Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2023-00331-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2023-00331-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2023-00331-00
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
2 de octubre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá, D. C., dos (2) de octubre de dos mil veinticinco (2025)
Radicación: 11001-03-25-000-2023-00331-00 (4908-2023)
Recurrente: Fernando Landazábal Velandia
Asunto: Recurso extraordinario de revisión
Tema: Recurso extraordinario de revisión. Causal del numeral 5 del artículo 250 del
CPACA. Nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso. Reiteración de
jurisprudencia.
SENTENCIA QUE RESUELVE EL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
La Sala resuelve el recurso extraordinario de revisión interpuesto por el señor
Fernando Landazábal Velandia contra la sentencia del 19 de enero de 2023, proferida
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, que
confirmó la decisión de primera instancia en la cual el Juzgado Segundo Administrativo
de Girardot negó las pretensiones de la demanda.
I. SÍNTESIS DEL CASO
El señor Fernando Landazábal Velandia interpuso recurso extraordinario de revisión
contra la sentencia del 19 de enero de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, invocando la causal quinta del
artículo 250 del CPACA, al considerar que la decisión vulneró el principio de
congruencia, porque supuestamente no se pronunció sobre todos los motivos de
inconformidad desarrollados contra el fallo de primera instancia.
II. ANTECEDENTES
2.1. Proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
1. A partir de las pruebas aportadas por el recurrente las cuales se valorarán de
acuerdo con las reglas probatorias establecidas en el Código General del Proceso, en
adelante CGP1, y el expediente ordinario allegado a este trámite, la Sala sintetiza, a
continuación, los siguientes hechos relevantes y actuaciones del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el radicado número 25307-33-33-002-
2020-00176-00/012.
1 Según el artículo 246 del CGP: «Las copias tendrán el mismo valor probatorio del original, salvo cuando por
disposición legal sea necesaria la presentación del original o de una determinada copia».
2 Samai, índices 13 y 14, documentos 017RECIBE MEMORIAL_OneDrive_20240719zip(.zip) y 16RECIBE
MEMORIAL_OneDrive_202407191zi(.zip).
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Recurrente: Fernando Landazábal Velandia
2.1.1. La demanda
2. El señor Fernando Landazábal Velandia presentó demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho en contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional,
Ejército Nacional, en la que pidió lo siguiente3:
(i) Se declare la nulidad del Oficio No. 20193110054331: MDN-CGFM-COEJC-
SEJEC-JEMGF-COPER-DIPER- 1-10 del 15 de enero de 2019, mediante el cual
la entidad accionada negó el reconocimiento y pago del subsidio familiar previsto
en el Decreto 1794 de 2000.
(ii) Se declare la nulidad del acto administrativo sin número y fecha en el que la
entidad demandada negó el reconocimiento y pago de la diferencia salarial del
20% del salario mínimo, y la prima de actividad.
(iii) En subsidio, en caso de no acceder a la anterior declaratoria de nulidad, se
declare la excepción de inconstitucionalidad, para inaplicar el acto acusado y en
su lugar, acatar los artículos 13, 25, 53 y 209 de la Constitución Política. Asimismo,
se declare la excepción de convencionalidad, en el sentido de atender lo dispuesto
en los artículos 1, 2, 23 y 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos.
(iv) A título de restablecimiento del derecho, pidió que se declare que el
demandante ha realizado las mismas funciones de un soldado profesional que fue
voluntario; y que, al igual que los oficiales y suboficiales del Ejército Nacional, está
en el mismo supuesto de hecho que establece la norma para el reconocimiento y
pago de la prima de actividad.
(v) Se condene a la entidad demandada al reconocimiento y pago a favor del
accionante de la diferencia salarial del 20% dejada de percibir; la prima de
actividad; y el subsidio de familia, de acuerdo con la Ley 131 de 1985 y el Decreto
1794 de 2000.
(vi) Se ordene a la entidad accionada reliquidar las prestaciones sociales del
demandante, teniendo en cuenta el salario básico equivalente al mínimo legal
incrementado en un 60%.
(vii) Se condene a que los valores adeudados se actualicen de conformidad con
IPC; que se condene en costas procesales y agencias en derecho; y se dé
cumplimiento a la sentencia de conformidad con el artículo 192 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante
CPACA).
3. Fundamentó su demanda en que los soldados profesionales han sido objeto de
desigualdad y discriminación. Por ejemplo, en caso de muerte no existe la posibilidad
de una pensión, a diferencia de los oficiales y suboficiales del Ejército Nacional; se
disminuyó en un 20% el salario de los soldados que se vincularon en vigencia de la
Ley 131 de 1985; las partidas computables para la asignación de retiro son distintas a
los oficiales y suboficiales; y el subsidio de familia creado a través del Decreto 1794
de 2000 fue derogado por el Decreto 3770 de 2009.
4. Sostuvo que el acto administrativo acusado transgrede el principio de igualdad
del artículo 13 de la Constitución Política, por cuanto desconoce que, a trabajo igual,
salario igual; así como el principio de realidad sobre las formas. Adujo que los
soldados voluntarios que, en aplicación de la Ley 131 de 1985, fueron incorporados a
3 Samai, índice 14, documento 016RECIBE MEMORIAL_OneDrive_202407191zi(.zip), carpeta 2020 00176 NR 04,
carpeta C1 Principal, archivo 02demanda.
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profesionales, devengan un salario mensual equivalente al salario mínimo legal
vigente, incrementado en un 60% del mismo salario; mientras que los soldados
profesionales, que no fueron antes voluntarios, perciben un salario mensual
aumentado en un 40%, según el Decreto 1794 de 2000. Lo anterior, materializa un
trato injustificado a dos grupos que desempeñan las mismas funciones dentro del
Ejército Nacional.
5. Manifestó que el oficio demandado no se fundamentó en los principios de la
función pública, de manera que vulnera la carrera administrativa de las fuerzas
militares. Además, obvió el principio de salario justo y proporcional a la cantidad y
calidad de trabajo de los artículos 25 y 53 de la Constitución Política, comoquiera que
el patrimonio de los soldados que antes fueron voluntarios se acrecentó; en cambio,
el de quienes se vincularon como soldados profesionales, se empobreció.
6. De otro lado, afirmó que la accionada vulnera el principio de igualdad del
demandante, pues pese a que en condición de soldado profesional cumple con el
supuesto de hecho de estar «en servicio activo», dispuesto en el Decreto 1211 de
1990, no tiene derecho a percibir la prima de actividad que sí se otorga a los oficiales
y suboficiales del Ejército Nacional. Ello, evidencia la falta de un criterio objetivo para
dar un trato diferente a ambos miembros de la entidad.
7. Señaló que el acto acusado debió aplicar el artículo 11 del Decreto 1794 de
2000, el cual se encuentra vigente y, en tal sentido, reconocer y pagar a favor del
demandante el subsidio familiar equivalente al 4% del salario básico mensual más la
totalidad de la prima de antigüedad. La inobservancia de la anterior norma acredita
que se quebrantó el artículo 53 Superior, sin que se haya efectuado un juicio de
igualdad entre los soldados profesionales que tienen derecho al subsidio familiar de
conformidad con el decreto en mención, y aquellos que tienen derecho de acuerdo con
el Decreto 1161 de 2014.
2.1.2. Contestación de la demanda
8. La Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional contestó la
demanda oponiéndose a las pretensiones, toda vez que para el momento en que el
accionante se vinculó a la entidad en calidad de soldado profesional se encontraban
vigentes los decretos 1793 y 1794 de 2000, habiendo aceptado de manera libre y
voluntaria el régimen salarial y prestacional en ellos contenido4.
9. Adujo que, en la sentencia de unificación de jurisprudencia del 25 de agosto de
2016 proferida por el Consejo de Estado, se definió que procede la reliquidación
salarial de quienes ostentando la calidad de soldados voluntarios fueron incorporados
como profesionales, bajo el régimen previsto en los decretos 1793 y 1794 de 2000;
ordenando así, incluir dentro de la liquidación salarial y prestacional el 20% que
dejaron de percibir.
10. Añadió que, según se dijo en la providencia de aclaración y adición, el anterior
criterio no transgrede el principio de igualdad, por cuanto el tratamiento igual solo
puede predicarse entre iguales y en el caso, las situaciones a comparar no son fáctica
ni normativamente similares.
11. Indicó que la prima de actividad concebida para los miembros de las fuerzas
militares se destina única y exclusivamente a los oficiales y suboficiales. Por tal razón,
los soldados profesionales están excluidos de recibir la mencionada prestación.
4 Samai, índice 14, documento 016RECIBE MEMORIAL_OneDrive_202407191zi(.zip), carpeta 2020 00176 NR 04,
carpeta C1 Principal, archivo 28contestacionDda.
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12. Relató que no se vulnera el derecho a la igualdad del accionante, toda vez que
el personal de suboficiales y oficiales de las fuerzas militares y los soldados
profesionales, no se encuentran en estado de igualdad. Señaló que la ley prevé
funciones específicas y diferentes para los primeros, quienes tienen una experiencia e
idoneidad en especialidad propias que no ostenta el soldado profesional.
2.1.3. Sentencia de primera instancia
13. El Juzgado Segundo Administrativo de Girardot profirió sentencia el 10 de junio
de 2022 en la que se negaron las pretensiones de la demanda5.
14. Saneó el proceso y definió que el análisis de legalidad versa sobre el acto
administrativo ficto configurado frente a la petición radicada el 3 de diciembre de 2018,
que obraba en el expediente, a través de la cual se solicitó el reconocimiento y pago
de la diferencia salarial del 20%, la prima de actividad y el subsidio familiar. Ello, en
aras de salvaguardar el derecho de acceso a la administración de justicia del
accionante, quien acusó un acto administrativo que, si bien según su dicho estaba en
la página web de la entidad accionada, para el Tribunal era inexistente; por cuanto no
fue aportado por las partes.
15. Explicó que el régimen salarial previsto en el Decreto 1794 de 2000 que cobija
a los soldados profesionales no se equipara, en punto al porcentaje aumentado del
salario básico, al de los soldados que antes se desempeñaban como voluntarios bajo
la Ley 131 de 1985, toda vez que los primeros (los nuevos soldados profesionales) al
ingresar a las filas no gozaban de derecho adquirido alguno. Tal circunstancia impide
brindar un trato equiparable a los soldados profesionales que se incorporaron desde
el 1 de enero de 2001 y a quienes eran soldados voluntarios con antelación.
16. Relató que en la sentencia de unificación dictada el 25 de agosto de 2016 por
el Consejo de Estado, se definió que la correcta interpretación del artículo 1 inciso 2
del Decreto 1794 de 2000 alude a que los soldados voluntarios, hoy profesionales,
tienen derecho a percibir una asignación salarial mensual equivalente a un salario
mínimo legal vigente incrementado en un 60%. En providencia de aclaración del 6 de
octubre del mismo año, se precisó que no se vulneró el derecho a la igualdad respecto
de los soldados profesionales vinculados en vigencia de los decretos 1793 y 1794 de
2000, comoquiera que el tratamiento igual solo se puede predicar entre iguales.
17. Señaló que el Decreto 1794 de 2000 no incluyó la prima de actividad; así que,
no es de recibo el pretender que este se inaplique por inconstitucional conforme con
los artículos 4 y 13 de la Constitución Política, para acudir a disposiciones que regulan
los salarios y prestaciones de otra clase de servidores de la Fuerza Pública. El hecho
que los oficiales y suboficiales de las fuerzas militares devenguen una prima de
actividad que no perciben los soldados profesionales, se justifica en los roles que
ambos grupos desempeñan.
18. Indicó que el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000 estableció el reconocimiento
y pago del subsidio familiar a favor de quienes estuvieran casados o con unión marital
de hecho vigente, equivalente al 4% de su salario básico mensual más la prima de
antigüedad. Dicha norma fue derogada por el Decreto 3770 de 2009, aunque mantuvo
el derecho de los soldados profesionales que lo venían percibiendo, pudiéndolo
devengar hasta el retiro del servicio. Posteriormente, se expidió el Decreto 1161 de
2014, mediante el cual se creó a partir del 1 de julio de 2014 el subsidio familiar a favor
de los soldados profesionales e infantes de marina profesionales de las fuerzas
5 Samai, índice 14, documento 016RECIBE MEMORIAL_OneDrive_202407191zi(.zip), carpeta 2020 00176 NR 04,
carpeta C1 Principal, archivo 36 092nr20176Ejercito20%PnolgualdadPrimaActivSubFam.
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militares en servicio activo que no percibieran el subsidio regulado en el Decreto 1794
de 2000, equivalente al 20% de la asignación básica por la cónyuge o compañera
permanente.
19. Narró que en la sentencia del 8 de junio de 20176 el Consejo de Estado declaró
nulo con efectos ex tunc el Decreto 3770 de 2009, dado el carácter regresivo y no
progresivo de la disposición. Ello conllevó a que las situaciones jurídicas no
consolidadas se permearan por el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, desde el
momento de su promulgación hasta la entrada en vigor del Decreto 1161 de 2014;
instante a partir del cual se entiende subrogado el referido artículo 11.
20. Afirmó que, según se probó en plenario, el señor Fernando Landazábal Velandia
ingresó al Ejército Nacional como soldado profesional, incorporado al régimen de
carrera y estatuto del personal de soldados profesionales de las fuerzas militares
(Decreto 1794 de 2000), en calidad de soldado nuevo. Por tal razón el accionante
nunca ostentó la calidad de soldado voluntario, ni se encontraba vinculado antes del
31 de diciembre de 2000, requisito sine qua non a fin de aplicar la excepción de que
trata el inciso 2 del artículo 1 del Decreto 1794 de 20007. Así, no tiene derecho al
incremento salarial del 60% ni a la prima de actividad.
21. Sostuvo que el demandante no acreditó ni mencionó la fecha en la que contrajo
matrimonio; no obstante, de acuerdo con el certificado de haberes devengados en la
nómina del año 2000, que reposa en el expediente, se tiene que percibió la partida del
subsidio familiar en proporción del 26% del salario, en aplicación de lo previsto en el
Decreto 1161 de 2014, con efectos fiscales desde el 19 de agosto de 2014.
2.1.4. Recurso de apelación de la parte demandante
22. La parte demandante interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia
de primera instancia, en el que insistió en que el señor Fernando Landazábal Velandia
tiene derecho al reconocimiento y pago de la diferencia salarial del 20%; la prima de
actividad; y el subsidio familiar, en calidad de soldado profesional. Alegó que
desconocer sus derechos vulnera el principio de igualdad, toda vez que recibe un trato
salarial diferente a quienes fueron soldados voluntarios antes del 31 de diciembre de
2000, así como en relación con los oficiales y suboficiales del Ejército, pese a tener las
mismas funciones que ellos8.
23. Manifestó que la sentencia de primera instancia transgredió el principio de
congruencia, en tanto omitió pronunciarse sobre algunos hechos y pretensiones de la
demanda. En punto, el artículo 55 de la Ley Estatutaria de Justicia dispone que la
sentencia deberá referirse a todos los hechos y asuntos planteados en el proceso por
los sujetos procesales.
24. Afirmó que se dictó un fallo non liquet, al argumentarse que «el enunciado
descriptivo no ha sido probado por la parte», lo cual vulneró el derecho al debido
proceso del accionante, comoquiera que el juez de instancia no ejerció la actividad
probatoria de oficio.
6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, Rad. 0686-2010.
M.P. César Palomino Cortés.
7 Artículo 1. Asignación salarial mensual. Los soldados profesionales que se vinculen a las Fuerzas Militares
devengarán un (1) salario mensual equivalente al salario mínimo legal vigente, incrementado en un cuarenta por
ciento (40%) del mismo salario.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el parágrafo del artículo siguiente, quienes al 31 de diciembre del año 2000 se
encontraban como soldados de acuerdo con la Ley 131 de 1985, devengarán un salario mínimo legal vigente
incrementado en un sesenta por ciento (60%).
8 Samai, índice 14, documento 016RECIBE MEMORIAL_OneDrive_202407191zi(.zip), carpeta 2020 00176 NR
04, carpeta C1 Principal, archivo 39 ApelacionSentencia.
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25. Indicó como cargos contra la sentencia apelada los siguientes:
(i) Desconocimiento del tema petendi de la demanda, toda vez que no se hizo el
comparativo del accionante respecto de aquellos soldados que antes de la entrada en
vigor del Decreto 1794 de 2000 se encontraban vinculados como voluntarios y luego de
este, continuaron en la institución en calidad de soldados profesionales.
(ii) Incurrió en error al considerar que no eran pasibles de comparación los soldados que
habían sido voluntarios y los soldados profesionales, dada la existencia de dos
regímenes diferentes; máxime cuando al haberse acogido al Decreto 1793 de 2000, este
les es aplicable por igual, habiendo quedado derogada la Ley 131 de 1985.
(iii) Los efectos de la sentencia de unificación proferida el 25 de agosto de 2016 por el
Consejo de Estado no pueden extenderse al caso concreto, por cuanto solo puede
aplicarse a los soldados profesionales que hubiesen sido vinculados como voluntarios.
Además, en aquella no se abordó el derecho fundamental a la igualdad salarial en la
modalidad a trabajo igual, salario igual.
(iv) Yerra la sentencia en afirmar que existe un régimen de transición laboral para los
soldados voluntarios y que por ello el demandante no tiene derecho a la diferencia del
20% del salario reclamada en la demanda.
(v) Incurre en error el Juzgado al estimar que el accionante no puede acceder a la
diferencia salarial, dada la naturaleza jurídica que tiene para quienes fueron soldados
voluntarios.
(vi) Se negó el «restablecimiento de la igualdad en un criterio objetivo ficticio», pues la
fecha de vinculación no es un parámetro que justifique un trato desigual. A su vez, se
desconoció el precedente fijado en la sentencia T-097 de 2006, según el cual la
diferencia salarial entre trabajadores no puede sustentarse en argumentos meramente
formales como la fecha de vinculación a un cargo.
(vii) Se desconocen las sentencias T-369 de 2016; T-097 de 2006; T -545 A de 2007; T-
833 de 2012, entre otras.
(viii) Se desconoce el precedente constitucional contenido en las sentencias C-022 de
1996; C-862 de 2008 y C-536 de 2016, en las que se señala que «la carga argumentativa
está inclinada a favor de la igualdad».
(ix) No conformó la proposición jurídica completa de las normas aplicables para resolver
la litis, pues se omitió aplicar la sentencia SU-519 de 1997, reiterada en la sentencia SU-
547 de 1997.
(x) Se desconoce la igualdad formal en la cual se encuentra el accionante con relación
a los soldados profesionales que antes fueron soldados voluntarios.
(xi) Se pretermitió la valoración de los medios de convicción que obran en el expediente,
que permiten comparar la igualdad de los sujetos a comparar.
(xii) Se negó de manera arbitraria a reconocer y valorar los hechos probados en el
proceso con relación a la igualdad material.
(xiii) Se desconocieron las sentencias T-230 de 1994; T-079 de 1999 y T-247 de 2019,
en las que se fija el contenido del derecho fundamental del debido proceso probatorio.
(xiv) No existe prueba que justifique el trato desigual que recibe el accionante.
(xv) Se desconoció la inversión de la carga de la prueba, pues la entidad accionada
debía acreditar el trato desigual que ofrece al demandante.
(xvi) Se desconoció el artículo 53 de la Constitución Política.
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(xvii) Se tuvo por probado, sin estarlo, la existencia del pago proporcional al accionante
de un salario acorde a la cantidad y calidad de trabajo que aporta a la institución.
(xviii) Se vulneraron los principios de la función pública, y de la carrera administrativa.
(xix) No se resolvió la excepción de inconstitucionalidad.
(xx) No se realizó ningún test de ponderación de derechos.
(xxi) Se incurrió en un yerro al afirmar que de reconocerse la igualdad salarial se incurriría
en una violación al principio de la inescendibilidad normativa.
(xxii) La excepción de inconstitucionalidad invocada es procedente.
26. Señaló como cargos respecto a la prima de actividad, los siguientes:
(i) Los sujetos en el juicio de comparación si son comparables.
(ii) Se incurrió en un yerro de tipo conceptual entre la naturaleza jurídica del salario y la
naturaleza jurídica de la prestación salarial.
(iii) Se desconoció que el accionante acredita las condiciones de hecho para ser
acreedor de la prima de actividad.
(iv) El juzgado no tuvo en cuenta que la entidad accionada no probó ningún criterio
objetivo de justificación del derecho a la no discriminación.
(v) No se puede asumir que es justificado el trato de exclusión de la prima de actividad.
(vi) Se desconoció el precedente de la Corte Constitucional previsto en las sentencias
C-022 de 1996; C-862 de 2008; y C-536 de 2016.
(vii) Se desconoció el precedente de la Corte Constitucional previsto en las sentencias
T-230 de 1994; T-079 de 1995; T-335 de 2000; y T-247 de 2010.
(viii) Se desconoció la inversión de la prueba y la presunción de discriminación.
27. Endilgó como cargos respecto al subsidio familiar, los siguientes:
(i) Se dictó un fallo non liquet, se desconoció la sentencia SU-129 de 2021 y se
vulneraron los derechos al debido proceso y acceso a la administración de justicia.
(ii) Se tuvo por probado, sin estarlo, que la entidad accionada desvirtuó la presunción de
inconstitucionalidad del acto acusado.
2.1.5. Sentencia objeto del recurso extraordinario de revisión
28. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D,
en sentencia dictada el 19 de enero de 2023, confirmó la decisión de primera instancia
con los siguientes argumentos9:
29. Indicó que el Decreto 1794 de 2000 estableció el régimen salarial y prestacional
para los soldados profesionales, previendo una prerrogativa para los soldados que
venían vinculados en virtud de la Ley 131 de 1985, esto es, como soldados voluntarios,
a quienes se les mantendría como retribución del servicio un salario mínimo legal
vigente incrementado en un 60%.
9 Samai, índice 13 documento 017RECIBE MEMORIAL_OneDrive_202407191zip.zip, carpeta C1 Principal, archivo
50 Sentencia.
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30. Explicó que según lo ha definido la jurisprudencia de la Corte Constitucional 10,
el juicio de igualdad o proporcionalidad se divide en tres etapas: (i) definir el criterio de
comparación: precisar si los supuestos de hecho son susceptibles de compararse y si
se comparan sujetos de la misma naturaleza; (ii) determinar si en el plano fáctico y en
el plano jurídico existe un trato desigual entre iguales o igual entre desiguales; y (iii)
averiguar si la diferencia de trato está constitucionalmente justificada.
31. Señaló que el subsidio familiar, de acuerdo con el artículo 11 del Decreto 1794
de 2000, se reconocía mensualmente al soldado profesional de las fuerzas militares
que estando en actividad se encuentre casado o con unión marital de hecho vigente,
en cuantía equivalente al 4% de su salario básico mensual, más la prima de
antigüedad. Dicha prestación se reconoció hasta la entrada en vigor del Decreto 3770
de 2009, en cuanto dispuso la derogatoria del artículo 11 en mención; no obstante, la
Sección Segunda, Subsección B, del Consejo de Estado, en sentencia del 8 de junio
de 2017, expediente 11001-03-25-000-2010-00065-00 (0686-2010), declaró con
efectos “ex tunc”, la nulidad del Decreto 3770 de 2009.
32. Adujo que el Gobierno Nacional profirió el Decreto 1161 de 2014, mediante el
cual creó, a partir del 1 de julio de 2014, el subsidio familiar para los soldados
profesionales e infantes de marina profesionales de las fuerzas militares en servicio
activo, que no percibieran dicho emolumento en virtud del Decreto 1794 de 2000.
33. Aclaró que, el accionante afirma que los soldados que ingresaron como
voluntarios antes de la entrada en vigor del Decreto 1794 de 2000 y que fueron
incorporados como soldados profesionales, tienen idénticas funciones,
responsabilidades, derechos, deberes y régimen pensional y laboral que quienes
ingresaron directamente al escalafón, por lo que no hay motivo alguno constitucional
que avale la diferencia salarial que existe entre ambos, prevista en el artículo 1 del
Decreto 1794 de 2000. Sin embargo, lo cierto es que en sentencia del 25 de agosto de
201611 el Consejo de Estado concluyó que los soldados e infantes de marina
profesionales que se encontraban vinculados como voluntarios al 31 de diciembre de
2000, tienen derecho a que su asignación básica sea el equivalente a un salario
mínimo incrementado en un 60%, y no en un 40%.
34. Precisó que, según se probó, el demandante prestó el servicio militar obligatorio
en el Ejército Nacional, del 19 de mayo de 1999 al 18 de septiembre de 2000; luego a
partir del 8 de enero de 2002, ingresó como Soldado Profesional hasta el 28 de febrero
de 2021, fecha en que fue dado de alta en el mismo grado. Así, comoquiera que nunca
ostentó la calidad de soldado voluntario, no le es aplicable el artículo 1 del Decreto
1794 de 2000 y, por ende, no tiene derecho al reajuste de la asignación básica en un
20%, dado que se le ha reconocido un salario mínimo incrementado en 40%.
35. Afirmó, frente a la solicitud de inaplicación por excepción de inconstitucionalidad
del artículo 1 del Decreto 1794 de 2000, que al accionante no se le está vulnerando el
principio de igualdad, pues no puede pretender beneficiarse de la protección a los
derechos adquiridos de la que gozan los soldados voluntarios incorporados como
profesionales. Ello, en tanto no cumple con la condición de haberse vinculado con
anterioridad al 31 de diciembre de 2000.
36. Manifestó que en el presente asunto no se cumple el primer presupuesto del
test de igualdad, pues se requiere la existencia de supuestos o situaciones que
objetiva, material y funcionalmente sean equiparables. Lo anterior, por cuanto el
10 Citó: Sentencia T-789 de 2000.
11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 25 de agosto de
2016, Rad. radicado 25001333300220130006001(3420-2015), M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
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demandante no se encuentra en una situación igual que los soldados voluntarios que
ingresaron al Ejército Nacional con anterioridad al 31 de diciembre de 2000.
37. Resaltó que el artículo 53 de la Constitución Política prevé que los jueces deben
optar por la norma más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e
interpretación de las fuentes formales de derecho. No obstante, en el caso concreto,
no hay duda acerca de cuál es la normativa aplicable, esto es, para el reconocimiento
o no de la diferencia del 20% en la asignación básica de los soldados profesionales,
puesto que no se le puede dar un trato que beneficie al accionante, diferente a lo
previsto en el Decreto 1794 de 2000, ya que es claro que se incorporó al Ejército
Nacional como soldado profesional en su vigencia.
38. Definió que la prima de actividad no es una partida computable para liquidar la
asignación de retiro, toda vez que no se encuentra taxativamente señalada para los
soldados profesionales en el Decreto 1794 de 2000, el cual dispuso que devengarían
de manera adicional a la asignación básica la prima de antigüedad, la de servicio anual,
vacaciones y navidad, así como el subsidio familiar y cesantías; factores que se
liquidan tomando como base el sueldo devengado mensualmente.
39. Sostuvo que no hay lugar a acceder al subsidio familiar reclamado, por cuanto
la parte demandante no aportó ni solicitó prueba alguna que acredite la fecha en la
que contrajo matrimonio con la señora Lina Lorena Quintero, en tanto en el expediente
solo obra la hoja de servicios en la que se indica el parentesco.
2.2. Recurso extraordinario de revisión
40. El señor Fernando Landazábal Velandia, interpuso recurso extraordinario de
revisión el 14 de agosto de 202312, a través de la ventanilla virtual del Sistema de
Gestión Judicial SAMAI, contra la sentencia de segunda instancia proferida el 19 de
enero de 2023 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. El recurso se
fundamentó en la causal 5 del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, consistente en la
existencia de nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que
no procede recurso de apelación13.
41. Alegó que el Tribunal no se pronunció sobre la solicitud de adición de la
sentencia de primera instancia para analizar de forma exhaustiva todas las omisiones
en las que se incurrió, ni sobre la petición de declaratoria de nulidad de dicha sentencia
por violación del derecho fundamental al debido proceso y del principio de
congruencia. Añadió que esas omisiones procesales configuran yerros in procedendo
que vulneran el artículo 55 de la Ley Estatuaria de Administración de Justicia, que
establece que las sentencias judiciales deberán referirse a todos los hechos y asuntos
planteados en el proceso, así como los artículos 280 y 281 del CGP sobre el contenido
y congruencia de las sentencias.
42. El recurrente fundamentó su recurso en los ejes argumentativos que se
resumen a continuación:
• Del reajuste salarial del 20%
43. Sostuvo que el Tribunal de segunda instancia incurrió en omisiones sustanciales
al no resolver los múltiples aspectos planteados en el recurso de apelación sobre el
reajuste salarial del 20%. En primer lugar, argumentó que la sentencia no motivó ni
estudió las premisas fácticas presentadas en los hechos 8, 9, 14, 15, 21, 22, 23 y 24
12 Samai, índice 01.
13 Samai, índice 03.
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de la demanda, los cuales constituían el sustento probatorio para el juicio de igualdad
en la modalidad trabajo igual – salario igual. Estos hechos, según expone, establecían
que la carrera administrativa de los soldados profesionales está conformada tanto por
soldados voluntarios incorporados como por nuevos soldados profesionales, y que
ambos grupos ejecutan idénticas funciones bajo el mismo régimen, con la única
diferencia en el componente salarial.
44. Adujo que la sentencia tampoco resolvió los fundamentos jurídicos relacionados
con la situación histórica de discriminación sistemática de los derechos laborales de
los soldados profesionales, ni los cargos por violación del principio de igualdad del
artículo 13 de la Constitución Política en sus diversas modalidades. Resaltó que el
Tribunal omitió pronunciarse sobre el cargo de violación del principio de trabajo igual
salario igual, bajo la modalidad de realidad sobre las formas, así como sobre la
transgresión de los principios de la función pública y del salario justo y proporcional.
45. Indicó que propuso 22 cargos específicos en el recurso de apelación que no
fueron analizados por el Tribunal. Entre estos se destacan: el desconocimiento del
thema petendi de la demanda; el error al considerar que no son comparables los
sujetos propuestos en el juicio de igualdad; la indebida aplicación de la sentencia de
unificación dictada el 25 de agosto de 2016 por el Consejo de Estado con radicado
número 85001333300220130006001 (3420-2015); el yerro al considerar la existencia
de un régimen de transición laboral para los soldados voluntarios; y el desconocimiento
sistemático de precedentes constitucionales sobre el derecho a la igualdad, la carga
argumentativa y el debido proceso probatorio.
• De la prima de actividad
46. La parte recurrente sostuvo que la sentencia no analizó que el demandante, al
igual que los oficiales y suboficiales del Ejército Nacional, se encontraba en el mismo
supuesto de hecho contemplado por la norma para el reconocimiento y pago de la
prima de actividad y que, por lo tanto, era discriminado por la entidad al no
reconocérsele dicha prestación.
47. Afirmó que los 8 cargos presentados en la apelación sobre el tema no fueron
resueltos, incluyendo entre estos: la comparabilidad de los sujetos en el juicio de
igualdad propuesto; el yerro conceptual entre la naturaleza jurídica del salario y la
prestación salarial; el desconocimiento de que el demandante acreditaba las
condiciones del supuesto hipotético normativo; y la ausencia de criterios objetivos de
justificación por parte de la entidad demandada para el trato diferencial.
• Del subsidio familiar
48. El recurrente señaló que no se estudiaron tres cargos propuestos en el recurso
de apelación sobre el tema, ellos son: el desconocimiento del artículo 53 de la
Constitución Política, en tanto se acogió una posición desfavorable para el
demandante en calidad de trabajador, pasando por alto que tenía una expectativa
legítima respecto al reconocimiento del subsidio familiar; y contrariar el artículo 13
Superior, puesto que se considera que los soldados profesionales no son pasibles de
comparación frente a los oficiales y suboficiales.
49. Concluyó que las omisiones en que incurrió el Tribunal al proferir la sentencia
de segunda instancia configuran la nulidad de dicha providencia y hacen procedente
el recurso de revisión, en tanto comportan una violación sustancial del derecho
fundamental del debido proceso y del mandato de congruencia de las sentencias
judiciales; principios que constituyen garantías fundamentales del ordenamiento
jurídico procesal.
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2.3. Trámite del recurso extraordinario de revisión
50. Esta corporación admitió el recurso en auto del 30 de noviembre de 2023 ordenó
la notificación personal de esta decisión a la Nación, Ministerio de Defensa Nacional,
Ejército Nacional y al Ministerio Público14.
51. Luego de que esta decisión fue notificada debidamente15, la Procuraduría
Tercera de Intervención Delegada ante el Consejo de Estado rindió concepto en el que
pidió que se declare infundado el presente recurso extraordinario de revisión, toda vez
que todas las pretensiones, cargos, entre otros, fueron resueltos en la sentencia
dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca16. Por su parte, la Nación,
Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional guardó silencio.
52. A través de auto del 25 de agosto de 2025 se decretó y tuvo como prueba la
copia de: la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho; el escrito por el cual
se interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia del 10 de
junio de 2022, proferida por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Girardot
dentro del proceso con radicado número 25307-33-33-002-2020-00176-00; la
sentencia de segunda instancia del 19 de enero de 2023, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, dentro del proceso
con radicado número 25307-33-33-002-2020-00176-01; y el respectivo expediente
digital que fue allegado17.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
53. La Sala tiene competencia para conocer del recurso extraordinario de revisión
interpuesto por el señor Fernando Landazábal Velandia contra la sentencia del 19 de
enero de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección D, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo
249 del CPACA18.
3.2. Oportunidad
54. La sentencia objeto del recurso fue proferida el 19 de enero de 2023, se notificó
el 27 de enero de 202319, y quedó ejecutoriada el 3 de febrero de 2023, en aplicación
de lo previsto en los artículos 302 del CGP y 205 del CPACA modificado por el artículo
52 de la Ley 2080 de 2021. Así, como el señor Fernando Landazábal Velandia
interpuso el extraordinario de revisión el 14 de agosto de 2023, según obra en la
anotación realizada a índice 1 del aplicativo SAMAI, su radicación fue oportuna, dentro
del término dispuesto por el artículo 251 del CPACA20.
14 Samai, índice 07.
15 Samai, índices 10 y 11.
16 Samai, índice 15.
17 Samai, índice 19.
18 «De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos
conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia».
19 Samai, índice 13 documento 017RECIBE MEMORIAL_OneDrive_202407191zip.zip, carpeta C1 Principal,
archivo 51.NotificacionSentencia.
20 «El recurso podrá interponerse dentro del año siguiente a la ejecutoria de la respectiva sentencia».
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3.3. Legitimación en la causa
55. El señor Fernando Landazábal Velandia está legitimado en la causa para ser
parte en este trámite, toda vez que fue demandante en el proceso ordinario de nulidad
y restablecimiento del derecho21.
3.4. Problema jurídico
56. De acuerdo con los argumentos del recurso extraordinario de revisión,
corresponde a la Sala determinar si:
57. ¿La sentencia impugnada desconoció el objeto del litigio y omitió resolver de
fondo cargos del recurso de apelación, incurriendo en la causal 5 de artículo 250 del
CPACA?
58. Para resolver el problema jurídico, la Sala se referirá, en primer lugar, a la
naturaleza del recurso extraordinario de revisión; luego abordará el alcance de la
causal prevista en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA atinente a que exista nulidad
originada en la sentencia; en tercer lugar, resolverá el caso en concreto; y, por último,
decidirá sobre la condena en costas.
3.5. Naturaleza del recurso extraordinario de revisión
59. El recurso extraordinario de revisión ha sido considerado por la jurisprudencia y
la doctrina nacional como un mecanismo de impugnación y, al mismo tiempo, una
excepción al principio de inmutabilidad de las decisiones judiciales que ponen fin a una
controversia, siempre que estén incursas en alguna de las causales previstas
taxativamente en el artículo 250 del CPACA22.
60. El objeto de este mecanismo es el restablecimiento de la justicia material del
fallo recurrido cuando haya sido afectado por situaciones exógenas que no pudieron
analizarse en el curso del proceso por ello, no puede ser utilizado para corregir errores
judiciales. Es un medio excepcional de impugnación de las decisiones judiciales,
regulado en los artículos 248 y subsiguientes del CPACA23, para casos en que la
decisión judicial está inmersa en supuestos como «[…] la falsedad, el fraude, el error,
la aparición de documentos decisivos que hubieren modificado el sentido de la decisión
[…]», entre otros24.
61. Por tal motivo, el carácter excepcional del recurso extraordinario de revisión
supone que no puede utilizarse «[…] para cuestionar la actividad interpretativa, ni la
valoración probatoria del juez, ni para que el afectado con la sentencia proponga
cuestiones que no alegó oportunamente en el proceso originario. Es un instrumento
para discutir y ventilar ciertos hechos procesales externos a la labor funcional del juez,
que pueden llegar a afectar el principio de justicia material»25.
21 Esta calidad fue reconocida en el auto admisorio de la demanda ordinaria proferido por el Juzgado Segundo
Administrativo de Girardot el 23 de julio de 2021. índice 14, documento 016RECIBE
MEMORIAL_OneDrive_202407191zi(.zip), carpeta 2020 00176 NR 04, carpeta C1 Principal, archivo 16
1276nr20176EjércitoAdmiteDdayRequiere.
22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 22, sentencia del 5 de julio
de 2024, Rad. 11001-03-15-000-2022-03940-00.
23 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 22, sentencia del 5 de abril
de 2024, Rad. 11001-03-15-000-2023-04705-00.
24 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 22, sentencia del 5 de julio
de 2024, Rad. 11001-03-15-000-2022-03940-00.
25 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 3, sentencia del 3
de agosto de 2022, Rad. 11001031500020211146300.
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62. De ahí deviene la importancia de que los hechos del caso se subsuman en la
causal invocada sin necesidad de recurrir a interpretaciones amplias que reabran la
discusión como si se tratara de una nueva instancia judicial.
63. Para lograr lo anterior, se exige del recurrente «una carga argumentativa precisa
[…], toda vez que debe hacerse de manera técnica, rigurosa y fundamentada […]» 26.
Así pues, la parte que acuda al recurso extraordinario de revisión bajo el amparo de
una de las causales previstas para su procedencia tiene el deber de «[…] explicar
cuáles son los motivos que la soportan y, especialmente, los hechos que sirven de
fundamento para su configuración»27.
3.6. Causal de revisión contenida en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA:
nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso
64. El artículo 250 del CPACA regula las causales del recurso extraordinario de
revisión. En particular, en su numeral 5, establece como causal:
5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no
procede recurso de apelación.
65. El alcance de esta causal es restrictivo en la medida en que exige «[…] que
concurran dos supuestos: el primero, que la nulidad se origine en la sentencia que
puso fin al proceso y, el segundo, que contra el fallo cuestionado no proceda recurso
de apelación»28.
66. No obstante, como el CPACA no regula expresamente en qué escenarios se
configura una nulidad originada en la sentencia, la jurisprudencia se ha encargado de
dotar de contenido el numeral 5 del artículo 250 ibidem.
67. En estos términos, ha considerado que esta situación se configura por las
causales de nulidad insaneables establecidas en el artículo 133 del CGP29. De tal
manera que, no cualquier circunstancia habilita la procedencia del recurso
extraordinario de revisión, sino solo las causales expresamente dispuestas como vicios
de nulidad, siempre que estos concurran en la sentencia que definió la controversia, y
no en etapas procesales anteriores a la decisión.
68. Así se pronunció la Sala Especial de Decisión 3 del Consejo de Estado en
decisión del 29 de junio de 2022, en la que advirtió que habilitar la procedencia del
recurso extraordinario de revisión frente a situaciones ocurridas con anterioridad a la
sentencia «[…] se convertiría en una anormal oportunidad para que las partes
subsanen las omisiones del proceso ordinario y aleguen nulidades o errores
procesales que debieron proponer en la oportunidad prevista en el artículo 134 CGP
(antes el artículo 142 CPC) o para proponer nulidades que quedaron saneadas en los
términos del artículo 136 ib. (antes 144 CPC)»30.
69. Por lo anterior, a través de la causal 5 del recurso extraordinario de revisión, no
puede invocarse una nulidad que haya ocurrido con antelación a la sentencia, salvo el
caso de aquellas que, aunque acontecieron de forma previa a la decisión, «[…] no
pudieron ser advertidas por el recurrente durante el curso del proceso. Sin embargo,
26 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 14, sentencia del 13
de octubre de 2020, exp. 11001-03-15-000-2019-00119-00(REV).
27 Ibidem.
28 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 19 de septiembre de 2023, exp.
11001-03-15-000-2020-03585-00.
29 Antes el artículo 140 del CPC.
30 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 3, sentencia del 3
de agosto de 2022, exp. 11001031500020211146300.
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el afectado deberá demostrar que no tuvo la oportunidad de manifestar la nulidad, para
evitar que este medio de impugnación extraordinario se convierta en una tercera
instancia, en la que las partes pueden subsanar sus omisiones»31.
70. Adicionalmente, la Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo del Consejo de
Estado ha avalado la procedencia del recurso extraordinario de revisión, sustentado
en la causal de nulidad originada en la sentencia, en determinados eventos
supralegales que comportan una lesión grave del derecho fundamental al debido
proceso.
71. Sin embargo, no cualquier violación del debido proceso previsto genéricamente
en el artículo 29 de la Constitución Política da lugar a la configuración de la causal de
nulidad originada en la sentencia, sino solo en los escenarios que expresamente ha
reconocido la jurisprudencia, lo cual puede ocurrir, entre otras, por las siguientes
circunstancias excepcionales32:
-Cuando la decisión se haya fundado exclusivamente en una prueba recaudada con
violación al debido proceso33.
-Cuando la decisión haya sido firmada por un número mayor o menor de magistrados
o se adoptó con un número de votos distinto a que prevé la ley.
-Cuando la providencia carezca por completo de motivación34.
-Cuando la decisión transgreda el principio de la non reformatio in pejus35.
-Cuando la providencia pase por alto el principio de congruencia36.
-Cuando se profiera un fallo de carácter condenatorio en contra de una persona que
no fue vinculada al proceso37; y
-Cuando la decisión haya consistido en un fallo inhibitorio injustificado38.
72. De tal forma que, esta corporación ha reconocido que «[…] no cualquier
irregularidad resulta subsumible en la causal quinta de revisión derivada del artículo
29 constitucional, sino solo aquel vicio de carácter sustancial que incida en la decisión
por afectar el núcleo esencial del derecho fundamental al debido proceso […]. Esto
implica, que le corresponde al juez analizar, en cada caso en particular, si el vicio que
se alega impacta el debido proceso y la correcta aplicación de la justicia material de
manera que tenga la entidad suficiente para permear la inmutabilidad de la cosa
juzgada»39.
31 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 14, sentencia del 13
de octubre de 2020, exp. 11001-03-15-000-2019-00119-00(REV).
32 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 19 de septiembre de 2023, exp.
11001-03-15-000-2020-03585-00.
33 Consejo de Estado, Sala Trece Especial de Decisión, sentencia de 7 de junio de 2016, radicación: 11001-03-15-
000-2015-02493-00 (REV).
34 Consejo de Estado, Sala Cinco Especial de Decisión, sentencia de 3 de febrero de 2015, radicación: 11001-03-
15-000-2009-00494-00 (REV).
35 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia de 2 de marzo de 2010, radicación:
11001-03-15-000-2001-00091-01 (REV).
36 Consejo de Estado, Sala Veintidós Especial de Decisión, sentencia de 2 de febrero de 2016, radicación: 11001-
03-15-000-2015-02342-00 (REV).
37 Consejo de Estado, Sala Veintiuno Especial de Decisión, sentencia de 17 de junio de 2022, radicación: 11001-
03-15-000-2014-04059-00 (REV).
38 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 8 de mayo de 2018, exp. 11001-
03-15-000-1998-00153-01.
39 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 19 de septiembre de 2023, exp.
11001-03-15-000-2020-03585-00.
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73. De tal manera que, como «[…] no puede haber nulidad sin texto legal que la
consagre»40, el recurso extraordinario de revisión por la causal 5 del artículo 250 del
CPACA procede por los supuestos previstos en las disposiciones adjetivas y la
jurisprudencia vigente.
3.7. Caso concreto
74. El señor Fernando Landazábal Velandia presentó recurso extraordinario bajo el
argumento de que la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, está incursa en la
causal de revisión de existir nulidad originada en la sentencia, puesto que violó el
principio de congruencia al no resolver los cargos propuestos en el recurso de
apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado
Segundo Administrativo de Girardot.
75. Sostuvo que en el recurso de apelación solicitó al Tribunal adicionar la sentencia
de primera instancia con el fin de que se estudiaran todos los hechos y las pretensiones
de la demanda, que no fueron analizados por el Juzgado. Afirmó que el fallo de
segunda instancia tampoco resolvió de forma completa y rigurosa las objeciones
relacionadas con el reconocimiento del reajuste salarial del 20%; la prima de actividad
y el subsidio familiar.
76. Ahora bien, se tiene que el señor Fernando Landazábal Velandia en la demanda
de nulidad y restablecimiento del derecho 25307-33-33-002-2020-00176-00/01,
solicitó la nulidad de los actos administrativos mediante los cuales se negó el
reconocimiento y pago de la diferencia salarial del 20%; la prima de actividad; y el
subsidio de familia.
77. En consecuencia, pidió a título de restablecimiento del derecho, lo siguiente: (i)
el reconocimiento y pago de la prima de actividad, según los porcentajes establecidos
en las normas vigentes, para oficiales y suboficiales; (ii) el pago de la diferencia salarial
del 20% dejada de percibir, como salario básico mensual, conforme a la Ley 131 de
1985 y al Decreto 1794 de 2000; (ii) la reliquidación de todas las prestaciones sociales,
teniendo en cuenta un salario básico equivalente al mínimo legal incrementado en un
60%; (iii) la actualización de los valores adeudados conforme al IPC; y (iv) el pago de
costas y agencias en derecho. De manera subsidiaria, pidió aplicar las figuras de
excepción de inconstitucionalidad y de convencionalidad para inaplicar los actos
administrativos acusados.
78. En vista de lo expuesto, el fundamento principal de las pretensiones versó en la
presunta vulneración del principio de igualdad, bajo el argumento de que el accionante
ejercía las mismas funciones de los soldados profesionales que antes del 31 de
diciembre de 2000 se desempeñaron como voluntarios; y que, al igual que los oficiales
y suboficiales del Ejército Nacional, se encuentra en el mismo supuesto de hecho de
estar «en servicio activo», previsto en el Decreto 1211 de 1990, para el reconocimiento
de la prima de actividad y el subsidio familiar.
79. Para efectos de verificar la congruencia de las decisiones judiciales, resulta
pertinente examinar si las sentencias de primera y segunda instancia dieron respuesta
a los planteamientos formulados en la demanda y en el recurso de apelación, y si
cuentan con una carga argumentativa suficiente que sustente la decisión adoptada.
40 Ibidem.
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Recurrente: Fernando Landazábal Velandia
80. En lo que respecta a la primera instancia, se advierte que el Juzgado Segundo
Administrativo de Girardot, en sentencia del 10 de junio de 2022, consideró lo
siguiente:
[…]
El señor FERNANDO LANDAZÁBAL VELANDIA ingresó al Ejército Nacional como
soldado profesional, incorporado al Régimen de Carrera y Estatuto del Personal de
Soldados Profesionales de las Fuerzas Militares (Decreto Ley 1793/2000), en calidad de
soldado nuevo, sin haber sido soldado voluntario, afirmación que se extrae de los hechos
de la demanda y que ratifica la parte actora en los alegatos, sin que exista oposición y/o
debate por parte del EJÉRCITO NACIONAL. Lo anterior, también respaldado en el oficio
No. 2021317001977741 del 23 de septiembre de 2021 y la constancia emitida por la
Sección de Atención al Usuario DIPER en la misma data.
De esta manera, se encuentra acreditado que el demandante nunca ostentó la calidad
de soldado voluntario, ni se encontraba vinculado con anterioridad al 31 de diciembre de
2000, requisito sine qua non a fin de aplicar la excepción de que trata el inciso 2° del
artículo 1° del Decreto 1794 del 2000.
Entretanto, el demandante no acreditó, ni siquiera mencionó, la fecha en la cual contrajo
matrimonio con la señora Lina Lorena Quintero, empero sí se observa conforme a la
certificación de haberes devengados en la nómina de noviembre de 2020 que percibió́
la partida del subsidio familiar en proporción del 26% del salario, en aplicación de lo
dispuesto en el Decreto 1161 de 2014, al tiempo que se advierte que los efectos fiscales
del subsidio en mención tuvieron lugar desde el 19 de agosto de 2014.
[…]
En estas condiciones, la parte actora no ingresó antes del 31 de diciembre de 2000 como
soldado voluntario al Ejército Nacional, sin haber gozado de derecho adquirido alguno,
de manera tal que no le asiste derecho a aplicar a la excepción contenida en el inciso 2o
del artículo 1o del Decreto 1794 del 2000.
De otro lado, con fundamento en las premisas normativas y jurisprudenciales que
anteceden, concluye el Juzgado que la pretensión frente al reconocimiento y pago de la
prima de actividad será́ negada, pues, como ampliamente se expuso, este factor salarial
es reconocido a servidores de las Fuerzas Militares vinculados a partir de requisitos
distintos de los exigidos a quienes funjan como soldados profesionales, aunado a la
naturaleza disímil de las funciones que unos y otros cumplen. De ahí́ pues, que no se
advirtiere al punto un tratamiento discriminatorio en contra del actor.
Entretanto, la pretensión encaminada al ajuste del subsidio familiar en aplicación del
artículo 11 del Decreto 1794 de 2000 será́ negada, pues como se indicó, el demandante
no acreditó la fecha en la cual contrajo matrimonio (tanto así́ que ni siquiera asumió la
carga mínima, cual era indicarla expresamente en el cuerpo de la demanda), siendo
imposible establecer si para ese momento surtían los efectos del Decreto 1794 de 2000.
Por lo tanto, se negarán las pretensiones formuladas.
81. Inconforme con la decisión anterior, el accionante interpuso recurso de
apelación en el que solicitó revocar la sentencia de primera instancia. Los argumentos
centrales de la alzada, como se indicó en el acápite «2.1.4. Recurso de apelación de
la parte demandante», se fundaron en la falta de congruencia de la sentencia y en la
solicitud de complementación para resolver integralmente los puntos planteados, que,
de modo general, la Sala evidencia, versaron sobre la supuesta vulneración del
principio de igualdad en materia salarial y prestacional. Ello, al pretender comparar a
los soldados que como el señor Fernando Landazábal Velandia ingresaron de manera
directa a ser soldados profesionales con quienes fueron previamente soldados
voluntarios y pasaron a ser profesionales; y frente a los oficiales y suboficiales.
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82. Con posterioridad, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección D profirió sentencia de segunda instancia el 19 de enero de
2023, en la que planteó como problemas jurídicos a resolver los siguientes:
i) si al demandante Fernando Landazábal Velandia, le asiste derecho al reajuste de su
asignación básica, en 1 salario mínimo legal mensual vigente, incrementado en un 60%,
como se les viene reconociendo a los Soldados Voluntarios que se vincularon en
vigencia de la Ley 131 de 1985 o si deben aplicársele en su integridad, las normas
contenidas en el Decreto 1794 de 2000. (sic) ii) si tiene derecho al reconocimiento de la
prima de actividad y iii) si se debe Reliquidar (sic) el subsidio familiar de conformidad
con el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, no como lo hizo la entidad con el Decreto
1161 de 2014.
83. Al desarrollar los anteriores interrogantes, consideró lo que a continuación se
detalla:
84. En cuanto al reajuste salarial del 20%:
De la jurisprudencia transcrita y las normas expuestas en el acápite anterior, se concluye
que, los soldados e infantes de marina profesionales que se encontraban vinculados
como voluntarios al 31 de diciembre de 2000, tienen derecho a que su asignación básica
sea el equivalente a un salario mínimo incrementado en un 60%, y no en un 40%.
Ahora bien, teniendo en cuenta que el señor Fernando Landazábal Velandia, prestó el
servicio militar obligatorio en el Ejército Nacional, del 19 de mayo de 1999 al 18 de
septiembre de 2000, luego a partir del 8 de enero de 2002, ingresó como Soldado
Profesional hasta el 28 de febrero de 2021, fecha en que fue dado de alta en el mismo
grado, según la certificación obrante en la página 4 del archivo 24 del expediente digital;
debe decirse que la pretensión de reajuste de la asignación básica en un 20%
representado por la diferencia entre el monto reconocido (salario mínimo incrementado
en 40%) y el monto regulado por el art. 1º inciso 2º del Decreto 1794 de 2000 (salario
mínimo incrementado en el 60%), debe negarse, habida cuenta que, el actor nunca
ostentó la calidad de soldado voluntario y en consecuencia, no le resulta aplicable la
prerrogativa que el inciso 2º del artículo 1º del Decreto 1794 de 2000 otorgó a esta clase
de soldados que posteriormente fueron incorporados como profesionales, por lo que se
torna improcedente reliquidar su asignación básica, así como las demás prestaciones
sociales como la prima de actividad, ya que no la devengó.
Ahora, lo que pide el demandante es que se inaplique por excepción de
inconstitucionalidad el inciso primero del artículo 1º del Decreto 1794 de 2000, que prevé
la asignación básica de los soldados profesionales vinculados directamente, en 1
SMLMV incrementado en un 40%, argumentando para el efecto, el desconocimiento del
principio de igualdad frente a los soldados voluntarios que fueron incorporados como
profesionales que devengan el mismo salario pero incrementado en un 60%.
Al respecto, debe resaltarse que, la norma en comento regula a los soldados voluntarios
que se vincularon en vigencia de la Ley 131 de 1985, y está encaminada a proteger los
derechos adquiridos de quienes posteriormente pasaron a ser soldados e infantes de
marina profesionales, pero como ya se indicó no es el caso del actor.
[…]
Con todo, se concluye que en esta oportunidad, no se cumple el primer presupuesto del
test de igualdad, pues, se requiere la existencia de supuestos o situaciones que objetiva,
material y funcionalmente sean equiparables, a fin de establecer “qué es lo igual que
merece un trato igual y qué es lo divergente que exige, por consiguiente, un trato
diferenciado”; lo anterior, por cuanto el demandante no se encuentra en una situación
igual que los soldados voluntarios que ingresaron al Ejército Nacional con anterioridad
al 31 de diciembre de 2000.
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85. Respecto a la prima de actividad:
No es una partida computable para liquidar la asignación de retiro, en razón a que no se
encuentra taxativamente señalada en la norma aplicable para los soldados
profesionales, ya que el Decreto 1794 de 2000 indicó que devengarían de manera
adicional a la asignación básica la prima de antigüedad, la de servicio anual, vacaciones
y navidad, así como el subsidio familiar y cesantías, factores que se liquidan tomando
como base el sueldo devengado mensualmente, lo que hace imposible su
reconocimiento ni en aplicación de los principios de igualdad, favorabilidad, ni aun por
inconstitucionalidad de las normas que rigen la situación de dicho personal, para
reconocer derechos que si reciben oficiales y suboficiales de las fuerzas Militares, por
ser claramente diferentes tanto en su situación fáctica como normativa.
86. En lo relacionado con el subsidio familiar:
[…] como lo adujo el a quo que no hay prueba idónea, legal ni pertinente que hubiese
sido aportada o solicitada por la parte interesada oportunamente, como sería el registro
civil de matrimonio, por ejemplo, para poder establecer la fecha en que contrajo
matrimonio con la señora Lina Lorena Quintero, pues en el plenario solo se evidencia la
hoja de servicios en la que se encuentra el parentesco, más no se puede establecer cuál
es la fecha exacta de dicha unión; por lo que no hay lugar de acceder a tal pretensión,
de conformidad con el artículo 167 del C.G.P., en concordancia con la sentencia
proferida el 3 de agosto de 2017, Por (sic) la Sección segunda del Consejo de Estado,
C.P. William Hernández Gómez dentro del expediente No. 1162-14; en tal sentido se
confirmara la sentencia de primera instancia.
87. En este orden de ideas, se destaca que el Tribunal encontró probado que la
vinculación del demandante como soldado profesional del Ejército Nacional se produjo
con posterioridad a la entrada en vigor del Decreto 1794 de 2000, esto es, a partir del
8 de enero de 2002. En consecuencia, conforme con las pruebas obrantes en el
proceso y las reglas fijadas en la sentencia de unificación CE-SUJ2-003-16 del 25 de
agosto de 2016, radicado 850013333002-2013-000060-01 (3420-2015), concluyó que
el recurrente no tenía derecho al reajuste salarial del 20%, de manera que su
asignación básica correspondía al salario mínimo mensual incrementado en un 40%.
Añadió que como el accionante no se encontraba en una situación igual a la de los
soldados profesionales que eran voluntarios antes del 31 de diciembre de 2000, no le
era aplicable el principio de igualdad.
88. Por otra parte, la autoridad judicial determinó que al demandante no le asistía
el derecho al reconocimiento y pago de la prima de actividad, porque los soldados
profesionales tienen su propio régimen salarial y prestacional, previsto en el Decreto
1794 de 2000, el cual es distinto al de los demás miembros de la Fuerza Pública y no
establece el emolumento solicitado. Además, estimó que no era posible aplicar al caso
concreto los principios de igualdad ni favorabilidad (artículo 53 de la Constitución
Política); así como tampoco inaplicar la norma en mención, comoquiera que los
soldados profesionales no se encontraban en las misma situación fáctica y jurídica de
los oficiales y suboficiales.
89. Por último, el Tribunal señaló que debido a que no se allegó al plenario prueba
alguna que acreditara la fecha en la que el accionante contrajo matrimonio, se negaría
el reconocimiento y pago del subsidio familiar.
90. Advertido lo anterior, la Sala considera que la sentencia de segunda instancia
no resulta violatoria del principio de congruencia. En efecto, la decisión abordó la
controversia central planteada en las pretensiones de la demanda, relativas al reajuste
salarial del 20%, y al reconocimiento y pago de la prima de actividad, y el subsidio
familiar; incluso analizó lo atinente a la excepción de inconstitucionalidad.
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91. Lo anterior, toda vez que el Tribunal, al expedir la decisión objeto del recurso
extraordinario, explicó de manera clara que el Decreto 1794 de 2000 resultaba
aplicable a la situación fáctica del demandante. Sostuvo que en su artículo 1, la referida
norma prevé que los soldados profesionales vinculados a las fuerzas militares a partir
de su entrada en vigor devengan un sueldo equivalente al salario mínimo legal vigente
incrementado en un 40%; mientras que, en los términos del inciso 2, quienes al 31 de
diciembre de 2000 se encontraban como soldados voluntarios y posteriormente fueron
incorporados como profesionales tienen derecho a percibir una asignación equivalente
al salario mínimo legal incrementado en un 60%, de acuerdo con la Ley 131 de 1985.
92. De la misma manera, argumentó la negativa de ordenar el reconocimiento de la
prima de actividad, en el hecho de que el cargo desempeñado por el recurrente no se
encontraba dentro de aquellos a los que la ley otorgó dicho beneficio, ni se equiparaba
al de oficiales o suboficiales de las fuerzas militares; razón por la cual se justificaba un
tratamiento diferente entre unos cargos y otros. Por otro lado, la negativa al subsidio
familiar versó sobre la falta de prueba.
93. Sumado a lo anterior, de la revisión detallada y transversal de los argumentos
planteados en el recurso extraordinario sobre la falta de pronunciamiento en las
instancias judiciales —esto es, los fundamentos de la demanda y los cargos de la
apelación respecto de los cuales se alegó omisión—, la Sala precisa que ellos se
relacionan con la presunta vulneración del principio de igualdad en materia salarial y
prestacional, al comparar a los soldados que ingresaron en forma directa a ser
profesionales con los soldados voluntarios que pasaron a ser profesionales; así como
con respecto a los oficiales y suboficiales.
94. Estos argumentos fueron abordados de manera sustancial en ambas instancias,
al concluirse que no era posible predicar la vulneración del derecho a la igualdad, como
tampoco del artículo 53 de la Constitución Política, dado que el demandante no se
encontraba en la misma condición de los empleos frente a los cuales alegaba una
desmejora laboral. Asimismo, se precisó que tampoco se configuraba dicha
vulneración frente a los soldados voluntarios que posteriormente pasaron a ser
profesionales, por cuanto la distinción normativa obedeció a la garantía de los
derechos adquiridos de estos miembros de la Fuerza Pública, reconocidos en la Ley
131 de 1985.
95. Así las cosas, se estima que la sentencia cuestionada que profirió el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca no violó el principio de congruencia porque no omitió
pronunciarse sobre el objeto del litigio, ni frente a los argumentos del recurso de
apelación contra la sentencia de primera instancia, de manera tal que no se incurrió
en una afectación del debido proceso.
96. Al respecto, es importante recordar que el recurso extraordinario de revisión no
es una oportunidad para que la parte recurrente cuestione la decisión proferida por el
Tribunal que fue adversa a sus intereses, cuando de lo visto está demostrado que la
autoridad actuó de acuerdo con la fijación del litigio y el ámbito de su competencia
definido por los cargos del recurso de apelación.
97. En consecuencia, se estima que la causal de revisión alegada no se configura
y, en realidad, el recurrente pretende emplear este mecanismo extraordinario como
una nueva instancia, propósito que resulta improcedente.
98. Lo anterior guarda coherencia con la postura adoptada por esta Sección del
Consejo de Estado en un caso similar al presente—recurso extraordinario de revisión
relacionado con el reajuste salarial del 20% y la prima de actividad, cuyo apoderado
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de la parte recurrente es el mismo abogado del asunto de la referencia41—, en el que
se concluyó que la providencia no vulneraba el principio de congruencia y, en
consecuencia, se declaró infundado el recurso. Al respecto, se dijo42:
Se advierte, además, que el tribunal abordó los argumentos expuestos en el recurso de
apelación, en la medida en que determinó, la no transgresión del derecho a la igualdad,
ni del artículo 53 de la Constitución Política, pues luego de realizar el recuento normativo
y jurisprudencial aplicable al sub lite, concluyó que las condiciones de quienes se
vincularon como soldados voluntarios y pasaron a ser, por disposición del Gobierno
nacional, soldados profesionales, no son iguales a las de aquellos que, como el actor,
accedieron a la institución en forma directa, como soldados profesionales.
Señaló que tampoco se constituía una violación al referido derecho a raíz de la negativa
al reconocimiento de la prima de actividad, pues enfatizó en que la condición del actor y
la de los oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares no era la misma, lo cual
justificaba un tratamiento diferente, conforme lo había sostenido esta corporación y la
Corte Constitucional.
Bajo ese panorama, es incorrecto y opuesto al tecnicismo requerido para sustentar la
causal invocada, realizar cuestionamientos motivados en la aplicación o interpretación
indebida de una disposición normativa, comoquiera que esta observación escapa del
ámbito de la aludida causal, en tanto pertenece al debate ordinario.
Finalmente, de acuerdo con el expediente del proceso ordinario, observa la Sala que el
hoy recurrente en la demanda presentada en el marco del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, ventiló similares argumentos a los expuestos en esta
oportunidad, lo que evidencia que pretende utilizar el recurso extraordinario de revisión
como una tercera instancia.
99. En atención a lo expuesto, como en el caso bajo estudio no se configuró la
causal de revisión dispuesta en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA, por violación
al principio de congruencia, se declarará infundado el recurso extraordinario de la
referencia43.
3.8. Conclusión
100. Según se estudió, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca se pronunció
sobre el objeto del litigio del proceso adelantado por el señor Fernando Landazábal
Velandia y respecto a los cargos propuestos contra la sentencia de primera instancia.
Por ende, en el presente asunto no se vulneró el principio de congruencia y, en
consecuencia, no se configuró la causal de revisión invocada, de manera que el
recurso se declarará infundado.
3.9. Costas
101. En este punto, para decidir sobre las costas procesales, la presente providencia
acogerá el criterio de interpretación mayoritario44 de la Subsección sobre el artículo
41 Abogado Wilmer Yackson Peña Sánchez.
42 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 21 de marzo de 2024, proceso 11001-03-25-
000-2022-00214-00 (0361-2022), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
43 Que exige que en la providencia exista armonía entre la parte motiva y la parte resolutiva de la misma, lo que se
denomina congruencia interna, y que la decisión que ella contenga, sea concordante con lo pedido por las partes
tanto en la demanda, como en el escrito de oposición, denominada congruencia externa, es decir, se tome la
decisión conforme se ha marcado la controversia en el proceso.
44 La magistrada ponente considera que la modificación que la Ley 2080 de 2021 introdujo al artículo 255 del
CPACA, en materia de costas, implica la adopción de un criterio objetivo valorativo por varias razones, a saber: (i)
se adopta la regla de procedencia en materia de costas para el recurso extraordinario de revisión bajo el supuesto
de que se declare infundado el recurso; (ii) el artículo 255 del CPACA debe leerse conjuntamente con los artículos
365 y 366 del CGP para efectos de verificar la causación y la comprobación de las cosas procesales; y (iii) la
temeridad o mala fe deben ser valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el
propósito de determinar la eventual responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas».
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Recurrente: Fernando Landazábal Velandia
255 del CPACA, modificado por el artículo 70 de la Ley 2080 de 2021, consistente en
que para decretar la condena en costas debe verificarse, a través de un juicio de
ponderación subjetiva, si la parte vencida actuó de manera temeraria o de mala fe 45.
Por lo tanto, en el caso concreto, no habrá lugar a imponer dicha condena en atención
a que, si bien el recurso se declarará infundado, no se advierte que la parte recurrente
haya incurrido en las anteriores conductas, durante el trámite del presente asunto.
IV. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: DECLARAR infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto
por el señor Fernando Landazábal Velandia en contra de la sentencia proferida el 19
de enero de 2023, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección D, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: Sin condena en costas, de acuerdo con lo expuesto en esta sentencia.
TERCERO: ARCHIVAR el expediente de la referencia, una vez realizadas las
anotaciones pertinentes en el sistema de Gestión Judicial SAMAI.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado Electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta a través del siguiente enlace https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspxx.
45 Sobre el particular, pueden verse las sentencias de: (i) 22 de agosto de 2024, Rad. 11001-03-25-000-2016-00813-
00 (3722-2016). MP Juan Enrique Bedoya Escobar, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda,
Subsección B; (ii) 18 de julio de 2024, Rad. 11001-03-25-000-2017-00079-00 (0354-2017). MP Jorge Edison
Portocarrero Banguera, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B.
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