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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2023-00351-00

Fecha
23 de octubre de 2025
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2023-00351-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto por el señor Elguis Fernando Beltrán Care en contra de la sentencia proferida el 22 de marzo de 2023, por el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión Cuarta, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: Sin condena en costas, de acuerdo con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: ARCHIVAR el expediente de la referencia, una vez realizadas las anotaciones pertinentes en el sistema de Gestión Judicial SAMAI. La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2023-00351-00

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

23 de octubre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá, D. C., veintitrés (23) de octubre de dos mil veinticinco (2025)
Radicación: 11001-03-25-000-2023-00351-00 (5048-2023)
Recurrente: Elguis Fernando Beltrán Care
Asunto: Recurso extraordinario de revisión

Tema: Recurso extraordinario de revisión. Causal del numeral 5 del artículo 250 del
CPACA. Nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso. Reiteración de
jurisprudencia.

SENTENCIA QUE RESUELVE EL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

La Sala resuelve el recurso extraordinario de revisión interpuesto por el señor Elguis
Fernando Beltrán Care contra la sentencia del 22 de marzo de 2023, proferida por el
Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión Cuarta, que confirmó la decisión
de primera instancia del Juzgado Noveno Administrativo Oral del Circuito de Tunja que
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

El señor Elguis Fernando Beltrán Care interpuso recurso extraordinario de revisión
contra la sentencia del 22 de marzo de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo
de Boyacá, Sala de Decisión Cuarta, invocando la causal quinta del artículo 250 del
CPACA, al considerar que la decisión vulneró el principio de congruencia, porque
supuestamente no se pronunció sobre todos los motivos de inconformidad
desarrollados contra el fallo de primera instancia.

II. ANTECEDENTES

2.1. Proceso de nulidad y restablecimiento del derecho

1. A partir de las pruebas aportadas por el recurrente, las cuales se valorarán de
acuerdo con las reglas probatorias establecidas en el Código General del Proceso, en
adelante CGP1, y el expediente ordinario allegado a este trámite, la Sala sintetiza, a
continuación, los siguientes hechos relevantes y actuaciones del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el radicado número 15001-33-33-009-
2021-00067-00/012.

2.1.1. La demanda

2. El señor Elguis Fernando Beltrán Care presentó demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho en contra de la Nación, Ministerio de Defensa Nacional,
Ejército Nacional, en la que pidió lo siguiente3:

1 Según el artículo 246 del CGP: «Las copias tendrán el mismo valor probatorio del original, salvo cuando por

disposición legal sea necesaria la presentación del original o de una determinada copia».
2 Samai, índices 3, 1_DemandaWeb_Demanda-(.pdf).
3 Samai, índices 3, 1_DemandaWeb_Demanda-(.pdf), págs. 46 a 60.

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Radicación: 11001-03-25-000-2023-00351-00 (5048-2023)
Recurrente: Elguis Fernando Beltrán Care

(i) Se declare la nulidad del acto administrativo contenido en el oficio
20183111996381 del 16 de octubre de 2018, por medio del cual la entidad
demandada dio respuesta parcial a la petición LP483DL5P2 del 23 de junio
de 2018 presentada por el demandante, negando expresamente el
reconocimiento y pago del subsidio familiar del artículo 11 del Decreto 1794
de 2000.

(ii) Se declare la existencia y nulidad del acto administrativo ficto, en tanto se
produjo el silencio administrativo negativo por parte de la entidad
demandada, en relación con la petición radicada el 23 de junio de 2018,
particularmente en lo referente al reconocimiento y pago de la diferencia
salarial del 20% y la prima de actividad, conforme a la Ley 131 de 1985 y el
Decreto 1794 de 2000.

(iii) En subsidio, en caso de no acceder a la anterior declaratoria de nulidad, se
declare la excepción de inconstitucionalidad, para inaplicar los actos
acusados y en su lugar, acatar los artículos 13, 25, 53 y 209 de la
Constitución Política. Asimismo, se declare la excepción de
convencionalidad, en el sentido de atender lo dispuesto en los artículos 1, 2,
23 y 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

(iv) A título de restablecimiento del derecho, pidió que se declare que el
demandante ha realizado las mismas funciones de un soldado profesional
que fue voluntario; y que, al igual que los oficiales y suboficiales del Ejército
Nacional, está en el supuesto de hecho que establece la norma para el
reconocimiento y pago de la prima de actividad.

(v) Se condene a la entidad demandada al reconocimiento y pago a favor del
accionante de la diferencia salarial del 20% dejada de percibir; la prima de
actividad; y el subsidio familiar, de acuerdo con la Ley 131 de 1985 y el
Decreto 1794 de 2000.

(vi) Se ordene a la entidad accionada reliquidar las prestaciones sociales del
demandante, teniendo en cuenta el salario básico equivalente al mínimo
legal incrementado en un 60%.

(vii) Se condene a que los valores adeudados se actualicen de conformidad con
IPC; que se condene en costas procesales y agencias en derecho; y se dé
cumplimiento a la sentencia de conformidad con el artículo 192 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en
adelante CPACA).

3. Fundamentó su demanda en que los soldados profesionales han sido objeto de
desigualdad y discriminación. Por ejemplo, en caso de muerte no existe la posibilidad
de una pensión, a diferencia de los oficiales y suboficiales del Ejército Nacional; se
disminuyó en un 20% el salario de los soldados que se vincularon en vigencia de la
Ley 131 de 1985; las partidas computables para la asignación de retiro son distintas a
los oficiales y suboficiales; y el subsidio familiar creado a través del Decreto 1794 de
2000 fue derogado por el Decreto 3770 de 2009.

4. Sostuvo que el acto administrativo acusado transgrede el principio de igualdad
del artículo 13 de la Constitución Política, por cuanto desconoce que, a trabajo igual,
salario igual; así como el principio de realidad sobre las formas. Adujo que los
soldados voluntarios que, en aplicación de la Ley 131 de 1985, fueron incorporados a
profesionales, devengan un salario mensual equivalente al salario mínimo legal

2

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Recurrente: Elguis Fernando Beltrán Care

vigente, incrementado en un 60% del mismo salario; mientras que los soldados
profesionales, que no fueron antes voluntarios, perciben un salario mensual
aumentado en un 40%, según el Decreto 1794 de 2000. Lo anterior, materializa un
trato injustificado a dos grupos que desempeñan las mismas funciones dentro del
Ejército Nacional.

5. Manifestó que el oficio demandado no se fundamentó en los principios de la
función pública, de manera que vulnera la carrera administrativa de las fuerzas
militares. Además, obvió el principio de salario justo y proporcional a la cantidad y
calidad de trabajo de los artículos 25 y 53 de la Constitución Política, comoquiera que
el patrimonio de los soldados que antes fueron voluntarios se acrecentó; en cambio,
el de quienes se vincularon como soldados profesionales, se empobreció.

6. De otro lado, afirmó que la accionada vulnera el principio de igualdad del
demandante, pues pese a que en condición de soldado profesional cumple con el
supuesto de hecho de estar «en servicio activo», dispuesto en el Decreto 1211 de
1990, no tiene derecho a percibir la prima de actividad que sí se otorga a los oficiales
y suboficiales del Ejército Nacional. Ello, evidencia la falta de un criterio objetivo para
dar un trato diferente a ambos miembros de la entidad.

7. Señaló que el acto acusado debió aplicar el artículo 11 del Decreto 1794 de
2000, el cual se encuentra vigente y, en tal sentido, reconocer y pagar a favor del
demandante el subsidio familiar equivalente al 4% del salario básico mensual más la
totalidad de la prima de antigüedad. La inobservancia de la anterior norma acredita
que se quebrantó el artículo 53 Superior, sin que se haya efectuado un juicio de
igualdad entre los soldados profesionales que tienen derecho al subsidio familiar de
conformidad con el decreto en mención, y aquellos que tienen derecho de acuerdo con
el Decreto 1161 de 2014.

2.1.2. Contestación de la demanda

8. La Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional contestó la
demanda oponiéndose a las pretensiones, toda vez que para el momento en que el
accionante se vinculó a la entidad en calidad de soldado profesional se encontraban
vigentes los decretos 1793 y 1794 de 2000, habiendo aceptado de manera libre y
voluntaria el régimen salarial y prestacional en ellos contenido4.

9. Adujo que en la sentencia de unificación de jurisprudencia del 25 de agosto de
2016 proferida por el Consejo de Estado, se definió que procede la reliquidación
salarial de quienes ostentando la calidad de soldados voluntarios fueron incorporados
como profesionales, bajo el régimen previsto en los decretos 1793 y 1794 de 2000;
ordenando así, incluir dentro de la liquidación salarial y prestacional el 20% que
dejaron de percibir.

10. Añadió que, según se dijo en la providencia mencionada anteriormente, el
anterior criterio no transgrede el principio de igualdad, por cuanto el tratamiento igual
solo puede predicarse entre iguales y en el caso, las situaciones a comparar no son
fáctica ni normativamente similares.

11. Indicó que la prima de actividad concebida para los miembros de las fuerzas
militares se destina única y exclusivamente a los oficiales y suboficiales. Por tal razón,
los soldados profesionales están excluidos de recibir la mencionada prestación.

4 Samai Juzgado, índice 19.

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Recurrente: Elguis Fernando Beltrán Care

12. Relató que no se vulnera el derecho a la igualdad del accionante, toda vez que
el personal de suboficiales y oficiales de las fuerzas militares y los soldados
profesionales, no se encuentran en estado de igualdad. Señaló que la ley prevé
funciones específicas y diferentes para los primeros, quienes tienen una experiencia e
idoneidad en especialidad propias que no ostenta el soldado profesional.

13. Finalmente, la entidad accionada hizo alusión a la regulación del subsidio
familiar y refirió que el demandante solicitó dicho emolumento bajo el Decreto 1161 de
2014, por lo que la entidad debe cumplir con el ordenamiento jurídico, y en este caso
el decreto en mención es aplicable al momento en que radicó la solicitud de
reconocimiento del subsidio familiar; desconocer dicho precepto es decretar el pago
de lo no debido.

2.1.3. Sentencia de primera instancia

14. El Juzgado Noveno Administrativo Oral del Circuito de Tunja profirió sentencia
el 21 de junio de 20225 en la que se accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda.

15. Delimitó el debate en establecer si, respecto del escrito del 23 de junio de 2018
presentado por el señor Elguis Fernando Beltrán Care, mediante el cual solicitó (i) la
diferencia salarial del 20%, (ii) el subsidio familiar previsto en el artículo 11 del Decreto
1794 de 2000, y (iii) la prima de actividad, se configuraron actos administrativos fictos
o presuntos por silencio de la administración.

16. Asimismo, precisó que debía determinarse si procedía declarar la nulidad del
acto contenido en el Oficio n.º 20183111996381 del 16 de octubre de 2018 mediante
el cual se negó expresamente el subsidio familiar y del acto ficto, en caso de declarar
su existencia, derivado de la falta de respuesta a las demás solicitudes.

17. Estableció el problema jurídico en lo anteriormente mencionado y en definir si
el demandante, en su calidad de soldado profesional, tenía derecho a: i) el incremento
salarial del 20% previsto en el inciso 2 del artículo 1 del Decreto 1794 de 2000, ii) el
pago de la prima de actividad, y iii) el reconocimiento del subsidio familiar conforme al
artículo 11 del Decreto 1794 de 2000.

18. Explicó que la concesión y pago de la diferencia salarial del 20% fue diseñada
para los soldados voluntarios vinculados en virtud de la Ley 131 de 1985, quienes, al
incorporarse como profesionales antes del 31 de diciembre de 2000, conservaron la
remuneración equivalente a un salario mínimo legal vigente incrementado en un 60%.
En contraste, quienes ingresaron directamente como soldados profesionales después
de esa fecha, solo tienen derecho al 40% adicional.

19. Aclaró que esa diferencia responde a la garantía de irrenunciabilidad de los
derechos adquiridos y no constituye una vulneración al principio de igualdad ni al
postulado de «a trabajo igual, salario igual», pues el régimen salarial distingue entre
situaciones fácticas distintas: los soldados voluntarios ya devengaban un 60% y la
norma buscó no desmejorar sus condiciones al profesionalizarlos.

20. Señaló que el Decreto 1794 de 2000 no incluyó la prima de actividad; así que,
no es de recibo el pretender que este se inaplique por inconstitucional según los
artículos 4 y 13 de la Constitución Política, para acudir a disposiciones que regulan los
salarios y prestaciones de otra clase de servidores de la Fuerza Pública. Lo anterior,
destacando que no se desconoce el principio de igualdad, pues oficiales, suboficiales

5 Samai, índice 03, 2_DemandaWeb_Demanda-(.docx).

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Recurrente: Elguis Fernando Beltrán Care

y soldados profesionales integran categorías diferenciadas dentro de la jerarquía
militar, con responsabilidades, requisitos y funciones distintos, lo que justifica tratos
prestacionales diferenciados. Por ello, no puede exigirse el reconocimiento de la prima
de actividad a los soldados profesionales.

21. Narró que en la sentencia del 8 de junio de 20176 el Consejo de Estado declaró
nulo con efectos ex tunc el Decreto 3770 de 2009, dado el carácter regresivo y no
progresivo de la disposición. Ello conllevó a que las situaciones jurídicas no
consolidadas se rigieran por el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, desde el
momento de su promulgación hasta la entrada en vigor del Decreto 1161 de 2014;
instante a partir del cual se entiende subrogado el referido artículo 11.

22. Afirmó que, según se probó en el plenario, el señor Elguis Fernando Beltrán
Care ingresó al Ejército Nacional como soldado profesional mediante orden
administrativa n.º 1114 del 20 de julio de 2002, con novedad fiscal desde el 1.° del
mismo mes y año, incorporado al régimen de carrera y estatuto del personal de
soldados profesionales de las fuerzas militares (Decreto 1794 de 2000), en calidad de
soldado «nuevo». Por tal razón el accionante nunca ostentó la calidad de soldado
voluntario, ni se encontraba vinculado antes del 31 de diciembre de 2000 en tal calidad,
requisito sine qua non a fin de aplicar la excepción de que trata el inciso 2 del artículo
1 del Decreto 1794 de 20007. Así, no tiene derecho al incremento salarial del 60% ni a
la prima de actividad.

23. Frente al subsidio familiar, indicó que el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000
estableció el reconocimiento y pago del subsidio familiar a favor de quienes estuvieran
casados o con unión marital de hecho vigente, equivalente al 4% de su salario básico
mensual más la prima de antigüedad. Dicha norma fue derogada por el Decreto 3770
de 2009, aunque mantuvo el derecho de los soldados profesionales que lo venían
percibiendo, pudiéndolo devengar hasta el retiro del servicio. Posteriormente, se
expidió el Decreto 1161 de 2014, mediante el cual se creó a partir del 1 de julio de
2014 el subsidio familiar a favor de los soldados profesionales e infantes de marina
profesionales de las fuerzas militares en servicio activo que no percibieran el subsidio
regulado en el Decreto 1794 de 2000, equivalente al 20% de la asignación básica por
la cónyuge o compañera permanente.

24. Adujo que el actor contrajo matrimonio el 26 de mayo de 2010 y que percibía
desde 2014 un subsidio del 20% (actualmente en un 25% como consecuencia del
nacimiento de sus dos hijos). Por esto, el despacho determinó que al actor le
corresponde el subsidio familiar conforme al Decreto 1794 de 2000 desde el 26 de
mayo de 2010 y mientras permanezca activo, aplicando la siguiente formula: «4%
Salario Básico Mensual + 100% Prima de Antigüedad Mensual», con los descuentos
correspondientes por los montos ya reconocidos y pagados.

2.1.4. Recurso de apelación de la parte demandante

25. La parte demandante interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia
de primera instancia, en el que insistió en que el señor Elguis Fernando Beltrán Care
tiene derecho al reconocimiento y pago de la diferencia salarial del 20% y a la prima
de actividad, en calidad de soldado profesional. Alegó que desconocer sus derechos

6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, Rad. 0686-2010.

M.P. César Palomino Cortés.
7 Artículo 1. Asignación salarial mensual. Los soldados profesionales que se vinculen a las Fuerzas Militares

devengarán un (1) salario mensual equivalente al salario mínimo legal vigente, incrementado en un cuarenta por
ciento (40%) del mismo salario.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el parágrafo del artículo siguiente, quienes al 31 de diciembre del año 2000 se
encontraban como soldados de acuerdo con la Ley 131 de 1985, devengarán un salario mínimo legal vigente
incrementado en un sesenta por ciento (60%).
5

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vulnera el principio de igualdad, toda vez que recibe un trato salarial diferente a quienes
fueron soldados voluntarios antes del 31 de diciembre de 2000, así como en relación
con los oficiales y suboficiales del Ejército, pese a tener las mismas funciones que
ellos8.

26. Manifestó que la sentencia de primera instancia transgredió el principio de
congruencia, en tanto omitió pronunciarse sobre algunos hechos y pretensiones de la
demanda. Al respecto, el artículo 55 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia
dispone que la sentencia deberá referirse a todos los hechos y asuntos planteados en
el proceso por los sujetos procesales.

27. Afirmó que se dictó un fallo non liquet, al argumentarse que «el enunciado
descriptivo no ha sido probado por la parte», lo cual vulneró el derecho al debido
proceso del accionante, comoquiera que el juez de instancia no ejerció la actividad
probatoria de oficio.

28. Indicó como cargos contra la sentencia apelada los siguientes:

(i) Desconocimiento del tema petendi de la demanda, toda vez que no se hizo el
comparativo del accionante respecto de aquellos soldados que antes de la entrada en
vigor del Decreto 1794 de 2000 se encontraban vinculados como voluntarios y luego de
este, continuaron en la institución en calidad de soldados profesionales.

(ii) Incurrió en error al considerar que no eran pasibles de comparación los soldados que
habían sido voluntarios y los soldados profesionales, dada la existencia de dos
regímenes diferentes; máxime cuando al haberse acogido al Decreto 1793 de 2000, este
les es aplicable por igual, habiendo quedado derogada la Ley 131 de 1985.

(iii) Los efectos de la sentencia de unificación proferida el 25 de agosto de 2016 por el
Consejo de Estado no pueden extenderse al caso concreto, por cuanto solo puede
aplicarse a los soldados profesionales que hubiesen sido vinculados como voluntarios.
Además, en aquella no se abordó el derecho fundamental a la igualdad salarial en la
modalidad a trabajo igual, salario igual.

(iv) Yerra la sentencia en afirmar que existe un régimen de transición laboral para los
soldados voluntarios y que por ello el demandante no tiene derecho a la diferencia del
20% del salario reclamada en la demanda.

(v) Incurre en error el Tribunal al estimar que el accionante no puede acceder a la
diferencia salarial, dada la naturaleza jurídica que tiene para quienes fueron soldados
voluntarios.

(vi) Se negó el «restablecimiento de la igualdad en un criterio objetivo ficticio», pues la
fecha de vinculación no es un parámetro que justifique un trato desigual. A su vez, se
desconoció el precedente fijado en la sentencia T-097 de 2006, según el cual la
diferencia salarial entre trabajadores no puede sustentarse en argumentos meramente
formales como la fecha de vinculación a un cargo.

(vii) Se desconocen las sentencias T-369 de 2016; T-097 de 2006; T -545 A de 2007; T-
833 de 2012, entre otras.

(viii) Se desconoce el precedente constitucional contenido en las sentencias C-022 de
1996; C-862 de 2008 y C-536 de 2016, en las que se señala que «la carga argumentativa
está inclinada a favor de la igualdad».

8 Samai, índice 03, 1_DemandaWeb_Demanda-(.pdf), págs. 71 a 149.

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(ix) No conformó la proposición jurídica completa de las normas aplicables para resolver
la litis, pues se omitió aplicar la sentencia SU-519 de 1997, reiterada en la sentencia SU-
547 de 1997.

(x) Se desconoce la igualdad formal en la cual se encuentra el accionante con relación
a los soldados profesionales que antes fueron soldados voluntarios.

(xi) Se pretermitió la valoración de los medios de convicción que obran en el expediente,
que permiten comparar la igualdad de los sujetos a comparar.

(xii) Se negó de manera arbitraria a reconocer y valorar los hechos probados en el
proceso con relación a la igualdad material.

(xiii) Se desconocieron las sentencias T-230 de 1994; T-079 de 1999 y T-247 de 2019,
en las que se fija el contenido del derecho fundamental del debido proceso probatorio.

(xiv) No existe prueba que justifique el trato desigual que recibe el accionante.

(xv) Se desconoció la inversión de la carga de la prueba, pues la entidad accionada
debía acreditar el trato desigual que ofrece al demandante.

(xvi) Se desconoció el artículo 53 de la Constitución Política.

(xvii) Se tuvo por probado, sin estarlo, la existencia del pago proporcional al accionante
de un salario acorde a la cantidad y calidad de trabajo que aporta a la institución.

(xviii) Se vulneraron los principios de la función pública, y de la carrera administrativa.

(xix) No se realizó ningún test de ponderación de derechos.

(xx) Se incurrió en un yerro al afirmar que de reconocerse la igualdad salarial se incurriría
en una violación al principio de la inescendibilidad normativa.

(xxi) La excepción de inconstitucionalidad invocada es procedente.

29. Señaló como cargos respecto a la prima de actividad, los siguientes:

(i) Los sujetos en el juicio de comparación si son comparables.

(ii) Se incurrió en un yerro de tipo conceptual entre la naturaleza jurídica del salario y la
naturaleza jurídica de la prestación salarial.

(iii) Se desconoció que el accionante acredita las condiciones de hecho para ser
acreedor de la prima de actividad.

(iv) El juzgado no tuvo en cuenta que la entidad accionada no probó ningún criterio
objetivo de justificación del derecho a la no discriminación.

(v) No se puede asumir que es justificado el trato de exclusión de la prima de actividad.

(vi) Se desconoció el precedente de la Corte Constitucional previsto en las sentencias
C-022 de 1996; C-862 de 2008; y C-536 de 2016.

(vii) Se desconoció el precedente de la Corte Constitucional previsto en las sentencias
T-230 de 1994; T-079 de 1995; T-335 de 2000; y T-247 de 2010.

(viii) Se desconoció la inversión de la prueba y la presunción de discriminación.

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2.1.5. Sentencia objeto del recurso extraordinario de revisión

30. El Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión Cuarta, en sentencia
dictada el 22 de marzo de 2023, confirmó la decisión de primera instancia con los
siguientes argumentos9:

31. Delimitó como problemas jurídicos las siguientes interrogantes:

(i) ¿La sentencia de primera instancia es incongruente y, por ende, está afectada
por un vicio insubsanable?
(ii) ¿La diferencia que existe en la asignación salarial mensual de los soldados
profesionales y la de los voluntarios que se incorporaron como tal, configura un
trato discriminatorio en perjuicio de los primeros, que desconoce el principio “a
trabajo igual, salario igual”?
(iii) ¿Las pretensiones declarativas subsidiarias de la demanda fueron debidamente
formuladas o simplemente son redundantes respecto de la pretensión principal?

32. De manera preliminar señaló que, los argumentos del recurso no controvierten
el reconocimiento del subsidio familiar efectuado en primera instancia, por lo que el
análisis se limitaría a los cargos de impugnación. Además, precisó que está probado
que el demandante fue incorporado como soldado profesional desde el 1 de julio de
2002, sin haber sido soldado voluntario previamente.

33. Frente al primer problema planteado, la Sala rechazó la apreciación de
incongruencia, indicando que esta no constituye causal de nulidad y que, en este caso,
la decisión apelada no incurrió en ese defecto. Lo anterior al expresar que las nulidades
procesales son de carácter taxativo, es decir, solo las irregularidades previstas
expresamente por la ley tienen la entidad de invalidar una actuación. Citó la sentencia
C-491 de 1995 de la Corte Constitucional, que reconoció como única nulidad de origen
constitucional la referida a la obtención de pruebas con violación del debido proceso.

34. Observó que el juzgado de primera instancia resolvió adecuadamente las
pretensiones, verificó la situación fáctica del demandante y analizó si le era extensible
la prerrogativa salarial reclamada. Lo anterior, puesto que el hecho de que la jueza no
respondiera cada argumento del apoderado no implica omisión, pues el debate se
centraba en un único problema jurídico: la posible equiparación salarial entre soldados
profesionales y voluntarios.

35. Destacó que la extensión excesiva o antitécnica del escrito de apelación no
cambia el objeto del litigio ni amplía los límites del fallo, por lo que no era exigible un
análisis histórico sobre supuestas discriminaciones sistemáticas.

36. Frente al segundo interrogante formulado, indicó que el Decreto 1794 de 2000
estableció el régimen salarial y prestacional para los soldados profesionales, previendo
una prerrogativa para los soldados que venían vinculados en virtud de la Ley 131 de
1985, esto es, como soldados voluntarios, a quienes se les mantendría como
retribución del servicio un salario mínimo legal vigente incrementado en un 60%.

37. Explicó que según lo ha definido la jurisprudencia de la Corte Constitucional10,
el juicio de igualdad o proporcionalidad se divide en tres etapas: (i) definir el criterio de
comparación: precisar si los supuestos de hecho son susceptibles de compararse y si
se comparan sujetos de la misma naturaleza; (ii) determinar si en el plano fáctico y en
el plano jurídico existe un trato desigual entre iguales o igual entre desiguales; y (iii)
averiguar si la diferencia de trato está constitucionalmente justificada.

9 Samai, índice 03, 1_DemandaWeb_Demanda-(.pdf), págs. 150 a 167.
10 Citó: Sentencia C-104 de 2016. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.

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38. Conforme a esto, acató lo dicho en la sentencia del 25 de agosto de 201611 por
el Consejo de Estado en la cual se concluyó que los soldados e infantes de marina
profesionales que se encontraban vinculados como voluntarios al 31 de diciembre de
2000, tienen derecho a que su asignación básica sea el equivalente a un salario
mínimo incrementado en un 60%, y no en un 40%.

39. Afirmó que, el señor Elguis Fernando Beltrán Care ingresó al Ejército Nacional
como soldado profesional mediante orden administrativa n.º 1114 del 20 de julio de
2002. Así, comoquiera que nunca ostentó la calidad de soldado voluntario, no le es
aplicable el artículo 1 del Decreto 1794 de 2000 y, por ende, no tiene derecho al
reajuste de la asignación básica en un 20%, dado que se le ha reconocido un salario
mínimo incrementado en 40%.

40. Asimismo, precisó que el argumento de la parte demandante, según el cual la
fecha de vinculación no puede ser un criterio válido de diferenciación salarial, se
sustentó en una interpretación errónea de la sentencia T-097 de 2006.

41. En dicha decisión, la Corte Constitucional censuró que la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial aplicara diferencias salariales sin fundamento normativo, ya
que el Decreto 4040 de 2004 no autorizaba tal distinción. Sin embargo, la Corte no
prohibió de manera general que la fecha de vinculación pueda ser un criterio objetivo
de diferenciación; solo indicó que en ese caso concreto no lo era. En contraste, frente
a los soldados profesionales, sí existe una base normativa clara que justifica esa
diferencia.

42. Frente al tercer problema planteado, el Tribunal concluyó que las pretensiones
subsidiarias presentadas por la parte actora eran redundantes y antitécnicas, pues
todas buscaban lo mismo: desvirtuar la legalidad del acto acusado con idénticos
argumentos jurídicos.

43. Además, el Tribunal señaló que esta irregularidad configura la excepción de
ineptitud de la demanda prevista en el artículo 100, numeral 5 del CGP, la cual puede
declararse de oficio conforme al artículo 187 del CPACA. En consecuencia, la Sala
decidió adicionar un numeral para declarar configurada la excepción y confirmar la
sentencia de primera instancia en su totalidad.

2.2. Recurso extraordinario de revisión

44. El señor Elguis Fernando Beltrán Care, interpuso recurso extraordinario de
revisión el 16 de julio de 202312, a través de la ventanilla virtual del Sistema de Gestión
Judicial SAMAI, contra la sentencia de segunda instancia proferida el 22 de marzo de
2023 por el Tribunal Administrativo de Boyacá. El recurso se fundamentó en la causal
5 del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, consistente en la existencia de nulidad
originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso
de apelación.

45. Alegó que el Tribunal no se pronunció sobre la solicitud de adición de la
sentencia de primera instancia para analizar de forma exhaustiva todas las omisiones
en las que se incurrió, ni sobre la petición de declaratoria de nulidad de dicha sentencia
por violación del derecho fundamental al debido proceso y del principio de
congruencia. Añadió que esas omisiones procesales configuran yerros in procedendo

11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 25 de agosto de

2016, Rad. radicado 25001333300220130006001(3420-2015), M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
12 Samai, índice 03.

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que vulneran el artículo 55 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, que
establece que las sentencias judiciales deberán referirse a todos los hechos y asuntos
planteados en el proceso, así como los artículos 280 y 281 del CGP sobre el contenido
y congruencia de las sentencias.

46. El recurrente fundamentó su recurso en los ejes argumentativos que se
resumen a continuación:

• Del reajuste salarial del 20%

47. Sostuvo que el Tribunal de segunda instancia incurrió en omisiones sustanciales
al no resolver los múltiples aspectos planteados en el recurso de apelación sobre el
reajuste salarial del 20%. En primer lugar, argumentó que la sentencia no motivó ni
estudió las premisas fácticas presentadas en los hechos 8, 9, 14, 15, 21, 22, 23 y 24
de la demanda, los cuales constituían el sustento probatorio para el juicio de igualdad
en la modalidad trabajo igual – salario igual. Estos hechos, según expone, establecían
que la carrera administrativa de los soldados profesionales está conformada tanto por
soldados voluntarios incorporados como por nuevos soldados profesionales, y que
ambos grupos ejecutan idénticas funciones bajo el mismo régimen, con la única
diferencia en el componente salarial.

48. Adujo que la sentencia tampoco resolvió los fundamentos jurídicos relacionados
con la situación histórica de discriminación sistemática de los derechos laborales de
los soldados profesionales, ni los cargos por violación del principio de igualdad del
artículo 13 de la Constitución Política en sus diversas modalidades. Resaltó que el
Tribunal omitió pronunciarse sobre el cargo de violación del principio de trabajo igual
salario igual, bajo la modalidad de primacía de la realidad sobre las formas, así como
sobre la transgresión de los principios de la función pública y del salario justo y
proporcional.

49. Indicó que propuso 21 cargos específicos en el recurso de apelación que no
fueron analizados por el Tribunal. Entre estos se destacan: el desconocimiento del
thema petendi de la demanda; el error al considerar que no son comparables los
sujetos propuestos en el juicio de igualdad; la indebida aplicación de la sentencia de
unificación dictada el 25 de agosto de 2016 por el Consejo de Estado con radicado
número 85001333300220130006001 (3420-2015); el yerro al considerar la existencia
de un régimen de transición laboral para los soldados voluntarios; y el desconocimiento
sistemático de precedentes constitucionales sobre el derecho a la igualdad, la carga
argumentativa y el debido proceso probatorio.

• De la prima de actividad

50. La parte recurrente sostuvo que la sentencia no analizó que el demandante, al
igual que los oficiales y suboficiales del Ejército Nacional, se encontraba en el mismo
supuesto de hecho contemplado por la norma para el reconocimiento y pago de la
prima de actividad y que, por lo tanto, era discriminado por la entidad al no
reconocérsele dicha prestación.

51. Afirmó que los 8 cargos presentados en la apelación sobre el tema no fueron
resueltos, incluyendo entre estos: la comparabilidad de los sujetos en el juicio de
igualdad propuesto; el yerro conceptual entre la naturaleza jurídica del salario y la
prestación salarial; el desconocimiento de que el demandante acreditaba las
condiciones del supuesto hipotético normativo; y la ausencia de criterios objetivos de
justificación por parte de la entidad demandada para el trato diferencial.

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2.3. Trámite del recurso extraordinario de revisión

52. Esta corporación admitió el recurso en auto del 6 de junio de 2024, y ordenó la
notificación personal a la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional y
al Ministerio Público13.

53. Luego de notificada la anterior providencia, la Procuraduría Tercera de
Intervención Delegada ante el Consejo de Estado rindió concepto en el que pidió que
se declare infundado el recurso extraordinario de revisión, toda vez que todas las
pretensiones y cargos formulados fueron resueltos en la sentencia dictada por el
Tribunal Administrativo de Boyacá14.

54. A través de auto del 27 de agosto de 2025 se tuvieron como pruebas las copias
de: la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho; el escrito por el cual se
interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia del 21 de junio
de 2022, proferida por el Juzgado Noveno Administrativo Oral del Circuito de Tunja
dentro del proceso con radicado número 15001-33-33-009-2021-00067-011-00; la
sentencia de segunda instancia del 22 de marzo de 2023, dictada por el Tribunal
Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión Cuarta, dentro del mismo trámite; y el
respectivo expediente digital que fue allegado15.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

55. La Sala tiene competencia para conocer del recurso extraordinario de revisión
interpuesto por el señor Elguis Fernando Beltrán Care contra la sentencia del 22 de
marzo de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión
Cuarta, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 249 del CPACA16.

3.2. Oportunidad

56. La sentencia objeto del recurso fue proferida el 22 de marzo de 2023, se notificó
el 30 de marzo de 202317, y quedó ejecutoriada el 6 de abril de 2023, en aplicación de
lo previsto en los artículos 302 del CGP y 205 del CPACA modificado por el artículo 52
de la Ley 2080 de 2021. Así, como el señor Elguis Fernando Beltrán Care interpuso el
recurso extraordinario de revisión el 16 de julio de 2023, según obra en la anotación
realizada a índice 3 del aplicativo SAMAI, su radicación fue oportuna, dentro del término
dispuesto por el artículo 251 del CPACA18.

3.3. Legitimación en la causa

57. El señor Elguis Fernando Beltrán Care está legitimado en la causa para ser
parte en este trámite, toda vez que fue el demandante en el proceso ordinario de
nulidad y restablecimiento del derecho.

13 Samai, índice 06.
14 Samai, índice 13.
15 Samai, índice 17.
16 «De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos

conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia».
17 Samai Tribunal, índice 13, Soporte notificación Sentencia de Segunda(.pdf).
18 «El recurso podrá interponerse dentro del año siguiente a la ejecutoria de la respectiva sentencia».

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3.4. Problema jurídico

58. De acuerdo con los argumentos del recurso extraordinario de revisión,
corresponde a la Sala determinar si:

59. ¿La sentencia impugnada desconoció el objeto del litigio y omitió resolver de
fondo cargos del recurso de apelación, incurriendo en la causal 5 del artículo 250 del
CPACA?

60. Para resolver el problema jurídico, la Sala se referirá, en primer lugar, a la
naturaleza del recurso extraordinario de revisión; luego abordará el alcance de la
causal prevista en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA atinente a que exista nulidad
originada en la sentencia; en tercer lugar, resolverá el caso en concreto; y, por último,
decidirá sobre la condena en costas.

3.5. Naturaleza del recurso extraordinario de revisión

61. El recurso extraordinario de revisión ha sido considerado por la jurisprudencia y
la doctrina nacional como un mecanismo de impugnación y, al mismo tiempo, una
excepción al principio de inmutabilidad de las decisiones judiciales que ponen fin a una
controversia, siempre que estén incursas en alguna de las causales previstas
taxativamente en el artículo 250 del CPACA19.

62. El objeto de este mecanismo es el restablecimiento de la justicia material del
fallo recurrido cuando haya sido afectado por situaciones exógenas que no pudieron
analizarse en el curso del proceso. Por ello, no puede ser utilizado para corregir errores
judiciales. Es un medio excepcional de impugnación de las decisiones judiciales,
regulado en los artículos 248 y subsiguientes del CPACA20, para casos en que la
decisión judicial está inmersa en supuestos como «[…] la falsedad, el fraude, el error,
la aparición de documentos decisivos que hubieren modificado el sentido de la decisión
[…]», entre otros21.

63. Por tal motivo, el carácter excepcional del recurso extraordinario de revisión
supone que no puede utilizarse «[…] para cuestionar la actividad interpretativa, ni la
valoración probatoria del juez, ni para que el afectado con la sentencia proponga
cuestiones que no alegó oportunamente en el proceso originario. Es un instrumento
para discutir y ventilar ciertos hechos procesales externos a la labor funcional del juez,
que pueden llegar a afectar el principio de justicia material»22.

64. De ahí deviene la importancia de que los hechos del caso se subsuman en la
causal invocada sin necesidad de recurrir a interpretaciones amplias que reabran la
discusión como si se tratara de una nueva instancia judicial.

65. Para lograr lo anterior, se exige del recurrente «una carga argumentativa precisa
[…], toda vez que debe hacerse de manera técnica, rigurosa y fundamentada […]» 23.
Así pues, la parte que acuda al recurso extraordinario de revisión bajo el amparo de
una de las causales previstas para su procedencia tiene el deber de «[…] explicar

19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 22, sentencia del 5 de julio

de 2024, Rad. 11001-03-15-000-2022-03940-00.
20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 22, sentencia del 5 de abril

de 2024, Rad. 11001-03-15-000-2023-04705-00.
21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 22, sentencia del 5 de julio

de 2024, Rad. 11001-03-15-000-2022-03940-00.
22 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 3, sentencia del 3

de agosto de 2022, Rad. 11001031500020211146300.
23 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 14, sentencia del 13

de octubre de 2020, exp. 11001-03-15-000-2019-00119-00(REV).
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cuáles son los motivos que la soportan y, especialmente, los hechos que sirven de
fundamento para su configuración»24.

3.6. Causal de revisión contenida en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA:
nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso

66. El artículo 250 del CPACA regula las causales del recurso extraordinario de
revisión. En particular, en su numeral 5, establece como causal:

5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no
procede recurso de apelación.

67. El alcance de esta causal es restrictivo en la medida en que exige «[…] que
concurran dos supuestos: el primero, que la nulidad se origine en la sentencia que
puso fin al proceso y, el segundo, que contra el fallo cuestionado no proceda recurso
de apelación»25.

68. No obstante, como el CPACA no regula expresamente en qué escenarios se
configura una nulidad originada en la sentencia, la jurisprudencia se ha encargado de
dotar de contenido el numeral 5 del artículo 250 ibidem.

69. En estos términos, ha considerado que esta situación se configura por las
causales de nulidad insaneables establecidas en el artículo 133 del CGP26. De tal
manera que, no cualquier circunstancia habilita la procedencia del recurso
extraordinario de revisión, sino solo las causales expresamente dispuestas como vicios
de nulidad, siempre que estos concurran en la sentencia que definió la controversia, y
no en etapas procesales anteriores a la decisión.

70. Así se pronunció la Sala Especial de Decisión 3 del Consejo de Estado en
decisión del 29 de junio de 2022, en la que advirtió que habilitar la procedencia del
recurso extraordinario de revisión frente a situaciones ocurridas con anterioridad a la
sentencia «[…] se convertiría en una anormal oportunidad para que las partes
subsanen las omisiones del proceso ordinario y aleguen nulidades o errores
procesales que debieron proponer en la oportunidad prevista en el artículo 134 CGP
(antes el artículo 142 CPC) o para proponer nulidades que quedaron saneadas en los
términos del artículo 136 ib. (antes 144 CPC)»27.

71. Por lo anterior, a través de la causal 5 del recurso extraordinario de revisión, no
puede invocarse una nulidad que haya ocurrido con antelación a la sentencia, salvo el
caso de aquellas que, aunque acontecieron de forma previa a la decisión, «[…] no
pudieron ser advertidas por el recurrente durante el curso del proceso. Sin embargo,
el afectado deberá demostrar que no tuvo la oportunidad de manifestar la nulidad, para
evitar que este medio de impugnación extraordinario se convierta en una tercera
instancia, en la que las partes pueden subsanar sus omisiones»28.

72. Adicionalmente, la Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo del Consejo de
Estado ha avalado la procedencia del recurso extraordinario de revisión, sustentado
en la causal de nulidad originada en la sentencia, en determinados eventos

24 Ibidem.
25 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 19 de septiembre de 2023, exp.

11001-03-15-000-2020-03585-00.
26 Antes el artículo 140 del CPC.
27 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 3, sentencia del 3

de agosto de 2022, exp. 11001031500020211146300.
28 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 14, sentencia del 13

de octubre de 2020, exp. 11001-03-15-000-2019-00119-00(REV).
13

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supralegales que comportan una lesión grave del derecho fundamental al debido
proceso.

73. Sin embargo, no cualquier violación del debido proceso previsto genéricamente
en el artículo 29 de la Constitución Política da lugar a la configuración de la causal de
nulidad originada en la sentencia, sino solo en los escenarios que expresamente ha
reconocido la jurisprudencia, lo cual puede ocurrir, entre otras, por las siguientes
circunstancias excepcionales29:

-Cuando la decisión se haya fundado exclusivamente en una prueba recaudada con
violación al debido proceso30.

-Cuando la decisión haya sido firmada por un número mayor o menor de magistrados
o se adoptó con un número de votos distinto a que prevé la ley.

-Cuando la providencia carezca por completo de motivación31.

-Cuando la decisión transgreda el principio de la non reformatio in pejus32.

-Cuando la providencia pase por alto el principio de congruencia33.

-Cuando se profiera un fallo de carácter condenatorio en contra de una persona que
no fue vinculada al proceso34; y

-Cuando la decisión haya consistido en un fallo inhibitorio injustificado35.

74. De tal forma que, esta corporación ha reconocido que «[…] no cualquier
irregularidad resulta subsumible en la causal quinta de revisión derivada del artículo
29 constitucional, sino solo aquel vicio de carácter sustancial que incida en la decisión
por afectar el núcleo esencial del derecho fundamental al debido proceso […]. Esto
implica, que le corresponde al juez analizar, en cada caso en particular, si el vicio que
se alega impacta el debido proceso y la correcta aplicación de la justicia material de
manera que tenga la entidad suficiente para permear la inmutabilidad de la cosa
juzgada»36.

75. De tal manera que, como «[…] no puede haber nulidad sin texto legal que la
consagre»37, el recurso extraordinario de revisión por la causal 5 del artículo 250 del
CPACA procede por los supuestos previstos en las disposiciones adjetivas y la
jurisprudencia vigente.

29 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 19 de septiembre de 2023, exp.

11001-03-15-000-2020-03585-00.
30 Consejo de Estado, Sala Trece Especial de Decisión, sentencia de 7 de junio de 2016, radicación: 11001-03-15-

000-2015-02493-00 (REV).
31 Consejo de Estado, Sala Cinco Especial de Decisión, sentencia de 3 de febrero de 2015, radicación: 11001-03-

15-000-2009-00494-00 (REV).
32 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia de 2 de marzo de 2010, radicación:

11001-03-15-000-2001-00091-01 (REV).
33 Consejo de Estado, Sala Veintidós Especial de Decisión, sentencia de 2 de febrero de 2016, radicación: 11001-

03-15-000-2015-02342-00 (REV).
34 Consejo de Estado, Sala Veintiuno Especial de Decisión, sentencia de 17 de junio de 2022, radicación: 11001-

03-15-000-2014-04059-00 (REV).
35 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 8 de mayo de 2018, exp. 11001-

03-15-000-1998-00153-01.
36 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 19 de septiembre de 2023, exp.

11001-03-15-000-2020-03585-00.
37 Ibidem.

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3.7. Caso concreto

76. El señor Elguis Fernando Beltrán Care presentó recurso extraordinario bajo el
argumento de que la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal
Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión Cuarta, está incursa en la causal de
revisión de existir nulidad originada en la sentencia, puesto que violó el principio de
congruencia al no resolver los cargos propuestos en el recurso de apelación
interpuesto contra la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Noveno
Administrativo Oral del Circuito de Tunja.

77. Sostuvo que en el recurso de apelación solicitó al Tribunal adicionar la sentencia
de primera instancia con el fin de que se estudiaran todos los hechos y las pretensiones
de la demanda, que no fueron analizados por el Juzgado. Afirmó que el fallo de
segunda instancia tampoco resolvió de forma completa y rigurosa las objeciones
relacionadas con el reconocimiento del reajuste salarial del 20% y la prima de
actividad.

78. Ahora bien, se tiene que el señor Elguis Fernando Beltrán Care en el proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho 15001-33-33-009-2021-00067-00/01,
solicitó la declaración de existencia de acto mediante el cual se negó el reconocimiento
y pago de la diferencia salarial del 20% y de la prima de actividad.

79. En consecuencia, pidió a título de restablecimiento del derecho, lo siguiente: (i)
el reconocimiento y pago de la prima de actividad, según los porcentajes establecidos
en las normas vigentes, para oficiales y suboficiales; (ii) el pago de la diferencia salarial
del 20% dejada de percibir, como salario básico mensual, conforme a la Ley 131 de
1985 y al Decreto 1794 de 2000; (iii) la reliquidación de todas las prestaciones sociales,
teniendo en cuenta un salario básico equivalente al mínimo legal incrementado en un
60%; (iv) la actualización de los valores adeudados conforme al IPC; y (v) el pago de
costas y agencias en derecho. De manera subsidiaria, pidió aplicar las figuras de
excepción de inconstitucionalidad y de convencionalidad frente al acto administrativo
acusado.

80. En vista de lo expuesto, el fundamento principal de las pretensiones versó en la
presunta vulneración del principio de igualdad, bajo el argumento de que el accionante
ejercía las mismas funciones de los soldados profesionales que antes del 31 de
diciembre de 2000 se desempeñaron como voluntarios; y que, al igual que los oficiales
y suboficiales del Ejército Nacional, se encuentra en el supuesto de hecho de estar
«en servicio activo», previsto en el Decreto 1211 de 1990, para el reconocimiento de
la prima de actividad y el subsidio familiar.

81. Para efectos de verificar la congruencia de las decisiones judiciales, resulta
pertinente examinar si las sentencias de primera y segunda instancia dieron respuesta
a los planteamientos formulados en la demanda y en el recurso de apelación, y si
cuentan con una carga argumentativa suficiente que sustente la decisión adoptada.

82. En lo que respecta a la primera instancia, se advierte que el Juzgado Noveno
Administrativo Oral del Circuito de Tunja, en sentencia del 21 de junio de 2022,
consideró lo siguiente:

[…]

El señor ELGUIS FERNANDO BELTRAN CARE no fue incorporado al Ejército Nacional
como soldado voluntario, ingresó a la institución como soldado regular (prestación de
servicio militar) el 6 de julio de 2000 y a través de orden administrativa de personal No.

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1114 de fecha 20 de julio de 2002, con novedad fiscal del 1° de julio de 2002, fue
incorporado como soldado profesional.

[…]

En el sub lite pretende la parte actora le sea reajustada su asignación básica en un 20%
como está previsto a favor de quienes antes de ser incorporados como soldados
profesionales fueron soldados voluntarios, de conformidad con el inciso 2o del artículo
1o del Decreto 1794 de 2000, en acato del derecho a la igualdad y de la regla “a trabajo
igual, salario igual”.

Como se expuso, en las consideraciones generales en cuanto a la asignación básica de
los soldados profesionales, el mencionado artículo 1o del Decreto 1794 de 2000, hizo la
siguiente distinción: de acuerdo al inciso 1o, los soldados profesionales que se
vincularon a las Fuerzas Militares a partir de su vigencia, devengan un sueldo
equivalente al mínimo legal vigente incrementado en un 40%, mientras que de
conformidad con el inciso 2o, quienes a 31 de diciembre de 2000 eran soldados
voluntarios de acuerdo con la Ley 131 de 1985, perciben un salario mínimo legal vigente
incrementado en un 60%.

Ahora, en el sub examine se encuentra acreditado que el demandante fue incorporado
como soldado profesional a partir del 1o de julio del año 2002 y con anterioridad no fue
soldado voluntario, así se desprende de la documental aportada, conforme se expuso
en los hechos acreditados, pero además así fue confesado por la parte desde la
presentación de la demanda. En consecuencia, actualmente devenga por concepto de
asignación básica un salario mínimo legal mensual vigente incrementado en un 40%,
como lo prevé el inciso 1o del artículo 1o del Decreto 1794 de 2000 para los soldados
profesionales vinculados por primera vez, como es el caso del demandante.

[…]

El Decreto 1793 de 2000, como el Decreto 1794 de la misma anualidad, coinciden en
establecer que a los soldados voluntarios que posteriormente fueron incorporados como
profesionales les son aplicables íntegramente las disposiciones de estos Decretos, lo
que se traduce en que el régimen de carrera y el estatuto del personal, así como el
régimen salarial y prestacional de los soldados profesionales es igual para todos sin
distinción alguna (voluntarios y nuevos), salvo, claro está, en lo atinente a la asignación
básica.

Sin embargo, advierte el despacho que en realidad se trata de sujetos que no son
comparables, pues los soldados voluntarios que posteriormente fueron vinculados como
profesionales vienen de un tránsito legislativo, a diferencia de los soldados profesionales
vinculados por primera vez. Se rememora que así mismo lo consideró el Consejo de
Estado en sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016 “(...) pese a ostentar el
mismo rango de soldados profesionales, los enunciados normativos analizados
distinguen en este género de uniformados dos categorías en virtud de las diferencias
objetivas que estipulan dichas normas en cuanto a su vinculación, esto es, la antigüedad
de unos y la novedad de otros.”

[…]

En ese orden ideas, atendiendo el resultado del test de igualdad, se concluye que en el
caso no resulta aplicable la regla “a trabajo igual, salario igual” invocada por el actor,
razón por la cual el cargo formulado, esto es, la infracción de las normas en que debería
fundarse, no está llamado a prosperar en lo atinente a esta pretensión, en consecuencia,
se negará la nulidad del acto ficto o presunto configurado como consecuencia del silencio
administrativo negativo en que incurrió la entidad demandada en relación con el derecho
de petición radicado bajo el No. LP483DL5P2 del 23 de junio de 2018, particularmente
en lo que al reajuste del 20% de la asignación básica concierne.

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Radicación: 11001-03-25-000-2023-00351-00 (5048-2023)
Recurrente: Elguis Fernando Beltrán Care

[…]

El señor ELGUIS FERNANDO BELTRAN CARE contrajo matrimonio del 26 de mayo de
2010 y tiene 2 hijas nacidas el 1° de agosto de 2005 y el 12 de julio de 2011. Acreditado
con el registro civil de matrimonio y los registros civiles de nacimiento respectivos […]

Ahora, en cuanto al requisito a que se refiere el inciso 2º del artículo 11 del Decreto 1794
de 2000, según el cual los soldados profesionales para acceder esta prestación debían
reportar el cambio de su estado civil al Comando, en concordancia con lo expuesto en
las consideraciones generales, no debe pasarse por alto que para el momento en que el
demandante cambió su estado civil - 26 de mayo de 2010 - se encontraba vigente el
Decreto 3770 de 2009 y por lo tanto derogado el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000,
por lo que solo hasta que cobró ejecutoria la sentencia del 8 de junio de 2017, que
declaró la nulidad del Decreto 3770 de 2009, se le podía exigir al demandante el requisito
en mención para acceder a esta prestación en los términos del artículo 11 del Decreto
1794 de 2000, requisito que en todo caso para ese entonces ya había cumplido, pues
para poder reconocerle el subsidio familiar en diciembre de 2014, en la forma prevista
en el Decreto 1161 del mismo año, la entidad demandada tuvo acceso al registro civil de
matrimonio del demandante.

Así las cosas, sin mayores elucubraciones se concluye que la entidad demandada, al
negarse a reconocer el subsidio familiar a favor del demandante en los términos del
artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, incurrió en la infracción de las normas en que
debía fundarse, razón suficiente para declarar la nulidad del acto administrativo
contenido en el oficio No. 20183111996381 del 16 de octubre de 2018 y por lo tanto
acceder a la pretensión de reajuste del subsidio familiar, tal como se precisará en la parte
resolutiva.

[…]

4.2.3. Reconocimiento de Prima de Actividad.

Sobre esta prestación, ab initio advierte el Despacho sin mayores disquisiciones que
debe negarse la pretensión formulada, atendiendo a que conforme a lo reseñado en las
consideraciones generales, la prima actividad NO es una prestación estatuida a favor de
los soldados profesionales, sino a favor de los oficiales y suboficiales de la Fuerza
Publica, grupos jurídicamente disimiles, en tanto, tienen una naturaleza jerárquica y
funcional distinta, es así́ que, aunque la prima de actividad es una prestación que se
fundamenta en la permanencia en el servicio, condición que cumplen los soldados
profesionales activos, lo cierto es que, conforme lo ha explicado el Consejo de Estado,
la diferencia emanada de reconocerle a los oficiales y suboficiales la prima de actividad
y no a los soldados profesionales, obedece a factores objetivos y razonables permitidos
por la Constitución y la Ley.

[…]

En consecuencia, en relación con esta pretensión tampoco se declarará la nulidad del
acto ficto o presunto configurado como consecuencia del silencio administrativo negativo
en que incurrió́ la entidad demandada en relación con el derecho de petición radicado
bajo el No. LP483DL5P2 del 23 de junio de 2018.

83. Inconforme con la decisión anterior, el accionante interpuso recurso de
apelación en el que solicitó revocar de manera parcial la sentencia de primera
instancia. Los argumentos centrales de la alzada, como se indicó en el acápite «2.1.4.
Recurso de apelación de la parte demandante», se fundaron en la falta de congruencia
de la sentencia y en la solicitud de complementación para resolver integralmente los
puntos planteados, que, de modo general, la Sala evidencia, versaron sobre la
supuesta vulneración del principio de igualdad en materia salarial y prestacional. Ello,
al pretender comparar a los soldados que como el señor Elguis Fernando Beltrán Care
ingresaron de manera directa a ser soldados profesionales con quienes fueron
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Recurrente: Elguis Fernando Beltrán Care

previamente soldados voluntarios y pasaron a ser profesionales; y frente a los oficiales
y suboficiales.

84. Con posterioridad, el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión
Cuarta, profirió sentencia de segunda instancia el 22 de marzo de 2023, en la que
planteó como problemas jurídicos a resolver los siguientes:

(i) ¿La sentencia de primera instancia es incongruente y, por ende, está afectada por
un vicio insubsanable?

(ii) ¿La diferencia que existe en la asignación salarial mensual de los soldados
profesionales y la de los voluntarios que se incorporaron como tal, configura un
trato discriminatorio en perjuicio de los primeros, que desconoce el principio “a
trabajo igual, salario igual”?

[…]

85. Frente a la incongruencia de la sentencia de primera instancia:

48. De manera preliminar se indicará que los argumentos del recurso no discuten el
reconocimiento del subsidio familiar efectuado por el fallo de primera instancia y al no
encontrarse controversia al respecto la Sala y en tal sentido únicamente abordará los
cargos de impugnación. Máxime cuando está plenamente acreditado que el
demandante fue incorporado como soldado profesional a partir del 1o de julio del año
2002 y con anterioridad no fue soldado voluntario.

49. Así las cosas, la primera parte de la argumentación de la apelación se refiere a una
supuesta incongruencia de la sentencia, que el apoderado del demandante considera
de tal gravedad que, en su criterio, genera la nulidad de la providencia.

50. La Sala no comparte esa apreciación, pues, por un lado, la incongruencia de una
sentencia de primera instancia no es causal de nulidad, y por otro, en este caso la
decisión recurrida no incurrió en ese defecto.

51. Al respecto, las nulidades se rigen, entre otros, por el principio de taxatividad, según
el cual solo tienen esa connotación los vicios que determine la ley. Dicho de otra forma,
“dentro de un proceso pueden existir múltiples irregularidades, pero únicamente tienen
fuerza para invalidar la actuación las irregularidades ‘nulidades’ taxativamente
contempladas por el legislador”.

[…]

55. Por otra parte, aun dejando de lado la improcedencia de la solicitud de nulidad, esta
Corporación evidencia que el juzgado se pronunció de forma adecuada y completa
frente a las pretensiones de la demanda, en el marco de su causa petendi, pues verificó
la situación fáctica en la que se encuentra el demandante y analizó si le era extensible
la prerrogativa salarial que reclama.

56. El hecho de que la jueza no estudiara los pronunciamientos del apoderado del
demandante frase por frase, como lo insinúa el recurso, no desdibuja esta conclusión,
pues en este caso el conflicto reside en un único punto (pese a que incluya argumentos
complementarios), que consiste en determinar si es jurídicamente viable equiparar
salarialmente a los soldados profesionales con los soldados voluntarios que se
incorporaron a esa calidad.

57. Aunque la exposición jurídica del apoderado se extienda a un número
innecesariamente abultado de páginas, o el ejercicio argumentativo se infle y
sobrecargue de forma antitécnica, el conflicto en ningún caso adquirirá connotaciones
diferentes ni hará que los límites del pronunciamiento se expandan más allá, al punto
de que, como lo propone el profesional del derecho, deba exigirse al operador judicial

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Recurrente: Elguis Fernando Beltrán Care

que lleve a cabo un estudio histórico de cómo los soldados profesionales
presuntamente han venido siendo discriminados sistemáticamente en temas
prestacionales y pensionales.

86. Respecto a la prima de actividad y la diferencia de asignación salarial:

[…]

62. Según la parte actora, tanto los soldados profesionales, como los soldados
voluntarios que se incorporaron como tal, se encuentran en la misma situación de
hecho porque ostentan el mismo régimen y, por ende, el primer grupo no puede
devengar una asignación salarial inferior a la del segundo, ya que esto se traduciría en
una violación del principio de igualdad.

63. Al respecto, este Tribunal considera que ambos grupos de trabajadores no se
encuentran en la misma situación de hecho y, por ende, la diferenciación que efectúa
el ordenamiento está justificada en criterios objetivos que respetan las disposiciones
constitucionales.

64. La Ley 131 de 1985 creó la categoría de soldados voluntarios y los definió como
aquellas personas que “habiendo prestado el servicio militar obligatorio, manifiesten
ese deseo al respectivo Comandante de Fuerza y sean aceptados por él” (art. 2.o).
Asimismo, dispuso que su remuneración mensual sería la siguiente:

“(...) ARTÍCULO 4o. El que preste el servicio militar voluntario devengará una
bonificación mensual equivalente al salario mínimo legal vigente, incrementada
en un sesenta por ciento (60%) del mismo salario, el cual no podrá sobrepasar
los haberes correspondientes a un Cabo Segundo, Marinero o Suboficial
Técnico Cuarto. (...)”

65. Más adelante, el Decreto-Ley 1793 de 2000 reemplazó dicha categoría por la de
los soldados profesionales, entendiendo como tales “los varones entrenados y
capacitados con la finalidad principal de actuar en las unidades de combate y apoyo de
combate de las Fuerzas Militares, en la ejecución de operaciones militares, para la
conservación, restablecimiento del orden público y demás misiones que le sean
asignadas” (art. 1.o). Además, esta norma con fuerza material de ley dejó en cabeza
del Gobierno Nacional la expedición del régimen salarial y prestacional de los soldados
profesionales, “sin desmejorar los derechos adquiridos” (art. 38).

66. Con fundamento en lo anterior, el Decreto 1794 de 2000 estableció lo siguiente
frente a la asignación mensual de los soldados profesionales:

“(...) ARTÍCULO 1. ASIGNACIÓN SALARIAL MENSUAL. Los soldados
profesionales que se vinculen a las Fuerzas Militares devengarán un (1) salario
mensual equivalente al salario mínimo legal vigente, incrementado en un
cuarenta por ciento (40%) del mismo salario.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el parágrafo del artículo siguiente, quienes al
31 de diciembre del año 2000 se encontraban como soldados de acuerdo con
la Ley 131 de 1985, devengarán un salario mínimo legal vigente
incrementado en un sesenta por ciento (60%). (...)” (Subraya y negrilla fuera
del texto original)

67. En este orden de ideas, el decreto en comento efectivamente establece una
diferenciación salarial entre los soldados profesionales y los soldados voluntarios que
se incorporaron como tal, pues los primeros devengan una asignación salarial mensual
inferior a la de los segundos en un 20 %.

68. Pero este solo hecho no es suficiente para hablar de un trato discriminatorio. […]

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Recurrente: Elguis Fernando Beltrán Care

71. Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala comparte el criterio de la sentencia de
primera instancia, así́ como el del concepto del Ministerio Público, pues los dos grupos
de trabajadores no se encuentran ubicados en supuestos de hecho susceptibles de
compararse en lo que tiene que ver con su asignación salarial mensual.

[…]

77. Entonces, la argumentación de la parte demandante examina la situación a la luz
de una perspectiva incorrecta. No es que la remuneración que deben devengar todos
los soldados profesionales debe ser la equivalente a un salario mínimo incrementado
en un 60 %. La lógica correcta es que todos los soldados profesionales deben percibir
una asignación mensual correspondiente a un salario mínimo incrementado en un 40
%, pero con una excepción que surge de la obligación de respetar los derechos
adquiridos por los soldados antiguos (voluntarios). En otros términos, no se trata de
una discriminación negativa en contra de los soldados que se vincularon en vigencia
del Decreto-Ley 1793 de 2000, sino de una diferenciación positiva a favor de los
soldados voluntarios que se incorporaron al nuevo régimen.

78. Incluso, debe decirse que, si se admitiera la tesis del demandante, la diferenciación
salarial dejaría de ser transitoria y excepcional, como es su naturaleza, pues todos los
soldados profesionales podrían alegar que existen o existieron pares que devengan
una asignación salarial mayor o lo hicieron antes y, por ende, podrían reclamar su
equiparación, en contravía del diseño normativo vigente.

79. Por consiguiente, las situaciones diferenciadas que prevé el artículo 1.o del Decreto
1794 de 2000 no desconocen el principio de igualdad ni los derechos laborales que
enuncia el artículo 53 de la Constitución; al contrario, materializan el mandato relativo
a la protección de los derechos adquiridos. Y, en esa línea, mal puede aseverarse que
la diferenciación vulnera el principio “a trabajo igual, salario igual”, toda vez que este
mandato de optimización, debido a que se deriva del principio de igualdad, también
admite tratos diferentes que se basen en criterios objetivos.

[…]

87. Se advierte que el Tribunal no abordó de manera autónoma el tema relacionado
con la prima de actividad, pues no destinó un acápite específico para resolver este
punto, como sí lo hizo frente a la diferencia entre soldados voluntarios y profesionales.
Sin embargo, el análisis del asunto puede inferirse dentro del estudio del primer
problema jurídico, en la medida en que este comprendía si había incongruencia entre
las pretensiones formuladas en la demanda y lo resuelto por la sentencia de primera
instancia, entre ellas, las relativas al reconocimiento de dicha prestación, que fue
negada porque el actor no se encontraba en la misma situación de sus destinatarios,
razonamiento que confirmó el juez de la alzada.

88. En desarrollo de ese análisis, el Tribunal adujo que no había incongruencia
puesto que el juzgado de primera instancia sí se pronunció de manera adecuada y
completa frente a las pretensiones de la demanda, conforme a la causa petendi,
verificando la situación fáctica del demandante y analizando si le era extensible la
prerrogativa salarial reclamada.

89. Asimismo, el Tribunal señaló que el hecho de que la jueza de primera instancia
no se hubiera referido de manera pormenorizada a cada una de las afirmaciones del
demandante no desvirtúa la validez del fallo, pues lo relevante es que la decisión
resolvió de fondo las pretensiones propuestas, dentro de los límites del debate jurídico
planteado, comprendiendo lo atinente a la prima de actividad, respecto de la cual el
juzgado adujo que, la exclusión de los soldados profesionales de dicho beneficio
responde a criterios objetivos y razonables derivados de la estructura jerárquica y
funcional de la Fuerza Pública, de la distinción entre soldados profesionales, los

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oficiales y suboficiales de la Fuerza Publica, que es constitucionalmente admisible. Por
esto, determinó que la prima de actividad no era aplicable a los soldados profesionales,
toda vez que estos cuentan con un régimen salarial y prestacional propio, consagrado
en el Decreto 1794 de 2000, el cual difiere del aplicable a oficiales y suboficiales.

90. Asimismo, se observa que conforme con las pruebas obrantes en el proceso y
a las reglas fijadas en la sentencia de unificación CE-SUJ2-003-16 del 25 de agosto
de 2016, radicado 85001-33-33-002-2013-000060-01 (3420-2005), el Tribunal
concluyó que el recurrente no tenía derecho al reajuste salarial del 20%, de manera
que su asignación básica correspondía al salario mínimo mensual incrementado en un
40%. Añadió que como el accionante no se encontraba en una situación igual a la de
los soldados profesionales que eran voluntarios antes del 31 de diciembre de 2000, no
le era aplicable el principio de igualdad.

91. Lo anterior, toda vez que el Tribunal, al expedir la decisión objeto del recurso
extraordinario, explicó de manera clara que el Decreto 1794 de 2000 resultaba
aplicable a la situación fáctica del demandante. Sostuvo que en su artículo 1, la referida
norma prevé que los soldados profesionales vinculados a las fuerzas militares a partir
de su entrada en vigor devengan un sueldo equivalente al salario mínimo legal vigente
incrementado en un 40%; mientras que, en los términos del inciso 2, quienes al 31 de
diciembre de 2000 se encontraban como soldados voluntarios y posteriormente fueron
incorporados como profesionales tienen derecho a percibir una asignación equivalente
al salario mínimo legal incrementado en un 60%, de acuerdo con la Ley 131 de 1985.

92. Advertido lo anterior, la Sala considera que la sentencia de segunda instancia
no resulta violatoria del principio de congruencia. En efecto, la decisión abordó la
controversia central planteada en las pretensiones de la demanda, relativas al reajuste
salarial del 20%, y al reconocimiento y pago de la prima de actividad.

93. Sumado a lo anterior, de la revisión detallada y transversal de los argumentos
planteados en el recurso extraordinario sobre la falta de pronunciamiento en las
instancias judiciales —esto es, los fundamentos de la demanda y los cargos de la
apelación respecto de los cuales se alegó omisión—, la Sala precisa que se relacionan
con la presunta vulneración del principio de igualdad en materia salarial y prestacional,
al comparar a los soldados que ingresaron en forma directa a ser profesionales con
los soldados voluntarios que pasaron a ser profesionales; así como con respecto a los
oficiales y suboficiales, cuya diferencia fue abordada en primera instancia y confirmada
en segunda al no encontrar incongruencia entre las pretensiones de la demanda y lo
resuelto por el juzgado.

94. Estos argumentos fueron abordados de manera sustancial en ambas instancias,
al concluirse que no era posible predicar la vulneración del derecho a la igualdad, como
tampoco del artículo 53 de la Constitución Política, dado que el demandante no se
encontraba en la misma condición de los empleos frente a los cuales alegaba una
desmejora laboral.

95. Así las cosas, se estima que la sentencia cuestionada que profirió el Tribunal
Administrativo de Boyacá no violó el principio de congruencia porque no omitió
pronunciarse sobre el objeto del litigio, ni frente a los argumentos del recurso de
apelación contra la sentencia de primera instancia, de manera tal que no se incurrió
en una afectación del debido proceso.

96. Al respecto, es importante recordar que el recurso extraordinario de revisión no
es una oportunidad para que la parte recurrente cuestione la decisión proferida por el
Tribunal que fue adversa a sus intereses, cuando de lo visto está demostrado que la

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Radicación: 11001-03-25-000-2023-00351-00 (5048-2023)
Recurrente: Elguis Fernando Beltrán Care

autoridad actuó de acuerdo con la fijación del litigio y el ámbito de su competencia
definido por los cargos del recurso de apelación.

97. En consecuencia, se estima que la causal de revisión alegada no se configura
y, en realidad, el recurrente pretende emplear este mecanismo extraordinario como
una nueva instancia, propósito que resulta improcedente.

98. Lo anterior guarda coherencia con la postura adoptada por esta Sección del
Consejo de Estado en un caso similar al presente—recurso extraordinario de revisión
relacionado con el reajuste salarial del 20% y la prima de actividad, cuyo apoderado
de la parte recurrente es el mismo abogado del asunto de la referencia38—, en el que
se concluyó que la providencia no vulneraba el principio de congruencia y, en
consecuencia, se declaró infundado el recurso. Al respecto, se dijo39:

Se advierte, además, que el tribunal abordó los argumentos expuestos en el recurso de
apelación, en la medida en que determinó, la no transgresión del derecho a la igualdad,
ni del artículo 53 de la Constitución Política, pues luego de realizar el recuento normativo
y jurisprudencial aplicable al sub lite, concluyó que las condiciones de quienes se
vincularon como soldados voluntarios y pasaron a ser, por disposición del Gobierno
nacional, soldados profesionales, no son iguales a las de aquellos que, como el actor,
accedieron a la institución en forma directa, como soldados profesionales.

Señaló que tampoco se constituía una violación al referido derecho a raíz de la negativa
al reconocimiento de la prima de actividad, pues enfatizó en que la condición del actor y
la de los oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares no era la misma, lo cual
justificaba un tratamiento diferente, conforme lo había sostenido esta corporación y la
Corte Constitucional.

Bajo ese panorama, es incorrecto y opuesto al tecnicismo requerido para sustentar la
causal invocada, realizar cuestionamientos motivados en la aplicación o interpretación
indebida de una disposición normativa, comoquiera que esta observación escapa del
ámbito de la aludida causal, en tanto pertenece al debate ordinario.

Finalmente, de acuerdo con el expediente del proceso ordinario, observa la Sala que el
hoy recurrente en la demanda presentada en el marco del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, ventiló similares argumentos a los expuestos en esta
oportunidad, lo que evidencia que pretende utilizar el recurso extraordinario de revisión
como una tercera instancia.

99. En atención a lo expuesto, como en el caso bajo estudio no se configuró la
causal de revisión dispuesta en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA, por violación
al principio de congruencia, se declarará infundado el recurso extraordinario de la
referencia.

3.8. Conclusión

100. Según se estudió, el Tribunal Administrativo de Boyacá se pronunció sobre el
objeto del litigio del proceso adelantado por el señor Elguis Fernando Beltrán Care y
respecto a los cargos propuestos contra la sentencia de primera instancia. Por ende,
en el presente asunto no se vulneró el principio de congruencia y, en consecuencia,
no se configuró la causal de revisión invocada, de manera que el recurso se declarará
infundado.

38 Abogado Wilmer Yackson Peña Sánchez.
39 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 21 de marzo de 2024, proceso 11001-03-25-

000-2022-00214-00 (0361-2022), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
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Radicación: 11001-03-25-000-2023-00351-00 (5048-2023)
Recurrente: Elguis Fernando Beltrán Care

3.9. Costas

101. En este punto, para decidir sobre las costas procesales, la presente providencia
acogerá el criterio de interpretación mayoritario40 de la Subsección sobre el artículo
255 del CPACA, modificado por el artículo 70 de la Ley 2080 de 2021, consistente en
que para decretar la condena en costas debe verificarse, a través de un juicio de
ponderación subjetiva, si la parte vencida actuó de manera temeraria o de mala fe 41.
Por lo tanto, en el caso concreto, no habrá lugar a imponer dicha condena en atención
a que, si bien el recurso se declarará infundado, no se advierte que la parte recurrente
haya incurrido en las anteriores conductas, durante el trámite del presente asunto.

IV. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: DECLARAR infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto
por el señor Elguis Fernando Beltrán Care en contra de la sentencia proferida el 22 de
marzo de 2023, por el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión Cuarta, por
las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Sin condena en costas, de acuerdo con las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.

TERCERO: ARCHIVAR el expediente de la referencia, una vez realizadas las
anotaciones pertinentes en el sistema de Gestión Judicial SAMAI.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado Electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta a través del siguiente enlace https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx.

40 La magistrada ponente considera que la modificación que la Ley 2080 de 2021 introdujo al artículo 255 del

CPACA, en materia de costas, implica la adopción de un criterio objetivo valorativo por varias razones, a saber: (i)
se adopta la regla de procedencia en materia de costas para el recurso extraordinario de revisión bajo el supuesto
de que se declare infundado el recurso; (ii) el artículo 255 del CPACA debe leerse conjuntamente con los artículos
365 y 366 del CGP para efectos de verificar la causación y la comprobación de las cosas procesales; y (iii) la
temeridad o mala fe deben ser valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el
propósito de determinar la eventual responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas».
41 Sobre el particular, pueden verse las sentencias de: (i) 22 de agosto de 2024, Rad. 11001-03-25-000-2016-00813-

00 (3722-2016). MP Juan Enrique Bedoya Escobar, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda,
Subsección B; (ii) 18 de julio de 2024, Rad. 11001-03-25-000-2017-00079-00 (0354-2017). MP Jorge Edison
Portocarrero Banguera, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B.
23

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