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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2020-04433-00

Fecha
28 de junio de 2024
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2020-04433-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. – Declarar infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto por Jorge Aleiber López Londoño, Gloria Amparo Feria Salazar, Andrés Alexis López Feria, Jennyfer Paola López Feria, Jorge David López Feria, María Nicaules Londoño de López, Henry de Jesús López Londoño, Jhon Jairo López Londoño, Marleny del Carmen López Londoño, Julio Hernán López Londoño, Juan Esteban Moreno Londoño y Johan Sebastián Muñoz Londoño en contra de la sentencia proferida el 29 de abril de 2019, por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, en el proceso de reparación directa radicado: 25 000 23 36 000 2015 01073 00 (61586). 16 Radicado: 11001-03-15-000-2020-04433-00 Demandante: Jorge Aleiber López Londoño y otros Segundo. – Condenar en costas a la parte recurrente y a favor de las demandadas, las cuales se fijan en la suma equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente a la fecha de ejecutoria de esta sentencia para cada una. . Tercero. – Archivar el expediente del recurso extraordinario de revisión, cumplido lo anterior y previas las anotaciones pertinentes en el sistema de información de gestión de procesos y Samai. Cuarto. –Notificar esta providencia en los términos del artículo 205 del CPACA. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión. Firmada electrónicamente JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR Con salvamento parcial de voto Firmada electrónicamente Firmada electrónicamente MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Con aclaración de voto Firmada electrónicamente Firmada electrónicamente WILLIAM BARRERA MUÑOZ PEDRO PABLO VANEGAS GIL CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2020-04433-00

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

28 de junio de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA DIEZ ESPECIAL DE DECISIÓN

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., veintiocho (28) de junio de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Recurso extraordinario de revisión
Radicado: 11001-03-15-000-2020-04433-00 (7340-2020)
Demandantes: Jorge Aleiber López Londoño y otros1
Providencia Sentencia del 29 de abril de 2019 proferida por el Consejo
recurrida: de Estado, Sección Tercera, Subsección C

Temas: Causales 2 y 8 de revisión del artículo 250 del CPACA.

SENTENCIA DE REVISIÓN

Asunto

La Sala decide el recurso extraordinario de revisión interpuesto por Jorge Aleiber
López Londoño, Gloria Amparo Feria Salazar, Andrés Alexis López Feria, Jennyfer
Paola López Feria, Jorge David López Feria, María Nicaules Londoño de López,
Henry de Jesús López Londoño, Jhon Jairo López Londoño, Marleny del Carmen
López Londoño, Julio Hernán López Londoño, Juan Esteban Moreno Londoño y
Johan Sebastián Muñoz Londoño contra la sentencia del 29 de abril de 2019
proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, dentro del
proceso de reparación directa que promovieron los hoy demandantes contra la
Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y la
Fiscalía General de la Nación.

1. ANTECEDENTES

1.1. Demanda de reparación directa2

1. En ejercicio del medio de control de reparación directa previsto en el artículo
140 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo3, Jorge Aleiber López Londoño, Gloria Amparo Feria Salazar, Andrés
Alexis López Feria, Jennyfer Paola López Feria, Jorge David López Feria, María
Nicaules Londoño de López, Henry de Jesús López Londoño, Jhon Jairo López
Londoño, Marleny del Carmen López Londoño, Julio Hernán López Londoño, Juan

1 Gloria Amparo Feria Salazar, Andrés Alexis López Feria, Jennyfer Paola López Feria, Jorge David

López Feria, María Nicaules Londoño de López, Henry de Jesús López Londoño, Jhon Jairo López
Londoño, Marleny del Carmen López Londoño, Julio Hernán López Londoño, Juan Esteban Moreno
Londoño y Johan Sebastián Muñoz Londoño
2 Samai, índice 22. Folios 5 a 30 del expediente de reparación directa, Rad. 25 000 23 36 000

2015 01073 00.
3 En adelante CPACA.

2

Radicado: 11001-03-15-000-2020-04433-00
Demandante: Jorge Aleiber López Londoño y otros

Esteban Moreno Londoño y Johan Sebastián Muñoz Londoño presentaron
demanda en orden a que se declarara administrativa y extracontractualmente
responsable a la Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial y a la Fiscalía General de la Nación por los perjuicios causados con
ocasión de la privación injusta de la libertad de Jorge Aleiber López Londoño.

2. Como reparación del daño, se solicitó que se condenara al pago de las
siguientes indemnizaciones:

Perjuicios A la vida de
Materiales por daño
Morales relación y
emergente
Demandante psicológicos
• $200´0000.000 por los
honorarios pagados en su
defensa en el proceso penal.
Jorge Aleiber López Londoño
100 smlmv 100 smlmv
(víctima) - $647´513.848 por lucro
cesante por salarios dejados de
recibir en su empleo y como
comerciante de vehículos
Gloria Amparo Feria Salazar
100 smlmv 100 smlmv
(cónyuge)
Andrés Alexis López Feria
100 smlmv 100 smlmv
(hijo)
Jennyfer Paola López Feria
100 smlmv 100 smlmv
(hijo)
Jorge David López Feria (hijo) 100 smlmv 100 smlmv
María Nicaules Londoño de
100 smlmv 100 smlmv
López (madre)
Henry de Jesús López
50 smlmv 50 smlmv
Londoño (hermano)
Jhon Jairo López Londoño
50 smlmv 50 smlmv
(hermano)
Marleny del Carmen López
50 smlmv 50 smlmv
Londoño (hermano)
Julio Hernán López Londoño
50 smlmv 50 smlmv
(hermano)
Juan Esteban Moreno
50 smlmv 50 smlmv
Londoño (hermano)
Johan Sebastián Muñoz
50 smlmv 50 smlmv
(hermano)

1.1.1. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:

3.1. El 25 de noviembre de 2005, Jorge Aleiber López Londoño fue privado de la
libertad con la imposición de medida de aseguramiento con detención preventiva
por haber sido sindicado como coautor de los delitos de concierto para delinquir
agravado, lavado de activos y testaferrato.

3.2. El 3 de noviembre de 2006, la Fiscalía General de la Nación profirió resolución
de acusación.

3.3. En sentencia del 8 de marzo de 2010, el Juzgado Primero Penal del Circuito
Especializado de Bogotá lo absolvió de los cargos formulados.

3

Radicado: 11001-03-15-000-2020-04433-00
Demandante: Jorge Aleiber López Londoño y otros

3.4. Mediante providencia del 23 de agosto de 2012, el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá, Sala Penal, confirmó la sentencia de primera
instancia, al resolver el recurso de apelación presentado por la Fiscalía General
de la Nación. La decisión quedó ejecutoriada el 12 de octubre de 2012.

3.5. Permaneció privado de la libertad durante el período comprendido entre el 10
de noviembre de 2005 y el 4 de abril de 2008.

1.2. Sentencia de primera instancia

4. En sentencia proferida el 24 de enero de 2018 4, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B declaró «[…] administrativa,
extracontractual y solidariamente responsable a la Nación, Fiscalía General de la Nación
• Rama Judicial […]» del daño antijurídico ocasionado a los hoy demandantes por
la privación injusta de la libertad de Jorge Aleiber López Londoño.

5. En tal virtud, condenó a las entidades a pagar solidariamente los perjuicios (i)
morales equivalentes a 100 smlmv en favor de Jorge Aleiber López Londoño,
Gloria Amparo Feria Salazar, Andrés Alexis López Feria, Jennyfer Paola López
Feria, Jorge David López Feria y María Nicaules Londoño de López. Y por la suma
de 50 smlmv en favor de Henry de Jesús López Londoño, Jhon Jairo López
Londoño, Marleny del Carmen López Londoño, Julio Hernán López Londoño, Juan
Esteban Moreno Londoño, Johan Sebastián Muñoz; (ii) perjuicios por «daño al
derecho a la familia» en iguales porcentajes a los enunciados en el numeral
anterior para Jorge Aleiber López Londoño, Gloria Amparo Feria Salazar, Andrés
Alexis López Feria, Jennyfer Paola López Feria, Jorge David López Feria y María
Nicaules Londoño de López; y (iii) por perjuicios materiales por lucro cesante en
favor de Jorge Aleiber López Londoño la suma de $39.952.089.

6. La decisión se sustentó en los siguientes argumentos:

6.1. La privación injusta de la libertad se configuró bajo el régimen objetivo de
imputación de acuerdo con la sentencia de unificación del Consejo de Estado
proferida el 17 de octubre de 20135, puesto que Jorge Aleiber López Londoño fue
absuelto por los jueces penales con fundamento en el principio de in dubio pro reo,
al determinar que «[…] no obraban en el plenario suficientes medios de prueba que
permitieran acreditar que había cometido las conductas delictivas endilgadas».

6.2. Las demandadas fueron responsables por el daño antijurídico causado a la
parte actora, por las siguientes actuaciones: i) la Fiscalía General de la Nación,
como ente encargado de adelantar la investigación y resolver la situación jurídica
del procesado en vigencia de la Ley 600 de 2000, realizó una indebida valoración
de las pruebas; y ii) la Rama Judicial no identificó adecuadamente al sujeto activo
del delito y mantuvo privado de la libertad a Jorge Aleiber López Londoño, pese a

4 Samai, índice 22. Folios 786 a 854 del expediente de reparación directa, radicado: 25 000 23

36 000 2015 01073 00.
5 Radicado 52001 23 31 000 1996 07459 01 (23354).

4

Radicado: 11001-03-15-000-2020-04433-00
Demandante: Jorge Aleiber López Londoño y otros

que no había pruebas suficientes y a que este solicitó su libertad en varias
ocasiones. Dichas entidades no demostraron la configuración de fuerza mayor,
caso fortuito, el hecho exclusivo de un tercero o la culpa exclusiva de la víctima
por exposición, como causales de exoneración de responsabilidad.

1.3. Los recursos de apelación

1.3.1. La Fiscalía General de la Nación6 solicitó la revocatoria de la sentencia
con fundamento en los siguientes argumentos:

7. La culpa exclusiva de la víctima se configuró porque el actuar de Jorge Aleiber
López Londoño fue la causa eficiente y única que dio lugar a que se iniciara la
investigación penal y que se le impusiera la medida de aseguramiento, pues se
interceptaron comunicaciones suyas con personas vinculadas a actividades ilegales.

8. La actuación de la entidad se ajustó a la Constitución Política y la Ley 600 de 2000
que regía el proceso penal, por lo que no era posible predicar un defectuoso
funcionamiento de la administración de justicia o un daño antijurídico. Además, de
acuerdo con el artículo 356 del CPP vigente para la época, era procedente la medida
de aseguramiento si existían, por lo menos, dos indicios graves de responsabilidad
penal, requisito que se cumplió en el caso de Jorge Aleiber López Londoño porque
las pruebas recaudadas indicaban su posible coautoría de los delitos de concierto
para delinquir agravado, lavado de activos y testaferrato.

1.3.2. La Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial7 argumentó que no existió una privación injusta de la libertad que le fuera
atribuible porque:

8.1. En vigencia de la Ley 600 de 2000 la investigación y la imposición de la
medida de aseguramiento le correspondían a la Fiscalía General de la Nación.
Fue esta la entidad que no profundizó en la investigación, para efectos de
establecer la ilicitud de la conducta de Jorge Aleiber López Londoño y disponer su
privación de la libertad, tal y como lo ordenaban los artículos 356 y 397 ibidem y
solo se fundamentó en los informes de Policía Judicial que apenas alcanzaban a ser
criterios orientadores dentro del proceso penal.

8.2. El daño se originó en el propio actuar de Jorge Aleiber López Londoño a quien
se le interceptaron comunicaciones que daban cuenta de su conocimiento de varias
actividades ilícitas. Por consiguiente, fueron su falta de colaboración con la justicia y
su comportamiento los determinantes de su captura y posterior judicialización. De
ahí que se hubiese configurado la causal de exoneración de responsabilidad de
culpa exclusiva de la víctima, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 70 de la
Ley 270 de 1996.

6 Samai, índice 22. Folios 866 a 871 del expediente de reparación directa, radicado: 25 000 23

36 000 2015 01073 00.
7 Samai, índice 22. Folios 872 a 883 del expediente de reparación directa, radicado: 25 000 23

36 000 2015 01073 00.

5

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Demandante: Jorge Aleiber López Londoño y otros

8.3. También se configuró como causal de exoneración el hecho de un tercero,
que se estructuró con los informes de la Policía Judicial que sirvieron de base
para el inicio de la investigación, además de la falta de profundización por parte
de la Fiscalía General de la Nación en la comprobación de los hechos.

1.4. Sentencia de segunda instancia objeto de revisión

9. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, en sentencia del 29 de
abril de 20198 revocó la decisión de primera instancia, negó las pretensiones de
la demanda y condenó a la parte demandante a pagar por concepto de agencias
en derecho la suma de $19´833.138. Luego de hacer un recuento probatorio,
sustentó la decisión en los siguientes argumentos:

9.1. El estudio de la responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad
implica el análisis de las circunstancias en las que se produjo para determinar si
fue consecuencia de una medida apropiada, razonada y conforme a derecho o
si, por el contrario, fue arbitraria.

9.2. En el caso de Jorge Aleiber López Londoño la medida de aseguramiento se
profirió con fundamento en informes de inteligencia de la DEA, de inteligencia de la
Policía Nacional y por la información recopilada en las interceptaciones telefónicas
de las que fue objeto. Por lo tanto, aunque fue absuelto con base en el principio in
dubio pro reo «[…] su privación de la libertad cumplió con los requisitos establecidos
en el Código de Procedimiento Penal vigente para la época de los hechos, pues contó
con los indicios necesarios. La actuación de la Fiscalía al decretar la medida de
aseguramiento cumplió con los requisitos legales y probatorios exigidos en el Código de
Procedimiento Penal […]». Además, la decisión no fue desproporcionada,
irrazonable o arbitraria.

9.3. De conformidad con el numeral 3 del artículo 365 del Código General del
Proceso, procedía la condena en costas a la parte vencida en el juicio y por lo
tanto de agencias en derecho.

1.3. Recurso extraordinario de revisión

10. Jorge Aleiber López Londoño, Gloria Amparo Feria Salazar, Andrés Alexis López
Feria, Jennyfer Paola López Feria, Jorge David López Feria, María Nicaules
Londoño de López, Henry de Jesús López Londoño, Jhon Jairo López Londoño,
Marleny del Carmen López Londoño, Julio Hernán López Londoño, Juan Esteban
Moreno Londoño y Johan Sebastián Muñoz Londoño interpusieron el recurso
extraordinario de revisión9 en contra de la sentencia del 29 de abril de 2019
proferida por la Sección Tercera, Subsección C, del Consejo de Estado.

11. Como causales de revisión invocaron las establecidas en el numeral 2 del
artículo 250 del CPACA «[h]aberse dictado la sentencia con fundamento en
documentos falsos o adulterados», y en el numeral 8 ibidem «[s]er la sentencia

8 Ibidem, folios 972 a 976.
9 Samaí, índice 2.

6

Radicado: 11001-03-15-000-2020-04433-00
Demandante: Jorge Aleiber López Londoño y otros

contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las partes del proceso en que
aquella fue dictada», con base en el siguiente razonamiento:

11.1. Lo argumentado en el fallo recurrido para revocar la sentencia de primera
instancia «en momento alguno demostró la culpa del señor Jorge Aleiber López
Londoño, dado que el mismo se fundamenta en el cumplimiento de los “requisitos legales
y probatorios exigidos en el Código de Procedimiento Penal”». La decisión vulneró los
derechos a la libertad, acceso a la administración de justicia y presunción de
inocencia porque la absolución en el proceso penal ocurrió debido a la falta de
acreditación de la tipicidad y materialización del ilícito. En las sentencias
proferidas en el proceso penal se indicó que la imputación se basó en «meras
presunciones y que las grabaciones fueron meros hechos o dichos de la policía judicial,
que no lograron determinar la responsabilidad en hechos ilícitos y desvirtuar la
presunción de inocencia». Por consiguiente, se constituyó el presupuesto de
responsabilidad del Estado previsto en la Ley 270 de 1996, por cuanto quedó
claro que el ente investigador adelantó de manera indebida la investigación y
aplicó la medida de aseguramiento sin que se dieran los presupuestos para su
procedencia.

11.2. El fallo desconoció el precedente jurisprudencial, pues no hizo un estudio
claro y de fondo sobre la culpa exclusiva de la víctima como causa de la medida
de aseguramiento. Por el contrario, quedó demostrado que la absolución en el
proceso penal se dio por la carencia de la estructuración de los elementos de
tipicidad y materialidad del ilícito10.

11.3. En el presente caso no existían elementos probatorios que justificaran la
privación de la libertad y así quedó probado en el proceso penal en el que se
desvirtuaron las pruebas magnetofónicas y documentales aportadas por la
Fiscalía General de la Nación. Por lo anterior, el Consejo de Estado, Sección
Tercera, no podía valorarlas para determinar la culpa exclusiva de la víctima y
tampoco podía definir si la privación de la libertad no fue injusta «porque estaría
juzgando una medida ya realizada y en firme» y, además, las pruebas ya habían sido
desvirtuadas ante el juez penal. Su competencia se limitaba a analizar «las
circunstancias propias del proceso administrativo, sin que el mismo pueda realizar
valoraciones propias del juez penal […]». Por ello, el tribunal desconoció las
sentencias dictadas en el proceso penal.

1.4. Contestación del recurso extraordinario de revisión

12. La Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial11
contestó la demanda en los siguientes términos:

10 En este punto, citó como apoyo a su postura la sentencia SU-72 de 20148 y la sentencia de

tutela proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado con radicado
11001031500020190016901 del 15 de noviembre de 2019 y la sentencia SU-406 de 2016.
Asimismo, reiteró los argumentos expuestos en el ítem anterior.
11 Samai, índice 13.

7

Radicado: 11001-03-15-000-2020-04433-00
Demandante: Jorge Aleiber López Londoño y otros

12.1. En el derecho penal existen diferentes motivos de absolución, como cuando
el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, o la conducta no era constitutiva
de un hecho punible. En estos casos, la absolución es definitiva. Por otra parte,
la decisión absolutoria también puede estar fundada en la duda, supuesto que
conlleva la aplicación del principio in dubio pro reo cuando «no se ha demostrado
plenamente la inocencia del procesado» según la jurisprudencia de la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Este último fue el que se aplicó
en el presente caso, por lo que no se podía atribuir responsabilidad al Estado
porque el fallo fue absolutorio, pues la duda recayó sobre elementos objetivos del
tipo y no se descartó la materialidad de la conducta desarrollada por el
demandante.

12.2. Elrecurso extraordinario de revisión con las sentencias ejecutoriadas
requiere una elaboración técnica. En el presente caso, la parte demandante citó
la causal 2 del artículo 250 del CPACA sin sustentarla, ya que no precisó cuáles
eran los documentos falsos o adulterados en los que presuntamente se
fundamentó la sentencia.

12.3. Tampoco se configuró la causal 8 del artículo referido, puesto que «no se
puede predicar que la sentencia de primera instancia proferida por la Sección Tercera
del Tribunal se encontraba ejecutoriada, toda vez que, contra ella se interpuso recurso
de apelación por las entidades demandadas y hasta tanto el Consejo de Estado no
resolviera dicho recurso no quedaba en firme».

12.4. Elrecurso extraordinario de revisión no es el mecanismo idóneo para
cuestionar la actividad interpretativa ni la valoración probatoria del juez, ni para
que el afectado con la sentencia proponga cuestiones que no alegó
oportunamente en el proceso originario. Es un instrumento para discutir y ventilar
ciertos hechos procesales externos a la labor funcional del juez, que pueden
llegar a afectar el principio de justicia material.

12.5. La parte actora tenía la carga procesal de demostrar que las decisiones
adoptadas por los jueces de primera y segunda instancia fueron arbitrarias,
caprichosas o adoptadas por fuera de los procedimientos legales, evento que no
se encuentra acreditado. Además, del daño que el demandante adujo no tuvo la
calidad de antijurídico, pues tanto la decisión de privar preventivamente de la
libertad al imputado, como la adoptada en la sentencia absolutoria, fueron
consecuencia del agotamiento de los procedimientos y requisitos
constitucionales y legales.

13. La Fiscalía General de la Nación12 expuso lo siguiente:

13.1. El recurso extraordinario de revisión no es una tercera instancia para revivir
el debate de la responsabilidad estatal que se surtió en las dos instancias del
proceso ordinario. En el presente asunto, ni los fundamentos alegados ni los
documentos aportados con el recurso sustentaron su procedencia, puesto que

12 Samai, índice 12.

8

Radicado: 11001-03-15-000-2020-04433-00
Demandante: Jorge Aleiber López Londoño y otros

los hechos alegados no se enmarcan en las causales establecidas por el artículo
250 del CPACA.

13.2. Además de lo anterior, la entidad en su respuesta se refirió a la configuración
de la causal del numeral 5 del artículo 250 del CPACA que no se invocó en este
proceso.

14. El Ministerio Público y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado no
se pronunciaron.

2. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

15. Esta Sala es competente para decidir el presente recurso extraordinario de
revisión de conformidad con lo regulado en los artículos 107, 111, numeral 2, y
249 del CPACA y 29, numeral 1, del Acuerdo 080 de 201913 expedido por la Sala
Plena de esta corporación que estableció que le corresponde resolver «[l]os
recursos extraordinarios de revisión interpuestos contra las sentencias de las Secciones
o Subsecciones del Consejo de Estado».

2.2. Oportunidad

16. El recurso extraordinario de revisión fue presentado dentro del año siguiente
a la ejecutoria de la sentencia recurrida, tal y como lo prevé el artículo 251 del
CPACA. En efecto, la sentencia del 29 de abril de 2019 proferida por la Sección
Tercera, Subsección C, de esta corporación quedó ejecutoriada el 19 de
noviembre de 201914 y el recurso fue radicado el 20 de octubre de 202015.

2.3. Legitimación en la causa

17. En el asunto objeto de estudio, Jorge Aleiber López Londoño, Gloria Amparo
Feria Salazar, Andrés Alexis López Feria, Jennyfer Paola López Feria, Jorge David
López Feria, María Nicaules Londoño de López, Henry de Jesús López Londoño,
Jhon Jairo López Londoño, Marleny Del Carmen López Londoño, Julio Hernán
López Londoño, Juan Esteban Moreno Londoño y Johan Sebastián Muñoz Londoño
están legitimados para actuar como demandantes, comoquiera que actuaron
como tal en el proceso ordinario de reparación directa y fueron condenados al
pago de las agencias en derecho.

13 Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.
14 Sentencia fue notificada el 14 de noviembre de 2019 y adquirió ejecutoria el 19 de ese mes y

año. Samai, índice 22. Folios 977 a 979 del expediente de reparación directa, radicado: 25 000
23 36 000 2015 01073 00.
15 Samai, índice 1 y 2.

9

Radicado: 11001-03-15-000-2020-04433-00
Demandante: Jorge Aleiber López Londoño y otros

2.4. Generalidades del recurso extraordinario de revisión

18. El recurso extraordinario de revisión previsto en el artículo 248 del CPACA es
un medio de impugnación que afecta el principio de la inmutabilidad de las
sentencias ejecutoriadas y, por ende, constituye una excepción al principio de la
cosa juzgada16. Su finalidad es la de invalidar los efectos jurídicos de una
sentencia que se encuentra ejecutoriada17 y persigue el restablecimiento del
criterio de justicia material y la supremacía de las garantías procesales cuando
estas han sido lesionadas en aquella, al ocurrir alguna de las causales por las
cuales procede, establecidas en la ley. Tiene dos características principales:

19. La primera se refiere a que su naturaleza es excepcional y, por lo tanto, solo
opera por razón de las causales taxativas señaladas en el artículo 250 del
CPACA, en concordancia con el artículo 20 de la Ley 797 de 2003. Estas señalan
vicios o errores de naturaleza procedimental que permiten la revisión de la
sentencia proferida dentro del proceso. En ese orden, para que el juez pueda
examinar la controversia materia del recurso, a quien lo ejerce le corresponde
indicar con precisión cuál es la causal que invoca para invalidar la sentencia
recurrida y las razones de hecho y de derecho que la sustentan.

20. La segunda indica que se trata de un nuevo proceso que tiene por objeto
cuestionar la sentencia proferida dentro de un proceso ordinario y no una nueva
oportunidad para reabrir el debate jurídico, probatorio y/o fáctico propio de las
instancias procesales que ya se han surtido en aquel. Tampoco es una vía para
cuestionar la actividad interpretativa del juez o insistir en la discusión de los
problemas debatidos en el proceso original ni para subsanar las falencias de las
actuaciones procesales de las partes, puesto que no constituye una tercera
instancia.

3. Problema jurídico

21. Se circunscribe a resolver el siguiente interrogante:

¿En la sentencia del 29 de abril de 2019 proferida por el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección C, se configuraron las causales previstas en
los numerales 2 y 8 del artículo 250 del CPACA al revocar la sentencia de
primera instancia que declaró administrativa y extracontractualmente
responsable a la Rama Judicial y a la Fiscalía General de la Nación por la
privación de la libertad de Jorge Aleiber López Londoño?

16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Catorce Especial de Decisión.

Sentencia 13 de octubre de 2020. Rad. 11001-03-15-000-2019-00119-00.
17 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda, Subsección A.

Sentencia 15 de marzo de 2018. Rad. 1001-03-25-000-2014-00862-00.

10

Radicado: 11001-03-15-000-2020-04433-00
Demandante: Jorge Aleiber López Londoño y otros

3.1. La causal prevista en el numeral 2 del artículo 250 del CPACA como
fundamento del recurso extraordinario de revisión

22. El numeral 2 del artículo 250 del CPACA dispuso que es causal de revisión de
las sentencias ejecutoriadas el hecho de «[h]aberse dictado la sentencia con
fundamento en documentos falsos o adulterados […]». Sobre su configuración, la
jurisprudencia ha sostenido que la prueba documental falsa o adulterada debe
ser determinante para sustentar el fallo recurrido. Por ende, se descarta que
pueda materializarse si la irregularidad de la prueba se da respecto de
documentos que no fueron definitivos en la decisión. En este sentido, la Sala
Plena del Consejo de Estado señaló:

«[…] es esencial para esta causal la exhibición de uno o más documentos y
se configura si concurren dos elementos: uno, su falsedad o adulteración y,
dos, que haya sido fundamental para proferir el fallo recurrido. Sobre el último
aspecto, la jurisprudencia ha sido constante en subrayar la necesidad de que
el documento que el recurrente aduzca como falso o adulterado haya sido
decisivo para proferir la sentencia recurrida, tanto que “sin su consenso, sin
su incidencia, el fallo se hubiera tomado en otro sentido […]»18

23. En ese orden, el recurrente debe argumentar de qué manera los documentos
que aduce como adulterados sirvieron como fundamento de la sentencia
recurrida. Para ello no es suficiente indicar que son falsos, sino que es ineludible
que se indique porqué fueron determinantes y si su valoración tenía la
potencialidad de cambiar la decisión19.

24. En lo que respecta a la falsedad o adulteración de la prueba documental no es
necesaria la demostración mediante una decisión penal o con la acreditación de
que así se hizo al tacharla de falsa en un proceso judicial. En sede del recurso
extraordinario de revisión, el juez administrativo puede determinar tal condición
de los documentos mediante su análisis riguroso y objetivo sin examinar
responsabilidades subjetivas, en la medida en que no se exige la prejudicialidad
penal20.

3.2. La causal de revisión prevista en el numeral 8 del artículo 250 del
CPACA

25. El numeral 8 del artículo 250 del CPACA previó como causal de revisión de
las sentencias ejecutoriadas «[s]er la sentencia contraria a otra anterior que constituya
cosa juzgada entre las partes del proceso en que aquella fue dictada. Sin embargo, no
habrá lugar a revisión si en el segundo proceso se propuso la excepción de cosa juzgada
y fue rechazada […]». Con esta causal se busca el respeto por el principio de la
seguridad jurídica, toda vez que se garantiza la existencia de un solo

18 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 26 de febrero

de 2013, radicado 2008-00638.
19 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala 14 Especial de Decisión,

sentencia de 2 de abril de 2019, radicado 11001-03-15-000-2007-00383-00.
20 En ese sentido Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 30 de

noviembre de 2023, radicado 11001-03-26-000-2020-00098-00 (66157). Ver también Sección
Segunda, Subsección B, sentencia del 25 de agosto de 2022, radicado 11001-03-25-000-2018-
00564-00 (2104-2018).

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Radicado: 11001-03-15-000-2020-04433-00
Demandante: Jorge Aleiber López Londoño y otros

pronunciamiento cuando se debaten iguales pretensiones entre idénticas
personas y por similar causa en otro proceso. De esta manera, se evita que,
respecto de un mismo asunto litigioso ya definido por una sentencia ejecutoriada,
se adelante un nuevo debate y se profiera otra sentencia que puede ser contraria
a la anterior.

26. Para la estructuración de esta causal de revisión se deben tener en cuenta la
concurrencia de los elementos que configuran la cosa juzgada previstos en el
artículo 303 del Código General del Proceso, aplicable por remisión del artículo
306 del CPACA. Tal norma señala que «[l]a sentencia ejecutoriada proferida en
proceso contencioso tiene fuerza de cosa juzgada siempre que el nuevo proceso verse
sobre el mismo objeto, se funde en la misma causa que el anterior y entre ambos
procesos haya identidad jurídica de partes […]». En consecuencia, la sentencia
recurrida debe contener identidad en los tres elementos antedichos con la
sentencia ejecutoriada.

27. De este modo, para que se configure la causal de revisión examinada es
necesario (i) que existan dos sentencias contradictorias, la ejecutoriada y la
recurrida; (ii) que la sentencia anterior se haya dictado en un proceso en el que
hubo identidad de objeto, de partes y de causa petendi respecto de la segunda
sentencia y que de aquella se predique la cosa juzgada; y (iii) que la cosa juzgada
no se haya alegado como medio exceptivo en el segundo proceso21.

3.3. Análisis de las causales de revisión. Caso concreto

3.3.1. Sobre la configuración de la causal del numeral 2 del artículo 250 del
CPACA

28. Sobre el punto, se observa que, en el recurso extraordinario de revisión se citó
el texto del numeral 2 del artículo 250 del CPACA, pero no se identificó la prueba
documental que presuntamente se encontraba viciada de falsedad o adulterada,
de modo que en este proceso pudiera analizarse si presentaba esta irregularidad
y si fue decisiva en el sentido de la sentencia proferida el 29 de abril de 2019 por
la Sección Tercera, Subsección C, de esta corporación.

29. Si bien en el recurso se indicó que las pruebas recaudadas dentro del proceso
penal no lograron desvirtuar la presunción de inocencia de Jorge Aleiber López
Londoño y que, por el contrario, se acreditó que la investigación y la medida de
aseguramiento se basaron en «meras presunciones y que las grabaciones fueron
meros hechos o dichos de la policía judicial», ello no significa que se cumplió con la
carga argumentativa que se exige para que se configuré la causal invocada,
puesto que no se indicó con exactitud y precisión cuáles fueron las pruebas
documentales recaudadas en el proceso penal que eran falsas y la razón de ello,

21 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 8 de abril de 2024, radicado

11001-03-26-000-2021-00101-00 (66.980). Sobre el desarrollo de esta causal se puede consultar
también: Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 28 de julio de 2022, radicado 11001-03-
25-000-2014-01044-00 (3189-2014).

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Demandante: Jorge Aleiber López Londoño y otros

y ni siquiera se identificaron cuáles los elementos probatorios que sustentaron el
fallo objeto de revisión.

30. Aunque en la sentencia del 29 de abril de 2019 proferida por la Sección
Tercera de esta corporación se citaron dentro de sus fundamentos los informes
de inteligencia de la DEA, de inteligencia de la Policía Nacional y la información
recopilada en las interceptaciones telefónicas de que fue objeto Jorge Aleiber López
Londoño, en el recurso extraordinario de revisión no se precisó cuáles de esos
informes estaban viciados por falsedad y no se explicó el porqué. En tal virtud, la
Sala no puede inferir que cuando la parte recurrente invocó la causal del numeral 2
del artículo 250 del CPACA se refería a estas pruebas y, mucho menos, es viable
suponer las razones de su falsedad o adulteración.

31. Por el contrario, la parte recurrente en la sustentación del recurso hizo énfasis,
en que la Fiscalía General de la Nación no logró probar la participación en el ilícito
de Jorge Aleiber López Londoño y que, por lo tanto, existía el derecho a la
reparación del daño padecido por la privación injusta de la libertad, pero no
desarrolló lo relacionado con la falsedad de las pruebas recopiladas en el proceso
penal. Así las cosas, se infiere que lo que se pretende con el recurso extraordinario
es reabrir el debate sobre configuración de la responsabilidad del Estado ya
denegada en la sentencia objeto del recurso, lo cual es un asunto ajeno al recurso
extraordinario de revisión, pues se reitera que no se trata de una tercera instancia ni
de una oportunidad adicional en la que se pueda abordar de nuevo el debate
jurídico o probatorio que se surtió en las instancias procesales ordinarias.

32. En virtud de lo anterior, se concluye que los demandantes no probaron la
configuración de la causal prevista en el numeral 2 del artículo 250 del CPACA.

3.3. Sobre la configuración de la causal prevista en el numeral 8 del artículo
250 del CPACA

33. Al respecto, se advierte que en el recurso extraordinario de revisión no se
identificó la sentencia ejecutoriada que decidió la responsabilidad del Estado por
la privación injusta de la libertad de Jorge Aleiber López Londoño de manera
contraria a la proferida el 29 de abril de 2019 por la Sección Tercera, Subsección
C, de esta corporación. Lo anterior impide que se analice si efectivamente la
sentencia recurrida se profirió en contravía de otra que había decidido igual litigio
entre las mismas partes y que hiciera tránsito a cosa juzgada, por lo que no hay
objeto sobre el cual realizar un pronunciamiento.

34. Aunque en el recurso interpuesto se señaló que el tribunal desconoció el
precedente jurisprudencial al no analizar la culpa exclusiva de la víctima como
eximente de responsabilidad del Estado y citó como apoyo a su postura la SU-

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Demandante: Jorge Aleiber López Londoño y otros

072 de 201822, la SU-406 de 201623 y la sentencia de tutela proferida por la
Sección Tercera del Consejo de Estado con radicado
24
11001031500020190016901 del 15 de noviembre de 2019 , estas providencias
no sirven de base para efectuar el examen de ocurrencia de la causal invocada,
por cuanto ninguna de ellas se profirió dentro procesos en los que concurrieran
las mismas partes del trámite que finalizó con la sentencia objeto del recurso ni
fueron parte y tampoco se resolvió sobre la responsabilidad estatal por la
privación de la libertad de Jorge Aleiber López Londoño. En ese sentido, no puede
predicarse la existencia de la vulneración de la cosa juzgada de tales providencias
por la que se recurre.

35. Ahora bien, respecto de la citación de las anteriores providencias, es
pertinente precisar que su desconocimiento como precedente no se enmarca en
la causal 8 del artículo 250 del CPACA, debido a que este medio de impugnación
extraordinario no es un instrumento procesal para discutir los fundamentos
jurídicos del juez de instancia, que es precisamente lo que se deriva de los
planteamientos de la parte recurrente, según los cuales no se hizo un estudio
claro y de fondo sobre la culpa exclusiva de la víctima como causa de la medida
de aseguramiento.

36. Tampoco se estructura la causal 8 de revisión respecto de la sentencia del 23
de agosto de 2012, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala
Penal, que confirmó la decisión absolutoria dentro del proceso penal adelantado
en contra de Jorge Aleiber López Londoño, pues si bien este último hizo parte
tanto del proceso de reparación directa (en calidad de demandante) como del
proceso penal (en condición de imputado y acusado), así como la Fiscalía
General de la Nación y la Rama Judicial (como demandadas y como investigador
y juzgador, respectivamente) lo cierto que no existió identidad objeto ni de causa
petendi en ambos trámites, pues ello se desprende de la naturaleza, finalidad y
alcance de cada uno de ellos.

37. Ciertamente, el proceso que se adelanta en la jurisdicción penal ordinaria,
como manifestación del ius puniendi estatal, se circunscribe a «la persecución y el

22 Sentencia en la que se decidieron las acciones de tutela instaurada por la Fiscalía General en
contra del Tribunal Administrativo de Córdoba y del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, y otra presentada por Blanca Gómez de García
y otros contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B y el
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C.
23 Acción de tutela promovida por la Organización Clínica General del Norte S.A contra la

sentencia proferida el 12 de marzo de 2015 por la Subsección A de la Sección Tercera de la Sala
de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, a través de la cual se resolvió la segunda
instancia del proceso ejecutivo iniciado por La Nación - Ministerio de Transporte contra el
Consorcio Medinorte.
24 Sentencia que resolvió la acción de tutela radicada por Martha Lucía Ríos Cortés, Fidernando

Sigifredo Rosero Gómez, Juan Diego Rosero Ríos, Michelle Andrea Ríos Ríos, Gustavo Ríos
Velásquez; Luz Stella, María Paula, Fernando, Fabián y Jairo Ríos Cortes; Mayra Yiset y Gustavo
Ríos Salgado contra la sentencia de unificación del 15 de agosto de 2018 proferida por la Sección
Tercera del Consejo de Estado, mediante la cual se revocó el fallo dictado en primera instancia
que accedió a las pretensiones de la demanda, para en su lugar negarlas, dentro del proceso de
reparación directa que los actores iniciaron contra la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial y Fiscalía General de la Nación, por la privación de la libertad de Martha
Lucía Ríos Cortés, el cual se tramitó bajo el radicado No. 2011-00235-01 (46947).

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Demandante: Jorge Aleiber López Londoño y otros

juzgamiento de los delitos»25, mientras que el medio de control de reparación
directa, cuyo conocimiento le corresponde a la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo26, está dirigido a la declaratoria de la responsabilidad
extracontractual del Estado y la consecuente reparación del daño causado por
un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o
permanente de un inmueble por trabajos públicos o por cualquier otra causa.

38. Por lo anterior, tampoco es admisible el argumento esbozado en el recurso
extraordinario de revisión según el cual la Sección Tercera en la sentencia que
emitió el 29 de abril de 2019 no podía valorar las pruebas del proceso penal para
determinar la existencia de la culpa exclusiva de la víctima y definir si la privación
injusta de la libertad estuvo bien aplicada «porque estaría juzgando una medida ya
realizada y en firme» por la sentencia penal.

39. Es así por cuanto el proceso de reparación directa tiene como finalidad definir
la responsabilidad extracontractual, en este caso, por la privación injusta de la
libertad, para lo cual debía verificar si existió un daño antijurídico y si este le era
imputable al Estado, a través del análisis de los medios de prueba que se
allegaran al proceso, dentro de los cuales podían incorporarse los documentos
relacionados con las actuaciones surtidas en la jurisdicción penal. Para el efecto,
el juez de lo contencioso-administrativo estaba habilitado para analizar las
razones que sustentaron la imposición de la medida de aseguramiento y valorar
su razonabilidad, proporcionalidad y legalidad27, sin que ello implicara invadir el
ámbito de competencia del juez penal, sino de verificar las actuaciones de la
entidad y adelantar el examen de la antijuridicidad del daño que se discutió en el
juicio de responsabilidad.

40. Así las cosas, en el presente asunto no se logró acreditar que la sentencia
proferida el 29 de abril de 2019 por la Sección Tercera, Subsección C
contradijera otra anterior ejecutoriada y que hiciera tránsito a cosa juzgada
dictada en un proceso con identidad de objeto, partes y causa petendi al que le
dio origen. En consecuencia, se concluye que no se configuró la causal de
revisión prevista en el numeral 8 del artículo 250 del CPACA y, por lo tanto, el
recurso extraordinario de revisión no prospera.

4. Costas

41. De conformidad con lo señalado en el artículo 255 del CPACA, modificado por
la Ley 2080 de 2021, una vez se declara infundado el recurso extraordinario de
revisión, corresponde al juez condenar en costas al recurrente, disposición que
se aplica en este caso de acuerdo con la posición mayoritaria de la Sala.

42. Por su parte, el artículo 366, ordinal 4, del Código General del Proceso dispone
que «[p]ara la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas que

25 Artículo 29 del CPP. Ley 906 de 2004.
26 Artículo 140 del CPACA.
27 En este sentido, se puede consultar: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C,

sentencia del 30 de marzo de 2022, radicado: 18001-33-31-001-2011-00369-01 (55429).

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Demandante: Jorge Aleiber López Londoño y otros

establezca el Consejo Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un
mínimo, o este y un máximo, el juez tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad y
duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la
cuantía del proceso y otras circunstancias especiales, sin que pueda exceder el máximo
de dichas tarifas».

43. Así las cosas, según los parámetros establecidos en el Acuerdo PSAA16-
10554 de 2016 del Consejo Superior de la Judicatura, se condenará en costas a
la parte recurrente y en favor de la Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial y de la Fiscalía General de la Nación, las cuales se fijan
en un (1) salario mínimo legal mensual vigente a la fecha de ejecutoria de esta
sentencia para cada una de las demandadas, toda vez que acudieron al proceso
para contestar la demanda.

44. En cuanto a las expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso y
perjuicios, no serán reconocidos, toda vez que no fueron demostrados en el
trámite, conforme lo establecido en los artículos 188 y 255 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y el 361 del
Código General del Proceso.

5. Conclusión

45. Con fundamento en lo expuesto, se concluye que en la sentencia del 29 de
abril de 2019, proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección
C, no se configuró las causales previstas en los numerales 2 y 8 del artículo 250
del CPACA, puesto que no se acreditaron los elementos necesarios para
considerar su materialización.

46. En virtud de lo anterior, se declarará infundado el recurso extraordinario de
revisión.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sala Diez Especial de Decisión, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

FALLA

Primero. – Declarar infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto
por Jorge Aleiber López Londoño, Gloria Amparo Feria Salazar, Andrés Alexis
López Feria, Jennyfer Paola López Feria, Jorge David López Feria, María Nicaules
Londoño de López, Henry de Jesús López Londoño, Jhon Jairo López Londoño,
Marleny del Carmen López Londoño, Julio Hernán López Londoño, Juan Esteban
Moreno Londoño y Johan Sebastián Muñoz Londoño en contra de la sentencia
proferida el 29 de abril de 2019, por el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección C, en el proceso de reparación directa radicado: 25 000 23 36 000
2015 01073 00 (61586).

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Demandante: Jorge Aleiber López Londoño y otros

Segundo. – Condenar en costas a la parte recurrente y a favor de las
demandadas, las cuales se fijan en la suma equivalente a un (1) salario mínimo
legal mensual vigente a la fecha de ejecutoria de esta sentencia para cada una.
.
Tercero. – Archivar el expediente del recurso extraordinario de revisión, cumplido
lo anterior y previas las anotaciones pertinentes en el sistema de información de
gestión de procesos y Samai.

Cuarto. –Notificar esta providencia en los términos del artículo 205 del CPACA.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

Firmada electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Con salvamento parcial de voto

Firmada electrónicamente Firmada electrónicamente
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Con aclaración de voto

Firmada electrónicamente Firmada electrónicamente
WILLIAM BARRERA MUÑOZ PEDRO PABLO VANEGAS GIL

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del CPACA.

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