposiciones sobre edad de jubilación
que regían con anterioridad a la presente Ley».
19 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencias del 3 de junio de 2010, radicación:
25000-23-25-000-2001-2014-01 (1183-07), demandante: Jaime Severo Torres Morales
20 Con ponencia del consejero William Hernández Gómez.
21 Los cumplió el 3 de octubre de 1993.
22 Así se indica en la parte considerativa de la Resolución 01344 del 29 de junio de 1999 (ff. 35 a 38).
23 Ibidem.
www.consejodeestado.gov.co 13
Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 20001233300020200051801 (0072-2023)
Demandante: Leonel Enrique Meza Guillén
de agosto de 2018 de la Sala Plena del Consejo de Estado24.
Así las cosas, se observa que el acto de reconocimiento, Resolución 01344 del
29 de junio de 1999, fue expedido de acuerdo con la normativa que regía la
situación del señor Pablo Emilio Flórez González, tal y como se desprende de su
contenido, tal y como se anotó previamente.
Sin embargo, la liquidación de la mesada debía tener en cuenta los factores
salariales que el servidor devengó durante el último año de servicios, en los
términos del artículo 45 del Decreto 1045 de 1978, aspecto en relación con el
cual, del análisis de los documentos aportados al plenario, se evidencia que la
prima de navidad no fue incluida en la liquidación de la prestación, como lo indicó
la sentencia de primera instancia, emolumento que debió ser tenido en cuenta
para el cálculo de la mesada.
[…]».
53. En esa línea, en sentencia de 21 de febrero de 2019 de la Sección Segunda,
Subsección A, dictada dentro del proceso 73001-23-33-000-2014-00637-0125 se
indicó lo siguiente:
«[…]
En conclusión, de conformidad con el régimen de transición establecido por la
Ley 33 de 1985 en el inciso 1 del parágrafo 2 de su artículo 1, si para el 13 de
febrero de 1985, fecha en la cual cobró vigencia dicha ley, el empleado oficial ha
reunido los 15 años de servicios continuos o discontinuos, se tiene que es
destinatario de la pensión de jubilación de conformidad con lo ordenado
por el literal b) del artículo 17 de la Ley 6 de 1945, es decir con el
cumplimiento de 50 años de edad y 20 años de servicios continuos o
discontinuos, en cuantía equivalente al 75% del promedio de los salarios
devengados en el último año de servicio, y con los factores salariales
contenidos en el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978.
[…]
Del estudio de la anterior documental lo primero que se evidencia es que si el
accionado laboró al servicio del Estado desde el 15 de marzo de 1965 hasta el
31 de diciembre de 1971, es decir por espacio de 6 años, 15 días, y luego desde
el 2 de febrero de 1972 hasta el 15 de agosto de 1986, que corresponde a 14
años, 6 meses, 13 días; es indudable que el 2 de febrero de 1981 cumplió 15
años de servicios; lo que se traduce en que de conformidad con el inciso 1 del
parágrafo 2 del artículo 1 de la Ley 33 de 1985 es beneficiario del régimen de
transición que esta ley consagra que a su turno remite a la aplicación de la Ley 6
de 1945, con lo que es destinatario de los factores de salario contemplados por
el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978, y en consecuencia, no es beneficiario
del régimen de transición previsto por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
Así se tiene que, le asiste la razón al tribunal cuando ordenó: la reliquidación de
la pensión de jubilación del accionante con base en el 75% de los factores
salariales devengados en el último año de servicios «esto es, el sueldo básico,
los gastos de representación, los viáticos, la doceava parte de las primas, junto
con la respectiva actualización» a partir del 4 de abril de 2009 por prescripción,
porque elevó la petición reliquidatoria el 4 de abril de 2012; con las diferencias
debidamente actualizadas que por concepto de dichos factores resulten a favor
24 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 28 de agosto de 2018,
actor; Gladis del Carmen Guerrero de Montenegro.
25 Con ponencia del consejero Gabriel Valbuena Hernández.
www.consejodeestado.gov.co 14
Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 20001233300020200051801 (0072-2023)
Demandante: Leonel Enrique Meza Guillén
del accionante; y negó la inclusión de la bonificación por dirección, porque en
efecto no se encuentra consagrada como factor de liquidación por el Decreto
1045 de 1978». [Resalta la Sala].
(ii) Tesis restrictiva. Aplicación de la sentencia de unificación de 28 de
agosto de 201826.
54. Según esta tesis, quienes se encuentran en el primer escenario del régimen
de transición se les deben aplicar las pautas de la sentencia de unificación de 28
de agosto de 2018, como se aprecia en la sentencia de 18 de febrero de 2021 de
esta Subsección27 donde se citaron anteriores pronunciamientos28 de la
Corporación:
«Ahora bien, el conflicto se suscita por la forma cómo se debe aplicar el régimen
de transición al que alude el artículo 1.° de la Ley 33 de 1985, es decir, conforme
a la interpretación literal de la norma según la cual se garantiza el acceso a la
prestación con la edad regulada en la norma anterior, o, por el contrario, si se
debe emplear el régimen anterior en su integridad.
Según esta última posición, las personas beneficiadas con la transición regulada
en el inciso primero del parágrafo 2.º del artículo 1.º de la Ley 33 de 1985 tendrían
derecho a pensionarse en los términos del Decreto 3135 de 1968, es decir, con
20 años de servicio al Estado ya fueran continuos o discontinuos; 55 años de
edad en el caso de los hombres y 50 en el de las mujeres; en cuantía equivalente
al 75% del promedio de lo devengado durante el último año de servicio.
El anterior criterio en un primer momento fue acogido por la sentencia del 16 de
diciembre de 200929 al considerar lo siguiente:
«El artículo 1°, parágrafo 2 ibídem, estableció un régimen de transición
consistente en que los empleados que llevaran un tiempo de servicio de 15 años
a la fecha de expedición de la ley, podían pensionarse con los requisitos del
régimen anterior de pensiones contenido en la Ley 6ª de 1945[…]
Posteriormente, esta Corporación en sentencia del 4 de agosto de 2010 había
unificado su posición,30 en el sentido de indicar que al momento de efectuar el
reconocimiento pensional a favor del empleado, se deben tener en cuenta,
además de los factores mencionados, aquellos que constituyen salario,
independientemente de la denominación que reciban, es decir, los «[…] que se
cancelen de manera habitual como retribución directa del servicio […]», y no
solamente los descritos en la norma antes mencionada.
26 Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, 28 de agosto de 2018, expediente radicado núm. 52001-
23-33-000-2012-00143-01.
27 Con ponencia del consejero Rafael Francisco Suárez Vargas. Radicado 70001-23-33-000-2015-00018-
01 (4064-16).
28 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencias del 10 de diciembre de 2020, radicados
i) 25000 23 42 000 2014 01163 02 (2354-2019) y ii) 05001 23 33 000 2015 00255 01 (1659-2016), M.P. William
Hernández Gómez.
29 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 16 de diciembre de 2009, radicación:
250002325000200200474 01(1754-06).
30 Consejo de estado, Sección Segunda, sentencia del 4 de agosto de 2010, expediente radicado núm.
25000-23-25-000-2006-07509-01(0112-09), Demandante: Luis Mario Velandia.
www.consejodeestado.gov.co 15
Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 20001233300020200051801 (0072-2023)
Demandante: Leonel Enrique Meza Guillén
Sin embargo, en la sentencia de unificación del 28 agosto de 2018,31 se modificó
la posición adoptada por la Sección Segunda para acoger el planteamiento de la
Corte Constitucional,32 en cuya jurisprudencia destacó la relación de
correspondencia entre las cotizaciones efectuadas durante la vida laboral al
Sistema General de Seguridad Social con la finalidad de no desconocer el
principio de solidaridad y sostenibilidad financiera en esta materia, y se fijó como
subregla que los factores salariales a incluirse en el IBL para la pensión de vejez
de los servidores públicos beneficiarios de la transición son únicamente aquellos
sobre los cuales se efectuaron aportes o cotizaciones al sistema de pensiones,
al sostener lo siguiente:
[…]
Conforme a lo expuesto, si bien la reciente sentencia a la que se alude se
pronunció sobre la forma en que debe aplicarse el régimen de transición
regulado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, la subregla allí contenida
sobre los factores salariales que se deben incluir en el IBL pensional debe
ser extendida al caso de las personas beneficiarias de la Ley 33 de 1985
porque, precisamente, hace referencia directa a la forma en que debe
interpretarse el artículo 3.° ibidem, modificado por la Ley 62 de 1985, esto
es, a la taxatividad de los factores computables en materia pensional.
[…]».[Resalta la Sala].
55. Bajo ese criterio, se han proferido otras decisiones al interior de esta Sección,
en las que se ha aplicado las pautas de la sentencia de unificación de 28 de
agosto de 201833, como son, entre otras, las sentencias de 10 de diciembre de
2020, dictada dentro del proceso radicado 25000-23-42-000-2014-01163-0234.
56. Al respecto, como ya se explicó en precedencia, al analizar los diferentes
escenarios que se suscitan en virtud del régimen de transición de la Ley 33 de
1985, se tiene que, frente al caso de los empleados púbicos que a la entrada en
vigencia de la misma hayan cumplido quince (15) años continuos o discontinuos
de servicio, la ley en cita remite a la aplicación de normas anteriores frente al
requisito de la edad y en los demás aspectos del reconocimiento pensional
mantuvo las pautas vertidas en la Ley 33, sometiendo a los beneficiarios de ese
primer escenario a la tasa de reemplazo, monto, periodo base de liquidación y
factores allí establecidos pues no realizó ninguna remisión a normas anteriores.
57. Estima la Sala que no es acertado aplicar la tesis amplia y con ello, las normas
anteriores a los beneficiarios del primer escenario de transición de la Ley 33 de
1985, salvo en lo concerniente a la edad, toda vez que se ha superado con creces
el criterio según el cual en virtud de un régimen de transición en materia pensional
debe aplicarse la norma anterior en su integridad. Por tanto, como la Ley 33 de
1985 únicamente salvaguarda el requisito de la edad a la luz de las normas
anteriores, en los demás aspectos del reconocimiento pensional debe acudirse a
31 Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, 28 de agosto de 2018, expediente radicado núm. 52001-23-
33-000-2012-00143-01
32 C-258 de 2013, SU-230 de 2015, SU-395 de 2017, SU-023 de 2018, entre otras.
33 Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, 28 de agosto de 2018, expediente radicado núm. 52001-
23-33-000-2012-00143-01.
34 Con ponencia del consejero William Hernández Gómez.
www.consejodeestado.gov.co 16
Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 20001233300020200051801 (0072-2023)
Demandante: Leonel Enrique Meza Guillén
sus disposiciones, así como a la Ley 62 de 1985, modificatoria de la Ley 33 de
1985.
58. En ese mismo sentido, tampoco es acertado aplicar la tesis restrictiva a los
beneficiarios del primer inciso35 del parágrafo 2 del artículo 1.° de la Ley 33 de
1985, pues el hecho de consolidar el estatus pensional en vigencia de la Ley 100
de 1993, no la excluye de los efectos jurídicos del primer régimen de transición
que la cobijó y que le confirió la posibilidad de pensionarse conforme a las pautas
allí indicadas.
59. Además, es evidente que la sentencia de unificación de 28 de agosto de
201836 se refirió exclusivamente al régimen de transición de la Ley 100 de 1993,
donde fijó la siguiente regla jurisprudencial sobre el IBL:
«El Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100
de 1993 hace parte del régimen de transición para aquellas personas
beneficiarias del mismo que se pensionen con los requisitos de edad, tiempo y
tasa de reemplazo del régimen general de pensiones previsto en la Ley 33 de
1985.».
60. A esta regla de unificación se arribó, como propósito planteado por la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, cuando a través de auto de 29 de agosto
de 2017 decidió avocar conocimiento del proceso con fines de unificación cuando
señaló :
« […]
Será entonces esta Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado la que, a través de un juicio ponderativo de los principios que han sido
prevalecidos en cada una de las Corporaciones, decida, como Tribunal Supremo
de lo Contencioso Administrativo, juez natural del tema laboral público, cuál será
la interpretación que de manera unánime daba darse al inciso 3 del artículo 36
de la Ley 100 de 1993.
[…]».
61. De acuerdo con lo expuesto, no es posible dar aplicación a las subreglas de
unificación allí establecidas para los beneficiarios del primer inciso37 del parágrafo
2.° del artículo 1.° de la Ley 33 de 1985, comoquiera que su situación no hace
parte del objeto de unificación allí expresado.
62. En virtud de lo anterior, como quedó visto, lo procedente es aplicar una tesis
intermedia de interpretación normativa, que delimita el asunto en los
precisos términos establecidos por el legislador de 1985 y que cuando
35 «Para los empleados oficiales que a la fecha de la presente Ley hayan cumplido quince (15) años
continuos o discontinuos de servicio, continuarán aplicándose las disposiciones sobre edad de jubilación
que regían con anterioridad a la presente Ley».
36 Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, 28 de agosto de 2018, expediente radicado núm. 52001-
23-33-000-2012-00143-01
37 «Para los empleados oficiales que a la fecha de la presente Ley hayan cumplido quince (15) años
continuos o discontinuos de servicio, continuarán aplicándose las disposiciones sobre edad de jubilación
que regían con anterioridad a la presente Ley».
www.consejodeestado.gov.co 17
Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 20001233300020200051801 (0072-2023)
Demandante: Leonel Enrique Meza Guillén
analizó el primer escenario (primer inciso38 del parágrafo 2 del artículo 1.°
de la Ley 33 de 1985) dispuso para sus beneficiarios la aplicación de la edad
de las normas anteriores, pero en los demás aspectos del reconocimiento
pensional se remitió a la taxatividad de sus disposiciones.
3.4 Caso concreto.
3.4.1. Edad y tiempo de servicios:
63. El señor Leonel Enrique Meza Guillén nació el 11 de febrero de 1938, de
conformidad con la copia de la cédula de ciudadanía que obra a folio 26 ibidem.
En cuanto a los tiempos de servicios, solo se allegó la certificación visible a folio
24 del Archivo «04Anexos.pdf.», suscrita por la coordinadora del grupo de talento
humano del Ministerio de Vivienda, Ciudad y territorio, donde se señala :
«Que el señor LEONEL ENRIQUE MEZA GUILLEN, identificado con
cédula de ciudadanía No. 5.129.318 expedida en Valledupar (Cesar),
laboró en el liquidado Instituto de Crédito Territorial - ICT, desde el 18 de
agosto de 1974 hasta el 9 de marzo de 1992, inclusive. Que a la fecha de
retiro del liquidado Instituto de Crédito Territorial - ICT, desempeñaba el
cargo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO Código 5120 Grado 11, adscrito a
la planta de personal de la Regional Cesar, con sede en la ciudad de
Valledupar, inscrito en el escalafón de carrera administrativa, situación que
le otorga la calidad de EMPLEADO PÚBLICO.»
64. Tal como lo señala la certificación, en el último año de servicios devengó:
sueldo mensual, salario en especie, subsidio de transporte, horas extras, sobre
remuneración, prima de vacaciones, prima semestral, bonificación semestral,
prima de antigüedad, bonificación, prima de navidad y bonificación por retiro
voluntario.
38«Para los empleados oficiales que a la fecha de la presente Ley hayan cumplido quince (15) años
continuos o discontinuos de servicio, continuarán aplicándose las disposiciones sobre edad de jubilación
que regían con anterioridad a la presente Ley».
www.consejodeestado.gov.co 18
Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 20001233300020200051801 (0072-2023)
Demandante: Leonel Enrique Meza Guillén
65. Frente a los demás tiempos de servicios en la Resolución 034210 de 14 de
noviembre de 2019, relacionan los siguientes desde 1958 :
66. De acuerdo con ello se tiene que, a 13 de febrero de 1985, el demandante
acreditaba 17 años, 11 meses y 14 días de servicios.
3.4.2. Iter administrativo:
Se allegaron los siguientes actos administrativos en el «Archivo
«04Anexos.pdf.»:
• Resolución 042362 del 2 de diciembre de 1993, proferida por la Caja
Nacional de Previsión Social - CAJANAL, por medio de la cual se le
reconoció la pensión mensual vitalicia de jubilación al señor Leonel
Enrique Meza Guillén, a partir del 11 de febrero de 1993, pero con efectos
fiscales a partir del retiro del servicio.
Para ello se tuvo en cuenta el salario promedio devengado en los últimos
doce meses de servicios, en atención a las Leyes 33 y 62 de 1985 y con
inclusión de la asignación básica y la bonificación por servicios prestados.
• El 5 de septiembre de 2019 el demandante formuló solicitud de revocatoria
directa a efectos de que se le reliquidara la pensión con base en el artículo
1° de la Ley 33 de 1985, es decir, con el promedio del último año junto con
todos los factores salariales devengados. (Folios 4 y s.s.)
• Por Resolución RDP 027080 del 10 de septiembre de 2019 la UGPP le
denegó su solicitud de reliquidación pensional (f. 7 y s.s.).
www.consejodeestado.gov.co 19
Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 20001233300020200051801 (0072-2023)
Demandante: Leonel Enrique Meza Guillén
• A folios 11 y s.s. ibidem se allegó copia del recurso de apelación interpuesto
contra la anterior decisión, donde se insistió en la reliquidación de la pensión
con base en el artículo 1° de la Ley 33 de 1985, con el promedio del último
año junto con todos los factores salariales devengados.
• Mediante la Resolución RDP 034210 del 14 de noviembre de 201939 proferida
por la UGPP, se resolvió el recurso de apelación, revocando la decisión
anterior, por motivo de la indexación de la primera mesada pensional. No
obstante, se negó la inclusión de todos los factores salariales devengados en
el último año de servicio, por lo que la pensión se liquidó nuevamente sobre
la asignación básica y la bonificación por servicios prestados
3.5. Análisis de la Sala.
67. En primer lugar, es preciso indicar que en efecto el accionante es beneficiario
del régimen de transición del inciso 1.° del parágrafo 2.° del artículo 1.° de la Ley
33 de 1985,40 toda vez que al 13 de febrero de 1985, había trabajado alrededor
de 17 años de servicio del Estado.
68. Para esa fecha no se había retirado del servicio y consolidó el derecho
pensional el 11 de febrero de 1993, cuando cumplió el requisito de la edad ( 55
años de servicios)
69. En consecuencia, si bien frente a la edad se aplican normas anteriores, en
cuanto a los demás aspectos del derecho pensional deben atenderse a las
previsiones de la misma Ley 33 de 1985. Es decir, que se debe reconocer la
pensión de jubilación equivalente al setenta y cinco por ciento (75 %) del salario
promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio»
y atender a los factores que enlistó la Ley 62 de 1985 que conformarían la base
de liquidación de los aportes a efectuar, esto, en los siguientes términos:
«Artículo 1°. Todos los empleados oficiales de una entidad afiliada a cualquier
Caja de Previsión, deben pagar los aportes que prevean las normas de dicha
Caja, ya sea que su remuneración se impute presupuestalmente como
funcionamiento o como inversión. Para los efectos previstos en el inciso anterior,
la base de liquidación para los aportes proporcionales a la remuneración del
empleado oficial, estará constituida por los siguientes factores, cuando se trate
de empleados del orden nacional: asignación básica, gastos de
representación; primas de antigüedad, técnica, ascensional y de
capacitación; dominicales y feriados; horas extras; bonificación por
servicios prestados; y trabajo suplementario o realizado en jornada
nocturna o en día de descanso obligatorio. En todo caso, las pensiones de los
empleados oficiales de cualquier orden, siempre se liquidarán sobre los mismos
factores que hayan servido de base para calcular los aportes».
39 Folios 14 y s.s. Ibidem.
40 Es decir, que la transición aplicable a su caso, salvaguardó únicamente el requisito de la edad.
www.consejodeestado.gov.co 20
Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 20001233300020200051801 (0072-2023)
Demandante: Leonel Enrique Meza Guillén
70. Lo anterior quiere decir, que no le son aplicables la regla y subreglas
indicadas por el Consejo de Estado en sentencia del 28 de agosto de 201841, que
se refieren al IBL en el régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de
1993.
71. En este sentido, es procedente la reliquidación de la pensión de jubilación
con el promedio de lo devengado en el último año de servicio, con la inclusión de
todos los factores salariales percibidos en tal período, que se encuentren
establecidos en la Ley 62 de 1985.
72. En este caso, a partir de las pruebas recaudadas se colige a través de las
Resoluciones 042362 del 2 de diciembre de 1993 y RDP 034210 del 14 de
noviembre de 2019, le fue reconocida y reliquidada la pensión al cumplimiento
de los 55 años de edad, en atención a la Ley 33 de 1985, con base en el
promedio de lo devengado mensualmente en el último año de servicio, en
el periodo comprendido entre el 9 de marzo de 1991 y el 8 de marzo de 1992,
donde se tuvieron en cuenta los factores salario básico y bonificación por
servicios.
73. Sin embargo, debían incluirse también la prima de antigüedad y las horas
extras, sin que sea un argumento válido la falta de demostración de aportes por
parte del empleado, toda vez que es el legislador quien señala cuáles factores
tienen connotación salarial y pueden incluirse en la liquidación pensional como
ocurren el caso de la Ley 62 de 1985, que los señala expresamente, por lo que,
en caso de que la entidad haya omitido realizar los descuentos correspondientes,
mes a mes, ello no le exime del cumplimiento de su obligación, como tampoco
dicha omisión puede impactar de manera negativa el reconocimiento pensional.
En esos casos es procedente ordenar los descuentos actualizados, tanto a cargo
del empleador, como del empleado.
74. De acuerdo con esto, se impone revocar la sentencia del 16 de junio de
2022, proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, que declaró probada la
excepción de «inexistencia de la obligación».
75. En su lugar se declarará la nulidad del acto administrativo demandado y a
título de restablecimiento del derecho, se ordenará a la UGPP reliquidar la
pensión de jubilación atendiendo a lo previsto en las Leyes 33 y 62 de 1985. En
este sentido, para el cálculo del monto pensional, la tasa de reemplazo
corresponderá al 75% y el IBL al promedio de lo devengado en el último año de
servicios anterior (comprendido entre el 9 de marzo de 1991 y el 8 de marzo de
1992), incluyendo como factores salariales la asignación básica, la bonificación
por servicios prestados, la prima de antigüedad y las horas extras, esto es
debidamente indexados.
41 Radicación: 52001-23-33-000-2012-00143-01.
www.consejodeestado.gov.co 21
Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 20001233300020200051801 (0072-2023)
Demandante: Leonel Enrique Meza Guillén
76. Esto a partir del día 11 de febrero de 1993 pero con efectos fiscales a partir
del 5 de septiembre de 2016, por prescripción trienal, dado que el 5 de septiembre
de 2019 elevó la solicitud de revocatoria directa y reliquidación pensional, como
se indica en precedencia.
77. Las sumas a reconocer deberán ser actualizadas a la fecha de la liquidación
de la pensión. Así entonces, para efecto del ajuste de la condena, el valor
presente (R) se determinará multiplicando el valor histórico (Rh), que es la
diferencia dejada de percibir por el demandante por concepto de pensión de
jubilación desde la fecha en que ésta se hizo exigible hasta la ejecutoria de la
presente sentencia, con inclusión de los reajustes legales correspondientes a
dicho período, por el guarismo que resulta de dividir el índice final de precios al
consumidor certificado por el DANE (vigente al último día del mes en que se
ejecutoríe esta sentencia) por el índice inicial (vigente al último día del mes en
que se causó el derecho).
78. Además, por tratarse de pagos de tracto sucesivo la fórmula se aplicará
separadamente, mes por mes para cada mesada pensional, comenzando desde
la fecha de su causación y para las demás mesadas teniendo en cuenta que el
índice inicial es el vigente al momento de la causación de cada una de ellas.
79. Es de señalar que sobre los factores sobre los cuales no se hayan realizado
aportes la UGPP realizará los correspondientes descuentos en la suma que le
corresponda al demandante, sobre el retroactivo resultante. En todo caso la
UGPP reliquidará la pensión y podrá repetir contra la entidad empleadora, en el
porcentaje que le corresponda. Los valores sobre los aportes deberán ser
actualizados.
3.7. Condena en costas
80. En el caso concreto, pese a que prospera el recurso de apelación no se
advierte que haya lugar a condenar en costas a la accionada. Esto comoquiera
que, en anteriores oportunidades esta Sala de Subsección realizaba una
valoración objetiva para determinar si había, o no, lugar a condenar en costas, lo
cierto es que actualmente, con la entrada en vigencia de la Ley 2080 de 2021, es
procedente efectuar un estudio respecto de la carencia de fundamentación
jurídica, por lo que en estos términos al hacer extensiva esa interpretación al caso
bajo análisis, no puede observarse dicha situación, sino que al contrario, se
advierte que la entidad acudió en su defensa a argumentos jurídicos debidamente
sustentados y por ende no se condenará en costas en esta instancia.
81. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
www.consejodeestado.gov.co 22
Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 20001233300020200051801 (0072-2023)
Demandante: Leonel Enrique Meza Guillén
IV. FALLA
PRIMERO.- REVOCAR la sentencia de 16 de junio de 2022, proferida por el
Tribunal Administrativo del Cesar, que declaró probada la excepción de
«inexistencia de la obligación», dentro del proceso promovido por Leonel Enrique
Meza Guillén, contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, por las razones expuestas
en esta providencia.
SEGUNDO.- DECLARAR la nulidad de la Resolución RDP 0342106 del 14 de
noviembre de 2019, dictada por la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, por la cual se le
le negó al señor Leonel Enrique Meza Guillén, su solicitud de reliquidación
pensional.
TERCERO.- Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del
derecho, CONDENAR a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional
y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, a reconocer y pagar la
pensión de jubilación del señor Leonel Enrique Meza Guillén, de acuerdo con lo
previsto por las Leyes 33 y 62 de 1985.
Para el cálculo del monto pensional, la tasa de reemplazo corresponderá al 75%
y el IBL al promedio de lo devengado en el último año de servicios (comprendido
entre el 9 de marzo de 1991 y el 8 de marzo de 1992), incluyendo como factores
salariales la asignación básica, la bonificación por servicios prestados, la prima
de antigüedad y las horas extras, esto es debidamente indexados.
Tales dineros deberán serán actualizados anualmente con base en la variación
del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE, a
partir del 11 de febrero de 1993 pero con efectos fiscales a partir del 5 de
septiembre de 2016, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de la presente
sentencia.
CUARTO.- Las sumas que se paguen en favor del demandante se actualizarán
en la forma como se indica en la parte considerativa, a la fecha de la liquidación
de la sentencia, de acuerdo con el régimen general y se aplicarán sobre las
mismas los reajustes de ley.
QUINTO.- La UGPP, deberá repetir en contra del empleador, a fin de solicitar el
reembolso de las cotizaciones sobre los factores sobre los cuales no se hayan
realizados aportes en pensión, de forma actualizada. En todo caso, se autoriza
al mentado fondo, descontar de los valores adeudados al demandante en virtud
de la condena, los saldos pendientes parciales o totales en su contra si existen
por concepto de aportes a pensión que en la proporción como trabajador le
www.consejodeestado.gov.co 23
Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 20001233300020200051801 (0072-2023)
Demandante: Leonel Enrique Meza Guillén
correspondía efectuar sobre los factores que se ordena incluir en la liquidación
pensional, igualmente, de forma actualizada.
SEXTO.- La entidad demandada dará cumplimiento a esta sentencia en los
términos previstos en los artículos 192 y 195 de la Ley 1437 de 2011.
SÉPTIMO.- Sin condena en costas, según las consideraciones expresadas en
este fallo.
OCTAVO.- Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica
para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta
providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Esta providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Constancia: La anterior providencia fue firmada electrónicamente por la Sala a través de la plataforma
SAMAI del Consejo de Estado, con lo cual se garantiza su autenticidad, integridad, conservación, y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo y demás normas concordantes del Código General del Proceso.
www.consejodeestado.gov.co 24
Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.