Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2022-00565-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-25-000-2022-00565-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2022-00565-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2022-00565-00
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
22 de enero de 2026
Radicado: 11001-03-25-000-2022-00565-00 (5043-2022)
Demandante: UGPP
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA- SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., veintidós (22) de enero de dos mil veinticinco (2025)
Radicación: 11001-03-25-000-2022-00565-00 (5043-2022) (AER)
Accionante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social- UGPP
Demandado: Mary Silvia García Durán
Temas: Causales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 Presupuestos
de configuración
ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN- ART. 20 LEY 797 DE 2003
I. ASUNTO
1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, decide la
acción especial de revisión1 consagrada en el artículo 20 de la Ley 797 de 20032
presentada por la UGPP en contra de la sentencia de 26 de septiembre de 2019,
proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca dentro del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho radicado 76001334001920170005300.
II. ANTECEDENTES
2.1. Proceso ordinario inicial3
2.1.1. La demanda
2. La señora Mary Silvia García Duran por intermedio de apoderado, instauró
demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
consagrado en el artículo 138 del Código Contencioso Administrativo contra la UGPP,
con el objetivo de obtener, en síntesis, las siguientes declaraciones y condenas:
1 Considerada como tal por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
consejero ponente: Gerardo Arenas Monsalve, en sentencia del 27 de marzo de 2014. Radicación: 11001-03-25-
000-2012-00561-00(2129-12). Accionante: Caja Nacional de Previsión social, Ministerio del Trabajo. Demandado:
Rafael Antonio Martínez Cortés.
2 El recurso se presentó el 6 de septiembre de 2022 de manera que está regulado por los artículos 248 y s.s. del
CPACA, por remisión del inciso 3.º del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
3 De acuerdo con las sentencias de primera y segunda contenidas en los archivos “02 y 03 Demanda” del índice 2
de Samai.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-25-000-2022-00565-00 (5043-2022)
Demandante: UGPP
• La nulidad de las Resoluciones 030337 de 3 de octubre de 2014, por medio de
la cual se niega la reliquidación de una pensión de vejez y RDP 000199 de 5 de
enero de 2015, que resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la
anterior decisión confirmándola en su totalidad.
• Para restablecer el derecho, solicitó la reliquidación de su pensión de jubilación
de conformidad con las leyes 6. ° de 1945, 4. ° de 1966, 33 de 1985, 71 de 1988
y el Decreto 1045 de 1978, esto es, en cuantía equivalente al 75% del promedio
del salario devengado, durante el último año de servicios.
• De otra parte, solicitó la indexación de las sumas adeudadas conforme al índice
de precios al consumidor, lo anterior de acuerdo con el artículo 187 del CPACA,
al reconocimiento de los intereses moratorios, de conformidad con el artículo
177 de la misma norma y la condena en costas.
1.1.2 Hechos relevantes
3. A través de Resolución 29382 del 1. ° de diciembre de 1998 Cajanal reconoció
y ordenó el pago de la pensión de jubilación a favor de la señora Mary Silvia García
Durán, sin tener en cuenta la totalidad de los factores devengados durante el último
año de servicios.
4. Mediante Resolución RDP 030337 de 3 de octubre de 2014 el fondo negó la
reliquidación de dicha pensión y esta decisión fue recurrida por la demandante.
5. En Resolución RDP 00199 de 5 de enero de 2015, la UGPP decidió el recurso
interpuesto y confirmó la Resolución RDP 030337 de 3 de octubre de 2014 en su
totalidad.
2.1.3 Normas violadas y concepto de violación
6. Como disposiciones vulneradas, adujo que los actos acusados desconocen las
Leyes, 4. ° de 1966, 33 de 1985, y el Decreto 1743 de 1966.
7. En cuanto al concepto de violación, señaló que los actos demandados
violaron las normas aplicables para el reconocimiento pensional de la señora Mary
Silvia García Durán, es decir, las Leyes 6. ° de 1945, 65 de 1946 y 4. ° de 1966.
8. Indicó que la señora García Durán tiene derecho a que su pensión sea reliquidada de
conformidad con el régimen de transición establecido en la Ley 33 de 1985, esto es,
cuantía del 75% del promedio mensual de los salarios devengados durante el último
año de servicios, lo anterior, en armonía con lo dispuesto por el Consejo de Estado en
la sentencia de unificación de 4 de agosto de 2010.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-25-000-2022-00565-00 (5043-2022)
Demandante: UGPP
2.1.4. Sentencia objeto de revisión.4
8. El Juzgado Diecinueve Administrativo del Circuito de Cali dictó sentencia de primera
instancia el 21 de marzo de 2018, en la cual, declaró la nulidad de los actos acusados
y concedió las pretensiones de la demanda.
9. Como fundamento de su decisión señaló que la señora Mary Silvia García Durán
era beneficiaria del régimen de transición de la Ley 100 de 1993 y, en consecuencia,
la pensión debió reconocerse de conformidad con la Ley 33 de 1985 y el Decreto 2143
de 1995.
10. Estimó en consecuencia, que la liquidación de la pensión de la señora García
Durán se debía realizar con el 75% del promedio de lo devengado durante el último
año de servicios, es decir, la asignación básica, el incremento por antigüedad, los
auxilios de alimentación y de transporte, la bonificación por servicios prestados, el
quinquenio y las primas de servicios, de vacaciones y de navidad, lo anterior, de
conformidad con la sentencia de 4 de agosto de 2010 proferida por el Consejo de
Estado.
11. De otra parte, indicó que la primera solicitud de reliquidación se radicó en junio de
2014, interrumpiendo la prescripción, por lo que dicho fenómeno operó frente a las
mesadas causadas desde el 28 de marzo de 1996 hasta el 26 de junio de 2011.
12. Finalmente, el A quo ordenó a la UGPP a descontar de la suma debida el valor
de los aportes correspondientes a los factores salariales que se encuentran a cargo
del empleado.
2.1.5. Recurso de apelación5
13. Inconforme con la anterior decisión, el apoderado de la UGPP interpuso recurso
de apelación y señaló que de acuerdo con el criterio de interpretación establecido por
la Corte Constitucional en sentencia C- 258 de 2013, el ingreso base de liquidación de
las pensiones concedidas bajo el régimen de transición de la Ley 100 de 1993, deben
liquidarse de conformidad con el inciso 3.° del artículo 36 de dicha disposición, y
teniendo en cuenta los factores establecidos en el Decreto 1158 de 1994.
2.1.6. Sentencia objeto de revisión.6
14. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, a través de sentencia de 26 de
septiembre de 2019 modificó la decisión de primera instancia.
4 Archivo 02 contenido en el índice 2 de Samai.
5 Según la sentencia de segunda instancia visible en el archivo 03 contenido en el índice 2 de Samai.
6 Archivo 03 contenido en el índice 2 de Samai.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-25-000-2022-00565-00 (5043-2022)
Demandante: UGPP
15. En primer lugar estimó que la señora Mary Silvia García Durán era beneficiaria del
régimen de transición establecido en la Ley 33 de 1985, y no del previsto en la Ley 100
de 1993, como lo había señalado el a quo, y en ese sentido debía aplicarse la Ley 6.
° de 1945 y los factores de salario del artículo 45 del Decreto 1045 de 1978,
liquidándose la pensión con el último año de servicios.
16. Señaló que, aunque la pensionada era beneficiaria del régimen de transición de la
Ley 33 de 1985, debía tenerse en cuenta lo señalado por el Consejo de Estado en la
sentencia de unificación de 28 de agosto de 2018, en el que abordó el tema del ingreso
base de liquidación del régimen de transición, pues en esta providencia señaló que los
factores que conformaban IBL son aquellos taxativamente señalados en la ley y sobre
los cuales se hubiesen efectuado aportes al Sistema de Pensiones, lo que va en
consonancia con lo señalado en el artículo 3.° de la Ley 33 de 1985 y el inciso 12 del
artículo 48 de la Constitución.
17. Así las cosas, ordenó la reliquidación de la pensión de la demandante en cuantía
del 75% del promedio de lo devengado durante el último año de servicios, teniendo en
cuenta los factores enlistados en el Decreto 1045 de 1978, esto es, la asignación
básica, la bonificación por servicios prestados, las primas de antigüedad, de navidad,
de vacaciones y semestral y los auxilios de alimentación y de transporte.
18. Sostuvo que no era posible incluir el quinquenio para efectos de dicha liquidación,
pues, si bien fue percibida por la demandante y sobre este factor se efectuaron aportes
a pensión, no se encontraba consagrado en el Decreto 1045 de 1978.
19. Finalmente, revocó la decisión de descontar los dineros por concepto de aportes
para pensión respecto de los factores objeto de reliquidación por encontrar probado
que sobre los mismos se hicieron los descuentos de Ley.
2.1.7. La acción especial de revisión. 7
20. La UGPP invocó como causales de revisión las consagradas en los literales a) y
b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, norma que se refiere a la posibilidad de
interponer la solicitud de revisión contra acuerdos conciliatorios o providencias
judiciales que reconozcan pensiones a cargo del tesoro público o de fondos de
naturaleza pública y especialmente:
a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso.
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere según la ley, pacto o
convención colectiva que le eran legalmente aplicables.
21. Como pretensiones de la acción de revisión, solicitó, en síntesis, lo siguiente:
7 Archivo 01 contenido en el índice 2 de Samai.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-25-000-2022-00565-00 (5043-2022)
Demandante: UGPP
(i) Revocar la sentencia de 26 de septiembre de 2019 proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca dentro del proceso ordinario de nulidad y
restablecimiento del derecho instaurado por Mary Silvia García Durán contra la
UGPP, radicado 76001334001920170005300 que modificó la sentencia de 21 de
marzo de 2018 proferida por el Juzgado Diecinueve Administrativo del Circuito de
Cali.
(ii) Declarar que a la señora Mary Silvia García Durán en cuanto a la liquidación de su
mesada pensional, no es acreedora de un derecho adquirido y en su lugar, ordenar
la reliquidación de la pensión de conformidad con las sentencias, C-168 de 1995,
C-258 de 2013, SU-230 de 2015, SU-427 de 2016, SU-210 de 2017, SU- 395 de
2017, SU-631 de 2017, T -039 de 2018 y los autos 229 de 2017 y 326 de 2014;
esto es, teniendo como ingreso base de liquidación las directrices fijadas en el
inciso 3.° del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, así como los factores determinados
en el Decreto 1158 de 1994.
22. Para fundamentar ambas causales de revisión la UGPP sostuvo que la señora
Mary Silvia García Durán no tenía derecho a obtener la reliquidación ordenada, toda
vez que es beneficiaria del régimen de transición establecido en el artículo 36 de la
Ley 100 de 1993, y por ello, su pensión debe liquidarse de acuerdo con lo dispuesto
en el inciso 3. ° del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y con los factores de cotización
establecidos taxativamente en los Decretos 1158 de 1994.
23. Estimó que la pensión se liquidó con desconocimiento de las providencias de la
Corte Constitucional, C-168 de 1995, C-258 de 2013 y SU-230 de 2015, Auto 326 de
2014, SU-427 de 2016, SU-210 de 2017, Auto 229 de 2017, SU-395 de 2017, SU- 631
de 2017 y T-039 de 2018.
24. De otra parte, la UGPP señaló que los certificados de 4 de marzo de 2022 y de
31 de octubre de 2019, presentan inconsistencias respecto del certificado de factores
de 27 de noviembre de 1998, que fue el que se tuvo en cuenta para dictar la
providencia objeto de recurso, lo anterior sin desconocer que al juez no le era posible
avizorar a futuro los certificados que expediría el empleador.
25. En ese orden solicitó que, en caso de acogerse las pretensiones de la demanda,
se ordenara la reliquidación de la pensión teniendo en cuenta los factores
efectivamente devengados por la demandada señalados en la certificación de factores
salariales de 4 de marzo de 2022 y de 31 de octubre de 2019.
26. Sostuvo que la interpretación acogida por el tribunal respecto de la aplicación del
IBL del régimen de transición, vulneró el debido proceso de la actuación surtida y
otorgó un derecho sin el cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos para
tal fin, lesionando gravemente el erario, pues le corresponde a la Nación asumir los
recursos para cubrir una prestación en tales condiciones, los que son indispensables
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-25-000-2022-00565-00 (5043-2022)
Demandante: UGPP
para la financiación del sistema general de seguridad social en pensiones.
2.1.8. Contestación.
27. El 17 de abril de 20238 se notificó a la señora Mary Silvia García Durán del auto de
24 de febrero de 2023, por medio del cual se admitió la acción especial de revisión de
la referencia. Sin embargo, esta no contestó la demanda.
28. El agente del Ministerio Público a través de memorial de 17 de abril de 20239 rindió
concepto en el que señaló que debía declararse fundado el recurso, pues la sentencia
de unificación de 28 de agosto de 2018, acogió el criterio de la Corte Constitucional
establecido en las sentencias C-258 de 2013 y SU- 230 de 2015 sobre la forma de
liquidar el IBL de los beneficiarios del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, y
dicho pronunciamiento resultaba aplicable al caso de la demandada, quien era
beneficiaria de dicho régimen.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
29. La Subsección A de la Sección Segunda de esta Corporación es competente para
conocer del recurso de revisión del epígrafe, de conformidad con el artículo 249 del
CPACA, norma que estableció que cuando se trate de sentencias proferidas por los
Tribunales Administrativos, conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de
Estado según la materia. Igualmente, corresponde conocer a la Sección Segunda,
según el art. 13 del Acuerdo 080 de 12 de marzo de 2019 de conformidad con el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
3.2. Oportunidad
30. La Sala precisa, en primer lugar, que de conformidad con lo señalado en el artículo
20 de la Ley 797 de 2003, la solicitud de revisión de las sentencias allí mencionadas
podía instaurarse «en cualquier tiempo», no obstante, la Corte Constitucional en la
sentencia C-835 de 200310, declaró la inexequibilidad de dicha expresión al señalar:
«[…] Consecuentemente, la solicitud de revisión que establece el artículo 20 acusado
deberá formularla el respectivo funcionario, de acuerdo con la jurisdicción que envuelva al
acto administrativo, dentro del término establecido en el artículo 187 del Código
8 Índice 12 de Samai
9
Índice 11 de Samai.
10 En la sentencia C-835 de 2003 se indicó: «[…] Consecuentemente, la solicitud de revisión que establece el
artículo 20 acusado deberá formularla el respectivo funcionario, de acuerdo con la jurisdicción que envuelva al acto
administrativo, dentro del término establecido en el artículo 187 del Código Contencioso Administrativo, o dentro
del término previsto en el artículo 32 de la ley 712 de 2001. Términos que en todo caso tienen fuerza vinculante a
partir de este fallo [...]» (Subraya fuera de texto).
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-25-000-2022-00565-00 (5043-2022)
Demandante: UGPP
Contencioso Administrativo, o dentro del término previsto en el artículo 32 de la ley 712 de
2001. Términos que tienen fuerza vinculante a partir de este fallo [...]».
31. En este caso, la norma aplicable es la Ley 1437 de 2011, que en su artículo 251
dispone que, por regla general, debe interponerse dentro del año siguiente a la
ejecutoria de la respectiva sentencia. Sin embargo, entre las excepciones a dicha
regla, el inciso final ibidem precisó lo siguiente:
«[…] En los casos previstos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el recurso deberá
presentarse dentro de los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria de la providencia judicial
o en los casos de que ella no se requiera, dentro del mismo término contado a partir del
perfeccionamiento del acuerdo transaccional o conciliatorio […]».
32. Ahora bien, la Corte Constitucional, en sentencia SU-427 de 2016 estableció que,
tratándose de fallos en contra de la UGPP, dicha entidad puede presentar las
solicitudes de revisión, incluso, luego de vencido el plazo de los cinco años de
caducidad, pues el mismo comienza a contabilizarse a partir del 12 de junio de 2013,
providencia en la cual la Sala Plena de esa Corporación unificó su jurisprudencia y
adoptó la siguiente regla:
«(a) La UGPP está legitimada para acudir ante la Corte Suprema o el Consejo de
Estado, según corresponda, e interponer el recurso de revisión previsto en el artículo 20
de la Ley 797 de 2003, con el propósito de cuestionar las decisiones judiciales en las
cuales se haya incurrido en un abuso del derecho, en el entendido de que el término de
caducidad de cinco años de dicho mecanismo no podrá contabilizarse desde antes del
12 de junio de 2013, fecha en la cual dicha entidad asumió la defensa judicial de los
asuntos que tenía a cargo Cajanal».
33. En este caso, la solicitud de revisión se presentó en tiempo, toda vez que la
decisión judicial de segunda instancia que se cuestiona fue proferida el 26 de
septiembre de 2019 11 y el escrito de revisión se radicó en el 26 de septiembre de
2022.12
3.3. Problema jurídico
34. En este caso deberá verificar la Sala si la sentencia 26 de septiembre de 2019,
proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca incurrió en las causales de
revisión previstas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 al
condenar a la UGPP, a reliquidar la pensión de jubilación de la señora Mary Silvia
García Durán con el 75% del promedio de los salarios devengados durante el último
año de servicio, incluyendo la totalidad de los factores salariales de ley devengados
durante dicho periodo consagrados en el Decreto 1045 de 1978, es decir, la asignación
básica, la bonificación por servicios prestados, los subsidios de alimentación y de
transporte y las primas de antigüedad, de vacaciones, semestral y de navidad.
11Archivo 03 contenido en el índice 2 de Samai.
12 Índice 4 de Samai
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-25-000-2022-00565-00 (5043-2022)
Demandante: UGPP
35. Acorde con lo anterior, la Sala se referirá a las causales mencionadas, relacionadas
en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, para luego verificar si procede infirmar la
decisión judicial cuestionada.
3.4. La acción especial de revisión y las causales contempladas en los literales
a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
36. La acción especial de revisión es un medio que permite impugnar una providencia
judicial ya ejecutoriada, siempre y cuando se configuren, de manera expresa, las
causales señaladas en el artículo 250 del CPACA13 (antes artículo 188 del CCA),
situación que es posible entenderse como una de las excepciones al principio de la
cosa juzgada14, que se aplica exclusivamente a aquellas situaciones «críticas» en las
que a pesar de la presunción de legalidad que cobija a las sentencias, ellas no pueden
subsistir por el grave desconocimiento de los principios fundamentales del proceso.
37. Ahora bien, la solicitud de revisión formulada por la entidad recurrente está
contemplada en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 y se considera precisamente
como una acción especial15, con algunas diferencias referidas a su finalidad y la
legitimación en la causa por activa. De esta manera, se estableció para controvertir las
sentencias o conciliaciones que reconocen la obligación de cubrir sumas periódicas de
13 Artículo 250. Causales de revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, son
causales de revisión:
1. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se
hubiera podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o
caso fortuito o por obra de la parte contraria.
2. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados.
3. Haberse dictado la sentencia con base en dictamen de peritos condenados penalmente por ilícitos cometidos en
su expedición.
4. Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho en el pronunciamiento de la
sentencia.
5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación.
6. Aparecer, después de dictada la sentencia a favor de una persona, otra con mejor derecho para reclamar.
7. No tener la persona en cuyo favor se decretó una prestación periódica, al tiempo del reconocimiento, la aptitud
legal necesaria o perder esa aptitud con posterioridad a la sentencia o sobrevenir alguna de las causales legales
para su pérdida.
8. Ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las partes del proceso en que aquella
fue dictada. Sin embargo, no habrá lugar a revisión si en el segundo proceso se propuso la excepción de cosa
juzgada y fue rechazada.
14 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de veintidós (22) de abril de dos mil quince
(2015), radicación número: 25000-23-25-000-2004-05294-01(2116-12), accionante: Luis Alberto Jiménez Beltrán,
demandado: Registraduría Nacional del Estado Civil.
15 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Consejero ponente: Gerardo
Arenas Monsalve. 27 de marzo de 2014. Radicación: 11001-03-25-000-2012-00561-00(2129-12). accionante: Caja
Nacional de Previsión social, Ministerio del Trabajo. Demandado: Rafael Antonio Martínez Cortés « […] En este
orden, precisa la Sala que aunque se le haya asignado para su trámite el procedimiento del recurso extraordinario
de revisión, esto no quiere decir que sea equiparable a éste, esto en tanto, es claro que las particularidades de la
“acción especial de revisión” previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, le otorgan una entidad propia, que
se refleja principalmente en legitimación por activa que se concede al Gobierno Nacional y a los mecanismos de
control –Contraloría y Procuraduría- para promover la revisión, quienes eran terceros en el proceso ordinario cuya
revisión se permite, pero que se facultan para accionar con el objeto de proteger el patrimonio público, con el fin de
obtener la viabilidad financiera del sistema pensional […]»(subrayas de la Sala).
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-25-000-2022-00565-00 (5043-2022)
Demandante: UGPP
dinero o pensiones de cualquier naturaleza pagadas con cargo al tesoro público y
contrarrestar los casos de corrupción en esta materia16 y para ejercerla se requiere de
un solicitante calificado17, que a su vez es un tercero que no intervino dentro del
proceso ordinario o la conciliación.
38. En este sentido, el artículo 20 de la Ley 797 de 200318 facultó al Gobierno para que,
por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda
y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de
la Nación, soliciten ante el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia la
revisión de aquellas providencias judiciales donde se reconozcan prestaciones
periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública.
39. Adicionalmente, a través del ordinal 6.º del artículo 6.º del Decreto 5021 de 28 de
diciembre de 200919 el Gobierno Nacional delegó como función de la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social adelantar o asumir, cuando haya lugar, las acciones previstas en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
3.5. Análisis de la Sala
40. Las causales alegadas por la UGPP son las contempladas en los literales a) y b)
del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, norma que señala:
«a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley,
pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables».
3.5.1. En cuanto a la causal del literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003: «a)
Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso».
41. Esta causal es procedente cuando la sentencia atacada reconoce una pensión con
cargo al tesoro público o los fondos de naturaleza pública con violación del debido
proceso. En relación con esta causal, es claro que la parte interesada debe promover
16 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda – Subsección A. consejero ponente:
Dr. William Hernández Gómez. Bogotá, D. C. diez (10) de agosto dos mil diecisiete (2017). Radicado:
250002325000200205275 01. Número Interno: 1273-2006. Accionante: Fondo de Previsión Social del Congreso
de la República. Demandado: Carlos Rangel Moreno. Acción: Nulidad y Restablecimiento del Derecho, Decreto 01
de 2 de enero de 1984, CCA.
17 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B. consejera ponente:
Sandra Lisset Ibarra Vélez. Bogotá D.C. 1 de julio de 2016. Radicado: 11001 03 25 000 2014 00238 00 (0704 2014).
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección
Social - UGPP-. Demandado: José Efraín Mora Sánchez-. Admite acción de revisión.
18 Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993
y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales
19 Por el cual se establece la estructura y organización de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional
y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP– y las funciones de sus dependencias.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-25-000-2022-00565-00 (5043-2022)
Demandante: UGPP
la acción especial de revisión y aportar los elementos sobre los cuales estructura su
petición.
42. En este caso, la UGPP cuestiona la sentencia de 26 de septiembre de 2019,
proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que ordenó la reliquidación
pensional a favor de la señora Mary Silvia García Durán en calidad beneficiaria del
régimen de transición de la Ley 33 de 1985, para lo cual se fundamentó en la violación
al debido proceso, toda vez que en su parecer la pensión debió liquidarse conforme a
las disposiciones contenidas en los artículos 36 y 21 de la Ley 100 de 1993 respecto
al IBL y factores que deben ser tenidos en cuenta al momento de liquidar la prestación.
En ese sentido consideró que el fallo acusado transgrede los principios superiores de
legalidad.
43. Al respecto, en sentencia proferida el 5 de febrero de 2019, la Sala 22 Especial de
Decisión de esta Corporación precisó que de conformidad con lo previsto en el artículo
29 de la Constitución Política, el derecho fundamental alegado comprende los
siguientes tres elementos:
i) El derecho al juez natural o funcionario competente.
ii) El derecho a ser juzgado según las formas de cada juicio o procedimiento, esto es,
conforme con las normas procesales dictadas para impulsar la actuación judicial o
administrativa.
iii) Las garantías de audiencia y defensa, que, desde luego, incluyen el derecho a
ofrecer y producir la prueba de descargo, la presunción de inocencia, el derecho a
la defensa técnica, el derecho a un proceso público y sin dilaciones, el derecho a
que se produzca una decisión motivada, el derecho a impugnar la decisión y la
garantía de non bis in idem.
44. Aunado, la Sala ha estimado que lo anterior no es óbice para que se revisen
reparos distintos en los que se sustente una manifiesta vulneración al debido proceso.
45. Como se advierte, ninguno de los argumentos empleados por la UGPP para
sustentar el cargo de violación del derecho fundamental al debido proceso, se refieren
al desconocimiento de garantías propias de tal derecho, por parte de la autoridad
judicial al proferir la sentencia judicial que se revisa.
46. Del recurso se advierte que los argumentos esbozados por la entidad están
dirigidos a cuestionar la interpretación adoptada por el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca en relación a la determinación del IBL pensional de la beneficiaria, para lo
cual se refiere a la aplicación del régimen de transición contenido en la Ley 100 de
1993 (causal a y b) y a la inclusión de factores no certificados en debida forma (causal
b).
47. Sobre el particular se destaca que el Tribunal consideró que la señora Mary Silvia
García Durán era beneficiaria del régimen de transición establecido en la Ley 33 de
1985, y en ese sentido debía aplicarse la Ley 6. ° de 1945 y los factores de salario del
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-25-000-2022-00565-00 (5043-2022)
Demandante: UGPP
artículo 45 del Decreto 1045 de 1978, liquidándose la pensión con el último año de
servicios. Sin embargo, la Ugpp en su recurso, en lo atinente a la causal a) cuestiona
la aplicación del régimen de transición contenido en la Ley 100 de 1993, asunto que
no guarda relación con lo decidido en la sentencia objeto de revisión.
48. Sobre el contenido y la forma en la que deben presentarse las demandas en sede
de revisión, esta Corporación20ha considerado en varios de sus pronunciamientos
que,
«Para su formulación deben atenderse los requisitos de las demandas ordinarias
indicados en el artículo 252 del CPACA. Especialmente, el recurrente deberá
señalar con precisión y justificar la causal o las causales en que se funda el recurso
y aportar las pruebas necesarias.
La técnica del recurso exige real correspondencia entre los argumentos en que se
fundamenta y la causal invocada, de forma tal que el recurrente prescinda de
elucubraciones dirigidas a atacar las motivaciones jurídicas o los juicios de valor que
soportaron la decisión adoptada en la sentencia recurrida, así como de la intención
de corregir errores u omisiones de la propia parte, como si se tratara de una nueva
instancia.
En otras palabras, el recurso extraordinario de revisión no da cabida a
cuestionamientos sobre el criterio con que el juez interpretó o aplicó la ley en la
sentencia. Antes bien, es riguroso en cuanto a su procedencia, pues se restringe a
las causales enlistadas en el mencionado artículo 250 del CPACA y a las previstas
en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
Por ello, en este escenario, la labor del juez no puede exceder la demarcación
impuesta por el recurrente al explicar la causal de revisión de la sentencia,
que deberá ser examinada dentro de un estricto y delimitado ámbito
interpretativo». (Resaltado para enfatizar).
49. Esta Subsección encuentra razón en lo expuesto por el Tribunal, pues que la
demandada nació el 25 de marzo de 1946 como lo indica la copia del registro civil de
nacimiento que obra en el archivo 19 del índice 45 de Samai.
50. Así mismo, se encuentra demostrado que laboró en el Ministerio de Agricultura
División de Investigaciones Agropecuarias desde el 1. ° de septiembre de 1963 hasta
el 31 de diciembre de 1963 y en el Instituto Colombiano Agropecuario ICA desde el 1.
° de enero de 1946 hasta el 22 de mayo de 1989 ocupando el cargo de oficinista según
el certificado expedido por la coordinadora de Talento Humano de 28 de septiembre
de 2016 visible a folio 105 del archivo 02. 21
51. De acuerdo con dicha certificación durante el tiempo que prestó sus servicios tuvo
las siguientes interrupciones:
20 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala 22 Especial de Decisión. Sentencia del 5
de febrero de 2019. Exp: 11001-03-15-000-2018-01884-00. C.P. Alberto Yepes Barreiro; Consejo de Estado. Sala
de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Sentencia del 1º de agosto de 2024. Exp:
11001-03-25-000-2020-00892-00 (2698-2020). C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
21 Índice 45 de Samai- Expediente 76001334001920170005300
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-25-000-2022-00565-00 (5043-2022)
Demandante: UGPP
52. De lo anterior se concluye que el 13 de febrero de 1985, fecha en la que entró en
vigor la Ley 33 de 1985, la señora Mary Silvia García Durán tenía 21 años, 1 mes y 12
días de servicio, por lo que es beneficiaria del régimen de transición de esa norma, tal
como lo señaló el juez de segunda instancia.
53. Conviene destacar que el objeto de la acción especial de revisión consiste en incluir
causales cualificadas, con el propósito primordial de realizar un estudio de las
pensiones reconocidas en forma contraria a la Ley, con el fin de evitar perjuicios de
carácter patrimonial. Así, lo ha indicado esta Corporación al señalar que «[s]e trata de un
medio de impugnación excepcional que permite revisar determinadas sentencias de la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo ante la comprobación inequívoca de ser
decisiones que incurran en alguna de las causales que taxativamente consagra la ley»22
54. En esa medida, debe existir entonces correspondencia entre los argumentos en los
que se fundamenta el recurso y la causal invocada23 en este caso, la consagrada en
el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, con el fin de lograr la aplicación de
los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1158 de 1994.
55. En el caso concreto, es claro que la entidad recurrente, al sustentar la causal a)
se equivocó en la invocación normativa, pues omite que el razonamiento del Tribunal
se enfocó en la aplicación del régimen de transición establecido en el artículo 1.º la
Ley 33 de 1985, ante lo cual no realizó ninguna manifestación. En consecuencia, no
corresponde a la Sala exceder en la interpretación de los argumentos expuestos por
la entidad recurrente al explicar la causal de revisión alegada y, por tanto, no es
posible realizar un estudio de dichos fundamentos.
22 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Sentencia del 1º de agosto de
2024. Exp: 11001-03-25-000-2020-00892-00 (2698-2020). C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
23 En similar sentido se pronunció esta Subsección en varias sentencias, a saber: Consejo de Estado. Sala de lo
Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Sentencia del 1º de agosto de 2024. Exp: 11001-03-25-000-2019-
00898-00 (6445-2019). C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas; Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo. Sala 22 Especial de Decisión. Sentencia del 5 de febrero de 2019. Exp: 11001-03-15-000-2018-
01884-00. C.P. Alberto Yepes Barreiro
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-25-000-2022-00565-00 (5043-2022)
Demandante: UGPP
56. Así, no hay lugar a analizar de fondo el reparo planteado al no sustentarse la causal
consagrada en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 conforme a lo fallado
por el Tribunal en segunda instancia.
57. Lo expuesto también nos lleva a desestimar el mencionado planteamiento respecto
a la causal b) por considerar que resulta ajeno al debate surtido en la decisión que se
revisa.
3.5.2. En cuanto a la causal del literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003: «b)
Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con
la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables».
58. Esta causal ha sido considerada jurisprudencialmente24 como un instrumento que
persigue fortalecer el principio de la moralidad administrativa25 y permite corregir los
reconocimientos pensionales que se han efectuado en exceso y que afectan los
principios filosóficos que orientan el Sistema General de Pensiones 26, en especial, el
principio de solidaridad27 y equilibrio financiero.
59. Frente a esta causal, el apoderado de la UGPP estimó que es errónea la
interpretación efectuada por el Ad quem, frente al régimen de transición contenido en
el artículo 36 la Ley 100 de 1993 y su aplicación al caso de la señora Mary Silvia García
Durán, quien es beneficiaria del mismo, pues nació el 28 de marzo de 1946 y para el
1.° de abril de 1994, fecha en la cual entró en vigencia la norma, contaba con más de
40 años de edad.
60. Aunado, señaló que se deben tener en cuenta los factores salariales devengados
por la señora García Durán, establecidos en las certificaciones de 4 de marzo de 2022
y de 31 de octubre de 2019, pues estimó que las mismas resultaban inconsistentes
con el certificado de factores de 27 de noviembre de 1998, que fue el que se tuvo en
cuenta para dictar las providencias objeto de recurso.
49. Para el análisis de esta causal, el juez debe determinar si los supuestos fácticos y
jurídicos esgrimidos por la entidad recurrente encuadran dentro del contenido en ella
dispuesto por el legislador, a fin de examinar si es dable evaluar el fondo del asunto
planteado.
50. La Sala observa que entre los planteamientos expuestos en la acción se encuentra
la afectación al patrimonio público. A pesar de que la parte demandante no señaló
expresamente el valor de la afectación, la Sala advierte del escrito de la demanda que
existe un aumento entre el monto en que se reconoció la pensión en la Resolución 1.
24
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sala Especial de Decisión N° 4. Consejera Ponente:
Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. Sentencia de 1.º de agosto de dos mil diecisiete (2017). Radicación número:
11001-03-15-000-2016-02022-00.
25 Artículo 209 de la Constitución Política, Artículo 3.º del CPACA y artículo 3.º de la Ley 489 de 1998.
26 Universalidad, integralidad, unidad, internacionalidad, igualdad, subsidiaridad, inmediación, comprensividad y
progresión racional.
27 Ratio o razón de ser de la seguridad social
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-25-000-2022-00565-00 (5043-2022)
Demandante: UGPP
° de diciembre de 1998, que asciende a $224.293.25 respecto al monto de la
reliquidación efectuada en cumplimiento de la sentencia objeto del recurso la pensión
que ascendió a $1.409.399,15.
51. Teniendo en cuenta que se expuso de manera sucinta la presunta afectación al
patrimonio público, la parte accionante puede cuestionar la presunción de veracidad
que cobija la decisión deprecada, de ahí que se examinará, si en el caso concreto, se
configura la consecuencia procesal prevista en el precepto normativo mencionado,
esto es, si el quantum de la pensión desbordó el límite legalmente establecido.
3.5.2.2. Caso concreto
52. La UGPP solicitó de manera subsidiaria que, en caso de no acogerse los
argumentos principales del recurso, se tuvieran en cuenta los factores salariales
devengados por la señora García Durán, establecidos en las certificaciones de 4 de
marzo de 2022 y de 31 de octubre de 2019, pues estimó que las mismas resultaban
inconsistentes con el certificado de factores de 27 de noviembre de 1998, que fue el
que se tuvo en cuenta para dictar las providencias objeto de recurso.
53. Revisado el expediente se advierte que los factores salariales devengados por la
pensionada se encontraban acreditados con la certificación expedida por la
coordinadora de Talento Humano de 28 de septiembre de 2016, que fue allegada
oportunamente al proceso, sin que se observe solicitud de tacha, o de una prueba que
le permitiera desvirtuarla, o siquiera que haya manifestado desacuerdo con la
información que allí se encontraba contenida, es decir, que la UGPP no ejerció en la
oportunidad y la instancia debida, su derecho de defensa y contradicción.
54. De acuerdo con lo expuesto, como la UGPP tuvo conocimiento de las pruebas que
sirvieron de sustento al juez para su decisión y no se opuso a las mismas en la
oportunidad procesal para ello, la Sala estima que la decisión recurrida estuvo
debidamente sustentada en tanto se profirió teniendo en cuenta las pruebas
debidamente aportadas al proceso, razón por la cual negará la pretensión de la parte
demandante.
55. De acuerdo con el escenario descrito se colige que en este caso no se configuran
las causales previstas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003,
razón por la cual se declarará infundada la acción especial de revisión interpuesta por
la UGPP.
3.6. Condena en costas
56. Dado que esta Sección28 ha señalado que la acción especial de revisión, prevista
en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, busca prevenir eventuales detrimentos al
28 Entre otras, véase: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección
A. Sentencia del 24 de junio de 2021. Exp. 11001-03-25-000-2018-00943-00. C.P. William Hernández Gómez.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-25-000-2022-00565-00 (5043-2022)
Demandante: UGPP
Tesoro y la garantía de la sostenibilidad financiera del sistema pensional, la Sala, con
fundamento en el artículo 188 del CPACA, en adelante, se abstendrá de imponer
condena en costas cuando la actuación tenga por objeto controvertir providencias
judiciales para salvaguardar el interés público, como ocurre en el presente asunto.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO. Declarar infundada la acción especial de revisión interpuesta contra la
sentencia de 26 de septiembre de 2019 proferida por el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca a través de la cual se modificó la providencia de 21 de marzo de 2018
dictada por el Juzgado Diecinueve Administrativo del Circuito de Cali dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado
76001334001920170005300-01 de conformidad con lo señalado en la parte motiva.
SEGUNDO. Sin condena en costas, según las consideraciones señaladas.
TERCERO. Efectuar las anotaciones correspondientes en el sistema de gestión
judicial SAMAI y una vez en firme esta providencia DEVUÉLVASE el expediente al
tribunal de origen
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Constancia: La anterior providencia fue firmada electrónicamente por la Sala a través de la plataforma SAMAI del
Consejo de Estado, con lo cual se garantiza su autenticidad, integridad, conservación, y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y
demás normas concordantes del Código General del Proceso.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 23 de
junio de 2022. Exp. 11001-03-25-000-2019-00224-00. C.P. William Hernández Gómez. Consejo de Estado, Sala
de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 4 de agosto de 2022, Exp. 11001-
0325-000-2020-00026-00 (0026-2020). C.P. Gabriel Valbuena Hernández.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.