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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2022-00618-00

Fecha
5 de marzo de 2026
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2022-00618-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión interpuesto contra la sentencia proferida el diez (10) de septiembre de dos mil veintiuno (2021) por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por configurarse la causal prevista en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA, por las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión. Segundo. CONDENAR en costas al señor John Branfor Buenaventura Romero a favor de la Fiduprevisora S.A., de la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia y de la Unidad Nacional de Protección, las cuales se liquidarán por la Secretaría. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57) (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 15 Radicado: 11001-03-25-000-2022-000618-00 (5626-2022) Tercero. Para la fijación de las agencias en derecho, por Secretaría General de esta Corporación INGRESAR el expediente al despacho del magistrado ponente para lo de su competencia. Cuarto. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente de nulidad y restablecimiento del derecho al despacho de origen y HÁGANSE las anotaciones pertinentes en el sistema informático SAMAI. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2022-00618-00

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

5 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D.C., cinco (5) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
Radicación: 11001-03-25-000-2022-000618-00 (5626-2022)
Demandante: John Branfor Buenaventura Romero
Demandados: Fiduprevisora S.A.- Unidad Administrativa Especial- Migración
Colombia- Unidad Nacional de Protección

Temas: Acto administrativo de insubsistencia de detective en régimen
especial de carrera del suprimido DAS. Nulidad ocasionada en
la sentencia. Irregularidades sustanciales de procedimiento que
den lugar a su configuración. DECLARA INFUNDADO.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide el recurso extraordinario de revisión que interpuso 1 el señor John
Branfor Buenaventura Romero contra la sentencia del diez (10) de septiembre de
dos mil veintiuno (2021) proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca2,
para lo cual invocó la causal 5 del artículo 250 del CPACA.

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

1. Que ingresó al Departamento Administrativo de Seguridad –DAS–, como
alumno de academia el 3 de febrero de 2001, al curso 092 de formación para
detectives.

2. Que mediante Resolución 2164 de 2001 fue nombrado en período de prueba
como Detective 208-06 y se posesionó el 23 de octubre de 2001, asignado a la
Seccional del DAS en el Departamento del Tolima. Superado el período de prueba,
mediante Resolución 2703 del 3 de diciembre de 2002, fue inscrito en el régimen
especial de carrera administrativa.

3. Que por Resolución 1373 del 28 de octubre de 2011 se declaró insubsistente
su nombramiento como Detective 208-07. Posteriormente, mediante decisión del 5
de junio de 2014, la Oficina de Control Interno Disciplinario del DAS dispuso no
sancionarlo y ordenó el archivo definitivo de la actuación disciplinaria, por los
mismos hechos que sirvieron de fundamento a la insubsistencia.

1 La presentación del recurso se efectuó el 9 de septiembre de 2022, según la anotación efectuada por la

Secretaría de la Sección Segunda de esta Corporación que reposa en el índice 00003 de SAMAI.
2 Decisión que revocó la sentencia de primera instancia del 28 de febrero de 2014 proferida por el Juzgado

Primero Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de Bogotá dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado núm. 11001-33-31-015-2012-00121-00.

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4. Que promovió el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
contra la Nación – DAS en proceso de supresión, contra la Resolución 1373 de 2011
y como consecuencia, el reintegro desde el 3 de noviembre de 2011, el pago de
salarios y prestaciones dejados de percibir y demás emolumentos por los perjuicios
causados, bajo los cargos de desviación de poder y falsa motivación.

5. Que, mediante auto del 9 de septiembre de 2013, el Juzgado Primero
Administrativo de Descongestión del Circuito de Bogotá decretó pruebas,
ordenando oficiar a la Dirección General de Inteligencia del DAS para que certificara
la existencia de informes de inteligencia en su contra y a la Oficina de Control Interno
Disciplinario para informar sobre eventuales procesos disciplinarios.

6. Que al no obrar en el expediente el informe de inteligencia que habría servido
de sustento al acto administrativo, el Juzgado profirió sentencia de primera instancia
el 28 de febrero de 2014, accediendo a las pretensiones.

7. La parte demandada interpuso recurso de apelación, oportunidad en la que
allegó al expediente el informe de inteligencia, sin solicitar su decreto como prueba
en segunda instancia.

8. Mediante sentencia del 10 de septiembre de 2021, la Sección Segunda,
Subsección E del Tribunal Administrativo de Cundinamarca revocó la decisión de
primera instancia, por cuanto, a partir del informe reservado aportado al proceso se
probó la inconveniencia del actor para el DAS.

SENTENCIA OBJETO DE REVISIÓN

9. Mediante providencia del 10 de septiembre de 20213, el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca revocó la sentencia de primera instancia y, en su lugar, negó las
pretensiones, al considerar que no se logró desvirtuar la presunción de legalidad del
acto administrativo acusado.

10. Para sustentar su decisión, la Sala expuso, en síntesis, los siguientes
fundamentos:

11. Que la vinculación al DAS en el cargo de Detective 208-07 de la planta global
se encontraba sometida al régimen especial de carrera administrativa de dicha
entidad, pero que el retiro del servicio en ejercicio de la facultad discrecional, en el
caso de los detectives no exige motivación expresa, siempre que esté precedido y
sustentado en razones de inconveniencia y seguridad, las cuales pueden constar
en un informe elaborado por la entidad y ser conocidas en sede judicial.

12. Expresó la Resolución 1373 del 28 de octubre de 2011 fue expedida por el
director del DAS con fundamento en un informe de inteligencia de carácter
reservado, en el cual se recomendó la desvinculación del actor por razones de
inconveniencia para el servicio. Que, a juicio de la Sala, dicho informe proporcionó
razones suficientes para explicar la causa del retiro, en atención a la naturaleza
especial del régimen aplicable a los detectives del DAS.

13. Citó la sentencia del 8 de junio de 2016, proferida en sede de tutela por esta

3 Véase índice 00027 de SAMAI- Tribunales, radicado núm. 66001-33-31-003-2007-00123-02.

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Corporación dentro del expediente 11001-03-15-000-2015-02722-01, para señalar
que el retiro del servicio de los detectives del DAS puede efectuarse siempre que
existan razones de conveniencia, las cuales deben exponerse en el acto
administrativo o, en su defecto, en el trámite judicial cuando el asunto es sometido
al control del juez contencioso.

14. Dice que en el informe de inteligencia se consignaron los hechos que soportaron
la recomendación de retiro del servicio, los cuales coincidían con los hechos
descritos en la investigación disciplinaria identificada con el ID 533 de 2010,
adelantada en su contra, relacionados con presuntas irregularidades en un trámite
migratorio ocurrido en el Aeropuerto Internacional El Dorado.

15. Que los argumentos que respaldaron la recomendación de retiro cumplían los
criterios de razonabilidad y proporcionalidad, en la medida en que existía
concordancia y coherencia entre el ejercicio de la facultad discrecional y la finalidad
perseguida por la entidad, esto es, el mejoramiento del servicio público.

16. En relación con la oponibilidad del informe reservado de inteligencia, el Tribunal
consideró que el derecho al debido proceso y de defensa se garantizan cuando el
juez, en ejercicio del control de legalidad, tiene acceso a dicho documento. Para el
efecto, citó el pronunciamiento del 26 de marzo de 2015, expediente 11001-03-15-
000-2014-04234-00, en el cual se explicó que la posibilidad excepcional de no
motivar las decisiones administrativas sobre el personal de carrera especial del DAS
obedece al carácter reservado de cierta información que maneja la entidad. En tales
eventos, con el fin de evitar arbitrariedades en el uso de la facultad discrecional,
corresponde poner en conocimiento del juez las razones que justificaron la decisión,
para que este evalúe su proporcionalidad y razonabilidad.

17. Afirmó que el control judicial efectivo constituye el mecanismo idóneo para
contrarrestar el hecho de que el servidor afectado con la declaratoria de
insubsistencia no haya tenido conocimiento directo del contenido del informe
reservado, conforme a lo previsto en el numeral 3 del artículo 33 del Decreto 2146
de 1989 y en el literal b) del artículo 66 del Decreto 2147 de 1989.

18. Que la facultad discrecional fue ejercida con el propósito de cumplir los fines
esenciales del Estado consagrados en el artículo 2 de la Constitución Política,
atendiendo los parámetros del artículo 36 del CCA y las exigencias de seguridad
del Estado.

RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

19. El señor John Branfor Buenaventura Romero interpuso recurso extraordinario de
revisión al considerar que la sentencia de segunda instancia incurrió en la causal
quinta prevista en el artículo 250 del CPACA; razón por la cual solicitó que se declare
la nulidad del fallo y se ordene proferir una nueva sentencia excluyendo la valoración
del informe de inteligencia indebidamente incorporado al expediente.

20. Para sustentar el recurso presentó los siguientes argumentos:

21. Sostuvo que es nula la sentencia por cuanto se edificó sobre la valoración de un
medio probatorio allegado con desconocimiento de las garantías propias del debido
proceso.

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22. Afirmó que el medio probatorio incorporado irregularmente fue el informe de
inteligencia reservado, contenido en un sobre cerrado visible a folio 276 del
expediente, el cual fue tomado como fundamento del acto administrativo de
insubsistencia demandado.

23. Afirma que dicho informe fue aportado únicamente con el recurso de apelación,
sin que mediara solicitud de decreto o práctica de prueba extraordinaria en sede de
segunda instancia, ni auto que autorizara su incorporación conforme a las reglas del
CPACA.

24. Que erradamente el Tribunal consideró suficiente la sola existencia del informe
para justificar la motivación del acto administrativo y concluyó que su valoración no
vulneraba el debido proceso. Sostiene que se pasó por alto que la vulneración de tal
garantía no se limita a la imposibilidad de contradicción del medio probatorio, sino que
también se configura por el indebido recaudo de la prueba, en contravía del derecho
a ser juzgado con la plenitud de las formas propias de cada juicio.

25. Señaló que existió solicitud expresa, en los alegatos de conclusión, para que se
excluyera dicho medio probatorio, petición que fue rechazada de manera genérica por
el Tribunal, sin análisis alguno sobre la ilegalidad de su recaudo.

26. Sostiene que la irregularidad resulta determinante, en la medida en que el
juzgador de primera instancia fundamentó su decisión en la ausencia del informe de
inteligencia y en el incumplimiento de la carga probatoria por parte de la entidad
demandada, mientras que la segunda instancia revocó el fallo con base exclusiva en
un medio probatorio introducido de forma extemporánea e irregular al proceso.

27. Que resulta incoherente que, por los mismos hechos consignados en el informe
reservado, se hubiera adelantado un proceso disciplinario en el cual el demandante
fue exonerado de responsabilidad y se ordenó el archivo definitivo de la actuación,
mientras que, paralelamente, se declaró la insubsistencia de su nombramiento.

Contestaciones al recurso extraordinario de revisión

28. La Fiduprevisora S.A., quien actúa como vocero del Patrimonio Autónomo PAP
Fiduprevisora S.A., y Defensa Jurídica Extinto Departamento Administrativo de
Seguridad – DAS – y su Fondo Rotatorio4, indicó que, conforme al artículo 7 del
Decreto 1303 de 2014, fue Migración Colombia la entidad que asumió las funciones
del antiguo DAS y, en consecuencia, también la responsabilidad en los procesos
judiciales y administrativos relacionados con dichas funciones.

29. Que sus obligaciones se limitan a administrar los recursos fideicomitidos y realizar
pagos hasta la concurrencia de estos y atender procesos judiciales que no
correspondan a funciones trasladadas a otras entidades —como la Unidad Nacional
de Protección—, por lo que no actúa como empleadora, sustituta, representante legal
ni subrogada del extinto DAS, en atención a lo previsto en los artículos 3, 6 y 18 del
Decreto 4057 de 2011.

30. Sostuvo que la violación del debido proceso no constituye causal de nulidad de
conformidad con el artículo 135 del Código General del Proceso y cualquier

4 Véase índice 00037 de SAMAI.

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vulneración del artículo 29 de la Constitución debió reclamarse a través de acción de
tutela contra providencia judicial.

31. Finalmente, afirmó que no era necesario dar traslado del informe de inteligencia,
por tratarse de un documento reservado accesible únicamente a la autoridad judicial,
tal como lo ha reiterado el Consejo de Estado, entre otras, en la sentencia de la
Sección Primera del 1.° de febrero de 2018, radicado núm. 11001-03-15-000-2017-
03290.

32. La Unidad Administrativa Especial Migración Colombia5 afirmó que, según el
artículo 2 del Decreto 4063 de 2011, esta entidad solo incorporó directamente a los
funcionarios del extinto DAS que resultaban necesarios para cumplir las funciones
asignadas y lo hizo mediante las Resoluciones 0024 de 2011, 037 de 2013 y 1464 de
2014, en las cuales no aparece el nombre del actor, por lo que nunca existió vínculo
laboral o reglamentario entre él y Migración Colombia.

33. Dijo que no puede ser considerada sujeto pasivo del recurso, pues no tuvo
participación en la desvinculación del demandante ni fue responsable de los actos
administrativos proferidos por el DAS en supresión. Que no fue vinculada en las
instancias procesales tramitadas ante el Juzgado Primero Administrativo de
Descongestión de Bogotá ni ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, lo que
refuerza la falta de legitimación por pasiva.

34. Que el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado 11001-33-31-
015-2012-00121-00, promovido por el señor John Branfor Buenaventura Romero
contra el DAS en supresión, fue entregado a la Unidad Nacional de Protección (UNP),
según consta en el acta del 11 de julio de 2014.

35. Sostuvo que, con el recurso presentado, la parte actora pretende reabrir el debate
probatorio cerrado desde la primera instancia. Que la sentencia de primera instancia
del 28 de febrero de 2014 ya había dejado claro que el informe de inteligencia
solicitado era de carácter reservado, situación conocida por el apoderado desde esa
etapa del proceso. En consecuencia, este debió presentar oportunamente la solicitud
de nulidad o interponer los recursos pertinentes conforme al Código General del
Proceso y al CPACA, gestiones que no obran en el expediente del proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho.

36. La UNP6 sostuvo que el retiro del personal de carrera del extinto DAS está
regulado por los Decretos 2147 de 1989 y 2146 de 1989, los cuales contemplan la
declaración de insubsistencia como causal de retiro, tanto por razones objetivas
derivadas de calificaciones insatisfactorias como por informes reservados de
inteligencia, casos en los cuales la decisión no requería motivación.

37. Que los artículos 44 y 34 autorizaban la insubsistencia cuando existiera un
informe reservado de la Dirección General de Inteligencia, indicando inconveniencia
y riesgos para la seguridad institucional y que el artículo 33 del Decreto 2146
enumeraba la insubsistencia como una de las causas legales de retiro.

38. Con fundamento en estas normas sostuvo que la desvinculación del actor estuvo

5 Véase índice 00038 de SAMAI.
6 Véase índice 00059 de SAMAI.

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respaldada en un informe de inteligencia que daba cuenta de la inconveniencia de su
permanencia en el servicio. Que se pretende usar el recurso extraordinario de revisión
como una tercera instancia para corregir omisiones procesales propias de las etapas
anteriores.

39. Que en la segunda instancia el actor no tachó de falso el informe ni solicitó nulidad
por su aporte en la apelación; que por el contrario en sus alegatos reconoció su
existencia, pero dijo no haber podido controvertirlo debido a su carácter reservado,
argumento que —según la UNP— carece de sustento jurídico, pues la reserva legal
impide su conocimiento por las partes, no así por la autoridad judicial.

Concepto del Ministerio Público

40. La Procuraduría Segunda Delegada ante esta Corporación rindió el Concepto
núm. 016 del 1.º de febrero de 20247, en el que solicitó declarar infundado el recurso,
al estimar que el reproche formulado contra la sentencia carece de fundamento. Que
no se configura ninguna causal de nulidad, con independencia de que se haya
valorado o no el informe de inteligencia aludido, o de que este hubiera sido objeto de
contradicción, porque la desvinculación constituye un acto discrecional de la
administración que no exige motivación y, en todo caso, la existencia del informe en
el expediente y la recomendación allí contenida refuerzan el sustento del acto
administrativo que dispuso el retiro del servicio.

41. Se decidirá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

42. Corresponde a la Sala determinar si en la sentencia del 10 de septiembre de
2021, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección E, se configura la causal de revisión invocada por el recurrente.

43. Para ello, la Sala abordará los siguientes aspectos: i) Generalidades del recurso
extraordinario de revisión, ii) Causal de revisión invocada, y iii) Caso concreto.

Generalidades del recurso extraordinario de revisión

44. El recurso extraordinario de revisión es un mecanismo procesal de control de
las decisiones que han hecho tránsito a cosa juzgada8. En términos del artículo 248
del CPACA:

«Artículo 248. El recurso extraordinario de revisión procede contra las
sentencias ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala
de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por los Tribunales
Administrativos y por los jueces administrativos».

45. El objetivo principal de esta vía extraordinaria es invalidar los efectos de una
sentencia ejecutoriada9. De acuerdo con las causales establecidas en el artículo 250
del CPACA, busca restaurar el principio de justicia material y la supremacía de las
7 Véase índice 00028 de SAMAI.
8 El artículo 248 del CPACA señala: «El recurso extraordinario de revisión procede contra las sentencias
ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado, por los Tribunales Administrativos y por los jueces administrativos».
9 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 15

de marzo de 2018. Exp. 1001-03-25-000-2014-00862-00 (2668-2014). C.P. William Hernández Gómez.

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garantías procesales cuando se constate que la decisión estuvo afectada por alguno
de los siguientes eventos:

i) Aparición de circunstancias desconocidas al momento de dictar el fallo, las cuales,
de haber sido conocidas, habrían llevado a una sentencia diferente10.
ii) Descubrimiento de hechos delictivos o fraudulentos que fueron determinantes en
la adopción de la sentencia que se pretende anular11.
iii) Existencia de nulidades originadas en la sentencia que puso fin al proceso y que
no podían ser objeto de recurso de apelación.
iv) Contradicciones de la sentencia con otra anterior que constituya cosa juzgada12.

46. Si bien la revisión constituye una vía que afecta el principio de la inmutabilidad de
las sentencias ejecutoriadas y, por ende, es una excepción al principio de la cosa
juzgada, ello no implica que sea un mecanismo que habilite una tercera instancia para
discutir los problemas jurídicos debatidos en sede ordinaria, para plantear nuevas
interpretaciones del litigio, para corregir los yerros probatorios que cometieron las
partes o para subsanar aquellas situaciones que pudieron evitarse durante la gestión
del proceso que dio origen a la sentencia objeto de revisión.

47. En efecto, para que el juez pueda entrar a examinar la controversia materia del
recurso, es necesario que la causal invocada por la recurrente se encuentre
debidamente acreditada, pues como lo ha establecido la Sala Plena de esta
Corporación este mecanismo extraordinario procede por especiales circunstancias
consagradas taxativamente en la ley13.

Causal quinta de revisión

48. El numeral 5 del artículo 250 del CPACA dispone que es causal de revisión el
hecho de que exista «[…] nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso
y contra la que no procede recurso de apelación […]». De allí que, para que resulte
procedente la causal en mención, debe existir una sentencia ejecutoriada que ponga
fin al proceso. Además, contra esta decisión no puede proceder recurso de
apelación, pues de ser así este sería el medio idóneo para poner de presente
cualquier vicio en que hubiera incurrido la providencia.

49. Es preciso que la nulidad se desprenda de la sentencia objeto del recurso
extraordinario, es decir, que el vicio debe estructurarse en el momento procesal en
que se profiere la decisión judicial pues, de generarse por una situación ocurrida
con anterioridad que no fue oportunamente alegada, procedería su saneamiento.
No obstante, la jurisprudencia de esta Corporación ha aceptado como nulidad
originada en la sentencia la que, a pesar de presentarse en un momento previo a la
emisión del fallo, no pudo ser advertida por el afectado, quien tiene la carga procesal
de demostrar esta circunstancia14.

10 Como la aparición de documentos esenciales que no pudieron ser aportados por fuerza mayor o caso fortuito,

la existencia de un tercero con mejor derecho que el beneficiado con la sentencia cuestionada o la desaparición,
al momento del reconocimiento, de las razones que justificaban que se hubiera decretado la prestación
periódica.
Como el hallazgo de documentos falsos o adulterados, peritajes fraudulentos, o la ocultación de documentos
relevantes por alguna de las partes. Esto incluye también la posible influencia de cohecho o violencia en la
emisión del fallo.
12 De acuerdo con la clasificación presentada en Garzón Martínez, Juan Carlos (2021). Proceso contencioso

administrativo. Fase escrita – Fase oral. 2° Edición. Grupo editorial Ibañez (2° Ed. pp. 612-613).
13 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala Veintitrés Especial de Decisión.

Sentencia del 1 de octubre de 2019. C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera.
14 Al respecto pueden consultarse las sentencias proferidas por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo

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50. La causal de nulidad contemplada en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA
se configura cuando (i) ocurre alguna de las causales expresamente previstas en el
artículo 133 del Código General del Proceso (CGP) 15, que establece ocho motivos
específicos de nulidad de las sentencias, o (ii) cuando se presentan irregularidades
insaneables que vulneran de manera sustancial el derecho al debido proceso 16, al
punto de que, de no haberse producido, la decisión judicial habría sido distinta.

51. A modo meramente enunciativo, la jurisprudencia ha indicado que dicha causal
se estructura, entre otros eventos, cuando el fallo:

«(i) es inhibitorio; (ii) se profiere sin motivación alguna; (iii) transgrede el
principio de la non reformatio in pejus; (iv) condena a un tercero que no ha sido
vinculado como parte al proceso; (v) se pronuncia sobre aspectos que no le
corresponden, esto es, sin competencia o jurisdicción, según el caso; (vi) se
profiere en un proceso que había terminado por desistimiento, transacción o
perención; (v) no cuenta con el número de votos requerido para su aprobación
y (vi) desconoce el principio de congruencia bien sea por una condena extra,
ultra o infra petita»17.

52. Además de las hipótesis expresamente reconocidas por la jurisprudencia, esta
Corporación ha admitido que pueden presentarse otros supuestos no previstos de
manera expresa en los códigos procesales que den lugar a la nulidad de la
sentencia, siempre que tales eventos deriven de la vulneración directa del artículo
29 de la Constitución Política. No obstante, ha precisado que dicha conclusión no
opera de manera automática, pues en estos eventos resulta necesario efectuar un
examen material de la irregularidad alegada. En ese sentido, ha señalado que:

«(…) corresponderá al juez determinar si el hecho que se dice contrario a
este derecho puede configurar la causal de revisión en comento,
circunstancia que se deriva de la exigencia de actuar como juez de
constitucionalidad y de convencionalidad en garantía de los derechos
fundamentales de quienes intervienen en un proceso judicial»18 (negrillas y
subrayado fuera del texto original).

53. Para tales efectos, la Corporación ha enfatizado que «(…) no toda irregularidad
tiene la capacidad de afectar la inmutabilidad de la providencia que ha puesto fin al
proceso, sino únicamente aquellas que tengan un carácter sustancial, en tanto
incidan en el sentido de la decisión por comprometer el núcleo esencial o el

el 3 de diciembre de 2019 (Sala Tercera Especial de Decisión; radicación 11001-03-15-000-2018-01235-00) y
el 3 de diciembre de 2019 (Sala Séptima Especial de Decisión; radicación: 11001-03-15-000-2012-00643-00).
15 Consejo de Estado. Sala Veintiséis Especial de Decisión. Sentencia del 3 de febrero de 2015. Exp. 11001-

03-15-000-1998-00157-01. C.P. Olga Mélida Valle de De La Hoz; Sala Veintiséis Especial de Decisión.
Sentencia del 3 de febrero de 2015. Exp. 11001-03-15-000-2011-01639-00. C.P. Olga Mélida Valle de De La
Hoz; y Sala Veintidós Especial de Decisión. Sentencia del 2 de febrero de 2016. Exp. 11001-03-15-000-2015-
02342-00. C.P. Alberto Yepes Barreiro
16 La Sala Plena del Consejo de Estado, en diversas providencias, incluyendo la sentencia del 31 de mayo de

2011 (expediente 11001-03-15-000-2008-00294-00), ha señalado otros casos en los que se configura la nulidad
en la sentencia, a saber: «[…] i) falta de jurisdicción o competencia, ii) cuando se dicta nueva sentencia en
proceso terminado normalmente por sentencia firme, iii) cuando sin más actuación se dicta sentencia después
de ejecutoriado el auto por el cual hubiera sido aceptado el desistimiento, aprobada la transacción o declarada
la perención del proceso, iv) cuando se dicta sentencia como única actuación, sin el previo trámite
correspondiente, v) cuando se condena al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido
en la demanda o por causa diferente de la invocada en ésta, vi) cuando se condena a quien no ha sido parte
en el proceso, vii) o cuando, sin más actuación, se profiere sentencia después de ocurrida cualquiera de las
causas legales de interrupción o de suspensión o, en estos casos, antes de la oportunidad debida, viii) cuando
la sentencia aparece firmada con mayor o menor número de magistrados, o adoptada con un número de votos
diverso al previsto en la ley, ix) cuando la providencia carece completamente de motivación».
17 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Diecinueve Especial de Decisión. Sentencia

del 16 de marzo de 2022. Exp. 11001-03-15-000-2021-00921-00. C.P. William Hernández Gómez.
18 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintisiete Especial de Decisión.

Sentencia del 27 de octubre de 2020. Exp. 11001-03-15-000-2019-02361-00 (REV). CP. Rocío Araújo Oñate.

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contenido constitucionalmente vinculante del derecho al debido proceso»19.

54. Con todo, la concreción y extensión jurisprudencial de esta causal de revisión a
otros eventos insaneables que implican la violación de derechos constitucionales y
procesales atiende, tal y como lo ha establecido este máximo órgano, a la misma
finalidad del recurso extraordinario de revisión: por un lado, permitir que decisiones
manifiestamente injustas sean examinadas, y por el otro, garantizar el principio de
seguridad jurídica al limitar la procedencia de la causal a situaciones excepcionales
en las que la anomalía sea de tal relevancia constitucional que sin ella el fallo se
hubiera proferido en otro sentido20.

55. Según lo expuesto, se procede a resolver la controversia a la luz de dichos
parámetros.

Caso concreto

56. El recurrente sostiene que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca vulneró
su derecho fundamental al debido proceso al valorar y otorgar mérito probatorio al
informe de inteligencia de carácter reservado que fue allegado por la entidad
demandada con la presentación del recurso de apelación, en contravención de lo
dispuesto en el artículo 212 de la Ley 1437 de 2011. Con fundamento en ello, afirma
que en relación con la sentencia impugnada se configura una nulidad de carácter
constitucional de pleno derecho derivada de la recaudación irregular del medio
probatorio.

57. Para resolver el cargo propuesto, la Sala examinará: i) la actuación surtida
proceso ordinario, ii) el contexto material en el que se inscribe el informe cuestionado
y iii) el alcance real de la irregularidad alegada frente al fallo.

58. Del expediente ordinario se advierte que la entidad demandada expidió la
Resolución 1373 del 28 de octubre de 2011 —acto administrativo demandado—,
mediante la cual «(…) se declar[ó] insubsistente a partir de la fecha el nombramiento
de JOHN BRANFOR BUENAVENTURA ROMERO […] del cargo de Detective 208-
07/06 Planta Global Área Operativa asignado a la Dirección General Operativa»21.

59. En la parte considerativa del acto administrativo se dejó consignado lo siguiente:

«Que el literal b) del Artículo 66 del Decreto 2147 de 1989, faculta al Director
del Departamento Administrativo de Seguridad, a retirar del servicio a los
funcionarios del régimen especial de carrera administrativa, por razones de
conveniencia para la institución.

Que conforme las funciones dispuestas en el Artículo 27 del Decreto 643 de
2004 y el Decreto 4662 de 2005, le corresponde adelantar estudios de lealtad a
los funcionarios de la institución y presentar los resultados de los mismos al
Director del Departamento.

Que conforme Io dispone la sentencia C - 048 de 1997, los estudios de lealtad
realizados por la Subdirección de Contrainteligencia, constituyen la verificación
del grado de confianza superlative que deben existir entre el funcionario y el jefe

19 Ibid.
20 En este mismo sentido se puede consultar: Consejo de Estado. Sala Diecinueve Especial de Decisión.

Sentencia del 18 de agosto de 2020. Exp.11001-03-15-000-2017-02369-00. C.P. William Hernández Gómez.
21 Véase índice 00068 de SAMAI, archivo denominado «124RECIBEMEMORIAL_OneDrive_2_2582025zi(.zip)

NroActua 68», sub-archivo «01J462012-0012ExpFisico», folio 45.

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de la entidad y del mismo para el ejercicio de las importantes funciones
encargadas, que servirá de soporte factico para adoptar la decisión de
prescindir de los servicios de aquellos funcionario de los cuales no exista
lealtad, confiabilidad y honradez requerida.

Que como consecuencia de lo anterior, la Subdirección de Contrainteligencia
recomendó al Director la inconveniencia de la permanencia del funcionario
JOHN BRANFOR BUENAVENTURA ROMERO en la Institución por razones de
seguridad (…) según informe de agosto de 2011, suscrito por el Subdirector de
Contrainteligencia y el Coordinador del Grupo de Contrainteligencia Interna.

Que con fundamento en el anterior informe y la facultad legal dada al Director,
se ordena la desvinculación del funcionario, haciendo uso de la figura de
insubsistencia del nombramiento, que discrecionalmente le compete, a esta
Dirección, cuando de por medio se involucra la Seguridad Nacional, conforme
al reproche de lealtad que le fue verificado por los servidores de
Contrainteligencia, quienes así Io informan»22.

60. Se observa que el informe mencionado fue solicitado expresamente por la
propia parte demandante desde la demanda como prueba23. Dicha solicitud fue
acogida por el juez de primera instancia en el auto que abrió el proceso a pruebas,
mediante el cual se ordenó oficiar a la Dirección General de Inteligencia del DAS
para que allegara al expediente el referido documento, librándose para tal efecto el
oficio J1ADD706 del 3 de octubre de 201324; requerimiento que fue reiterado por la
autoridad judicial ante la ausencia de respuesta25.

61. La entidad demandada explicó, en su momento, las razones por las cuales el
documento no pudo ser allegado de forma inmediata, al informar que los archivos
de asuntos internos y contrainteligencia se encontraban bajo custodia de la
Procuraduría General de la Nación, en el marco de una indagación preliminar
disciplinaria, y que se adelantaban gestiones institucionales para definir los
protocolos de acceso y custodia de la información, razón por la cual solicitó la
concesión de una prórroga o, en su defecto, la práctica de una inspección judicial26.

62. En ese contexto, el Juzgado Primero Administrativo de Descongestión de
Bogotá, mediante sentencia del 28 de febrero de 2014, accedió a las pretensiones,
al estimar que el acto administrativo de retiro carecía de motivación suficiente en los
términos exigidos por la jurisprudencia aplicable. Al respecto, sostuvo:

«(…) en el acto de retiro, no se produjo una motivación de la decisión, pues
como se dejó claro en la jurisprudencia citada en párrafos anteriores, la facultad
discrecional debe encontrar respaldo en razones objetivas de conveniencia (…)

22 Ibid. Folio 35.
23 En la demanda se solicitó: «A. Que se oficie al Departamento Administrativo de Seguridad D.A.S., para que

envíen copas auténticas de: (…) 2. Por parte de la Dirección General de Inteligencia del D.A.S.; se certifique si
en contra del señor JOHN BRANFOR BUENAVENTURA ROMERO existió informe de inteligencia que hubiere
ocasionado su retiro, en caso afirmativo, enviar copia del mismo, de lo contrario certificar que no existe». Ibid.
Folio 35.
24 El despacho judicial el 9 de septiembre de 2013 decretó a favor de la parte demandante el siguiente medio

probatorio: «OFÍCIESE al Departamento Administrativo de Seguridad – DAS para que aporte al proceso (…) la
Dirección General de Inteligencia del DAS certifique si en contra del señor JOHN BRANFOR BUENAVENTURA
ROMERO existió algún informe de inteligencia que hubiere ocasionado su retiro, y en caso afirmativo enviar
copia del mismo, de lo contrario certificar que no existe». Ibid. folio 117.
25 Véase auto del 30 de octubre de 2013. Ibid. folio 121.
26 El Jefe de la Oficina Asesora Jurídica del DAS en proceso de supresión, mediante oficio del 29 de octubre de

2013, radicado el 1.° de noviembre de 2013, informó a la autoridad judicial que el Director General de Inteligencia
con funciones administrativas solicitó «(…) una prórroga o suspensión de término y/o de lo contrario practicar
una inspección judicial a los archivos de asuntos internos de la entidad hoy a disposición de la Procuraduría
General de la Nación», indicando que dichos archivos se encontraban bajo custodia en el marco de la
Indagación Preliminar Disciplinaria IDS-2013-153250, iniciada el 10 de mayo de 2013, razón por la cual se
adelantaban gestiones institucionales para atender los requerimientos judiciales. Ibid. folio 123.

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no se encuentran circunstancias que indiquen las razones de la entidad, ni
tampoco en los antecedentes aportados con la demanda o el material probatorio
allegado al plenario (…)
Las respuestas proferidas por el DAS, con respecto a los oficios emitidos por
este Despacho, no dan cuenta de los motives concretes que fundamentaron el
acto de insubsistencia.
En el oficio radicado el 23 de octubre de 2013 (fl. 107), el radicado el 1 de
noviembre de 2013 (fl.111-114), el obrante a folio 115- 116 así como la
respuesta radicada el 19 de noviembre de 2013 (fl. 127), se limitan a señalar el
carácter reservado del informe de inteligencia, sin aportar al plenario copia de
los mismos para posibilitar al Juez, evaluar las razones objetivas de esta
decisión.»27.

63. No obstante, en el trámite del recurso de apelación, el DAS remitió el informe
en sobre cerrado y sellado, con expresa advertencia sobre su carácter reservado y
con solicitud de adopción de medidas especiales de custodia28.

64. Luego de admitido el recurso, se allegó memorando del 12 de marzo de 2014,
suscrito por el director general de inteligencia con funciones administrativas (E) del
DAS en el cual se reiteró que se anexaban «catorce folios (14), sobre cerrado y
sellado», solicitando al despacho «abstenerse de incorporar al expediente la
documentación reservada, dictar un auto en el que se disponga el aseguramiento y
custodia de la reserva y/o abrir un expediente aparte donde se custodie la
información sujeta a reserva» invocando expresamente el inciso segundo del
artículo 27 de la Ley 1437 de 201129.

65. El 8 de noviembre de 2018, el apoderado del demandante radicó memorial en
el cual solicitó que, «para efectos de controvertir el informe de inteligencia, allegado
al expediente y que fue enviado a su despacho por la Dirección Nacional de
Inteligencia (DNI), se ponga en conocimiento para tal fin»30.

66. En la sentencia de segunda instancia se indicó como hecho probado que «(…)
obra en el expediente copia del informe de inteligencia de carácter reservado,
mediante el cual se determinó como inconveniente por razones de seguridad la
permanencia del demandante en la entidad (ver sobre abierto a folio 276)»31. A partir
de ello, revocó la decisión de primera instancia al estimar que la valoración de dicho
informe no vulneraba el debido proceso, pese a que el demandante no pudo ejercer
contradicción directa sobre su contenido, pues tratándose de la insubsistencia
discrecional de los detectives del DAS resulta suficiente con que el juez acceda al
informe en sede judicial para ejercer el control correspondiente, como efectivamente
ocurrió.

67. Aclarado lo anterior, la Sala examinará el contexto jurídico en el que se inscribe
el informe de inteligencia cuestionado, así como el régimen especial aplicable a la
declaratoria de insubsistencia de los detectives del DAS, con el fin de determinar si
la irregularidad advertida en su incorporación formal al expediente tiene la entidad
suficiente para incidir de manera determinante en la validez del fallo impugnado.

68. En este punto, resulta relevante señalar que la Sección Segunda de esta
Corporación precisó los parámetros bajo los cuales se debe ejercer la facultad

27 Ibid. 222.
28 Ibid. Folio 252.
29 Ibid. Folio 295.
30 Ibid. Folio 324.
31 Ibid. Folio 341.

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discrecional cuando se trata de declarar la insubsistencia de los detectives de DAS
como empleados del régimen especial32:

«(…) ¿Los actos administrativos que expide el Director del Departamento
Administrativo de Seguridad en ejercicio de la facultad discrecional deben ser
motivados o, por el contrario, constituyen una excepción al principio general en
materia de motivación de los actos de la administración?. (sic)
(…)
Ya esta Corporación había tenido la oportunidad de considerar en relación con
la facultad discrecional de declarar insubsistente el nombramiento de un
empleado de carrera especial del D.A.S, la necesidad de que su ejercicio esté
respaldado por razones objetivas de conveniencia, las cuales pueden estar
presentes, tanto (i) en la hoja de vida del funcionario afectado con el retiro, (ii)
en los archivos de la entidad o (iii) llegado el caso en sede judicial, al
indicárselas al juzgador en la etapa pertinente en el curso del proceso. De ahí
la obligación de explicarle y demostrarle al juez cuáles fueron las razones de
conveniencia que llevaron a la administración a tomar la decisión, en virtud de
la defensa del principio de legalidad.
(…)
Vale decir, que continuar afirmando que la potestad que concede el literal b, del
artículo 66 del Decreto 2147 de 1989 al Jefe del D.A.S para separar del servicio
a los funcionarios que detentan la calidad de detectives, no requiere conocer su
motivación; impide establecer si tal decisión fue proferida conforme a los
parámetros establecidos en el artículo 36 del C.C.A, y la disposición en
comento.
(…)
En consecuencia, es imperativo conocer la motivación de los actos
administrativos discrecionales en el régimen de carrera especial de los
funcionarios del D.A.S, en el acto administrativo o como mínimo en sede
judicial [en el evento de no haber sido conocidas en sede administrativa],
de ahí la obligación de indicarle, y demostrarle al juez cuáles fueron las
razones de conveniencia que llevaron a la administración a tomar la
decisión, conforme a lo expuesto anteriormente.
(…)
Finalmente, resalta la Sala la importancia de exigir que se motive el acto de
insubsistencia como garantía de estabilidad al sistema de carrera de los
detectives del D.A.S que a pesar de ser especial, deberá gozar de este mismo
beneficio, y no caer en el extremo de darle un trato igualitario con los empleados
de libre nombramiento y remoción, en atención a un juicio en equidad».

69. En desarrollo de estos criterios, la misma Sección ha sostenido que, en los
eventos en que las razones objetivas de conveniencia institucional se apoyan en
informes reservados de contrainteligencia, estas pueden constar en los archivos de
la entidad o ser explicadas en sede judicial, sin que sea exigible su divulgación al
afectado, siempre que el juez tenga acceso directo al documento para ejercer el
correspondiente control judicial, veamos:

«[…] Como se observa, el control judicial efectivo por parte del juez de lo
contencioso administrativo, es la forma de contrarrestar el hecho de que dentro
del proceso judicial la parte afectada con la declaratoria de insubsistencia no
haya tenido conocimiento contenido del informe reservado.

Postura que, como se dijo líneas atrás, la Sala reitera, toda vez que en los
informes reservados de inteligencia, y especialmente en el que se hace alusión
en el caso de autos, obran razones de seguridad nacional, las cuales,
dependiendo las circunstancias del caso concreto, pueden no ser oponibles al
afectado, comoquiera que pondrían en riesgo la vida, honra, buena imagen y la
seguridad de las personas que participaron en la elaboración del informe, más
aún, teniendo en cuenta las calidades del detective declarado insubsistente.

32 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda.
Sentencia del 4 de agosto de
2010. Exp. 76001-23-31-000-2001-01626-01 (0516-07). CP. Víctor Hernando Alvarado Ardila.

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En conclusión, no le asiste razón a la A-quo, en cuanto a lo determinado frente
al informe de inteligencia, comoquiera que de conformidad con la
jurisprudencia del Consejo de Estado cuando las razones para declarar la
insubsistencia de un detective del DAS obedecen a un informe reservado
de contrainteligencia, solo basta que el juez del proceso tenga
conocimiento del mismo, en aras de controlar la proporcionalidad y
razonabilidad de los motivos con base en los cuales se declaró
insubsistente al funcionario respectivo»33 (subrayas y negrillas fuera del
texto original).

70. Ahora bien, en relación con el alcance real de la irregularidad alegada frente al
fallo, la Sala advierte que, si bien en el trámite de la segunda instancia, pese a la
remisión del informe reservado, no se profirió auto que dispusiera su incorporación
formal al expediente como medio probatorio —circunstancia que constituye una
irregularidad en la práctica de la prueba—, dicha omisión no tiene la entidad
suficiente para estructurar la causal quinta del artículo 250 del CPACA. En efecto,
conforme a dicha disposición y el desarrollo jurisprudencial efectuado sobre esta,
la nulidad procesal solo se configura cuando el yerro procedimental resulta
determinante en la decisión adoptada, esto es, cuando de no haberse presentado,
el sentido del fallo habría sido necesariamente distinto, presupuesto que no se
satisface en el caso.

71. En ese contexto, el Tribunal estimó que la declaratoria de insubsistencia del
señor John Branfor Buenaventura Romero se produjo en ejercicio de la facultad
discrecional legalmente atribuida al director del DAS respecto de los funcionarios
inscritos en el régimen especial de carrera y que se encontraba sustentada en
razones de seguridad nacional expresamente consignadas en el acto acusado. A
partir del contenido de la Resolución 1373 de 2011, se consideró que la
Subdirección de Contrainteligencia había recomendado la inconveniencia de la
permanencia del funcionario en la institución, con fundamento en estudios de
lealtad y evaluaciones de seguridad adelantadas, lo que, a su juicio, descartaba
que la decisión obedeciera a una apreciación arbitraria o inmotivada.

72. Además, el informe reservado no constituyó el único ni el fundamento exclusivo
de la decisión judicial adoptada, sino un elemento adicional que permitió corroborar
las razones de seguridad consignadas en el acto administrativo acusado. En la
sentencia objeto de revisión se dijo:

«(…) Además, en el informe aparecen consignados los hechos que soportan la
recomendación del retiro del servicio del señor John Branfor Buenaventura
Romero, en su calidad de detective 208-07, y coinciden con los hechos
descritos dentro de la investigación disciplinaria radicada bajo el No. ID 533
de 2010 que se adelantó en contra del actor, al indicar que la
desvinculación del demandante obedeció al parecer por las
irregularidades en un proceso migratorio de un ciudadano en el
aeropuerto El Dorado de la ciudad de Bogotá.

(…)
Se aclara que los detectives del DAS pueden ser retirados del servicio en aras
del mejoramiento del servicio público cuando no cumplen sus funciones,
independientemente si ello genera acciones penales y disciplinarias
autónomas».

33 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 14 de diciembre

de 2018. Exp. 11001-03-15-000-2018-04323-00 (AC). CP. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.

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73. Así, cuando la sentencia señala que los hechos referidos en el informe
«coinciden con los hechos descritos dentro de la investigación disciplinaria», no está
erigiendo al informe reservado como fuente autónoma de convicción, sino que
corrobora un supuesto fáctico que reposa en distintos documentos, uno de carácter
disciplinario y otro de naturaleza reservada. Así, el eje de valoración del fallador se
desplazó hacia un hecho jurídicamente relevante—la tramitación de una
investigación disciplinaria por presuntas irregularidades en un procedimiento
migratorio en el aeropuerto El Dorado—, circunstancia que, por sí sola, resultaba
suficiente para acreditar la existencia de razones objetivas de inconveniencia en la
permanencia del demandante en el servicio, aun cuando dicho proceso disciplinario
no hubiera culminado con sanción. En este orden de ideas, el informe de inteligencia
pudo haber operado como un elemento contextual o corroborativo, mas no como el
único ni el determinante soporte probatorio de la decisión judicial.

74. De tal forma, que de haberse prescindido de dicho informe, subsistían motivos
objetivos, razonables y proporcionados que respaldaban el ejercicio de la facultad
discrecional y que reposaban incluso en las consideraciones del acto demandado,
razón por la cual no es posible concluir que la omisión de la incorporación de la
prueba en ese momento procesal hubiese alterado el sentido del fallo.

75. Por otra parte, aun en el escenario hipotético en el que se retrotrajera la
actuación para subsanar la irregularidad advertida y se ordenara la incorporación
formal del informe reservado, el resultado material no variaría. Ello es así porque
dicha actuación no habría permitido al demandante acceder al contenido del
documento ni ejercer una contradicción directa sobre él, de modo que la situación
jurídica sería sustancialmente la misma.

76. Lo anterior obedece a la propia naturaleza del informe y a las razones de
seguridad nacional que justifican su reserva, las cuales habrían impedido, en
cualquier caso, correr traslado de su contenido al actor, incluso si su incorporación
al expediente se hubiera realizado dentro de la oportunidad probatoria. Según el
precedente jurisprudencial citado, tratándose de informes reservados de inteligencia
o contrainteligencia, no resulta exigible su divulgación al afectado, siempre que el
juez tenga acceso directo al documento y ejerza un control judicial efectivo orientado
a verificar su legalidad, razonabilidad y proporcionalidad, circunstancia que,
precisamente, se presentó.

77. En efecto, el control judicial efectivo que ejerció el juez de lo contencioso
administrativo constituyó el mecanismo idóneo para compensar la imposibilidad de
contradicción directa del afectado, en la medida en que es el Tribunal quien verificó
si las razones invocadas por la administración se ajustaron a los principios de
legalidad, proporcionalidad y razonabilidad.

78. En consecuencia, el reproche planteado no satisface el estándar de
trascendencia exigido para la prosperidad del recurso extraordinario de revisión,
motivo por el cual se declarará infundado.

Condena en costas

79. Con la expedición de la Ley 2080 de 2021, se modificó el artículo 255 del CPACA
en cuanto a la condena en costas en el marco del recurso extraordinario de revisión,
en los siguientes términos:

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«ARTÍCULO 255. Vencido el período probatorio se dictará sentencia.
(…)
Si se declara infundado el recurso, se condenará en costas y perjuicios al
recurrente».

80. En ese sentido, como las reformas procesales allí establecidas prevalecen sobre
las anteriores normas de procedimiento y el recurso extraordinario cuando ya estaba
rigiendo la nueva ley, la Sala considera que es procedente la condena en costas toda
vez que se declaró infundado el recurso extraordinario de revisión.

81. Sin embargo, dado que esta disposición no aborda exhaustivamente la
regulación de la condena en costas, es necesario complementarla con lo establecido
en el CGP, el cual se aplica por remisión dispuesta en el artículo 188 del CPACA.

82. Según lo estipulado en el artículo 361 del CGP, las costas están integradas por
la totalidad de las expensas y gastos procesales, así como por las agencias en
derecho, y solo habrá lugar a su imposición de acuerdo con el artículo 365, numeral
8.º ibidem «cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de
su comprobación».

83. Observa la Sala, para lo que aquí interesa, que en el presente caso está
acreditada la comparecencia al proceso por parte de la Fiduprevisora S.A., quien
actúa como vocero del Patrimonio Autónomo PAP Fiduprevisora S.A., y Defensa
Jurídica Extinto Departamento Administrativo de Seguridad – DAS – y su Fondo
Rotatorio, de la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia y de la UNP, a
través de la defensa ejercida en los escritos de contestación; actuaciones que por sí
solas, constituyen prueba suficiente para tener por causadas las agencias en
derecho, en tanto refleja la existencia de gastos inherentes a la defensa judicial por
parte de quienes resultaron vencedores en el litigio.

84. Para la fijación de agencias en derecho, el Despacho conductor del proceso
dictará un auto posterior, teniendo en cuenta la competencia asignada en el numeral
3 del artículo 366 del Código General del Proceso, una vez quede en firme la
sentencia

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión interpuesto
contra la sentencia proferida el diez (10) de septiembre de dos mil veintiuno (2021)
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por configurarse la causal prevista
en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta decisión.

Segundo. CONDENAR en costas al señor John Branfor Buenaventura Romero a
favor de la Fiduprevisora S.A., de la Unidad Administrativa Especial Migración
Colombia y de la Unidad Nacional de Protección, las cuales se liquidarán por la
Secretaría.

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Tercero. Para la fijación de las agencias en derecho, por Secretaría General de esta
Corporación INGRESAR el expediente al despacho del magistrado ponente para lo
de su competencia.

Cuarto. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente de nulidad y
restablecimiento del derecho al despacho de origen y HÁGANSE las anotaciones
pertinentes en el sistema informático SAMAI.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

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