Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2023-00221-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2023-00221-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2023-00221-00
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
6 de agosto de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., seis (6) de agosto de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
Radicado: 11001 03 25 000 2023 00221 00 (2596-2023)
Demandante: Guillermo Arbey Rodríguez Buitrago
Providencia Sentencia del 15 de septiembre de 2021 proferida por el
recurrida: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, aclarada mediante
providencia del 28 de octubre del mismo año
Tema: Causal 5 de revisión del artículo 250 del CPACA. Nulidad
originada en la sentencia.
Sentencia de revisión
Asunto
La Sala decide el recurso extraordinario de revisión interpuesto por Guillermo
Arbey Rodríguez Buitrago contra la sentencia del 15 de septiembre de 2021
proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, aclarada mediante
providencia del 28 de octubre del mismo año, dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho promovido en contra de Departamento
Administrativo para la Prosperidad Social, DPS.
1. Antecedentes
1.1. Demanda de nulidad y restablecimiento del derecho1
1. En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo2, Guillermo Arbey Rodríguez Buitrago presentó una
demanda en orden a que se declarara la nulidad de la Resolución 01155 del 27
de noviembre de 2013, por la cual el Departamento Administrativo para la
Prosperidad Social declaró la insubsistencia de su nombramiento como director
regional del Valle del Cauca.
1 Índice 24 de Samai, documento
«35RECIBEMEMORIAL_EXPEDIENTE_20140018600zip(.zip)». Expediente de nulidad y
restablecimiento del derecho 76001 33 33 015 2014 00186 00.
2 En adelante CPACA.
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2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó el reintegro al cargo o a uno
de igual o superior categoría, sin solución de continuidad para todos los efectos
laborales, así como el pago de los salarios y prestaciones sociales desde la fecha
de retiro hasta su reintegro al cargo, debidamente actualizados. Igualmente, pidió
el cumplimiento de la sentencia de conformidad con el artículo 192 del CPACA y
la condena en costas de la parte demandada.
1.1.1. Fundamentos fácticos
3. Como hechos relevantes, se señalaron los siguientes:
3.1. Guillermo Arbey Rodríguez Buitrago laboró como coordinador de la Red de
Solidaridad de la Regional Valle del Cauca desde el 11 de mayo de 2004.
3.2. Como consecuencia de la transformación de la entidad, a partir del 17 de
agosto de 2005 fue coordinador de la Agencia Presidencial para la Acción Social
y la Cooperación Internacional de la Presidencia de la República, Acción Social.
3.3. El14 de febrero de 2012 se posesionó como director regional del
Departamento Administrativo de la Prosperidad Social en atención a una nueva
modificación de la estructura administrativa de la entidad.
3.4. El 14 de noviembre de 2013, el demandante recibió una llamada del jefe de
la Oficina de Gestión Regional del DPS a través de la cual le requirió que
presentara su renuncia al cargo.
3.5. El 28 de noviembre de 2013 recibió la comunicación de la expedición de la
Resolución 01155 del 27 de noviembre de 2013, que declaró la insubsistencia de
su nombramiento.
1.2. Sentencia de primera instancia
4. Mediante sentencia proferida el 21 de junio de 2019 el Juzgado Quince
Administrativo Oral de Cali declaró probadas las excepciones de mérito3
formuladas por el Departamento Administrativo de la Prosperidad Social y negó
las pretensiones de la demanda. Para el efecto, consideró:
4.1. El empleo de director regional código 0042 grado 15 del DPS era un cargo de
libre nombramiento y remoción, en atención al alto grado de confianza que la
gestión del nominador demandaba de quien lo desempeñara. Así se desprendía
del manual de funciones de la entidad vigente para la época de los hechos. El
documento estableció que el superior del cargo era el director general que tenía
las atribuciones de nominador, de acuerdo con el Decreto 4155 de 2011.
4.2. Enesas condiciones, en principio el acto administrativo que declaró la
insubsistencia del nombramiento del demandante estaba amparado por la
presunción de legalidad. De ahí que era necesario acreditar el cargo de
3 La entidad demandada propuso las excepciones de mérito la facultad de remoción del empleo
por ser de libre nombramiento y remoción, presunción de legalidad del acto demandado y la
genérica.
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desviación de poder, por haber desatendido las disposiciones de la ley de
garantías electorales y por haber perseguido la finalidad de persecución política
y no el mejoramiento del servicio, en la medida en que la persona que lo
reemplazó no cumplía con las calidades para desempeñarse como director
regional del DPS.
4.3. El solicitante adujo que el acto acusado fue expedido como represalia a la
oposición que presentó su «padrino político» y «por directrices del alto gobierno» por
cuanto se trataba de un «exsenador conservador que manifestó no comulgar con la
campaña reeleccionista del entonces presidente de Colombia».
4.4. Las pruebas allegadas al expediente no ofrecían suficiente claridad de que
las declaraciones del exsenador César Tulio Delgado [padrino político del
demandante] fueran el factor determinante que desatara la desvinculación de
Guillermo Arbey Rodríguez Buitrago del cargo que desempeñaba.
4.5. De acuerdo con las declaraciones rendidas y las constancias emitidas en el
Senado las alegadas manifestaciones del entonces senador obedecieron a una
postura personal dirigida al partido y «a la opinión» sobre su consideración de
cómo debía actuar la colectividad a la que pertenecía frente a la elección del
presidente de la República. Tampoco se acreditó que la persona que fue
designada en reemplazo del demandante fuera «ahijado» político de otro
congresista.
4.6. Sibien las gacetas del Congreso aportadas daban cuenta de las
declaraciones de César Tulio Delgado, ello no demostró una relación directa de
causalidad entre la declaratoria de insubsistencia del actor y la presunta
persecución política que alegó.
4.7. No se vulneró la Ley 996 de 2005, de Garantías Electorales, que restringía
las vinculaciones a la nómina estatal durante los 4 meses anteriores a la elección
presidencial y hasta la realización de la segunda vuelta. En este caso, el
nombramiento del funcionario que reemplazó al demandante se realizó el 24 de
enero de 2014 y la restricción legal operó desde el 25 de enero de ese año.
4.8. Tampoco se acreditó que el acto demandado tuviera fines distintos del
mejoramiento del servicio. De acuerdo con las pruebas aportadas, Héctor Fabio
Cortés López, quien fue designado como director regional del DPS del Valle del
Cauca después del retiro del demandante, cumplía con los requisitos para el
desempeño del cargo, pues demostró una experiencia de más de 20 años,
además de que contaba con un «master» en salud ocupacional y una calificación
del DAFP de 86%.
4.9. En efecto, de conformidad con la Resolución 0007 del 6 de febrero de 2012,
un profesional de la medicina, como lo era Héctor Fabio Cortés López, con una
experiencia relacionada de 44 meses el empleo podía desarrollar las funciones
asignadas.
4.10. Por otra parte, aunque el demandante indicó que su ejercicio del empleo fue
muy satisfactorio, según las evaluaciones de desempeño aportadas con su hoja
de vida, ello no le otorgaba un fuero de estabilidad, en los términos de la
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jurisprudencia del Consejo de Estado4. Ciertamente, se constituía en un deber de
todo servidor público desarrollar sus funciones con diligencia y responsabilidad,
sin que ello enervara la facultad discrecional del nominador.
1.3. El recurso de apelación
5. El demandante presentó recurso de apelación contra la sentencia de primer
grado con fundamento en lo siguiente:
5.1. Las pruebas allegadas al proceso demostraron la persecución política de que
fue objeto. La parte demandada aceptó que el 28 de noviembre de 2013 lo notificó
del acto de insubsistencia. Para el siguiente 3 de diciembre del mismo año, el
senador César Tulio Delgado declaró en la plenaria del Senado de la República
«como respuesta de aquella opinión que expresa el clamor de las bases y militantes del
partido conservador hoy desvinculan declarando insubsistente a un funcionario que en
representación del partido ejercía funciones en el Valle del Cauca, desde hace más de
6 años» [sic].
5.2. La valoración del juez de primera instancia desconoció la posición política
asumida por el entonces senador del partido Conservador en contra de la
reelección presidencial, demostrada con las gacetas, constancias y
declaraciones aportadas al expediente. De manera que su oposición por el uso
indiscriminado de los recursos públicos para el servicio de fines electorales y
políticos del primer mandatario fue castigada con la expedición del acto acusado.
5.3. Lo anterior se podía deducir de la secuencia cronológica de los hechos
demostrados en el juicio.
5.4. Adicionalmente, se vulneraron los artículos 9 y 32 de la Ley de Garantías
Electorales, que se encontraba vigente al momento en el que se declaró la
insubsistencia del nombramiento del demandante. La sentencia C-1153 de 2005
declaró exequible la disposición «en el entendido que para el Presidente o el
Vicepresidente de la República dicha restricción se aplica desde que manifiestan el
interés previsto en el artículo 9.°».
5.5. De acuerdo con lo anterior, la limitación de vinculación a la nómina estatal por
6 meses operaba desde que el entonces presidente manifestó públicamente su
voluntad de aspirar a la reelección presidencial, el 25 de noviembre de 2013. En
esas condiciones, el nominador no podía disponer su retiro el 27 de noviembre
de 2013, como lo hizo. En este mismo sentido lo consideró el Consejo de Estado
en la sentencia del 11 de noviembre de 20105.
1.4. Sentencia de segunda instancia objeto de revisión
6. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en sentencia del 15 de
septiembre de 2021 revocó la decisión de primera instancia. En su lugar, declaró
la nulidad del acto acusado y condenó a la entidad demandada al reconocimiento
4 Citó: Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 20 de septiembre de 2018, radicado:
25000 23 25 000 2010 00739 01(4541-2012).
5 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 11 de noviembre de 2010,
radicado: 73001 23 32 0 2006 01792 01(0481-2010).
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y pago de los emolumentos dejados de devengar por el demandante desde el 27
de noviembre de 2013 hasta el 14 de junio de 2014, día de la segunda vuelta
para las elecciones presidenciales. Igualmente, condenó en costas al DPS. La
decisión se fundamentó en las siguientes consideraciones:
6.1. De conformidad con la Resolución 00070 de 2012, los requisitos para
desempeñar el cargo de director regional código 0042 grado 15 consistían en:
título profesional en sociología, antropología, trabajo social, sicología, filosofía,
arquitectura, medicina, bacteriología, administración de empresas,
administración pública, derecho, economía o ingeniería, y 68 meses de
experiencia relacionada. Para quienes además tuvieran título de posgrado en la
modalidad de especialización en administración pública, derecho administrativo
o gerencia, la experiencia profesional relacionada sería de 44 meses.
6.2. Eldemandante acreditó que había obtenido el título de abogado,
especialización en gestión de empresas y servicios públicos y 27 años de
experiencia relacionada. Para la designación de cargos del nivel directivo del
orden nacional, el grupo de meritocracia del Departamento Administrativo de la
Función Pública le asignó «promedio perfil directivo: 80%, y ajuste candidato perfil:
85%».
6.3. Sin embargo, no se allegó prueba de las condiciones profesionales y de
experiencia de Pedro Pablo Castrillón, quien fue encargado como su reemplazo,
como tampoco del acto de retiro. En cuanto a Héctor Fabio Cortés López, quien
más adelante fue designado director regional 0042 grado 15 del DPS regional
Valle del Cauca, se aportó su título de médico y cirujano, un máster en salud
ocupacional y 28 años de experiencia relacionada, con el siguiente puntaje
asignado por el DAFP «promedio perfil directivo: 85%, y ajuste candidato perfil: 86%».
6.4. Como hecho notorio se podía tener probado que el 20 de noviembre de 2013,
el entonces presidente de la República manifestó públicamente su intención de
aspirar a la reelección presidencial, la cual protocolizó con la presentación de los
documentos pertinentes ante la Registraduría Nacional del Estado Civil el 25 de
los mismos mes y año.
6.5. En ese orden la limitación de modificar la nómina de las entidades de la rama
ejecutiva operó desde el 26 de noviembre de 2013 hasta el 15 de junio de 2014,
fecha de la segunda vuelta. Como el acto de insubsistencia del nombramiento
del demandante se expidió el 27 de noviembre de ese año, estaba viciado de
nulidad.
6.6. En cuanto al restablecimiento del derecho del demandante, era procedente
acceder al reconocimiento y pago de los emolumentos que dejó de devengar,
incluidos los aportes a la seguridad social en salud y pensión, desde la fecha de
la declaratoria de insubsistencia hasta el día en el que se llevó a cabo la segunda
vuelta de las elecciones presidenciales.
6.7. Si bien se dispuso una designación después de un encargo, lo cierto es que
el poder de nominación se encontraba supeditado a la Ley de Garantías
Electorales «al no darse la vacante por una de las excepciones que estableció» la
Corte Constitucional en la sentencia C-1153 de 2015.
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7. Mediante providencia del 28 de octubre de 2021, el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca negó la solicitud de aclaración de la sentencia de segundo grado
y la adicionó en el sentido de negar las demás pretensiones de la demanda. Para
el efecto, expuso:
7.1. Se debía adicionar la decisión de segunda instancia para resolver
expresamente sobre la pretensión de reintegro del demandante al cargo de
director regional, código 0042, grado15, de la Dirección Regional del Valle del
Cauca.
7.2. Al respecto, se debía señalar que no era procedente tal pretensión, pues la
nulidad del acto acusado estuvo soportada únicamente en la violación de los
límites de nominación impuestos por la Ley de Garantías Electorales, más allá de
su vigencia. Por lo tanto, no existía sustento legal para la orden de permanencia
en el cargo, comoquiera que su naturaleza era la de libre nombramiento y
remoción, por lo tanto, no gozaba de fuero de estabilidad alguno.
1.3. Recurso extraordinario de revisión6
8. Guillermo Arbey Rodríguez Buitrago interpuso recurso extraordinario de
revisión en contra de la sentencia del 15 de septiembre de 2021 proferida por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, adicionada por la providencia del 28
de octubre de 2021. Lo anterior con fundamento en la causal establecida en el
numeral 5 del artículo 250 del CPACA «[e]xistir nulidad originada en la sentencia que
puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación».
9. El demandante solicitó la revisión de la providencia objeto del recurso y que
como consecuencia de ello se declarara su nulidad parcial, para que en su lugar
se dispusiera su reintegro al cargo, sin solución de continuidad, el pago de todos
los salarios y prestaciones sociales que dejó de recibir, desde que fue retirado
del servicio hasta que fuera nuevamente vinculado «todo ello con base en los
principios de igualdad y de congruencia». Asimismo, que se ordenara dar
cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos 192 y 195 del
CPACA.
10. Las pretensiones se sustentaron en los siguientes argumentos:
10.1. La sentencia limitó injustificadamente lo pretendido a título de
restablecimiento del derecho y desconoció los principios de congruencia y de
igualdad, al condenar a la entidad al reconocimiento desde la fecha de la
insubsistencia y el 14 de junio de 2014, día en el que se celebró la segunda vuelta
de las elecciones presidenciales.
10.2. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca omitió su deber constitucional
de interpretar y aplicar al caso concreto todos los alcances del artículo 138 del
CPACA, al considerar que no era procedente ordenar el reintegro, con el
argumento de que no existía sustento legal para ordenar su permanencia en el
6 Índice 2 de Samai. Expediente del recurso extraordinario de revisión. Documento
«ED_ANEXOS_22_76001333301520140(.pdf) NroActua 2»
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cargo, en atención a que su naturaleza de libre nombramiento y remoción
implicaba que no contara con fuero de estabilidad alguno.
10.3. Con lo anterior el tribunal vulneró la reparación integral en justicia y equidad,
debido a que se demostró que el acto de retiro fue ilegal, además de que se
encontraron probados los vicios de ley o desviación de poder en su expedición.
De ahí que su nulidad era absoluta y definitiva, pues esos vicios no podían
sanearse por el paso del tiempo.
10.4. Por lo tanto, la declaratoria de nulidad del acto de insubsistencia implicaba
retrotraer la situación al estado inicial, como si nunca hubiera existido, es decir,
producía los efectos ex tunc [desde entonces].
10.5. Si bien no estaba amparado por el fuero de estabilidad por la naturaleza del
cargo, no se podía «premiar» a la demandada con la reducción drástica de los
efectos de «desviada y falsamente motivada actuación», basado en el entendimiento
de que, en todo caso, superado el término previsto por la Ley de Garantías, se
declararía la insubsistencia. Con ello se constituyó una restricción injustificada de
los verdaderos efectos legales y patrimoniales derivados de la nulidad.
10.6. En este sentido, la jurisprudencia del Consejo de Estado se ha pronunciado
y ha ordenado el reintegro al cargo como lo hizo en las sentencias del 11 de
noviembre de 20107, 26 de julio de 20128, 27 de agosto de 20129, 26 de
septiembre de 201210, 7 de febrero de 201311, 17 de abril de 201312, 13 de junio
de 201313, 11 de julio de 201314, 10 de octubre de 201315 y del 19 de febrero de
201516.
10.7. Incluso, en un asunto «igual» al presente, la sentencia del 12 de abril de
201217 se pronunció sobre la nulidad del acto de insubsistencia de un
nombramiento efectuado en un cargo de libre nombramiento y remoción,
respecto de lo cual consideró:
«[…] carece de sustento jurídico la declaratoria de nulidad parcial temporal
del acto de insubsistencia ordenada en la sentencia impugnada, toda vez
7 Citó: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 11 de noviembre de
2010, radicado: 73001 23 31 000 2006 01792 01(0481-2010)
8 Citó: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 26 de julio de 2012,
radicado: 68001 23 31 000 2003 02964 01(1853-2011)
9 Citó: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 27 de agosto de 2012,
radicado: 19001 23 31 000 2004 00005 01(1584-2009)
10 Citó: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 26 de septiembre de
2012, radicado: 76001 23 31 000 2007 00331 01(0037-2010).
11 Citó: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 7 de febrero de 2013,
radicado: 54001 23 31 000 1998 00639 02(1107-2011)
12 Citó: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 17 de abril de 2013,
radicado: 76001 23 31 000 2006 01754 01(0900-2011)
13 Citó: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 13 de junio de 2013,
radicado: 25000 23 25 000 2006 04060 01(103609)
14 Citó: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 11 de julio de 2013,
radicado: 54001 23 31 000 1999 01033 01(1293 2010)
15 Citó: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 10 de octubre de
2013, radicado: 76001 23 31 000 2001 05359 03(1260-2012)
16 Citó: Consejo de Estado, Sección Segunda Subsección A, sentencia del 19 de febrero de 2015,
radicado: 25000 23 25 000 2002 00526 01(1726-2008)
17 Citó: Consejo de Estado, sección Segunda, Subsección B, sentencia del 12 de abril de 2012,
radicado: 25000 23 25 000 2006 04197 01(0461-2009)
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Demandante: Guillermo Arbey Rodríguez Buitrago
que la existencia de vicios de violación de la ley y desviación de poder, en
la producción de los actos administrativos demandados, generan la nulidad
de los mismos, al tenor del artículo 84 del C.C.A, NULIDAD QUE ES
ABSOLUTA Y DEFINITIVA, MAS NO TEMPORAL, porque no existe en el
ordenamiento jurídico colombiano la posibilidad de que tales vicios puedan
ser convalidados por el curso del tiempo.
Si bien es cierto que una vez superada la etapa preelectoral, el nominador
estaba en posibilidad de ejercer su facultad discrecional, esta circunstancia
no conduce a afirmar que a partir de entonces, “adquirió vigencia la
desvinculación del servicio del actor”, conforme lo interpreta el Tribunal,
pues en primer lugar, no puede desconocerse que el retiro del servicio del
actor se produjo por un acto administrativo que nació afectado de nulidad, la
cual es insaneable, y por tal motivo no puede convalidarse por el paso del
tiempo; y segundo, porque no es dable al intérprete suponer que cumplido
el término de la restricción legal, debía producirse efectivamente el retiro del
actor, ya que su nombramiento no se sujetó a ningún plazo, y además su
retiro dependía de la voluntad del nominador sujeta a la ponderación de las
circunstancias de oportunidad y conveniencia, decisión que por sus efectos,
debía ser escrita, expresa y debidamente comunicada al empleado, al tenor
de las reglas que rigen las relaciones laborales en el servicio público (artículo
41 Ley 909 de 2004). Entonces, poner un límite a la permanencia del
demandante en el cargo, basado en el hecho de que el nominador estaba
facultado para terminar la vinculación laboral del demandante, constituye
una restricción injustificada de los efectos patrimoniales que devienen de la
declaratoria de nulidad […]» [sic]
10.8. Con fundamento en lo anterior, la providencia en cita ordenó el reintegro del
demandante al cargo, sin limitarlo en el tiempo. Asimismo, lo consideró la
sentencia del 10 de febrero de 202218, al resolver un recurso extraordinario de
revisión, en el que consideró desconocido el principio de congruencia de una
sentencia que había limitado el derecho al reintegro de un miembro de la Fuerza
Pública.
1.4. Contestación del recurso extraordinario de revisión19
11. El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social contestó el recurso
extraordinario de revisión y solicitó que no se infirmara la sentencia del 15 de
septiembre de 2021 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
con sustento en el siguiente razonamiento:
11.1. Contrario a lo manifestado por la parte recurrente, no se configuró causal
alguna de las previstas en el artículo 250 del CPACA. El recurso señaló que se
estructuró el supuesto descrito en el numeral 5, por considerar que la sentencia
no era congruente con las pretensiones de la demanda. En su sentir, el artículo
138 de CPACA conllevaba su reintegro junto con el pago de salarios y
prestaciones desde la desvinculación hasta que lo anterior se cumpliera. No
obstante, lo cierto fue que el tribunal sustentó y decidió el problema jurídico que
18 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 10 de febrero de 2022,
radicado: 11001 03 25 000 2019 00161 00(1040-2019)
19 Índice 15 de Samai. Expediente del recurso extraordinario de revisión.
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Demandante: Guillermo Arbey Rodríguez Buitrago
planteó en la sentencia «en forma amplia, proporcional y razonada con apego a la ley
y la jurisprudencia».
11.2. El artículo 138 del CPACA no limitaba las condiciones del restablecimiento
del derecho y la reparación del daño. Aquella norma era general, abstracta e
impersonal. En el evento en el que se declarara la nulidad del acto acusado debía
restablecerse el derecho. En este caso, esa circunstancia fue verificada por la
segunda instancia y, al encontrar la nulidad alegada, así la declaró con el
consecuente restablecimiento del derecho en la forma y condiciones en que fue
cumplida la sentencia por parte de esa entidad.
11.3. El hecho de que no se hubieran concedido las pretensiones en los términos
en los que lo solicitó, en manera alguna implica el vicio que alegó, en la medida
en que existió congruencia entre la parte motiva y la resolutiva. Si bien la decisión
respecto de las pretensiones no satisfizo al demandante, la providencia estaba
amparada por «los principios constitucionales, legales y jurisprudenciales».
11.4. Así las cosas, como los planteamientos del recurrente estaban sustentados
en posturas subjetivas e interpretaciones de la norma tergiversadas, su propósito
era el de reabrir el debate judicial, en atención a su desacuerdo con los
argumentos de hecho y de derecho que fundaron la sentencia que accedió de
manera parcial a sus pretensiones.
11.5. Según la jurisprudencia del Consejo de Estado20, la congruencia como
principio se constituía en garantía del derecho fundamental al debido proceso de
las partes. Por lo tanto, al juez de conocimiento solo le era permitido pronunciarse
con base en lo pretendido, lo probado y lo recurrido, sin la posibilidad de dictar
sentencias extra o ultrapetita. La omisión de efectuar un pronunciamiento sobre
lo solicitado como pretensión debía explicarse de manera clara.
11.6. De acuerdo con lo anterior, la sentencia cuestionada no desconoció tal
principio, como tampoco vulneró los de igualdad, favorabilidad y debido proceso.
En efecto, los argumentos expuestos por el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca para no acceder al reintegro se concretaron en:
i) el poder de nominación se encontraba supeditado a la ley de garantías
al no darse la vacante por una de las excepciones que da cuenta la
sentencia C-1153 de 2015 emitida por la Corte Constitucional;
ii) la nulidad del acto acusado se soportó únicamente en la violación de
los límites de nominación impuesto por la ley de garantías, más allá de
su vigencia;
iii) por lo tanto, no existía sustento legal para ordenar la permanencia en
el cargo, al desempeñar el actor un cargo de libre nombramiento y
remoción que no tenía fuero de estabilidad alguno.
20Citó: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 9 de junio de 2010, radicado:
73001233100019980390101(17605)
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11.7. En consecuencia, el recurso extraordinario de revisión interpuesto buscó
que, a través de una «tercera instancia» se acogiera su interpretación del artículo
138 del CPACA. Esta situación desconocía el alcance y finalidad de este medio
de impugnación excepcional que no admitía cuestionar el criterio del tribunal,
además de que incumplió con la carga argumentativa necesaria para su
prosperidad.
11.8. Tampoco era posible advertir alguna de las causales de nulidad previstas en
el artículo 133 del Código General del Proceso21, puesto que en cada etapa
procesal se efectuó el control de legalidad y saneamiento, sin que los despachos
judiciales de conocimiento o las partes señalaran vicio alguno que invalidara la
actuación.
2. Consideraciones
2.1. Competencia
12. Esta Sala es competente para decidir el presente recurso extraordinario de
revisión de conformidad con lo regulado en los artículos 249 del CPACA y 13
numeral 3 del Reglamento Interno del Consejo de Estado22 de la Sala Plena de
esta corporación, que estableció «[d]e los recursos de revisión contra las sentencias
ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y
subsecciones del Consejo de Estado según la materia».
2.2. Oportunidad
13. En este caso, se observa que la sentencia del 15 de septiembre de 2021
proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca se notificó por correo
electrónico el 29 de septiembre de ese año23. Asimismo, la providencia del 28 de
octubre de 2021 se notificó en estado del 3 de noviembre del mismo año. La
decisión quedó ejecutoriada el 8 de noviembre de 2021, según la constancia
expedida por la Secretaría del tribunal24 y el recurso fue radicado el 3 de
noviembre de 202225.
14. De acuerdo con lo anterior, recurso extraordinario de revisión fue presentado
dentro del año siguiente a la ejecutoria de la sentencia recurrida, tal y como lo
prevé el artículo 251 del CPACA.
2.3. Legitimación en la causa
15. En el asunto objeto de estudio, Guillermo Arbey Rodríguez Buitrago y el
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social están legitimados para
21 En lo sucesivo CGP.
22 Acuerdo 080 del 12 de marzo de 2019.
23 Índice 24 de Samai, documento
«35RECIBEMEMORIAL_EXPEDIENTE_20140018600zip(.zip)». Expediente de nulidad y
restablecimiento del derecho 76001 33 33 015 2014 00186 01.
24 Índice 24 de Samai, documento
«35RECIBEMEMORIAL_EXPEDIENTE_20140018600zip(.zip)». Expediente de nulidad y
restablecimiento del derecho 76001 33 33 015 2014 00186 01.
25 Índice 2 de Samai, documento «ED_CORREO_7600133330152014(.msg)».
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actuar como demandante [el primero] y como demandada [el último], comoquiera
que actuaron con igual calidad dentro del proceso ordinario cuya decisión de
segunda instancia pretende controvertir en esta oportunidad.
2.4. Generalidades del recurso extraordinario de revisión
16. El recurso extraordinario de revisión previsto en el artículo 248 del CPACA es
un medio de impugnación que afecta el principio de la inmutabilidad de las
sentencias ejecutoriadas y, por ende, constituye una excepción al principio de la
cosa juzgada26. Su finalidad es la de invalidar los efectos jurídicos de una
sentencia que se encuentra ejecutoriada27 y persigue el restablecimiento del
criterio de justicia material y la supremacía de las garantías procesales cuando
estas han sido lesionadas en aquella, al ocurrir alguna de las causales por las
cuales procede, establecidas en la ley. Tiene dos características principales:
17. La primera se refiere a que su naturaleza es excepcional y, por lo tanto, solo
opera por razón de las causales taxativas señaladas en el artículo 250 del
CPACA, en concordancia con el artículo 20 de la Ley 797 de 2003. Estas señalan
vicios o errores de naturaleza procedimental que permiten la revisión de la
sentencia proferida dentro del proceso. En ese orden, para que el juez pueda
examinar la controversia materia del recurso, a quien lo ejerce le corresponde
indicar con precisión cuál es la causal que invoca para invalidar la sentencia
recurrida y las razones de hecho y de derecho que la sustentan.
18. La segunda indica que se trata de un nuevo proceso que tiene por objeto
cuestionar la sentencia proferida dentro de un proceso ordinario y no una nueva
oportunidad para reabrir el debate jurídico, probatorio y/o fáctico propio de las
instancias procesales que ya se han surtido en aquel. Tampoco es una vía para
cuestionar la actividad interpretativa del juez o insistir en la discusión de los
problemas debatidos en el proceso original ni para subsanar las falencias de las
actuaciones procesales de las partes, puesto que no constituye una tercera
instancia.
2.5. Problema jurídico
19. Se circunscribe a resolver el siguiente interrogante:
¿Se configuró la causal prevista en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA
en la sentencia del 15 de septiembre de 2021 proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, aclarada mediante providencia del 28 de
octubre de ese año, por desconocer el principio de congruencia, al negar la
pretensión de reintegro del demandante al cargo como consecuencia de la
nulidad del acto de retiro y el pago de los salarios y prestaciones causados
hasta que ello se cumpliera?
26 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Catorce Especial de Decisión.
Sentencia 13 de octubre de 2020. Rad. 11001-03-15-000-2019-00119-00.
27 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda, Subsección A.
Sentencia 15 de marzo de 2018. Rad. 1001-03-25-000-2014-00862-00.
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2.6. La nulidad originada en la sentencia como causal del recurso
extraordinario de revisión
20. El numeral 5 del artículo 250 del CPACA dispuso que la «nulidad originada en
la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación
[…]» es causal de revisión de las sentencias ejecutoriadas. Sobre los eventos en
los que se estructura la nulidad de la sentencia, la jurisprudencia del Consejo de
Estado ha señalado los siguientes:
i) cuando se configura alguna de las situaciones previstas de manera taxativa en
el artículo 133 del Código General del Proceso28 que solo pudieron ser advertidas
en la sentencia. Este criterio adoptó la tesis basada en el respeto a la taxatividad
y legalidad de las nulidades29 y;
ii) cuando se vulnera el debido proceso a partir del artículo 29 de la Constitución
Política. La transgresión debe ser de naturaleza procesal, por lo que no es posible
que el recurrente cuestione la motivación de la providencia, la valoración
probatoria o la aplicación de las normas30. Dentro de este tipo de nulidades la
jurisprudencia ha precisado, a modo enunciativo, que pueden ser las siguientes:
«[…] 66.1. Cuando sin ninguna otra actuación, se profiere una nueva
sentencia en proceso terminado normalmente por sentencia en firme.
66.2. Cuando sin más actuación se profiere sentencia después de
ejecutoriado el auto por el cual hubiera sido aceptado el desistimiento,
aprobada la transacción o declarada la perención del proceso, porque así se
revive un proceso legalmente concluido.
66.3. Cuando se profiere sentencia, como única actuación, sin el previo
trámite correspondiente, porque así se pretermite íntegramente la instancia.
66.4. Cuando se condena al demandado por cantidad superior o por objeto
distinto del pretendido en la demanda o por causa diferente de la invocada
en esta.
[…]
66.6. Cuando, sin más actuación, se profiere sentencia después de ocurrida
cualquiera de las causas legales de interrupción o de suspensión o, en estos
casos, antes de la oportunidad debida.
66.7. Cuando el juez provee sobre aspectos respecto de los cuales carece
de jurisdicción o competencia.
[…]
66.9. Cuando la sentencia aparece suscrita por un número mayor o menor
de los magistrados que debieron haberlo hecho; o cuando fue adoptada con
un número de votos diferente del previsto en la ley […]».31
28 En adelante CGP.
29 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintiséis Especial de
Decisión. Sentencia del 3 de febrero de 2015. Rad. 11001-03-15-000-1998-00157-01.
30 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Dieciséis Especial de
Decisión, sentencia del 5 de mayo de 2020, Radicado: 11001-03-15-000-2017-02519-00.
31Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintiséis Especial de
Decisión. Sentencia del 3 de febrero de 2015. Rad. 11001-03-15-000-1998-00157-01.
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21. Asimismo, el Consejo de Estado ha considerado otros eventos en los que se
vulnera el debido proceso y, por lo tanto, generan la nulidad de la sentencia, que
se presentan cuando:
• Se dicta con sustento, únicamente, en una prueba obtenida con violación del
debido proceso32.
• Se condena a una persona que no fue vinculada al proceso33.
• Se profiere sin motivación34.
• Se emite una sentencia inhibitoria injustificadamente35.
• Se desconoce el principio de congruencia36.
• Se dicta con vulneración del principio de la «non reformatio in pejus»37.
22. De igual manera, se ha establecido, como una regla general, que no es
procedente invocar como sustento del recurso de revisión la ocurrencia de una
nulidad ocurrida en una etapa anterior a la sentencia ejecutoriada que puso fin
al proceso. En este caso, su alegación debió presentarse dentro de la
oportunidad procesal prevista en el artículo 134 del CGP38. Sin embargo, la
jurisprudencia ha aceptado la formulación de una nulidad sucedida antes del fallo
referido siempre que el recurrente no hubiese tenido la oportunidad de advertirlo
dentro del proceso, circunstancia que le corresponde probar39.
23. Así las cosas, para que proceda la causal de que trata el numeral 5 del artículo
250 del CPACA, deberá acreditarse:
i) la existencia de una sentencia ejecutoriada que ponga fin al proceso contra
la cual no proceda el recurso de apelación, pues de ser así este sería el
medio idóneo para debatir cualquier vicio en que hubiera incurrido la
providencia;
ii) que la nulidad se estructuró en el momento en que se profirió la decisión
judicial, salvo que de haberse producido antes el afectado no pudo
advertirla, lo que deberá probar; y
iii) que tal nulidad sea una de las taxativamente regladas en el CGP o por la
vulneración del debido proceso previsto en el artículo 29 superior.
32 Consejo de Estado, Sala Veintisiete Especial de Decisión, sentencia del 3 de abril de 2018,
radicación: 11001-03-26-000-2019-00071-00 (63.893).
33 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 4 de mayo de 2022,
radicación: 11001-03-15-000-2017-02091-00 (REV).
34 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 1 de junio de
2005, radicación: REV-062.
35 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 8 de mayo de
2018, radicación: 11001-03-15-000-1998-00153-01.
36 Consejo de Estado, Sala Veinticinco Especial de Decisión, sentencia del 28 de junio de 2021,
radicación: 11001-03-15-000-2020-03697-00; sentencia del 20 de agosto de 2021, radicación:
11001-03-15-000-2020-02925-00; sentencia del 31 de enero de 2022, radicación: 11001-03-15-
000-2020-03065-00.
37 Consejo de Estado, Sala Octava Especial de Decisión, sentencia del 14 de diciembre de 2021,
radicación: 11001-03-15-000-2017-00512-00; Sala Diecinueve Especial de Decisión, sentencia
del 16 de marzo de 2022, radicación: 11001-03-15-000-2021-00921-00.
38 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala segunda Especial de
Decisión. Sentencia del 14 de agosto de 2023. Radicado: 110010315000 2015 00545 00.
39 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Cuarta Especial de
Decisión. Sentencia del 12 de julio de 2023. Radicado: 110010315000 2023 0075900.
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2.7. El principio de congruencia en la sentencia
24. Sobre la congruencia de la sentencia, es importante tener en cuenta que el
artículo 281 del CGP prevé lo siguiente:
«ARTÍCULO 281. CONGRUENCIAS. La sentencia deberá estar en
consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y
en las demás oportunidades que este código contempla y con las
excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo
exige la ley.
No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto
distinto del pretendido en la demanda ni por causa diferente a la invocada en
esta.
Si lo pedido por el demandante excede de lo probado se le reconocerá
solamente lo último.
En la sentencia se tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo
del derecho sustancial sobre el cual verse el litigio, ocurrido después de
haberse propuesto la demanda, siempre que aparezca probado y que haya
sido alegado por la parte interesada a más tardar en su alegato de conclusión
o que la ley permita considerarlo de oficio.
[…]»
25. En sentencia del 26 de octubre de 201740, esta subsección sostuvo que el
principio de congruencia se erige como una garantía del derecho fundamental al
debido proceso, en atención a que este mandato impone que el juez solo pueda
pronunciarse respecto de las pretensiones, las pruebas y las excepciones que
las partes hayan expuesto en el decurso procesal.
26. Por su parte, la Sección Primera de esta corporación, en sentencia del 25 de
enero de 201841, señaló:
«[…] Otro principio que merece destacarse es el de congruencia de la
sentencia, según el cual debe existir una correspondencia entre lo que se
decide por el Juez y lo que constituye la materia del litigio.
A propósito de este principio, la Jurisprudencia de la Sala ha mencionado:
“(…) El pronunciamiento que se profiera no solo debe referirse al petitum
elevado sino además, a los hechos que sirven de soporte aducidos por quien
entabla la demanda, y en tratándose de las acciones incoadas ante la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, es menester señalar que el
quebranto normativo endilgado en el capítulo del libelo que contenga el
concepto de violación, constituye un límite que no puede traspasar el
Juzgador, sobre todo si se tiene en cuenta que en este campo la justicia es
rogada; por lo cual la contienda no puede desatarse sino dentro de las pautas
fijadas en el libelo incoativo del proceso. (…)”42.(Resaltado fuera del texto
original).
[…]
Por otra parte, la sentencia deberá tener en cuenta cualquier hecho
modificativo o extintivo del derecho sustancial sobre el cual verse el litigio,
40 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 26 de octubre de 2016,
radicado: 25000-23-42-000-2014-01139-01(2458-15)
41 Consejo de Estado, Sección Primera. Radicado: 25000-23-41-000-2013-00911-01.
42 Sentencia de 5 de junio de 1997, Expediente nro. 4092, CP Manuel Santiago Urueta Ayola.
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ocurrido incluso después de haberse presentado la demanda y siempre que
se alegue a más tardar en la etapa de alegatos de conclusión o que la ley
permita considerarlo de oficio.
De acuerdo con el precepto en mención la sentencia no puede reconocer lo
que no se ha pedido (extra petita) ni tampoco más de lo solicitado (ultra
petita), excepto en los casos autorizados expresamente por el legislador,
como en los asuntos de familia y de protección de los derechos
fundamentales.
En palabras de GARCÍA DE ENTERRÍA, todo el proceso debe girar en torno
a las peticiones concretas que las partes formulan ante el Órgano
Jurisdiccional, solicitando del mismo una actuación en un sentido
determinado. Así “la pretensión acota el contenido del proceso, fija sus
límites concretos, condiciona su tramitación y resultado y delimita el ámbito
en el que necesariamente ha de moverse el juzgador” […]». (Resaltado fuera
del texto original).
27. Sobre el particular, la Sala Plena de esta corporación se pronunció en los
siguientes términos:
«[…] El juez de la revisión debe cuidarse de no incurrir en el error de
confundir la disconformidad que puedan tener los sujetos procesales frente
a lo argumentado y decidido en el fallo en cuestión, con la falta de armonía
sustancial que inexorablemente debe darse entre la parte motiva y la
dispositiva de la providencia, ya que en el primer supuesto, el recurso
extraordinario debe negarse, pues el mismo se estaría empleando para
mimetizar tesis o razones propias de los recursos ordinarios o de las
discusiones de instancia, pero no de las que por su naturaleza especial se
requieren para este tipo de recursos extraordinarios […]»43
28. De acuerdo con lo anterior, el principio de congruencia puede ser entendido
como el deber legal que tienen los funcionarios judiciales de resolver un asunto
puesto en su conocimiento con fundamento en las pretensiones, las pruebas
aportadas, las normas aplicables y lo alegado por las partes, sin incurrir en fallos
ultrapetita, extrapetita o minuspetita44, como regla general.
29. Asimismo, es relevante precisar que dicho principio se analiza bajo dos
ámbitos o facetas. Una externa, que se refiere a la armonía que debe existir entre
lo pedido y alegado por las partes; y otra interna, relacionado con la coherencia
entre lo dispuesto en la parte resolutiva y los argumentos o razonamientos
expuestos en la parte motiva de la providencia45. Al respecto, es importante
destacar que, en caso de existir incongruencia en cualquiera de ellas, para que
43 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala 22 Especial de Revisión,
providencia de 7 de abril de 2015, radicación 11001-03-15-000-2013-00358-00 (REV).
44 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala 22 Especial de Revisión,
providencia de 7 de abril de 2015, radicación 11001-03-15-000-2013-00358-00 (REV).
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 16 de
agosto de 2002, radicación: 76001232400019970434501 (12668): «[…] Cuando en una
providencia judicial, no se respeta el principio de la congruencia, se incurre en lo que la doctrina
ha llamado fallo “ultrapetita” que consiste en reconocer un mayor derecho que el invocado por el
demandante, “extrapetita”: cuando se reconoce un derecho que no ha sido reclamado o cuando
se reconoce un derecho reclamado o se acoge la pretensión pero por una causa diferente o
deducida de hechos no alegados, y “minuspetita”: cuando se omite el pronunciamiento sobre una
de las pretensiones.»
45 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Sentencia de 21
de noviembre de 2007. Expediente: 50001233100020020019802 (15770). Actor: Germán Darío
Ospina Garzón. Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN.
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pueda generar la invalidez de la sentencia, esta debe ser de tal magnitud que no
proceda solución diferente de su nulidad.
2.8. Análisis de la Sala
30. En el presente asunto, Guillermo Arbey Rodríguez Buitrago invocó la causal
establecida en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA, por considerar que la
sentencia del 15 de septiembre de 2021 proferida por el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca, aclarada mediante providencia del 28 de octubre de ese año
desconoció el principio de congruencia.
31. Lo anterior, en atención a que la providencia declaró la nulidad de la
Resolución 01155 del 27 de noviembre de 2013 por el cual el director general del
Departamento Administrativo de la Prosperidad Social declaró la insubsistencia
de su nombramiento como director regional del Valle del Cauca; sin embargo, no
accedió a la pretensión de reintegro que había formulado a título de
restablecimiento del derecho en el escrito inicial, con el consecuente
reconocimiento y pago de los salarios y las prestacionales que dejó de recibir
hasta que fuera reintegrado.
32. Al respecto, se observa que la sentencia del 15 de septiembre de 2021 quedó
ejecutoriada y contra ella no procedía el recurso de apelación, puesto que puso
fin al proceso al resolver el juicio en segunda instancia. Además, el vicio alegado
por la parte recurrente se habría estructurado al momento en que se profirió la
decisión judicial y no antes.
33. En esta oportunidad, la nulidad originada en la sentencia no se sustentó en la
configuración de una de las causales taxativamente regladas en el artículo 133
del CGP. De acuerdo con el recurrente, la nulidad se configuró por el
desconocimiento de la congruencia que debió existir entre el objeto de su
pretensión y lo decidido por el tribunal de segunda instancia.
34. En efecto, en la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, entre
otras, el demandante solicitó:
«2. Que como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al
DEPARTAMENTO ADMNISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL el
reintegro del Dr. GUILLERMO ARBEY RODRÍGUEZ BUITRAGO al cargo
de Director Regional del Valle del Cauca y, en caso que al momento del
reintegro dicho cargo no exista, que sea reintegrado en un cargo de igual o
superior categoría, de funciones y requisitos afines para su ejercicio, con
retroactividad al 27 de noviembre de 2013, fecha de retiro efectivo del cargo.
3. Que como efecto de las anteriores declaraciones, se condene al
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL,
a reconocer y pagar al actor o a quien represente sus derechos, todas las
sumas correspondientes a sueldos, prestaciones sociales, primas,
cesantías, bonificaciones, vacaciones, aumentos salariales y demás
emolumentos dejados de percibir, inherentes a su cargo, con efectividad a
la fecha de retiro y hasta cuando sea reincorporado al servicio, incluyendo
el valor de los aumentos que se hubieren decretado con posterioridad al
retiro y los aportes a la seguridad social en salud y pensiones.» [sic]
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35. Por su parte, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en la sentencia
del 15 de septiembre de 2021 consideró que la resolución demandada había sido
expedida con desconocimiento de los artículos 9 y 32 de la Ley de Garantías
Electorales, en armonía con lo resuelto por la Corte Constitucional en la sentencia
C-1153 de 2005.
36. Como consecuencia de lo anterior, condenó a la entidad a reconocer, liquidar
y pagar todos los emolumentos que dejó de recibir el demandante, incluidos los
aportes a la seguridad social en salud y pensión, «desde el 27 de noviembre de
2013 – fecha de la declaratoria de insubsistencia- y hasta el 14 de junio de 2014, día de
la segunda vuelta para elecciones presidenciales», con fundamento en el siguiente
razonamiento:
«En punto al restablecimiento del derecho pretendido por el demandante, se
accederá al reconocimiento y pago de los emolumentos dejados de percibir,
incluidos los pagos de aportes a la seguridad social en salud y pensión,
desde el 27 de noviembre de 2013 fecha de la declaratoria de insubsistencia
y hasta el 14 de junio de 2014, día en que se celebró la segunda vuelta en
las elecciones presidenciales pues si bien es cierto y contrario a lo afirmado
en la demanda, el señor Héctor Fabio Cortes López fue designado luego de
un encargo el 23 de enero de 2014 y con base en la hoja de vida que obra
en el expediente, el porcentaje de “Ajuste candidato perfil” elaborado por el
grupo de apoyo de la gestión meritocrática del Departamento Administrativo
de la Función Pública el 13 de enero de 2014 para desempeñar el cargo de
director regional código 0042, grado 15, arrojó un puntaje mayor (86%) al
del demandante (85%), lo cierto es que el poder de nominación se
encontraba supeditado a la ley de garantías al no darse la vacante por una
de las excepciones que estableció la corte en la sentencia C-1153 de
201546» [sic]
37. El 30 de septiembre de 2021, el demandante solicitó la adición o aclaración de
la sentencia para que se indicara «expresamente que, como consecuencia de la
declaratoria de nulidad del acto administrativo demandado, se [ordenaba] el reintegro
del accionante»47.
38. En la sentencia complementaria del 28 de octubre de 2021, el tribunal adicionó
la providencia del 15 de septiembre de ese año para negar las demás
pretensiones de la demanda, para lo cual sostuvo:
«Como lo manifiesta el peticionario, se debe adicionar la providencia para
resolver expresamente sobre la pretensión de reintegro del demandante al
cargo de Director Regional Código 0042 Grado 15 de la Dirección Regional
del Valle del Cauca, que venía ocupando en la entidad demandada.
Al respecto, la Sala considera que no es procedente ordenar el rei[n]tegro,
pues, en la línea de argumentación del fallo, como quiera la nulidad del acto
acusado se soporta únicamente en la violación de los límites de nominación
impuestos por la ley de garantías, más allá de su vigencia, es decir, el 14 de
junio de 2014 no existe sustento legal para ordenar la permanencia en el
cargo, al desempeñar el actor un cargo de libre nombramiento y remoción y
por tanto no gozar de fuero de estabilidad alguno» [sic]
46 Citó: «Renuncia, licencia o muerte».
47 Índice 21, Samai del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, radicado: 6001-33-33-015-
2014-00186-01
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Demandante: Guillermo Arbey Rodríguez Buitrago
39. De las anteriores actuaciones, es posible deducir que la orden de
restablecimiento del derecho decretada en las providencias objeto de revisión fue
razonada por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. En efecto, la decisión
de segunda instancia se fundó en los siguientes aspectos:
39.1. En primer lugar, en la causal de nulidad que encontró configurada. Esto por
cuanto, el ad quem tuvo en cuenta que la limitación que imponía la Ley de
Garantías Electorales, en los artículos 9 y 32, para la modificación de la nómina
estatal, era temporal.
39.2. En segundo lugar, en la naturaleza del cargo que desempeñaba Guillermo
Arbey Rodríguez Buitrago. Al respecto advirtió que, como el empleo de director
regional, código 0042 grado 15 era de libre nombramiento y remoción, no podía
desprenderse alguna garantía de estabilidad en su desempeño.
39.3. Por lo tanto, el restablecimiento del derecho debía acompasarse con las
particularidades advertidas.
40. Así las cosas, no se podría deducir que la sentencia recurrida estuvo afectada
por el desconocimiento del principio de congruencia. En este caso, el recurrente
difiere del razonamiento expuesto en la sentencia de segundo grado, por cuanto
no favoreció sus intereses en la forma pretendida. De manera que, con el recurso
extraordinario de revisión, persigue que se infirme la sentencia para que se
imponga una interpretación del artículo 138 del CPACA según la cual la nulidad
del acto de retiro tenga la consecuencia necesaria del reintegro.
41. De acuerdo con lo anterior, el recurrente acudió al recurso extraordinario de
revisión para reabrir el debate propio de las instancias del proceso originario,
finalidad que se aparta del objeto de control de este mecanismo judicial. Para el
efecto, el escrito del recurso invoca la aplicación del criterio expuesto en otros
pronunciamientos de esta Sección, con lo cual sugirió la variación de la tesis
expuesta en las providencias objeto de medio de control excepcional.
42. En consecuencia, resulta improcedente el estudio propuesto por la parte
demandante para imponer criterios de corrección interpretativa sobre los
razonamientos del tribunal de segunda instancia. Admitir lo contrario conllevaría
el desconocimiento de la naturaleza excepcional de este recurso y de su alcance
restringido, cuya finalidad es el restablecimiento de la justicia material y la
supremacía de las garantías procesales que puedan verse comprometidas en los
eventos señalados en el artículo 250 del CPACA.
43. En este punto, no se pasa por alto que el recurrente invocó la sentencia del 10
de febrero de 202248, en la cual se infirmó parcialmente una sentencia que había
revocado la orden de reintegro impartida en el fallo de primera instancia, como
consecuencia de la nulidad del acto administrativo que dispuso el retiro de un
servidor público, al decidir un recurso extraordinario de revisión por la causal 5
del artículo 250 del CPACA.
48 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 10 de febrero de 2022,
radicado: 11001 03 25 000 2019 00161 00(1040-2019)
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44. Sin embargo, es importante precisar que, si bien el debate jurídico originario
también estuvo relacionado con la nulidad del acto de retiro, lo cierto es que en
aquella oportunidad se analizó una situación fáctica y jurídica diferente de la que
en esta oportunidad se somete al estudio de la Subsección.
45. Es así en atención a que, en la mencionada sentencia del 10 de febrero de
2022, el desconocimiento del principio de congruencia se encontró acreditado,
puesto que la sentencia de segunda instancia modificó la orden de reintegro que
se había impartido, a título de restablecimiento del derecho, a pesar de que tal
aspecto no había sido objeto del recurso de apelación. Así lo sostuvo la
providencia en cita:
«Para verificar si se configura la causal alegada en la decisión objeto de
revisión, la Subsección estima pertinente precisar que, en virtud de las
disposiciones contenidas en los artículos 320 y 328 del CGP, la competencia
de la Sala Transitoria del Tribunal Administrativo del Meta estaba restringida
a los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las
decisiones que podía adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley,
algunos de ellos son los siguientes: i) cuando dentro del proceso se
encuentren probadas excepciones (art. 164 inciso 2 del CCA); ii) cuando
proceda reconocer solo aquello que se probó en el dossier (art. 281 del
CGP); y iii) cuando se deba complementar la sentencia del inferior siempre
que la parte perjudicada con la omisión haya apelado (art. 246 del CCA y
art. 287 del CGP).
De lo anteriormente expuesto, se observa que el recurso de apelación de la
parte demandada se circunscribió a discutir que el acto de retiro fue
expedido dentro del término y la facultad que el Decreto 1791 de 2000 le
confiere al nominador para separar del servicio a quienes son calificados
como no aptos y sin posibilidad de reubicación.
Sobre este aspecto, la sentencia objeto de revisión consideró acertada la
declaratoria de nulidad del acto administrativo demandado, sin embargo, el
juez de instancia modificó el restablecimiento económico, particularmente,
indicó que el reconocimiento solo procedía por el período comprendido entre
el 15 de abril al 19 de julio de 2011, y negó el reintegro del uniformado, por
estimarlo incompatible con la asignación de retiro que le había sido
concedida.
Revisadas las actuaciones contenidas en el expediente del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho, se observa que, en los alegatos de
conclusión de segunda instancia, la entidad pidió al ad quem tener en
consideración los topes indemnizatorios que prevé la Corte Constitucional,
según las sentencias SU-556 de 2014 y SU-053 de 2015.
Al respecto, se advierte que ese no era el momento procesal para adicionar
argumentos que debieron ser discutidos en el recurso de alzada, tal y como
lo ha sostenido esta Corporación de tiempo atrás, dado el carácter
preclusivo de las etapas del proceso, so pena de afectar los principios de
lealtad y contradicción entre las partes, al admitir cuestionamientos que no
fueron anunciados en el recurso de apelación.
Con todo, incluso si este aspecto hubiera sido objeto de apelación, la
decisión que se analiza, sobre el restablecimiento del derecho, no se fundó
en las providencias invocadas por la entidad, tal y como se puede constatar
en los apartes transcritos en el acápite anterior. El a quo tampoco expuso si
su razonamiento obedecía a una de las excepciones que la ley prevé para
pronunciarse más allá de su competencia, ni tampoco por qué o con base
en qué precedente adoptó dicho límite económico, es decir, no precisó de
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forma clara y motivada los fundamentos que atendió para variar la orden de
restablecimiento adoptada por el a quo.
Con lo anterior, en criterio de la Subsección, el pronunciamiento contenido
en la sentencia que se revisa desatendió los límites a la competencia que le
impone la ley, lo cual condujo al desconocimiento del principio de
congruencia»49.
46. Los apartes transcritos permiten constatar que la incongruencia que la
Subsección A encontró probada se originó en el desconocimiento de los límites
de competencia del juez de segunda instancia, y no en la valoración que este
hizo sobre las posibilidades de restablecer el derecho examinadas por el juez de
primera instancia.
47. Aquellos supuestos fácticos difieren de los que en este caso se someten a
consideración de la Sala. En este asunto no se cuestiona el alcance de la
competencia del tribunal al resolver el recurso de apelación, sino el criterio
jurídico adoptado para «estatuir disposiciones nuevas en reemplazo de las acusadas
y modificar o reformar estas», aspecto que el artículo 187 del CPACA le permitió
valorar al juez, con el fin de restablecer el derecho particular.
48. Lo expuesto lleva a concluir que en el presente asunto no se configuró la
causal de que trata el numeral 5 del artículo 250 del CPACA, por cuanto este
medio de impugnación excepcional no admite la revisión de la interpretación y
razonamiento jurídico del juez. Por lo tanto, el recurso extraordinario de revisión
no es procedente.
3.2. Costas
49. La Sala se abstendrá de condenar en costas a la parte recurrente, de
conformidad con el artículo 255 del CPACA, por cuanto no se evidenció que
actuase con temeridad o mala fe ni se advirtió conducta o circunstancia irregular
en el transcurso del trámite procesal.
4. Conclusión
50. Con fundamento en lo expuesto, se concluye que no se configuró la causal
prevista en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA, en la providencia del 15 de
septiembre de 2021 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
aclarada mediante providencia del 28 de octubre de ese año. Lo anterior por
cuanto las providencias no incurrieron en desconocimiento del principio de
congruencia, al negar la pretensión de reintegro del demandante al cargo como
consecuencia de la nulidad del acto de retiro y el pago de los salarios y
prestaciones causados hasta que ello se cumpliera. En virtud de lo anterior, se
declarará infundado el recurso extraordinario de revisión.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
49 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 10 de febrero de 2022,
radicado: 11001 03 25 000 2019 00161 00(1040-2019)
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicado: 11001 03 25 000 2023 00221 00 (2596-2023)
Demandante: Guillermo Arbey Rodríguez Buitrago
FALLA
Primero: Declarar infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto por
Guillermo Arbey Rodríguez Buitrago en contra de la sentencia proferida el 15 de
septiembre de 2021 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado: 76001-33-33-015-
2014-00186-01, aclarada mediante providencia del 28 de octubre de ese año.
Segundo: No condenar en costas.
Tercero: Archivar el expediente del recurso extraordinario de revisión, previas
las anotaciones pertinentes en el sistema de información de gestión de procesos
Samai y devolver el expediente de nulidad y restablecimiento del derecho al
despacho de origen.
Cuarto: Notificar esta providencia en los términos del artículo 205 del CPACA.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
ELIZABETH BECERRA CORNEJO JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Salva parcialmente el voto Cfr. Rad.
SV. 11001-03-25-000-2014-00949-00
(2913-2014)
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del
CPACA.
LMMO
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