Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2021-00101-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2021-00101-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-26-000-2021-00101-00
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
8 de abril de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., ocho (8) de abril de dos mil veinticuatro (2024)
Radicación: 11001-03-26-000-2021-00101-00 (66.980)
Actor: Nación-Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y otro
Demandado: Marlene Rodríguez Arrieta y otros
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
Temas: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN – Estudio de las
causales previstas en los numerales 5° y 8° del artículo 250 del CPACA - No se
configuraron en el presente asunto.
Procede la Sala a resolver el recurso extraordinario de revisión interpuesto contra
la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, mediante la cual
se confirmó la decisión de primera instancia que había accedido parcialmente a
las pretensiones de la demanda.
La parte recurrente plantea la configuración de las causales de revisión previstas
en los numerales 5º y 8° del artículo 250 del CPACA, en tanto que el fallo
acusado es nulo porque es contrario a otro ya decidido.
I. ANTECEDENTES
La sentencia objeto del recurso extraordinario de revisión
1. Corresponde a la decisión del 24 de julio de 2020, mediante la cual la Sala de
Decisión 001 del Tribunal Administrativo de Bolívar, profirió sentencia de
reemplazo y confirmó la sentencia de primera instancia 1 , que declaró la
responsabilidad de las demandadas. En esta, se resolvió la demanda del medio
de control de reparación de los perjuicios causados a un grupo contra el Distrito
Turístico y Cultural de Cartagena de Indias y CORVIVIENDA, por los perjuicios
causados por haber omitido adoptar las medidas preventivas necesarias para
evitar un deslizamiento de tierra.
1 Surtido el trámite legal correspondiente, el Juzgado Décimo Tercero Oral Administrativo del Circuito de
Cartagena, en sentencia del 2 de diciembre de 2016, declaró la falta de legitimación por pasiva de Aguas
de Cartagena S.A. E.S.P, CORVIVIENDA y de la llamada en garantía Royal y Sun Alliance Seguros S.A.,
excluyó del grupo a la señora Maida Esther Pérez Castro y declaró la responsabilidad del Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio como representante judicial del Patrimonio Autónomo de Remanentes - PAR
INURBE y del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena, a título de omisión. Índice 2 Samai.
Radicación: 11001-03-26-000-2021-00101-00 (66.980)
Actor: Nación-Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y otro
Demandado: Marlene Rodríguez Arrieta y otros
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
2. Se resalta que el Tribunal profirió inicialmente una sentencia que fue
invalidada por la Sección Quinta del Consejo de Estado en providencia del 3 de
marzo de 2020 y ordenó dictar una decisión de reemplazo, para que con base
en las pruebas allegadas al expediente y teniendo en cuenta los lineamientos
establecidos en la sentencia del 1° de octubre de 2019, proferida por la Sala
Doce Especial de Decisión del Consejo de Estado, dentro del radicado 05001-
23-31-000-2003-03502-02, revisara si estaban acreditados los perjuicios
morales.
3. Al dictar la sentencia de reemplazo -aquí cuestionada-, el Tribunal señaló que
estaba probada la afectación de las viviendas del barrio “San Francisco” como
consecuencia del deslizamiento de tierra ocurrido en el 2011.
4. Consideró que el evento referido produjo un abrupto e intempestivo desarraigo
de la comunidad del barrio “San Francisco”, con repercusiones de índole moral
y afectaciones a bienes constitucional y convencionalmente protegidos, pues el
daño no solo se concretó en la destrucción o afectación de las viviendas sino
que afectó las relaciones interpersonales del grupo al someterse a un
desplazamiento a otro territorio.
5. Para el estudio de los perjuicios morales, precisó que su acreditación se
podría establecer bajo cualquier medio de prueba previsto en el artículo 165 del
Código General del Proceso. Así, del análisis del acervo probatorio y de la sana
crítica, encontró probado el daño moral de las personas afectadas, no por la
titularidad o posesión de los inmuebles afectados sino por del “peligro inminente,
la violación de los derechos humanos y la desatención de las recomendaciones
formuladas por INGEOMINAS y lo dispuesto por el Decreto 0282 del 7 de mayo
de 1999”.
El recurso extraordinario de revisión
6. A través de escrito presentado el 30 de abril de 2021, el Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio, y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado 2
presentaron recurso extraordinario de revisión contra la anterior providencia,
invocando las causales contempladas en los numerales 5ª y 8ª del artículo 250
del CPACA, esto es, que exista nulidad originada en la sentencia que puso fin al
proceso y contra la cual no procede recurso de apelación, y ser la sentencia
contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las partes del proceso
en que aquella fue dictada.
2 Se resalta que al no ser presentado el recurso por la totalidad de los sujetos intervinientes en la actuación
judicial bajo el cual se dictó la sentencia objeto de revisión, en providencia del 15 de febrero de 2024, se
dispuso la vinculación del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena (índice 57 del aplicativo Samai).
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Referencia: Recurso extraordinario de revisión
7. Los argumentos relacionados con la primera causal abarcan dos supuestos
principales: (i) ausencia de motivación, porque a juicio de las recurrentes el
análisis realizado careció de carácter lógico para la acreditación de los perjuicios
morales, y (ii) el incumplimiento de la orden impartida por la Sección Quinta de
esta Corporación, porque el Tribunal desconoció los parámetros allí establecidos
para el reconocimiento de los perjuicios morales.
8. En relación con la causal octava, afirmó que el Tribunal desconoció los
parámetros establecidos en la decisión proferida bajo el mecanismo de la
revisión eventual, en tanto que repitió la condena de los perjuicios morales bajo
la óptica de la presunción, omitiendo el objeto y alcance del referido de tal
mecanismo, en donde se configura la cosa juzgada.
Intervenciones
9. El apoderado de la parte demandada, se opuso a los planteamientos del
recurso3, considerando que:
(i) Las causales expuestas en el recurso extraordinario de revisión carecen
de argumentación, técnica y estructuración, pues no se evidencia la existencia
de medios ilícitos o irregulares por parte del juez en la valoración probatoria.
Además, la sentencia de reemplazo guarda congruencia con la emitida en
primera instancia y no solo corresponde a los parámetros establecidos bajo el
mecanismo de revisión eventual, sino también a los criterios de independencia,
sana crítica e interpretación del juez de conocimiento.
(ii) La sentencia de revisión no estableció una tarifa legal para probar el
perjuicio moral, sino que indicó que habría lugar a éste en la medida en que se
encontrara debidamente probado y su verificación se hiciera de conformidad con
la sentencia de unificación proferida por esta Corporación en los eventos de
pérdida o deterioro total o parcial de bienes materiales. De modo que no
manifestó que no hubiera reconocimiento de los perjuicios morales, sino que
corrigió la providencia inicial y ordenó un nuevo pronunciamiento en relación con
el reconocimiento de aquellos perjuicios.
(iii) Las reclamaciones efectuadas en la demanda no tenían relación con la
pérdida de las viviendas, sino con la afectación emocional por los hechos
3 Índice 22 del aplicativo Samai. Se resalta que la parte demandada quedó notificada por conducta
concluyente, en tanto que, antes de que la Secretaría de la Sección de esta Corporación notificara el auto
admisorio del presente asunto, la demandada allegó memorial en el que solicitó información del proceso
(índice 16, aplicativo Samai) y, posteriormente, procedió a contestar la demanda.
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Demandado: Marlene Rodríguez Arrieta y otros
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
ocurridos, que trajo como consecuencia una ruptura del entorno social de las
personas que habitaban en el barrio “San Francisco”.
(iv) El ad quem implementó el indicio como medio de prueba establecido en
el artículo 165 del Código General del Proceso, y realizó la valoración del acervo
probatorio bajo los criterios de sana crítica y la experiencia.
10. El Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias se adhirió a lo
expuesto por el recurrente, solicitó que se infirme la sentencia objeto de revisión
y agregó que el Tribunal erró en el análisis de la prueba indiciaria, en la medida
en que concluyó sin encontrar probado que cada uno de los aquí demandantes
padecieron sentimientos de zozobra e incertidumbre y que en razón a ello eran
merecedores del reconocimiento de los perjuicios morales4.
11. El representante del Ministerio Público solicitó se infirme la decisión proferida
por el Tribunal. Señaló que la acreditación del perjuicio moral por la pérdida o
afectación de bienes materiales tiene que estar debidamente probado, luego no
se puede presumir ni establecer bajo indicios. La sentencia de reemplazo
proferida por el Tribunal no realizó un análisis crítico, lógico y deductivo respecto
de los hechos conocidos, ni dio cuenta de qué manera los documentos obrantes
en el proceso acreditaban el daño moral, pues no fue más allá de una simple
suposición que conllevó a una contradicción de la orden impartida por el Consejo
de Estado bajo el mecanismo de revisión eventual.
12. En relación con la causal 5°, manifestó que se encontraba probada, en tanto
que la sentencia de reemplazo se profirió sin motivación en relación con la
justificación de la condena de los perjuicios morales. En cuanto a la causal 8°
expuso que no resultaba procedente, pues la providencia que aparentemente es
violatoria de la cosa juzgada es una de reemplazo en cumplimiento de otra, en
este caso, de la revisión eventual que se encuentra dentro del mismo proceso y
no de uno distinto, en donde el objeto de la litis ya hubiere sido materia juzgada;
resaltó que la referida sentencia no decidió de fondo el objeto de la litis sino que
remitió el asunto al Tribunal para que profiriera una nueva decisión, pero
teniendo en cuenta los lineamientos ofrecidos.
II. CONSIDERACIONES
13. No existiendo razones o motivos que conduzcan a adoptar una medida de
saneamiento, procede la Sala a resolver el recurso indicado.
4 Índice 63 del aplicativo Samai.
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Referencia: Recurso extraordinario de revisión
Problema jurídico
14. En el presente asunto se debe establecer si las acusaciones que se hacen
en contra de la sentencia que se cuestiona, a saber (i) ausencia de motivación,
y (ii) cosa juzgada, son supuestos para la configuración de las causales 5° y 8°
de la Ley 1437 de 2011. De ser así, se verificará si las mismas están acreditadas.
Análisis del caso en relación con la causal del numeral 5º
15. El recurso extraordinario se centró en señalar que en la sentencia del
Tribunal se evidencia una ausencia total de motivación, al reconocer los
perjuicios morales sin realizar ningún estudio de las pruebas que obran en el
plenario.
16. Respecto de la ausencia de motivación como elemento configurativo de la
causal 5 de revisión, la jurisprudencia de esta Corporación ha manifestado que
solo está presente ante la carencia total de razones de hecho o de derecho o
cuando se sustenta en circunstancias manifiestamente erróneas, incompletas o
de actitudes dolosas5. Por lo mismo, esta causal no procede para controvertir las
razones del fallo o corregir los errores de apreciación de los hechos y de las
pruebas, bajo el calificativo de tener deficiencias en la motivación antes exigida.
17. En el presente caso, el Tribunal hizo un recuento de la jurisprudencia en
torno al reconocimiento de los perjuicios morales y de los bienes convencional y
constitucionalmente amparados, para luego revisar las pruebas del proceso y
determinar si los perjuicios se encontraron causados. Para ello, implementó
como medio probatorio los indicios, de conformidad con lo establecido en el
artículo 165 del Código General del Proceso.
18. Además, manifestó que la solicitud del perjuicio moral no se fundamentó por
la titularidad o posesión sino por (i) el peligro inminente, (ii) la violación de los
derechos humanos, y (iii) la desatención de las recomendaciones formuladas por
INGEOMINAS y por lo dispuesto en el Decreto 0282 del 7 de mayo de 1999;
para esto sostuvo que, aunque no se encontró una prueba directa, sí se acreditó
el daño a partir de indicios que conllevaron a la certeza de la existencia del
perjuicio, bajo las siguientes pruebas6:
(i) Estudio presentado por INGEOMINAS de 1998, que expuso las
condiciones que presentaba el terreno considerado como de alto riesgo y en el
que se formularon unas recomendaciones a corto, mediano y largo plazo para la
5 Sentencia del 22 de noviembre de 2021, M.P María Adriana Marín, radicado 64.827
6 Documentos que obran en el expediente digital, visible a índice 53 del aplicativo Samai.
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Referencia: Recurso extraordinario de revisión
atención y cuidado de los canales de agua, estudios topográficos, entre otros,
para lograr la estabilización del terreno.
(ii) Informe ejecutivo sobre la problemática del barrio “San Francisco”,
elaborado por la oficina de atención y prevención de desastres en el 2012, en
donde se presentó el plan de acción por Corvivienda con medidas de emergencia
establecidas para el sector afectado como la demolición de viviendas.
(iii) Decreto 0282 del 7 de mayo de 1999, que declaró las lomas del barrio
“San Francisco”, como zona de alto riesgo, ordenando la reubicación de las
familias residentes de los inmuebles vulnerables y la demolición de aquellos y la
construcción de nuevas viviendas en la misma zona o a través del desarrollo de
un programa de reubicación de las familias afectadas.
(iv) Decreto 1020 de 29 de julio de 2011, en el que se ordenó la evacuación
inmediata de las viviendas y sectores establecidos por el comité local de
Prevención y Atención de Desastres.
(v) Decreto 1074 del 14 de agosto de 2011, que declaró la urgencia
manifiesta del barrio “San Francisco” y ordenó celebrar los contratos para
atender la urgencia de dicho sector.
(vi) Primer control de advertencia de la Contraloría Distrital de Cartagena
del 1° de agosto de 2011, por el incumplimiento al Decreto 0282 del 7 de mayo
de 1999.
(vii) Informe de avalúos de predios y mejoras del 27 de diciembre de 2012,
realizado por el IGAC de la zona declarada como de alto riesgo.
(viii) Informe del Instituto Geográfico Agustín Codazzi – Región Bolívar del
14 de agosto de 2015, sobre registros catastrales, listados alfanuméricos,
nombres de propietarios y poseedores, direcciones, área de terreno, área
construida y avalúos.
(ix) Estudio de la Universidad de Cartagena del 3 de marzo de 2015, dio
cuenta del deslizamiento que afecta el sector de Sinaí y San Francisco, el límite
con los barrios 20 de Julio y San Bernardo.
(x) Decreto 0205 de 14 de marzo 2002, que clasificó como asentamiento
sub normal al sector la loma calle Kenedy y progreso del barrio San Francisco.
(xi) Informe de Corvivienda del 24 de junio de 2015, que da cuenta (i) del
Acuerdo 11 de 2011 por medio del cual se autorizó los recursos para financiar la
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Referencia: Recurso extraordinario de revisión
adquisición de las viviendas o predios afectados o en riesgo y la financiación de
los programas de vivienda para los damnificados y (ii) del convenio
interadministrativo SICC 593 de 2011, para atender la situación de la situación
de emergencia ocasionada por la falla geológica.
(xii) Inspección judicial del 2 de julio de 2015, que evidenció la destrucción y
afectación de las viviendas ubicadas en la zona declarada como de alto riesgo.
(xiii) Certificación del uso del suelo, Plan de Ordenamiento Territorial,
levantamientos topográficos, con información sobre las amenazas y el riesgo
derivado de los fenómenos naturales y procesos antrópicos.
(xiv) Dictamen pericial del 21 de julio de 2015, evidencia de los movimientos
de masa tipo deslizamiento rotacional retrogresivo por el fenómeno geológico.
(xv) Informe del 20 de agosto de 2015 de Corvivienda en el que se expone
que 463 predios del barrio San Francisco se vieron afectados.
(xvi) Censo actualizado del 24 de julio de 2018, por la oficina de atención y
prevención de desastres del Distrito de Cartagena, da cuenta de que los
damnificados en el barrio San Francisco y áreas aledañas correspondió a 2.469
personas, discriminadas en 539 propietarios y 1.930 poseedores, identificados
como jefes de núcleos familiares, y 3.585 integrantes aquellos núcleos
familiares, igualmente afectados.
19. El Tribunal expuso dos momentos que acreditaron la afectación; el primero
surgió desde el informe presentado por INGEOMINAS respecto del barrio “San
Francisco” en donde se expuso las condiciones del terreno y las
recomendaciones que se debían atender por ser una zona acreditada como de
alto riesgo, los que no se tuvieron en cuenta y, como consecuencia, ocurrió el
desastre del 2011.
20. Como un segundo momento, manifestó que la afectación sobrevino por el
incumplimiento a las órdenes impartidas en el Decreto 0282 de 1999, en el que
se declaró como zona de alto riesgo el sector las Lomas del Barrio San Francisco
y estableció unos mecanismos de prevención como la reubicación de los
habitantes de la zona en refugios temporales y la demolición de las viviendas
desocupadas, circunstancias que a los habitantes del referido barrio les generó
una zozobra y una violación de sus derechos humanos ante la incertidumbre de
no tener los medios económicos con los que sufragar una nueva vivienda y, por
ende, no tener donde habitar de manera digna.
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21. Con estos referentes, para el Tribunal, la evidencia de que el barrio San
Francisco se encontraba en zona de riesgo pasible de un deslizamiento de tierra
y ante el incumplimiento a las recomendaciones impartidas a corto y largo plazo,
daban cuenta de la certeza de la aflicción generada y, como consecuencia, la
comprobación de los perjuicios morales.
22. Se resalta que, el daño moral se refleja a través de los dolores, la aflicción,
la zozobra o los padecimientos sufridos como consecuencia de la afectación a
un bien. Esta afectación tiene existencia autónoma, y su configuración se
satisface cuando es particular, determinado o determinable, cierto, y que tenga
relación con un bien jurídicamente tutelado7.
23. De cara con la configuración del perjuicio moral, se tiene que los informes
que obran en el proceso ordinario sobre todas las actuaciones impartidas por el
deslizamiento de tierra ocurrido en el barrio San Francisco dan cuenta del
desarraigo que padecieron sus habitantes, en tanto que fueron desalojados de
sus viviendas y estuvieron a la espera de las medidas que se impartirían para
aminorar la afectación del desalojo, esta situación condujo al Tribunal a
evidenciar de una manera cierta y clara todo el agravio padecido por las víctimas,
sentimientos que se encontraban estrechamente relacionados con la pérdida de
sus pertenencias y de su lugar de habitación como consecuencia de la
catástrofe.
24. De esta manera, por medio de indicios, el juez efectuó un análisis de los
hechos indicativos sobre el posible deslizamiento de tierra en la zona del barrio
San Francisco, concluyendo con plena certeza sobre la aflicción generada en los
habitantes del mencionado barrio a la luz de la pérdida de la vivienda y el
sometimiento a la afectación por un eventual desastre natural.
25. Este análisis, al margen de que se pueda compartir o no, pues ésta no es la
premisa ante una decisión dotada de legitimidad, no revela una ausencia de
motivación, pues como se indicó, para que se acredite una falta de motivación,
ésta debe ser total y real en la medida en que se evidencie que el juez no realizó
ningún pronunciamiento en relación con la situación fáctica del proceso o que al
hacerlo su fundamento fuera contrario a derecho.
26. Respecto del reproche de la parte recurrente relativo a que el Tribunal
desatendió los lineamientos impartidos por la Sección Quinta del Consejo de
Estado, se advierte que tal acusación reposa en los mismos argumentos que se
trajeron para sustentar la falta de motivación al reconocer los perjuicios morales
7 Al respecto ver la providencia 19.836, M.P Danilo Rojas Betancourth.
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Demandado: Marlene Rodríguez Arrieta y otros
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
sin encontrarlos probados. Esta situación implicaría discurrir sobre los
argumentos y conclusiones ya analizados.
Causal 8º del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011
27. Respecto de la causal de revisión prevista en el numeral 8° del artículo 250
del CPACA, esta Corporación ha indicado que es necesario que: i) existan dos
sentencias contradictorias; ii) que la providencia contrariada constituya cosa
juzgada, lo cual sucede en procesos donde están involucradas las mismas
partes, que versan sobre el mismo objeto y se adelantan por la misma causa; y,
iii) que en el segundo proceso no se haya podido proponer como excepción la
cosa juzgada8.
28. Para comprender la citada causal hay que tener presente el alcance y los
efectos que la ley procesal civil le da a la cosa juzgada en su artículo 3039, esto
es, que se requiere la concurrencia de los siguientes elementos: i) identidad de
objeto; ii) identidad de causa e iii) identidad de partes. En la misma línea, la Ley
1437 de 2011 regula los efectos de las sentencias en el artículo 189, así:
“La sentencia dictada en procesos relativos a contratos, reparación directa y
cumplimiento, producirá efectos de cosa juzgada frente a otro proceso que
tenga el mismo objeto y la misma causa y siempre que entre ambos haya
identidad jurídica de partes ...”.
Análisis del caso en relación con la causal del numeral 8º
29. La Sala advierte que tampoco se satisfacen los requisitos para la
configuración de la causal 8º del artículo 250 del CPACA, toda vez que no se
reúnen los elementos necesarios para predicar la cosa juzgada, como se pasa a
exponer.
30. En el caso bajo estudio, el recurrente alegó la causal de revisión de cosa
juzgada, bajo el entendido de que el Tribunal desconoció los parámetros
establecidos en la sentencia proferida por la Sección Quinta de la Corporación
bajo el mecanismo de revisión eventual.
8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 2 de abril de 2013,
expediente 11001-03-15-000-2001-00118-01 (REV), M.P. Gerardo Arenas Monsalve.
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“Artículo 303. Cosa Juzgada. La sentencia ejecutoriada proferida en proceso contencioso tiene fuerza de
cosa juzgada siempre que el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto, se funde en la misma causa que
el anterior y entre ambos procesos haya identidad jurídica de partes. Se entiende que hay identidad jurídica
de partes cuando las del segundo proceso son sucesores por causa de muerte de las que figuraron en el
primero o causahabientes suyos por acto entre vivos celebrado con posterioridad al registro de la demanda
si se trata de derechos sujetos a registro, y al secuestro en los demás casos. En los procesos en que se
emplace a personas indeterminadas para que comparezcan como parte, incluidos los de filiación, la cosa
juzgada surtirá efectos en relación con todas las comprendidas en el emplazamiento. La cosa juzgada no
se opone al recurso extraordinario de revisión”.
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Referencia: Recurso extraordinario de revisión
31. El mecanismo de revisión eventual tiene como finalidad unificar la
jurisprudencia de los procesos promovidos para la protección de los derechos e
intereses colectivos y la reparación de daños causados a un grupo. Por esta
razón, si el actor estimaba que el fallo de reemplazo contrariaba un fallo de
aquella naturaleza, bien podía acudir al recurso extraordinario de unificación de
jurisprudencia, en los términos de los artículos 256 y 257 del CPACA.
32. Bajo esa óptica, la motivación del recurrente no se enmarca dentro del
supuesto de la cosa juzgada, pues pese a existir identidad de partes no existe
una identidad de causa que genere el quebrantamiento de la cosa juzgada, en
tanto que, la sentencia objeto de revisión no versó sobre situaciones
consolidadas, sino que emitió un nuevo pronunciamiento, en lo que tiene que ver
con la acreditación de los perjuicios morales, situación que encuentra sustento
en la providencia proferida bajo el mecanismo de revisión eventual, en la que se
ordenó al Tribunal proferirla.
33. Se aclara que, bajo la inmutabilidad y el carácter definitivo que impone la
institución de la cosa juzgada y que impide al juez volver sobre asuntos ya
definidos, en el presente asunto no se encontró acreditado el rompimiento de
dicha institución, por cuanto en el marco de la revisión eventual el juez no emitió
un nuevo pronunciamiento en relación con los perjuicios morales, sino que, como
se indicó, ordenó realizar una nueva valoración de las pruebas, con el fin de
advertir si, en efecto el daño moral se encontraba acreditado.
34. Por lo expuesto, se impone concluir que la causales quinta y octava de
revisión extraordinaria invocadas no prosperan y, en consecuencia, se declarará
infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto.
Costas
35. De conformidad con lo previsto en el artículo 255 de la Ley 1437 de 2011 10,
en concordancia con el artículo 365 del CGP, procede la condena en costas a
cargo de la parte a la que se le resuelve desfavorablemente el recurso
extraordinario de revisión y en la medida en que se declare infundado su recurso
y esté acreditada su causación, razón por la cual en el sub lite se condenará a la
parte recurrente, quienes pagarán, en partes iguales 11 , las costas que se
hubieren causado en el sub examine.
10 Artículo 255. Sentencia. (Artículo modificado por el artículo 70 de la Ley 2080 de 2021) Vencido el período
probatorio se dictará sentencia. (…) Si se declara infundado el recurso, se condenará en costas y
perjuicios al recurrente” (se destaca).
11 El numeral 6 del artículo 365 del CGP señala: “Artículo 365. Condena en costas. En los procesos y en
las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las
siguientes reglas: (…) 6. Cuando fueren dos (2) o más litigantes que deban pagar las costas, el juez los
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Demandado: Marlene Rodríguez Arrieta y otros
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
36. El artículo 361 ejusdem prevé que las costas están integradas por la
totalidad de las expensas y gastos sufragados causados durante el trámite de la
controversia, así como por las agencias en derecho, las cuales, en virtud del
numeral 4° del artículo 366 de la misma normativa, se fijan con observancia de
las tarifas establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura en el Acuerdo
10554 de 2016 12 . Adicionalmente, la condena en costas en el recurso
extraordinario fue objeto de reforma por la Ley 2080, artículo 80, aplicable al
presente asunto, conforme al cual, en la medida que “se declare infundado [el
recurso] se condenará en costas”.
37. Con fundamento en lo expuesto, en el presente caso corresponde condenar
en costas y perjuicios a la parte recurrente; no obstante, solo lo hará por
concepto de agencias en derecho, por encontrarse acreditado que la parte
demandada tuvo que ejercer el derecho de defensa a través de apoderado
judicial.
38. En consecuencia, la parte actora será condenada al pago de agencias en
derecho, en atención a las reglas vigentes en la materia al momento de la
interposición del recurso, de manera que, en los términos del numeral 9° del
Acuerdo 10554 de 2016, se fijan como agencias en derecho a cargo de la parte
recurrente, la suma equivalente de un (1) salario mínimo legal mensual vigente
(SMLMV) a la fecha de ejecutoria de esta sentencia, a favor de la parte
demandada, valor que será dividido en partes iguales, teniendo en cuenta la
naturaleza, calidad y duración de la gestión, que correspondió al seguimiento a
este trámite extraordinario no se incluirá suma alguna por concepto de gastos y
expensas por no aparecer causada.
39. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado - Sección Tercera,
Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y
por autoridad de la ley,
RESUELVE:
PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión
interpuesto por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado en contra de la sentencia del 24 de julio
de 2020 proferida por la Sala de Decisión 001 del Tribunal Administrativo de
condenará en proporción a su interés en el proceso; si nada se dispone al respecto, se entenderán
distribuidas por partes iguales entre ellos (…)” (se resalta).
12 El Acuerdo 1887 de 2003 fue derogado por el Acuerdo 10554 de agosto 5 de 2016.
11
Radicación: 11001-03-26-000-2021-00101-00 (66.980)
Actor: Nación-Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y otro
Demandado: Marlene Rodríguez Arrieta y otros
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
Bolívar.
SEGUNDO: CONDENAR en costas a la parte recurrente; FIJAR como agencias
en derecho a su cargo y en favor de la parte demandada, la suma equivalente
de un (1) salario mínimo legal mensual vigente (SMLMV) a la fecha de ejecutoria
de esta sentencia, valor que será dividido en partes iguales. Por Secretaría
liquídense las costas.
TERCERO: Una vez cumplido el trámite anterior, ARCHIVAR el presente asunto
y dejar las constancias de rigor.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada en la fecha de su encabezado y que
se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que
arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente documento en el
link http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede
acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la
derecha. Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la
responsabilidad de registrarse en el sistema Samai.
VF
12
Sigue leyendo
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