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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2019-00161-00

Fecha
10 de febrero de 2022
Consejero ponente
William Hernandez Gomez
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2019-00161-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero: Declarar fundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto por el señor Henry Orlando Peñaloza Blanco con el fin de que se revise la sentencia del 30 de octubre de 2017 proferida por la Sala Transitoria del Tribunal Administrativo el Meta, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado bajo el número 500013331004201100437. Segundo: Infirmar parcialmente el numeral primero la sentencia referida. En consecuencia, se dispone: «Revocar el numeral segundo de la sentencia del 27 de junio de 2014 emitida por el Juzgado Segundo Administrativo de Descongestión de Villavicencio, para en su lugar, tener como efectivamente prestado el servicio desde el 15 de abril de 2011 hasta el 24 de febrero de 2019, en un cargo de igual categoría, para todos los efectos legales, incluso para computar el tiempo necesario para el reconocimiento y liquidación de la asignación de retiro. Ello en razón a que, actualmente, no es posible reintegrar al uniformado comoquiera que desde el 24 de febrero de 2019 se consolidó una causal objetiva de retiro, en los términos del artículo 76, literal b), numeral 2), del Decreto 1213 de 1990. De igual manera, modificar el numeral tercero, para en su lugar, ordenar al Ministerio de Defensa, Policía Nacional reconocer y pagar al señor Henry 47 Al respecto ver las providencias del 7 de abril de 2016, expedientes: 4492-2013, actor: María del Rosario Mendoza Parra y 1291-2014, actor: José Francisco Guerrero Bardi. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 28 Radicado: 110010325201900161 00 (1040-2019) Demandante: Henry Orlando Peñaloza Blanco Orlando Peñaloza Blanco, todos los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir desde la fecha en que se hizo efectivo su retiro y hasta cuando cumplió la edad de retiro forzoso, a saber, desde el 15 de abril de 2011 hasta el 24 de febrero de 2019, de manera indexada, descontándole los conceptos que recibió por asignación de retiro reconocida a través de la Resolución 004440 del 29 de junio de 2011, así como de las sumas que le fueron pagas en cumplimiento de […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2019-00161-00

Consejero ponente: William Hernandez Gomez

10 de febrero de 2022

Radicado: 110010325201900161 00 (1040-2019)
Demandante: Henry Orlando Peñaloza Blanco

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

Bogotá, D. C., diez (10) de febrero de dos mil veintidós (2022)

Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
Radicación: 11001-03-25-000-2019-00161-00 (1040-2019)
Demandante: HENRY ORLANDO PEÑALOZA BLANCO
Demandado: NACIÓN, MINISTERIO DE DEFENSA, POLICÍA NACIONAL

Temas: Causal de revisión del artículo 250-5 del CPACA. Principio
de congruencia. Efectos de la nulidad de un acto
administrativo.

SENTENCIA DE REVISIÓN O-005-2022

ASUNTO

La Sala conoce del recurso extraordinario de revisión interpuesto por el señor
Henry Orlando Peñaloza Blanco con el fin de que se infirme la sentencia del 30
de octubre de 2017 proferida por la Sala Transitoria del Tribunal Administrativo
del Meta, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que
promovió contra la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional.

ANTECEDENTES DEL PROCESO ORDINARIO

El señor Henry Orlando Peñaloza Blanco, por intermedio de apoderado y en
ejercicio de la acción consagrada en el artículo 85 del CCA, demandó1 la nulidad
de la Resolución 01178 del 15 de abril de 2011 expedida por el director general
de la Policía Nacional, por medio del cual fue retirado del servicio activo por
disminución de la capacidad psicofísica en un 38.3%, de conformidad con lo
previsto en los artículos 54 inciso 1 y 55 numeral 3 del Decreto 1791 de 2000.

Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho
solicitó condenar a la Policía Nacional a: i) reintegrar sin solución de continuidad
al señor Henry Orlando Peñaloza Blanco al cargo que ocupaba en la institución
al momento del retiro o a otro igual o de mayor jerarquía; ii) reconocer y pagar
los salarios, primas, bonificaciones, vacaciones, cesantías y demás

1
Folios 1 a 10 del cuad. ppal. del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

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Radicado: 110010325201900161 00 (1040-2019)
Demandante: Henry Orlando Peñaloza Blanco

prestaciones sociales dejadas de percibir con ocasión de la desvinculación, esto
es, el 19 de abril de 2011, sumas que deberán ser debidamente indexadas; iii)
reconocer y cancelar 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes por
concepto de daño moral ocasionado por el retiro del servicio y iv) cumplir la
sentencia en los términos previstos en los artículos 176, 177 y 178 del CCA.

Fundamentos fácticos

1. El señor Henry Orlando Peñaloza Blanco prestó sus servicios a la Policía
Nacional desde el 9 de febrero de 1987 hasta el 19 de abril de 2011.

2. La Junta Medico Laboral en Acta núm. 2829, consecutivo 0113727,
suscrita el 11 de agosto de 2009 concluyó que el uniformado presenta una
pérdida de capacidad laboral permanente parcial del 32.57%, imputable al
servicio. Dicho porcentaje fue aumentado a 38.3% según el Acta núm. 3278,
consecutivo 0149692 del 28 de septiembre de 2010.

3. El Acta núm. 2829, consecutivo 0113727, del 11 de agosto de 2009 fue
aclarada el 18 de febrero de 2011, a través de Acta núm. 3366, consecutivo
0149395, para indicar que la enfermedad se adquirió «en servicio pero no por
causa y en razón del mismo».

4. Mediante Resolución 01178 del 15 de abril de 2011, el director general
de la Policía Nacional retiró del servicio activo al uniformado, a partir del 19 de
abril de 2011, por disminución de la capacidad psicofísica en un 38.3%.

5. El agente Henry Orlando Peñaloza Blanco ocupó como último cargo el de
radio operador de la red urbana del departamento del Meta.

El demandante expuso que, tal y como lo señaló la Corte Constitucional, en
sentencia C-381 de 2005, si uno de los miembros de la Policía Nacional sufre
una disminución de su capacidad sicofísica, deberá ser reubicado en una plaza
en la que pueda desempeñarse y ser útil para la institución. Precisó que, en
virtud de los principios constitucionales de igualdad, no discriminación y dignidad
humana, la entidad debe aprovechar las capacidades del uniformado en otras
actividades y dejar como última opción el retiro del servicio.

A continuación, recordó que el Decreto 1796 de 2000 instituyó en su título III,
que los organismos y autoridades médico-laborales, encargados de determinar
la pérdida de capacidad laboral de un integrante de las Fuerzas Militares y la
Policía Nacional, según el caso, son: i) el Tribunal Médico Laboral de Revisión
Militar y de Policía y ii) la Junta Médico Laboral Militar o de Policía.

Finalmente, observó que de conformidad con lo previsto en el artículo 90 de la
Constitución Política, el Estado deberá responder por los daños antijurídicos
causados por acción u omisión de las autoridades.

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Radicado: 110010325201900161 00 (1040-2019)
Demandante: Henry Orlando Peñaloza Blanco

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA2

La Policía Nacional presentó escrito en el que se opuso a las pretensiones de la
demanda. Aseveró que el acto acusado fue expedido por autoridad competente
y con observancia de las normas legales y constitucionales en que debió
fundarse.

Aseguró que las autoridades médico-laborales del área de Medicina Laboral de
Sanidad Militar y Policía, valoraron las patologías presentadas por el agente
retirado Henry Orlando Peñaloza Blanco de conformidad con los lineamientos
previstos para el efecto, y, en consecuencia, concluyeron que aquellas son de
origen común y no profesional, lo que implica que fueron en servicio, pero no
por causa y razón de este.

Luego, advirtió que, contrario a lo expuesto por el uniformado, no era posible
reubicarlo dentro de la institución para aprovechar su capacidad intelectiva, tal
y como lo prevén los Decretos 0094 de 1989, 1791 y 1796 de 2000. Según el
certificado del sistema de información de talento humano, SIATH, aquel acredita
como estudios el bachillerato y dos seminarios que no superan las 80 horas
académicas. Este perfil no se acompasa con las exigencias de los diferentes
empleos que existen en la institución.

Finalmente, destacó que, en todo caso, mediante Resolución 004440 del 29 de
junio de 2011 la Policía Nacional reconoció en favor del demandante asignación
de retiro.

Propuso como excepciones:

• «INEXISTENCIA DEL DERECHO Y FALTA DE FUNDAMENTO
JURÍDICO PARA LAS PRETENSIONES»: Sobre el punto, insistió en que el acto
administrativo acusado fue expedido legalmente, por autoridad competente y de
acuerdo con las normas vigentes que regulan la calificación de la capacidad
psicofísica de los miembros de la Policía Nacional y de la asignación de retiro.

• «GENÉRICA»: Solicitó declarar, de oficio, cualquier excepción que se
encuentre probada en el dossier.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA3

El Juzgado Segundo Administrativo de Descongestión de Villavicencio,
mediante sentencia del 27 de junio de 2014, declaró la nulidad parcial del acto

2
Ff. 118 a 128 del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
3
Folios 188 a 195 del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho.

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4

Radicado: 110010325201900161 00 (1040-2019)
Demandante: Henry Orlando Peñaloza Blanco

demandado. En consecuencia, condenó a la demandada a reintegrar, sin
solución de continuidad, al señor Henry Orlando Peñaloza Blanco, en el cargo
que ocupaba antes del retiro, o en uno de igual categoría. Asimismo, a pagar
los salarios y demás emolumentos dejados de percibir desde la fecha en que
fue retirado del servicio y hasta que sea efectivamente reincorporado, sumas
debidamente indexadas, de conformidad con los siguientes argumentos.

En primer lugar, aclaró que, en aplicación de la facultad que le confiere el artículo
170 del CCA, el análisis de legalidad sobre el acto acusado partirá de la violación
al debido proceso y la falsa motivación, y no en la vulneración a la estabilidad
laboral reforzada que ostentan las personas con discapacidad, como lo sustentó
el demandante. Ello en atención a que el acto de retiro fue expedido por fuera
del término que prevé el artículo 7 del Decreto 1796 de 2000.

En segundo lugar, explicó que, según lo previsto en los artículos 54 y 55 del
Decreto 1791 de 2000, la disminución en la capacidad laboral constituye una
causal de retiro del servicio. De manera que, para desvincular a un miembro de
la Policía Nacional, se deberá tener como fundamento el concepto emitido por
la Junta Médico Laboral y/o el Tribunal Médico Laboral, dentro del cual se
determine, entre otras cosas, el porcentaje de discapacidad, la aptitud para la
prestación del servicio, y, si se recomienda su reubicación laboral, de ser el
caso.

Al mismo tiempo, indicó que, de acuerdo con el artículo 7 del Decreto 1796 de
2000, el referido concepto se considera válido y podrá utilizarse dentro de los 3
meses siguientes para todos los efectos legales, pues vencido dicho lapso cobra
vigencia el anterior hasta cuando se presenten eventos en el servicio que
impongan una nueva calificación de la capacidad psicofísica.

Con base en lo anterior, y, una vez examinadas las probanzas obrantes en el
proceso, concluyó que entre el Acta núm. 3278 expedida por la Junta Médico
Laboral el 28 de septiembre de 2010 y la Resolución 1178 del 15 de abril de
2011, por medio de la cual se retiró del servicio al demandante, trascurrieron 7
meses y 18 días, es decir, que se superó el tiempo descrito en el artículo 7 del
Decreto 1796 de 2000. En otras palabras, para el 15 de abril de 2011 la
administración ya no podía fundar el retiro del agente en el concepto de pérdida
de capacidad laboral, dado que este había perdido validez y eficacia, de ahí que
proceda su nulidad.

Por último, estimó que de ningún modo procede el pago de perjuicios morales
por cuanto no existe prueba de ellos dentro del expediente.

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Radicado: 110010325201900161 00 (1040-2019)
Demandante: Henry Orlando Peñaloza Blanco

RECURSO DE APELACIÓN4

Inconforme con la decisión, la parte demandada interpuso recurso de alzada.
En su escrito, insistió en los argumentos expuestos en la contestación de la
demanda. Asimismo, indicó que el retiro del señor Henry Orlando Blanco
obedeció a su pérdida de capacidad laboral, certificada por la Junta Médico
Laboral y, a la facultad que el Decreto 1791 de 2000 le confiere al nominador
para separar del servicio a quienes son calificados como no aptos y sin
posibilidad de reubicación, como ocurrió en el sub judice.

También resaltó que para cumplir los fines de la Policía Nacional es necesario
que sus miembros gocen de una capacidad psicofísica óptima, pues de lo
contrario se pondría en riesgo a la ciudadanía. Al respecto, observó que la Corte
Constitucional en sentencia C-179 de 2006 señaló que la facultad discrecional
que le asiste a los nominadores se encuentra justificada en la dificultad y
complejidad que conlleva la valoración de comportamientos y conductas de los
funcionarios de la fuerza pública, que en un momento particular y con causales
objetivas puedan afectar la buena marcha de la institución con claro perjuicio
del servicio público y, por ende, del interés general.

Igualmente, indicó que no se podía disponer el retiro sin respetar los cuatro
meses que tenía el demandante para convocar el tribunal médico laboral, en
garantía del debido proceso. En estos términos, sustentó que el director de la
Policía Nacional expidió el acto objeto de demanda con observancia de los
artículos 54 inciso 1 y 55 numeral 3 del Decreto 1791 de 2000.

Por otra parte, puso de presente que, de acuerdo con el Decreto 1213 de 1990,
existen condiciones para el ascenso conforme las disposiciones del reglamento
interno dentro de la institución para efectos de que se aclare que no se puede
ordenar el ascenso inmediato sin el cumplimiento de las exigencias legales.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA5

La Sala Transitoria del Tribunal Administrativo del Meta, profirió decisión de
segunda instancia, el 30 de octubre de 2017, en la que revocó los numerales
segundo, tercero y quinto de la sentencia del 27 de junio de 2014 emitida por el
Juzgado Segundo Administrativo de Descongestión de Villavicencio. En su
lugar, declaró la nulidad parcial del acto demandado, únicamente en cuanto
ordenó el retiro del servicio del demandante, condenó a la Policía Nacional a
reconocer y pagar, en favor del uniformado, todos los salarios y prestaciones
dejados de percibir entre el 15 de abril y el 19 de julio de 2011, sumas
debidamente indexadas, y, denegó las demás pretensiones. Lo anterior tuvo
como fundamento las consideraciones que siguen.

4
Folios 201 a 208 cuad, ppal. del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
5
Folios 91 a 99 cuad. 2 del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

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6

Radicado: 110010325201900161 00 (1040-2019)
Demandante: Henry Orlando Peñaloza Blanco

Expuso brevemente la normativa que rige el retiro de los miembros de la Policía
Nacional por disminución de la capacidad psicofísica, esto es, los Decretos 1791
y 1796 de 2000. De igual manera, indicó que, conforme lo consideró la Corte
Constitucional en la sentencia C-381 de 2005, el retiro solo podrá operar en los
casos en que la Junta Médico Laboral emita un concepto desfavorable sobre la
reubicación y las capacidades del uniformado.

A continuación, recordó que la Constitución Política contiene un marco de
protección en favor de los derechos de la población con discapacidad. Así
mismo, que, a través de las Leyes 361 de 1997 y 762 de 2002, el Estado
estableció mecanismos de integración social de las personas con limitaciones y
aprobó la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas
de Discriminación, respectivamente. En ese mismo sentido, indicó que en el
ámbito internacional está el Convenio 159 de 1983, sobre adaptación y
readaptación de profesionales inválidos, ratificado por Colombia el 7 de
diciembre de 1989, y, las Recomendaciones 99 de 1955 y 168 de 1983.

Luego, al analizar el caso particular encontró que la Junta Médico Laboral, el 28
de septiembre de 2010, concluyó que el demandante tuvo una pérdida de
capacidad laboral del 38,3%, y que, en razón a ello, el director General de la
Policía Nacional, a través de la Resolución 1178 del 15 de abril de 2011, lo retiró
del servicio. Es decir, que para el momento en que se expidió el acto que lo
desvinculó, ya habían vencido los tres meses que prevé el artículo 7 del Decreto
1796 de 2000, pues entre una y otra decisión transcurrieron seis meses y 17
días.

En otras palabras, consideró que conforme lo dispone el referido artículo, el
concepto de capacidad psicofísica emitido por la Junta Médico Laboral solo
tendrá validez por tres meses, y una vez vencido dicho lapso la institución no
podrá utilizarlo como argumento para retirar del servicio a uno de sus miembros,
so pena de incurrir en falsa motivación, como ocurrió en el presente asunto.
Para el efecto citó la providencia del 25 de noviembre de 2010 proferida por el
Consejo de Estado6.

Pese a lo anterior, al examinar la forma en que el a quo ordenó el
restablecimiento del derecho, consideró que no procedía la reincorporación del
demandante al servicio activo, pues, dentro del proceso quedó demostrado que
aquel obtuvo asignación de retiro mediante la Resolución 004440 del 29 de junio
de 2011, efectiva a partir del 19 de julio de la misma anualidad; situación que
resulta incompatible con la pretensión de reintegro. De ahí que estimó
conveniente solo ordenar el pago de los salarios y demás prestaciones sociales
dejadas de percibir durante el periodo comprendido entre el 15 de abril y el 19
de julio de 2011.

6
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 25 de noviembre de 2010,
radicación: 200012331000200300699 01 (0509-2010)

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RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN7

La parte demandante invocó como causal de revisión la consagrada en el
numeral 5 del artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, es decir, «Existir nulidad originada en la sentencia que
puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación».

Como pretensiones de la demanda de revisión, solicitó: i) declarar la nulidad de
la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Meta, Sala Transitoria,
el 18 de junio de 2018, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho bajo el radicado 500013331004201100437 00, dictada en cumplimiento
de la sentencia de tutela del 24 de mayo de 2018, por la Sección Quinta del
Consejo de Estado; ii) declarar la nulidad parcial de la sentencia del 30 de
octubre de 2017, emitida por la misma corporación; iii) proferir una sentencia
sustitutiva en la que se condene a la entidad conforme lo pretendido en la
demanda y iv) condenar a la Policía Nacional a dar cumplimiento al fallo en los
términos previstos en los artículo 192 y 195 del CPACA.

Indicó que, a través de sentencia del 24 de mayo de 2018 de la Sección Quinta
de esta corporación, se tuteló el derecho al debido proceso del uniformado, se
dejó sin efectos la decisión del 30 de octubre de 2017 y, en su lugar, se emitió
la providencia del 18 de junio de 2018. No obstante, en segunda instancia, el 26
de julio de la misma anualidad, la Sección Primera del Consejo de Estado revocó
aquel proveído y declaró improcedente la acción constitucional.

Afirmó que la sentencia objeto de revisión vulneró los derechos de igualdad y
debido proceso que le asisten al uniformado, así como el principio de
congruencia. Al respecto, explicó que, pese a que el a quo ordenó el reintegro
al servicio y el pago de las prestaciones sociales y demás emolumentos dejados
de percibir desde la fecha en que se efectuó el retiro y hasta el día en que fuera
reintegrado, el ad quem consideró que la reincorporación no procedía y que el
pago de las sumas dejadas de recibir debía atender el período comprendido
entre el 15 de abril y el 19 de julio de 2011, bajo el argumento de que el policial
ya gozaba de asignación de retiro.

Expuso que, en la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, solicitó,
lo siguiente:

«[…] 2. Que se integre (sic) al servicio activo de la Policía Nacional al señor
HENRY ORLANDO PEÑALOZA BLANCO, EN EL GRADO DE Agente, con
efectividad a la fecha de retiro del cargo que venía desempeñando o a otro
de igual o mejor categoría.
3. Que la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA
NACIONAL reconozca y pague al señor HENRY ORLANDO PEÑALOZA
BLANCO, todos los sueldos, primas y bonificaciones, vacaciones, cesantías
y demás emolumentos inherentes a su cargo desde la fecha de su retiro, es

7
Folios 1 a 9 del cuad. ppal.

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8

Radicado: 110010325201900161 00 (1040-2019)
Demandante: Henry Orlando Peñaloza Blanco

decir 19 de Abril de 2011 hasta cuando sea efectivamente reintegrado al
servicio.
4. Que para todos los efectos legales se disponga la no existencia de
solución de continuidad […]»

Luego, indicó que el Tribunal Administrativo, en segunda instancia decidió:

«[…] PRIMERO.- DECLARAR la nulidad parcial de la Resolución No. 01178
de 15 de abril de 2011, expedida por el Director General de la Policía
Nacional, únicamente, en relación con la decisión de retirar del servicio
activo al señor Henry Orlando Peñaloza Blanco, por las razones expuestas
en la parte motiva.

SEGUNDO.- CONDENAR a la nación – Ministerio de Defensa Nacional –
Policía Nacional a reconocer y pagar al señor Henry Orlando Peñaloza
Blanco o quien lo represente en sus derechos, todos los sueldos, primas,
bonificaciones, vacaciones y demás emolumentos dejados de percibir, que
correspondían desde el 15 de abril de 2011 y el (sic) 19 de julio de 2011»

Con base en lo anterior, sostuvo que se configura la causal de revisión alegada,
dado que no existe congruencia entre lo pedido y lo resuelto por parte del juez
de segunda instancia, situación que vulnera el derecho a la igualdad frente a
otros casos de separación del servicio del personal de la Fuerza Pública en los
que se ha ordenado el reintegro como consecuencia de la anulación del acto de
retiro y el debido proceso.

CONTESTACIÓN DEL RECURSO

La Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional no contestó el recurso
extraordinario de revisión8.

CONSIDERACIONES

Cuestión previa

La Subsección observa que, previo a la interposición del presente recurso
extraordinario de revisión, el recurrente promovió ante esta corporación acción
de tutela en contra del Tribunal Administrativo del Meta, Sala Transitoria.

Mediante sentencia del 24 de mayo de 2018, la Sección Quinta resolvió: i)
amparar el derecho al debido proceso del accionante, ii) dejar sin efectos la
providencia del 30 de octubre de 2017 emitida por el Tribunal Administrativo del
Meta, Sala Transitoria, solo respecto de la manera como restableció el derecho
y iii) ordenar se profiera una nueva decisión. Aquel veredicto se cumplió por
parte del citado Tribunal a través de proveído del 18 de junio de 2018.

No obstante, por medio de providencia del 26 de julio de 2018, la Sección

8
Así se observa en la constancia secretarial que obra en el folio 498 del cuad. ppal.

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9

Radicado: 110010325201900161 00 (1040-2019)
Demandante: Henry Orlando Peñaloza Blanco

Primera revocó el amparo concedido y declaró improcedente la acción de tutela.
Consideró que no se cumplió con el requisito de subsidiariedad, pues el
solicitante no hizo uso de los recursos extraordinarios para controvertir la
decisión emitida por la Sala Transitoria del Tribunal Administrativo del Meta.

En esos términos es razonable inferir que, revocada la sentencia de tutela del
24 de mayo de 2018, recobró vigencia la decisión del 30 de octubre de 2017
proferida por el Tribunal Administrativo del Meta, Sala Transitoria. Por
consiguiente, la Subsección circunscribirá su análisis a esta última providencia.
Ello por cuanto es la sentencia que se revisa a través del recurso extraordinario
interpuesto y sobre la cual el despacho sustanciador admitió la demanda a
través de auto del 17 de septiembre de 2019 9.

Competencia

El Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
señala en el artículo 250 que de los recursos de revisión contra las sentencias
ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las
secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia 10.

Para el caso en concreto y dado el criterio de especialización laboral, la
competencia para resolver el recurso formulado es de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, en concordancia con el artículo 13 del Acuerdo 080 de 12
de marzo de 201911.

Por lo anterior, esta Subsección es competente para conocer del recurso
extraordinario formulado por el señor Henry Orlando Peñaloza Blanco con el fin
de que se revise la sentencia proferida el 30 de octubre de 2017 por la Sala
Transitoria del Tribunal Administrativo del Meta.

Oportunidad

El recurso extraordinario de revisión fue presentado dentro del plazo de un año
siguiente a la ejecutoria de la respectiva sentencia que prevé el artículo 251 del
CPACA. En efecto, la providencia recurrida del 30 de octubre de 2017 quedó
debidamente ejecutoriada el 2 de febrero de 201812 y el correspondiente recurso
se interpuso el 27 de noviembre del mismo año13.

9
Folios 488 a 489 del cuad. ppal.
10
En concordancia con el lineamiento de la sentencia de inexequibilidad C-520 de 4 de agosto
de 2009.
11
Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.
12
Folio 271 del cuad. ppal del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
13
Folio 469 del cuad. ppal.

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10

Radicado: 110010325201900161 00 (1040-2019)
Demandante: Henry Orlando Peñaloza Blanco

Generalidades del recurso extraordinario de revisión

El recurso extraordinario de revisión tiene como finalidad invalidar los efectos
jurídicos de una sentencia que se encuentra ejecutoriada 14 y persigue el
restablecimiento del criterio de justicia material y la supremacía de las garantías
procesales, cuando éstas han sido lesionadas con una decisión judicial que fue
afectada por situaciones que no pudieron ser contempladas en el decurso
procesal o al tiempo de proferir la sentencia.

Es un medio impugnativo que afecta el principio de la inmutabilidad de las
sentencias ejecutoriadas y, por ende, constituye una excepción al principio de
la cosa juzgada15, entendido éste como fundamento esencial del ordenamiento
jurídico y garantía del debido proceso.

La naturaleza extraordinaria de este recurso tiene importantes consecuencias,
entre ellas, (i) la de ser un mecanismo de impugnación que solo opera al
configurarse una de las causales señaladas taxativamente en el artículo 250 del
CPACA o en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003. En efecto, para que el juez
pueda entrar a examinar la controversia materia del recurso, es necesario que
la causal invocada por el recurrente se encuentre debidamente acreditada 16; y
(ii) no puede considerarse como una oportunidad para reabrir un debate
jurídico, probatorio y fáctico propio de las instancias procesales que ya se han
surtido, tampoco es una ocasión para cuestionar la actividad interpretativa del
juez o insistir en la discusión de los problemas debatidos en el proceso.

En conclusión, el recurso extraordinario de revisión no habilita una tercera
instancia para discutir los problemas jurídicos debatidos en sede ordinaria17,
para corregir los yerros probatorios que cometieron las partes ni para subsanar

14
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda, Subsección A.
15 de marzo de 2018. Radicación: 1001-03-25-000-2014-00862-00. Interno: 2668-2014.
Recurrente: Horacio Chala. Demandado: Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional.
15
La cosa juzgada es una institución jurídico procesal en virtud de la cual las decisiones
contenidas en una sentencia y otras providencias judiciales tienen el carácter de inmutables,
vinculantes y definitivas, ello con la finalidad de lograr la terminación definitiva de controversias,
en aras de buscar la seguridad jurídica. En términos de esta corporación es un fenómeno jurídico
de «[…] carácter imperativo e inmutable de las decisiones que han adquirido firmeza, lo cual
implica de suyo la imposibilidad de volver sobre asuntos ya juzgados, para introducir en ellos
variaciones o modificaciones mediante la adopción de una nueva providencia […]». Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Providencia
del 30 de noviembre de 2017. Radicación: 25000-23-25-000-2010-01147-01(1365-14)
16
Al respecto, la Sala Plena de esta Corporación ha sostenido que «[…] El recurso extraordinario
de revisión procede por especiales circunstancias consagradas taxativamente en la ley, con
miras a prescindir de una sentencia ejecutoriada, para, en el caso de prosperidad reabrir el
proceso y dictar la sentencia que en derecho habrá de sustituir la revocada. Precisamente, por
cuanto este recurso extraordinario atenta contra el principio de inmutabilidad y firmeza de los
fallos judiciales, las causales que lo fundamentan se hallan taxativamente relacionadas en la
norma y su examen y aplicación obedecen a un estricto y delimitado ámbito interpretativo [...]».
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 21 de octubre
de 1.993. Expediente Rev 040.
17
O replantear temas ya litigados.

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Radicado: 110010325201900161 00 (1040-2019)
Demandante: Henry Orlando Peñaloza Blanco

aquellas situaciones que pudieron evitarse durante la gestión del proceso que
dio origen a la sentencia objeto de revisión.

Problema jurídico

El problema jurídico que se debe resolver se resume en la siguiente pregunta:

1. ¿Existe nulidad originada en la sentencia del 30 de octubre de 2017,
proferida por la Sala Transitoria del Tribunal Administrativo del Meta, en
cuanto al restablecimiento del derecho ordenado, y, por ende, se configura
la causal 5 de revisión prevista en el artículo 250 del CPACA?

La causal de revisión invocada

El numeral 5 del artículo 250 del CPACA dispone que es causal de revisión el
hecho de que exista «[…] nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y
contra la que no procede recurso de apelación […]» . De acuerdo con ello, sobre los
presupuestos para que resulte procedente la causal en mención es necesario
señalar lo siguiente:

En primer lugar, es importante que exista una sentencia que ponga fin al proceso
y que se encuentren ejecutoriadas, bien sea que resuelvan o no el litigio de
fondo. Además, contra esta decisión no puede proceder recurso de apelación,
pues de ser así este sería el medio idóneo para poner de presente cualquier
vicio en que hubiera incurrido la providencia.

De otro lado, es preciso que la nulidad se desprenda de la sentencia objeto del
recurso extraordinario, es decir, que el vicio debe estructurarse en el momento
procesal en que se profiere la decisión judicial pues, de generarse por una
situación ocurrida con anterioridad que no fue oportunamente alegada, la regla
general sería su saneamiento. No obstante, la jurisprudencia de esta
Corporación ha aceptado como nulidad originada en la sentencia la que, a pesar
de presentarse en un momento previo a la emisión del fallo, no pudo ser
advertida por el afectado, quien en todo caso tiene la carga procesal de
demostrar esta circunstancia18.

Finalmente, el requisito que constituye la esencia del numeral 5 del artículo 250
del CPACA es que se configure una causal de nulidad. Sobre el alcance que
debe otorgársele a este, el Consejo de Estado se ha pronunciado en diferentes
oportunidades, y resulta factible identificar, al menos, dos posiciones principales
sobre el particular.

18
Al respecto pueden consultarse las sentencias proferidas por la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo el 3 de diciembre de 2019 (Sala Tercera Especial de Decisión; radicación 11001-
03-15-000-2018-01235-00) y el 3 de diciembre de 2019 (Sala Séptima Especial de Decisión;
radicación: 11001-03-15-000-2012-00643-00).

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La primera de ellas, basada en el respeto a la taxatividad y legalidad de las
nulidades, señala que las causales de nulidad de la sentencia son las previstas
en el estatuto procesal civil, hoy artículo 133 19 del Código General del Proceso,
y las que se originan en la violación del derecho al debido proceso a partir del
artículo 29 de la Constitución Política20.

Un segundo planteamiento sostiene que las hipótesis que configuran la causal
de revisión objeto de análisis no deben limitarse a las anotadas anteriormente.
Además de aquellas, al juez le corresponde definir, con base en criterios de
razonabilidad, proporcionalidad y adecuación al caso concreto, si una situación
determinada que se origina en el fallo de instancia produce el desconocimiento
de un mandato constitucional con una relevancia tal que conduzca a invalidarlo,
pues lo cierto es que no cualquier anomalía que se predique respecto de la
sentencia podrá desvirtuar sus efectos de cosa juzgada. Así pues, esta tesis
estima que los eventos constitutivos de la causal en cuestión no son taxativos21.

19
«Causales de nulidad. El proceso es nulo, en todo o en parte, solamente en los siguientes
casos:
1. Cuando el juez actúe en el proceso después de declarar la falta de jurisdicción o de
competencia.
2. Cuando el juez procede contra providencia ejecutoriada del superior, revive un proceso
legalmente concluido o pretermite íntegramente la respectiva instancia.
3. Cuando se adelanta después de ocurrida cualquiera de las causales legales de interrupción
o de suspensión, o si, en estos casos, se reanuda antes de la oportunidad debida.
4. Cuando es indebida la representación de alguna de las partes, o cuando quien actúa como
su apoderado judicial carece íntegramente de poder.
5. Cuando se omiten las oportunidades para solicitar, decretar o practicar pruebas, o cuando se
omite la práctica de una prueba que de acuerdo con la ley sea obligatoria.
6. Cuando se omita la oportunidad para alegar de conclusión o para sustentar un recurso o
descorrer su traslado.
7. Cuando la sentencia se profiera por un juez distinto del que escuchó los alegatos de
conclusión o la sustentación del recurso de apelación.
8. Cuando no se practica en legal forma la notificación del auto admisorio de la demanda a
personas determinadas, o el emplazamiento de las demás personas aunque sean
indeterminadas, que deban ser citadas como partes, o de aquellas que deban suceder en el
proceso a cualquiera de las partes, cuando la ley así lo ordena, o no se cita en debida forma al
Ministerio Público o a cualquier otra persona o entidad que de acuerdo con la ley debió ser
citado.
Cuando en el curso del proceso se advierta que se ha dejado de notificar una providencia distinta
del auto admisorio de la demanda o del mandamiento de pago, el defecto se corregirá
practicando la notificación omitida, pero será nula la actuación posterior que dependa de dicha
providencia, salvo que se haya saneado en la forma establecida en este código.
PARÁGRAFO. Las demás irregularidades del proceso se tendrán por subsanadas si no se
impugnan oportunamente por los mecanismos que este código establece.»
20
Al respecto, pueden consultarse las sentencias del 3 de febrero de 2015, Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, Sala Veintiséis Especial de Decisión, Radicación 11001-03-15-000-
1998-00157-01(REV), Actor: Sociedad de Mejoras Publicas de Cali; del 1 de octubre de 2019
radicación 11001-03-15-000-2017-00811-00(REV), actor: Odilio Fernández Sánchez y otros; del
3 de diciembre de 2019, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintiuno Especial
de Decisión, radicación 11001-03-15-000-2014-01303-00(REV), actor: Panadería La Victoria
S.A.
21
A esta postura se adscriben, entre otras, las siguientes decisiones judiciales adoptadas por
esta Corporación: sentencia del 8 de mayo de 2018, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, radicación 11001-03-15-000-1998-00153-01, actor: Julio César Mancipe
Estupiñán; sentencia del 7 de octubre de 2019, Sección Tercera, Subsección B, radicación
11001-33-31-035-2008-00180-01(52615); actor: Ferney Darío Lis Fula y otros; sentencia del 24
de octubre de 2019, Sección Segunda, Subsección A, radicación 11001-03-25-000-2014-00325-
00(0997-14), actor: Carlos Januario Montero Pérez.

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Demandante: Henry Orlando Peñaloza Blanco

En esta última corriente, que admite hipótesis no contempladas en forma
expresa como causales de nulidad, la jurisprudencia ha identificado, a modo
enunciativo, ciertos casos de afectación del derecho al debido proceso, al igual
que del de acceso a la administración de justicia y a la tutela judicial efectiva, al
señalar que hay lugar a revisar la sentencia de instancia por vía extraordinaria
cuando la decisión (i) es inhibitoria; (ii) se profiere sin motivación alguna; (iii)
transgrede el principio de la no reformatio in pejus; (iv) condena a un tercero que
no ha sido vinculado como parte al proceso; (v) se pronuncia sobre aspectos
que no le corresponden, esto es, sin competencia o jurisdicción, según el caso;
(vi) se profiere en un proceso que había terminado por desistimiento,
transacción o perención; (vii) no cuenta con el número de votos requerido para
su aprobación y (viii) desconoce el principio de congruencia22 bien sea por una
condena extra, ultra o infra petita.

Visto lo anterior, la presente decisión acoge los planteamientos que expuso la
sentencia de unificación del 8 de mayo de 2018 23 proferida por la Sala Plena de
la Corporación, de manera que adhiere a la tesis que defiende la no taxatividad
de las causales de nulidad que configuran el supuesto del artículo 250 numeral
5 del CPACA. En ese orden de ideas, la nulidad predicable de la sentencia de
instancia se estructura por:

• El acaecimiento de alguna de las hipótesis que regula el artículo 133 del
CGP;
• La existencia de irregularidades que afecten sustancialmente el derecho
al debido proceso;
• Otros vicios que, sin estar relacionados con el ejercicio de valoración
probatoria y jurídica que efectuó la providencia, tengan la entidad suficiente
para que, en sede de revisión y luego de un estudio que consulte parámetros
de ponderación, razonabilidad y mesura, el juez concluya que la sentencia
objetada quebrantó la legalidad y la justicia.

En efecto, la Subsección considera que esta tesis resulta más coherente con los
valores que busca proteger el ordenamiento superior pues, de un lado, satisface
la finalidad a la que responde el recurso extraordinario de revisión, permitiendo
que decisiones manifiestamente injustas sean examinadas, pero también
garantiza el principio de seguridad jurídica al limitar la procedencia de la causal

22
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 7 de septiembre de 2018,
radicación REV 2014-00440-00.
23
Expediente 1998-00153. La decisión sostuvo que se configura la nulidad originada en la
sentencia i) cuando se presenta alguno de los hechos enlistados en el artículo 140 del C. P. C,
vigente para la época en que se dictó el fallo de segunda instancia, objeto del recurso de
revisión, (actualmente artículo 133 del Código General del Proceso) y ii) por desconocimiento
del artículo 29 de la Carta Política, como expresamente lo reconoció esta Corporación en la
sentencia de 7 de febrero de 2006, expediente REV-00150 y la Corte Constitucional en la
Sentencia C-739 de 2001. Pero además, determinó que un fallo inhibitorio no justificado es
causal de nulidad constitucional por violación de los derechos fundamentales al acceso a la
administración de justicia y a una tutela judicial efectiva.

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a situaciones excepcionales, en las que el peso de la anomalía sea tal que se
transgreda el núcleo esencial de derechos que se caracterizan por tener una
marcada relevancia constitucional24 y que se configuren en la sentencia.

El principio de congruencia

Sobre la congruencia de la sentencia, el artículo 281 del CGP prevé lo siguiente:

«ARTÍCULO 281. CONGRUENCIAS. La sentencia deberá estar en
consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y
en las demás oportunidades que este código contempla y con las
excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo
exige la ley.

No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto
distinto del pretendido en la demanda ni por causa diferente a la invocada
en esta.

Si lo pedido por el demandante excede de lo probado se le reconocerá
solamente lo último.

En la sentencia se tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo
del derecho sustancial sobre el cual verse el litigio, ocurrido después de
haberse propuesto la demanda, siempre que aparezca probado y que haya
sido alegado por la parte interesada a más tardar en su alegato de
conclusión o que la ley permita considerarlo de oficio.
[…]»

Al respecto, la Sección Primera de esta corporación, en sentencia del 25 de
enero de 201825, señaló:

«[…] Otro principio que merece destacarse es el de congruencia de la
sentencia, según el cual debe existir una correspondencia entre lo que se
decide por el Juez y lo que constituye la materia del litigio.

A propósito de este principio, la Jurisprudencia de la Sala ha mencionado:
“(…) El pronunciamiento que se profiera no solo debe referirse al petitum
elevado sino además, a los hechos que sirven de soporte aducidos por
quien entabla la demanda, y en tratándose de las acciones incoadas ante
la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, es menester señalar que
el quebranto normativo endilgado en el capítulo del libelo que contenga el
concepto de violación, constituye un límite que no puede traspasar el
Juzgador, sobre todo si se tiene en cuenta que en este campo la justicia es
rogada; por lo cual la contienda no puede desatarse sino dentro de las
pautas fijadas en el libelo incoativo del proceso. (…)”26.(Resaltado fuera del
texto original).
[…]

24
En este mismo sentido se puede consultar: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sala Especial de Decisión N.° 19, sentencia del 18 de agosto de 2020,
radicación: 11001-03-15-000-2017-02369-00, demandante: Pedro José Vaca López.
25
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Radicado:
25000-23-41-000-2013-00911-01.
26
Sentencia de 5 de junio de 1997, Expediente nro. 4092, CP Manuel Santiago Urueta Ayola.

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Por otra parte, la sentencia deberá tener en cuenta cualquier hecho
modificativo o extintivo del derecho sustancial sobre el cual verse el litigio,
ocurrido incluso después de haberse presentado la demanda y siempre que
se alegue a más tardar en la etapa de alegatos de conclusión o que la ley
permita considerarlo de oficio.

De acuerdo con el precepto en mención la sentencia no puede reconocer lo
que no se ha pedido (extra petita) ni tampoco más de lo solicitado (ultra
petita), excepto en los casos autorizados expresamente por el legislador,
como en los asuntos de familia y de protección de los derechos
fundamentales.

En palabras de GARCÍA DE ENTERRÍA, todo el proceso debe girar en torno
a las peticiones concretas que las partes formulan ante el Órgano
Jurisdiccional, solicitando del mismo una actuación en un sentido
determinado. Así “la pretensión acota el contenido del proceso, fija sus
límites concretos, condiciona su tramitación y resultado y delimita el ámbito
en el que necesariamente ha de moverse el juzgador” […]». (Resaltado
fuera del texto original).

De acuerdo con lo anterior, se colige que el principio de congruencia es
entendido como el deber legal que tienen los funcionarios judiciales de resolver
un asunto puesto en su conocimiento con fundamento en las pretensiones, las
pruebas aportadas, las normas aplicables y lo alegado por las partes, sin incurrir
en fallos ultrapetita, extrapetita o minuspetita27, como regla general.

Dicho principio tiene dos connotaciones, a saber, i) externa: cuando la decisión
está en armonía con lo pedido y alegado por las partes y ii) interna: cuando
existe coherencia en lo dispuesto en la parte resolutiva y lo argüido en la parte
motiva de la providencia28. Al respecto, es importante destacar que, en caso de
existir incongruencia en cualquiera de ellas, para que pueda generar la invalidez
de la sentencia, esta debe ser de tal magnitud que no proceda solución diferente
a su nulidad.

Sobre el particular, la Sala Plena de esta corporación se pronunció en los
siguientes términos:

«[…] El juez de la revisión debe cuidarse de no incurrir en el error de
confundir la disconformidad que puedan tener los sujetos procesales frente
a lo argumentado y decidido en el fallo en cuestión, con la falta de armonía

27
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala 22 Especial de Revisión,
providencia de 7 de abril de 2015, radicación 11001-03-15-000-2013-00358-00 (REV).
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 16 de
agosto de 2002, radicación: 76001232400019970434501 (12668): «[…] Cuando en una
providencia judicial, no se respeta el principio de la congruencia, se incurre en lo que la doctrina
ha llamado fallo “ultrapetita” que consiste en reconocer un mayor derecho que el invocado por
el demandante, “extrapetita”: cuando se reconoce un derecho que no ha sido reclamado o
cuando se reconoce un derecho reclamado o se acoge la pretensión pero por una causa
diferente o deducida de hechos no alegados, y “minuspetita”: cuando se omite el
pronunciamiento sobre una de las pretensiones.»
28
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Sentencia de 21
de noviembre de 2007. Expediente: 50001233100020020019802 (15770). Actor: Germán Darío
Ospina Garzón. Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN.

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sustancial que inexorablemente debe darse entre la parte motiva y la
dispositiva de la providencia, ya que en el primer supuesto, el recurso
extraordinario debe negarse, pues el mismo se estaría empleando para
mimetizar tesis o razones propias de los recursos ordinarios o de las
discusiones de instancia, pero no de las que por su naturaleza especial se
requieren para este tipo de recursos extraordinarios […]».29

Estudio de la censura en sede extraordinaria de revisión

Para comenzar, la Subsección advierte lo siguiente:

i) La sentencia impugnada puso fin al proceso debido a que se dictó en
segunda instancia, y quedó ejecutoriada el 2 de febrero de 2018, vencido el
término de ley, luego de que se notificó por edicto desfijado el 30 de enero de
201830.

ii) En línea con ello, resulta claro que contra tal providencia no procedía
recurso de apelación.

iii) Efectivamente, en caso de configurarse la causal de nulidad alegada, esta
habría tenido lugar en la sentencia objeto del recurso extraordinario puesto que
fue precisamente en dicha providencia que, según el demandante, se resolvió
el asunto sin atender las pretensiones alegadas en la demanda. Además, se
observa que el restablecimiento del derecho, en particular, no fue objeto de
discusión en el recurso de apelación ni en las etapas procesales anteriores a la
decisión que puso fin a la segunda instancia.

iv) El señor Henry Orlando Peñaloza Blanco expresó que se configuró la
causal de revisión de nulidad originada en la sentencia porque se vulneró el
principio de congruencia y el debido proceso.

Al respecto, argumentó que en la sentencia objeto de revisión no existe
congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. En primer lugar, recordó que en la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho pidió la nulidad de la
Resolución 1178 del 15 de abril de 2011, por medio de la cual fue retirado del
servicio y, a título de restablecimiento solicitó su reintegro sin solución de
continuidad a un cargo igual o de mayor categoría. Igualmente, pidió el pago de
los salarios, primas, bonificaciones, vacaciones, cesantías y demás
emolumentos dejados de percibir con ocasión del retiro, esto es, desde el 19 de
abril de 2011 y hasta cuando se ordenara su efectiva reincorporación.

En segundo lugar, destacó que aun cuando el ad quem confirmó la nulidad del
acto acusado, decidió revocar la decisión de reintegro adoptada por el a quo,

29
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala 22 Especial de Revisión,
providencia de 7 de abril de 2015, radicación 11001-03-15-000-2013-00358-00 (REV).
30
Folio 101 cuad. dos del expediente originario.

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bajo el argumento de que este era incompatible con la asignación de retiro que
le reconoció con posterioridad la institución policial. Por consiguiente, estimó
que el restablecimiento del derecho debía limitarse al pago de los salarios y
demás prestaciones dejadas de devengar entre la fecha de retiro, esto es 19 de
abril de 2011 y el día a partir del cual se reconoció dicha asignación, a saber, el
19 de julio de la misma anualidad. Esta circunstancia, en su criterio, genera en
apariencia un restablecimiento del derecho, cuando lo cierto es que no lo es.

Pues bien, en el caso bajo estudio la parte demandante demandó la nulidad de
la Resolución 01178 del 15 de abril de 2011 proferida por el director general de
la Policía Nacional, por medio de la cual fue retirado del servicio activo por
disminución de la capacidad psicofísica en un 38.3%, de conformidad con lo
previsto en los artículos 54 inciso 1 y 55 numeral 3 del Decreto 1791 de 2000.

En primera instancia, el Juzgado Segundo Administrativo de Descongestión de
Villavicencio, mediante sentencia del 27 de junio de 2014, accedió a las
pretensiones de la demanda en los siguientes términos:

«[…] PRIMERO.- DECLARAR la nulidad parcial de la Resolución No. 01178
de 15 de abril de 2011, expedida por el Director General de la Policía
Nacional, únicamente, en relación con la decisión de retirar del servicio
activo al señor Henry Orlando Peñaloza Blanco, por las razones expuestas
en la parte motiva.
SEGUNDO.- Como consecuencia de la declaración anterior y a título de
restablecimiento del derecho, CONDENAR a la Nación – Ministerio de
Defensa Nacional – Policía Nacional, a reintegrar al señor […] con
efectividad a la fecha de desvinculación del servicio, al grado y cargo que
venía desempeñando o a otro de igual categoría pero de funciones a fines
a las que tenía al momento de producirse el retiro, en atención a su
discapacidad.
TERCERO.- CONDENAR a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional –
Policía Nacional, a reconocer y pagar al señor Henry Orlando Peñaloza
Blanco o quien lo represente en sus derechos, todos los sueldos, primas,
bonificaciones, vacaciones y demás emolumentos dejados de percibir, que
le correspondían desde la fecha de su retiro hasta cuando sea
efectivamente reintegrado comprendiendo el valor de los aumentos que se
hubieren decretado con posterioridad a la vinculación del servicio activo-
CUARTO.- CONDENAR a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional –
Policía Nacional actualizar las sumas […] conforme al índice de precios al
consumidor, con la aplicación de la fórmula reseñada en la parte motiva de
este fallo.
QUINTO.- DECLARAR que para todos los efectos legales, relacionados
con prestaciones sociales, tiempos de servicios, no ha existido solución de
continuidad en los servicios prestados a la Policía Nacional […]
OCTAVO.- NEGAR las demás pretensiones […] » (ortografía, puntuación y
gramática del texto original)

Inconforme con la decisión la Policía Nacional formuló recurso de apelación.
Argumentó que el retiro del señor Henry Orlando Blanco obedeció a su pérdida
de capacidad laboral, certificada por la Junta Médico Laboral y a la facultad que
el Decreto 1791 de 2000 le confiere al nominador para separar del servicio a
quienes son calificados como no aptos y sin posibilidad de reubicación, como

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Demandante: Henry Orlando Peñaloza Blanco

ocurrió en el sub judice. Explicó que para cumplir los fines de la Policía Nacional
es necesario que sus miembros gocen de una capacidad psicofísica óptima,
pues de lo contrario se pondría en riesgo a la ciudadanía. Igualmente, indicó
que no se podía disponer el retiro sin respetar los cuatro meses que tenía el
demandante para convocar el tribunal médico laboral, en garantía del debido
proceso. Por último, pidió tener en cuenta las disposiciones contenidas en el
Decreto 1213 de 1991, pues el uniformado no podrá ser ascendido sin antes
cumplir los presupuestos allí consignados.

Al resolver la alzada, la Sala Transitoria del Tribunal Administrativo del Meta,
mediante sentencia del 30 de octubre de 2017, revocó los numerales segundo,
tercero y quinto de la decisión proferida por el a quo, para en su lugar: i) declarar
la nulidad parcial del acto demandado y ii) condenar a la Policía Nacional a
reconocer y pagar, en favor del demandante, los sueldos y demás emolumentos
dejados de percibir entre el 15 de abril y el 19 de julio de 2011, sumas
debidamente actualizadas. Los fundamentos de la decisión fueron los
siguientes:

«[…] la Sala tiene en cuenta que, de acuerdo con lo probado en el proceso,
al demandante se le practicó Junta Médico Laboral el 28 de septiembre de
2010 en la cual se le dictaminó una pérdida de capacidad laboral en un
38.3%, con incapacidad relativa y permanente y no apto para ser reubicado
dentro de la institución.
Por otra parte se tiene que la Resolución núm. 1178 de 15 de abril de 2011,
a través de la cual el Director General de la Policía Nacional retiró del
servicio activo al demandante por la disminución de su capacidad
psicofísica, fue proferida seis (6) meses y 17 días después de que se realizó
la valoración por parte de la Junta Médica.
En ese orden, y de conformidad con lo establecido en el inciso segundo del
artículo 7 del Decreto 1796 de 2000, el concepto de capacidad psicofísica
tiene una validez de tres (3) meses, es decir, que sólo durante este tiempo
podría la Policía Nacional utilizarlo como argumento para retirar del servicio
a un miembro policial.
Por lo anterior, la Sala advierte que el acto de retiro del servicio fue proferido
por fuera de los tres (3) meses que establece la Ley, configurándose la falsa
motivación, ya que el retiro sólo podía darse dentro de los tres (3) meses
siguientes a la fecha en que se le practicó la Junta Médico Laboral, pues,
acorde con el artículo 7 del aludido Decreto, una vez transcurridos los tres
meses de haberse practicado al actor la Junta Médico Laboral, este recobró
el concepto de aptitud para la prestación del servicio policial, circunstancia
que desvirtúa la presunción de legalidad de la Resolución núm. 1178 de 15
de abril de 2011.
Así las cosas, para la Sala no son de recibo los argumentos expuestos por
la entidad demandada en el recurso de apelación, ya que como se anotó,
el concepto de capacidad psicofísica pierde vigencia tres (3) meses
después de proferido, y no como lo interpreta la apelante, en el sentido de
que debe esperarse el transcurso de los cuatro (4) meses que tiene el
miembro policial para interponer recurso de revisión ante el Tribunal Medico
Laboral, pues la norma es clara al establecer el término a partir del cual
pierde vigencia dicha valoración, que no es otro, que tres (3) meses
después de notificada la calificación de la Junta Médica Laboral.
[…]

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4.2.2-Del restablecimiento del derecho y el reintegro
En la sentencia recurrida, el A quo dispuso el reintegro del actor y el pago
de todas las prestaciones sociales dejadas de percibir, desde la fecha del
retiro y hasta cuando fuera reincorporado a la institución.
Al respecto, la Sala procederá a revocar la decisión de reintegro del actor
teniendo en cuenta las situaciones fácticas que sobrevinieron al retiro del
servicio por la disminución de la capacidad psicofísica, toda vez que se
demostró que a través de la Resolución núm. 004440 de 29 de junio de
2011, el Director General de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía
Nacional, reconoció asignación de retiro al demandante en cuantía del 85%
del sueldo básico de actividad para el grado y partidas legalmente
computables, efectiva a partir del 19 de julio de 2011.
En ese orden, el reconocimiento de la asignación de retiro supone que el
demandante se encuentra haciendo uso del buen retiro por haber prestado
sus servicios en la institución por más de 23 años, lo cual le confirió el
derecho al reconocimiento prestacional, de conformidad con el artículo 104
del Decreto 1213 de 1990.
Así las cosas, es de concluir que la cesación definitiva de funciones
como consecuencia del reconocimiento de la asignación de retiro es
incompatible con la pretensión de reintegro del demandante.
En cuanto al restablecimiento del derecho, se ordenará el pago de todas las
prestaciones sociales desde el momento del retiro por incapacidad
psicofísica y hasta la fecha en que le fue reconocida la asignación de retiro,
esto es, en el periodo comprendido entre el 15 de abril de 2011 y el 19 de
julio de 2011 […]» (ortografía, puntuación y gramática del texto original)

Análisis de la Subsección

En criterio del demandante, lo ordenado por el juez de segunda instancia, como
consecuencia de la anulación del acto de retiro, esto es, el pago de los haberes
causados por tres meses no constituye un verdadero restablecimiento del
derecho ni se corresponde con lo resuelto en otros asuntos de la misma
naturaleza. Por esta última razón considera vulnerado su derecho a la igualdad.
Agregó, que tal determinación también desconoce el principio de congruencia
que debe existir entre las pretensiones de la demanda y lo fallado por el ad quem
y, por ende, se vulneró el debido proceso al exceder los límites de la causa
petendi y con ello se estructura la nulidad originada en la sentencia por este
aspecto. Así las cosas, el marco del presente recurso extraordinario de revisión
se limita al restablecimiento del derecho ordenado por el juez de segunda
instancia.

Para verificar si se configura la causal alegada en la decisión objeto de revisión,
la Subsección estima pertinente precisar que, en virtud de las disposiciones
contenidas en los artículos 320 y 328 del CGP, la competencia de la Sala
Transitoria del Tribunal Administrativo del Meta estaba restringida a los
argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que
podía adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley, algunos de ellos son
los siguientes: i) cuando dentro del proceso se encuentren probadas
excepciones (art. 164 inciso 2 del CCA); ii) cuando proceda reconocer solo
aquello que se probó en el dossier (art. 281 del CGP); y iii) cuando se deba

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complementar la sentencia del inferior siempre que la parte perjudicada con la
omisión haya apelado (art. 246 del CCA y art. 287 del CGP).

De lo anteriormente expuesto, se observa que el recurso de apelación de la
parte demandada se circunscribió a discutir que el acto de retiro fue expedido
dentro del término y la facultad que el Decreto 1791 de 2000 le confiere al
nominador para separar del servicio a quienes son calificados como no aptos y
sin posibilidad de reubicación.

Sobre este aspecto, la sentencia objeto de revisión consideró acertada la
declaratoria de nulidad del acto administrativo demandado, sin embargo, el juez
de instancia modificó el restablecimiento económico, particularmente, indicó que
el reconocimiento solo procedía por el período comprendido entre el 15 de abril
al 19 de julio de 2011, y negó el reintegro del uniformado, por estimarlo
incompatible con la asignación de retiro que le había sido concedida.

Revisadas las actuaciones contenidas en el expediente del proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho, se observa que, en los alegatos de conclusión
de segunda instancia, la entidad pidió al ad quem tener en consideración los
topes indemnizatorios que prevé la Corte Constitucional, según las sentencias
SU-556 de 2014 y SU-053 de 2015.

Al respecto, se advierte que ese no era el momento procesal para adicionar
argumentos que debieron ser discutidos en el recurso de alzada, tal y como lo
ha sostenido esta Corporación31 de tiempo atrás, dado el carácter preclusivo de
las etapas del proceso, so pena de afectar los principios de lealtad y
contradicción entre las partes, al admitir cuestionamientos que no fueron
anunciados en el recurso de apelación.

Con todo, incluso si este aspecto hubiera sido objeto de apelación, la decisión
que se analiza, sobre el restablecimiento del derecho, no se fundó en las
providencias invocadas por la entidad, tal y como se puede constatar en los
apartes transcritos en el acápite anterior. El a quo tampoco expuso si su
razonamiento obedecía a una de las excepciones que la ley prevé para
pronunciarse más allá de su competencia, ni tampoco por qué o con base en
qué precedente adoptó dicho límite económico, es decir, no precisó de forma
clara y motivada los fundamentos que atendió para variar la orden de
restablecimiento adoptada por el a quo.

Con lo anterior, en criterio de la Subsección, el pronunciamiento contenido en la
sentencia que se revisa desatendió los límites a la competencia que le impone
la ley, lo cual condujo al desconocimiento del principio de congruencia.

31
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 30 de enero de 1998, radicación: 8509. De
la Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 12 de mayo de 2016, radicación:
08001233100020110081201 (3855-2014); reiterada en la sentencia del 10 de noviembre de
2016, radicación: 080012331000201100529 01 (3852-2015) y en la sentencia del 16 de
noviembre de 2017, radicación: 080012331000201000600 01 (2078-2015).

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Ahora, si bien en virtud de lo previsto en el artículo 246 del CCA, aplicable en el
sub examine, el juez de segunda instancia puede complementar la sentencia
del a quo, lo cierto es que en este caso no se trató de la complementación de la
decisión, por una omisión del juez de primera instancia, sino que se modificó un
aspecto que no había sido objeto de apelación, la cual limitaba su competencia
en segunda instancia, según lo previsto por los artículos 320 y 328 del CGP,
vigentes para la época en la que se dictó la sentencia que se revisa. De esta
manera, se desatendió el restablecimiento efectivo de los derechos del
uniformado que fue objeto de pretensión en la demanda.

Por otra parte, el demandante manifestó que, en su sentir, se presenta una
situación de desigualdad frente a lo resuelto por la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo, en otros casos de retiro en los que sí se dispuso el reintegro
cuando se encontró ilegal el acto de desvinculación. Tal referencia hace
importante poner de presente que, en efecto, la jurisprudencia del Consejo de
Estado se ha referido a los efectos de la declaración de nulidad del acto de retiro
de un servidor público.

Ciertamente, esta corporación ha sostenido que la anulación por regla general
tiene efecto desde el momento en que se profirió el acto por la administración,
lo que implica predicar que aquel no existió ni produjo consecuencias jurídicas.
Así lo ha sostenido esta subsección32. Veamos:

«[…] no hay que olvidar que la declaratoria de nulidad del acto
administrativo afecta su validez y, por lo mismo, sus efectos se proyectan
hacia el pasado. Así pues, la doctrina ha señalado de manera unánime,
como lo establece Sayagués Laso que “Al dictarse sentencia anulatoria, el
acto se extingue de pleno derecho en virtud de pronunciamiento
jurisdiccional. Además como la extinción se funda en la invalidez del acto,
considerase que ésta no ha tenido existencia válida y por tanto los efectos
de la extinción se proyectan hacia el pasado (Giorgi) SAYAGUES LASO,
Enrique, Tratado de Derecho Administrativo, Tomo II, Clásicos Jurídicos
Uruguayos, Ed. Fundación de Cultura Universitaria, Montevideo, 2005, No.
1068, p. 548 y 549.
De igual manera Vedel advierte que: “la anulación tiene como efecto el
hacer desaparecer el acto, y por consiguiente, sin necesidad de hablar de
retroactividad, implica la invalidez del acto a partir de su nacimiento (…) El
acto anulado se considera entonces como si no se hubiera producido
nunca, pero por razones prácticas esta regla se suaviza en dos puntos (…)”:
VEDEL, George, Derecho Administrativo, Aguilar, Madrid, 1980, p. 518 y
ss.[…]»

Así pues, declarado nulo el acto que dio lugar al retiro del servicio es razonable
inferir que lo procedente es ordenar que el trabajador se reincorpore a sus
labores, sin solución de continuidad, pues con aquella declaración de orden

32
Consejo de Estado, Sección Segunda Subsección A, sentencia del 10 de diciembre de 2015
radicación:13001-23-31-000-2001-00817-01 (1723-11), actor: Carlos Enrique Ardila González y
Otros, demandado: Concejo Distrital de Cartagena de Indias.

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judicial todo debe volver al estado en que se encontraba antes de la expedición
del acto.

La Sección Segunda de esta corporación también ha emitido numerosas
providencias en las que ha sostenido que la consecuencia de la declaratoria de
nulidad del acto de retiro es el reintegro del trabajador a un cargo de igual o
mayor jerarquía en la respectiva entidad, habida cuenta que la situación se
retrotrae como si nunca hubiese ocurrido. Algunos de estos pronunciamientos,
para el caso de la Policía Nacional, están contenidos en las sentencias de 5 de
abril de 200133, 24 de mayo de 200134, 18 de febrero de 201035, 25 de
noviembre de 201036, 22 de julio de 201537 y 9 de marzo de 201738, sin que la
causal de retiro sea óbice para atender la misma consideración.

Esta interpretación se ha extendido a los servidores públicos distintos a los
miembros de la Fuerza Pública, como se puede observar en las sentencias de
6 de diciembre de 200739, 3 de septiembre de 200940 y 18 de octubre de 201241.

De acuerdo con lo anterior se infiere que el Tribunal Administrativo del Meta,
Sala Transitoria, desconoció el principio de congruencia, desatendió los efectos
propios de la nulidad del acto administrativo de retiro y, con ello, el
restablecimiento efectivo de los derechos del uniformado, habida cuenta de que
el juez, en estos eventos, procura hacer efectiva la consecuencia de volver las
cosas a su estado anterior, como si el trabajador jamás hubiera sido retirado,
circunstancia que no se dio en el proceso objeto de análisis, dentro de las
posibilidades fácticas y jurídicas presentes en el caso concreto.

33
Sección Segunda, Subsección A, radicación: 0985-98, actor: Rubén Darío Aguirre,
demandado: Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional. En este caso se conoció de un
retiro por calificación deficiente.
34
Sección Segunda, Subsección A, radicación: 15001-23-31-000-1995-5572-01 (3245-00),
actor: Elías Emilio Rodríguez Mateus, demandado: Ministerio de Defensa Nacional, Policía
Nacional. En este caso, el retiro se surtió por necesidad del servicio.
35
Sección Segunda, Subsección A, radicación: 76001-23-31-000-2002-03579-01 (0205-08),
actor: James Rodríguez Cifuentes, demandado: Ministerio de Defensa, Policía Nacional. En este
proceso se discutió un acto de retiro por voluntad de la Dirección General de la Policía.
36
Sección Segunda, Subsección B, radicado: 200012331000200300699 01 (0509-2010), actor:
Adolfo Segundo Fandiño Ortega, demandado: Ministerio de Defensa, Policía Nacional. En este
asunto se debatió el acto de retiro por disminución de la capacidad psicofísica.
37
Sección Segunda, Subsección A, radicación: 25000-23-25-000-2000-00207-01 (1615-03),
actor: Fernando Cristancho Ariza, demandado: Ministerio de Defensa, Policía Nacional. En este
caso, se debatió la legalidad del acto de retiro por facultad del gobierno nacional.
38
Sección Segunda, Subsección B, radicación: 11001-03-25-000-2013-01217-00 (3065-13),
actor: Rubén Darío Gómez Castañeda, demandado: Ministerio de Defensa Nacional, Policía
Nacional. Este asunto estudio la legalidad del retiro como consecuencia de un proceso
disciplinario.
39
Sección Segunda, Subsección B, radicación: 50001-23-31-000-2000-00248-01 (4429-04),
actor: Alfonso Martínez Aguilera, demandado: Municipio de Villavicencio.
40
Sección Segunda, Subsección B, radicación: 68001-23-15-000-2001-03173-01 (1936-07),
actor: Martha Liliana Pico Arenas, demandado: Municipio de Barrancabermeja
41
Sección Segunda, Subsección B, radicación: 05001-23-31-000-2000-04204-01 (0804-12),
actor: Jorge Eliecer García Ocampo, demandado: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario,
INPEC.

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Ahora, la Subsección no pasa por alto que, en efecto, al señor Henry Orlando
Peñaloza Blanco le fue reconocida una asignación de retiro, a través de la
Resolución 4440 del 29 de junio de 2011. Sin embargo, ello per se no puede
implicar la inobservancia de los efectos de la nulidad del acto de retiro, así como
tampoco del restablecimiento del derecho que ello conlleva. En estos eventos,
esta corporación ha considerado adecuado y, en línea con los derechos del
trabajador y la protección del patrimonio público, ordenar la devolución de las
sumas recibidas por parte del empleado por concepto de asignación de retiro42.

Adicionalmente, es de anotar, que dicha prestación se reconoció como
consecuencia de la separación del servicio por disminución de la capacidad
psicofísica, de manera que es tal supuesto el que sirve de sustento para la
expedición de este último. Al anular el acto de retiro, desaparece del
ordenamiento, de ahí que la decisión bajo estudio implica que se mantiene una
asignación de retiro sin desvinculación del servicio, de modo que la decisión
deriva en una incoherencia de la situación jurídica del demandante, al
desatender la incidencia que tiene el retiro frente al acto de reconocimiento de
la asignación de retiro, que liquida la prestación, con base en el tiempo en
servicio activo transcurrido hasta la separación del servicio. Esto vulnera el
principio de justicia material que se busca restablecer a través del recurso
extraordinario de revisión.

En suma, aun cuando el Tribunal declaró la nulidad parcial de la Resolución
1178 del 15 de abril de 2011, en cuanto al retiro del demandante, por considerar
que adolecía de falsa motivación, lo cierto es que se abstuvo de ordenar el
reintegro al servicio activo, fundado en que este era incompatible con la
asignación de retiro que le reconoció la Policía Nacional. Este pronunciamiento
desconoce el principio de congruencia, carece de motivación y desconoce los
efectos de la declaratoria de nulidad del acto administrativo de retiro.

Así las cosas, para la Subsección es pasible concluir que en la sentencia objeto
de revisión se vulneró el principio de congruencia y el derecho a la igualdad.

42
Sección Segunda Subsección B, sentencia del 3 de mayo de 2018, radicación: 08001-23-33-
000-2014-00016-01 (0727-16), actor: Víctor Hugo Viega Quintero; sentencia del 3 de mayo de
2018, radicación: 05001-23-33-000-2014-01335-01(2094-17), actor: William Bermúdez
Rodríguez; sentencia del 5 de julio de 2018, radicación: 76001-23-33-000-2013-000-2013-0598-
01 (3720-2017), actor: Miguel Eustaquio Ramírez Carabalí; sentencia del 5 de julio de 2018,
radicación: 19001-23-33-000-2015-00315-01 (3075-17), actor: Henry Horacio Getial Urbano;
sentencia del 19 de julio de 2018, radicación: 52001-2331-000-2012-00174-01 (1869-2017),
actor: Wilson Ovidio Díaz Gálvez; sentencia del 7 de marzo de 2019, radicación 25000-23-42-
000-2015-02469-01(1607-2018), actor: Carlos Eduardo Matiz Ramírez; sentencia del 22 de
octubre de 2018, radicación: 05001-23-33-000-2013-01790-01 (4188-17), actor: José Gabriel
Quintero Sabogal. De la Subsección A, sentencia del 11 de abril de 2019, radicación: 19001-23-
33-000-2016-00023-01(0109-17), actor: Olman Albeiro Caicedo Camilo; sentencia del 22 de
octubre de 2020, radicación: 25000-23-25-000-2011-01059-02 (1179-18), actor: Luis Alberto
Quevedo Arias, demandado: Ministerio de Defensa Nacional, Caja de Suelos de Retiro de la
Policía Nacional.

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24

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En conclusión: Se configura la causal 5 de revisión, en cuanto al
restablecimiento ordenado, pues la sentencia vulneró el principio de
congruencia al mantener la declaratoria de nulidad del acto administrativo que
retiró del servicio al demandante y revocar la orden de reintegro, porque se
pronunció sobre un aspecto que no fue objeto de apelación, adoptó la decisión
sin una motivación congruente con los planteamientos expuestos por las partes
en las oportunidades procesales debidas y desatendió los efectos de la nulidad
de los actos administrativos.

Decisión

Con fundamento en lo expuesto, se infirmará parcialmente el numeral primero
de la providencia proferida el 30 de octubre de 2017 por la Sala Transitoria del
Tribunal Administrativo del Meta, en cuanto al restablecimiento del derecho
ordenado. En consecuencia, se dictará sentencia de reemplazo, para en su
lugar, disponer:

• Reintegro al cargo

De conformidad con lo que se explicó a lo largo de este proveído, es razonable
concluir que declarada la nulidad del acto de retiro del servicio procede el
reintegro del señor Henry Orlando Peñaloza Blanco al servicio activo de la
Policía Nacional en el cargo que ostentaba al momento de su retiro. Sin
embargo, teniendo en consideración que para el momento en que se emite esta
decisión el uniformado acredita una edad superior a los 62 años, pues nació el
24 de febrero de 195943, la Sala se abstendrá de ordenar el reintegro
comoquiera que desde el 24 de febrero de 2019 se consolidó una causal objetiva
de retiro, en los términos del artículo 76, literal b), numeral 2, del Decreto 1213
de 1990, cual es la de haber cumplido la edad de 60 años, circunstancia que
genera la imposibilidad actual de reincorporarlo al servicio.

Bajo esa misma línea, se estima importante precisar que aun cuando en el sub
lite no es posible ordenar el reintegro, sí se dispondrá que durante el per(í)odo
en que estuvo desvinculado el uniformado se tenga como efectivamente
prestado para todos los efectos, incluso para computar el tiempo necesario para
el reconocimiento y determinación de una cuantía superior de su asignación de
retiro.

• Pago de salarios y prestaciones sociales

De acuerdo con lo pedido en la demanda y lo probado en el proceso, se
ordenará a la Policía Nacional que proceda a pagar lo equivalente a los salarios
y prestaciones dejados de percibir por el demandante desde la fecha en que fue
desvinculado del servicio y hasta cuando cumplió la edad de retiro forzoso, esto

43
Tal y como se observa en la hoja de servicio obrante en el folio 13 del cuad. ppal. del proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho.

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25

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Demandante: Henry Orlando Peñaloza Blanco

es, desde el 15 de abril de 2011 y hasta el 24 de febrero de 2019, de manera
indexada, descontando las sumas que por concepto de asignación de retiro le
fueron pagadas a través de la Resolución 004440 del 29 de junio de 2011.

Lo anterior, comoquiera que existe incompatibilidad constitucional de percibir
más de una erogación proveniente del erario, según el artículo 128 superior, ya
que al ser beneficiario de salarios y prestaciones dejadas de percibir durante el
tiempo en que estuvo desvinculado del servicio no constituye una excepción a
dicha prohibición, pues declarada la nulidad del acto de retiro, la consecuencia
es retrotraer la situación hasta antes de su expedición, como si ella no hubiere
existido. En otras palabras, no hay en el ordenamiento jurídico colombiano la
posibilidad de que una misma persona ostente, de forma simultánea, la calidad
de retirado y en servicio activo, de manera que pueda beneficiarse de dobles
emolumentos a cargo del tesoro público.

Ciertamente, la Subsección no desconoce que han existido decisiones de esta
corporación en las cuales se consideró que no es viable disponer el reintegro de
las sumas recibidas por concepto de asignación de retiro de un miembro de la
respectiva fuerza cuyo reintegro se dispuso, como consecuencia de la anulación
del acto de retiro44, no obstante, debe tenerse en cuenta que dicha posición se
ha replanteado y se han emitido numerosos pronunciamientos en los cuales se
ha acogido la posición según la cual resulta procedente la devolución de dichas
sumas45, con fundamento en criterios que guardan identidad con los expuestos
en esta oportunidad y que resultan importantes para orientar la solución al
particular, con la finalidad de dar prevalencia a los principios de igualdad,
seguridad jurídica y confianza legítima46.

Sobre el punto, es preciso destacar que el reconocimiento de los salarios y
prestaciones sociales no representan una indemnización por un daño
determinado, sino que constituyen la consecuencia de los efectos ex tunc de la
nulidad del acto administrativo que ordenó su retiro del servicio. Es decir,
significan la restauración de la situación jurídica que existía antes de la

44
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 27 de marzo de 2008,
radicación: 250002325000200308975 01(8239-05), actor: Gustavo Rincón Rivera; Subsección
B, sentencia del 30 de marzo de 2011, radicación: 130012331000200302110 01(2295-2008),
actor: Julio César Sánchez García.
45
Sección Segunda Subsección B, sentencia del 3 de mayo de 2018, radicación: 08001-23-33-
000-2014-00016-01 (0727-16), actor: Víctor Hugo Viega Quintero; sentencia del 3 de mayo de
2018, radicación: 05001-23-33-000-2014-01335-01(2094-17), actor: William Bermúdez
Rodríguez; sentencia del 5 de julio de 2018, radicación: 76001-23-33-000-2013-000-2013-0598-
01 (3720-2017), actor: Miguel Eustaquio Ramírez Carabalí; sentencia del 5 de julio de 2018,
radicación: 19001-23-33-000-2015-00315-01 (3075-17), actor: Henry Horacio Getial Urbano;
sentencia del 19 de julio de 2018, radicación: 52001-2331-000-2012-00174-01 (1869-2017),
actor: Wilson Ovidio Díaz Gálvez; sentencia del 7 de marzo de 2019, radicación 25000-23-42-
000-2015-02469-01(1607-2018), actor: Carlos Eduardo Matiz Ramírez; sentencia del 22 de
octubre de 2018, radicación: 05001-23-33-000-2013-01790-01 (4188-17), actor: José Gabriel
Quintero Sabogal. De la Subsección A, sentencia del 11 de abril de 2019, radicación: 19001-23-
33-000-2016-00023-01(0109-17), actor: Olman Albeiro Caicedo Camilo.
46
Sobre el valor normativo formal de la doctrina judicial se puede consultar la sentencia C-836
de 2001 de la Corte Constitucional.

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Demandante: Henry Orlando Peñaloza Blanco

expedición del acto. En otros términos, equivale al restablecimiento del derecho
que se vulneró.

Las sumas de la condena deberán indexarse conforme a la siguiente fórmula:

En el que el valor presente (R) resulta de
multiplicar el valor histórico (Rh), que
R= Rh x Índice final corresponde a la suma adeudada, por el
Índice inicial guarismo que resulte de dividir el índice
final de precios al consumidor, vigente a la
fecha de ejecutoria de esta sentencia
certificado por el DANE, por el índice inicial
vigente a la fecha en que debió realizarse el
pago correspondiente. Es claro que por
tratarse de pagos de tracto sucesivo la
fórmula se aplicará separadamente, mes
por mes, respecto de cada obligación
teniendo en cuenta que el índice inicial es
el vigente al momento de la causación de
cada uno de ellos.

Decisión de reemplazo

Así las cosas, se revocará el numeral segundo de la sentencia del 27 de junio
de 2014 emitida por el Juzgado Segundo Administrativo de Descongestión de
Villavicencio, para en su lugar, tener como efectivamente prestado el servicio
desde el 15 de abril de 2011 hasta el 24 de febrero de 2019, en un cargo de
igual categoría, para todos los efectos, incluso para computar el tiempo
necesario para el reconocimiento y determinación de una cuantía superior de su
asignación de retiro. Ello en razón a que, actualmente, no es posible reintegrar
al uniformado comoquiera que desde el 24 de febrero de 2019 se consolidó la
causal objetiva de retiro por cumplimiento de los 60 años de edad, en los
términos del artículo 76, literal b), numeral 2, del Decreto 1213 de 1990.

De igual manera, se modificará el numeral tercero, para en su lugar, ordenar a
la Policía Nacional reconocer y pagar al señor Henry Orlando Peñaloza Blanco,
a título de restablecimiento del derecho, los salarios y prestaciones sociales
dejados de devengar desde el 15 de abril de 2011, fecha del retiro, y hasta el 24
de febrero de 2019, cuando cumplió la edad de retiro forzoso.

De los valores que resulten en cumplimiento de lo anterior, se deberán efectuar
los descuentos correspondientes a las sumas que le fueron pagadas por
concepto de asignación de retiro y, por el cumplimiento de la orden impartida en
la sentencia del 30 de octubre de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo
del Meta, Sala Transitoria.

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Radicado: 110010325201900161 00 (1040-2019)
Demandante: Henry Orlando Peñaloza Blanco

En todo lo demás se mantendrá la decisión.

De la condena en costas

En relación con la condena en costas, la Ley 1437 de 2011 no previó de manera
expresa su procedencia para los recursos extraordinarios de revisión. En
consecuencia, debe darse aplicación a lo consagrado por el artículo 188
eiusdem.

Así entonces, y atendiendo los lineamientos que sobre la condena en costas ha
desarrollado el Consejo de Estado47, la Subsección considera que es
procedente la misma en el caso sub examine toda vez que se declaró fundado
el recurso extraordinario de revisión según lo establecido en el numeral 1 del
artículo 365 del CGP, en cuanto dispone «[…] Se condenará en costas a la parte
vencida en el proceso […]». En esos términos, se condenará en costas a la Nación,
Ministerio de Defensa, Policía Nacional y en favor del recurrente.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

FALLA

Primero: Declarar fundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto por
el señor Henry Orlando Peñaloza Blanco con el fin de que se revise la sentencia
del 30 de octubre de 2017 proferida por la Sala Transitoria del Tribunal
Administrativo el Meta, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho radicado bajo el número 500013331004201100437.

Segundo: Infirmar parcialmente el numeral primero la sentencia referida. En
consecuencia, se dispone:

«Revocar el numeral segundo de la sentencia del 27 de junio de 2014 emitida
por el Juzgado Segundo Administrativo de Descongestión de Villavicencio, para
en su lugar, tener como efectivamente prestado el servicio desde el 15 de abril
de 2011 hasta el 24 de febrero de 2019, en un cargo de igual categoría, para
todos los efectos legales, incluso para computar el tiempo necesario para el
reconocimiento y liquidación de la asignación de retiro. Ello en razón a que,
actualmente, no es posible reintegrar al uniformado comoquiera que desde el 24
de febrero de 2019 se consolidó una causal objetiva de retiro, en los términos
del artículo 76, literal b), numeral 2), del Decreto 1213 de 1990.

De igual manera, modificar el numeral tercero, para en su lugar, ordenar al
Ministerio de Defensa, Policía Nacional reconocer y pagar al señor Henry

47
Al respecto ver las providencias del 7 de abril de 2016, expedientes: 4492-2013, actor: María
del Rosario Mendoza Parra y 1291-2014, actor: José Francisco Guerrero Bardi.

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Radicado: 110010325201900161 00 (1040-2019)
Demandante: Henry Orlando Peñaloza Blanco

Orlando Peñaloza Blanco, todos los salarios y prestaciones sociales dejados de
percibir desde la fecha en que se hizo efectivo su retiro y hasta cuando cumplió
la edad de retiro forzoso, a saber, desde el 15 de abril de 2011 hasta el 24 de
febrero de 2019, de manera indexada, descontándole los conceptos que recibió
por asignación de retiro reconocida a través de la Resolución 004440 del 29 de
junio de 2011, así como de las sumas que le fueron pagas en cumplimiento de
la orden impartida en la sentencia del 30 de octubre de 2017, proferida por el
Tribunal Administrativo del Meta, Sala Transitoria.»

Tercero: En todo lo demás, se mantiene la decisión objeto de revisión.

Cuarto: Se condena en costas a la Nación, Ministerio de Defensa, Policía
Nacional, en favor del señor Henry Orlando Peñaloza Blanco de conformidad
con lo expuesto en la parte motiva.

Quinto: Ejecutoriada esta providencia, devolver el expediente de nulidad y
restablecimiento del derecho al despacho de origen, háganse las anotaciones
pertinentes en el sistema informático SAMAI y archívese el expediente del
recurso extraordinario de revisión.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente
sesión.

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente

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