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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2020-00098-00

Fecha
30 de noviembre de 2023
Consejero ponente
Alberto Montaña Plata
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2020-00098-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión contra la Sentencia de 21 de junio de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo de Atlántico, dentro del proceso de reparación directa. SEGUNDA: CONDENAR EN COSTAS a la parte recurrente. Por Secretaría liquidar sin incluir agencias en derecho debido a que no se causaron. TERCERO: Ejecutoriada esta providencia devolver el expediente.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-26-000-2020-00098-00

Consejero ponente: Alberto Montaña Plata

30 de noviembre de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado Ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá D.C., 30 de noviembre de 2023

Radicación: 11001-03-26-000-2020-00098-00 (66157)
Demandante: Alfonso Enrique Hernández Ibáñez y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía
Nacional
Referencia: Recurso extraordinario de revisión

Temas: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN – Documentos falsos o adulterados –
Improcedencia respecto de pruebas testimoniales

Síntesis del caso: se interpuso recurso extraordinario de revisión con fundamento en la causal
de proferir sentencia con base en documentos falsos o adulterados, porque en ambas
instancias del proceso ordinario no se valoraron de manera adecuada algunas pruebas
documentales y testimoniales.

Decide la Sala el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la parte
demandante contra la Sentencia de 21 de junio de 2019, proferida por el
Tribunal Administrativo de Atlántico, que confirmó la negación de las
pretensiones de la demanda.

Contenido: 1. Antecedentes; 2. Consideraciones; 3. Decisión

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante, 1.2. Posición de la parte demandada,
1.3. Sentencia de primera instancia y trámite relevante, y 1.4. Recurso extraordinario de
revisión y trámite relevante.

1.1 Posición de la parte demandante

1. El 27 de noviembre de 2015, Alfonso Enrique Hernández Ibáñez y otros1
presentaron demanda, en ejercicio de la acción de reparación directa,
contra la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, con base en las
siguientes pretensiones:

“Que se condene administrativamente culpable y responsable a la
[demandada] para que repare integralmente en forma patrimonial los
perjuicios que han sufrido los demandantes (…) a raíz de la muerte de su
pareja Glenda María Pinto Sierra (…)”.

1 Alfonso Jesús Hernández Pinto, Stefany Hernández Pinto, Yuranis Isabel Hernández Pinto, Glenda Bautista
Hernández Pinto, Luis Alberto Chacón Pinto, Edna Rosario Sierra Ojeda, Andrés Avelino Pinto Rodríguez, Pedro
Antonio Cantillo Meza, Sulay Elena Pinto Noriega, Myeisy Sofia Pinto Noriega, Eleyda Beatriz Pinto Sierra, Dayris
Danellis Pinto Sierra, Alcides Avelino Pinto Sierra, Luis Vicente Pinto Sierra, Alfredo Manuel Pinto Sierra, Deivis Jesús
Pinto Noriega, Yeiber Segundo Pinto Noriega, Marleidis Pinto Noriega y Eduardo Rafael Pinto Noriega.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación número: 11001-03-26-000-2020-00098-00 (66157)
Demandante: Alfonso Enrique Hernández Ibáñez y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional
– Policía Nacional
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
Decisión: Declara infundado el recurso
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2. Las afirmaciones que sustentan las pretensiones se resumen así: el 4 de
octubre de 2014, Alfonso Jesús Hernández Pinto (hijo de la víctima directa)
era perseguido por agentes de la Policía, mientras disparaban sin tener en
cuenta los protocolos de seguridad. Uno de los proyectiles impactó el
abdomen de su madre Glenda María Pinto Sierra. Esto le provocó la muerte.

3. Los agentes Hernán Elias de Aguas y Luis Pernett Carrillo abusaron de su
poder, se extralimitaron y usaron de forma desmedida e innecesaria la
fuerza contra la población civil. La entidad demandada debe responder
porque la muerte la causó un arma de dotación oficial.

1.2. Posición de la parte demandada

4. La Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional se opuso a las
pretensiones de la demanda, porque el daño lo provocó Alfonso Jesús
Hernández Pinto, quien “agredió de manera irrespetuosa y beligerante a los
miembros de la Policía Nacional y del Ejército Nacional mediante el
lanzamiento de piedras y demás objetos contundentes en contra de su
humanidad, ingresando posteriormente a su vivienda donde procedió a
sacar su arma hechiza la cual accionó después de haberse subido al techo
de la vivienda saliendo lesionada su señora madre Glenda María Pinto Sierra
(Q.E.P.D) en la región intercostal derecho lo cual obligó a que fuera
trasladada en una patrulla de la institución policial de manera inmediata
como gesto humanitario y garante de su vida al centro asistencial más
cercano falleciendo posteriormente a causa de las heridas producidas por
su propio hijo, razón que obligó a los miembros de la Policía Nacional a
ingresar a la vivienda de la occisa con el objeto de capturar al agresor quien
se dio a la huida una vez causado el daño saltando los patios vecinos,
situación que obligó a los policías a solicitar permiso a los propietarios de la
viviendas vecinas de posible refugio, siendo capturado al interior de una de
estas viviendas debajo de un camarote y siendo hallada el arma de fuego
causante de la muerte de la occisa la cual había sido dispara minutos
antes”.

5. La Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional2 se opuso a las
pretensiones de la demandada, porque la muerte de la víctima directa la
provocó su hijo. En consecuencia, se rompió en nexo de causalidad.

1.3. Sentencia de primera instancia y trámite relevante

6. El Juzgado Octavo Administrativo Oral de Barranquilla dictó Sentencia de
3 de mayo de 2018, que negó las pretensiones de la demanda, porque “se
configuró la causal eximente de responsabilidad denominada hecho
exclusivo y determinante de un tercero”.

2 Mediante Auto de 27 de septiembre de 2016 el Ejército Nacional fue integrado al proceso como litisconsorte

necesario.

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Demandante: Alfonso Enrique Hernández Ibáñez y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional
– Policía Nacional
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
Decisión: Declara infundado el recurso
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7. Resaltó que la parte demandante señaló que el “testimonio del agente
Luis Fernando Pernett Carillo no era veraz ni confiable pues de acuerdo con
los testimonios rendidos por Cindy Paola Roqueme y Antonio Santos Ríos se
infiere que quien dispara es el señor agente”. Al respecto, el Juzgado resolvió
que “no ha[bía] lugar a declarar la prosperidad de la tacha del testimonio,
habida cuenta que el declarante hizo parte del operativo que dio lugar al
proceso bajo estudio, y por tanto puede dar cuenta de las circunstancias
de tiempo, modo y lugar”. Asimismo, encontró que dicho testimonio
concordaba con otros medios probatorios del proceso.

8. Determinó que “la parte demandante no acreditó que el hecho dañoso
hubiese provenido del actuar de alguno de los agentes del Estado que allí
se encontraban presentes y por el contrario de las pesquisas que se
realizaron posterior a la lesión propinada a la señora Pinto Sierra (QEPD), así
como a la aprehensión del señor Alfonso Ibáñez Pinto con un arma que
había sido accionada, permiten inferir a este despacho que el hecho
dañoso provino de este último sujeto. Circunstancia que releva al Estado de
responsabilidad por la causal eximente de culpa exclusiva de un tercero,
que en este caso particular también hacer parte de la parte activa del
proceso junto con los demás miembros de su familia”.

1.4. Sentencia de segunda instancia y trámite relevante

9. El Tribunal Administrativo de Atlántico profirió la Sentencia de 21 de junio
2019, que confirmó el fallo de primera instancia. Concluyó que no había
“lugar a declarar la responsabilidad de la Policía Nacional, por cuanto la
parte demandante no allegó elementos probatorios convincentes, que
lograran demostrar que la muerte de la señora Glenda María Pinto Serra,
fuera producto de un mal procedimiento policial, y mucho menos que haya
sido por el uso indebido del arma de dotación oficial de los agentes”.

10. Determinó que no existía una prueba que condujera a la “certeza de
que fue uno de los agentes de la policía quien disparó a la humanidad de
la señora Glenda María Pinto Sierra, contrario a las afirmaciones de los
demandantes, dentro del proceso las pruebas que obran van encaminadas
a que quien accionó el arma de fuego fue el joven Alfonso Enrique
Hernández Ibáñez, pues los testimonios afirman que luego de escuchar la
detonación se observó al joven montado en el techo de su casa con un
arma de fuego en la mano este suceso no es solo relatado por los policías,
sino también por dos testigos cercano al lugar. También está probado que
le fue hallada al hijo de la víctima, el joven Alfonso Enrique Hernández Ibáñez
un arma de fuego de fabricación artesanal, siendo dejado a la disposición
de la autoridad competente, para las respectivas investigaciones, por los
delitos de porte ilegal de arma y homicidio”.

11. Respecto de los testimonios de Cindy Paola Roqueme y Antonio Santos
Ríos, el Tribunal concluyó que “los mismos resulta[ban] confusos al momento
de narrar lo ocurrido en el momento de escuchar la detonación y
posteriormente advertir la herida de la señora Glenda Pinto Sierra, es más

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Referencia: Recurso extraordinario de revisión
Decisión: Declara infundado el recurso
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ninguno de ellos tiene la certeza de que efectivamente fue un agente de la
policía quien disparó en la humanidad de la señora Pinto Sierra”. Por lo tanto,
confirmó la negación de las pretensiones del fallo de primera instancia.

1.5. Recurso extraordinario de revisión y trámite relevante

12. El 23 de septiembre de 2020, la parte demandante interpuso recurso
extraordinario de revisión contra el fallo de segunda instancia, con
fundamento en el numeral 2 del artículo 250 CPACA, que alude a la causal
de haberse dictado sentencia con fundamento en documentos falsos o
adulterados.

13. Los recurrentes consideraron que la providencia fue “violatoria de los
derechos fundamentales y constitucionales tales como el debido proceso,
la igualdad, la seguridad jurídica, existen muchas irregularidades procesales,
defectos orgánicos, sustantivos, procedimentales, fácticos, errores
inducidos, decisión sin motivación acorde con el caso particular”.

14. Ambas instancias se equivocaron por error inducido, por el agente de
policía Luis Fernando Pernett Carillo, quien “en su informe administrativo y a
lo largo del proceso penal y del proceso administrativo mintió para evadir su
responsabilidad en el asesinato, los perjuicios o daños causados a los
accionantes con la muerte de la señora Glenda”. Precisaron que ambas
instancias “le dieron valor probatorio a los informes y a las declaraciones del
agente de la policía Luis Fernando Pernett Carrillo, sabiendo que era
sospechosa, de mala fe, amañada, viciada de errores, peligrosa para evitar
la responsabilidad”.

15. Solicitaron que el Consejo de Estado revisara “profundamente todas las
pruebas aportadas, solicitadas, actuaciones judiciales y procedan con
forme a la ley y la jurisprudencia e infirmen la providencia atacada, por
violatoria de derechos fundamentales constitucionales, para que con la
misma se condene” a la entidad demandada.

16. Sostuvieron que “la interpretación que realiza[ron] los falladores tanto de
primera como de segunda instancia no es acertada”. Manifestaron que no
era posible negar las pretensiones de la demanda sin ponderar los
testimonios rendidos por Cindy Roqueme Tapias, quien vio cuando el agente
de policía disparó, y por Antonio Santos Ríos, quien también afirmó que un
policía le disparó a la víctima en su abdomen. Los recurrentes pidieron darle
“todo el valor probatorio a los testimonios rendidos por Cindy Paola
Roqueme y Antonio Santos Ríos”.

17. A partir de la interpretación de los testimonios, los recurrentes dedujeron
que “1. En la escena de los hechos concurrieron vecinos del sector que
grababan. 2. Que alias “el Líder” hijo de la señora Glenda no estaba
armado, ni nadie de la comunidad. 3. Que la señora Glenda toma a su hijo
“el Líder” y lo refugia en el inmueble. 4. Que, al momento del disparo,
espacialmente se encontraban ubicados a la entrada del inmueble el
policía que dispara, en medio la señora Glenda, tratando de cerrar la reja y

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Referencia: Recurso extraordinario de revisión
Decisión: Declara infundado el recurso
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detrás de ella su hijo alias “el Líder”. 5. Que el agente de policía que intenta
entrar al inmueble saca un arma la introduce por la reja y dispara. 6. Que el
disparo realizado por el agente impacta en el abdomen de la señora
Glenda. 7. La señora Glenda sale de su casa diciéndole al policía que
disparó que este le había dado un tiro. 8. Que quien mata a la señora
Glenda es el agente que se encuentra intentando entrar al inmueble. 9. Que
alias “el Líder” se encontraba detrás de su madre, completamente
desarmada al momento que el agente dispara e impacta a la señora
Glenda”.

18. Manifestaron que el agente Luis Fernando Pernett admitió que Alfonso
Jesús Hernández Pinto (“el Líder” o hijo de la víctima) no tenía armas, ni
drogas cuando lo requisaron, pero “por arte de magia le apareció un chopó
(arma hechiza) según disparando por este (…) no existe prueba que muestre
(…) que tenía restos de pólvora en sus manos demostrando que no es como
lo pretende hacer ver el juez y pido que se revise en que conducta pudo
incurrir su señoría con afirmaciones hechas por este”. Por este motivo,
solicitaron que fueran analizados “los testimonios rendidos los cuales no
fueron valorados” por ninguna de las instancias.

19. A lo largo del escrito los recurrentes resaltaron las contradicciones de las
declaraciones del agente Luis Fernando Pernett Carillo, pues primero afirmó
que escuchó un disparo cuando hablaba con la víctima y que “el Líder”
portaba un arma de fuego. Lo anterior, “es complemente falso, pretende
hacer caer en error al despacho (…) ya que en momentos anteriores de la
misma diligencia aseguró que al requisarlo (…) este no estaba armado, al
minuto 25:15 (escuchar audio) este manifiesta que hizo seguimiento en su
red social Facebook lo que es totalmente ilegal”.

20. Resaltaron que el “testimonio del agente Luis Fernando Pernett Carrillo no
es veraz ni confiable, pues de acuerdo a los testimonios rendidos por Cindy
Paola Roqueme y Antonia Santos Ríos, se infiere que quien dispara es el señor
agente Luis Fernando Pernett Carrillo, quien pretende ingresar y de forma
desmedida ingresa su brazo y dispara un arma en tal sentido esto lo
convierte en un testigo sospechosos que busca adecuar su declaración en
razón del interés de que no se sepa la verdad, circunstancias que afectan
su credibilidad o imparcialidad (…) pido su señoría no se le de credibilidad
al testimonio rendido por el agente Luis Fernando Pernett Carrillo por las
inconsistencias dadas”.

21. El Ministerio Público emitió concepto en que solicitó declarar infundado
el recurso extraordinario de revisión. Adujo que no se configuró la causal
alegada, porque la parte recurrente centró su análisis en cuestionar la
interpretación de los testimonios. Advirtió que la prueba documental no fue
determinante en la decisión. Indicó que no se acreditó la falsedad o
adulteración de los documentos, pues los recurrentes se limitaron a criticar
la interpretación que realizó el juez de segunda instancia sobre los
testimonios. Los argumentos expuestos son una reiteración de la defensa
empleada a lo largo de ambas instancias del proceso ordinario.

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Radicación número: 11001-03-26-000-2020-00098-00 (66157)
Demandante: Alfonso Enrique Hernández Ibáñez y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional
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Referencia: Recurso extraordinario de revisión
Decisión: Declara infundado el recurso
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2. CONSIDERACIONES

Contenido: 2.1. Síntesis de la controversia y decisiones que se adoptarán, 2.2. Alcance del
recurso extraordinario de revisión, 2.3. Análisis de la causal invocada y, 2.4. Costas.

2.1. Síntesis de la controversia y decisiones que se adoptaran

22. La Sala se pronunciará de fondo sobre el asunto porque el recurso se
interpuso dentro de la oportunidad3 prevista en el artículo 251 del CPACA.
Declarará infundado el recurso de revisión contra la Sentencia de 21 de junio
de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo de Atlántico, porque no se
configuró la causal invocada.

2.2. Alcance del recurso extraordinario de revisión

23. El recurso extraordinario de revisión es un medio de impugnación que
sirve para exceptuar el principio de cosa juzgada, porque permite
controvertir fallos ejecutoriados4, a partir de las causales expresamente
establecidas por el legislador5 o por el constituyente.

24. Este medio de impugnación extraordinario no es una oportunidad
procesal para reabrir un debate propio de las instancias6, ni para suplir las
deficiencias probatorias o argumentativas que hayan podido presentarse
durante el trámite del proceso. Este recurso exige una amplia carga
argumentativa del recurrente, pues esta debe hacerse de manera técnica,
precisa y razonada. Tampoco sirve como un instrumento procesal para
cuestionar la actividad interpretativa del juez7, ni para corregir los errores por
la inadecuada valoración de las pruebas o por la indebida aplicación del
derecho.

2.3. Análisis de la causal invocada

25. El numeral 2 del artículo 250 del CPACA establece como causal de
revisión “haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos
falsos o adulterados”.

3El 12 de julio de 2019 quedó ejecutoriada la sentencia recurrida y, en atención a la suspensión de términos
decretada entre el 16 de marzo y el 30 de junio de 2020, el término para interponer la demanda vencía el 28 de
octubre de 2020. Como quiera que el recurso fue interpuesto el 26 de septiembre de 2020 resulta oportuno.
4 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 20 de octubre de 2009, Radicado

11001-03-15-000-2003-00133-00 (REV) y Sección Tercera, Subsección B, Sentencia de 29 de agosto de 2014,
Radicado 34016.
5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 26 de noviembre de

2018, Radicado 11001-03-24-000-2009-00616-00 (REV).
6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia de 29 de

abril de 2015, Radicado 25000-23-26-000-1999-00319-01(26239. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, Sentencia de 04 de octubre de 2018, Radicado 05001-23-31-000-
2002-01074-01(0372-12).
7 Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 10 de diciembre de 2010, Radicado 11001-03-15-000-

2008-00480-00 (REV).

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Demandante: Alfonso Enrique Hernández Ibáñez y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional
– Policía Nacional
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
Decisión: Declara infundado el recurso
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26. La jurisprudencia de lo contencioso administrativo ha sostenido que debe
tratarse de una prueba documental8 falsa o adulterada, que haya sido
determinante para proferir el fallo recurrido, esto es, que “sin su conceso, sin
su incidencia, el fallo se hubiera tomado en otro sentido”9. Por lo tanto, la
falsedad o adulteración no se predica de cualquier documento dentro del
proceso10, sino de un documento decisivo para el sentido de la decisión.

27. El recurrente tiene una alta carga argumentativa al momento de
interponer el recurso extraordinario, porque debe demostrar la manera en
que los documentos acusados incidieron de forma directa e irrefutable en
la estructuración del fallo. No basta el simple señalamiento de los
documentos aducidos11, sino que, de manera rigurosa, precisa y
comparativa, debe explicar las razones por las cuales dichas pruebas
adquieren la calidad de falsas o adulteradas12, para luego determinar si
estas tenían la potencialidad suficiente para cambiar el sentido de la
decisión adoptada13.

28. Se advierte que, el juez de lo contencioso administrativo es competente
para establecer la autenticidad o falsedad de los documentos, pues no se
exige la prejudicialidad penal. El juez de revisión se restringe a realizar un
análisis objetivo y riguroso de las pruebas, sin hacer una valoración de la
responsabilidad personal de los autores. De hecho, tiene el deber de remitir
copias a las autoridades competentes, en caso de encontrar que podría
haberse configurado un delito o una falta disciplinaria14.

29. La Sala encuentra que no se configuró la causal invocada, porque el
recurso de revisión no cumplió con la carga argumentativa requerida, pues
los recurrentes no explicaron la manera en que las pruebas documentales
acusadas incidían de forma determinante en la adopción de una decisión

8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia del 05 de

octubre de 2016, Radicado (41222) “la causal primera del artículo 188 del C.C.A. alude únicamente a documentos,
de modo que no se extiende a los demás medios de prueba de que trata el artículo 175 del C. de P.C., esto es, la
declaración de parte, el juramento, el testimonio de terceros, el dictamen pericial, la inspección judicial, los indicios
“y cualesquiera otros medios que sean útiles para la formación del convencimiento del juez”.
9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 26 de febrero de 2013, Radicado

11001-03-15-000-2008-00638-00(REV). Esta interpretación ha sido acogida para interpretar las causales contenidas
en el artículo 250 del CPACA. Para tales efectos, ver Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, Sala 14 Especial de Decisión, Sentencia de 2 de abril de 2019, Radicado 11001-03-15-000-2007-
00383-00 (REV) y Sala Segunda Especial de Decisión, Sentencia de 4 de mayo de 2021, Radicado 11001-03-15-000-
2018-04503-00(REV).
10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 15 de julio de 2010, Radicado

52001-23-31-000-2007-00267-01 “(…) además de la cualificación de falsedad o adulteración que padezca el
documento o la prueba de que se trate, no se trata de cualquier medio de convicción sino de aquel que sirvió de
pilar fundante a la decisión. En efecto debe tratarse de una falsedad inherente a la prueba documental producida
y considerada en el proceso y que haya formado parte del proceso con carácter tan decisivo, que él haya sido
la causa única para que la sentencia resulte de ese contenido.”
11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Subsección B, Sentencia de 23 de noviembre de 2022,

Radicado 51114.
12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala 1, Sentencia del 06 de junio de 2017, Radicado

11001-03-15-000-2011-00050-00(REV) “(…) la falsedad de documento puede ser material, esto es, la alteración física
del contenido de un documento con valor probatorio; o ideológica, que implica consignar en el mismo hecho
que no corresponden a la verdad, para demostrar lo que realmente no ocurrió. Para llegar a la conclusión que el
documento es falso, el juez que estudia el recurso extraordinario de revisión debe hacer un análisis riguroso"
13 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala 14 Especial de Decisión, Sentencia de 2

de abril de 2019, Radicado 11001-03-15-000-2007-00383-00 (REV).
14 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala 8 Especial de Decisión, Sentencia de junio

de 2015, Radicado 11001-03-15-000-2005-00560-00(REV). “(…) la procedencia de esta causal la norma no exige la
prejudicialidad penal, por lo que será el Consejo de Estado al desatar el recurso de revisión a quien le
corresponderá determinar si la sentencia se dictó con base en documentos falsos o adulterados. (…) Entonces,
teniendo en cuenta lo anterior y que la finalidad de la causal 1ª es que la sentencia esté conforme a derecho
frente a hechos delictivos o fraudulentos, la Sala echa de menos la indicación concreta o la individualización de
cuál o cuáles son los documentos falsos o adulterados que sirvieron de fundamento a la decisión impugnada,
carga procesal que corresponde al recurrente.”.

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en un sentido diferente. No bastaba un simple señalamiento de la prueba
documental.

30. Los recurrentes afirmaron que los informes de la policía y los testimonios
de los agentes eran falsos, pero se concentraron en cuestionar
exclusivamente el valor probatorio de las pruebas testimoniales, a pesar de
que la causal no resulta aplicable frente a este tipo de elementos de
pruebas.

31. Los recurrentes no podían predicar la falsedad o adulteración sobre
documentos que no tuvieron incidencia determinante en la decisión
recurrida para acreditar la causal de revisión invocada, porque es evidente
que las pruebas testimoniales fueron las únicas determinantes para negar las
pretensiones de la demanda en ambas instancias. De hecho, es por esta
razón que los recurrentes se concentraron en desvirtuar únicamente la
veracidad de los testimonios aportados en el proceso ordinario.

32. Con independencia de los argumentos relacionados con la veracidad
de los testimonios, la Sala advierte que la causal invocada procede
exclusivamente respecto de los documentos y no las declaraciones y/o
testimonios. Aunque los testimonios consten por escrito y se aporten de esa
manera, la forma de presentarlos no muta su naturaleza a una prueba de
carácter documental, toda vez que la información declarada por el testigo
sobre los hechos es lo relevante en términos probatorios, más que el medio
en que se materializa su contenido.

33. La Sala advierte que el cuestionamiento de los recurrentes se centró en
reprochar la valoración probatoria y el razonamiento adoptado por ambas
instancias, aspecto que demuestra la falta de técnica del recurso porque
corresponde a un debate del proceso ordinario. Incluso, replica de forma
idéntica los argumentos expuestos en los alegatos de conclusión y el recurso
de apelación, estrategia de defensa que revela la intención clara de
convertir el recurso extraordinario de revisión en una tercera instancia. No
obstante, se recuerda que la impugnación extraordinaria no es un medio de
defensa que sirva para corregir las falencias argumentativas y/o probatorias
de las partes.

34. La Sala encuentra que, el recurrente realizó una revaloración de las
pruebas testimoniales, cuestionó el razonamiento de los jueces de ambas
instancias y propuso la forma en que debía interpretarse el acervo
probatorio, aspectos que exceden la naturaleza extraordinaria del recurso
de revisión. Por lo tanto, se declarará infundada la impugnación
extraordinaria.

2.4 Costas

35. De conformidad con el artículo 188 del CPACA, vigente al momento de
la presentación del recurso15, la Sala condenará en costas a la parte

15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia de 11 de

octubre de 2021, Radicado 63217. “(…) los recurrentes [deberán] ser condenados en costas no con fundamento

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Referencia: Recurso extraordinario de revisión
Decisión: Declara infundado el recurso
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recurrente y no fijará agencias porque las demandadas no nombraron
apoderado en el proceso de revisión16, ni ejercieron una defensa activa de
sus intereses.

3. DECISIÓN

36. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión contra
la Sentencia de 21 de junio de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo
de Atlántico, dentro del proceso de reparación directa.

SEGUNDA: CONDENAR EN COSTAS a la parte recurrente. Por Secretaría
liquidar sin incluir agencias en derecho debido a que no se causaron.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia devolver el expediente.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ

Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA

en el artículo 255 del CPACA sino con apoyo en el artículo 188 de la misma codificación toda vez que para la
fecha de presentación del recurso -lo cual se hace a través de una nueva demanda- no había sido expedida la
Ley 2080 de 2021 que expresamente estableció que la sentencia que lo declare infundado condenará en costas
y perjuicios al recurrente”.
16 En otros eventos similares esta Corporación también ha decidido no fijar agencias en derecho. Ver, Consejo de

Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia de 26 de enero de 2022,
Radicado 61283. “En este caso concreto no se fijarán agencias en derecho porque la entidad territorial
demandada ni siquiera designó apoderado para que atendiera el proceso, motivo por el cual se advierte que no
se causaron”.

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