Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2023-00050-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2023-00050-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2023-00050-00
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
23 de octubre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D.C., veintitrés (23) de octubre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN ART. 20 LEY 797 DE 2003
Radicación: 11001-03-25-000-2023-00050-00 (0872-2023)
Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones)
Demandado: Reginaldo Avelino Jiménez Ballesta
Temas: Artículo 20 de la Ley 797 de 2003. Causal de revisión prevista
en el literal b). Ingreso base de liquidación de beneficiario del
régimen de transición de la Ley 100 de 1993. Carga de la
prueba. DECLARA INFUNDADA.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
La Sala decide la acción de revisión que interpuso1 la Administradora Colombiana
de Pensiones (Colpensiones) en contra la sentencia del veintiocho (28) de marzo
de dos mil diecinueve (2019) proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre2, para
lo cual invocó la causal contenida en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de
2003.
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
1. Que el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Sucre declaró la nulidad de
la Resolución GNR 138992 del 27 de abril de 2014, por medio de la cual Colpensiones
negó la pensión al señor Reginaldo Avelino Jiménez Ballesta y ordenó el
reconocimiento de la pensión de vejez, conforme a la Ley 33 de 1985, en cuantía del
75% de los factores base de liquidación con efectividad a partir del 27 de febrero de
2011. Igualmente, se ordenó a Colpensiones adelantar el trámite pertinente contra el
Municipio de San Benito Abad por los periodos laborados por el señor Jiménez
Ballesta que no fueron cotizados al sistema pensional, decisión que fue confirmada
por el Tribunal Administrativo de Sucre.
2. En cumplimiento de dicha orden, Colpensiones expidió la Resolución SUB 248561
del 17 de noviembre de 2020, reconociendo una pensión mensual de $1.026.138
desde el 27 de febrero de 2011 y un retroactivo pensional de $175.491.422.
SENTENCIA OBJETO DE REVISIÓN
3. En providencia del 28 de marzo de 20193, el Tribunal Administrativo de Sucre
1 La presentación de la acción se efectuó el 30 de noviembre de 2022, de acuerdo con índice 00003 SAMAI.
2 Decisión que revocó la sentencia del 31 de agosto de 2017 proferida por el Juzgado 5 Administrativo del
Circuito Judicial de Sincelejo.
3«RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO _EXPEDIENTE_ONEDRIVE_1_6122023»,
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confirmó la decisión de primera instancia, al considerar que el demandante tenía
derecho al reconocimiento y pago de su pensión de jubilación conforme a lo
dispuesto en la Ley 33 de 1985 y la modificó al precisar que la obligación
correspondiente al bono pensional o la cuota parte debía ser asumida por el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en razón del tiempo laborado por el actor
en la Caja Agraria, y no por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural como había
dispuesto la primera instancia.
Para sustentar su decisión, expuso los siguientes argumentos:
4. Que la controversia se centraba exclusivamente en la acreditación del tiempo de
servicio, porque la entidad demandada alegaba que el actor no cumplía los 20 años
exigidos por la Ley 33 de 1985 para acceder a la pensión de jubilación. En
consecuencia, no se cuestionaba la aplicabilidad del régimen de transición de la Ley
100 de 1993 ni la forma en que fue determinado el monto pensional en la sentencia
de primera instancia, por lo que en virtud de los artículos 320 y 328 del CGP, el
análisis se limitaría a la duración del servicio prestado.
5. Encontró probado que el demandante prestó servicios en el municipio de San
Benito Abad del 1.º de enero de 1968 al 28 de septiembre de 1970, del 1.º de enero
de 1979 al 25 de abril de 1980, del 2 de julio de 1980 al 5 de noviembre de 1983, del
19 de junio de 1998 al 2 de noviembre de 2001 y del 16 de noviembre de 2009 al 2
de agosto de 2010. También que trabajó en la Caja Agraria del 25 de noviembre de
1970 al 23 de abril de 1974; en la Secretaría de Educación del Departamento de
Sucre del 16 de septiembre de 1975 al 17 de abril de 1978; y en la Electrificadora de
Sucre del 30 de abril de 1984 al 1.º de marzo de 1985. En total, tuvo por acreditado
un tiempo efectivo de servicio de 21 años, 4 meses y 12 días.
6. Descartó la aplicación de la Ley 6 de 1945 al determinar que, para el 13 de febrero
de 1985 —fecha de entrada en vigencia de la Ley 33 de 1985—, el actor únicamente
contaba con 14 años y 2 meses de servicio, por lo que no alcanzaba los 15 años
exigidos para beneficiarse del régimen anterior.
7. Determinó que el actor sí cumplía con los 20 años de servicio exigidos por la Ley
33 de 1985, equivalentes a 1.067,71 semanas, de las cuales solo 84,43 semanas
fueron efectivamente cotizadas al sistema de seguridad social.
8. Que la falta de aportes correspondientes a 981,57 semanas no desvirtuaba el
tiempo efectivamente trabajado, ya que la responsabilidad por esos aportes recae
sobre las entidades empleadoras. En este caso, señaló que tales obligaciones
corresponden al municipio de San Benito Abad, al Departamento de Sucre y al
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, conforme al certificado de información
laboral expedido por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
9. Concluyó que la ausencia de cotización no constituye un impedimento para el
reconocimiento de la pensión, dado que el derecho a la seguridad social debe ser
garantizado. Incluso bajo el sistema general de pensiones previsto en el artículo 33
de la Ley 100 de 1993, la Corte Constitucional —en la Sentencia SU-769 de 2014—
carpeta denominada «C02ApelacionSentencia», sub- archivo digital «15Sentencia», índice 00016 SAMAI.
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reconoció la posibilidad de acumular tiempos laborados en el sector público y privado,
aun cuando no se hubiesen realizado aportes, para efectos de aplicar los beneficios
del Acuerdo 049 de 1990.
10. Indicó que la obligación de reconocer y pagar la pensión, incluyendo los aportes
no realizados a las cajas de previsión, corresponde a Colpensiones por haber sido la
última entidad que recibió cotizaciones; quien podría repetir contra el municipio de
San Benito Abad, el Departamento de Sucre y el Ministerio de Hacienda y Crédito
Público —este último, por el tiempo laborado en la Caja Agraria— el pago del bono
pensional o cuota parte, conforme al inciso 12 del artículo 33 de la Ley 100 de 1993.
ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN
11. Colpensiones interpuso acción de revisión la cual sustentó con los siguientes
argumentos:
12. Que la decisión del Tribunal Administrativo de Sucre configura un evidente
abuso del derecho, al acoger una interpretación del artículo 36 de la Ley 100 de
1993 contraria a los criterios fijados por la Corte Constitucional sobre el régimen de
transición.
13. Señala que dicho régimen, conforme a reiterada jurisprudencia constitucional,
debe aplicarse bajo principios como la equidad, sostenibilidad financiera del sistema
y razonabilidad de las cargas públicas. En ese sentido, manifestó que la Corte ha
precisado que el IBL debe determinarse conforme a las reglas vigentes del Sistema
General de Pensiones, evitando interpretaciones que otorguen privilegios
injustificados o beneficios desproporcionados, especialmente cuando no existen
aportes efectivos al sistema.
14. Resalta que la Corte ha sido enfática en que el régimen de transición solo cobija
requisitos como edad, tiempo de servicio o semanas cotizadas y tasa de reemplazo,
excluyendo expresamente el IBL; interpretación que fue recogida en la Sentencia
C-258 de 2013 y cuenta con respaldo normativo en el inciso séptimo del artículo 1.º
del Acto Legislativo 01 de 2005, que establece que solo se tendrán en cuenta para
la liquidación pensional aquellos factores sobre los que se hayan efectuado
cotizaciones efectivas.
15. Afirma que ante la coexistencia de dos líneas jurisprudenciales –una del Consejo
de Estado, que permite aplicar integralmente el régimen anterior, y otra de la Corte
Constitucional, que restringe el régimen de transición a los requisitos mencionados–
debe prevalecer esta última, por tratarse del órgano de cierre en la interpretación de
la Constitución.
Contestación a la acción especial de revisión
16. La parte demandada se opuso4 a las pretensiones al argumentar que en la
decisión recurrida se dio aplicación a la línea jurisprudencial vigente del Consejo de
Estado, en particular la sentencia del 4 de agosto de 2010, que fijó una
interpretación favorable del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
4 índice 00033 SAMAI.
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17. Manifestó que, en la Sentencia de Unificación del 28 de agosto de 2018, se
dispuso que las pensiones reconocidas o reliquidadas en el régimen de transición,
con fundamento en la tesis que sostenía la Sección Segunda del Consejo de
Estado, no pueden considerarse que lo fueron con abuso del derecho o fraude a la
ley, en aras de garantizar la seguridad jurídicas de los ciudadanos amparados por
el régimen de transición.
Concepto del Ministerio Público
18.La Procuraduría Segunda Delegada ante el Consejo de Estado no se pronunció
al respecto.
CONSIDERACIONES
19. Debe resolver la Subsección si se configura la causal de revisión alegada por la
entidad demandante, esto es, si la reliquidación de la pensión jubilación del señor
Reginaldo Avelino Jiménez Ballesta, como beneficiario del régimen de transición de
la Ley 100 de 1993, con la inclusión del 75% de todos los factores salariales
devengados en el último año de servicio, excedió lo debido conforme a lo previsto
por la Ley.
20. Para el efecto, la Sala hará referencia: i) Generalidades de la acción especial de
revisión, ii) Causal de revisión invocada; iii) Aspectos jurisprudenciales y normativos
sobre la pensión de jubilación y iv) Se examinará el caso concreto.
Generalidades de la acción especial de revisión
21. El artículo 20 de la Ley 797 del 29 de enero de 2003 habilitó al Gobierno para
que por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, del contralor general de la República o del procurador
general de la Nación, así como las entidades que realizan el reconocimiento de
pensiones5 formularan la revisión de las providencias judiciales que imponen al
tesoro o a fondos de naturaleza pública el cubrimiento de sumas periódicas o
pensiones de cualquier naturaleza.
22. Conviene precisar que, esta acción tal como el recurso extraordinario de revisión
tiende a invalidar los efectos jurídicos de una sentencia que ya se encuentra
ejecutoriada, por eso se presenta como una excepción al principio de la cosa
juzgada, y las causales para su procedencia están establecidas taxativamente en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
23. Aunque es cierto que la acción de revisión contemplada por el artículo 20, por
expresa disposición legal se rige por el procedimiento establecido para el recurso
extraordinario de revisión, al interior de la jurisdicción contenciosa administrativa ha
sido considerada como un mecanismo especial6 por al menos tres razones: su
5Corte Constitucional, Sentencia SU-427 de 2016. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez
6 Para tales efectos la providencia del Consejo de Estado del 27 de marzo de 2014, radicado núm. 11001-03-
25-000-2012-00561-00 (2129-12), C.P: Gerardo Arenas Monsalve, estableció: «es claro que las particularidades
de la “acción especial de revisión” previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, le otorgan una entidad
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finalidad, las causales para su procedencia y la calificación en quien está habilitado
para ejercer la acción.
24. En cuanto a su finalidad, esta Corporación ha señalado que consiste en dotar
«(...) a las entidades públicas pagadoras de pensiones y a los entes de control, de
una herramienta judicial para solicitar la corrección de los reconocimientos
pensionales que se encuadren en dichas causales (…)»7. Frente a los motivos para
interponer el recurso se advierte que son aquellos establecidos taxativamente en los
artículos 250 del CPACA y 20 de la Ley 797 de 2003 y que solo aquellos sujetos
indicados en el inciso primero de la norma pueden ejercer la acción.
25. Luego, la intención para la que fue creada la norma fue contrarrestar los graves
casos de corrupción e impactos fiscales en el erario por los reconocimientos
pensionales, salvaguardando el equilibrio entre la prestación y su legalidad, además
de velar por la protección de los recursos limitados del Tesoro, la liquidez, solvencia
y sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social, así como el principio de
universalidad que lo inspira8 y no la de reabrir un nuevo debate probatorio.
Causal de revisión contemplada en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de
2003
26. La exposición de motivos del proyecto de la Ley 797 de 2003, que estableció las
causales de revisión relativa a la liquidación de la pensión sobre una cuantía
excesiva, obedeció precisamente a la necesidad «[…] de construir esquemas
sociales solidarios, financieramente viables y sostenibles en el tiempo, y, equitativos
para todos los ciudadanos […]»9.
27. Acerca de la causal consagrada en el literal b, relativa a la liquidación de la
pensión sobre una cuantía excesiva, se advierte que se manifestó en dicha ocasión
por parte del Gobierno Nacional y se estudió por parte del Congreso de la República
la conveniencia de establecer un mecanismo para revisar las pensiones
irregularmente otorgadas o por montos que no establece la ley, con el fin de «[…]
afrontar los graves casos de corrupción en esta materia y evitar los grandes
perjuicios que pueda sufrir la Nación. […]»10
28. Nótese que el principal objetivo del artículo 20 está dirigido a reducir el déficit
fiscal y hacer del pensional un sistema factible en términos económicos que
permitiera la revisión, entre otras, de aquellas prestaciones.
Regla de juicio probatorio: Carga de la prueba y demostración de la causal
invocada
29. La carga de la prueba ha sido consignada en la legislación colombiana en el
propia, que se refleja principalmente en legitimación por activa que se concede al Gobierno Nacional y a los
mecanismos de control –Contraloría y Procuraduría- para promover la revisión, quienes eran terceros en el
proceso ordinario cuya revisión se permite, pero que se facultan para accionar con el objeto de proteger el
patrimonio público, con el fin de obtener la viabilidad financiera del sistema pensional […]».
7 Ibid.
8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión N.° 4, sentencia
del 1° de agosto de 2017, radicación: 11001-03-15-000-2016-02022-00. C.P. Lucy Jeannette Bermúdez
Bermúdez.
9 http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=7222
10 Véase: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=7222.
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artículo 167 del Código General del Proceso de la siguiente manera:
«Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que
consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.
No obstante, según las particularidades del caso, el juez podrá, de oficio o a
petición de parte, distribuir, la carga al decretar las pruebas, durante su práctica
o en cualquier momento del proceso antes de fallar, exigiendo probar
determinado hecho a la parte que se encuentre en una situación más favorable
para aportar las evidencias o esclarecer los hechos controvertidos. La parte se
considerará en mejor posición para probar en virtud de su cercanía con el
material probatorio, por tener en su poder el objeto de prueba, por
circunstancias técnicas especiales, por haber intervenido directamente en los
hechos que dieron lugar al litigio, o por estado de indefensión o de incapacidad
en la cual se encuentre la contraparte, entre otras circunstancias similares. […]»
30. Sobre el punto se destaca que la normativa citada impone una carga procesal11
a las partes dentro del proceso judicial, consistente en la necesidad de presentar
las pruebas demostrativas de los hechos señalados en la demanda o de las
excepciones que se aleguen en la contestación para su respectivo éxito, ello con la
opción judicial de variar el titular de esta, en atención a las condiciones particulares
para aportar los medios de convicción.
31. De esta manera se extrae que el referido postulado adjetivo de la carga de la
prueba se compone de tres principios fundamentales, i) al demandante le
corresponde probar los hechos en que sustenta la demanda; ii) la parte demandada
una vez presenta excepciones actúa como accionante y, por ende, debe probar los
hechos en que basa su defensa y; iii) se predica la absolución del demandado si la
parte activa no prueba los supuestos de hecho en que fundamentó la demanda 12.
32. Bajo esta línea se resalta que la inobservancia de la mentada carga trae
consecuencias desfavorables para la parte que no la satisface, puesto que al no
probar los supuestos de hecho que alega, se somete a que la decisión se profiera
en su contra, ya sea con fundamento en lo demostrado por la otra parte o por la
ausencia de medios de comprobación.
33. Según lo expuesto, se procede a resolver la controversia a la luz de dichos
parámetros.
Cuestión previa
34. El recurrente fundamenta su inconformidad en la supuesta configuración de un
abuso del derecho, reprochando al Tribunal Administrativo de Sucre haber incurrido
11 La Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia, han diferenciado los conceptos de «deberes
procesales», «obligaciones procesales» y «cargas procesales». Los primeros hacen alusión a los imperativos
ordenados en la ley para el adecuado desarrollo del proceso y que incumben tanto al juez como a las partes.
Los segundos son las obligaciones de contenido patrimonial impuestas a los sujetos procesales con ocasión
del adelantamiento del proceso, como las costas. Finalmente, las cargas procesales son situaciones que fija la
ley que implican una realización de una conducta facultativa de las partes y en su propio beneficio y cuya
inobservancia acarrea consecuencias desfavorables en su contra, verbigracia, no aportar pruebas. Al respecto
ver Auto del 17 de septiembre de 1985, Sala de Casación Civil, que resolvió una reposición. Gaceta Judicial
tomo CLXXX – N.º 2419, Bogotá, Colombia, año de 1985, pág. 427. También ver lo sentencia de la Corte
Constitucional C-1512 de 2000.
12 En la sentencia de la Corte Constitucional C-070 de 1993 se analizó la evolución de las reglas de la carga de
la prueba contempladas en el artículo 177 del CPC. Ver también la sentencia del Consejo de Estado del 11 de
marzo de 2016. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A. Radicación: 05001-23-
31-000-2003-01739-01(1634-13).
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en dicha figura al proferir la sentencia impugnada. No obstante, esta apreciación
parte de una interpretación equivocada de la institución jurídica invocada.
35. En efecto, el abuso del derecho es una figura que solo puede predicarse de
quien, siendo titular de un derecho subjetivo, lo ejerce de manera desleal,
desproporcionada o contraria a los fines legítimos para los cuales fue reconocido,
causando un perjuicio a otro. Por su naturaleza, esta figura se aplica exclusivamente
a las partes del proceso, mas no a la autoridad judicial.
36. En consecuencia, el análisis se centrará en determinar, siempre que se
acrediten los presupuestos de la acción, si la orden de reliquidar la pensión de
jubilación del señor Reginaldo Avelino Jiménez Ballesta, con la inclusión del 75%
de todos los factores salariales devengados en el último año de servicios, excedió
lo legalmente debido.
Caso concreto
37. Atendiendo a la causal planteada por el recurrente, la Sala se ocupará en
determinar si, en efecto, los supuestos fácticos y jurídicos esgrimidos por la entidad
encuadran dentro del contenido en ella dispuesto por el legislador, a fin de evaluar
si el quantum de la pensión desbordó el límite legalmente establecido.
38. En lo que al objeto del litigio respecta, el argumento principal de la parte actora
para solicitar la revisión de la sentencia consiste en que la decisión del Tribunal
Administrativo de Sucre configuró un abuso del derecho, al aplicar el artículo 36 de
la Ley 100 de 1993 en un sentido contrario a la jurisprudencia de la Corte
Constitucional sobre el régimen de transición. Sostiene que dicho régimen solo
ampara requisitos como edad, tiempo de servicio y tasa de reemplazo, mas no el
ingreso base de liquidación, que debe calcularse conforme a las reglas del Sistema
General de Pensiones y sobre factores efectivamente cotizados, conforme lo
precisó la Sentencia C-258 de 2013 y el Acto Legislativo 01 de 2005. En esa medida,
estima que la interpretación constitucional debe prevalecer sobre la línea del
Consejo de Estado, por tratarse del órgano de cierre en materia constitucional.
39. Así, pese a que Colpensiones en la sustentación de su acción reprochó que la
interpretación acogida por el Tribunal Administrativo de Sucre del artículo 36 de la
Ley 100 de 1993 desconocía la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre el
régimen de transición y, en esa medida, se reconocía una mesada pensional por
fuera de los parámetros fijados por dicha Corporación; tal razonamiento no
constituye por sí solo prueba que acredite la afectación de la sostenibilidad
financiera del Sistema General de Seguridad Social en pensiones.
40. Observa la Sala que la actora en la demanda no indicó siquiera de forma concisa
en cuánto resultó afectado el erario público con la decisión cuestionada ni tampoco
aportó pruebas que permitieran demostrar la configuración de la afectación
patrimonial que supone el incremento de la pensión, pese a que, como se expuso
previamente, la carga de la prueba incumbe a quien alega los hechos del proceso,
salvo que la ley lo releve, situación que no acontece en el presente caso.
41. Además, al margen de lo anterior, debe tenerse en cuenta que la entidad
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demandante no ejerció la más mínima actividad probatoria para obtener una
proyección sobre los pagos que se terminaría realizando en detrimento del erario
público en virtud de fallo judicial o acerca de la diferencia que se ha pagado y la que
se tendría que pagar teniendo en cuenta el periodo liquidable que, a su juicio, era el
correcto, ya que no desarrolló ninguna actuación ni elevó solicitud de prueba con
esos específicos fines.
42. Aun si la Sala entrara a analizar de fondo la causal alegada, el examen resultaría
inocuo, en la medida en que no existe certeza sobre si el parámetro de liquidación
invocado por la entidad demandante —esto es, la prevista en el inciso 3º del artículo
36 de la Ley 100 de 1993, bien sea con base en todo lo devengado o en el promedio
de lo percibido— arrojaría en efecto una mesada inferior a la determinada en la
sentencia objeto de revisión. De allí que cualquier conclusión a la que se llegara no
permitiría determinar con claridad si efectivamente se configuró el exceso alegado,
lo que reafirma la improcedencia de la acción.
43. Llama la atención a la Sala que al parecer la parte actora considera implícito el
daño patrimonial alegado por la mera aplicación del criterio interpretativo adoptado
por el juez de instancia. No olvidemos que en ella se constituía la obligación de
probar la configuración de la causal alegada y por tanto, no solo debía acreditar que
se hubiera otorgado una suma periódica superior a la establecida legalmente como
consecuencia de una vertiente interpretativa, pues dicho hecho por sí solo no tipifica
la causal estudiada, sino que tenía que hacer evidente que la sentencia
controvertida concedió la prestación periódica con una manifiesta y antijurídica
infracción del orden jurídico y que esto trajo consigo una afectación grave para la
sostenibilidad del sistema pensional.
44. Ahora bien, en consideración a la vinculatoriedad del precedente horizontal, se
advierte que en un caso similar, la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo
de Estado13, al estudiar un recurso extraordinario de revisión en el cual la UGGP,
adujo que el reconocimiento de una pensión sin sujeción al tope máximo de 20 o 25
salarios mínimos legales mensuales vigentes establecido en la Ley 100 de 1993 y
en el Decreto 314 de 1994 comportó un reconocimiento excesivo, declaró infundado
el recurso luego de concluir:
«(…) 30. En ese entendido, se tiene que si bien la UGPP se encuentra facultada
a través de la acción de revisión para solicitar la revisión de mesadas
pensionales o sumas de dinero reconocidas en cuantía que excede lo debido
por la ley y para ello, debe explicar los razonamientos que fundamentan la
causal invocada, de suerte que, el mero reconocimiento del derecho pensional
por vía judicial con argumentos que a juicio del ente previsional desconocen la
interpretación del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 por sí solo no conllevan a
la prosperidad de la acción extraordinaria bajo estudio, pues la causal alegada
debe ser probada y en ese sentido, la entidad previsional no solo tiene la carga
procesal de acreditar que el reconocimiento pensional en los términos
ordenados en la sentencia controvertida afectan la sostenibilidad del sistema
financiero por tratarse de un reconocimiento excesivo, sino también probar que
el mismo lo obtuvo la parte demandada con abuso del derecho.
31. No es labor del juez realizar las operaciones aritméticas tendientes a
demostrar un posible reconocimiento en términos no acordes a derechos,
cuando es obligación de las partes dentro del proceso probar los hechos que
13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del
11 de noviembre de 2021, Exp. 11001-03-25-000-2018-01770-00; C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
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alegan, so pena de soportar una decisión adversa a sus pretensiones, pues así
lo dispuso el artículo 167 del Código General del Proceso, máxime cuando en
casos como el presente no siempre la reliquidación de la pensión en cuantía del
75% del salario promedio de lo devengado en el último año de servicio comporta
el reconocimiento de una mesada pensional que afecta la estabilidad del
sistema general de pensiones, por lo que, el ente accionante debe ir más allá
de establecer una mera controversia fincada en las distintas interpretaciones de
las que era objeto el artículo 36 ibídem»14.
45. Concuerda entonces la Sala con lo expuesto en la medida que la entidad al
acudir al mecanismo de revisión debe ir más allá de formulación del debate frente a
las interpretaciones que recaían sobre el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y, por
consiguiente, tiene la obligación tanto de exponer de manera técnica, rigurosa y
fundamentada como de probar los argumentos y hechos por los cuáles se ataca la
decisión que se encuentra ejecutoriada y que ha hecho tránsito a cosa juzgada,
esto, en aras a impedir la reapertura de aspectos que fueron tratados por el juez de
instancia y evitar la utilización de este instrumento procesal para discutir los
fundamentos jurídicos de las providencias.
46. Las razones expuestas, llevan a la Sala a concluir, que el demandante no
esbozo en qué consistía el presunto abuso palmario del derecho en el
reconocimiento pensional y tampoco probó los fundamentos de hecho en que
basaba sus pretensiones, en aras de sacar avante su disconformidad, en tales
circunstancias por la ausencia de piso argumentativo y demostrativo deberá
declararse infundada la acción especial de revisión.
Condena en costas
47. Dado que esta Sección15 ha señalado que la acción especial de revisión,
prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, busca la prevenir eventuales
detrimentos al Tesoro y la garantía de la sostenibilidad financiera del sistema
pensional, la Sala, con fundamento en el artículo 188 del CPACA, se abstendrá de
imponer condena en costas cuando la actuación tenga por objeto controvertir
providencias judiciales para salvaguardar el interés público, como ocurre en el
presente asunto.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. DECLARAR INFUNDADA la acción especial de revisión interpuesta por
Colpensiones en contra de la sentencia del veintiocho (28) de marzo de dos mil
14 En similar sentido: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección
A. Sentencia del 6 de julio de 2023. Exp. 11001-03-25-000-2021-00658-00 (3344-2021). C.P. Jorge Iván Duque
Gutiérrez.
15 Entre otras, véase: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección
A. Sentencia del 24 de junio de 2021. Exp. 11001-03-25-000-2018-00943-00. C.P. William Hernández Gómez.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 23
de junio de 2022. Exp. 11001-03-25-000-2019-00224-00. C.P. William Hernández Gómez. Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrat vo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 4 de agosto de 2022,
Exp. 11001-0325-000-2020-00026 CO (0026-2020). C.P. Gabriel Valbuena Hernández.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: +57 (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
9
Radicado: 11001-03-25-000-2023-00050-00 (0872-2023)
diecinueve (2019) proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre, de conformidad
con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
Segundo. Sin condena en costas.
Tercero. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente de nulidad y
restablecimiento del derecho al despacho de origen y HÁGANSE las anotaciones
pertinentes en el sistema informático SAMAI.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
Calle 12 No. 7-65 – Tel: +57 (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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