Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2024-00203-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2024-00203-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2024-00203-00
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
5 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., cinco (5) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
Radicado: 11001-03-25-000-2024-00203-00 (2977-2024)
Demandante: Edgardo Caicedo Rivas
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social1
Providencia Sentencia del 15 de febrero de 2024, proferida por el Tribunal
recurrida: Administrativo del Valle del Cauca
Tema: Causal 8 de revisión del artículo 250 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
2
Administrativo . Sentencia contraria a decisión anterior
ejecutoriada que hizo tránsito a cosa juzgada entre las partes.
Sentencia de revisión
Asunto
La Sala decide el recurso extraordinario de revisión interpuesto por Edgardo
Caicedo Rivas contra la sentencia del 15 de febrero de 2024 proferida por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, dentro del proceso ejecutivo
promovido en contra de la Ugpp.
1. Antecedentes
1.1. La demanda3
1. Edgardo Caicedo Rivas presentó demanda ejecutiva, en orden a que se librara
mandamiento de pago en contra de la Ugpp por la suma de $198.563.909, por
concepto de los descuentos efectuados a su mesada pensional a partir del 2 de
febrero de 2004 hasta el 31 de julio de 2018, con fundamento en la sentencia de
segunda instancia del 23 de febrero de 2017 proferida por el Tribunal
Administrativo del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
2. Asimismo, decretar el embargo y retención de los dineros de la ejecutada que
estuvieran depositados en las cuentas corrientes 110026001685, 110026001404
y 110026001370, todas del Banco Popular.
1 En lo que sigue Ugpp.
2 En adelante CPACA.
3 Samai Juzgado Administrativo de Buenaventura (radicado: 76109333300120200010700), índice
11, actuación «Incorpora expediente digitalizado», documento «6Incorpora
exped_LINKEXPEDIENTE202000(.pdf) NroActua 11», archivo
«6_Incorporaexped_LINKEXPEDIENTE202000_0_20240722115609410», link
«76109333300120200010700», archivo «01SolicitudEjecucionSentencia-Anexos.pdf».
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Radicado: 11001-03-25-000-2024-00203-00 (2977-2024)
Demandante: Edgardo Caicedo Rivas
1.1.1. Fundamentos fácticos
3. Como hechos relevantes, se señalaron los siguientes:
3.1. A través de sentencia del 23 de febrero de 2017, el Tribunal Administrativo del
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que conoció del recurso
de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia conforme con las
reglas de reparto y organización vigentes en la Jurisdicción de lo Contencioso-
administrativo, revocó la sentencia 160 del 30 de septiembre de 2012 proferida por
el Juzgado Primero Administrativo de Buenaventura y, en su lugar, declaró la
nulidad de la Resolución 84 del 20 de enero de 2004 «(p)or la cual se condena a unos
pensionados a pagar el valor de la cotización de los servicios médicos», en lo que
respecta a Edgardo Caicedo Rivas.
3.2. A título de restablecimiento del derecho, ordenó al grupo interno de trabajo para
la gestión del pasivo social de puertos de Colombia, área de prestaciones, efectuar
el pago de las sumas correspondientes a las diferencias originadas en los
descuentos practicados a su mesada pensional desde el 2 de febrero de 2004,
junto con el respectivo ajuste monetario, en los términos del artículo 178 del Código
Contencioso Administrativo, hasta la fecha de ejecutoria de la providencia.
3.3. Según constancia secretarial del Juzgado Primero Administrativo Mixto del
Circuito de Buenaventura la referida providencia quedó ejecutoriada el 19 de mayo
de 2017.
3.4. El 26 de septiembre de 2017, Edgardo Caicedo Rivas solicitó a la Ugpp el
cumplimiento del fallo; no obstante, transcurrieron más de 12 meses sin que la
entidad diera cumplimiento a la orden judicial.
3.5. Después de solicitar la revisión ante el Consejo de Estado e interponer acción
de tutela ante esa corporación, la Ugpp expidió la resolución RDP 02201 del 15 de
junio de 2018, mediante la cual ordenó a la Subdirección de Nómina cesar los
descuentos por concepto de salud en la mesada pensional del actor.
3.6. El 31 de julio de 2018, Edgardo Caicedo Rivas indicó que la Ugpp le adeudaba
la suma de $198.563.909, conforme con lo ordenado en la sentencia de segunda
instancia. Como anexo, se allegó la respectiva tabla de indexación de los
descuentos efectuados a la mesada pensional.
1.2. Sentencia de primera instancia4
4. Mediante sentencia proferida el 31 de mayo de 2021 el Juzgado Primero
Administrativo Mixto del Circuito Judicial de Buenaventura declaró no probada la
excepción de «compensación» formulada por la entidad ejecutada; ordenó seguir
adelante con la ejecución por la suma de $198.563.909, por concepto de los
descuentos efectuados a la mesada pensional del demandante entre el 2 de
febrero de 2004 y el 31 de julio de 2018; dispuso la liquidación del crédito, de
4 Samai, índice 3, actuación «DEMANDA POR VENTANILLA VIRTUAL», documento
«7_DemandaWeb_Anexos(.pdf) NroActua 3», folios 30 a 34.
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Demandante: Edgardo Caicedo Rivas
conformidad con lo previsto en el artículo 446 del Código General del Proceso 5,
con el descuento de los pagos que hubieren sido realizados al ejecutante; y
condenó en costas a la parte ejecutada.
5. Asimismo, fijó como agencias en derecho el 5% de los valores que se ordenaba
pagar, de conformidad con lo previsto en el artículo 365 del CGP, suma que debía
incluirse en la respectiva liquidación de costas; y dispuso que, con los dineros que
se recaudaran, se pagara al acreedor ejecutante, una vez en firme la liquidación
del crédito, tanto el capital adeudado como las costas hasta su ocurrencia, y ordenó
que cualquier excedente se entregara al ejecutado, siempre que no existiera
embargo de remanentes perfeccionado por el despacho judicial u otro.
6. Para el efecto, consideró lo siguiente:
6.1. De conformidad con el artículo 1714 del Código Civil, la compensación operaba
cuando 2 personas eran recíprocamente deudoras y acreedoras, circunstancia que
no se acreditó en el proceso, toda vez que la parte ejecutada no aportó prueba que
demostrara la existencia actual, clara y exigible de la obligación alegada en cabeza
del ejecutante. En consecuencia, no era procedente declarar probada la excepción
de compensación.
6.2. En relación con los presupuestos procesales y materiales, la demanda cumplía
con los requisitos previstos en los artículos 162 y 299 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo6, así como en los artículos 305,
306 y 440 del CGP aplicables por remisión expresa.
6.3. Las partes contaban con capacidad para actuar y comparecer al proceso, en
tanto el demandante, como persona natural, y la entidad demandada, como
persona jurídica, tenían capacidad de goce y ejercicio, y actuaban a través de
apoderado judicial.
6.4. De conformidad con el numeral 6 del artículo 104 del CPACA, correspondía a
la jurisdicción de lo contencioso-administrativo conocer de los procesos ejecutivos
derivados de las condenas judiciales proferidas en esa jurisdicción, y el juzgado
era competente por razón del territorio y la naturaleza de la obligación.
6.5. En cuanto a la legitimación en la causa, las partes se encontraban debidamente
habilitadas como sujeto activo y pasivo de la acción ejecutiva, pues el título
incorporaba una obligación clara, expresa y exigible a cargo de la entidad
demandada y a favor del ejecutante.
6.6. La sentencia del 23 de febrero del 2017 constituía el título ejecutivo complejo,
debidamente ejecutoriado el 19 de mayo de 2017, del cual se derivaba la obligación
de pagar sumas líquidas de dinero. Además, no procedía ordenar una nueva
indexación, por cuanto la providencia base de la liquidación ya había dispuesto la
actualización mes a mes de las sumas adeudadas.
5 En lo sucesivo CGP.
6 En lo que sigue CPACA.
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6.7. Era procedente fijar las agencias en derecho en un 5% del valor ordenado en
la sentencia, porcentaje que se aplicaría sobre las sumas definitivas una vez
practicada la liquidación del crédito.
1.3. El recurso de apelación7
7. La Ugpp interpuso recurso de apelación, en el cual solicitó que se revocara la
sentencia de primera instancia y, en su lugar, se denegaran las súplicas del escrito
inicial, con sustento en los argumentos que se sintetizan a continuación:
7.1. El a quo desconoció los antecedentes administrativos y judiciales relacionados
con la situación pensional de Edgardo Caicedo Rivas. El actor adquirió el estatus
pensional el 12 de julio de 1991 y su mesada fue objeto de múltiples
reconocimientos, reajustes, modificaciones y decisiones posteriores tanto por parte
de Foncolpuertos como el Grupo Interno de Trabajo para la Gestión de Pasivo
Social de Puertos de Colombia.
7.2. A lo largo del tiempo se expidieron diversas resoluciones mediante las cuales
se reconocieron reajustes, se ordenaron pagos derivados de conciliaciones y
sentencias judiciales, se aplicaron topes máximos pensionales y, posteriormente,
se dispuso el descuento de valores pagados en exceso, incluidos aquellos
relacionados con aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud.
7.3. Algunas de dichas resoluciones fueron suspendidas o dejadas sin efectos en
virtud de decisiones penales y actuaciones adelantadas por la Fiscalía, lo que dio
lugar a actos administrativos posteriores de la Ugpp encaminados a ajustar la
mesada a los topes legales y suspender efectos jurídicos y económicos de
determinados actos anteriores.
7.4. En cumplimiento de la sentencia del 23 de febrero de 2017 proferida por el
Tribunal Administrativo del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina, la entidad expidió la Resolución RDP 022201 del 15 de junio de 2018,
que ordenó cesar los descuentos por concepto de salud, los cuales fueron
efectivamente suspendidos a partir de octubre de 2018, según reporte del Fondo
de Pensiones del Nivel Nacional8.
7.5. Sin embargo, el reintegro de las sumas descontadas no correspondía a la Ugpp
sino al Fondo Pasivo Social de Ferrocarriles de Colombia, por ser la entidad que
recibió los recursos por concepto de salud. Además, existía imposibilidad jurídica
para efectuar el pago del retroactivo, en razón a que cursaba una acción
extraordinaria de revisión ante el Consejo de Estado contra la sentencia base de
la ejecución, así como un medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho.
7 Samai Juzgado Administrativo de Buenaventura (radicado: 76109333300120200010700), índice
11, actuación «Incorpora expediente digitalizado», documento «6Incorpora
exped_LINKEXPEDIENTE202000(.pdf) NroActua 11», archivo
«6_Incorporaexped_LINKEXPEDIENTE202000_0_20240722115609410», link
«76109333300120200010700», archivo «27RecursoApelación».
8 En lo siguiente Fopep.
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7.6. Así las cosas, ordenar el pago del retroactivo, pese a esas circunstancias,
implicaría un riesgo para el erario y una extralimitación funcional.
1.4. Sentencia de segunda instancia objeto de revisión9
8. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en sentencia del 15 de febrero de
2024 revocó la sentencia de primera instancia, declaró probada de oficio la
excepción de inexistencia del título ejecutivo respecto de la Ugpp, ordenó el
levantamiento de las medidas decretadas contra la parte ejecutada y se abstuvo
de condenar en costas.
9. Para el efecto, luego de realizar un recuento legal y jurisprudencial aplicable al
asunto, fundamentó su decisión en lo siguiente:
9.1. La sentencia base de recaudo ordenó al Grupo Interno de Trabajo para la
Gestión del Pasivo Social de Puertos de Colombia, Área de Pensiones, pagar a
Edgardo Caicedo Rivas las sumas correspondientes a las diferencias causadas
por los descuentos efectuados a su mesada pensional a partir del 2 de febrero de
2004.
9.2. Frente a dicha orden, la Ugpp profirió la Resolución RDP 022201 del 15 de junio
de 2018, mediante la cual dispuso remitir el trámite al Fondo Pasivo Social de
Ferrocarriles de Colombia. Esa decisión acogió la interpretación del Comité
Operativo de la entidad de previsión social del 13 de junio de 2018, según la cual
la devolución de los descuentos en salud correspondía al citado fondo, por haber
recibido los aportes y tener a su cargo la prestación de los servicios de salud.
9.3. No obstante, la demanda ejecutiva se dirigió contra la Ugpp y el auto que libró
mandamiento de pago consideró que, a partir del 1 de diciembre de 2011, esa
entidad asumió por sucesión procesal la defensa judicial del Grupo Interno de
Trabajo para la Gestión del Pasivo Social de Puertos de Colombia, en los términos
del artículo 63 del Decreto 4107 de 2011.
9.4. El inciso 2 ibidem dispuso que la Ugpp asumiera el reconocimiento de las
pensiones a cargo de dicho grupo; sin embargo, en la parte final de esa disposición
estableció que las demás reclamaciones pensionales continuarían a cargo del
Ministerio de Salud y Protección Social.
9.5. Con fundamento en esa diferenciación normativa, el reintegro de las sumas
descontadas por concepto de salud constituía una reclamación no pensional, por
tratarse de aportes parafiscales o beneficios convencionales. Así entonces, la
obligación no recaía en la Ugpp, sino en el Ministerio de Salud y Protección Social.
9.6. En este sentido, el título ejecutivo carecía de idoneidad frente a la Ugpp, toda
vez que la sentencia base de recaudo no le impuso una obligación directa y
tampoco era posible derivarla de manera indirecta por vía de sucesión procesal.
Por esta razón, era procedente declarar de oficio la excepción de inexistencia del
9 Samai, índice 3, actuación «DEMANDA POR VENTANILLA VIRTUAL», documento
«7_DemandaWeb_Anexos(.pdf) NroActua 3», folios 35 a 52.
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título ejecutivo respecto de esa entidad y ordenar el levantamiento de las medidas
decretadas en su contra.
9.7. No había lugar a la condena en costas, pues no se acreditó su causación, en
consideración a lo previsto en los artículos 188 del CPACA y 365 del CGP.
1.5. Recurso extraordinario de revisión10
10. Edgardo Caicedo Rivas interpuso recurso extraordinario de revisión en contra
de la sentencia del 15 de febrero de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca. Lo anterior con fundamento en la causal establecida en el
numeral 8 del artículo 250 del CPACA «(s)er la sentencia contraria a otra anterior que
constituya cosa juzgada entre las partes del proceso en que aquella fue dictada. Sin
embargo, no habrá lugar a revisión si en el segundo proceso se propuso la excepción de
cosa juzgada y fue rechazada».
11. El demandante solicitó que se declarara fundado el recurso extraordinario de
revisión al amparo de la causa invocada. En consecuencia, pidió revocar la
sentencia del 15 de febrero de 2024, mediante la cual el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca revocó la sentencia del 31 de mayo de 2021, dictada por el
Juzgado Primero Administrativo Mixto del Circuito de Buenaventura dentro del
proceso ejecutivo «76-109-33-31-001-2010-00080-00 (1)» (sic).
12. Las pretensiones se sustentaron en los siguientes argumentos:
12.1. A través de la sentencia del 23 de febrero de 2017, proferida por el Tribunal
Administrativo del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
dentro del radicado «76-109-33-31-001-2010-00080-00», se revocó la sentencia 160
del 30 de septiembre de 2012, proferida por el Juzgado Primero Administrativo del
Circuito de Buenaventura, mediante la cual se había adoptado una decisión
inhibitoria frente a la legalidad del Oficio GPSPC-AP 354 del 2 de febrero de 2004,
y en su lugar se declaró la nulidad parcial de la Resolución 000084 del 30 de enero
de 2004, en lo que respecta a Edgardo Caicedo Rivas. Como consecuencia, se
ordenó al Grupo Interno de Trabajo para la Gestión del Pasivo Social de Puertos
de Colombia, Área Pensiones, pagar las sumas correspondientes a las diferencias
generadas por los descuentos efectuados a su mesada pensional a partir del 2 de
febrero de 2004, junto con el respectivo ajuste monetario.
12.2. Dicha providencia quedó ejecutoriada el 19 de mayo de 2017, por lo que
adquirió firmeza y produjo efectos de cosa juzgada.
12.3. Con fundamento en esa sentencia, el Juzgado Primero Administrativo Mixto
del Circuito de Buenaventura, mediante la sentencia 00042 del 31 de mayo de
2021, dentro del proceso ejecutivo «76-109-33-33-001-2020-00107-00», declaró no
probada la excepción de compensación propuesta por la entidad ejecutada y
ordenó seguir adelante con la ejecución por la suma correspondiente a los
descuentos efectuados a la mesada pensional del demandante desde el 2 de
febrero de 2004 hasta el 31 de julio de 2018.
10 Samai, índice 3, actuación «DEMANDA POR VENTANILLA VIRTUAL», documento
«3_DemandaWeb_Demanda(.pdf) NroActua 3».
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12.4. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante sentencia del 15 de
febrero de 2024, revocó de «oficio» dicha decisión y declaró probada la excepción
de inexistencia del título ejecutivo respecto de la Ugpp, bajo el argumento de que
la obligación derivada de los descuentos en salud constituía una reclamación no
pensional que debía continuar en cabeza del Ministerio de Salud y Protección
Social, conforme con el artículo 63 del Decreto 4107 de 2011.
12.5. Esta interpretación desconoció que la controversia inicial se originó en el pago
parcial de la pensión reconocida conforme con la convención colectiva aplicable a
los trabajadores de Puertos de Colombia, por lo que las sumas cuya devolución se
ordenó hacían parte integral de la prestación pensional y no constituían una
reclamación autónoma de carácter no pensional.
12.6. El artículo 63 del Decreto 4107 de 2011 dispuso que, a partir del 1 de diciembre
de 2011 la Ugpp asumiría el reconocimiento de las pensiones a cargo del Grupo
Interno de Trabajo para la Gestión del Pasivo Social de Puertos de Colombia, en
iguales términos en que este las venía adelantando, razón por la cual la obligación
derivada de la sentencia del año 2017 quedó radicada en dicha entidad de
previsión social.
12.7. Así las cosas, la sentencia del 15 de febrero de 2024 resultó contraria a la
providencia del 23 de febrero de 2017, que hizo tránsito a cosa juzgada, pues
desconoció el alcance de la condena impuesta y la calidad de obligada de la Ugpp
frente al pago de las diferencias pensionales reconocidas judicialmente. En
consecuencia, se configuraba la causal prevista en el numeral 8 del artículo 250
del CPACA.
1.6. Contestación del recurso extraordinario de revisión11
13. La Ugpp contestó el recurso extraordinario de revisión y solicitó declararlo
infundado, con base en lo siguiente:
13.1. La sentencia objeto de revisión fue la proferida el 15 de febrero de 2024 por
el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que revocó la decisión dictada
dentro del proceso ejecutivo promovido en contra de la Ugpp y declaró probada de
oficio la excepción de inexistencia de título ejecutivo. Dicha providencia concluyó
que la sentencia del 23 de febrero de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo
del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, no impuso
obligación alguna a la Ugpp, sino al Grupo Interno de Trabajo para la Gestión del
Pasivo Social de Puertos de Colombia.
13.2. El título ejecutivo no era claro ni exigible frente a la entidad de previsión social,
pues la obligación derivada de la devolución de descuentos en salud correspondía
a una materia no pensional. Conforme con el artículo 63 del Decreto 4107 de 2011,
en reclamaciones no pensionales la defensa judicial ha correspondido al Ministerio
de la Protección Social, hoy Ministerio del Trabajo.
11 Samai, índice 53, actuación «RECIBE MEMORIALES ONLINE», documento
«40_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-ContestacionRecurso(.pdf) NroActua 53».
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13.3. No existió contradicción entre la sentencia de 2024 y la de 2017, por cuanto
esta última no constituyó cosa juzgada frente a la Ugpp ni le impuso condena. En
consecuencia, no se configuró la causal prevista en el numeral 8 del artículo 250
del CPACA y el recurso debía desestimarse.
1.7. Intervención del Ministerio Público12
14. El procurador delegado ante el Consejo de Estado solicitó declarar infundado el
recurso extraordinario de revisión con fundamento en las siguientes
consideraciones:
14.1. En el caso concreto no se configuraron los presupuestos de la causal prevista
en el numeral 8 del artículo 250 del CPACA, toda vez que no existía identidad de
partes entre la sentencia que sirve de fundamento al recurso y la providencia cuya
revisión se pretende. En el proceso ordinario intervinieron Edgardo Caicedo Rivas
y la Nación, Ministerio de la Protección Social, Grupo Interno de Trabajo para la
Gestión del Pasivo Social de Puertos de Colombia, mientras que en el proceso
ejecutivo la parte demandada fue la Ugpp, entidad que no hizo parte del proceso
declarativo ni fue objeto de condena en esa oportunidad.
14.2. En consecuencia, al no haber existido identidad de partes entre los procesos
comparados, no podía predicarse que la providencia cuya revisión se solicitó fuera
contraria a otra anterior que hubiera hecho tránsito a cosa juzgada entre iguales
sujetos, como lo exige el numeral 8 del artículo 250 del CPACA.
14.3. El Tribunal administrativo del Valle del Cauca declaró la inexistencia del título
ejecutivo frente a la Ugpp, ya que la sentencia declarativa anuló la Resolución 84
del 30 de enero de 2004 y ordenó al Grupo Interno de Trabajo pagar las diferencias
derivadas de los descuentos efectuados a la mesada pensional desde el 2 de
febrero de 2004.
14.4. La controversia versó sobre la devolución de aportes al sistema de salud y no
sobre el reconocimiento pensional. Se trató de una reclamación distinta, cuyo
conocimiento correspondió al Ministerio de la Protección social, hoy Ministerio del
Trabajo, y no a la Ugpp, conforme con el artículo 63 del Decreto 4107 de 2011.
14.5. No concurrieron los requisitos de la causal invocada, toda vez que la sentencia
del 15 de febrero de 2024 no desconoció una decisión previa adoptada entre
idénticas partes ni resultaba contraria a la providencia de 2017 proferida por el
Tribunal Administrativo del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina.
2. Consideraciones
2.1. Competencia
15. Esta Sala es competente para decidir el presente recurso extraordinario de
revisión de conformidad con lo regulado en los artículos 249 del CPACA y 13
12 Samai, índice 11, actuación «RECIBE MEMORIALES ONLINE», documento
«Memorial_FLF_13Concepto(.pdf) NroActua 11».
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Demandante: Edgardo Caicedo Rivas
numeral 3 del Reglamento Interno del Consejo de Estado13, expedido por la Sala
Plena de esta corporación, que estableció «[d]e los recursos de revisión contra las
sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las
secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia».
2.2. Oportunidad
16. En este caso, la sentencia del 15 de febrero de 2024, proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, fue notificada el 22 de febrero de 2024 y quedó
ejecutoriada el 28 de igual mes y año14. Posteriormente, el recurso extraordinario
de revisión fue radicado el 8 de mayo de 202415.
17. De acuerdo con lo anterior, el recurso extraordinario de revisión fue presentado
dentro del año siguiente a la ejecutoria de la sentencia recurrida, tal y como lo
prevé el artículo 251 del CPACA.
2.3. Legitimación en la causa
18. En el asunto objeto de estudio, Edgardo Caicedo Rivas y la Ugpp están
legitimadas para actuar como demandante [el primero] y como demandada [la
última], comoquiera que actuaron con esa misma calidad dentro del proceso
ejecutivo cuya decisión de segunda instancia se pretende controvertir en esta
oportunidad.
2.4. Generalidades del recurso extraordinario de revisión
19. El recurso extraordinario de revisión previsto en el artículo 248 del CPACA es
un medio de impugnación que afecta el principio de la inmutabilidad de las
sentencias ejecutoriadas y, por ende, constituye una excepción al principio de la
cosa juzgada16. Su finalidad es la de invalidar los efectos jurídicos de una
sentencia que se encuentra ejecutoriada17 y persigue el restablecimiento del
criterio de justicia material y la supremacía de las garantías procesales cuando
estas han sido lesionadas en aquella, al ocurrir alguna de las causales por las
cuales procede, establecidas en la ley. Tiene 2 características principales:
20. La primera se refiere a que su naturaleza es excepcional y, por lo tanto, solo
opera por razón de las causales taxativas señaladas en el artículo 250 del CPACA,
en concordancia con el artículo 20 de la Ley 797 de 2003. Estas señalan vicios o
errores de naturaleza procedimental que permiten la revisión de la sentencia
proferida dentro del proceso. En ese orden, para que el juez pueda examinar la
controversia materia del recurso, a quien lo ejerce le corresponde indicar con
precisión cuál es la causal que invoca para invalidar la sentencia recurrida y las
razones de hecho y de derecho que la sustentan.
13 Acuerdo 080 del 12 de marzo de 2019.
14 Así se valoró en el auto admisorio del recurso extraordinario de revisión del 21 de junio de 2024.
Samai, índice 6, actuación «Auto que admite recurso extraordinario de revisión», documento
«8Autoqueadmite_29772024AdmiteRERRec(.pdf) NroActua 6».
15 Samai, índice 3, actuación «DEMANDA POR VENTANILLA VIRTUAL», documento
«3_DemandaWeb_Demanda(.pdf) NroActua 3».
16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Catorce Especial de Decisión.
Sentencia 13 de octubre de 2020. Rad. 11001-03-15-000-2019-00119-00.
17 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda, Subsección A.
Sentencia 15 de marzo de 2018. Rad. 1001-03-25-000-2014-00862-00.
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21. La segunda indica que se trata de un nuevo proceso que tiene por objeto
cuestionar la sentencia proferida dentro de un proceso ordinario y no una nueva
oportunidad para reabrir el debate jurídico, probatorio y/o fáctico propio de las
instancias procesales que ya se han surtido en aquel. Tampoco es una vía para
cuestionar la actividad interpretativa del juez o insistir en la discusión de los
problemas debatidos en el proceso original ni para subsanar las falencias de las
actuaciones procesales de las partes, puesto que no constituye una tercera
instancia.
2.5. Problema jurídico
22. Se circunscribe a resolver el siguiente interrogante:
¿Se configuró la causal prevista en el numeral 8 del artículo 250 del CPACA
en la sentencia del 15 de febrero de 2024, proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, en tanto habría desconocido la sentencia
del 23 de febrero de 2017, dictada por el Tribunal Administrativo del
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina que sirvió como
título ejecutivo?
2.6. La causal de revisión prevista en el numeral 8 del artículo 250 del CPACA
23. El numeral 8 del artículo 250 del CPACA previó como causal de revisión de las
sentencias ejecutoriadas «[s]er la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa
juzgada entre las partes del proceso en que aquella fue dictada. Sin embargo, no habrá
lugar a revisión si en el segundo proceso se propuso la excepción de cosa juzgada y fue
rechazada […]». Con esta causal se busca el respeto por el principio de la seguridad
jurídica, toda vez que se garantiza la existencia de un solo pronunciamiento cuando
se debaten iguales pretensiones entre idénticas personas y por similar causa en
otro proceso. De esta manera, se evita que, respecto de un mismo asunto litigioso
ya definido por una sentencia ejecutoriada, se adelante un nuevo debate y se
profiera otra sentencia que puede ser contraria a la anterior.
24. Para la estructuración de esta causal de revisión se deben tener en cuenta la
concurrencia de los elementos que configuran la cosa juzgada previstos en el
artículo 303 del CGP, aplicable por remisión del artículo 306 del CPACA. Tal norma
señala que «[l]a sentencia ejecutoriada proferida en proceso contencioso tiene fuerza de
cosa juzgada siempre que el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto, se funde en la
misma causa que el anterior y entre ambos procesos haya identidad jurídica de partes
[…]». En consecuencia, la sentencia recurrida debe contener identidad en los 3
elementos antedichos con la sentencia ejecutoriada.
25. De este modo, para que se configure la causal de revisión examinada es
necesario (i) que existan 2 sentencias contradictorias, la ejecutoriada y la recurrida;
(ii) que la sentencia anterior se haya dictado en un proceso en el que hubo
identidad de objeto, de partes y de causa petendi respecto de la segunda sentencia
y que de aquella se predique la cosa juzgada; y (iii) que la cosa juzgada no se haya
alegado como medio exceptivo en el segundo proceso18.
18 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 8 de abril de 2024, radicado
11001-03-26-000-2021-00101-00 (66.980). Sobre el desarrollo de esta causal se puede consultar
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2.7. La configuración de la causal 8 de revisión en el caso concreto
26. En el proceso ejecutivo que culminó con la providencia objeto de revisión, se
desplegaron las siguientes actuaciones relevantes:
26.1. La Ugpp interpuso recurso de apelación contra la sentencia proferida el 31 de
mayo de 2021 por el Juzgado Primero Administrativo Mixto de Buenaventura, que
había ordenado seguir adelante con la ejecución por la suma de $198.563.909, por
concepto de descuentos efectuados a la mesada pensional del demandante, desde
el 2 de febrero de 2004 hasta el 31 de julio de 2018, toda vez que el a quo
desconoció los antecedentes administrativos y judiciales de la situación de aquel.
26.2. Sostuvo que, en cumplimiento de la sentencia del 23 de febrero de 2017,
proferida por el Tribunal Administrativo del Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina, expidió la Resolución RDP 022201 del 15 de junio
de 2018, mediante la cual cesó los descuentos en salud. Sin embargo, el reintegro
de las sumas descontadas no le correspondía a la Ugpp, sino al Fondo Pasivo
Social de Ferrocarriles de Colombia, por ser la entidad que recibió los recursos.
26.3. Además, existía imposibilidad jurídica para ordenar el pago del retroactivo,
toda vez que cursaban una acción extraordinaria de revisión y un proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho contra la sentencia base de la ejecución.
En consecuencia, se debía revocar la decisión y negar las pretensiones ejecutivas.
26.4. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en la sentencia del 15 de febrero
de 2024, expuso el marco jurídico dentro del cual realizó el estudio de los
planteamientos del recurso de apelación, en el siguiente orden:
• «Competencia».
• «Problema jurídico y tesis de la Sala».
• «De lo acreditado en el proceso».
• «Marco Normativo».
• «Generalidades del proceso ejecutivo».
• «Proceso ejecutivo en CPACA».
• «Caso concreto» (sic).
26.5. Acorde con lo anterior, resolvió el caso concreto y, en consecuencia, revocó la
sentencia de primera instancia, declaró probada de oficio la excepción de
inexistencia del título ejecutivo frente a la Ugpp, ordenó el levantamiento de las
medidas cautelares y se abstuvo de condenar en costas. En suma, la corporación
concluyó que la sentencia base de ejecución no impuso obligación a esa entidad
de previsión social.
26.6. Para sustentar su decisión, el tribunal sostuvo que la providencia del 23 de
febrero de 2017 ordenó al Grupo Interno de Trabajo para la Gestión del Pasivo
Social de Puertos de Colombia pagar las diferencias por descuentos en salud.
Conforme con el artículo 63 del Decreto 4107 2011, la Ugpp asumió funciones en
también: Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 28 de julio de 2022, radicado 11001-03-
25-000-2014-01044-00 (3189-2014).
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materia pensional, pero las reclamaciones no pensionales continuaron a cargo del
Ministerio de salud y Protección Social.
26.7. En esas condiciones, la devolución de los descuentos en salud no era exigible
a la Ugpp y era procedente declarar inexistente el título ejecutivo frente a esta
entidad.
2.8. Análisis de la Sala
27. En el presente asunto, Edgardo Caicedo Rivas invocó la causal prevista en el
numeral 8 del artículo 250 del CPACA, al considerar que la sentencia proferida por
el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca el 15 de febrero de 2024 desconoció
el fallo del 23 de febrero de 2017 del Tribunal Administrativo del Archipiélago de
San Andrés, Providencia y Santa Catalina, por medio de la cual se ordenó pagar
las diferencias generadas por los descuentos efectuados a la mesada pensional
desde el 2 de febrero de 2004.
28. Sostuvo que dicha decisión quedó ejecutoriada y produjo efectos de cosa
juzgada, y que la Ugpp, en virtud del artículo 63 del Decreto 4107 de 2011, asumió
el reconocimiento de las obligaciones pensionales del Grupo Interno de Trabajo
Para la Gestión del Pasivo Social de Puertos de Colombia. En esa medida, la
sentencia cuestionada, al haber declarado inexistente el título ejecutivo frente a
esa entidad de previsión social, resultó contraria a la condena previamente
impuesta.
29. Al respecto, se advierte que en el proceso ejecutivo no se alegó la excepción de
cosa juzgada19. Esta circunstancia habilita el análisis del defecto alegado en la
demanda de revisión.
30. La causal prevista en el numeral 8 del artículo 250 del CPACA se configura
cuando la sentencia objeto de revisión es contraria a otra anterior que constituya
cosa juzgada entre las partes del proceso en que aquella fue dictada. Ello supone
la concurrencia de identidad jurídica de partes, de objeto y de causa petendi, en
los términos del artículo 303 del CPACA.
31. Con el propósito de verificar la configuración de la causal, resulta pertinente
efectuar un contraste entre las sentencias del 23 de febrero de 2017 y 15 de febrero
de 2024:
Elemento de
Sentencia del 23 de Sentencia del 15 de Verificación de
la cosa
febrero de 2017 febrero de 2024 requisito
juzgada
No hay identidad
Demandante: Edgardo
subjetiva. La Ugpp no
Caicedo Rivas.
fue parte ni resultó
Demandadas: Nación,
condenada en el
Ministerio de la Ejecutante: Edgardo
Identidad de proceso declarativo. La
Protección Social, Caicedo Rivas
partes discusión sobre su
Grupo Interno de Ejecutado: Ugpp
eventual legitimación
Trabajo para la gestión
derivó de la
del Pasivo Social
interpretación del
Puertos de Colombia
artículo 63 del Decreto
19 Como excepciones se propusieron «FALTA DE LEGITIMACION POR PASIVA» e
«INEXISTENCIA DEL DERECHO A INTERESES MORATORIOS y COMPENSACION».
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4107 de 2011, aspecto
jurídico que fue valorado
por el Tribunal
Administrativo del Valle
del Cauca
No hay identidad de
objeto. En el primer
proceso se debatió la
Pretensión de nulidad Pretensión de
legalidad de un acto
parcial de un acto cumplimiento de una
administrativo; en el
Identidad de administrativo y obligación clara,
segundo, la idoneidad
objeto restablecimiento del expresa y exigible
del título ejecutivo frente
derecho (devolución de contenida en una
a una entidad distinta de
descuentos en salud) sentencia judicial
la condenada en la
sentencia base de
recaudo
No hay identidad de
Fundamentos fácticos causa petendi. El
relacionados con la Fundamento en la proceso ejecutivo no se
Identidad de nulidad del acto sentencia base de sustentó en iguales
causa petendi administrativo que recaudo proferida en el hechos que el
impuso descuentos en proceso declarativo declarativo, sino de en la
salud existencia de una
sentencia previa
32. Del anterior contraste se advierte que no concurren los presupuestos
estructurales de la causal invocada. En efecto, la sentencia del 23 de febrero de
2017 fue proferida dentro de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
en el que intervinieron Edgardo Caicedo Rivas y la Nación, Ministerio de la
Protección Social, Grupo Interno de Trabajo para la Gestión del Pasivo Social de
Puertos de Colombia, y en ella se declaró la nulidad parcial de la Resolución
000084 del 30 de enero de 2004 y se ordenó a dicho grupo pagar las diferencias
derivadas de los descuentos efectuados a la mesada pensional desde el 2 de
febrero de 2004.
33. Por su parte la sentencia del 15 de febrero de 2024 fue dictada dentro de un
proceso ejecutivo promovido contra la Ugpp, entidad que no fue parte en el proceso
declarativo ni resultó condenada en la providencia de 2017. La decisión objeto de
revisión se limitó a examinar la idoneidad del título ejecutivo frente a la entidad
ejecutada y concluyó que la obligación contenida en la sentencia base de recaudo
no le era exigible.
34. En ese contexto, no se presenta identidad subjetiva entre los procesos
comparados, requisito necesario para predicar la existencia de cosa juzgada en
los términos del artículo 303 del CGP. La condena judicial recayó sobre un sujeto
distinto del que fue vinculado como ejecutado en el proceso posterior, lo cual
impide afirmar que la sentencia cuestionada desconociera una decisión anterior
adoptada entre iguales partes.
35. La Ugpp no fue parte en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho ni
resultó destinataria de la condena impuesta en la sentencia del año 2017. Ahora,
si bien el recurrente consideró que esa entidad debía asumir la obligación con
fundamento en el artículo 63 del Decreto 4107 de 2011, fue esta precisamente la
disposición que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca interpretó para
concluir que la obligación correspondía al Ministerio de Salud y Protección Social.
De ahí que, lo que se evidencia es que la inconformidad del actor se circunscribe
a la valoración jurídica efectuada por el juez de instancia.
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36. Tampoco se advierte identidad de objeto entre las providencias comparadas. En
el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho se debatió la legalidad de un
acto administrativo y se pretendió la declaración de nulidad parcial de la Resolución
000084 del 30 de enero de 2004, junto con el restablecimiento del derecho
correspondiente. En cambio, en el proceso ejecutivo se pretendió el cumplimiento
de una obligación clara, expresa y actualmente exigible derivada de una sentencia
judicial.
37. Asimismo, la causa petendi difiere en ambos casos, pues mientras en el proceso
declarativo se sustentó en los fundamentos fácticos relacionados con la nulidad del
acto administrativo que impuso los descuentos en salud, el proceso ejecutivo tuvo
como fundamento la sentencia proferida por aquel trámite, en calidad de título de
recaudo.
38. En esas condiciones, el debate planteado por el recurrente no evidencia la
coexistencia de sentencias dictadas entre idénticas partes, con igual objeto y causa
petendi, sino una discrepancia frente al alcance subjetivo de la condena y a la
exigibilidad del título ejecutivo.
39. Así las cosas, la Sala advierte que en el caso concreto no se estructura la causal
prevista en el numeral 8 del artículo 250 del CPACA, toda vez que no concurren la
identidad jurídica de partes, de objeto y de causa petendi para la configuración de
cosa juzgada entre las providencias comparadas.
40. En efecto, como lo ha precisado reiteradamente la jurisprudencia del Consejo
de Estado20, el recurso extraordinario de revisión no constituye una tercera
instancia ni un mecanismo para reexaminar el criterio jurídico del juez, sino un
instrumento excepcional orientado a restablecer la justicia material frente a
situaciones específicas de irregularidad procesal o desconocimiento de garantías
esenciales, en los precisos términos del artículo 250 del CPACA.
41. Si se admitiera que este recurso sirve para controvertir la interpretación del juez
o la calidad de su motivación implicaría desnaturalizar su carácter excepcional y
convertirlo en una instancia adicional del proceso, lo que contraría su finalidad
restringida y su función de salvaguardar la cosa juzgada.
42. En consecuencia, al no acreditarse la identidad de partes, ni de objeto ni causa
petendi, así como tampoco la existencia de decisiones incompatibles entre sí en
los términos exigidos por el numeral 8 del artículo 250 del CPACA, la causal
invocada no se configuró y el recurso extraordinario de revisión no está llamado a
prosperar y será declarado infundado.
2.9. Costas
43. LaSala se abstendrá de condenar en costas a la parte recurrente, de
conformidad con el artículo 255 del CPACA, por cuanto no se evidenció que
20 En este sentido se pueden consultar, entre otras: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sala 10 Especial de Decisión, sentencia del 28 de junio de 2024, radicado: 11001-
03-15-000-2020-04861-00 y de la Sala 14 Especial de decisión, sentencia del 13 de octubre de
2020, radicado: 11001-03-15-000-2019-00119-00.
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actuase con temeridad o mala fe ni se advirtió conducta o circunstancia irregular
en el transcurso del trámite procesal.
3. Conclusión
44. Con fundamento en lo expuesto, se concluye que no se acreditaron los
supuestos para que se estructure la causal 8 del artículo 250 del CPACA respecto
de ambas sentencias, esto es, la proferida Tribunal Administrativo del Archipiélago
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina el 23 de febrero de 2017 y la que
ahora es objeto de revisión dictada por Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
el 15 de febrero de 2024.
45. En virtud de lo anterior, se declarará infundado el recurso extraordinario de
revisión.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA
Primero: Declarar infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto por
Edgardo Caicedo Rivas en contra de la sentencia proferida el 15 de febrero de
2024 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en el proceso ejecutivo
con radicado: 76109-33-33-001-2020-00107-00 (01).
Segundo: No condenar en costas.
Tercero: Archivar el expediente del recurso extraordinario de revisión, previas las
anotaciones pertinentes en el sistema de información de gestión de procesos
Samai y devolver el expediente de nulidad y restablecimiento del derecho al
despacho de origen.
Cuarto: Notificar esta providencia en los términos del artículo 205 del CPACA.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
ELIZABETH BECERRA CORNEJO JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmada electrónicamente Firmada electrónicamente
Aclara voto
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmada electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
LAVM
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