Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 19001-23-33-000-2016-00023-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 19001-23-33-000-2016-00023-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 19001-23-33-000-2016-00023-01
Consejero ponente: William Hernández Gómez
11 de abril de 2019
ASIGNACIÓN DE RETIRO Y SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES PAGADOS COMO CONSECUENCIA DE LA ILEGALIDAD DEL ACTO DE RETIRO DEL SERVICIO – Incompatibilidad / PROHIBICIÓN DE RECIBIR DOBLE ASIGNACIÓN DEL TESORO PÚBLICO
Las sumas que percibió el demandante por concepto de asignación de retiro durante el tiempo en que el demandante estuvo retirado del servicio activo de la Policía Nacional son incompatibles con el pago de salarios y demás prestaciones que recibió el libelista, como restablecimiento del derecho por la anulación de la decisión de retiro del servicio, por tal motivo los descuentos ordenados en el acto cuya nulidad se depreca son ajustados a derecho y a la prohibición constitucional prevista en el artículo 128 Superior, contrario a lo declarado por el a quo. Finalmente, la Subsección advierte que dentro del plenario no se demostró si al demandante se le descuenta o ya se le descontó de sus salarios y prestaciones el valor de la asignación de retiro, motivo por el cual ordenará esta Corporación que en caso de que no se hayan descontado dichos emolumentos, la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional efectuará el descuento con la preservación del mínimo vital del demandante atendiendo los principios de proporcionalidad y razonabilidad. Igualmente, deberá tener en cuenta la entidad demandada que si ya realizó el descuento de la asignación de retiro al momento del reintegro del actor, no podrá descontar de su salario mensual como miembro activo dichos haberes, con el fin de evitar que el libelista cancele doblemente por concepto de dicha erogación.
NOTA DE RELATORÍA: Sobre la incompatibilidad de la asignación de retiro con la percepción de salarios, ver: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 3 de mayo de 2018, radicación: 0727-16.
ASIGNACIÓN DE RETIRO – Objeto / ASIGNACIÓN DE RETIRO – Naturaleza jurídica / PROHIBICIÓN DE RECIBIR DOBLE ASIGNACIÓN DEL TESORO PÚBLICO – Alcance
La asignación de retiro es un derecho prestacional con carácter periódico que surge de una relación laboral administrativa y con la cual se pretende cubrir un riesgo o una contingencia propia de la seguridad social, consagrada a favor del personal de la Policía Nacional y las Fuerzas Militares, que conforme a la jurisprudencia de esta Corporación se le ha reconocido el carácter de una pensión como la de vejez o de jubilación. (…). Se encuentra la prohibición de percibir más de dos asignaciones por cualquier concepto que provengan del erario, (dos empleos públicos en forma simultánea o pensión de jubilación –proveniente de entidades de previsión del Estado- y sueldo), cuyo pago o remuneración proceda del tesoro público o de empresas o instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado. Ello, sin perjuicio de las excepciones previstas en la ley.
NOTA DE RELATORÍA: Sobre la naturaleza jurídica de la asignación de retiro, ver: Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de 28 de septiembre de 2017, radicación: 2013-06374-01. En cuanto a la prohibición constitucional de recibir doble asignación del tesoro público, ver: Corte constitucional, sentencia C-133 de 1993, M.P.: Vladimiro Naranjo Mesa.
FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 128 / LEY 4 DE 1992 – ARTÍCULO 19
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Bogotá D.C., once (11) de abril de dos mil diecinueve (2019).
Radicación número: 19001-23-33-000-2016-00023-01(0109-17)
Actor: OLMAN ALBEIRO CAICEDO CAMILO
Demandado: CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL, CASUR
Medio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
Ley 1437 de 2011
Sentencia O-056-2019
ASUNTO
La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, decide el recurso de apelación formulado por la parte demandada contra la sentencia proferida el 20 de septiembre de 2016 por el Tribunal Administrativo del Cauca, que accedió a las pretensiones de la demanda.
ANTECEDENTES
El señor Olman Albeiro Caicedo Camilo en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, demandó a la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, CASUR.
Pretensiones
1. Declarar la nulidad parcial de la Resolución 2236 del 6 de abril de 2015, a través de la cual el director general de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, ordenó el reintegro de la suma de $88.267.360,oo por concepto de la asignación mensual de retiro cancelada por la entidad demandada al señor Olman Albeiro Caicedo Camilo, entre el 3 de diciembre de 2008 y el 22 de diciembre de 2014.
2. Declarar la nulidad del acto administrativo ficto o presunto negativo, derivado del recurso de reposición interpuesto el 28 de abril de 2015, contra la Resolución 2236 del 6 de abril de 2015.
A título de restablecimiento del derecho solicitó:
3. Ordenar a la demandada a devolver al señor Olman Albeiro Caicedo Camilo la totalidad de los dineros que se le hayan descontado por concepto de asignación de retiro, entre el 3 de diciembre de 2008 y el 22 de diciembre de 2014, fecha última en la que fue reintegrado al servicio activo de la Policía Nacional, con su respectiva indexación e intereses.
4. Ordenar que sobre las sumas reconocidas y liquidadas al demandante, se incorporen los ajustes de valor conforme al IPC, conforme se prevé en el artículo 187 del CPACA.
5. Dar cumplimiento a la sentencia en los términos consagrados en el artículo 192 del CPACA, con los respectivos reajustes e indexaciones. Si se omite la observancia de la citada normativa, la entidad deberá cancelar los intereses conforme lo determina el numeral 4 del artículo 195 del CPACA.
6. Condenar en costas y agencias en derecho a la demandada.
DECISIONES RELEVANTES EN LA AUDIENCIA INICIAL
En el marco de la parte oral del proceso bajo la Ley 1437 de 2011, la principal función de la audiencia inicial es la de precisar el objeto del proceso y de la prueba.
En esta etapa se revelan los extremos de la demanda o de su reforma, de la contestación o de la reconvención. Además se conciertan las principales decisiones que guiarán el juicio.
Con fundamento en lo anterior, se realiza el siguiente resumen de la audiencia inicial en el presente caso, a modo de antecedentes:
Excepciones previas (art. 180-6 CPACA)
Bien podría decirse que esta figura, insertada en la audiencia inicial, es también una faceta del despacho saneador o del saneamiento del proceso, en la medida que busca, con la colaboración de la parte demandada, que la verificación de los hechos constitutivos de excepciones previas, o advertidos por el juez, al momento de la admisión, se resuelvan en las etapas iniciales del proceso, con miras a la correcta y legal tramitación del proceso, a fin de aplazarlo, suspenderlo, mejorarlo o corregirlo.
En el presente caso de folios 163 a 164 y cd que obra a folio 168 (minuto 17:16 a 17:29), en la etapa de excepciones previas se indicó lo siguiente:
«[…] En este proceso no se interpuso ninguna excepción que tenga el carácter de previa o de mixta, por lo tanto no habrá pronunciamiento en esta etapa. […]»
Se corrió traslado a las partes y no se interpusieron recursos.
Fijación del litigio (art. 180-7 CPACA)
La fijación del litigio es la piedra basal del juicio por audiencias; la relación entre ella y la sentencia es la de «tuerca y tornillo», porque es guía y ajuste de esta última.
En el sub lite a folio 164 y cd que obra a folio 168 (minuto 17:30 a 24:06), se fijó el litigio respecto del origen de la controversia según la parte demandante, los hechos en los que se encuentra de acuerdo y desacuerdo la entidad demandada, así como el problema jurídico de la siguiente forma:
Origen de la controversia según la parte demandante, señalada en la fijación del litigio
«[…] Me ratifico en todas y cada una de los hechos y pretensiones de la demanda, en el sentido de la inconformidad en el descuento que se le ha hecho a mi representado Olman Albeiro Caicedo Camilo, por la suma de $88.267.360.oo. […]»
Hechos en los que se encuentra de acuerdo y en desacuerdo la parte demandada según la fijación del litigio
«[…] La Caja de Sueldos se encuentra de acuerdo con el hecho número uno, dado que por medio de la Resolución 05275 del 28 de noviembre 2008 el director general de la Policía Nacional en facultad (sic) discrecional, retiró del servicio entre otros policiales al agente Olman Albeiro Caicedo Camilo.
Estamos de acuerdo con el hecho número dos, la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía mediante Resolución 4647 del 6 de julio de 2013, dio cumplimiento a la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Administrativo de Descongestión de Popayán fechada 12 de diciembre de 2012, en consecuencia reconoció asignación mensual de retiro en cuantía equivalente a 58% y se ordenó el pago de los valores al agente Olman Albeiro Caicedo Camilo, folios 14, 15 y 16 del expediente administrativo.
Estamos de acuerdo con los hechos tres, cuatro, cinco y sexto de la demanda, el agente presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra el acto administrativo 5275 de 2008 el cual lo separó del servicio. Mediante sentencia 276 del 7 de diciembre de 2011, del Juzgado Administrativo del Cauca, se declaró la nulidad parcial de dicho acto administrativo; sentencia que fue confirmada en segunda instancia en providencia 053 del 29 de mayo de 2014, proferida por el Honorable Tribunal Administrativo del Cauca.
De acuerdo parcialmente con el hecho séptimo, pues obran a folios 91 a 93 del expediente administrativo, que CASUR mediante la Resolución 2236 del 6 de abril de 2015 «por medio de la cual revoca en todas sus partes la Resolución 4647 del 6 de julio de 2013, por medio de la cual se reconoció la asignación mensual de retiro del agente Olman Albeiro Caicedo Camilo y ordena el reintegro de valores al presupuesto de la entidad», más su parte resolutiva no se anotó como a la letra indica el texto del hecho séptimo de la demanda, el texto original es el siguiente:
«Artículo segundo: Enviar copia de la presente resolución a la Secretaría General y Área de Administración Salarial de la Policía Nacional, para que la institución en el acto administrativo que reconoce valores retroactivos al señor agente Caicedo Camilo Olman Albeiro y retirado, identificado con cédula de ciudadanía número 76.315.162 ordene descontar en un solo contado, con destino al presupuesto de la entidad la suma de $88.267.360, por concepto de asignación mensual de retiro, pagada entre el 3 de diciembre de 2008 y el 30 de enero de 2015.
Lo anterior, para resaltar que la orden emanada de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, en principio es a la Secretaría General y al área de Administración de la Policía Nacional, para que este efectúe el reintegro y si este no lo efectuara, lo hiciere el agente retirado Olman Albeiro Caicedo Camilo.
En el saneamiento del litigio quedó aclarado el hecho número ocho de la demanda frente al acto ficto que resolvió (sic) el recurso de reposición, entonces en ese orden de ideas, frente al hecho octavo estaríamos de acuerdo.
Ahora bien, deben probarsen (sic) dentro del proceso, basados en el material probatorio allegado y el que llegare a decretarse, de acuerdo con los hechos noveno y décimo.
Frente a las pretensiones de la demanda me opongo totalmente a que prosperen, basados (sic) en las razones y argumentos contenidos en la contestación de la demanda y principalmente en la provisión (sic) de que trata el artículo 128 Constitucional. […]»
Problema jurídico fijado en el litigio
«[…] Determinar si los actos administrativos que se han demandado, es decir, la nulidad parcial de la Resolución N° 2236 del 6 de abril de 2015, en sus artículos segundo, tercero, cuarto y quinto y, el acto administrativo ficto o presunto generado frente al recurso de reposición presentado por la parte demandante. Actos administrativos proferidos por CASUR que ordena el reintegro de la suma de $88.267.360, por concepto de la asignación mensual de retiro que le fuera pagada al hoy demandante, Olman Albeiro Caicedo Camilo, se encuentran o no afectados de nulidad.
Para resolver este problema jurídico se deberá determinar si la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional está facultada para ordenar el descuento de las sumas de dinero que pagó por concepto de asignación de retiro al señor Caicedo Camilo, quien fue reintegrado al servicio en virtud de una orden judicial. […]»
Se le concedió el uso de la palabra a las partes y manifestaron estar de acuerdo.
SENTENCIA APELADA
El a quo profirió sentencia oral en la audiencia inicial, en la cual accedió a las pretensiones de la demanda, con fundamento en las siguientes consideraciones:
En primer lugar, citó apartes de la sentencia proferida por esta Corporación en la cual se determinó que los pagos como consecuencia de la declaración de nulidad de un acto de retiro, ostentan un carácter indemnizatorio, por los perjuicios irrogados por el acto ilegal, por tanto, no tiene la connotación de asignación laboral o de remunerar el servicio prestado y por ende, no puede considerarse que tales dineros se encuentran previstos en la prohibición del artículo 128 de la Constitución.
Bajo dicho entendido, argumentó que la citada posición había sido ratificada por el Consejo de Estado en las sentencias del 27 de marzo de 2008 y del 31 de marzo de 2011, en las cuales se reitera que el carácter de las condenas en las demandas de nulidad y restablecimiento del derecho, no existe incompatibilidad entre el pago de aquellas y la asignación de retiro para el caso de los miembros de las Fuerzas Militares y de Policía.
Por otro lado, advirtió que existía otra posición de la Corte Constitucional en la cual se indicaba que se debía descontar de los emolumentos reconocidos en un medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, lo percibido por concepto de asignación de retiro, en tanto existía incompatibilidad de percibir dos asignaciones del tesoro público, al tenor del artículo 128 Superior.
Acorde con ello, el a quo en atención al principio pro homine acogió el precedente del Consejo de Estado, al considerar que era más beneficioso para el trabajador y en dicha medida, los salarios y demás prestaciones reconocidas en virtud de una condena a título de restablecimiento del derecho, correspondían a una indemnización por el daño causado con la expedición del acto irregular, por ende estos no reñían con lo cancelado en virtud de la asignación de retiro. En tanto, la posición del Tribunal Constitucional era regresiva para el trabajador.
Posteriormente, analizó las pruebas aportadas al plenario, para concluir que la incompatibilidad deprecada por la parte demandada entre la asignación de retiro y la indemnización percibida por el demandante como consecuencia de su reintegro al servicio activo de la Policía Nacional, era inexistente, pues el pago de la asignación de retiro, fue con ocasión de haber cumplido con los requisitos exigidos por la ley para el efecto, por tal motivo la anulación del acto de retiro no puede constituirse en un fundamento para considerar viciada la cancelación por dicho concepto.
Corolario, el tribunal de primera instancia: i) declaró la nulidad parcial de la Resolución 2236 del 6 de abril de 2015; ii) declaró la nulidad de acto ficto o presunto resultante del recurso de reposición interpuesto en contra de la anterior resolución; iii) a título de restablecimiento del derecho condenó a la demandada efectuar el pago de las sumas de dinero que se hayan descontado al señor Olman Albeiro Caicedo Camilo, por concepto de la asignación de retiro y en virtud de lo resuelto en los ordinales segundo, tercero, cuarto y quinto de la Resolución 2236 del 6 de abril de 2015; iv) las sumas de la condena deberán actualizarse conforme a la fórmula indicada en la parte motiva; v) condenó en costas a la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional y; vi) ordenó el cumplimiento de la sentencia en los términos del artículo 192 del CPACA.
RECURSO DE APELACIÓN
La entidad demandada solicitó revocar la sentencia de primera instancia y en su lugar negar las pretensiones de la misma, conforme los argumentos que a continuación se exponen.
Sostuvo que al tenor de lo previsto en el artículo 128 Superior, existe una clara incompatibilidad entre la asignación de retiro y la indemnización percibida por el demandante como consecuencia del reintegro al servicio de la Policía Nacional, toda vez que nadie puede percibir una doble asignación del tesoro público, situación que en sub lite se advierte, pues entre el 3 de diciembre de 2008 (fecha del retiro) y 22 de diciembre de 2014 (fecha de reintegro), se le canceló la suma de $88.267.360 por concepto de asignación de retiro, periodo durante el cual con ocasión de la providencia que ordenó su reintegro, le fueron cancelados también todos los salarios y prestaciones que debía devengar como agente.
Igualmente, citó apartes jurisprudenciales de la sentencia del 8 de mayo de 2013 proferida por la Corte Constitucional, en la cual se analizó un tema con similares fundamentos fácticos y jurídicos al aquí analizado, en el cual el Tribunal Constitucional concluyó que existe una incompatibilidad en virtud del artículo 128 Superior, de percibir asignación de retiro y el pago de salarios con ocasión del reintegro al servicio a la Policía Nacional, pues a pesar de tener naturaleza diferente, ambas provienen del tesoro público, por tanto, dicha circunstancia está en contraposición de la citada normativa constitucional.
ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
Parte demandante: Insistió en que la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional con violación de la Constitución, la ley y el precedente del Consejo de Estado, pues es claro que existe compatibilidad entre el dinero cancelado por concepto de asignación de retiro y los salarios y demás prestaciones reconocidos en la sentencia judicial que ordenó su reintegro al servicio activo, pues ello fue a título de indemnización de los perjuicios causados con la orden de retiro como miembro de la Policía Nacional.
La parte demandada y el Ministerio Público guardaron silencio en el desarrollo de esta etapa procesal.
CONSIDERACIONES
Competencia
De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto.
De igual forma, acorde con lo previsto por el artículo 328 del Código General del Proceso, el juez de segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso de apelación.
Problema jurídico
En ese orden, el problema jurídico que se debe resolverse en esta instancia se circunscribe a los aspectos planteados en el recurso de apelación, los cuales se resumen en la siguiente pregunta:
¿El señor Olman Albeiro Caicedo Camilo tiene derecho a percibir los salarios y prestaciones dejadas de devengar con ocasión de su retiro del servicio y a la vez, la asignación de retiro reconocida y cancelada desde su desvinculación?
Al respecto, la Subsección sostendrá la siguiente tesis: El demandante no tiene derecho a percibir los salarios y prestaciones dejados de percibir, y a su vez, la asignación de retiro reconocida y cancelada desde su desvinculación del servicio activo de la Policía Nacional, por cuanto existe una incompatibilidad entre las dos prestaciones, tal como pasa a explicarse.
De la naturaleza jurídica de la asignación de retiro y de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional
La asignación de retiro es un derecho prestacional con carácter periódico que surge de una relación laboral administrativa y con la cual se pretende cubrir un riesgo o una contingencia propia de la seguridad social, consagrada a favor del personal de la Policía Nacional y las Fuerzas Militares, que conforme a la jurisprudencia de esta Corporación se le ha reconocido el carácter de una pensión como la de vejez o de jubilación.
La Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, creada y reglamentada por los Decretos 0417 y 3075 de 1955, 782 de 1956, 2343 de 1971, 2003 de 1984 y 823 de 1995, es un establecimiento público del orden nacional, con personería jurídica, autonomía administrativa, financiera y patrimonio independiente, adscrita al Ministerio de Defensa Nacional, que se encuentra integrada al sector descentralizado por servicios del orden nacional, a partir de lo regulado por el artículo 38, numeral 2, literal a) de la Ley 489 de 1998.
Según los artículos 5° y 6° del Acuerdo 008 del 19 de octubre de 2001, «por el cual se adoptan los estatutos internos de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional», su objetivo fundamental es reconocer y pagar las asignaciones de retiro al personal de oficiales, suboficiales, personal del nivel ejecutivo, agentes y demás estamentos de la Policía Nacional que adquieran el derecho a tal prestación, así como la sustitución pensional a sus beneficiarios y desarrollar la política y los planes generales que en materia de servicios sociales de bienestar adopte el Gobierno Nacional respecto de dicho personal.
De acuerdo con el artículo 3.10 de la Ley 923 de 2004 las Cajas de Retiro de las Fuerzas Militares y de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional son las entidades responsables de las labores de administración de aportes, reconocimiento y pago de asignaciones de retiro y de sus sustituciones, así como de la inversión, manejo y control de los recursos correspondientes; aspectos absolutamente independientes del reconocimiento de las acreencias laborales causadas con ocasión de la prestación del servicio de los servidores de la entidad, que como empleadora tiene atribuida la Policía Nacional, es decir, las propias de la relación de trabajo.
En este sentido, se recuerda que la Policía Nacional de Colombia es una entidad pública adscrita al Ministerio de Defensa Nacional, creada mediante la Ley 1000 de 1891, mantenida por el artículo 218 de la Constitución Política de 1991, la Ley 62 de 1993 y el Decreto 1512 de 2000.
Verificada la naturaleza jurídica de las entidades involucradas en la actuación revisada, se tiene que ambos organismos son integrantes del poder público del Estado Colombiano, conforme a la Ley 489 de 1998.
De la prohibición de percibir doble asignación del tesoro público
El artículo 128 de la Constitución Política señala la prohibición de percibir doble asignación proveniente del tesoro público, en los siguientes términos:
«[…] ARTICULO 128. Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo ni recibir más de una asignación que provenga del tesoro público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado, salvo los casos expresamente determinados por la ley.
Entiéndese por tesoro público el de la Nación, el de las entidades territoriales y el de las descentralizadas. […]».
De acuerdo con lo anterior, es claro que la prohibición constitucional de percibir doble asignación proveniente del tesoro público impide que dos o más emolumentos que tengan como fuente u origen el ejercicio de empleos o cargos públicos, en este sentido, la norma comprende dos prohibiciones: i) desempeñar dos empleos de forma simultánea y ii) recibir más de una asignación del tesoro público.
Por otro lado el artículo 128 Constitucional fue desarrollado por el artículo 19 de la Ley 4ª de 1992, así:
«[…]
Artículo 19. Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público, ni recibir más de una asignación que provenga del tesoro público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado.
Exceptúense las siguientes asignaciones:
a) Las que reciban los profesores universitarios que se desempeñen como asesores de la Rama Legislativa.
b) Las percibidas por el personal con asignación de retiro o pensión militar o policial de la Fuerza Pública;
c) Las percibidas por concepto de sustitución pensional;
d) Los honorarios percibidos por concepto de hora cátedra;
e) Los honorarios percibidos por concepto de servicios profesionales de salud;
f) Los honorarios percibidos por los miembros de las juntas directivas, en razón de su asistencia a las mismas, siempre que no se trate de más de dos juntas;
g) Las que a la fecha de entrar en vigencia la presente ley beneficien a los servidores oficiales docentes pensionados. […]» (Subrayas fuera de texto).
Acorde con la disposición señalada, se permite percibir de manera simultánea dos asignaciones provenientes del erario e incluye, entre ellas las percibidas por el personal con asignación de retiro o pensión militar o policial de la Fuerza Pública. Sin embargo, en el sub lite se debate una situación que no está contemplada en el supuesto de la norma reseñada en cuanto, las sumas que recibió el demandante fueron ordenadas en la sentencia judicial que declaró la nulidad del acto de retiro y dispuso su reintegro al servicio.
Al respecto, la Corte Constitucional en sentencia C-133 del 1.° de abril de 1993, al estudiar la exequibilidad del citado artículo 19 de la Ley 4ª de 1992, consideró:
«[…] Este mandato constitucional (el contenido en el artículo 128 de la Constitución Política) consagra una incompatibilidad que consiste en la prohibición de desempeñar simultáneamente dos o más cargos públicos y de recibir más de una asignación que provenga del tesoro público o de empresas o instituciones en que tenga parte principal el Estado, además de autorizar a la ley para fijar los casos en que no opera dicha prohibición.
Tal incompatibilidad está redactada en los siguientes términos:
[...]
Esta disposición apareció por primera vez en la Constitución Política de 1886 cuando el constituyente de esa época prescribió: «Nadie podrá recibir dos sueldos del tesoro público, salvo lo que para casos especiales determinen las leyes» (art. 64). Este precepto, como se lee en los antecedentes legislativos obedeció al deseo del constituyente de evitar posibles abusos por parte de los empleados públicos, al permitírseles la acumulación de cargos y por ende de sueldos.
Como se puede apreciar, en la Constitución de 1991 se conserva el precepto antes vigente en su integridad, agregándole la prohibición que tiene toda persona de desempeñar mas (sic) de un cargo público, y adecuando su texto a la nueva normatividad, al extenderse la definición de tesoro público, también al patrimonio correspondiente a las entidades descentralizadas. […]»
Bajo dicho entendido, se encuentra la prohibición de percibir más de dos asignaciones por cualquier concepto que provengan del erario, (dos empleos públicos en forma simultánea o pensión de jubilación –proveniente de entidades de previsión del Estado- y sueldo), cuyo pago o remuneración proceda del tesoro público o de empresas o instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado. Ello, sin perjuicio de las excepciones previstas en la ley.
Ahora bien, al efectuarse el análisis del vocablo «asignación», se observa que el Diccionario de la Real Academia Española, lo define como:
«1. f. Acción y efecto de asignar.
2. f. Cantidad señalada por sueldo o por otro concepto.
3. f. Der. En el supuesto de pluralidad de deudas, imputación de pago a una de ellas.
4. f.P. Rico. HYPERLINK "http://dle.rae.es/?id=Bu8i6DA" \l "5EKog3P" deber (‖ ejercicio que se encarga al alumno).» (Subrayas fuera de texto).
De esta forma, en el sub lite el citado término debe entenderse como el monto percibido con ocasión de sueldo o por otro concepto.
A su turno, la Corte Constitucional en la citada sentencia C-133 del 1.° de abril de 1993, definió el alcance de dicha expresión como:
«[…] El término "asignación" comprende toda clase de remuneración que emane del tesoro público, llámese sueldo, honorario, mesada pensional, etc. Siendo así, bien podía el legislador ordinario establecer dicha incompatibilidad dentro de la citada Ley 4a. de 1992, sin contrariar mandato constitucional alguno. Aún en el remoto caso de que se hubiere concluido que el régimen de inhabilidades e incompatibilidades para los funcionarios públicos debía ser regulado por medio de ley ordinaria, el artículo 19, objeto de acusación, tampoco sería inconstitucional, por cuanto el legislador estaba perfectamente facultado para hacerlo. […]» (Resalta la Subsección).
Colofón de lo anterior, dentro de esta prohibición ha de entenderse no solo la percepción de más de una asignación proveniente de varios empleos públicos, sino la de otras remuneraciones o asignaciones que tengan la misma fuente, tales como las pensiones o asignación de retiro en el caso de las Fuerzas Militares y de Policía.
Bajo este entendido, la Subsección analizará si tal y como lo expuso el a quo en la sentencia de recurrida, los rubros reconocidos al demandante como consecuencia de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho que ordenó su reintegro sin solución de continuidad, son compatibles con la asignación de retiro que percibió durante el mismo periodo.
Incompatibilidad de la asignación de retiro con el pago de salarios y prestaciones recibidos por orden judicial
Ahora bien, observa la Subsección que los fundamentos jurídicos expuestos en el libelo introductor por parte del demandante así como la decisión por parte del a quo para declarar la nulidad de los actos administrativos enjuiciados y la correspondiente compatibilidad entre asignación de retiro y salarios declarada, fue la sentencia de Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de 29 de enero de 2008 ya reseñada, no obstante, la situación que se analiza en el sub lite es diferente a la estudiada en la referida sentencia, por las siguientes razones:
En la sentencia de Sala Plena referida, la Corporación decidió la nulidad del acto de retiro por supresión del cargo de una servidora de carrera de la Contraloría General de República y dispuso que no se le descontaran las sumas de dinero que por concepto de salarios y prestaciones provenientes de un empleo público hubiese recibido el demandante durante el lapso transcurrido entre el retiro y el cumplimiento de la orden de reintegro.
En esa ocasión se determinó la compatibilidad frente al sueldo ordenado en la sentencia judicial a título de restablecimiento del derecho y los sueldos que se hubiesen percibido por otra vinculación laboral, escenario en el que se desarrollaron relaciones entre entidad empleadora y servidor beneficiario; a diferencia de lo que aquí ocurre, en donde se verifica la incompatibilidad entre sueldo y asignación de retiro, donde concurren la entidad empleadora y la caja de retiro.
Así las cosas, resulta necesario precisar que los conceptos de asignación de retiro y salario son diferentes. En efecto, el primero goza de una naturaleza prestacional que tiene como objetivo principal beneficiar a los miembros de la Fuerza Pública, con un tratamiento diferencial que obedece a la ejecución de una función pública que envuelve un riesgo inminente para sus vidas y las de sus familiares, susceptible de reconocimiento por el retiro del servicio activo, al igual que la pensión de vejez que se le otorga a los trabajadores que se rigen bajo la normatividad del Sistema General de Seguridad Social; mientras que el segundo, es toda remuneración ordinaria, habitual y permanente que reciba el trabajador como contraprestación directa del servicio, conforme lo ha definido la jurisprudencia de ésta Corporación.
Como se indicó anteriormente, la Constitución Política instituyó la prohibición de recibir más de una asignación proveniente de varios empleos públicos y de otras remuneraciones o asignaciones que tengan la misma fuente, situación que configura la incompatibilidad de salarios y pensiones, reconocida pacíficamente en el ordenamiento jurídico.
Resulta preciso indicar que, analizadas las especificidades de este caso particular, al retrotraer la situación al estado anterior en orden a concretar el restablecimiento del derecho pretendido, se tiene que en el hipotético caso en que se anulara el acto acusado por medio del cual se revocó el reconocimiento de la asignación de retiro, el demandante recobraría la condición de activo y habría ostentado la calidad de activo y de retirado al mismo tiempo.
Finalmente, también es necesario tener en cuenta que en un eventual caso en que se acogieran las pretensiones de la demanda, la sentencia conllevaría efectos posteriores, esto es, la permanencia de un stato quo que le permitiría al demandante en un mismo lapso percibir sueldo y asignación de retiro.
En aplicación de la sinopsis jurisprudencial y normativa relativa la incompatibilidad entre asignación de retiro y pago de salarios y prestaciones sociales con ocasión del reintegro, en el presente caso, se tiene probado lo siguiente:
Por medio de Resolución 05275 del 28 de noviembre de 2008, el director general de la Policía Nacional retiró del servicio activo, por voluntad de la Dirección General, entre otros, al agente Olman Albeiro Caicedo Camilo (folio 51). Acto administrativo notificado personalmente el 3 de diciembre de 2008 (folio 52).
Conforme a Resolución 4647 del 6 de junio de 2013, el director general de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, dio cumplimiento a la sentencia proferida el 12 de diciembre de 2012 proferida por el Juzgado Segundo Administrativo de Descongestión del Circuito de Popayán y reconoció asignación de retiro al señor Olman Albeiro Caicedo Camilo, efectiva a partir del 3 de diciembre de 2008 (folios 53 a 55).
Con ocasión de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesta por el señor Olman Albeiro en contra de la la Nación, Ministerio de Defensa, con el fin de que se le reintegrara a servicio activo, el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Popayán, a través de sentencia del 7 de diciembre de 2011, (folios 12 a 29), ordenó lo siguiente:
«[…] SEGUNDO: Como consecuencia de la declaración anterior y a título del (sic) restablecimiento del derecho del actor, se determina:
ORDÉNASE a la NACION (sic) - MINISTERIO DE DEFENSA – POLICIA (sic) NACIONAL reintegrar a OLMAN ALBEIRO CAICEDO CAMILO, identificado con C.C. No. 76.315.162 en Popayán –Cauca, al cargo de agente o a uno de igual categoría o equivalente.
ORDÉNASE a la NACION (sic) - MINISTERIO DE DEFENSA – POLICIA (sic) NACIONAL a pagar al señor OLMAN ALBEIRO CAICEDO CAMILO los sueldos y prestaciones sociales compatibles con el servicio, dejados de percibir desde la fecha real de su desvinculación del servicio activo y hasta cuando sea efectivamente incorporado, previos los descuentos autorizados. […]» (Negrillas y mayúsculas del texto).
Dicha providencia, fue confirmada en todas sus partes mediante sentencia del 29 de mayo de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca (folios 30 a 28).
Conforme a lo anterior, la entidad demandada dio cumplimiento a dichas providencia y mediante Resolución 05450 del 19 de diciembre de 2014, reintegró al servicio activo al señor Olman Albeiro Caicedo Camilo, en el grado de agente, a partir de la fecha de notificación de dicho acto administrativo (folio 56 anverso y reverso), trámite que se surtió el 22 de diciembre de 2014 (folio 57).
Mediante Resolución 2236 del 06 de abril de 2015, expedida por el director general y el subdirector de Prestaciones Sociales de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, se revocó en todas sus partes la Resolución 4746 del 6 de junio de 2013, con la cual se había reconocido la asignación de retiro al señor Caicedo Camilo y en su artículo tercero, ordenó el reintegro al presupuesto de la entidad por la suma de $88.267.360 por concepto de asignación mensual de retiro cancelada entre el 3 de diciembre de 2008 y 30 de enero de 2015 (folios 3 y 4), conforme a las siguientes consideraciones:
«[…] Que al haberse ordenado el reintegro al servicio activo al mencionado Agente (r), sin solución de continuidad para efectos de los pagos salariales y prestacionales, queda sin ningún fundamento los pagos efectuados por esta Caja, por concepto de asignación mensual de retiro, toda vez que no se puede dar la misma condición laboral al mismo tiempo en la misma persona, es decir, devengar salario como miembro activo de la Policía y simultáneamente cobrar asignación mensual de retiro por el mismo tiempo, lo que se configuraría en una flagrante violación del artículo 128 de la Carta Política.
Que por lo expuesto y de conformidad con el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en concordancia con los Decretos 1213 de 1990, 1791 de 2000, 4433 de 2004 y demás normas concordantes en la materia, es procedente revocar la Resolución No. 4647 del 06-06-2013, con la cual se reconoció la asignación mensual de retiro al señor Agente (r) CAICEDO CAMILO OLMAN ALBEIRO, por ser reintegrado al servicio activo en la Policía Nacional.
Que por lo anterior, de los valores a cancelar por parte de la Policía Nacional al señor Agente (r) CAICEDO CAMILO OLMAN ALBEIRO, por concepto del pago de salarios y prestaciones, la mencionada institución debe reintegrar al Presupuesto de esta Caja la suma de OCHENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS CON CERO CENTAVOS ($88.267.360,oo) M/CTE, por concepto de asignación mensual de retiro pagada entre el 03-12-2008 y el 30-01-2015, incluida la mesada adicional y los descuentos de ley, en caso contrario, será el mencionado Agente (r), quien deberá efectuar el reintegro al presupuesto de esta Caja de dichos valores o en su lugar, esta Caja se reserva el derecho a descontar en proporciones de ley, los valores de la asignación de retiro que devengue o llegare a devengar el citado Agente.
Que en el evento en que la Policía o el citado Agente (r), no reintegren al Presupuesto de la Entidad la suma de OCHENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS CON CERO CENTAVOS ($88.267.360,oo) M/CTE, por concepto de asignación mensual de retiro pagada entre el 03-12-2008 y el 30-01-2015, incluida la mesada adicional y los descuentos de ley, se debe declarar deudor del Tesoro Público al mencionado Agente (r); en caso contrario, este quedará a paz y salvo por dicho concepto.
Que el señor Agente (r) CAICEDO CAMILO OLMAN ALBEIRO, debe reintegrar al presupuesto de la Entidad los valores ya citados; en caso contrario, los mismos deberán ser descontados por nómina en proporciones de Ley; en el evento en que el mencionado policial no posea capacidad de pago para la aplicación del descuento, la Entidad iniciará a través de la Subdirección Financiera – Grupos de Cartera y Contabilidad, las acciones legales pertinentes para la recuperación de dichos valores. […]» (Mayúsculas del texto).
Ante el anterior acto administrativo, el aquí demandante interpuso recurso de reposición, a fin de que se revocara la resolución referida y en su lugar, se dejara de efecto alguno (folios 5 a 11).
La entidad demandada guardó silencio.
Acorde con lo anterior, al realizar el análisis de las pruebas allegadas al plenario, se observa que el señor Olman Albeiro Caicedo Camilo fue retirado del servicio el 3 de diciembre de 2008, fecha a partir de la cual le fue reconocida la asignación de retiro con ocasión de un fallo judicial que consideró que reunía los requisitos para ser beneficiario de dicha prestación.
De igual forma, se tiene que en virtud de la providencia proferida por el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Popayán, confirmada por el Tribunal Administrativo del Cauca, le fueron canceladas las sumas que por concepto de restablecimiento del derecho se reconocieron en las citadas sentencias judiciales que anularon la decisión de retiro y ordenaron su reincorporación al servicio, respecto de las cuales se concluye que no pierden el carácter de salario, de manera que resultan incompatibles con las sumas que percibió por concepto de asignación de retiro.
Bajo dicho entendido, en el sub iudice es claro que existe incompatibilidad constitucional de percibir más de una erogación del erario porque la situación descrita, es decir, el pago por concepto de salarios y prestaciones sociales cuyo origen fue de una orden judicial no configura una excepción a la referida prohibición.
La Subsección precisa que en el caso estudiado no se trata de una doble asignación a título de salarios por varias vinculaciones laborales sino de sueldos y de asignación de retiro, pagada esta última por un ente previsional que está sujeto en su actuación a ley y a la Constitución Política, de manera que debe efectuar un manejo adecuado a los recursos que administra, en orden a mantener la sostenibilidad del sistema.
Así, en atención a las diferentes naturalezas jurídicas de las relaciones que ostentó el demandante, la primera laboral con la Policía Nacional y la segunda, la de retirado con asignación de retiro a cargo de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, se considera que al recuperar la situación administrativa de servicio activo por restablecerse su derecho, no resultaba posible que el libelista también percibiera asignación de retiro porque por ese lapso fue retribuido con los salarios y prestaciones que se le reconocieron en las sentencias judiciales que ordenaron el reintegro.
En igual sentido se ha pronunciado esta Corporación al analizar una situación con similares situaciones fácticas y jurídicas al sub lite y considerar que existe la deprecada incompatibilidad, así:
«[…]
Además, es necesario tener en cuenta que al momento de proferir las sentencias que anularon la decisión de retiro, el Juzgado de Descongestión del Circuito de Girardot no tenía conocimiento que al demandante se le había reconocido asignación de retiro. En consecuencia, al disponer el restablecimiento, se dijo Así, al momento de disponer el restablecimiento, dijo que sin que se efectuara descuento alguno por concepto de salarios percibidos por haber desempeñado otro cargo público, no de lo percibido por asignación de retiro, pues ni siquiera se sabía de este hecho.
En el caso estudiado aplica la incompatibilidad constitucional de percibir más de una erogación del erario porque la situación descrita, es decir, el pago por concepto de una orden judicial no configura una excepción a la referida prohibición. […]» (Negrillas y subrayas del texto).
Aunado a ello, se debe tener en cuenta que al concretarse el reintegro se restableció la condición inicial del demandante, es decir, la que ostentaba antes del acto de retiro. En consecuencia, la declaración de nulidad del acto administrativo retrotrajo las cosas a su estado anterior, de manera que se tiene como si el libelista nunca se hubiera separado del servicio, razón por la cual las sumas que recibió por concepto restablecimiento del derecho y las que percibió por asignación de retiro devienen en incompatibles.
De esta forma, en virtud a las providencias judiciales le fueron reconocidos de forma retroactiva los emolumentos y prestaciones dejados de percibir y el reintegro efectivo al servicio sin solución de continuidad, circunstancia que permite advertir que el tiempo durante el cual estuvo desvinculado del servicio se asumió como si efectivamente lo hubiese prestado para todos los efectos, incluso para computar el tiempo necesario para el reconocimiento y determinación de una cuantía superior de su asignación de retiro.
Corolario, se encuentra que en la situación descrita, no existe en el ordenamiento jurídico colombiano norma general, ni especial que consagre la posibilidad de que una persona ostente, a la vez, la calidad de retirado y en servicio activo, de manera que pueda beneficiarse de dobles emolumentos a cargo del tesoro público, como se pretende en el sub lite.
En conclusión: Las sumas que percibió el señor Omar Albeiro Caicedo Camilo por concepto de asignación de retiro durante el tiempo en que el demandante estuvo retirado del servicio activo de la Policía Nacional son incompatibles con el pago de salarios y demás prestaciones que recibió el libelista, como restablecimiento del derecho por la anulación de la decisión de retiro del servicio, por tal motivo los descuentos ordenados en el acto cuya nulidad se depreca son ajustados a derecho y a la prohibición constitucional prevista en el artículo 128 Superior, contrario a lo declarado por el a quo.
Finalmente, la Subsección advierte que dentro del plenario no se demostró si al demandante se le descuenta o ya se le descontó de sus salarios y prestaciones el valor de la asignación de retiro, motivo por el cual ordenará esta Corporación que en caso de que no se hayan descontado dichos emolumentos, la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional efectuará el descuento con la preservación del mínimo vital del demandante atendiendo los principios de proporcionalidad y razonabilidad.
Igualmente, deberá tener en cuenta la entidad demandada que si ya realizó el descuento de la asignación de retiro al momento del reintegro del señor Omar Albeiro Caicedo Camilo, no podrá descontar de su salario mensual como miembro activo dichos haberes, con el fin de evitar que el libelista cancele doblemente por concepto de dicha erogación.
Decisión de segunda instancia
Por lo anterior, se revocará la sentencia de primera instancia y, en su lugar, se denegarán las pretensiones de la demanda, toda vez que prosperan los argumentos del recurso de apelación.
De la condena en costas
Esta Subsección sentó posición sobre la condena en costas en vigencia del CPACA, en aquella oportunidad se determinó el criterio objetivo-valorativo para la imposición de condena en costas por lo siguiente:
El legislador introdujo un cambio sustancial respecto de la condena en costas, al pasar de un criterio «subjetivo» –CCA- a uno «objetivo valorativo» –CPACA-.
Se concluye que es «objetivo» porque en toda sentencia se «dispondrá» sobre costas, es decir, se decidirá, bien sea para condenar total o parcialmente, o bien para abstenerse, según las precisas reglas del CGP.
Sin embargo, se le califica de «valorativo» porque se requiere que en el expediente el juez revise si las mismas se causaron y en la medida de su comprobación. Tal y como lo ordena el CGP, esto es, con el pago de gastos ordinarios del proceso y con la actividad del abogado efectivamente realizada dentro del proceso. Se recalca, en esa valoración no se incluye la mala fe o temeridad de las partes.
La cuantía de la condena en agencias en derecho, en materia laboral, se fijará atendiendo la posición de los sujetos procesales, pues varía según sea la parte vencida el empleador, el trabajador o el jubilado, estos últimos más vulnerables y generalmente de escasos recursos, así como la complejidad e intensidad de la participación procesal (Acuerdo núm. 1887 de 2003 Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura).
Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no escritas, por lo que el juez en su liquidación no estará atado a lo así pactado por éstas.
La liquidación de las costas (incluidas las agencias en derecho), la hará el despacho de primera o única instancia, tal y como lo indica el CGP, previa elaboración del secretario y aprobación del respectivo funcionario judicial.
Procede condena en costas tanto en primera como en segunda instancia.
Por tanto, y en ese hilo argumentativo, en el presente caso se condenará en costas a la parte demandante en ambas instancias y a favor de la parte demandada, en la medida que conforme el ordinal 4.º del artículo 365 del CPACA, resulta vencida en el proceso y se revoca en forma total la sentencia de primera instancia. Las costas serán liquidadas por el a quo de conformidad con el artículo 366 del citado código.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda, Subsección A administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Revocar la sentencia del 20 de septiembre de 2016 proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca, que accedió a las pretensiones de la demanda que en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho presentó el señor Olman Albeiro Caicedo Camilo contra la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, CASUR. En su lugar:
Denegar las pretensiones de la demanda.
Segundo: La Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, CASUR efectuará el descuento mensual de la asignación de retiro, con la preservación del mínimo vital del demandante atendiendo los principios de proporcionalidad y razonabilidad.
Tercero: Ordenar a la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional que en caso de que no se hayan realizado los descuentos por concepto de la asignación de retiro al momento de reintegrar al servicio activo al señor Olman Albeiro Caicedo Camilo, efectuará el descuento de su salario mensual, con la preservación del mínimo vital del demandante atendiendo los principios de proporcionalidad y razonabilidad.
Igualmente, deberá tener en cuenta la entidad demandada que si ya realizó el descuento de la asignación de retiro al momento del reintegro del señor Omar Albeiro Caicedo Camilo, no podrá descontar de su salario mensual como miembro activo dichos haberes, con el fin de evitar que el libelista cancele doblemente por concepto de dicha erogación.
Cuarto: Condenar en costas en ambas instancias a la parte demandante y a favor de la demandada. La costas serán liquidadas por el a quo.
Sexto: Ejecutoriada esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones pertinentes en el programa «Justicia Siglo XXI».
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Folios 79 y 80.
Hernández Gómez William, consejero de Estado, Sección Segunda. Módulo Audiencia inicial y audiencia de pruebas. (2015) EJRLB.
Ramírez Jorge Octavio, consejero de Estado, Sección Cuarta. Módulo El juicio por audiencias en la jurisdicción de lo contencioso administrativo. EJRLB.
Hernández Gómez William, actualmente consejero de Estado, Sección Segunda (2015). Módulo Audiencia inicial y audiencia de pruebas. EJRLB
Folios 165 a 167 y minuto 42:47 a 1:01:48 del cd visible a folio 168.
Consejo de Estado, Sala Plena. Sentencia del 29 de enero de 2008. Consejero ponente: Jesús María Lemos Bustamante.
Sección Segunda, Subsección A. Consejero ponente: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren. Radicado interno: 8239-05
Consejera ponente: Bertha Lucía Ramírez de Páez.
Folios 169 a 173.
Expediente T-3347202.
Folios 210 a 212.
Ver constancia secretarial obrante a folio 213.
El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia.
«ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia.»
Ver entre otras las sentencias proferidas dentro del expediente 250002342000201306374-01 de 28 de septiembre de 2017 y de 7 de marzo de 2013, referencia 1796-2012.
«Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que deberá observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública de conformidad con lo establecido en el artículo HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/cons_p91_pr004.html" \l "150" 150, numeral 19, literal e) de la Constitución Política.»
«Por la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política.»
Magistrado ponente: Vladimiro Naranjo Mesa. Referencia: Expediente D-153.
http://dle.rae.es/?id=3zj6xzB.
Magistrado ponente: Jesús María Lemos Bustamante. Radicado interno: 1153-2004.
Ver, entre otras, la Sentencia del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Consejero Ponente: César Palomino Cortés de 9 de febrero de 2017.
Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 3 de mayo de 2018. Radicación número: 08001-23-33-000-2014-00016-01(0727-16).
Al respecto ver sentencias de 7 de abril de 2016, Expedientes: 4492-2013, demandante: María del Rosario Mendoza Parra y 1291-2014, demandante: José Francisco Guerrero Bardi.
«ARTÍCULO 366. LIQUIDACIÓN. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas: […]»
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