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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2022-00576-00

Fecha
18 de julio de 2025
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2022-00576-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. Declarar infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto por Jonatan Alberto Gómez Lizarazo en contra de la sentencia proferida el 9 de junio de 2022 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado: 11001-33-35-012-2019-00156-01. Segundo. Condenar en costas por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Tercero. Archivar el expediente del recurso extraordinario de revisión, previas las anotaciones pertinentes en el sistema de información de gestión de procesos Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 12 Radicado: 11001 03 25 000 2022 00576 00 (5112-2022) Demandante: Jonatan Alberto Gómez Lizarazo Samai y devolver el expediente de nulidad y restablecimiento del derecho al despacho de origen. Cuarto. Notificar esta providencia en los términos del artículo 205 del CPACA. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión. ELIZABETH BECERRA CORNEJO JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA Firmado electrónicamente LMMO CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2022-00576-00

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

18 de julio de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., dieciocho (18) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Recurso extraordinario de revisión
Radicado: 11001032500020220057600 (5112-2022)
Demandante: Jonatan Alberto Gómez Lizarazo
Providencia Sentencia del 9 de junio de 2022 proferida por el Tribunal
recurrida: Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección D

Tema: Causal 8 de revisión del artículo 250 del CPACA. Sentencia
contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada.

Sentencia de revisión

Asunto

La Sala decide el recurso extraordinario de revisión interpuesto por Jonatan
Alberto Gómez Lizarazo contra la sentencia del 9 de junio de 2022 proferida por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D,
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido en
contra de Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

1. Antecedentes

1.1. Demanda de nulidad y restablecimiento del derecho1

1. En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo2, Jonatan Alberto Gómez Lizarazo presentó una
demanda en orden a que se declarara la nulidad del acto administrativo
20181100291901 del 14 de diciembre de 2018, por el cual la Subred Integrada
de Servicios de Salud Norte E.S.E. le negó el reconocimiento de las prestaciones
sociales y acreencias laborales solicitadas por la configuración de una relación
laboral encubierta.

1 Índice 2 de Samai, documento

«ED_EXP:5_110010325000202200576002EXPEDIENTEDIGI20220930120041(.zip)».
Expediente de nulidad y restablecimiento del derecho 11001 33 35 012 2019 00156 00.
2 En adelante CPACA.

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www.consejodeestado.gov.co

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Radicado: 11001 03 25 000 2022 00576 00 (5112-2022)
Demandante: Jonatan Alberto Gómez Lizarazo

2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó el reconocimiento de una
relación laboral encubierta desde el 1 de abril de 2016 hasta el 10 de septiembre
de 2018. Como consecuencia de lo anterior, pidió el pago de las prestaciones
sociales que se derivaban de ella, tales como: cesantías definitivas y sus
intereses, así como la sanción moratoria por la falta de consignación del auxilio,
las primas de servicios, especiales de vacaciones y navidad, bonificaciones por
recreación y vacaciones insolutas y no compensadas. Igualmente, reclamó la
devolución de los pagos efectuados por concepto de aportes a la seguridad social
(salud y pensión), retención en la fuente y la indemnización moratoria por el no
pago oportuno de las acreencias laborales.

1.1.1. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes, se señalaron los siguientes:

3.1. Jonatan Alberto Gómez Lizarazo se vinculó a la Subred Integrada de Servicios
de Salud Norte E.S.E. – Unidad de Servicios de Salud USS, antes Hospital Simón
Bolívar III Nivel E.S.E., mediante contratos u órdenes de prestación de servicios
suscritos entre el 1 de abril de 2016 y el 10 de septiembre de 2018.

3.2. En cumplimiento de lo anterior, el recurrente desarrolló las labores de
facturador consulta externa, de forma continua e ininterrumpida, bajo permanente
dependencia y subordinación de la entidad. Para ello asistió a los distintos
programas de capacitación, actualizaciones, acreditaciones, marchas a la salud
convocadas por el Hospital Simón Bolívar, entre otros requerimientos solicitados
por la Institución.

3.3. Las labores que le fueron encargadas consistían en verificar el estado de
afiliación de los usuarios en los diferentes aplicativos como el Fosyga,
comprobador de derechos de la SDS de Bogotá, bases de datos de capacitación,
DNO, escolares, entre otros; admitir pacientes en el sistema; asignar citas y
facturar actividades; notificar los casos de pacientes particulares suspendidos o
con alguna inconsistencia en la afiliación; verificar la correcta admisión del
paciente; someter a firma las facturas de venta; recaudar valor de copagos, entre
otras funciones del cargo.

3.4. Susactividades las desarrollaba bajo las órdenes de los subgerentes
administrativos y financieros, en el horario de lunes a domingo de «7:00 p.m. a
7:00 a.m.» y en reiteradas oportunidades laboraba más de 50 horas semanales
y descansaba «noche intermedia».

3.5. Como contraprestación por sus servicios devengó una remuneración de
$1’428.000 y aunque debía cumplir el horario de «7:00 p.m. a 7:00 a.m.» nunca
se le reconoció el recargo nocturno y mucho menos el correspondiente a los
dominicales.

3.6. El 21 de noviembre de 2018, el demandante solicitó el reconocimiento de
todas las prestaciones causadas durante su vinculación con la entidad, la cual
fue negada con el oficio del 14 de diciembre de ese año.

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Radicado: 11001 03 25 000 2022 00576 00 (5112-2022)
Demandante: Jonatan Alberto Gómez Lizarazo

1.2. Sentencia de primera instancia3

4. Mediante sentencia proferida en la audiencia del 27 de octubre de 2021 el
Juzgado Doce Administrativo de Oralidad de Bogotá, Sección Segunda, accedió
a las pretensiones y le ordenó a Subred Integrada de Servicios de Salud Norte
E.S.E. reconocer y pagar las prestaciones «a las tenga derecho, conforme a la parte
motiva de esta providencia» [sic], así como liquidar y consignar al fondo de
pensiones al que se encontrara afiliado el demandante las diferencias de las
cotizaciones, durante el tiempo que se prolongó la relación laboral encubierta.
Para el efecto, consideró:

4.1. Los testigos coincidieron en que el demandante debía cumplir con el horario
asignado, no podía delegar sus funciones en terceros y debía entregar
diariamente las actividades que desarrollaba a los técnicos de facturación bajo
los protocolos dispuestos por la entidad.

4.2. Las obligaciones contractuales se debían cumplir de forma permanente en el
centro hospitalario y, aunque no pertenecían al giro ordinario misional de la
entidad, sí eran propias del su funcionamiento.

4.3. Se acreditaron los elementos de la relación laboral, estos eran, la prestación
personal del servicio, la contraprestación o remuneración, la subordinación
continuada y la permanencia de funciones. De ahí que era procedente declarar
la nulidad del acto acusado.

4.4. No operó el fenómeno de la prescripción puesto que no hubo solución de
continuidad en los servicios prestados y la petición se radicó el 21 de noviembre
de 2018.

4.5. No había lugar al pago de diferencias salariales porque debía «aceptarse como
válido el pacto que las partes hicieron sobre la remuneración». Tampoco eran
procedentes: la devolución de aportes a salud y pensión, de conformidad con la
sentencia de unificación del 9 de septiembre de 2021 radicado interno 1317-
2016, la sanción moratoria y el reintegro de la retención en la fuente.

4.6. En
el evento en que el actor hubiera realizado aportes a caja de
compensación, sí habría lugar al reintegro de tales sumas.

1.3. El recurso de apelación4

5. La Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. presentó recurso de
apelación contra la sentencia de primer grado con fundamento en lo siguiente:

3 Índice 2 de Samai, documento

«ED_EXP:5_110010325000202200576002EXPEDIENTEDIGI20220930120041(.zip)».
Expediente de nulidad y restablecimiento del derecho 11001 33 35 012 2019 00156 00.
4 Índice 2 de Samai, documento

«ED_EXP:5_110010325000202200576002EXPEDIENTEDIGI20220930120041(.zip)».
Expediente de nulidad y restablecimiento del derecho 11001 33 35 012 2019 00156 00.

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Radicado: 11001 03 25 000 2022 00576 00 (5112-2022)
Demandante: Jonatan Alberto Gómez Lizarazo

5.1. El demandante no acreditó el elemento de subordinación. En cada uno de los
contratos se asignó un supervisor que desarrolla una función propia de la entidad
derivada de los artículos 4 de la Ley 80 de 1993 y 83 de la Ley 1474 de 2011.En
esas condiciones «los supuestos jefes» eran los supervisores del contrato y no se
debía tergiversar esa figura, pues lo que se presentó fue una coordinación de
actividades y un acuerdo respecto de los horarios.

5.2. El juez de primera instancia no tuvo en cuenta la autonomía con la que el
demandante realizó el objeto contractual, pues desarrollaba sus actividades
según su «criterio y disposición». Así lo demostraron las observaciones señaladas
en los informes de ejecución que hacían parte del expediente administrativo, de
acuerdo con los cuales el actor no fue «sujeto disciplinario» ni sometido a llamados
de atención o memorandos. Por ende, la entidad no le otorgó el mismo trato que
a un servidor público.

5.3. Por lo anterior, se debía «tener en cuenta que no se está frente a una relación
legal y reglamentaria – por lo tanto, se decrete que operó la prescripción para los
períodos anteriormente mencionados y se nieguen las pretensiones a las que no tiene
lugar por no estar frente a una relación laboral reglamentaria, así como tampoco hay
lugar a que se reconozcan los aportes a caja de compensación familiar, teniendo en
cuenta lo ordenado en la sentencia de unificación por el consejo de estado el 9 de
septiembre de 2021».

1.4. Sentencia de segunda instancia objeto de revisión5

6. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D,
en sentencia del 9 de junio de 2022 revocó la sentencia de primera instancia y,
en su lugar, negó las pretensiones, con fundamento en las siguientes
consideraciones:

6.1. De acuerdo con las pruebas aportadas, el demandante suscribió contratos
para: «prestar servicios profesionales y de apoyo a la gestión como FACTURADOR
CONSULTA EXTERNA dentro de los diferentes procesos y procedimientos de la
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E., de acuerdo a las
necesidades de la institución», «[a]poyo a la SUBGERENCIA FINANCIERA –
FACTURACIÓN» o «[p]restación de servicios como apoyo financiero –facturación en la
UNIDAD DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD SIMON BOLIVAR y/o en los
demás servicios o unidades que demande la SUBRED».

6.2. La revisión del listado de las obligaciones contractuales no demostraba que,
para su ejecución, se requiriera «todo el tiempo» ni el acatamiento de órdenes o
instrucciones impartidas por un superior.

6.3. Lostestimonios recibidos no ofrecían certeza de la subordinación. Los
declarantes afirmaron que existía una jornada laboral, sin embargo, ello no
estaba respaldado en otro medio de convicción.

5 Índice 2 de Samai, documento

«ED_EXP:5_110010325000202200576002EXPEDIENTEDIGI20220930120041(.zip)».
Expediente de nulidad y restablecimiento del derecho 11001 33 35 012 2019 00156 00.

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Radicado: 11001 03 25 000 2022 00576 00 (5112-2022)
Demandante: Jonatan Alberto Gómez Lizarazo

6.4. Tampoco estaba suficientemente demostrado qué tipo de órdenes o
instrucciones recibió el demandante, puesto que no se describieron las
circunstancias de modo, tiempo o cantidad de trabajo que debía realizar el
peticionario. De ahí que, el desarrollo de las labores fue independiente o
autónomo.

6.5. Sobre el mismo punto, no se allegó prueba de la obligación de asistir a
reuniones «ni quien las presidia, ni cuál era la temática que allí se discutía, ni tampoco
quien era el coordinador o coordinadores que supuestamente les daban órdenes».
Aunque se aportó una certificación de una capacitación, no daba cuenta de que
el demandante estuviera obligado a acudir a aquella.

6.6. Lasfunciones a las que los testigos hicieron referencia coincidían con
aquellas para las cuales el actor fue contratado. Se trataba de tareas
relacionadas con la administración y el funcionamiento de la entidad que no
hacían parte de su «giro misional». Además, no se probó que sus tareas fueran
ejercidas por personal de planta.

6.7. El solo hecho de que la vinculación contractual se hubiera prolongado en el
tiempo era suficiente para declarar la existencia de una relación laboral, pues en
realidad no se acreditó la subordinación. En consecuencia, lo que existió fue una
relación de coordinación entre contratante y contratista pata efectos de la
prestación eficiente del servicio.

6.8. Por último, era improcedente la condena en costas puesto que no se advirtió
que este caso se presentó con manifiesta carencia de fundamento legal ni
existían pruebas de su causación, de conformidad con el numeral 8 del artículo
345 del Código General del Proceso6.

1.3. Recurso extraordinario de revisión7

7. Jonatan Alberto Gómez Lizarazo interpuso recurso extraordinario de revisión
en contra de la sentencia del 9 de junio de 2022 proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D. Para el
efecto, solicitó:

«Primero: que se Declare la Nulidad del acto administrativo Radicado No.
*20181100291901* del 14 de diciembre de 2018. Acto administrativo
mediante el cual la Entidad manifiesta lo siguiente: “no hay lugar a
reconocimiento y pago de las prestaciones sociales y las demás acreencias
laborales solicitadas” además se encontró que el (la) señor (a) JONATAN
ALBERTO GÓMEZ LIZARAZO, AUXILIAR ADMINISTRATIVO -
SUMINISTRO DE SERVICIOS PERSONALES, identificado (a) con C.C. Núm.
1’033.681.140, Suscribió con la subred integrada de servicios de salud norte
E.S.E. varias órdenes de Prestación de Servicios, desarrollando las
obligaciones pactadas con autonomía técnica, Administrativa y sin
subordinación laboral alguna desde 01 de abril de 2016 hasta el 10 de
septiembre de 2018.”

Segundo: se revoque el fallo emitido por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca El Tribunal Administrativo de Cundinamarca – sección

6 En adelante CGP.
7 Índice 3 de Samai. Expediente del recurso extraordinario de revisión.

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Radicado: 11001 03 25 000 2022 00576 00 (5112-2022)
Demandante: Jonatan Alberto Gómez Lizarazo

Segunda, subsección D Magistrado: Alba Lucía Becerra Avella; para en su
lugar conceder las pretensiones de la demanda de conformidad con el fallo
emitido por el Juzgado veintinueve (29) administrativo de Bogotá» [sic].

8. Lo anterior con fundamento en la causal establecida en el numeral 8 del artículo
250 del CPACA «[s]er la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada
entre las partes del proceso en que aquella fue dictada. Sin embargo, no habrá lugar a
revisión si en el segundo proceso se propuso la excepción de cosa juzgada y fue
rechazada».

9. Las pretensiones se sustentaron en los siguientes argumentos:

9.1. La sentencia objeto de revisión era contraria a la proferida por el Juzgado
Doce Administrativo de Oralidad de Bogotá, Sección Segunda, que concedió
parcialmente las pretensiones de la demanda por considerar que sí existió una
relación laboral con la entidad.

9.2. En este caso, el tribunal incurrió en los siguientes defectos:

«Falta de aplicación de norma obligatoria: Constituye infracción directa por
falta de aplicación cuando en el caso de autos se han configurado diferentes
actos como la supuesta vinculación por intermedio de unos contratos u
órdenes de prestación de servicios – no deberían existir si no el acto
administrativo de vinculación – acto condición- pues resulta manifiesta la
intención del antes llamado HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR NIVEL III E.S.E., de
no reconocerles todas y cada una de las prestaciones laborales al actor.

Aplicación indebida: tiene lugar, como ocurre en el presente evento, cuando
los actos acusados se fundan en normas impertinentes, esto es, no
reguladora de situaciones jurídicas, como la que constituye el antecedente
fáctico de la demanda. De acuerdo con la jurisprudencia que se alude más
adelante, la forma jurídica de vinculación no era a través de sendos contratos
u órdenes de prestación de servicios sino del acto condición del que ha debido
porvenir la relación legal y reglamentaria.

Interpretación errónea: A la norma aplicable, vinculación mediante el
Estatuto de situación legal y reglamentaria, por la naturaleza de la prestación
personal de mi representado, se le dio un sentido que no tiene, lo cual
equivale a falsa declaración legal, El error consistió: a) en la decisión de cierto
punto de derecho; y b) en la consideración de un punto de hecho. El servidor
público expidió el acto acusado (oficio No. 20181100291901. La Constitución
como “norma de normas” y por ende no existe precepto de otro orden que
pueda prevalecer sobre ella. De ahí que, con el artículo 3 ibídem, el poder
público se ejerce en los términos que la Constitución Política establece» [sic]

10. Como sustento de lo anterior, citó los mismos fundamentos de derecho que
invocó en la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho8.

1.4. Contestación del recurso extraordinario de revisión

11. La Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. no contestó el recurso
extraordinario de revisión.

8
Ver índice 2 de Samai,
«ED_EXP:5_110010325000202200576002EXPEDIENTEDIGI20220930120041(.zip)» «01.DemandayPoder»

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Radicado: 11001 03 25 000 2022 00576 00 (5112-2022)
Demandante: Jonatan Alberto Gómez Lizarazo

2. Consideraciones

2.1. Competencia

12. Esta Sala es competente para decidir el presente recurso extraordinario de
revisión de conformidad con lo regulado en los artículos 249 del CPACA y 13
numeral 3 del Reglamento Interno del Consejo de Estado9 de la Sala Plena, que
estableció que «[d]e los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas
proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones
del Consejo de Estado según la materia».

2.2. Oportunidad

13. En este caso, se observa que la sentencia del 9 de junio de 2022 proferida por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D,
se notificó por correo electrónico el 17 de junio de ese año10, quedó ejecutoriada
el 28 de junio de 2022 y el recurso fue radicado el 23 de junio de 202211. Por lo
tanto, se concluye que, el recurso extraordinario de revisión fue presentado
dentro del año siguiente a la ejecutoria de la provincia recurrida, oportunidad
prevista en el artículo 251 del CPACA.

2.3. Legitimación en la causa

14. En el asunto objeto de estudio, Jonatan Alberto Gómez Lizarazo y la Subred
Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. están legitimadas para actuar como
demandante [el primero] y como demandada [la última], comoquiera que
actuaron con esas calidades dentro del proceso ordinario cuya decisión de
segunda instancia pretende controvertir en esta oportunidad.

2.4. Problema jurídico

15. Se circunscribe a resolver el siguiente interrogante:

¿Se configuró la causal prevista en el numeral 8 del artículo 250 del CPACA
en la sentencia del 9 de junio de 2022 proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca al revocar la sentencia de primera
instancia con «falta de aplicación de norma obligatoria» «aplicación indebida» e
«interpretación errónea»?

16. Para resolver lo anterior, la Sala analizará las generalidades del recurso
extraordinario de revisión y la causal de revisión prevista en el numeral 8 del
artículo 250 del CPACA.

9 Acuerdo 080 del 12 de marzo de 2019.
10 Según se indica en el informe secretarial del 29 de junio de 2022 del Tribunal Administrativo de

Cundinamarca, visible en los documentos cargados al índice 2 de la plataforma SAMAI.
11 Índice 2 de Samai, documento «ED_CDANEXOS(.zip) NroActua 2».

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Radicado: 11001 03 25 000 2022 00576 00 (5112-2022)
Demandante: Jonatan Alberto Gómez Lizarazo

2.5. Generalidades del recurso extraordinario de revisión

17. El recurso extraordinario de revisión previsto en el artículo 248 del CPACA es
un medio de impugnación que afecta el principio de la inmutabilidad de las
sentencias ejecutoriadas y, por ende, constituye una excepción al principio de la
cosa juzgada12. Su finalidad es la de invalidar los efectos jurídicos de una
sentencia que se encuentra ejecutoriada13 y persigue el restablecimiento del
criterio de justicia material y la supremacía de las garantías procesales cuando
estas han sido lesionadas en aquella, al ocurrir alguna de las causales por las
cuales procede, establecidas en la ley. Tiene dos características principales:

18. La primera se refiere a que su naturaleza es excepcional y, por lo tanto, solo
opera por razón de las causales taxativas señaladas en el artículo 250 del
CPACA, en concordancia con el artículo 20 de la Ley 797 de 2003. Estas señalan
vicios o errores de naturaleza procedimental que permiten la revisión de la
sentencia proferida dentro del proceso. En ese orden, para que el juez pueda
examinar la controversia materia del recurso, a quien lo ejerce le corresponde
indicar con precisión cuál es la causal que invoca para invalidar la sentencia
recurrida y las razones de hecho y de derecho que la sustentan.

19. La segunda indica que se trata de un nuevo proceso que tiene por objeto
cuestionar la sentencia proferida dentro de un proceso ordinario y no una nueva
oportunidad para reabrir el debate jurídico, probatorio y/o fáctico propio de las
instancias procesales que ya se han surtido en aquel. Tampoco es una vía para
cuestionar la actividad interpretativa del juez o insistir en la discusión de los
problemas debatidos en el proceso original ni para subsanar las falencias de las
actuaciones procesales de las partes, puesto que no constituye una tercera
instancia.

2.5.1. La causal de revisión prevista en el numeral 8 del artículo 250 del
CPACA

20. El numeral 8 del artículo 250 del CPACA previó como causal de revisión de
las sentencias ejecutoriadas «[s]er la sentencia contraria a otra anterior que constituya
cosa juzgada entre las partes del proceso en que aquella fue dictada. Sin embargo, no
habrá lugar a revisión si en el segundo proceso se propuso la excepción de cosa juzgada
y fue rechazada […]».

21. Con esta causal se busca el respeto por el principio de la seguridad jurídica,
toda vez que se garantiza la existencia de un solo pronunciamiento cuando se
debaten iguales pretensiones entre idénticas personas y por similar causa en otro
proceso. De esta manera, se evita que, respecto de un mismo asunto litigioso ya
definido por una sentencia ejecutoriada, se adelante un nuevo debate y se
profiera otra sentencia que puede ser contraria a la anterior.

12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Catorce Especial de Decisión.

Sentencia 13 de octubre de 2020. Rad. 11001-03-15-000-2019-00119-00.
13 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda, Subsección A.

Sentencia 15 de marzo de 2018. Rad. 1001-03-25-000-2014-00862-00.

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Radicado: 11001 03 25 000 2022 00576 00 (5112-2022)
Demandante: Jonatan Alberto Gómez Lizarazo

22. Para la estructuración de esta causal de revisión se deben tener en cuenta la
concurrencia de los elementos que configuran la cosa juzgada previstos en el
artículo 303 del CGP, aplicable por remisión del artículo 306 del CPACA. Tal
norma señala que «[l]a sentencia ejecutoriada proferida en proceso contencioso tiene
fuerza de cosa juzgada siempre que el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto, se
funde en la misma causa que el anterior y entre ambos procesos haya identidad jurídica
de partes […]». En consecuencia, la sentencia recurrida debe contener identidad
en los tres elementos señalados con la sentencia ejecutoriada.

23. De este modo, para que se configure la causal de revisión examinada es
necesario (i) que existan dos sentencias contradictorias, la ejecutoriada y la
recurrida; (ii) que la providencia anterior se haya dictado en un proceso en el que
hubo identidad de objeto, de partes y de causa petendi respecto de la segunda y
que de aquella se predique la cosa juzgada; y (iii) que este fenómeno jurídico no
se haya alegado como medio exceptivo en el segundo proceso14.

2.6. Análisis de la Sala

24. En el presente asunto, Jonatan Alberto Gómez Lizarazo invocó la causal
establecida en el numeral 8 del artículo 250 del CPACA, por considerar que la
providencia del 9 de junio de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca fue «contraria a otra anterior que constituya cosa Juzgada entre las
partes del proceso en aquella que fue dictada (…), en Juzgado 12 Administrativo
concedió parcialmente las pretensiones del Demandante y consideró que si existió una
relación laboral con la entidad»15.

25. En otras palabras, el recurso extraordinario de revisión se sustentó en que la
sentencia de segunda instancia desconoció la de primer grado al revocarla. Con
esta decisión el tribunal incurrió en «falta de aplicación de norma obligatoria»
«aplicación indebida» e «interpretación errónea». En este punto, el recurrente no
indicó específicamente las disposiciones inaplicadas o indebidamente
interpretadas. Al respecto, se observa que los argumentos que sustentan el
recurso no se enmarcan en la causal 8 del artículo 250 del CPACA, por las
razones que pasan a exponerse.

26. En primer lugar, la sentencia del 27 de octubre de 2021 proferida el Juzgado
Doce Administrativo de Oralidad de Bogotá, Sección Segunda, no quedó
ejecutoriada. En efecto, el artículo 302 del CGP prevé que las «providencias
proferidas en audiencia adquieren ejecutoria una vez notificadas, cuando no sean
impugnadas o no admitan recursos». A su vez, el artículo 303 de este código
determina las sentencias ejecutoriadas adquieren el atributo de cosa juzgada.

27. En este caso, la sentencia de primera instancia fue dictada en audiencia en la
cual la parte demandada interpuso el recurso de apelación16. Por lo tanto, esta

14 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 8 de abril de 2024, radicado

11001-03-26-000-2021-00101-00 (66.980). Sobre el desarrollo de esta causal se puede consultar
también: Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 28 de julio de 2022, radicado 11001-03-
25-000-2014-01044-00 (3189-2014).
15 Índice 10 de Samai.
16 Folio 174 del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho radicado:
110013335012201900156 00.

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Radicado: 11001 03 25 000 2022 00576 00 (5112-2022)
Demandante: Jonatan Alberto Gómez Lizarazo

decisión no adquirió ejecutoria ni respecto de aquella podía predicarse que
tuviera fuerza de cosa juzgada.

28. En segundo lugar, es importante precisar que, de conformidad con lo previsto
en el artículo 320 del CGP, la parte a la que le haya sido desfavorable una
providencia tiene la posibilidad de interponer el recurso apelación. En este caso,
el juez de segundo grado debe pronunciarse «solamente sobre los argumentos
expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en
los casos previstos por la ley»17 .

29. El mismo artículo 320 dispone que la finalidad del recurso de apelación
consiste en que el juez de segunda instancia «examine la cuestión decidida,
únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante», con el
propósito de que el superior funcional «revoque o reforme la decisión». De ahí que,
la apelación se instituye en una garantía procesal que busca corregir errores o
injusticias, a través de un nuevo estudio realizado por un juez distinto al que ya
conoció del juicio y encuentra sustento en el artículo 31 de la Carta Política.

30. En este sentido, el solo hecho de que el tribunal de segunda instancia
resolviera revocar la decisión de primer grado no se puede concebir como una
actuación irregular, sino que se deriva del ejercicio de la competencia de
administrar justicia y del deber de permitir el acceso de las personas a aquella,
en los términos de los artículos 228, 229 y 230 de la Constitución Política en
armonía con los artículos 1, 2, 3 y 9 de la LEA18.

31. En tercer lugar, antes se precisó que este medio excepcional no se erige como
un mecanismo a través del cual se pueda cuestionar la actividad interpretativa
del juez sobre las cuestiones propias del debate jurídico, probatorio y fáctico
propio de las instancias del proceso ordinario. En esa medida no es admisible el
análisis de validez del razonamiento que llevó al tribunal de segunda instancia a
revocar la decisión del juez administrativo.

32. En esta oportunidad, el recurrente pretende que se adelante un nuevo estudio
de un aspecto propio del debate probatorio y normativo que se surtió en el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho. Es decir, la situación que se
alegó como una irregularidad en la sentencia, esto es, la conclusión sobre la
configuración de una relación laboral encubierta fue parte de la controversia
jurídica que se estudió tanto en primera como en segunda instancia.

33. El escrito contentivo del recurso extraordinario formuló la pretensión de que se
confirmara la providencia de primer grado, sustentado en una argumentación
escaza, imprecisa, carente la técnica propia del medio de control invocado y de
compleja interpretación. Con el mismo fundamento jurídico que expuso en la
demanda del proceso originario, el recurrente acudió al medio excepcional para
reabrir el debate propio de las instancias del proceso originario, finalidad que se
aparta del objeto de control de este mecanismo judicial.

17 Artículo 328 del CGP.
18 Ley 270 de 1996, Ley Estatutaria de Administración de Justicia.

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Radicado: 11001 03 25 000 2022 00576 00 (5112-2022)
Demandante: Jonatan Alberto Gómez Lizarazo

34. En consecuencia, resulta improcedente el estudio propuesto por la parte
demandante para imponer criterios de corrección interpretativa sobre los
razonamientos del tribunal de segunda instancia. Admitir lo contrario conllevaría
el desconocimiento de la naturaleza excepcional de este recurso y de su alcance
restringido, cuya finalidad es el restablecimiento de la justicia material y la
supremacía de las garantías procesales que puedan verse comprometidas en los
eventos señalados en el artículo 250 del CPACA.

35. Lo expuesto lleva a concluir que en el presente asunto no se configuró la
causal de que trata el numeral 8 del artículo 250 del CPACA, por cuanto este
medio de impugnación excepcional no admite la revisión de la interpretación y
razonamiento jurídico del juez. Por lo tanto, el recurso extraordinario de revisión
no es procedente.

3. Costas

36. En esta oportunidad, la Sala condenará en costas a la parte recurrente, de
conformidad con el artículo 255 del CPACA, las cuales serán liquidadas por la
Secretaría de la Sección. Lo anterior por cuanto el recurso extraordinario de
revisión se declara infundado puesto que fue presentado con manifiesta carencia
de fundamento legal, en los términos del artículo 188 ibidem.

4. Conclusión

37. Con fundamento en lo expuesto se concluye que, en la providencia del 9 de
junio de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección D, no se configuró la causal prevista en el numeral 8 del
artículo 250 del CPACA, por indebida interpretación y falta de aplicación de la
ley. En virtud de lo anterior, se declarará infundado el recurso extraordinario de
revisión.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

FALLA

Primero. Declarar infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto por
Jonatan Alberto Gómez Lizarazo en contra de la sentencia proferida el 9 de junio
de 2022 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección D, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado:
11001-33-35-012-2019-00156-01.

Segundo. Condenar en costas por las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.

Tercero. Archivar el expediente del recurso extraordinario de revisión, previas las
anotaciones pertinentes en el sistema de información de gestión de procesos

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Radicado: 11001 03 25 000 2022 00576 00 (5112-2022)
Demandante: Jonatan Alberto Gómez Lizarazo

Samai y devolver el expediente de nulidad y restablecimiento del derecho al
despacho de origen.

Cuarto. Notificar esta providencia en los términos del artículo 205 del CPACA.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

ELIZABETH BECERRA CORNEJO JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

LMMO
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del
CPACA.

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