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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2023-00262-00

Fecha
27 de febrero de 2025
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2023-00262-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. DECLARAR FUNDADO el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la señora María Cruz Mosquera Viáfara contra la sentencia del dieciocho (18) de mayo de dos mil veintidós (2022) por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Segundo. Como consecuencia, INFIRMAR la sentencia del dieciocho (18) de mayo de dos mil veintidós (2022), proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. En su lugar, se dispone ORDENAR a la mencionada autoridad judicial que resuelva la solicitud de desistimiento presentada teniendo en cuenta todas las consideraciones aquí efectuadas. Tercero. ABSTENERSE de condenar en costas según lo manifestado en la parte considerativa de esta providencia. 19 ARTÍCULO 255. Sentencia. Vencido el período probatorio se dictará sentencia. […] Si halla fundada la causal del numeral 5 del señalado artículo 250, o la del literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, declarará la nulidad de la sentencia o de la actuación afectada con la causal que dio lugar a la revisión, y devolverá el proceso a la autoridad judicial de origen para que rehaga lo actuado o dicte sentencia de nuevo, según corresponda. Si se declara infundado el recurso, se condenará en costas y perjuicios al recurrente. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 15 Radicado: 11001-03-25-000-2023-00262-00 (3239-2023) Cuarto. Ejecutoriada esta providencia, háganse las anotaciones pertinentes en el sistema informático SAMAI y archívese el expediente del recurso extraordinario de revisión. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2023-00262-00

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

27 de febrero de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D.C., veintisiete (27) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
Radicación: 11001-03-25-000-2023-00262-00 (3239-2023)
Demandante: María Cruz Mosquera Viáfara
Demandado: Nación - Ministerio de Educación Nacional- Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG)

Temas: Causal 5° del artículo 250 del CPACA. Nulidad procesal por falta
de competencia funcional. Desistimiento del recurso de
apelación. Reforma en perjuicio del apelante único. DECLARA
FUNDADO

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide el recurso extraordinario de revisión que interpuso1 la señora María
Cruz Mosquera Viáfara contra la sentencia del 18 de mayo de 2022 proferida por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca2, para lo cual invocó la causal contenida
en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA, que permite la revisión de providencias
judiciales ejecutoriadas por «[e]xistir nulidad originada en la sentencia que puso fin
al proceso y contra la que no procede recurso de apelación».

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

Que a través de la Resolución 679 del 21 de abril de 2010, se reconoció a favor de
la señora María Cruz Mosquera Viáfara una pensión de jubilación en cuantía de
$1.769.228.

Que el día 14 de marzo de 2017 solicitó a la Secretaría de Educación del
departamento del Valle del Cauca la aplicación del numeral 5° del artículo 8° de la
Ley 91 de 1989, respecto de los descuentos que se les aplican a sus mesadas
pensionales a título de aportes al sistema de salud. En dicha solicitud, manifestó
que el monto sobre el cual debía aportar es el 5% del valor de cada mesada, y no
el 12% que se le venía descontando, exigiendo la devolución de los montos
retenidos en exceso.

1 La presentación del recurso se efectuó el 24 de mayo de 2023, de acuerdo con la anotación efectuada por la

Secretaría de la Sección Segunda de esta Corporación que reposa en el índice 00001 de SAMAI.
2 Decisión que revocó la sentencia proferida por el 30 de septiembre de 2019 proferida por el Juzgado Veinte

Administrativo de Cali, que accedió parcialmente a las pretensiones dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho promovido por la señora María Cruz Mosquera Viáfara.

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Que por Oficio 080-025-274062 del 4 de abril de 2017, la Secretaría de Educación
del Distrito Especial de Santiago de Cali, dio traslado de la petición a la
Fiduprevisora S.A., manifestando que no tenía injerencia alguna en los pagos y
descuentos de la pensión y esta a su vez profirió el Oficio 20170161089561 del 11
de septiembre de 2017, en el cual afirmó que los descuentos de salud aplicados a
la pensión se encontraban ajustados a lo ordenado en las Leyes 812 de 2003 y 100
de 1993.

Que la señora Mosquera Viáfara instauró demanda en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación – Ministerio de
Educación Nacional – FOMAG y el Distrito Especial de Santiago de Cali, con el fin
de obtener la nulidad del acto administrativo presunto, derivado del silencio
administrativo negativo ante la petición del 14 de marzo de 2017.

Que, en sentencia del 30 de septiembre de 2019, el Juzgado Veinte Administrativo
del Circuito Judicial de Cali declaró la nulidad parcial del acto ficto negativo y, en
consecuencia, condenó al Ministerio de Educación Nacional – FOMAG a reintegrar
y pagar los valores descontados por concepto de cotizaciones en salud de las
mesadas adicionales de junio y diciembre de la pensión de la señora Mosquera
Viáfara que se hubieren efectuado a partir del 14 de marzo de 2014. Negó las demás
pretensiones.

Que el fallo de primera instancia fundamentó su decisión en que el artículo 81 de la
Ley 812 de 2003 establece que los jubilados y pensionados deben aportar el 12%
del salario básico de cotización, o el 12.5% conforme a las modificaciones
introducidas por la Ley 1122 de 2007, pero únicamente sobre las mesadas
ordinarias, lo que justifica la devolución de los valores retenidos por estas. En cuanto
al reajuste pensional conforme a la Ley 71 de 1988, el juzgado acogió la
jurisprudencia del Consejo de Estado, que establece que dicho reajuste no
constituye un derecho adquirido, debiendo regirse por lo dispuesto en el artículo 14
de la Ley 100 de 1993, esto es, que las pensiones superiores al Salario Mínimo
Legal Mensual Vigente deben ser reajustadas anualmente conforme al Índice de
Precios al Consumidor del año anterior.

Que la demandante interpuso recurso de apelación, pero desistió del mismo el 15
de julio de 2021 ante el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca; solicitud que
fue reiterada el 23 de agosto de 2021.

Que en sentencia del 18 de mayo de 2022, el Tribunal Administrativo decidió no
aceptar el desistimiento del recurso, con fundamento en la providencia SUJ-024-
CE-S2-2021 del 3 de junio de 2020 y modificó la decisión del 30 de septiembre de
2019 proferida por el Juzgado Veinte Administrativo del Circuito Judicial de Cali y,
en su lugar, negó todas las pretensiones de la demanda y se abstuvo de condenar
en costas.

Que el 1.° de junio de 2022, la parte demandante presentó incidente de nulidad,
alegando la configuración de la causal 1.° del artículo 133 del Código General del

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Proceso (CGP), al considerar que el Tribunal perdió competencia para resolver el
asunto desde la presentación del desistimiento.

Que en auto del 18 de julio de 2022, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
rechazó de plano la solicitud de nulidad, con fundamento en que «[...] la causal
primera del artículo 133 consagra que el proceso es nulo cuando el juez actúe en el
proceso después de declarar la falta de jurisdicción o de competencia, y en este
proceso no se hizo tal declaración».

SENTENCIA OBJETO DE REVISIÓN

En providencia del 18 de mayo de 2022, el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca como cuestión previa y en virtud de los deberes del juez de prevenir los actos
contrarios a la dignidad de la justicia, buena fe y toda tentativa de fraude procesal y
precaver el detrimento en el erario, rechazó de plano el desistimiento presentado.
Además, modificó la decisión de primera instancia, en el sentido de denegar las
pretensiones de la devolución de aportes para salud y confirmó la negativa al
reajuste de la pensión con la Ley 71 de 1988.

Expresó que, si bien el artículo 316 del CGP establece que las partes pueden
desistir de los recursos interpuestos, así como de otros actos procesales, lo que
dejaría en firme la providencia objeto del recurso, en concordancia con el numeral
3 del artículo 42 del mismo estatuto, es deber del juez prevenir cualquier acto
contrario a la dignidad de la justicia, a la buena fe o cualquier intento de fraude
procesal. En este contexto, la Sala se refirió a la sentencia de unificación SUJ-024-
CE-S2-2021 del Consejo de Estado, en la cual se precisó que son procedentes los
descuentos con destino a salud en un porcentaje del 12% sobre todas las mesadas
pensionales, la cual tiene efectos retrospectivos, aplicándose tanto a los casos en
trámite en la vía administrativa como en la judicial.

Que aceptar el desistimiento del recurso podría haber generado un perjuicio al
patrimonio público, ya que se mantendría una decisión judicial que contradice la
unificación jurisprudencial del máximo órgano de la jurisdicción

Al estudiar el fondo del asunto, consideró aplicable el descuento del 12% sobre las
mesadas ordinarias, conforme a lo dispuesto en las Leyes 100 de 1993, 797 de
2003, 812 de 2003, y 1250 de 2008, así como en sus decretos reglamentarios. De
igual manera, determinó que este descuento debía aplicarse sobre las mesadas
adicionales de junio y diciembre, en el mismo porcentaje, en estricta aplicación del
precedente de unificación fijado por el Consejo de Estado en la sentencia SUJ-024-
CE-S2-2021 del 3 de junio de 2021, que modificó la postura anteriormente
sostenida.

Que no es procedente el reajuste de la mesada pensional conforme a la Ley 71 de
1988, dado que esta normativa solo es aplicable a aquellas pensiones que quedaron
cobijadas bajo dicha regulación hasta la entrada en vigencia del artículo 14 de la
Ley 100 de 1993. Según lo dispuesto en el artículo 289 de dicha ley, a partir del 1.º

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de enero de 1995 o de 1996, según corresponda las pensiones deben ser ajustadas
conforme a lo ordenado por el mencionado artículo 14.

Citó la sentencia emitida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, el 19 de
enero de 2017, expediente radicado núm. 11001-03-15-000-2015-02281-01, para
destacar que el principio de la non reformatio in pejus no es absoluto ni ilimitado.
Que cuando se evidencia que un reconocimiento no se ajusta al ordenamiento
jurídico, en detrimento del patrimonio público, lo procedente es estudiar el asunto,
primando el interés general sobre el particular, especialmente si, para la fecha de
expedición de la presente providencia, ya se encontraba vigente un fallo de
unificación de la máxima Corporación de lo Contencioso Administrativo que
respalda la tesis sostenida por la Sala en el caso bajo análisis.

Que, aunque la Sala tenía la postura de acceder a la devolución del 12%
descontado de las mesadas adicionales tuvo que modificar dicha postura y acoger
la postura establecida en la sentencia de unificación, según la cual los descuentos
del 12% destinados a salud son procedentes sobre todas las mesadas pensionales
de los docentes, incluidas las adicionales.

Que el hecho de que el recurso de apelación haya sido interpuesto por un único
apelante no exime a la Sala de emitir un pronunciamiento al respecto, ya que el
debate puesto a consideración de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, y
en particular del recurso de alzada, siempre giró en torno a la legalidad de la
aplicación correcta de las normas y, en especial, de la jurisprudencia que regula
este asunto. Por tanto, el deber del Juez es ajustar la resolución asunto puesto en
consideración al principio de legalidad y a la protección del patrimonio público, como
intereses jurídicamente superiores, que, armonizados, permiten una decisión dentro
del marco legalmente objetivo.

Que en atención a que la parte demandante presentó desistimiento del recurso de
apelación tras conocer la postura fijada por el H. Consejo de Estado en la sentencia
SUJ-024-CE-S2-2021 del 3 de junio de 2020, y dado que en esta providencia no se
aceptó dicha solicitud, no se impuso condena en costas a la parte actora.

RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

La señora María Cruz Mosquera Viáfara, en ejercicio del mecanismo establecido en
el artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, presentó recurso extraordinario de revisión
al considerar que la sentencia está incursa en la causal 5 de la citada legislación.

Solicitó: (i) se decrete la nulidad a las actuaciones que se surtieron con posterioridad
a la fecha en que se presentó el desistimiento del recurso de apelación, esto es,
desde el día 15 de julio de 2021 y ii) se profiera providencia mediante la cual se
ordene la aceptación del desistimiento del recurso de apelación interpuesto por la
parte demandante, y se declare en firme la sentencia del 30 de septiembre de 2019,
proferida por el Juzgado Veinte Administrativo de Cali.

Expresó que la decisión recurrida ha transgredido el principio de non reformatio in
pejus, el cual prohíbe modificar en detrimento la situación del único apelante, lo que
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a su vez ha implicado un desconocimiento de la jurisprudencia constitucional,
particularmente la establecida en la Sentencia T-291 de 2006, al haberse revocado
la decisión emitida por el Juzgado Veinte Administrativo del Circuito de Cali, la cual
había accedido parcialmente a las pretensiones del demandante.

Que el desistimiento del recurso de apelación, en calidad de apelante único, no fue
atendido correctamente por parte del operador judicial, quien hizo caso omiso a la
voluntad de la parte demandante, y quien emitió una serie de conceptos y de
actuaciones judiciales que no le competían, extralimitándose en sus funciones al
desconocer la tácita revocatoria de la competencia derivada de la solicitud de
desistimiento.

Que conforme a lo dispuesto en los artículos 81 y 306 del CPACA, en concordancia
con el artículo 316 del CGP, las partes tienen la facultad de desistir de los recursos
interpuestos, siempre que no se haya proferido una sentencia de segunda instancia
que resolviera el asunto y, por ello, la solicitud fue presentada en el momento
procesal oportuno.

Que el desistimiento del recurso de apelación responde a los intereses de la parte
que lo solicita, y que dicha potestad no está sujeta al criterio del juez o magistrado
que recibe la solicitud, ni debe darse traslado de tal petición a la contraparte, ya que
la disposición de este derecho corresponde exclusivamente a quien lo ejerce.

Que no es dable al juzgador formular consideraciones oficiosas sobre las
consecuencias del desistimiento del recurso y la firmeza de la sentencia de primera
instancia, pues hacerlo implicaría una extralimitación de sus funciones. Que el juez
debe regirse únicamente por lo dispuesto en la justicia rogada o a petición de parte.
Que, al no existir objeciones por parte de la demandada contra el fallo judicial, no
habría lugar a oponerse al desistimiento del recurso de apelación.

Contestación a la acción especial de revisión

El Ministerio de Educación Nacional- Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio – FOMAG pese a ser notificada3 en debida forma no contestó en el
término previsto.

Concepto del Ministerio Público

La Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado guardó silencio en
esta oportunidad.

Se resolverá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

Corresponde a la Subsección determinar si se configura la causal de revisión
alegada por la recurrente, es decir, si el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,

3 Cfr. Índice 00009 de SAMAI.

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al negar el desistimiento del recurso de apelación, excedió su competencia funcional
y se pronunció sobre aspectos que no debían ser objeto de revisión en segunda
instancia, en perjuicio del único apelante.

Para ello, la Sala abordará los siguientes aspectos: i) las generalidades del recurso
extraordinario de revisión, ii) la causal de revisión invocada, iii) la prohibición
constitucional de la non reformatio in pejus y, iv) el caso concreto.

Generalidades del recurso extraordinario de revisión

El recurso extraordinario de revisión es un mecanismo procesal de control de las
decisiones que han hecho tránsito a cosa juzgada. En términos de artículo 248 del
CPACA:

«Artículo 248. El recurso extraordinario de revisión procede contra las
sentencias ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala
de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por los Tribunales
Administrativos y por los jueces administrativos»

El objetivo principal de esta vía extraordinaria es invalidar los efectos legales de una
sentencia ya ejecutoriada4. De acuerdo con las causales establecidas en el artículo
250 del CPACA, busca restaurar el principio de justicia material y la supremacía de
las garantías procesales cuando se constate que la decisión estuvo afectada por
alguno de los siguientes eventos:

i) Aparición de circunstancias desconocidas al momento de dictar el fallo, las cuales,
de haber sido conocidas, habrían llevado a una sentencia diferente, como la aparición
de documentos esenciales que no pudieron ser aportados por fuerza mayor o caso
fortuito, la existencia de un tercero con mejor derecho que el beneficiado con la
sentencia cuestionada o la desaparición, al momento del reconocimiento, de las
razones que justificaban que se hubiera decretado la prestación periódica.

ii) Descubrimiento de hechos delictivos o fraudulentos que fueron determinantes en la
adopción de la sentencia que se pretende anular, como el hallazgo de documentos
falsos o adulterados, peritajes fraudulentos, o la ocultación de documentos relevantes
por alguna de las partes. Esto incluye también la posible influencia de cohecho o
violencia en la emisión del fallo.

iii) Existencia de nulidades originadas en la sentencia que puso fin al proceso y que
no podían ser objeto de recurso de apelación.

iv) Contradicciones de la sentencia con otra anterior que constituya cosa juzgada 5.

Si bien la revisión constituye una vía impugnativa que afecta el principio de la
inmutabilidad de las sentencias ejecutoriadas y, por ende, constituye una excepción

4 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda, Subsección A. 15 de marzo de

2018. Exp. 1001-03-25-000-2014-00862-00 (2668-2014). C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez (E).
5 De acuerdo con la clasificación presentada en Garzón Martínez, Juan Carlos (2021). Proceso contencioso

administrativo. Fase escrita – Fase oral. 2° Edición. Grupo editorial Ibañez (2° Ed. pp. 612-613)

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al principio de la cosa juzgada, ello no implica que sea un mecanismo que habilite una
tercera instancia para discutir los problemas jurídicos debatidos en sede ordinaria,
para plantear nuevas interpretaciones del litigio, para corregir los yerros probatorios
que cometieron las partes ni para subsanar aquellas situaciones que pudieron evitarse
durante la gestión del proceso que dio origen a la sentencia objeto de revisión.

En efecto, para que el juez pueda entrar a examinar la controversia materia del
recurso, es necesario que la causal invocada por el recurrente se encuentre
debidamente acreditada, pues como lo ha establecido la Sala Plena de esta
Corporación este mecanismo extraordinario procede por especiales circunstancias
consagradas taxativamente en la ley6.

Causal de revisión invocada

El numeral 5 del artículo 250 del CPACA dispone que es causal de revisión el hecho
de que exista «[…] nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra
la que no procede recurso de apelación […]». En ese sentido, la norma se limitó a
establecer como requisito de esta causal que se configure una nulidad en la
sentencia, pero no definió las causales, por tanto, le ha correspondido a la
jurisprudencia llenar dicha causal de contenido, en atención a las múltiples
interpretaciones que se generaban alrededor de la misma.

Sobre el alcance que debe otorgársele a esta exigencia, la posición actual 7 del
Consejo de Estado señala que la nulidad predicable de la sentencia de instancia se
estructura por (i) el acaecimiento de alguna de las hipótesis que regula
taxativamente el artículo 133 del CGP8 o bien por (ii) la existencia de irregularidades
insaneables que afecten sustancialmente el derecho al debido proceso de manera
tal que, de no haber incurrido en ellas, la decisión hubiese sido distinta.

De acuerdo con ello, por fuera de los supuestos que consagra el artículo 133 ibidem
no cualquier anomalía que se predique respecto de la sentencia podrá desvirtuar

6 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 21 de octubre de 1993.

Expediente Rev 040.
7 En este sentido, véase Consejo de Estado. Sección Segunda. Sentencia del 1.° de marzo de 2018, Exp.11001-

03-25-000-2013-00838-00 (1763-2013). C.P. César Palomino Cortés.
8 «Causales de nulidad. El proceso es nulo, en todo o en parte, solamente en los siguientes casos: 1. Cuando

el juez actúe en el proceso después de declarar la falta de jurisdicción o de competencia. 2. Cuando el juez
procede contra providencia ejecutoriada del superior, revive un proceso legalmente concluido o pretermite
íntegramente la respectiva instancia. 3. Cuando se adelanta después de ocurrida cualquiera de las causales
legales de interrupción o de suspensión, o si, en estos casos, se reanuda antes de la oportunidad debida. 4.
Cuando es indebida la representación de alguna de las partes, o cuando quien actúa como su apoderado judicial
carece íntegramente de poder. 5. Cuando se omiten las oportunidades para solicitar, decretar o practicar
pruebas, o cuando se omite la práctica de una prueba que de acuerdo con la ley sea obligatoria. 6. Cuando se
omita la oportunidad para alegar de conclusión o para sustentar un recurso o descorrer su traslado. 7. Cuando
la sentencia se profiera por un juez distinto del que escuchó los alegatos de conclusión o la sustentación del
recurso de apelación. 8. Cuando no se practica en legal forma la notificación del auto admisorio de la demanda
a personas determinadas, o el emplazamiento de las demás personas aunque sean indeterminadas, que deban
ser citadas como partes, o de aquellas que deban suceder en el proceso a cualquiera de las partes, cuando la
ley así lo ordena, o no se cita en debida forma al Ministerio Público o a cualquier otra persona o entidad que de
acuerdo con la ley debió ser citado. Cuando en el curso del proceso se advierta que se ha dejado de notificar
una providencia distinta del auto admisorio de la demanda o del mandamiento de pago, el defecto se corregirá
practicando la notificación omitida, pero será nula la actuación posterior que dependa de dicha providencia,
salvo que se haya saneado en la forma establecida en este código. PARÁGRAFO. Las demás irregularidades
del proceso se tendrán por subsanadas si no se impugnan oportunamente por los mecanismos que este código
establece.»

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sus efectos de cosa juzgada. A modo enunciativo, la jurisprudencia ha precisado
que ello ocurre en los eventos en que el fallo objeto de revisión:

«(i) es inhibitorio; (ii) se profiere sin motivación alguna; (iii) transgrede el
principio de la no reformatio in pejus; (iv) condena a un tercero que no ha sido
vinculado como parte al proceso; (v) se pronuncia sobre aspectos que no le
corresponden, esto es, sin competencia o jurisdicción, según el caso; (vi) se
profiere en un proceso que había terminado por desistimiento, transacción o
perención; (v) no cuenta con el número de votos requerido para su aprobación
y (vi) desconoce el principio de congruencia bien sea por una condena extra,
ultra o infra petita»9.

Así, pues, la Sala Plena del Consejo de Estado, en diferentes providencias, entre
ellas, la sentencia de 31 de mayo de 201110 ha identificado otros eventos en los que
se presenta la nulidad en la sentencia, a saber:

«En síntesis, la nulidad que tiene origen en la sentencia se presenta por i) falta de
jurisdicción o competencia, ii) cuando se dicta nueva sentencia en proceso
terminado normalmente por sentencia firme, iii) cuando sin más actuación se dicta
sentencia después de ejecutoriado el auto por el cual hubiera sido aceptado el
desistimiento, aprobada la transacción o declarada la perención del proceso, iv)
cuando se dicta sentencia como única actuación, sin el previo trámite
correspondiente, v) cuando se condena al demandado por cantidad superior o por
objeto distinto del pretendido en la demanda o por causa diferente de la invocada
en ésta, vi) cuando se condena a quien no ha sido parte en el proceso, vii) o cuando,
sin más actuación, se profiere sentencia después de ocurrida cualquiera de las
causas legales de interrupción o de suspensión o, en estos casos, antes de la
oportunidad debida, viii) cuando la sentencia aparece firmada con mayor o menor
número de magistrados, o adoptada con un número de votos diverso al previsto en
la ley, ix) cuando la providencia carece completamente de motivación»

Igualmente, junto a este criterio se ha aceptado también que la vulneración del
derecho al debido proceso constituye una variable de la causal establecida en el
numeral 5 antes mencionado, al indicar que:

«(…) la violación al debido proceso constitucional en la sentencia puede ser causal
de revisión. En este último evento, corresponderá al juez determinar si el hecho que
se dice contrario a este derecho, puede configurar la causal de revisión en
comento» 11

Con todo, la concreción y extensión jurisprudencial de esta causal de revisión a
otros eventos insanables que implican la violación de derechos constitucionales y
procesales atiende, tal y como lo ha establecido este máximo órgano, a la misma
finalidad del recurso extraordinario de revisión, esto es, por un lado, permitir que
decisiones manifiestamente injustas sean examinadas, y por el otro, garantizar el
principio de seguridad jurídica al limitar la procedencia de la causal a situaciones
excepcionales en las que la anomalía sea de tal relevancia constitucional que, sin
ella, el fallo se hubiera proferido en otro sentido12.

9 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Diecinueve Especial de Decisión. Sentencia

del 16 de marzo de 2022. Exp. 11001-03-15-000-2021-00921-00. C.P. William Hernández Gómez.
10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 31 de mayo de

2011. Exp. 11001-03-15-000-2008-00294-00. C.P. Mauricio Torres Cuervo
11 Consejo de Estado. Sala Veintiséis Especial de Decisión. Sentencia del 6 de noviembre de 2014. Expediente:

11001-03-15-000-2011-01639-00. C.P. Olga Melida Valle.
12 Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Diecinueve Especial de Decisión. Sentencia

del 18 de agosto de 2020. Exp.11001-03-15-000-2017-02369-00. C.P. William Hernández Gómez.

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Es preciso que la nulidad se desprenda de la sentencia objeto del recurso
extraordinario, es decir, que el vicio debe estructurarse en el momento procesal en
que se profiere la decisión judicial pues, de generarse por una situación ocurrida con
anterioridad que no fue oportunamente alegada, la regla general sería su
saneamiento. No obstante, la jurisprudencia de esta Corporación ha aceptado como
nulidad originada en la sentencia la que, a pesar de presentarse en un momento
previo a la emisión del fallo, no pudo ser advertida por el afectado, quien en todo caso
tiene la carga procesal de demostrar esta circunstancia13.

Factor de competencia funcional

La Ley ha distribuido la competencia entre diversas autoridades judiciales para
conocer distintos asuntos, estableciendo factores que determinan a quien el
ordenamiento le atribuye el conocimiento de una controversia particular. Se distinguen
para estos efectos, según la clasificación doctrinaria, los factores objetivo, subjetivo,
funcional, territorial y el de conexidad.

El factor hace referencia se da «[…] cuando la ley dispone que un funcionario judicial
debe conocer de un proceso en determinada oportunidad, en primera instancia, ora
en segunda, bien en única instancia […]»14.Es decir, deriva de la clase especial de
tareas o funciones que desempeña el juzgador en un litigio y de las exigencias propias
de éstas.

Las reglas que establecen la competencia funcional dan respuesta a las necesidades
de orden público, por ende, no son prorrogables o alterables, ni por el funcionario, ni
por voluntad de las partes, cualquiera que sea el factor que la determine.

Por su parte, el artículo 16 del CGP, aplicable por remisión expresa del artículo 306
del CPACA, en cuanto a la prorrogabilidad e improrrogabilidad de la jurisdicción y la
competencia dispone que:

«Artículo 16. La jurisdicción y la competencia por los factores subjetivo y
funcional son improrrogables. Cuando se declare, de oficio o a petición de parte,
la falta de jurisdicción o la falta de competencia por los factores subjetivo o
funcional, lo actuado conservará validez, salvo la sentencia que se hubiere
proferido que será nula, y el proceso se enviará de inmediato al juez
competente. Lo actuado con posterioridad a la declaratoria de falta de
jurisdicción o de competencia será nulo. La falta de competencia por factores
distintos del subjetivo o funcional es prorrogable cuando no se reclame
en tiempo, y el juez seguirá conociendo del proceso. Cuando se alegue
oportunamente lo actuado conservará validez y el proceso se remitirá al juez
competente». (Negrillas fuera de texto original)

Igualmente, el artículo 138, preceptúa:

13 Véanse: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Tercera Especial de Decisión.

Sentencia del 3 de diciembre de 2019. Exp. 11001-03-15-000-2018-01235-00. C.P. Julio Roberto Piza
Rodríguez. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Séptima Especial de
Decisión. Sentencia del 3 de diciembre de 2019. Exp.11001-03-15-000-2012-00643-00. C.P. Martín Gonzalo
Bermúdez Muñoz.
14 López Blanco, Hernán Fabio. Procedimiento Civil, Tomo I, parte general. Dupré Editores: 2009. Pág. 227.

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«Artículo 138. Cuando se declare la falta de jurisdicción, o la falta de
competencia por el factor funcional o subjetivo, lo actuado conservará su
validez y el proceso se enviará de inmediato al juez competente; pero si
se hubiere dictado sentencia, esta se invalidará. La nulidad solo
comprenderá la actuación posterior al motivo que la produjo y que resulte
afectada por este. Sin embargo, la prueba practicada dentro de dicha actuación
conservará su validez y tendrá eficacia respecto de quienes tuvieron
oportunidad de controvertirla, y se mantendrán las medidas cautelares
practicadas».(Negrillas fuera de texto original)

Prohibición constitucional de la non reformatio in pejus

Esta institución ha sido concebida como un principio general del derecho y una
garantía inherente al debido proceso, que en nuestro ordenamiento jurídico tiene
consagración constitucional en el artículo 31, inciso 2, según el cual «[…] [e]l
superior no podrá agravar la pena impuesta cuando el condenado sea apelante
único […]».

Según Quintero y Prieto (1995), el ámbito de la apelación se ve determinada por la
parte que recurre y, en consecuencia:

«[…] el asunto se examina en la extensión que le favorezca, pero no solamente,
dentro del perjuicio, en la extensión que ella lo pide. Por eso el apelante limita el
recurso a la parte de la providencia que le desfavorece, sin que el ad quem tenga
competencia para desmejorar en apelación la situación del apelante. Si se
vulnera este principio se produce un acto jurisdiccional viciado de incompetencia
funcional».

La lógica subyacente es que la parte que recurre lo hace únicamente respecto de la
parte de la decisión que le es desfavorable, permitiendo que la autoridad judicial
que conozca del recurso pueda mejorar su situación, pero nunca empeorarla. Esto
limita la competencia del tribunal a los motivos de inconformidad expresados en el
recurso.

Aunque la violación del principio de non reformatio in pejus no está explícitamente
incluida como una causal para la procedencia del recurso extraordinario de revisión,
tanto las Salas Especiales de Decisión15 como las Salas de Sección16 han

15 Entre otras véase: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintidós Especial de

Decisión. Sentencia del 2 de febrero de 2016. Exp. 11001-03-15-000-2015-02342-00. C.P. Alberto Yepes
Barreiro; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Catorce Especial de Decisión.
Sentencia del 5 de abril de 2016. Exp. 11001-03-15-000-2008-00320-00. C.P. Danilo Rojas Betancourth;
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Décima Especial de Decisión. Sentencia del
1.° de noviembre de 2016. Exp. 11001-03-15-000-2012-00230-00. C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila;
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Octava Especial de Decisión. Sentencia del 6
de febrero de 2018. Exp. 11001-03-15-000-2016-01127-00. C.P. María Elizabeth García González; Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintisiete Especial de Decisión. Sentencia del 3 de
diciembre de 2019, Exp. 11001-03-15-000-2018-03791-00. C.P. Rocío Araujo Oñate; Consejo de Estado, Sala
de lo Contencioso Administrativo, Sala Catorce Especial de Decisión. Sentencia del 13 de octubre de 2020.
Exp. 11001-03-15-000-2019-00119-00. C.P. Alberto Montaña Plata; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sala Octava Especial de Decisión. Sentencia del 14 de diciembre de 2021. Exp. 11001-03-15-
000-2017-00512-00. C.P. Nubia Margoth Peña Garzón.
16 Consejo de Estado. Sección, Segunda, Subsección B. Sentencia del 10 de mayo de 2018. Exp. 11001-03-

25-000-2014-00251-00 (0724-2014). C.P. Gabriel Valbuena Hernández; Consejo de Estado. Sección, Segunda,
Subsección B. Sentencia del 20 de marzo de 2018. Exp. 11001-03-25-000-2013-01303-00. C.P. César Palomino
Cortés; Consejo de Estado. Sección, Segunda, Subsección B. Sentencia del 7 de septiembre de 2018. Exp.
11001-03-25-000-2014-00440-00. C.P. César Palomino Cortés; Consejo de Estado. Sección, Segunda,

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desarrollado una línea jurisprudencial pacífica que reconoce la procedencia de este
recurso para proteger los principios de congruencia y non reformatio in pejus, a
través de la causal de «nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y
contra la que no procede recurso de apelación».

Según lo expuesto, se procede a resolver la controversia a la luz de dichos
parámetros.

Caso concreto

La actora pretende que se deje sin efectos la providencia de 18 de mayo de 2022
proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por medio de la cual, de
una parte, se negó el desistimiento del recurso de apelación y, de otra, se dictó
sentencia de segunda instancia revocando la decisión inicial y negando las
pretensiones.

En este contexto, se argumenta por la recurrente que la negativa a aceptar el
desistimiento de la apelación llevó a la autoridad judicial a pronunciarse sobre el
fondo del asunto, excediendo los límites de su competencia constitucional y legal.
Al hacerlo, el Tribunal resolvió cuestiones que no habían sido objeto del recurso y
que habían sido previamente reconocidos por el juez de primera instancia.

Para abordar el asunto, primero, se examinará la figura del desistimiento y los
efectos que su aceptación o su rechazo tiene en la competencia funcional del juez
de segunda instancia; segundo, se evaluará si la negativa del Tribunal a aceptar el
desistimiento implicó una extralimitación de su competencia y una causal de nulidad;
y tercero, se determinará si, como consecuencia de lo anterior, la revocatoria de la
sentencia en perjuicio del único apelante vulneró la prohibición de reforma en peor.

En ese sentido, el CGP, en virtud del principio dispositivo, otorga a las partes la
facultad de disponer de sus derechos e intereses en litigio dentro de los márgenes
permitidos por la ley. Así, el artículo 31417 establece que el demandante puede
desistir de sus pretensiones en cualquier momento antes de que se profiera
sentencia que ponga fin al proceso.

En consecuencia, el desistimiento del recurso de apelación tiene como efecto
sustraer la impugnación del respectivo juzgador, con todas las consecuencias que

Subsección B. Sentencia del 25 de junio de 2020. Exp. 11001-03-25-000-2018-00600-00 (2426-18). C.P.
William Hernández Gómez; Consejo de Estado. Sección Tercera, Subsección B. Sentencia del 17 de marzo de
2021. Exp. 68001-33-31-006-2010-00296-01. C.P. Ramiro Pazos Guerrero; Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B. Sentencia del 7 de diciembre de 2021. Exp. 11001-03-25-000-2014-00507-00. C.P.
Carmelo Perdomo Cuéter.
17 El artículo expresamente establece: «Artículo 314. El demandante podrá desistir de las pretensiones
mientras no se haya pronunciado sentencia que ponga fin al proceso. Cuando el desistimiento se presente ante
el superior por haberse interpuesto por el demandante apelación de la sentencia o casación, se entenderá que
comprende el del recurso.
El desistimiento implica la renuncia de las pretensiones de la demanda en todos aquellos casos en que la
firmeza de la sentencia absolutoria habría producido efectos de cosa juzgada. El auto que acepte el
desistimiento producirá los mismos efectos de aquella sentencia.
[…]
El desistimiento debe ser incondicional, salvo acuerdo de las partes, y sólo perjudica a la persona que lo hace
y a sus causahabientes.
[…]»

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ello conlleva, entre otras, que el fallo recurrido cobre ejecutoria y que, por ende, el
juez al cual correspondía su decisión pierda la competencia funcional para decidir
sobre el fondo del litigio.

Por ello, es improcedente que el juez de segunda instancia tramite el recurso si la
parte ha desistido de él y de hacerlo, estaría asumiendo una competencia que ya
no le corresponde, desconociendo que, según las normas procesales, que son de
orden público y obligatorio cumplimiento, la providencia recurrida está llamada a
quedar en firme y que su facultad para intervenir ha cesado.

En el expediente bajo estudio, la apoderada de la parte demandante presentó
memorial el 15 de julio de 2021 manifestando su voluntad de desistir del recurso de
apelación, solicitud que reiteró el 23 de agosto de 2021. A pesar de que la petición
cumplía los requisitos de ley, el Tribunal no la tramitó en su oportunidad, lo que llevó
a que se profiriera fallo e incluso a que a la demandante interpusiera, luego de esto,
un incidente de nulidad, el cual también fue resuelto desfavorablemente.

Así las cosas, la Sala no solo resolvió el recurso, sino que procedió a dictar
sentencia el 18 de mayo de 2022, revocando la decisión de primera instancia
emitida por el Juzgado Veinte Administrativo de Cali.

La actuación así desarrollada, alteró las garantías propias del debido proceso, ya
que previamente a la emisión de la providencia, el litigio planteado en esta sede ya
tendría que haber culminado por una de las formas anormales de terminación
(desistimiento) y la Sala carecía de facultad para dictar pronunciamiento de fondo.

En este punto, es importante señalar que, aunque por regla general la nulidad por
falta de competencia no suele originarse en la sentencia, ya que la atribución del
poder de decisión ocurre dentro del trámite del proceso y no al momento de dictar
la decisión, en este caso sí se presentó en esta oportunidad. Esto se debe a que, si
bien la ley procesal asignó la competencia en segunda instancia al Tribunal
Administrativo conforme al artículo 153 del CPACA, al resolver un recurso sobre el
cual se cumplieron los elementos formales y sustanciales requeridos para desistirse,
se emitió fallo, incurriendo en un yerro in procedendo que invalida la actuación.

Por lo tanto, no podía el fallador de segunda instancia válidamente fundamentar la
improcedencia del desistimiento en la existencia de un criterio jurisprudencial
contrario a la decisión del a quo, ya que, al hacerlo, simplemente mantuvo las
condiciones fijadas por el legislador para la adquisición de la competencia—la
interposición del recurso—sin considerar que se rige por el principio de reserva
legal.

En ese orden de ideas, se infringió la competencia funcional de segunda instancia
al resolver sobre un recurso respecto del cual ya había declinado la parte
demandante. Por tanto, procede la causal de nulidad invocada.

Por otro lado, aunque la competencia funcional, como manifestación legal de la
distribución de asuntos entre jueces de una misma jurisdicción, no debe confundirse

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con las restricciones que la normativa procesal impone al juez de segunda instancia
al resolver un recurso de apelación—particularmente las previstas en el artículo 328
del CGP18—, en el presente asunto, el hecho de que el Tribunal haya conservado
indebidamente la competencia llevó a la emisión de una sentencia que no solo
excedió la asignación jurisdiccional establecida por el legislador, sino que también
configuró otra causal de nulidad. En efecto, la decisión adoptada vulneró el principio
de non reformatio in peius, lo que exige necesariamente un análisis detallado,
máxime cuando dicha irregularidad fue expresamente alegada por la parte
recurrente.

Al examinar el expediente, se observa que al fallar el recurso de apelación y revocar
la sentencia con base en una nueva posición jurisprudencial, el Tribunal, dado que
la parte demandante era el único recurrente, debió limitarse a resolver sobre la
procedencia o no de la negativa respecto a los descuentos de salud aplicados a las
mesadas ordinarias, sin agravar la situación favorable ya reconocida por el juez de
primera instancia. Al desconocer este trato favorable y hacer más gravosa la
situación del apelante único, incurrió en causal de nulidad, transgrediendo la
prohibición constitucional de reforma en peor.

Este proceder resulta abiertamente contrario a derecho, pues la única apelante no
solicitó la revocatoria de la decisión en su contra, sino la modificación de aquellos
aspectos que consideraba lesivos a sus intereses. En consecuencia, el Tribunal no
podía, de oficio, agravar la situación de la recurrente, ya que ello implicaba
desconocer su derecho a una segunda instancia sin el riesgo de un fallo más
perjudicial que el inicialmente obtenido.

Cabe destacar que, aunque el Tribunal se apoyó en la sentencia de tutela proferida
el 19 de enero de 2017 dentro del expediente núm. 11001-03-15-000-2015-02281-
01, para destacar que el principio de la non reformatio in pejus no es absoluto ni
ilimitado es preciso recordar que, a pesar de haber sido dictada por el máximo
órgano de cierre, dicha sentencia tiene efectos inter partes y analiza una situación
concreta, diferente de la que ahora se examina.

La decisión de unificación SUJ-024-CES2-2021 del 3 de junio de 2020 no declaró
la ilegalidad de la omisión de los descuentos de salud sobre las mesadas
adicionales de junio y diciembre. Por el contrario, consolidó un criterio que no estaba
afianzado, dado que la Sala de Consulta y Servicio Civil había sostenido durante
mucho tiempo que dichos descuentos no eran procedentes, ni siquiera para los
docentes vinculados después de la Ley 812 de 2003, basándose en una
interpretación gramatical del artículo 204 de la Ley 100 de 1993, según la cual los
aportes para salud solo eran aplicables a las mesadas ordinarias.

18 Artículo 328. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos
por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al
recurso, el superior resolverá sin limitaciones.
[…]
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación
fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella. […]»

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Aunque el cambio en la posición jurisprudencial del órgano de cierre implicó una
modificación en la interpretación jurídica, es decir, en el contenido normativo de
determinada disposición, y que, en atención al carácter vinculante general y
retrospectivo de la sentencia, era aplicable a todos los casos pendientes tanto en la
vía administrativa como en la judicial, en esta oportunidad no debió aplicarse, ya
que se vulneraría el principio de reforma en peor del apelante único (demandante y
pensionada).

Sin embargo, al estudiar el recurso de apelación, el Tribunal favoreció los intereses
de la entidad demandada, quien no apeló, privilegiando “la protección del patrimonio
público, como interés jurídicamente superior”. Según la jurisprudencia expuesta, la
parte demandante alcanzó reconocimiento que ya no podía ser desmejorado –como
hubiera podido hacerse si el Departamento del Valle - Secretaría de Educación o la
Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio hubiesen recurrido la decisión favorable—, en tanto solo esta impugnó la
decisión en apelación.

Para que se configure la reforma en perjuicio del apelante único, es necesario que
el superior modifique la providencia apelada de tal manera que imponga al
recurrente una agravación de las obligaciones a las que ya fue condenado o una
disminución de los derechos reconocidos. En este sentido, el error en la sentencia,
por violación al principio de non reformatio in pejus, se traduce en un vicio de
competencia, ya que el juez decidió sobre aspectos no sometidos a su
consideración, utilizando la sentencia de unificación para revocar el reconocimiento
efectuado en primera instancia.

La Sala destaca que el principio de non reformatio in pejus impide que, bajo
consideraciones relativas al debido proceso o a la protección del erario público, se
desconozca el núcleo de protección de este principio constitucional en nombre de
otros criterios de menor jerarquía al resolver el recurso de apelación. Afirmar lo
contrario implicaría desconocer totalmente el principio que restringe la actividad
impugnativa.

Siendo ello así, emerge válido el argumento de la actora que reclama vulnerada la
prohibición constitucional en los términos acá expuestos, al analizarse aspectos que
no fueron recurridos.

En consecuencia, se encuentra configurada la causal prevista en el numeral 5 del
artículo 250 del CPACA, puesto que el proceso debió concluir con la aceptación del
desistimiento del recurso de apelación y, adicionalmente la decisión adoptada en
segunda instancia transgredió la prohibición de reforma en peor al revocar la
sentencia en detrimento del único recurrente.

Por lo tanto, el recurso extraordinario de revisión ha de declararse fundado, y, en
ese orden, se impondrá la nulidad de la sentencia emitida el 18 de mayo de 2022,
por el pluricitado tribunal. En consecuencia, en virtud de lo dispuesto por el artículo

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255 del ibidem, modificado por el artículo 70 de la Ley 2080 de 202119, se ordenará
devolver el proceso a la autoridad judicial de origen para que resuelva la solicitud
de desistimiento presentada teniendo en cuenta todas las consideraciones aquí
efectuadas.

Condena en costas

De acuerdo con el inciso primero del artículo 188 del CPACA, la regla general es
que, en los procesos de conocimiento de esta jurisdicción, en la sentencia, se
dispondrá sobre la condena en costas.

Con la expedición de la Ley 2080 de 2021, se modificó el artículo 255 del CPACA
en cuanto a la condena en costas en el marco del recurso extraordinario de revisión,
en los siguientes términos:

«ARTÍCULO 255. Vencido el período probatorio se dictará sentencia.
(…)
Si se declara infundado el recurso, se condenará en costas y perjuicios al
recurrente».

En ese sentido, como las reformas procesales allí establecidas prevalecen sobre
las anteriores normas de procedimiento y el recurso extraordinario cuando ya estaba
rigiendo la nueva ley, la Sala considera que no hay lugar a imponer condena en
costas, toda vez que se declaró fundado el recurso extraordinario de revisión.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. DECLARAR FUNDADO el recurso extraordinario de revisión interpuesto
por la señora María Cruz Mosquera Viáfara contra la sentencia del dieciocho (18)
de mayo de dos mil veintidós (2022) por el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Segundo. Como consecuencia, INFIRMAR la sentencia del dieciocho (18) de mayo
de dos mil veintidós (2022), proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca. En su lugar, se dispone ORDENAR a la mencionada autoridad judicial que
resuelva la solicitud de desistimiento presentada teniendo en cuenta todas las
consideraciones aquí efectuadas.

Tercero. ABSTENERSE de condenar en costas según lo manifestado en la parte
considerativa de esta providencia.

19 ARTÍCULO 255. Sentencia. Vencido el período probatorio se dictará sentencia. […] Si halla fundada la causal

del numeral 5 del señalado artículo 250, o la del literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, declarará la
nulidad de la sentencia o de la actuación afectada con la causal que dio lugar a la revisión, y devolverá
el proceso a la autoridad judicial de origen para que rehaga lo actuado o dicte sentencia de nuevo, según
corresponda. Si se declara infundado el recurso, se condenará en costas y perjuicios al recurrente.

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Cuarto. Ejecutoriada esta providencia, háganse las anotaciones pertinentes en el
sistema informático SAMAI y archívese el expediente del recurso extraordinario de
revisión.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

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