Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2023-00344-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2023-00344-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2023-00344-00
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
16 de octubre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá, D. C., dieciséis (16) de octubre de dos mil veinticinco (2025)
Radicación: 11001-03-25-000-2023-00344-00 (5002-2023)
Recurrente: Carlos José Mejía Reyes
Asunto: Recurso extraordinario de revisión
Tema: recurso extraordinario de revisión. Causal del numeral 5 del artículo 250 del
CPACA. Nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso. Reiteración de
jurisprudencia.
SENTENCIA QUE RESUELVE EL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
La Sala resuelve el recurso extraordinario de revisión interpuesto por el señor Carlos
José Mejía Reyes contra la sentencia del 16 de marzo de 2023, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, que
confirmó la decisión de primera instancia del Juzgado Segundo Administrativo de
Girardot que negó las pretensiones de la demanda.
I. SÍNTESIS DEL CASO
El señor Carlos José Mejía Reyes interpuso recurso extraordinario de revisión contra
la sentencia del 16 de marzo de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, invocando la causal quinta del
artículo 250 del CPACA, al considerar que la decisión vulneró el principio de
congruencia, porque supuestamente no se pronunció sobre todos los motivos de
inconformidad desarrollados contra el fallo de primera instancia.
II. ANTECEDENTES
2.1. Proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
1. A partir de las pruebas aportadas por el recurrente las cuales se valorarán de
acuerdo con las reglas probatorias establecidas en el Código General del Proceso, en
adelante CGP1, y el expediente ordinario allegado a este trámite, la Sala sintetiza, a
continuación, los siguientes hechos relevantes y actuaciones del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el radicado número 25307-33-33-002-
2021-00101-00/012.
2.1.1. La demanda
2. El señor Carlos José Mejía Reyes presentó demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho en contra de la Nación, Ministerio de Defensa Nacional,
Ejército Nacional, en la que pidió lo siguiente3:
1 Según el artículo 246 del CGP: «Las copias tendrán el mismo valor probatorio del original, salvo cuando por
disposición legal sea necesaria la presentación del original o de una determinada copia».
2 Samai, índice 12, documento 12RECIBEMEMORIAL_CES2SECRCONSEJODEEST(.pdf).
3 Samai, índice 12, documento 12RECIBEMEMORIAL_CES2SECRCONSEJODEEST(.pdf), link 202100101NR03,
carpeta C1 Principal, archivo 002 DemandaAnexos.
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Recurrente: Carlos José Mejía Reyes
(i) Se declare la existencia del acto ficto que se configuró por la no respuesta de la
entidad accionada a la petición de reconocimiento y pago de la diferencia salarial
del 20% y de la prima de actividad, con radicado A4KRPT6W3G.
(ii) Se declare la nulidad del acto administrativo ficto negativo, a través del cual la
entidad demandada negó al demandante el reconocimiento y pago de la diferencia
salarial del 20% y la prima de actividad.
(iii) En subsidio, en caso de no acceder a la anterior declaratoria de nulidad, se
inaplique por inconstitucional el acto acusado y en su lugar, se atiendan los artículos
13, 25, 53 y 209 de la Constitución Política. Asimismo, se declare la excepción de
convencionalidad, en el sentido de dar cumplimiento a los artículos 1, 2, 23 y 24 de
la Convención Americana de Derechos Humanos.
(iv) A título de restablecimiento del derecho, pidió que se declarara que el
demandante ha realizado las mismas funciones de un soldado profesional que fue
voluntario; y que, al igual que los oficiales y suboficiales del Ejército Nacional, está
en el mismo supuesto de hecho que establece la norma para el reconocimiento y
pago de la prima de actividad.
(v) Se condene a la entidad demandada al reconocimiento y pago a favor del
accionante de la diferencia salarial del 20% dejada de percibir, de acuerdo con la
Ley 131 de 1985 y el Decreto 1794 de 2000, y la prima de actividad.
(vi) Se ordene a la entidad accionada reliquidar las prestaciones sociales del
demandante, teniendo en cuenta el salario básico equivalente al mínimo legal
incrementado en un 60%.
(vii) Se condene a que los valores adeudados se actualicen de conformidad con IPC;
que se condene en costas procesales y agencias en derecho; y se dé cumplimiento
a la sentencia de conformidad con el artículo 192 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso - Administrativo (en adelante CPACA).
3. Fundamentó su demanda en que los soldados profesionales han sido objeto de
desigualdad y discriminación. Por ejemplo, en caso de muerte no existe la posibilidad
de una pensión, a diferencia de los oficiales y suboficiales del Ejército Nacional; se
disminuyó en un 20% el salario de los soldados que se vincularon en vigencia de la
Ley 131 de 1985; y las partidas computables para la asignación de retiro son distintas
a los oficiales y suboficiales.
4. Sostuvo que el acto administrativo acusado transgrede el principio de igualdad
del artículo 13 de la Constitución Política, por cuanto desconoce que, a trabajo igual,
salario igual; así como el principio de realidad sobre las formas. Adujo que los soldados
voluntarios que, en aplicación de la Ley 131 de 1985, fueron incorporados a
profesionales, devengan un salario mensual equivalente al salario mínimo legal
vigente, incrementado en un 60% del mismo salario; mientras que los soldados
profesionales, que no fueron antes voluntarios, perciben un salario mensual
aumentado en un 40%, según el Decreto 1794 de 2000. Lo anterior, materializa un
trato injustificado a dos grupos que desempeñan las mismas funciones dentro del
Ejército Nacional.
5. Manifestó que el acto demandado no se fundamentó en los principios de la
función pública, de manera que vulneró la carrera administrativa de las fuerzas
militares. Además, obvió el principio de salario justo y proporcional a la cantidad y
calidad de trabajo de los artículos 25 y 53 de la Constitución Política, comoquiera que
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el patrimonio de los soldados que antes fueron voluntarios se acrecentó; en cambio, el
de quienes se vincularon como soldados profesionales, se empobreció.
6. Por otro lado, afirmó que la accionada vulnera el principio de igualdad del
demandante, pues pese a que en condición de soldado profesional cumple con el
supuesto de hecho de estar «en servicio activo», dispuesto en el Decreto 1211 de
1990, no tiene derecho a percibir la prima de actividad que sí se otorga a los oficiales
y suboficiales del Ejército Nacional. Ello, evidencia la falta de un criterio objetivo para
dar un trato diferente a ambos miembros de la entidad.
2.1.2. Contestación de la demanda
7. La Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional contestó la
demanda oponiéndose a las pretensiones, toda vez que para el momento en que el
accionante se vinculó a la entidad en calidad de soldado profesional se encontraban
vigentes los decretos 1793 y 1794 de 2000, habiendo aceptado de manera libre y
voluntaria el régimen salarial y prestacional en ellos contenido4.
8. Adujo que, en la sentencia de unificación de jurisprudencia del 25 de agosto de
2016 proferida por el Consejo de Estado, se definió que procede la reliquidación
salarial de quienes ostentando la calidad de soldados voluntarios fueron incorporados
como profesionales, bajo el régimen previsto en los decretos 1793 y 1794 de 2000;
ordenando así, incluir dentro de la liquidación salarial y prestacional el 20% que
dejaron de percibir.
9. Añadió que, según se dijo en la providencia de aclaración y adición, el anterior
criterio no transgrede el principio de igualdad, por cuanto el tratamiento igual solo
puede predicarse entre iguales y en el caso, las situaciones a comparar no son fáctica
ni normativamente similares.
10. Indicó que la prima de actividad concebida para los miembros de las fuerzas
militares se destina única y exclusivamente a los oficiales y suboficiales. Por tal razón,
los soldados profesionales están excluidos de recibir la mencionada prestación.
11. Relató que no se vulnera el derecho a la igualdad del accionante, toda vez que
el personal de suboficiales y oficiales de las fuerzas militares y los soldados
profesionales, no se encuentran en estado de igualdad. Señaló que la ley prevé
funciones específicas y diferentes para los primeros, quienes tienen una experiencia e
idoneidad en especialidad propias que no ostenta el soldado profesional.
2.1.3. Sentencia de primera instancia
12. El Juzgado Segundo Administrativo de Girardot profirió sentencia el 10 de junio
de 2022 en la que se negaron las pretensiones de la demanda5.
13. Explicó que el régimen salarial previsto en el Decreto 1794 de 2000 que cobija
a los soldados profesionales no se equipara, en punto al porcentaje aumentado del
salario básico, al de los soldados que antes se desempeñaban como voluntarios bajo
la Ley 131 de 1985, toda vez que los primeros (los nuevos soldados profesionales) al
ingresar a las filas no gozaban de derecho adquirido alguno. Tal circunstancia impide
brindar un trato equiparable a los soldados profesionales que se incorporaron desde
el 1 de enero de 2001 y a quienes eran soldados voluntarios con antelación.
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Samai, índice 12, documento 12RECIBEMEMORIAL_CES2SECRCONSEJODEEST(.pdf), link 202100101NR03,
carpeta C1 Principal, archivo 028 Contestación.
5 Samai, índice 12, documento 12RECIBEMEMORIAL_CES2SECRCONSEJODEEST(.pdf), link 202100101NR03,
carpeta C1 Principal, archivo 036 095nr21101Ejercito20%PnolgualdadPrimaActividad.
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Recurrente: Carlos José Mejía Reyes
14. Relató que en la sentencia de unificación dictada el 25 de agosto de 2016 por
el Consejo de Estado, se definió que la correcta interpretación del artículo 1 inciso 2
del Decreto 1794 de 2000 alude a que los soldados voluntarios, hoy profesionales,
tienen derecho a percibir una asignación salarial mensual equivalente a un salario
mínimo legal vigente incrementado en un 60%. En providencia de aclaración del 6 de
octubre del mismo año, se precisó que no se vulneró el derecho a la igualdad respecto
de los soldados profesionales vinculados en vigencia de los decretos 1793 y 1794 de
2000, comoquiera que el tratamiento igual solo se puede predicar entre iguales.
15. Señaló que el Decreto 1794 de 2000 no incluyó la prima de actividad; así que,
no es de recibo el pretender que este se inaplique por inconstitucional conforme con
los artículos 4 y 13 de la Constitución Política, para acudir a disposiciones que regulan
los salarios y prestaciones de otra clase de servidores de la Fuerza Pública. El hecho
que los oficiales y suboficiales de las fuerzas militares devenguen una prima de
actividad que no perciben los soldados profesionales se justifica en los roles que
ambos grupos desempeñan.
16. Afirmó que, según se probó en el plenario, el señor Carlos José Mejía Reyes
ingresó al Ejército Nacional como soldado profesional, incorporado al régimen de
carrera y estatuto del personal de soldados profesionales de las fuerzas militares
(Decreto 1794 de 2000), en calidad de soldado nuevo. Por tal razón el accionante
nunca ostentó la calidad de soldado voluntario, ni se encontraba vinculado antes del
31 de diciembre de 2000, requisito sine qua non a fin de aplicar la excepción de que
trata el inciso 2 del artículo 1 del Decreto 1794 de 20006. Así, no tiene derecho al
incremento salarial del 60% ni a la prima de actividad.
2.1.4. Recurso de apelación de la parte demandante
17. La parte demandante interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia
de primera instancia, en el que insistió en que el señor Carlos José Mejía Reyes tiene
derecho al reconocimiento y pago de la diferencia salarial del 20%; y la prima de
actividad, en calidad de soldado profesional. Alegó que desconocer sus derechos
vulnera el principio de igualdad, toda vez que recibe un trato salarial diferente a
quienes fueron soldados voluntarios antes del 31 de diciembre de 2000, así como en
relación con los oficiales y suboficiales del Ejército, pese a tener las mismas funciones
que ellos7.
18. Manifestó que la sentencia de primera instancia transgredió el principio de
congruencia, en tanto omitió pronunciarse sobre algunos hechos y pretensiones de la
demanda. En punto, el artículo 55 de la Ley Estatutaria de Justicia dispone que la
sentencia deberá referirse a todos los hechos y asuntos planteados en el proceso por
los sujetos procesales.
19. Afirmó que se dictó un fallo non liquet, al argumentarse que «el enunciado
descriptivo no ha sido probado por la parte», lo cual vulneró el derecho al debido
proceso del accionante, comoquiera que el juez de instancia no ejerció la actividad
probatoria de oficio.
6 Artículo 1. Asignación salarial mensual. Los soldados profesionales que se vinculen a las Fuerzas Militares
devengarán un (1) salario mensual equivalente al salario mínimo legal vigente, incrementado en un cuarenta por
ciento (40%) del mismo salario.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el parágrafo del artículo siguiente, quienes al 31 de diciembre del año 2000 se
encontraban como soldados de acuerdo con la Ley 131 de 1985, devengarán un salario mínimo legal vigente
incrementado en un sesenta por ciento (60%).
7 Samai, índice 12, documento 12RECIBEMEMORIAL_CES2SECRCONSEJODEEST(.pdf), link 202100101NR03,
carpeta C1 Principal, archivo 039ApelacionSentencia.
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20. Indicó como cargos contra la sentencia apelada los siguientes:
(i) Desconocimiento del tema petendi de la demanda, toda vez que no se hizo el
comparativo del accionante respecto de aquellos soldados que antes de la entrada en
vigor del Decreto 1794 de 2000 se encontraban vinculados como voluntarios y luego de
este, continuaron en la institución en calidad de soldados profesionales.
(ii) Incurrió en error al considerar que no eran pasibles de comparación los soldados que
habían sido voluntarios y los soldados profesionales, dada la existencia de dos
regímenes diferentes; máxime cuando al haberse acogido al Decreto 1793 de 2000, este
les es aplicable por igual, habiendo quedado derogada la Ley 131 de 1985.
(iii) Los efectos de la sentencia de unificación proferida el 25 de agosto de 2016 por el
Consejo de Estado no pueden extenderse al caso concreto, por cuanto solo puede
aplicarse a los soldados profesionales que hubiesen sido vinculados como voluntarios.
Además, en aquella no se abordó el derecho fundamental a la igualdad salarial en la
modalidad a trabajo igual, salario igual.
(iv) Yerra la sentencia en afirmar que existe un régimen de transición laboral para los
soldados voluntarios y que por ello el demandante no tiene derecho a la diferencia del
20% del salario reclamada en la demanda.
(v) Incurre en error el Juzgado al estimar que el accionante no puede acceder a la
diferencia salarial, dada la naturaleza jurídica que tiene para quienes fueron soldados
voluntarios.
(vi) Se negó el «restablecimiento de la igualdad en un criterio objetivo ficticio», pues la
fecha de vinculación no es un parámetro que justifique un trato desigual. A su vez, se
desconoció el precedente fijado en la sentencia T-097 de 2006, según el cual la
diferencia salarial entre trabajadores no puede sustentarse en argumentos meramente
formales como la fecha de vinculación a un cargo.
(vii) Se desconocen las sentencias T-369 de 2016; T-097 de 2006; T -545 A de 2007; T-
833 de 2012, entre otras.
(viii) Se desconoce el precedente constitucional contenido en las sentencias C-022 de
1996; C-862 de 2008 y C-536 de 2016, en las que se señala que «la carga argumentativa
está inclinada a favor de la igualdad».
(ix) No conformó la proposición jurídica completa de las normas aplicables para resolver
la litis, pues se omitió aplicar la sentencia SU-519 de 1997, reiterada en la sentencia SU-
547 de 1997.
(x) Se desconoce la igualdad formal en la cual se encuentra el accionante con relación
a los soldados profesionales que antes fueron soldados voluntarios.
(xi) Se pretermitió la valoración de los medios de convicción que obran en el expediente,
que permiten comparar la igualdad de los sujetos a comparar.
(xii) Se negó de manera arbitraria a reconocer y valorar los hechos probados en el
proceso con relación a la igualdad material.
(xiii) Se desconocieron las sentencias T-230 de 1994; T-079 de 1999 y T-247 de 2019,
en las que se fija el contenido del derecho fundamental del debido proceso probatorio.
(xiv) No existe prueba que justifique el trato desigual que recibe el accionante.
(xv) Se desconoció la inversión de la carga de la prueba, pues la entidad accionada
debía acreditar el trato desigual que ofrece al demandante.
(xvi) Se desconoció el artículo 53 de la Constitución Política.
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(xvii) Se tuvo por probado, sin estarlo, la existencia del pago proporcional al accionante
de un salario acorde a la cantidad y calidad de trabajo que aporta a la institución.
(xviii) Se vulneraron los principios de la función pública, y de la carrera administrativa.
(xix) No se resolvió la excepción de inconstitucionalidad.
(xx) No se realizó ningún test de ponderación de derechos.
(xxi) Se incurrió en un yerro al afirmar que de reconocerse la igualdad salarial se incurriría
en una violación al principio de la inescendibilidad normativa.
(xxii) La excepción de inconstitucionalidad invocada es procedente.
21. Señaló como cargos respecto a la prima de actividad, los siguientes:
(i) Los sujetos en el juicio de comparación si son comparables.
(ii) Se incurrió en un yerro de tipo conceptual entre la naturaleza jurídica del salario y la
naturaleza jurídica de la prestación salarial.
(iii) Se desconoció que el accionante acredita las condiciones de hecho para ser
acreedor de la prima de actividad.
(iv) El juzgado no tuvo en cuenta que la entidad accionada no probó ningún criterio
objetivo de justificación del derecho a la no discriminación.
(v) No se puede asumir que es justificado el trato de exclusión de la prima de actividad.
(vi) Se desconoció el precedente de la Corte Constitucional previsto en las sentencias
C-022 de 1996; C-862 de 2008; y C-536 de 2016.
(vii) Se desconoció el precedente de la Corte Constitucional previsto en las sentencias
T-230 de 1994; T-079 de 1995; T-335 de 2000; y T-247 de 2010.
(viii) Se desconoció la inversión de la prueba y la presunción de discriminación.
2.1.5. Sentencia objeto del recurso extraordinario de revisión
22. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A,
en sentencia dictada el 16 de marzo de 2023 confirmó la decisión de primera instancia
con los siguientes argumentos8:
23. Indicó que el Decreto 1794 de 2000 estableció el régimen salarial y prestacional
para los soldados profesionales. Aquellos que se vincularan luego del 31 de diciembre
de 2000, devengarían un salario mínimo legal vigente, incrementado en un 40% del
mismo salario; mientras que quienes venían vinculados en virtud de la Ley 131 de
1985, esto es, como soldados voluntarios, se les mantendría como retribución del
servicio un salario mínimo legal vigente incrementado en un 60%.
24. Afirmó que el primero de los supuestos es el aplicable al accionante, toda vez
que se vinculó como soldado profesional con posterioridad al 31 de diciembre de 2000,
por lo que su asignación básica corresponde a un salario mínimo incrementado en un
40%.
8 Samai, índice 12, documento 12RECIBEMEMORIAL_CES2SECRCONSEJODEEST(.pdf), link 202100101NR03,
carpeta C2 Tribunal, archivo 5_1SENTENCIA20230425084807.
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25. Explicó que según lo ha definido la jurisprudencia de la Corte Constitucional9, el
juicio de igualdad o proporcionalidad se divide en tres etapas: (i) definir el criterio de
comparación: precisar si los supuestos de hecho son susceptibles de compararse y si
se comparan sujetos de la misma naturaleza; (ii) determinar si en el plano fáctico y en
el plano jurídico existe un trato desigual entre iguales o igual entre desiguales; y (iii)
averiguar si la diferencia de trato está constitucionalmente justificada.
26. Sostuvo que, el accionante afirmó que los soldados que ingresaron como
voluntarios antes de la entrada en vigor del Decreto 1794 de 2000 y que fueron
incorporados como soldados profesionales, tienen idénticas funciones,
responsabilidades, derechos, deberes y régimen pensional y laboral que quienes
ingresaron directamente al escalafón, por lo que no hay motivo alguno constitucional
que avale la diferencia salarial que existe entre ambos, prevista en el artículo 1 del
Decreto 1794 de 2000. Sin embargo, lo cierto es que en sentencia del 25 de agosto de
201610 el Consejo de Estado concluyó que los soldados e infantes de marina
profesionales que se encontraban vinculados como voluntarios al 31 de diciembre de
2000, tienen derecho a que su asignación básica sea el equivalente a un salario
mínimo incrementado en un 60%, y no en un 40%; predicándose así una protección
de derechos adquiridos, además de una serie de diferencias objetivas en cuanto a su
vinculación, esto es, la antigüedad de unos y la novedad de otros, y la remuneración
mínima que recibían los voluntarios.
27. Aclaró que no es posible realizar un juicio de igualdad entre los soldados
voluntarios que luego fueron enlistados como profesionales y los soldados
profesionales que se vincularon por vez primera, en la medida que el tratamiento igual
solo puede predicarse entre iguales, y en este caso, las situaciones a comparar no son
fáctica ni normativamente similares. Ello, en tanto la diferencia obedece a la protección
de los derechos adquiridos prevista en el artículo 58 de la Constitución Política, en lo
que respecta a aquellos que venían de ser soldados voluntarios, por lo que se entiende
justificado el monto del salario básico que percibían en vigencia de la Ley 131 de 1985.
28. Precisó que no procede la excepción de inconstitucionalidad, en relación con el
inciso primero del artículo 1 del Decreto 1794 de 2000, comoquiera que la
diferenciación entre soldados voluntarios que pasaron a profesionales y los que se
incorporaron directamente, tiene fundamentos de hecho legales, sin desconocer
principios constitucionales.
29. Adujo, en cuanto a la prima de actividad que no devengan los soldados
profesionales, cuyo reconocimiento se solicita sobre la presunta vulneración del
principio de igualdad, respecto a los oficiales y suboficiales, que existen patrones que
impiden hacer juicios de comparación, comenzando por el hecho de que se trata de
una institución jerarquizada, en la que la remuneración depende de los escalafones,
grados, especialidad, antigüedad, naturaleza funcional, entre otras. Por ende, en lo
único que pueden asimilarse los oficiales y soldados profesionales es en que son parte
de la Fuerza Pública, sin que ello implique la realización de las mismas funciones y/o
asuman las mismas responsabilidades.
30. Concluyó que la actuación de la demandada no vulneró el principio de igualdad
y tampoco existía fundamento normativo que permitiera prosperar el recurso de
apelación.
9 Citó: Sentencia T-230 DE 1994 y C-022 de 1996.
10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 25 de agosto de
2016, Rad. radicado 25001333300220130006001(3420-2015), M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
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2.2. Recurso extraordinario de revisión
31. El señor Carlos José Mejía Reyes interpuso recurso extraordinario de revisión
el 22 de agosto de 202311, a través de la ventanilla virtual del Sistema de Gestión
Judicial SAMAI, contra la sentencia de segunda instancia proferida el 16 de marzo de
2023 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. El recurso se fundamentó en la
causal 5 del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, consistente en la existencia de
nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede
recurso de apelación12.
32. Alegó que el Tribunal no se pronunció sobre la solicitud de adición de la
sentencia de primera instancia para analizar de forma exhaustiva todas las omisiones
en las que se incurrió, ni sobre la petición de declaratoria de nulidad de dicha sentencia
por violación del derecho fundamental al debido proceso y del principio de
congruencia. Añadió que esas omisiones procesales configuran yerros in procedendo
que vulneran el artículo 55 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, que
establece que las sentencias judiciales deberán referirse a todos los hechos y asuntos
planteados en el proceso, así como los artículos 280 y 281 del CGP sobre el contenido
y congruencia de las sentencias.
33. El recurrente fundamentó su recurso en los ejes argumentativos que se
resumen a continuación:
Del reajuste salarial del 20%
34. Sostuvo que el Tribunal de segunda instancia incurrió en omisiones sustanciales
al no resolver los múltiples aspectos planteados en el recurso de apelación sobre el
reajuste salarial del 20%. En primer lugar, argumentó que la sentencia no motivó ni
estudió las premisas fácticas presentadas en los hechos 8, 9, 14, 15, 21, 22, 23 y 24
de la demanda, los cuales constituían el sustento probatorio para el juicio de igualdad
en la modalidad trabajo igual—salario igual. Estos hechos, según expone, establecían
que la carrera administrativa de los soldados profesionales está conformada tanto por
soldados voluntarios incorporados como por nuevos soldados profesionales, y que
ambos grupos ejecutan idénticas funciones bajo el mismo régimen, con la única
diferencia en el componente salarial.
35. Adujo que la sentencia tampoco resolvió los fundamentos jurídicos relacionados
con la situación histórica de discriminación sistemática de los derechos laborales de
los soldados profesionales, ni los cargos por violación del principio de igualdad del
artículo 13 de la Constitución Política en sus diversas modalidades. Resaltó que el
Tribunal omitió pronunciarse sobre el cargo de violación del principio de trabajo igual
salario igual, bajo la modalidad de realidad sobre las formas, así como sobre la
transgresión de los principios de la función pública y del salario justo y proporcional.
36. Indicó que propuso 22 cargos específicos en el recurso de apelación que no
fueron analizados por el Tribunal. Entre estos se destacan: el desconocimiento del
thema petendi de la demanda; el error al considerar que no son comparables los
sujetos propuestos en el juicio de igualdad; la indebida aplicación de la sentencia de
unificación dictada el 25 de agosto de 2016 por el Consejo de Estado con radicado
número 85001333300220130006001 (3420-2015); el yerro al considerar la existencia
de un régimen de transición laboral para los soldados voluntarios; y el desconocimiento
sistemático de precedentes constitucionales sobre el derecho a la igualdad, la carga
argumentativa y el debido proceso probatorio.
11 Samai, índice 01.
12 Samai, índice 03.
8
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Recurrente: Carlos José Mejía Reyes
De la prima de actividad
37. La parte recurrente sostuvo que la sentencia no analizó que el demandante, al
igual que los oficiales y suboficiales del Ejército Nacional, se encontraba en el mismo
supuesto de hecho contemplado por la norma para el reconocimiento y pago de la
prima de actividad y que, por lo tanto, era discriminado por la entidad al no
reconocérsele dicha prestación.
38. Afirmó que los 8 cargos presentados en la apelación sobre el tema no fueron
resueltos, incluyendo entre estos: la comparabilidad de los sujetos en el juicio de
igualdad propuesto; el yerro conceptual entre la naturaleza jurídica del salario y la
prestación salarial; el desconocimiento de que el demandante acreditaba las
condiciones del supuesto hipotético normativo; y la ausencia de criterios objetivos de
justificación por parte de la entidad demandada para el trato diferencial.
2.3. Trámite del recurso extraordinario de revisión
39. Esta corporación admitió el recurso en auto del 30 de noviembre de 2023 y
ordenó la notificación personal de esta decisión a la Nación, Ministerio de Defensa
Nacional, Ejército Nacional y al Ministerio Público13.
40. Esta decisión fue notificada debidamente14; no obstante, no hubo contestación
alguna.
41. A través de auto del 21 de agosto de 2025 se decretó y tuvo como prueba la
copia de: la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho; el escrito por el cual
se interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia del 10 de
junio de 2022, proferida por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Girardot
dentro del proceso con radicado número 25307-33-33-002-2021-00101-00; la
sentencia de segunda instancia del 16 de marzo de 2023, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, dentro del proceso
con radicado número 25307-33-33-002-2021-00101-01; y el respectivo expediente
digital que fue allegado15.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
42. La Sala tiene competencia para conocer del recurso extraordinario de revisión
interpuesto por el señor Carlos José Mejía Reyes contra la sentencia del 16 de marzo
de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección A, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 249 del
CPACA16.
3.2. Oportunidad
43. La sentencia objeto del recurso fue proferida el 16 de marzo de 2023, se notificó
el 9 de mayo de 202317, y quedó ejecutoriada el 16 de mayo de 2023, en aplicación de
lo previsto en los artículos 302 del CGP y 205 del CPACA modificado por el artículo 52
de la Ley 2080 de 2021. Así, como el señor Carlos José Mejía Reyes interpuso el
13 Samai, índice 06.
14 Samai, índices 09 y 10.
15 Samai, índice 17.
16
«De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos
conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia».
17 Samai, índice 12, documento 12RECIBEMEMORIAL_CES2SECRCONSEJODEEST(.pdf), link 202100101NR03,
carpeta C2 Tribunal, archivo DNotificacion_T133281012336892405.
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extraordinario de revisión el 22 de agosto de 2023, según obra en la anotación
realizada a índice 1 del aplicativo SAMAI, su radicación fue oportuna, dentro del término
dispuesto por el artículo 251 del CPACA18.
3.3. Legitimación en la causa
44. El señor Carlos José Mejía Reyes está legitimado en la causa para ser parte en
este trámite, toda vez que fue demandante en el proceso ordinario de nulidad y
restablecimiento del derecho19.
3.4. Problema jurídico
45. De acuerdo con los argumentos del recurso extraordinario de revisión,
corresponde a la Sala determinar si:
46. ¿La sentencia impugnada desconoció el objeto del litigio y omitió resolver de
fondo los cargos del recurso de apelación, incurriendo en la causal 5 de artículo 250
del CPACA?
47. Para resolver el problema jurídico, la Sala se referirá, en primer lugar, a la
naturaleza del recurso extraordinario de revisión; luego abordará el alcance de la
causal prevista en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA atinente a que exista nulidad
originada en la sentencia; en tercer lugar, resolverá el caso en concreto; y, por último,
decidirá sobre la condena en costas.
3.5. Naturaleza del recurso extraordinario de revisión
48. El recurso extraordinario de revisión ha sido considerado por la jurisprudencia y
la doctrina nacional como un mecanismo de impugnación y, al mismo tiempo, una
excepción al principio de inmutabilidad de las decisiones judiciales que ponen fin a una
controversia, siempre que estén incursas en alguna de las causales previstas
taxativamente en el artículo 250 del CPACA20.
49. El objeto de este mecanismo es el restablecimiento de la justicia material del
fallo recurrido cuando haya sido afectado por situaciones exógenas que no pudieron
analizarse en el curso del proceso. Por ello, no puede ser utilizado para corregir errores
judiciales. Es un medio excepcional de impugnación de las decisiones judiciales,
regulado en los artículos 248 y subsiguientes del CPACA21, para casos en que la
decisión judicial está inmersa en supuestos como «[…] la falsedad, el fraude, el error,
la aparición de documentos decisivos que hubieren modificado el sentido de la decisión
[…]», entre otros22.
50. Por tal motivo, el carácter excepcional del recurso extraordinario de revisión
supone que no puede utilizarse «[…] para cuestionar la actividad interpretativa, ni la
valoración probatoria del juez, ni para que el afectado con la sentencia proponga
cuestiones que no alegó oportunamente en el proceso originario. Es un instrumento
18 «El recurso podrá interponerse dentro del año siguiente a la ejecutoria de la respectiva sentencia».
19 Esta calidad fue reconocida en el auto admisorio de la demanda ordinaria proferido por el Juzgado Segundo
Administrativo de Girardot el 13 de agosto de 2021. índice 12, documento
12RECIBEMEMORIAL_CES2SECRCONSEJODEEST(.pdf), link 202100101NR03, carpeta C1 Principal, archivo
020 1458nr21101EjércitoAdmiteDdayRequiere.
20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 22, sentencia del 5 de julio
de 2024, Rad. 11001-03-15-000-2022-03940-00.
21
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 22, sentencia del 5 de abril
de 2024, Rad. 11001-03-15-000-2023-04705-00.
22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 22, sentencia del 5 de julio
de 2024, Rad. 11001-03-15-000-2022-03940-00.
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para discutir y ventilar ciertos hechos procesales externos a la labor funcional del juez,
que pueden llegar a afectar el principio de justicia material»23.
51. De ahí deviene la importancia de que los hechos del caso se subsuman en la
causal invocada sin necesidad de recurrir a interpretaciones amplias que reabran la
discusión como si se tratara de una nueva instancia judicial.
52. Para lograr lo anterior, se exige del recurrente «una carga argumentativa precisa
[…], toda vez que debe hacerse de manera técnica, rigurosa y fundamentada […]» 24.
Así pues, la parte que acuda al recurso extraordinario de revisión bajo el amparo de
una de las causales previstas para su procedencia tiene el deber de «[…] explicar
cuáles son los motivos que la soportan y, especialmente, los hechos que sirven de
fundamento para su configuración»25.
3.6. Causal de revisión contenida en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA:
nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso
53. El artículo 250 del CPACA regula las causales del recurso extraordinario de
revisión. En particular, en su numeral 5, establece como causal:
5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no
procede recurso de apelación.
54. El alcance de esta causal es restrictivo en la medida en que exige «[…] que
concurran dos supuestos: el primero, que la nulidad se origine en la sentencia que
puso fin al proceso y, el segundo, que contra el fallo cuestionado no proceda recurso
de apelación»26.
55. No obstante, como el CPACA no regula expresamente en qué escenarios se
configura una nulidad originada en la sentencia, la jurisprudencia se ha encargado de
dotar de contenido el numeral 5 del artículo 250 ibidem.
56. En estos términos, ha considerado que esta situación se configura por las
causales de nulidad insaneables establecidas en el artículo 133 del CGP27. De tal
manera que, no cualquier circunstancia habilita la procedencia del recurso
extraordinario de revisión, sino solo las causales expresamente dispuestas como vicios
de nulidad, siempre que estos concurran en la sentencia que definió la controversia, y
no en etapas procesales anteriores a la decisión.
57. Así se pronunció la Sala Especial de Decisión 3 del Consejo de Estado en
decisión del 29 de junio de 2022, en la que advirtió que habilitar la procedencia del
recurso extraordinario de revisión frente a situaciones ocurridas con anterioridad a la
sentencia «[…] se convertiría en una anormal oportunidad para que las partes
subsanen las omisiones del proceso ordinario y aleguen nulidades o errores
procesales que debieron proponer en la oportunidad prevista en el artículo 134 CGP
(antes el artículo 142 CPC) o para proponer nulidades que quedaron saneadas en los
términos del artículo 136 ib. (antes 144 CPC)»28.
23 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 3, sentencia del 3
de agosto de 2022, Rad. 11001031500020211146300.
24 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 14, sentencia del 13
de octubre de 2020, exp. 11001-03-15-000-2019-00119-00(REV).
25 Ibidem.
26 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 19 de septiembre de 2023, exp.
11001-03-15-000-2020-03585-00.
27 Antes el artículo 140 del CPC.
28 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 3, sentencia del 3
de agosto de 2022, exp. 11001031500020211146300.
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58. Por lo anterior, a través de la causal 5 del recurso extraordinario de revisión, no
puede invocarse una nulidad que haya ocurrido con antelación a la sentencia, salvo el
caso de aquellas que, aunque acontecieron de forma previa a la decisión, «[…] no
pudieron ser advertidas por el recurrente durante el curso del proceso. Sin embargo,
el afectado deberá demostrar que no tuvo la oportunidad de manifestar la nulidad, para
evitar que este medio de impugnación extraordinario se convierta en una tercera
instancia, en la que las partes pueden subsanar sus omisiones»29.
59. Adicionalmente, la Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo del Consejo de
Estado ha avalado la procedencia del recurso extraordinario de revisión, sustentado
en la causal de nulidad originada en la sentencia, en determinados eventos
supralegales que comportan una lesión grave del derecho fundamental al debido
proceso.
60. Sin embargo, no cualquier violación del debido proceso previsto genéricamente
en el artículo 29 de la Constitución Política da lugar a la configuración de la causal de
nulidad originada en la sentencia, sino solo en los escenarios que expresamente ha
reconocido la jurisprudencia, lo cual puede ocurrir, entre otras, por las siguientes
circunstancias excepcionales30:
-Cuando la decisión se haya fundado exclusivamente en una prueba recaudada con
violación al debido proceso31.
-Cuando la decisión haya sido firmada por un número mayor o menor de magistrados
o se adoptó con un número de votos distinto a que prevé la ley.
-Cuando la providencia carezca por completo de motivación32.
-Cuando la decisión transgreda el principio de la non reformatio in pejus33.
-Cuando la providencia pase por alto el principio de congruencia34.
-Cuando se profiera un fallo de carácter condenatorio en contra de una persona que
no fue vinculada al proceso35; y
-Cuando la decisión haya consistido en un fallo inhibitorio injustificado36.
61. De tal forma que, esta corporación ha reconocido que «[…] no cualquier
irregularidad resulta subsumible en la causal quinta de revisión derivada del artículo
29 constitucional, sino solo aquel vicio de carácter sustancial que incida en la decisión
por afectar el núcleo esencial del derecho fundamental al debido proceso […]. Esto
implica, que le corresponde al juez analizar, en cada caso en particular, si el vicio que
se alega impacta el debido proceso y la correcta aplicación de la justicia material de
29 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 14, sentencia del 13
de octubre de 2020, exp. 11001-03-15-000-2019-00119-00(REV).
30 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 19 de septiembre de 2023, exp.
11001-03-15-000-2020-03585-00.
31 Consejo de Estado, Sala Trece Especial de Decisión, sentencia de 7 de junio de 2016, radicación: 11001-03-15-
000-2015-02493-00 (REV).
32 Consejo de Estado, Sala Cinco Especial de Decisión, sentencia de 3 de febrero de 2015, radicación: 11001-03-
15-000-2009-00494-00 (REV).
33 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia de 2 de marzo de 2010, radicación:
11001-03-15-000-2001-00091-01 (REV).
34 Consejo de Estado, Sala Veintidós Especial de Decisión, sentencia de 2 de febrero de 2016, radicación: 11001-
03-15-000-2015-02342-00 (REV).
35
Consejo de Estado, Sala Veintiuno Especial de Decisión, sentencia de 17 de junio de 2022, radicación: 11001-
03-15-000-2014-04059-00 (REV).
36 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 8 de mayo de 2018, exp. 11001-
03-15-000-1998-00153-01.
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manera que tenga la entidad suficiente para permear la inmutabilidad de la cosa
juzgada»37.
62. De tal manera que, como «[…] no puede haber nulidad sin texto legal que la
consagre»38, el recurso extraordinario de revisión por la causal 5 del artículo 250 del
CPACA procede por los supuestos previstos en las disposiciones adjetivas y la
jurisprudencia vigente.
3.7. Caso concreto
63. El señor Carlos José Mejía Reyes presentó recurso extraordinario bajo el
argumento de que la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, está incursa en la
causal de revisión de existir nulidad originada en la sentencia, puesto que violó el
principio de congruencia al no resolver los cargos propuestos en el recurso de
apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado
Segundo Administrativo de Girardot.
64. Sostuvo que en el recurso de apelación solicitó al Tribunal adicionar la sentencia
de primera instancia con el fin de que se estudiaran todos los hechos y las pretensiones
de la demanda, que no fueron analizados por el Juzgado. Afirmó que el fallo de
segunda instancia tampoco resolvió de forma completa y rigurosa las objeciones
relacionadas con el reconocimiento del reajuste salarial del 20% y la prima de
actividad.
65. Ahora bien, se tiene que el señor Carlos José Mejía Reyes en la demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho 25307-33-33-002-2021-00101-00/01, solicitó la
nulidad del acto administrativo mediante el cual se negó el reconocimiento y pago de
la diferencia salarial del 20% y la prima de actividad.
66. En consecuencia, pidió a título de restablecimiento del derecho, lo siguiente: (i)
el reconocimiento y pago de la prima de actividad, según los porcentajes establecidos
en las normas vigentes, para oficiales y suboficiales; (ii) el pago de la diferencia salarial
del 20% dejada de percibir, como salario básico mensual, conforme a la Ley 131 de
1985 y al Decreto 1794 de 2000; (iii) la reliquidación de todas las prestaciones sociales,
teniendo en cuenta un salario básico equivalente al mínimo legal incrementado en un
60%; (iv) la actualización de los valores adeudados conforme al IPC; y (v) el pago de
costas y agencias en derecho. De manera subsidiaria, pidió aplicar las figuras de
excepción de inconstitucionalidad y de convencionalidad frente al acto administrativo
acusado.
67. En vista de lo expuesto, el fundamento principal de las pretensiones versó en la
presunta vulneración del principio de igualdad, bajo el argumento de que el accionante
ejercía las mismas funciones de los soldados profesionales que antes del 31 de
diciembre de 2000 se desempeñaron como voluntarios; y que, al igual que los oficiales
y suboficiales del Ejército Nacional, se encuentra en el mismo supuesto de hecho de
estar «en servicio activo», previsto en el Decreto 1211 de 1990, para el reconocimiento
de la prima de actividad.
68. Para efectos de verificar la congruencia de la decisión judicial, resulta pertinente
examinar si la sentencia de segunda instancia dio respuesta a los planteamientos
formulados en el recurso de apelación, y si cuenta con una carga argumentativa
suficiente que sustente la decisión adoptada.
37 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 19 de septiembre de 2023, exp.
11001-03-15-000-2020-03585-00.
38 Ibidem.
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69. Ahora bien, para verificar la congruencia de la sentencia objeto del recurso
extraordinario de revisión, dado que dicha providencia resolvió la alzada interpuesta
contra la decisión de primera instancia, resulta pertinente destacar lo resuelto en esta
última. En ese sentido, se observa que el Juzgado Segundo Administrativo de Girardot,
en sentencia del 10 de junio de 2022, consideró lo siguiente:
[…]
El señor CARLOS JOSÉ MEJÍA REYES ingresó al Ejército Nacional como soldado
profesional, incorporado al Régimen de Carrera y Estatuto del Personal de Soldados
Profesionales de las Fuerzas Militares (Decreto Ley 1793/2000), en calidad de soldado
nuevo, sin haber sido soldado voluntario, afirmación que se extrae de los hechos de la
demanda y que ratifica la parte actora en los alegatos sin que exista oposición y/o debate
por parte del EJÉRCITO NACIONAL. Por modo, conforme a la constancia expedida por
la Sección de Atención al Usuario DIPER del Ejército Nacional el 26 de octubre de 2020
[…], es diáfano que el actor solo ha fungido como soldado profesional, dada su
incorporación desde el 1 de abril de 2001 (alumno).
De esta manera, se encuentra acreditado que el demandante nunca ostentó la calidad
de soldado voluntario, ni se encontraba vinculado con anterioridad al 31 de diciembre de
2000, requisito sine qua non a fin de aplicar la excepción de que trata el inciso 2° del
artículo 1° del Decreto 1794 del 2000.
[…]
En estas condiciones, la parte actora no ingresó antes del 31 de diciembre de 2000 como
soldado voluntario al Ejército Nacional, sin haber gozado de derecho adquirido alguno,
de manera tal que no le asiste derecho a aplicar a la excepción contenida en el inciso 2o
del artículo 1o del Decreto 1794 del 2000.
De otro lado, con fundamento en las premisas normativas y jurisprudenciales que
anteceden, concluye el Juzgado que la pretensión frente al reconocimiento y pago de la
prima de actividad será́ negada, pues, como ampliamente se expuso, este factor salarial
es reconocido a servidores de las Fuerzas Militares vinculados a partir de requisitos
distintos de los exigidos a quienes funjan como soldados profesionales, aunado a la
naturaleza disímil de las funciones que unos y otros cumplen. De ahí pues, que no se
advirtiere al punto un tratamiento discriminatorio en contra del actor, (sic) Por lo tanto,
se negarán las pretensiones formuladas.
70. Inconforme con la decisión anterior, el accionante interpuso recurso de
apelación en el que solicitó revocar la sentencia de primera instancia. Los argumentos
centrales de la alzada, como se indicó en el acápite «2.1.4. Recurso de apelación de
la parte demandante», se fundaron en la falta de congruencia de la sentencia y en la
solicitud de complementación para resolver integralmente los puntos planteados, que,
de modo general, la Sala evidencia, versaron sobre la supuesta vulneración del
principio de igualdad en materia salarial y prestacional. Ello, al pretender comparar a
los soldados que como el señor Carlos José Mejía Reyes ingresaron de manera directa
a ser soldados profesionales con quienes fueron previamente soldados voluntarios y
pasaron a ser profesionales; y frente a los oficiales y suboficiales.
71. Con posterioridad, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección A profirió sentencia de segunda instancia el 16 de marzo de
2023, en la que planteó como problemas jurídicos a resolver los siguientes:
El primero, consiste en determinar si es procedente reconocerle al señor CARLOS JOSÉ
MEJÍA REYES, en su condición de soldado profesional vinculado con posterioridad al 31
de diciembre de 2000, la asignación básica prevista en el inciso 2º del artículo 1º del
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Decreto 1794 de 2000, equivalente a 1 S.M.L.M.V., adicionada en un 60 %, en igualdad
con los que se vincularon como soldados voluntarios.
Y el segundo, si bajo el principio de igualdad con los oficiales y suboficiales de las
Fuerzas Militares, es procedente reconocer a los soldados profesionales la prima de
actividad.
72. Al desarrollar los anteriores interrogantes, consideró lo que a continuación se
detalla:
73. En cuanto al reajuste salarial del 20%:
[…] el supuesto de hecho aplicable al demandante se encuentra contenido en el inciso
1º de la norma trascrita, ya que su vinculación fue de manera posterior a 31 de diciembre
de 2000; de ahí que su asignación básica corresponde a un salario mínimo legal mensual
incrementado en un 40 % del mismo.
Lo que motiva la demanda y el recurso de apelación es que en criterio de la parte actora,
no tiene porqué existir diferencia entre la remuneración que se paga a los soldados
voluntarios que pasaron a profesionales y los que ingresaron directamente como
profesionales a partir de 1º de enero de 2001, ya que las funciones que desarrollan son
las mismas y por tanto, todos deben recibir el pago de una asignación mensual
equivalente a un salario mínimo legal mensual incrementado en un 60%; de lo contrario,
se vulneraría el principio de igualdad señalado en el artículo 53 superior, exactamente
frente al postulado de “trabajo igual, salario igual”.
Siendo el principio de igualdad el ingrediente medular que causa la presente demanda,
resulta oportuno traer como referencia algunos pronunciamientos de la Corte
Constitucional, relacionados directamente con los regímenes salariales y prestacionales
de los empleados públicos y la necesidad de que existan algunos factores diferenciales.
[…]
[E]l derecho a la igualdad implica la comprobación de situaciones fácticas y de hecho
idénticas o similares que ameritan un trato igual, situación que no se presenta en el caso
bajo análisis toda vez que, pese a ostentar el mismo rango de soldados profesionales,
los enunciados normativos analizados distinguen en este género de uniformados dos
categorías, esto es, los soldados voluntarios que pasaron a ser profesionales y antes
habían prestado el servicio militar obligatorio; y los que ingresaron a ser profesionales
de manera directa durante la vigencia del Decreto 1794 de 2000, respecto de quienes,
como lo estableció el Consejo de Estado en la sentencia de unificación, se presentó una
transición en la que se distinguió a los voluntarios que pasaron a profesionales y los que
ingresaron a partir del 1º de enero de 2001 directamente como profesionales,
predicándose de los primeros una protección de derechos adquiridos; además la
existencia de una serie de diferencias objetivas en cuanto a su vinculación, esto es, la
antigüedad de unos y la novedad de otros; así como la remuneración mínima que
percibían los voluntarios.
[…]
Por tales argumentos no resulta procedente la aplicación de la excepción de
inconstitucionalidad, puntualmente en relación con el inciso 1° del artículo 1° del Decreto
1794 de 2000, ya que la diferenciación entre los soldados voluntarios que pasaron a
profesionales y los que se incorporaron directamente tiene fundamentos de hecho,
legales y además no desconoce principios constitucionales.
[…]
74. Respecto a la prima de actividad:
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En cuanto a la prima de actividad, cuyo reconocimiento se peticiona sobre la base de
una presunta vulneración al principio de igualdad, porque, a diferencia de los Oficiales y
Suboficiales de las Fuerzas Militares, los soldados profesionales no la devengan,
nuevamente la Sala acude al criterio, según el cual, la igualdad se predica entre iguales,
y en este caso sí que existen patrones que impiden hacer juicios de comparación,
empezando por el hecho de que se trata de una institución netamente jerarquizada, cuya
remuneración depende de los escalafones, grados, especialidad, antigüedad, naturaleza
funcional, entre otras; de ahí que lo único en que pueden asimilarse los oficiales y los
soldados profesionales es el hecho de hacer parte de la fuerza pública, pero ello no
implica que realicen las mismas funciones y/o asuman las mismas responsabilidades.
75. En este orden de ideas, se destaca que el Tribunal encontró probado que la
vinculación del demandante como soldado profesional del Ejército Nacional se produjo
con posterioridad a la entrada en vigor del Decreto 1794 de 2000. En consecuencia,
conforme con las pruebas obrantes en el proceso y las reglas fijadas en la sentencia
de unificación CE-SUJ2-003-16 del 25 de agosto de 2016, radicado 850013333002-
2013-000060-01 (3420-2015), concluyó que el recurrente no tenía derecho al reajuste
salarial del 20%, de manera que su asignación básica correspondía al salario mínimo
mensual incrementado en un 40%. Añadió que como el accionante no se encontraba
en una situación igual a la de los soldados profesionales que eran voluntarios antes
del 31 de diciembre de 2000, no le era aplicable el principio de igualdad.
76. Por otra parte, la autoridad judicial determinó que al demandante no le asistía
el derecho al reconocimiento y pago de la prima de actividad, porque los soldados
profesionales tienen su propio régimen salarial y prestacional, previsto en el Decreto
1794 de 2000, el cual es distinto al de los demás miembros de la Fuerza Pública y no
establece el emolumento solicitado. Además, estimó que no era posible aplicar al caso
concreto los principios de igualdad; así como tampoco inaplicar la norma en mención,
comoquiera que los soldados profesionales no se encontraban en las misma situación
fáctica y jurídica de los oficiales y suboficiales.
77. Advertido lo anterior, la Sala considera que la sentencia de segunda instancia
no resulta violatoria del principio de congruencia. En efecto, la decisión abordó la
controversia central planteada en las pretensiones de la demanda, relativas al reajuste
salarial del 20%, y al reconocimiento y pago de la prima de actividad; incluso analizó
lo atinente a la excepción de inconstitucionalidad.
78. Lo anterior, toda vez que el Tribunal, al expedir la decisión objeto del recurso
extraordinario, explicó de manera clara que el Decreto 1794 de 2000 resultaba
aplicable a la situación fáctica del demandante. Sostuvo que en su artículo 1, la referida
norma prevé que los soldados profesionales vinculados a las fuerzas militares a partir
de su entrada en vigor devengan un sueldo equivalente al salario mínimo legal vigente
incrementado en un 40%; mientras que, en los términos del inciso 2, quienes al 31 de
diciembre de 2000 se encontraban como soldados voluntarios y posteriormente fueron
incorporados como profesionales tienen derecho a percibir una asignación equivalente
al salario mínimo legal incrementado en un 60%, de acuerdo con la Ley 131 de 1985.
79. De la misma manera, argumentó la negativa de ordenar el reconocimiento de la
prima de actividad, en el hecho de que el cargo desempeñado por el recurrente no se
encontraba dentro de aquellos a los que la ley otorgó dicho beneficio, ni se equiparaba
al de oficiales o suboficiales de las fuerzas militares; razón por la cual se justificaba un
tratamiento diferente entre unos cargos y otros.
80. Sumado a lo anterior, de la revisión detallada y transversal de los argumentos
planteados en el recurso extraordinario sobre la falta de pronunciamiento en las
instancias judiciales —esto es, los fundamentos de la demanda y los cargos de la
apelación respecto de los cuales se alegó omisión—, la Sala precisa se relacionan con
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Recurrente: Carlos José Mejía Reyes
la presunta vulneración del principio de igualdad en materia salarial y prestacional, al
comparar a los soldados que ingresaron en forma directa a ser profesionales con los
soldados voluntarios que pasaron a ser profesionales; así como con respecto a los
oficiales y suboficiales.
81. Estos argumentos fueron abordados de manera sustancial en ambas instancias,
al concluirse que no era posible predicar la vulneración del derecho a la igualdad, dado
que el empleo del demandante no se encontraba en la misma condición frente a los
cuales alegaba una desmejora laboral. Asimismo, se precisó que tampoco se
configuraba dicha vulneración frente a los soldados voluntarios que posteriormente
pasaron a ser profesionales, por cuanto la distinción normativa obedeció a la garantía
de los derechos adquiridos de estos miembros de la Fuerza Pública, reconocidos en
la Ley 131 de 1985.
82. Así las cosas, se estima que la sentencia cuestionada que profirió el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca no violó el principio de congruencia porque no omitió
pronunciarse sobre el objeto del litigio, ni frente a los argumentos del recurso de
apelación contra la sentencia de primera instancia, de manera tal que no se incurrió
en una afectación del debido proceso.
83. Al respecto, es importante recordar que el recurso extraordinario de revisión no
es una oportunidad para que la parte recurrente cuestione la decisión proferida por el
Tribunal que fue adversa a sus intereses, cuando de lo visto está demostrado que la
autoridad actuó de acuerdo con la fijación del litigio y el ámbito de su competencia
definido por los cargos del recurso de apelación.
84. En consecuencia, se estima que la causal de revisión alegada no se configura
y, en realidad, el recurrente pretende emplear este mecanismo extraordinario como
una nueva instancia, propósito que resulta improcedente.
85. Lo anterior guarda coherencia con la postura adoptada por esta Sección del
Consejo de Estado en un caso similar al presente—recurso extraordinario de revisión
relacionado con el reajuste salarial del 20% y la prima de actividad, cuyo apoderado
de la parte recurrente es el mismo abogado del asunto de la referencia39—, en el que
se concluyó que la providencia no vulneraba el principio de congruencia y, en
consecuencia, se declaró infundado el recurso. Al respecto, se dijo40:
Se advierte, además, que el tribunal abordó los argumentos expuestos en el recurso de
apelación, en la medida en que determinó, la no transgresión del derecho a la igualdad,
ni del artículo 53 de la Constitución Política, pues luego de realizar el recuento normativo
y jurisprudencial aplicable al sub lite, concluyó que las condiciones de quienes se
vincularon como soldados voluntarios y pasaron a ser, por disposición del Gobierno
nacional, soldados profesionales, no son iguales a las de aquellos que, como el actor,
accedieron a la institución en forma directa, como soldados profesionales.
Señaló que tampoco se constituía una violación al referido derecho a raíz de la negativa
al reconocimiento de la prima de actividad, pues enfatizó en que la condición del actor y
la de los oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares no era la misma, lo cual
justificaba un tratamiento diferente, conforme lo había sostenido esta corporación y la
Corte Constitucional.
Bajo ese panorama, es incorrecto y opuesto al tecnicismo requerido para sustentar la
causal invocada, realizar cuestionamientos motivados en la aplicación o interpretación
indebida de una disposición normativa, comoquiera que esta observación escapa del
ámbito de la aludida causal, en tanto pertenece al debate ordinario.
39 Abogado Wilmer Yackson Peña Sánchez.
40 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 21 de marzo de 2024, proceso 11001-03-25-
000-2022-00214-00 (0361-2022), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
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Recurrente: Carlos José Mejía Reyes
Finalmente, de acuerdo con el expediente del proceso ordinario, observa la Sala que el
hoy recurrente en la demanda presentada en el marco del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, ventiló similares argumentos a los expuestos en esta
oportunidad, lo que evidencia que pretende utilizar el recurso extraordinario de revisión
como una tercera instancia.
86. En atención a lo expuesto, como en el caso bajo estudio no se configuró la
causal de revisión dispuesta en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA, por violación
al principio de congruencia, se declarará infundado el recurso extraordinario de la
referencia.
3.8. Conclusión
87. Según se estudió, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca se pronunció
sobre el objeto del litigio del proceso adelantado por el señor Carlos José Mejía Reyes
y respecto a los cargos propuestos contra la sentencia de primera instancia. Por ende,
en el presente asunto no se vulneró el principio de congruencia y, en consecuencia,
no se configuró la causal de revisión invocada, de manera que el recurso se declarará
infundado.
3.9. Costas
88. En este punto, para decidir sobre las costas procesales, la presente providencia
acogerá el criterio de interpretación mayoritario41 de la Subsección sobre el artículo
255 del CPACA, modificado por el artículo 70 de la Ley 2080 de 2021, consistente en
que para decretar la condena en costas debe verificarse, a través de un juicio de
ponderación subjetiva, si la parte vencida actuó de manera temeraria o de mala fe 42.
Por lo tanto, en el caso concreto, no habrá lugar a imponer dicha condena en atención
a que, si bien el recurso se declarará infundado, no se advierte que la parte recurrente
haya incurrido en las anteriores conductas, durante el trámite del presente asunto.
IV. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: DECLARAR infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto
por el señor Carlos José Mejía Reyes en contra de la sentencia proferida el 16 de
marzo de 2023, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección A, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: Sin condena en costas, de acuerdo con lo expuesto en esta sentencia.
41 La magistrada ponente considera que la modificación que la Ley 2080 de 2021 introdujo al artículo 255 del
CPACA, en materia de costas, implica la adopción de un criterio objetivo valorativo por varias razones, a saber: (i)
se adopta la regla de procedencia en materia de costas para el recurso extraordinario de revisión bajo el supuesto
de que se declare infundado el recurso; (ii) el artículo 255 del CPACA debe leerse conjuntamente con los artículos
365 y 366 del CGP para efectos de verificar la causación y la comprobación de las cosas procesales; y (iii) la
temeridad o mala fe deben ser valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el
propósito de determinar la eventual responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas».
42
Sobre el particular, pueden verse las sentencias de: (i) 22 de agosto de 2024, Rad. 11001-03-25-000-2016-00813-
00 (3722-2016). MP Juan Enrique Bedoya Escobar, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda,
Subsección B; (ii) 18 de julio de 2024, Rad. 11001-03-25-000-2017-00079-00 (0354-2017). MP Jorge Edison
Portocarrero Banguera, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B.
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Radicación: 11001-03-25-000-2023-00344-00 (5002-2023)
Recurrente: Carlos José Mejía Reyes
TERCERO: ARCHIVAR el expediente de la referencia, una vez realizadas las
anotaciones pertinentes en el sistema de Gestión Judicial SAMAI.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado Electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta a través del siguiente enlace https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspxx.
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