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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-25-000-2023-00360-00

Fecha
24 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-25-000-2023-00360-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR la nulidad de los artículos 55 del Acuerdo 100-02-01-01-0001-2019 del 26 de febrero de 2019 y 68 del Acuerdo 200-02-01-01-0001-2023 del 27 de febrero del año 2023, proferidos por la Asamblea Corporativa de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá – CORPOURABÁ –. SEGUNDO: ADVERTIR a los sujetos procesales que contra esta decisión no procede recurso alguno. TERCERO: En firme esta providencia, ARCHÍVESE el expediente.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-25-000-2023-00360-00

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

24 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Veinticuatro (24) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: NULIDAD
Radicados: 11001-03-25-000-2023-00360-00 (principal)
11001-03-25-000-2023-00247-00
Demandante: ÓSCAR BLANDÓN GARIBELLO
Demandada: CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
DEL URABÁ – CORPOURABÁ

Temas: Autonomía de las CAR. Procedimiento para elegir director general.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala se pronuncia sobre la demanda de nulidad presentada en contra de los artículos 551
del Acuerdo 100-02-01-01-0001-2019 del 26 de febrero de 20192 y 683 del Acuerdo 200-02-
01-01-0001-2023 del 27 de febrero del año 2023, proferidos por la Asamblea Corporativa de
la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá – CORPOURABÁ –.

1. ANTECEDENTES

1.1 La demanda (2023-00247-00)

La parte actora, en ejercicio del medio de control consagrado en el artículo 137 del CPACA,
formuló demanda el 10 de mayo de 20234 con las siguientes pretensiones:

Primera: Que se declare la nulidad parcial del artículo 55 del acuerdo sin número con consecutivo
100-02-01-01-0001-2019, por medio del cual “se adopta la reforma de los estatutos de la
Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá CORPOURABA; en lo que respecta a las
siguientes apartes, expresiones normativas y frases allí contenidas como: “Selección”, e
“idoneidad académica, administrativa, de dirección y experiencia de los candidatos, con base en
pruebas de conocimiento y aptitudes requeridas para el desempeño del empleo”. En la medida en
que se encuentran en contravía de lo dispuesto en los artículos 28 de la Ley 99 de 1993; parágrafo
2 del artículo 1 de la Ley 1263 de 2008 y el artículo 2.2.8.4.1.22 del decreto 1076 de 2015.

Segunda: Que se declare la suspensión provisional del artículo 55 Parcial - del acuerdo sin número
con consecutivo 100-02-01-01-0001-2019, por medio del cual “se adopta la reforma de los
estatutos de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá “CORPOURABA; en lo que
respecta a los siguientes apartes, expresiones normativas y frases allí contenidas como:
“Selección”, e “idoneidad académica, administrativa, de dirección y experiencia de los candidatos,
con base en pruebas de conocimiento y aptitudes requeridas para el desempeño del empleo”, por

1
Proceso de selección, elección y designación. Corresponde al Consejo Directivo reglamentar para cada periodo institucional de acuerdo
con el marco legal vigente, el proceso de selección, elección y designación del Director General de la Corporación, el cual deberá realizarse
en el trimestre inmediatamente anterior al inicio del siguiente periodo institucional. Para tales efectos dicho proceso deberá considerar como
mínimo la idoneidad académica, administrativa, de dirección y experiencia de los candidatos, con base en pruebas de conocimiento y
aptitudes requeridas para el desempeño del empleo y valoración de antecedentes de estudios y experiencia general y específica que
permitan seleccionar al candidato más idóneo.
2
Mediante el cual se reformó los estatutos de CORPOURABÁ.
3
Redactado en forma similar.
4
Índice SAMAI número 3.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Óscar Blandón Garibello
Demandada: Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá (CORPOURABÁ)
Radicados: 11001-03-25-000-2023-00360-00
11001-03-25-000-2023-00247-00

violar el contenido de las normas contenidas en los artículos 28 de la Ley 99 de 1993; parágrafo 2
del artículo 1 de la Ley 1263 de 2008 y el artículo 2.2.8.4.1.22 del decreto 1076 de 20155.

1.2 Hechos

A fin de dar soporte fáctico a su escrito inicial, puso de presente en forma concreta que el 26
de febrero de 2019 la Asamblea Corporativa de dicha entidad expidió el acuerdo
controvertido modificando lo que hasta ese momento estaba vigente.

1.3 Normas violadas y concepto de la violación

1.3.1 Vulneración de normas superiores

El accionante afirmó que el artículo 556 del Acuerdo 100-02-01-01-0001-2019 del 26 de
febrero de 2019 contraviene los preceptos 28 de la Ley 99 de 1993, 1 (parágrafo 2) de la Ley
1263 de 2008 y 2.2.8.4.1.22 del Decreto 1076 de 2015; habida cuenta de que, se reglamentó
un trámite de «selección» del director general de CORPOURABÁ a sabiendas de que solo se
puede adelantar un proceso de «elección».

Mencionó que a la luz de la jurisprudencia del Consejo de Estado7 y de la Corte
Constitucional8, las corporaciones autónomas regionales deben observar la ley en las
regulaciones administrativas que tienen a su cargo y, sobre esta base, se debe comprender
que no son entes independientes en el aparato estatal ni pueden desplazar al legislador.

Aseveró que el artículo 28 de la Ley 99 de 1993 establece que los directores de estas
entidades deben ser designados por los consejos directivos, para períodos de (4) años;
además, el parágrafo 2 del precepto 1 de la Ley 1263 de 2008 dispone que estas instancias
deben realizar el proceso de elección de los directores generales. Mencionó, en igual sentido
que, los artículos 2.2.8.4.1.21 y 2.2.8.4.1.22 del Decreto 1076 de 2015 señalan las calidades
y el procedimiento para elegir y nombrar a los directores generales.

Con base en lo anterior, precisó que el legislador pretendió que las CAR realizaran un
proceso de «elección» que concluyera con la designación o nombramiento de los directores
generales, conforme a las Leyes 99 de 1993 y 1263 de 2008; sin embargo, con el artículo 559
del Acuerdo 100-02-01-01-0001-2019 del 26 de febrero de 2019 demandado, la entidad
accionada implementó un proceso de «selección», no permitido en la ley.

Manifestó que este último trámite tiene naturaleza, características y finalidades distintas, en
tanto: a) sigue la lógica del Decreto 256 de 1994, para la escogencia de personal según el
principio del mérito, por lo que implica la medición de competencias y habilidades generales y

5
Citación con errores ortográficos.
6
Proceso de selección, elección y designación. Corresponde al Consejo Directivo reglamentar para cada periodo institucional de acuerdo
con el marco legal vigente, el proceso de selección, elección y designación del Director General de la Corporación, el cual deberá realizarse
en el trimestre inmediatamente anterior al inicio del siguiente periodo institucional. Para tales efectos dicho proceso deberá considerar como
mínimo la idoneidad académica, administrativa, de dirección y experiencia de los candidatos, con base en pruebas de conocimiento y
aptitudes requeridas para el desempeño del empleo y valoración de antecedentes de estudios y experiencia general y específica que
permitan seleccionar al candidato más idóneo.
7
Sin indicar radicado o asunto.
8
No refirió providencia alguna.
9
Proceso de selección, elección y designación. Corresponde al Consejo Directivo reglamentar para cada periodo institucional de acuerdo
con el marco legal vigente, el proceso de selección, elección y designación del Director General de la Corporación, el cual deberá realizarse
en el trimestre inmediatamente anterior al inicio del siguiente periodo institucional. Para tales efectos dicho proceso deberá considerar como
mínimo la idoneidad académica, administrativa, de dirección y experiencia de los candidatos, con base en pruebas de conocimiento y
aptitudes requeridas para el desempeño del empleo y valoración de antecedentes de estudios y experiencia general y específica que
permitan seleccionar al candidato más idóneo.

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Demandante: Óscar Blandón Garibello
Demandada: Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá (CORPOURABÁ)
Radicados: 11001-03-25-000-2023-00360-00
11001-03-25-000-2023-00247-00

específicas, b) debe contar con el respaldo del Departamento Administrativo de la Función
Pública y de una institución de educación superior acreditada, en aras de garantizar su
transparencia e idoneidad y, c) confiere derechos de carrera administrativa.

En su criterio, lo comentado resulta desproporcionado, ineficiente y carente de sentido pues,
al crear un proceso de «selección» desconoce no solo la naturaleza del cargo de director
general que es de confianza, sino que crea unas exigencias académicas, administrativas y
de dirección a partir de pruebas de conocimiento, con lo cual, adiciona requisitos no
señalados por el artículo 28 de la Ley 99 de 1993.

1.3.2 Falta de competencia

Con sustento en lo esbozado, el accionante manifestó que ese órgano excedió el margen de
sus competencias al expedir el artículo 5510 del Acuerdo 100-02-01-01-0001-2019 del 26 de
febrero de 2019, debido a que la materia controvertida solo puede ser reglamentada por el
legislador.

En su criterio «[…] se promulgó una reglamentación con miras a parametrizar la mencionada
“selección”, al tiempo que limitó las funciones discernidas por la ley a la Asamblea
Corporativa, contrariando lo previsto en el artículo 28 de la Ley 99 de 1993 y emitiendo una
normativa propia de reserva de ley».

Sobre esta base, dijo que, si bien no se desconoce la facultad de reforma de los estatutos,
«[…] el artículo 55 demandado debió supeditar la reglamentación que expida la Asamblea
Corporativa al proceso de elección previsto por el artículo 28 de la Ley 99 de 1993 y no
precisar requisitos adicionales a los allí previstos, ni compeler a la Asamblea Corporativa a
que adelante un proceso de “selección” para el Director General, que no se encuentra
previsto en normativa superior alguna».

1.4 Trámite procesal

Con providencia del 22 de junio del 202311, el magistrado sustanciador de la Sección
Segunda inadmitió el escrito inicial a fin que se diera cumplimiento al numeral 8.º del artículo
162 del CPACA; esto es, enviar simultáneamente al accionado, copia de la demanda y de
sus anexos. La parte actora subsanó a través de memorial del 25 de julio de dicho año 12.

Ese despacho, con auto del 1 de agosto de 202413, decidió, entre otros aspectos, lo
siguiente: i) acumular los procesos con radicados 2023-00247-00 y 2023-00360-00, ii) admitir
la primera de estas demandas, iii) correr traslado del primer escrito inicial y, iv) ordenar
tramitar en cuaderno separado la solicitud de suspensión provisional elevada.

10
Proceso de selección, elección y designación. Corresponde al Consejo Directivo reglamentar para cada periodo institucional de acuerdo
con el marco legal vigente, el proceso de selección, elección y designación del Director General de la Corporación, el cual deberá realizarse
en el trimestre inmediatamente anterior al inicio del siguiente periodo institucional. Para tales efectos dicho proceso deberá considerar como
mínimo la idoneidad académica, administrativa, de dirección y experiencia de los candidatos, con base en pruebas de conocimiento y
aptitudes requeridas para el desempeño del empleo y valoración de antecedentes de estudios y experiencia general y específica que
permitan seleccionar al candidato más idóneo.
11
Índice SAMAI número 6. Notificada por estado el 21 de julio de 2023 conforme al Índice SAMAI número 11.
12
Índice SAMAI número 12.
13
Índice SAMAI número 17. En dicha providencia se mencionó, adicionalmente, lo siguiente: «De acuerdo con lo anterior, y una vez
revisadas ambas demandas, se concluye que hay lugar a decretar la acumulación del expediente 11001 03 25 000 2023 00247 00 (3021-
2023) al proceso 11001 03 25 000 2023 00360 00 (5171-2023), toda vez que, por medio de estas, se depreca la nulidad parcial de artículos
específicos, que contienen disposiciones idénticas, previstas en actos administrativos emitidos por la Corporación para el Desarrollo
Sostenible de Urabá, relacionados con el proceso de selección, elección y designación del director general».

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Demandante: Óscar Blandón Garibello
Demandada: Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá (CORPOURABÁ)
Radicados: 11001-03-25-000-2023-00360-00
11001-03-25-000-2023-00247-00

Frente a este último punto, se corrió traslado de la medida cautelar14, sin que se hubiera
recibido manifestación de la entidad demandada ni concepto del Ministerio Público. Al
respecto, ese despacho judicial no proveyó sobre la solicitud de suspensión de los efectos
del artículo 55 del Acuerdo 100-02-01-01-0001-2019 del 26 de febrero de 2019.

1.5. La demanda 2023-00360-00

El mismo accionante, presentó demanda el 21 de julio de 202315 con iguales fundamentos
fácticos, concepto de la violación y pretensiones, controvirtiendo esta vez el artículo 68 del
Acuerdo 200-02-01-01-0001-2023 del 27 de febrero de 2023 que reprodujo el artículo 55 del
Acuerdo 100-02-01-01-0001-2019 del 26 de febrero de 2019. Con auto del 21 de septiembre
de ese año16, la Sección Segunda admitió el escrito inicial y en providencia separada de esa
misma fecha, corrió traslado de la medida cautelar17. A este propósito, el apoderado de
CORPOURABÁ se opuso a la suspensión provisional18 y contestó la demanda19.

Mediante escrito del 13 de febrero de 202420, se descorrió las excepciones y el 25 de abril de
ese año, el sustanciador denegó la suspensión provisional del artículo 68 del Acuerdo 200-
02-01-01-0001-2023 del 27 de febrero de 202321, en síntesis, porque no desconoció las
normas censuradas, debido a que se dotó de mayor meritocracia la selección del director y,
no existe una específica forma de elegirlo al existir discrecionalidad en su escogencia.

El 1º de agosto de 202422, el magistrado sustanciador de la Sección Segunda del Consejo de
Estado ordenó la suspensión del proceso de la referencia a fin de acumularlo al radicado al
2023-00247-00. Para el 30 de junio de 202623, el ponente remitió el expediente acumulado a
la Sección Quinta, atendiendo a que la controversia planteada no tenía relación con un
asunto contencioso laboral o de la seguridad social, sino que controvierte un acto que reguló
el proceso de elección del director general de CORPOURABÁ.

Por su parte, la Sala Electoral con providencia del 6 de agosto de 202624, ante la falta de
resolución de una de las dos medidas cautelares depredadas en el expediente acumulado,
decidió declarar la carencia actual de objeto; habida cuenta que, el acto no estaba
produciendo efectos por virtud de la derogatoria que hizo el Acuerdo emitido por
CORPOURABÁ en el año 2023 respecto de los estatutos del año 2019.

2. Contestación de las demandas

2.1 Radicado 2023-00360-0025

La entidad accionada se opuso a las pretensiones de la demanda, indicando que la
reglamentación de la elección de director de la CAR que lleva a cabo el Consejo Directivo de
CORPOURABÁ, obedece al cabal ejercicio de las propias competencias.

14
Índice SAMAI número 18.
15
Índice SAMAI número 3.
16
Índice SAMAI número 9, notificada el 15 de noviembre de 2023 a la parte demandada con índice SAMAI número 20.
17
Índice SAMAI número 10, notificada el 23 de octubre de 2023 con Índice SAMAI 15.
18
Índice SAMAI número 19 del 3 de noviembre de 2023.
19
Índice SAMAI número 22 del 19 de enero de 2024.
20
Índice SAMAI número 26.
21
Índice SAMAI número 30.
22
Índice SAMAI número 35.
23
Índice SAMAI número 41.
24
Índice SAMAI número 51.
25
Índice SAMAI número 22 del 19 de enero de 2024.

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Demandante: Óscar Blandón Garibello
Demandada: Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá (CORPOURABÁ)
Radicados: 11001-03-25-000-2023-00360-00
11001-03-25-000-2023-00247-00

En este orden de ideas, manifestó que el hecho de que se hubiese surtido un proceso
meritocrático, que pasa por una prueba de evaluación de idoneidad académica y de
experiencia, permite tener candidatos con las mayores aptitudes para el cargo y, en
consecuencia, no viola garantía alguna de acceso pues, por el contrario, permite escoger con
mayor cualidad la persona encargada de dirigir la entidad.

Precisó que, el Consejo de Estado26 ha dicho que los consejos directivos de las
corporaciones autónomas regionales tienen competencia para establecer el procedimiento a
través del cual, se eligen los directores generales y, con base en ello, mencionó que la
disposición acusada no modificó la naturaleza de ese empleo para convertirlo en uno de
carrera pues, este se caracteriza por ser de libre escogencia y de período fijo.

2.2 Radicado 2023-00247-00

La entidad demandada guardó silencio.

3. Auto que dicta sentencia anticipada

En providencia del 18 de agosto de 202627, el despacho conductor del proceso fijó el litigio en
los términos que se precisarán más adelante, incorporó los medios demostrativos de
naturaleza documental y corrió traslado para alegar por escrito28.

4. Alegatos de conclusión

4.1 Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá – CORPOURABÁ 29

La entidad demandada manifestó, que la infracción a normas superiores no prospera en la
medida que la palabra «selección» no creó un régimen jurídico distinto al de la «elección» del
director general por cuanto para: «escoger entre varios, […] racionalmente hay que valorar.
Sostener que el Consejo Directivo puede elegir, pero no puede seleccionar equivale a exigirle
que decida sin información, lo que contraría el artículo 209 de la Constitución, que somete la
función administrativa a los principios de igualdad, moralidad, eficacia e imparcialidad».

Aunado a ello, aseveró que existe plena competencia de la Asamblea Corporativa para
adoptar la reforma de los estatutos de la corporación conforme a las facultades que
estableció la Ley 99 de 1993 las cuales, fueron aplicadas de manera sistemática con las
normas internas de CORPOURABÁ y, por lo tanto, tal facultad modificatoria no se encuentra
sometida a reserva de ley como lo hizo ver el accionante.

4.2 El demandante

El extremo activo guardó silencio.

26
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia del 3 de marzo de 2014, MP. Alberto Yepes
Barreiro.
27
Índice SAMAI número 57.
28
Así mismo, el despacho sustanciador requirió a la demandada para que allegara prueba de la calidad de representante legal y al abogado
de la tarjeta profesional, quien, por demás, estaba reconocido como tal en el decurso de la sustanciación que realizó la Sección Segunda
del Consejo de Estado. Además, se dispuso dar traslado por 3 días de las pruebas, ello de conformidad con el índice 66 de SAMAI en el
que el apoderado de CORPOURABÁ allegó nuevo poder.
29
Índice SAMAI número 70.

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Demandante: Óscar Blandón Garibello
Demandada: Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá (CORPOURABÁ)
Radicados: 11001-03-25-000-2023-00360-00
11001-03-25-000-2023-00247-00

4.3 Concepto del Ministerio Público

La procuradora séptima delegada ante la Sección Quinta del Consejo de Estado no rindió
concepto.

2. CONSIDERACIONES

1. Competencia

La Sala es competente para decidir la demanda del caso concreto, de conformidad con lo
dispuesto en el numeral 1.º del artículo 149 de la Ley 1437 de 201130, modificado por el
artículo 24 de la Ley 2080 de 2011, en concordancia con el artículo 13 del Acuerdo 080 de
2019 –Reglamento interno de la corporación–.

2. Problema Jurídico

De conformidad con el auto que ordenó el trámite de sentencia anticipada, el asunto que se
deberá resolver es si se debe declarar:

[L]a nulidad parcial del artículo 55 del Acuerdo emitido el 26 de febrero de 2019, proferido por la
Asamblea Corporativa de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá, que reformó sus
estatutos. Así mismo, se analizará la legalidad del precepto 68 del Acuerdo del 27 de febrero del
año 2023, que adoptó la modificación de dichas normas internas de CORPOURABÁ.

Para tales efectos, se estudiará si tales disposiciones contravienen los artículos 28 de la Ley 99 de
1993, 1 (parágrafo 2) de la Ley 1263 de 2008 y 2.2.8.4.1.22 del Decreto 1076 de 2015; habida
cuenta de que, se reglamentó un trámite de «selección» del director general a sabiendas de que
solo se puede adelantar un proceso de «elección» y si se crearon requisitos adicionales a los
previstos en tales normas.

Aunado a ello, se analizará si se consolidó el vicio de falta de competencia para expedir los
preceptos censurados, en consideración a que la Asamblea Corporativa de CORPOURABÁ
excedió el margen de sus atribuciones al expedir las normas acusadas, cuya materia solo podía
ser reglamentada por el legislador.

Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala estudiará los siguientes bloques
temáticos: i) naturaleza jurídica de las Corporaciones Autónomas Regionales o de Desarrollo
Sostenible, ii) marco normativo de las elecciones de los directores de dichas entidades y, iii)
el caso concreto.

3. Naturaleza jurídica de las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo
Sostenible (CAR o CDS)

El orden jurídico que precedió a la Constitución Política de 1991 consideraba a las CAR
como tradicionales establecimientos públicos de conformidad con el artículo 76, numeral 1031
de la Carta Magna de 1886 en el que defería en el legislador la facultad para «[r]egular otros
aspectos del servicio público, tales como (…) expedir los estatutos básicos de las
corporaciones autónomas regionales (…)».

30
ARTÍCULO 149. Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, por intermedio de sus secciones, subsecciones o salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que el reglamento
disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: 1. De la nulidad de los actos administrativos expedidos por las autoridades
del orden nacional, o por las personas o entidades de derecho privado que cumplan funciones administrativas en el mismo orden, salvo que
se trate de actos de certificación o registro, respecto de los cuales la competencia está radicada en los tribunales administrativos.
31
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1826862.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Demandante: Óscar Blandón Garibello
Demandada: Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá (CORPOURABÁ)
Radicados: 11001-03-25-000-2023-00360-00
11001-03-25-000-2023-00247-00

Bajo dicha lógica, el régimen de tales entes quedó desarrollado en el Decreto 105032 de
1968, distinguiéndolas como entidades creadas por la ley, o autorizadas por ella, encargadas
principalmente de atender funciones administrativas conforme a las reglas del derecho
público, adicional a esto, sobre ellas recaía el control de tutela de parte del sector central.

Posteriormente, el constituyente de 199133 discutió no solo la naturaleza jurídica de estas
corporaciones, también, advirtió la necesidad de darle un nuevo enfoque, mucho más
autónomo del orden central, con unas especiales condiciones con miras a encuadrar, en la
nueva visión que la Constitución de Colombia imponía, para atender los desafíos que la
actividad del hombre planteaba en el sistema ambiental.

Sin perder la categoría de establecimiento público, las CAR fueron tenidas en cuenta
fundamentalmente en el texto constitucional, en el artículo 150 numeral 734, con un objeto
especial y provisto de una relativa autonomía, libre de intromisión, tanto de las entidades
territoriales que le componen como del sector central.

En relación con las CDS, estas guardan semejanzas con las corporaciones autónomas
regionales, en tanto, comparten el sistema ambiental y buena parte del régimen autonómico;
no obstante, el ordenamiento jurídico, precisa algunas diferencias, como, por ejemplo, que
las segundas tienen reconocimiento constitucional general y las primeras devienen su origen
y configuración en la ley.

Esta nueva visión posicionaba al legislador con una facultad amplia para reglamentar a estas
autoridades ambientales, comoquiera que, en armonía con el artículo 122 superior, puede
expedir las leyes (potestad genérica), mientras no haya norma constitucional que limite tal
prerrogativa (determinación de competencia en asuntos específicos por mandato de la norma
soberana).

De esta manera, la Constitución Política y la ley entienden que estas corporaciones tienen
una identidad propia35, autónoma e independiente y no son una especie dentro del género de
los establecimientos públicos, con lo que se supera la visión clásica con que la otrora carta
magna la entendía.

Con este análisis histórico, la Sala logra comprender que el concepto de «autonomía» a la
luz de la Constitución de 1991 toma una importante fuerza valorativa, para lo cual, el
legislador dentro de su discrecionalidad puede diseñar las características y el
desenvolvimiento de dichas corporaciones, a través de diferentes facetas.

Una de estas aristas recae sobre la «autonomía orgánica», lo que implica comprender que, a
pesar de que para algunos efectos las CAR y las CDS son consideradas entidades del orden
nacional, no «[…] están adscritas a ningún ministerio ni hacen parte de ningún sector
administrativo» y, tampoco, «[…] están sujetas a control de tutela ni a otros mecanismos

32
Por el cual se dictan normas generales para la reorganización y el funcionamiento de la administración nacional.
33
Para revisar la historia normativa de las CAR, acúdase a la Gaceta 27 del 14 de agosto de 1992, Págs. 18-26 de la publicación del
Proyecto de Ley 99 de dicho año, Cámara de Representantes.
34
Artículo 150. Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones: (…) 7. (…); reglamentar la
creación y funcionamiento de las Corporaciones Autónomas Regionales dentro de un régimen de autonomía; (…).
35
Corte Constitucional, auto 089 de 2009 MP. Humberto Antonio Sierra Porto. «Las CAR tienen una naturaleza jurídica especial o sui
generis pues (i) no pertenecen al sector central de la administración ya que, por mandato de la Constitución, son organismos autónomos
(artículo 150 numeral 7), (ii) no son entidades del sector descentralizado por servicios porque no están adscritas ni vinculadas a ningún
ente del sector central y (iii) no son entidades territoriales debido a que no están incluidas en el artículo 286 de la Constitución que las
menciona de forma taxativa y, además, pueden abarcar una zona geográfica mayor a la de una entidad territorial.».

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estrictos de control administrativo que permitan a la autoridad central revocar o variar sus
decisiones36».

Con lo anterior, el constituyente, a través de las facultades conferidas al legislador, dotó de
autonomía a estos establecimientos para el pleno desenvolvimiento de sus asuntos, entre
otras, las formas propias en las que desarrollan sus estatutos, sus actividades internas, la
elección de algunos de sus dignatarios y demás temas.

Para comprender aún más dicho concepto, debe precisarse que una entidad que goza de
autonomía debe tener la posibilidad de autodirigirse y, por ende, le corresponde a ella, dentro
de ciertos límites, determinar su propia estructura organizacional y su reglamentación interna,
sin perjuicio de las delimitaciones que hizo el propio legislador, por ejemplo, con los consejos
directivos (precísese arts. 26, 27, 34, 37, 38, entre otros de la Ley 99 de 1993).

En línea con lo dicho y, en relación con las reglas de funcionamiento de estas corporaciones,
la Sala debe precisar que no fueron definidas con suma precisión en la Constitución de 1991,
pues, como se analizó, el constituyente delegó al legislador la creación no solo de otras CAR
y CDS, sino también el desarrollo de sus funciones, los marcos en los que se despliega la
autonomía, su presupuesto, entre otros aspectos dentro del régimen referido (art. 150.7).

De acuerdo con lo anterior y en aras de dotar de contenido el concepto de autonomía, la
Corte Constitucional la ha considerado como una «[…] garantía institucional [conferida a las
CAR y a las CDS de] la potestad general de ejercer sus funciones con un determinado grado
de libertad e independencia y, de esta forma, se les blinda de injerencias desproporcionadas
del legislador, las autoridades nacionales o las entidades territoriales que la componen».37

La jurisprudencia constitucional38 ha entendido la «autonomía» así:

Calidad que se predica de quien decide por sí mismo, sin que por ello se confunda con el
concepto de soberanía o grado máximo de libertad. La autonomía, por el contrario, se ejerce
dentro de un marco jurídico determinado, que va variando a través del tiempo y que puede ser
más o menos amplio. (…)

Finalmente, en lo relativo a este polivalente concepto, ha sido ese tribunal quien ha diseñado
los límites que subyacen a tal institución jurídica, definiéndola así39:

No obstante, la autonomía no es autogobierno, ni soberanía en el ejercicio de funciones. La
autonomía de las Corporaciones Autónomas regionales está limitada, en primer lugar, por la
voluntad del legislador, pues el carácter unitario de la estructura estatal nacional las somete a sus
decisiones. (…).

Con todo, la posibilidad de limitar el ámbito de su autonomía no puede llegar al punto de impedir
que las CAR ejerzan plenamente sus funciones, (…).

Por último, debe aclararse que los temas de orden interno, que tienen que ver con el
funcionamiento institucional de las Corporaciones Autónomas Regionales, hacen parte del
espectro autonómico de éstas (…).

36
Corte Constitucional, Sentencia C – 145 de 2021. MP. Paola Andrea Meneses Mosquera.
37
Corte Constitucional, Sentencia C – 570 de 2012. MP. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. Corte Constitucional, Sentencia C – 689 de 2011.
MP. Luis Ernesto Vargas Silva.
38
Corte Constitucional, Sentencia C – 517 de 1992. M.P. Ciro Angarita Barón. Corte Constitucional, Sentencia C – 578 de 1999. MP.
Antonio Barrera Carbonell.
39
Corte Constitucional, Sentencia C – 462 de 2008. MP. Marco Gerardo Monroy Cabra.

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El hecho de que el constituyente haya entregado al legislador la función de delimitar el espectro
de autonomía de las Corporaciones Autónomas Regionales y de que no exista en la Carta una
idea precisa del término permite concluir que el legislador conserva un margen de configuración
de considerable amplitud en la materia.

Dicho lo anterior, la Sala analizará el segundo punto de la metodología propuesta.

4. Marco normativo de las elecciones de los directores de dichas entidades

Como bien se analizó, el legislador fue investido por el constituyente del poder para
reglamentar la creación y el funcionamiento de estas corporaciones dentro de un régimen de
autonomía, por tal motivo, en acatamiento de lo preceptuado en el artículo 150 numeral 7º
superior, expidió el 22 de diciembre la Ley 99 de 1993, norma que, entre otras cosas,
reordenó tanto el Sistema Nacional Ambiental como todo el sector encargado de la gestión y
conservación de este sector, así como los recursos naturales renovables.

Esta regulación, en lo que respecta a la elección del director general, tuvo sendas
discusiones40 en el Congreso de la República, con lo cual, se evidencia que el legislador
entregó inicialmente la función electoral al gobierno nacional, pero que, a partir del concepto
de «autonomía» ya estudiado, defirió finalmente en el consejo directivo la forma y método
para realizar la escogencia respectiva.

Esta norma inicialmente concibió el nombramiento del representante legal de estas
corporaciones, de la siguiente manera:

ARTÍCULO 28. Del Director General. El Director General será el representante legal de la
Corporación y su primera autoridad ejecutiva. A partir de enero de 1995 el Director General será
designado por el presidente de la República de terna que le envíe el Consejo Directivo, para un
período de tres años, siendo reelegible.

ARTÍCULO 28. De los Directores Generales de las Corporaciones Autónomas Regionales. El
presidente de la República está facultado para designar directamente a los Directores Generales
de las Corporaciones Autónomas Regionales, hasta el 31 de diciembre de 1994. A partir de esta
fecha dichos directores serán nominados por el presidente de la República de terna que le envíen
los respectivos Consejos Directivos de acuerdo a lo establecido en el artículo 28 de la presente
Ley.

Posteriormente41, la discusión parlamentaria, llevó a modificar al titular de la elección, para
quedar así:

(…) Las corporaciones tendrán como órganos de dirección a la Asamblea Corporativa, integrada
por los representantes legales de las entidades asociadas, al Consejo Directivo, elegido por la
Asamblea Corporativa con representantes de distintos sectores públicos (entre ellos municipios y
departamentos) y privados y al Director General, que será elegido por el Consejo Directivo para
períodos de tres años.

Finalmente, el Congreso de la República se decantó en la última discusión42 por el texto que
hoy subsiste43 en la Ley 99 de 1993, el cual es del siguiente tenor:

40
Informe Ponencia primer debate Cámara. Gaceta 420/1993 pág. 9-20.
41
En el informe de ponencia a segundo debate, Senado. Gaceta 192/1993 pág. 2 se incluyó lo relativo a la designación del director.
42
Gaceta 317 del 13 de septiembre de 1993, se aprobó el texto definitivo aprobado plenaria Senado, pág. 6, allí se incorporó en lo relativo
a la elección del director general el siguiente parámetro normativo: «ARTICULO 28. Del Director General. El Director General será el
representante legal de la Corporación y su primera autoridad ejecutiva; será designado por el Consejo Directivo para un período de tres
años, siendo reelegible».
43
Precísese en todo caso que, este artículo fue modificado por el artículo 1 de la Ley 1263 de 2008, en los siguientes términos: Del Director
General de las Corporaciones Autónomas Regionales o de Desarrollo Sostenible. El Director General será el representante legal de la
Corporación y su primera autoridad ejecutiva. Será designado por el Consejo Directivo para un período de cuatro (4) años, contados a partir

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Artículo 28. Del Director General de las Corporaciones Autónomas Regionales o de Desarrollo
Sostenible. El Director General será el representante legal de la Corporación y su primera
autoridad ejecutiva. Será designado por el Consejo Directivo para un período de cuatro (4) años,
contados a partir del 1º de enero de 2012, y podrá ser reelegido por una sola vez.

Con este análisis que se hace de la norma, se enseña quién es el titular de la facultad para
elegir al director de estos entes y, por su parte, esta Sala comprende que en las discusiones
vertidas por los congresistas, quedaron expuestos los reparos a diversos artículos del
proyecto de ley que daban vida jurídica a varias Corporaciones Autónomas Regionales o de
Desarrollo Regional en el país; sin embargo, debe resaltarse que no hay evidencia de una
manifestación clara y concreta44 a la forma de elección del director, lo que se traduce en que
los consejos directivos tuvieron desde su origen, y actualmente es así, plena competencia
para desarrollar los pormenores de dicha elección, sin mutar las condiciones de elegibilidad.

A partir de lo anterior, tanto el legislador como el constituyente otorgaron a esta clase de
entes, un tratamiento diferencial que permite entender que aquellos temas de orden interno,
como sucede con la elección de su director, impiden que autoridades diferentes tengan
injerencia en la definición de dichos asuntos, como también, que disposiciones legales
ajenas a su naturaleza jurídica sean aplicables en el desarrollo de sus competencias45.

5. El caso concreto

5.1. Vulneración de los artículos 28 de la Ley 99 de 1993, 1 (parágrafo 2º) de la Ley 1263
de 2008 y 2.2.8.4.1.22 del Decreto 1076 de 2015

Como bien se detalló, la parte actora adujo que los preceptos censurados que modificaron
los estatutos y que fueron proferidos por la Asamblea Corporativa, vulneraron normas
superiores. En tal sentido, según comentó, se desnaturalizó el proceso de escogencia para
convertirlo en una selección a través de la medición de competencias y habilidades
generales y específicas, lo que se traduce, no solo en la concesión de derechos de carrera
administrativa a dicho funcionario, sino que también, hizo desproporcionada, ineficiente y
carente de sentido dicha regulación.

Para desatar esta primera censura de la demanda, se tiene que las normas cuestionadas son
del siguiente tenor:

del 1° de enero de 2012, y podrá ser reelegido por una sola vez. Parágrafo 1°. El período de los miembros del Consejo Directivo de que
tratan los literales e), f), y g) del artículo 26 de la Ley 99 de 1993, será igual al del director de la Corporación Autónoma Regional o de
Desarrollo Sostenible., y podrán ser reelegibles. Parágrafo 2°. El proceso de elección de los directores de las Corporaciones Autónomas
Regionales o de Desarrollo Sostenible, deberá realizarlo el Consejo Directivo en el trimestre inmediatamente anterior al inicio del período
institucional respectivo. Parágrafo 3°. El proceso de elección de los representantes del sector privado, ante el Consejo Directivo de las
Corporaciones Autónomas Regionales o de Desarrollo Sostenible, deberán realizarlo los integrantes de su mismo sector.
44
Revísese la aprobación hecha en la plenaria del Senado, sábado 19 de junio de 1993, Gaceta 218 páginas 21-29, 35-39 y 46.
45
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. MP (e) Luis Alberto Álvarez Parra. Auto del 1º de febrero de
2024. Rad. 11001-03-28-000-2023-00131-00.

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Como se puede observar, su redacción se dio en forma similar y atiende al interés de la
Asamblea Corporativa de CORPOURABÁ de generar una suerte de cualificación al proceso
de escogencia de su representante legal el cual, en sentir de esta Sala Electoral se aviene a
la autonomía de la que es depositaria la CAR.

Para fortalecer la anterior premisa, y tal como se indicó en la parte considerativa de esta
providencia, la jurisprudencia de la Sección Quinta46 ha precisado que los directores
generales de las corporaciones autónomas regionales no son empleados de carrera
administrativa, sino de período fijo los cuales, deben ser designados por los consejos
directivos conforme a la ley.

Particularmente, los artículos 28 de la Ley 99 de 199347, 1º (parágrafo 2º) de la Ley 1263 de
200848 y 2.2.8.4.1.22 del Decreto 1076 de 201549 que pone de presente la parte actora en
relación con la elección del director general, precisan lo siguiente:

i) Es el representante legal de la Corporación y tiene la calidad de empleado público.

ii) Es elegido por el consejo directivo en el trimestre inmediatamente anterior al inicio del
período institucional respectivo, para un período de cuatro años, reelegible por una sola
vez y tomará posesión ante su presidente, previo el lleno de los requisitos legales
exigidos.

iii) Dentro de los cuatro primeros meses de su mandato, presentará para aprobación del
consejo directivo un plan de acción que se ejecutará en el respectivo cuatrienio.

iv) En caso de producirse cambio durante el período para el cual fue aprobado el plan
de acción, la persona que ocupe el cargo de director general para lo que reste, deberá
continuar con la ejecución del mismo.

v) Podrá ser removido por el consejo directivo, entre otras razones, por el vencimiento
del término para el cual fue nombrado.

Como puede verse, de acuerdo con la autonomía que gozan estas entidades y a la luz de la
tesis pacífica que ha prohijado esta Sección, «[…] no existe un mandato legal que imponga

46
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia del 11 de julio de 2024. Rad. 11001-03-24-000-
2024-00027-00, MP. Luis Alberto Álvarez Parra. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia del
10 de septiembre de 2020. Rad. 11001-03-25-000-2019-00086-00, MP. Rocío Araújo Oñate.
47
El Director General será el representante legal de la Corporación y su primera autoridad ejecutiva. Será designado por el Consejo
Directivo para un período de cuatro (4) años, contados a partir del 1° de enero de 2012, y podrá ser reelegido por una sola vez
48
Por medio de la cual se modifica parcialmente los artículos 26 y 28 de la Ley 99 de 1993. Artículo 1°. El artículo 28 de la Ley 99 de 1993
quedará así: Artículo 28. Del Director General de las Corporaciones Autónomas Regionales o de Desarrollo Sostenible. El Director General
será el representante legal de la Corporación y su primera autoridad ejecutiva. Será designado por el Consejo Directivo para un período de
cuatro (4) años, contados a partir del 1° de enero de 2012, y podrá ser reelegido por una sola vez. (…) Parágrafo 2°. El proceso de elección
de los directores de las Corporaciones Autónomas Regionales o de Desarrollo Sostenible, deberá realizarlo el Consejo Directivo en el
trimestre inmediatamente anterior al inicio del período institucional respectivo.
49
ARTÍCULO 2.2.8.4.1.22. Nombramiento, plan de acción y remoción del director general. El Director General tiene la calidad de empleado
público, sujeto al régimen previsto en la Ley 99 de 1993, el presente Decreto y en lo que sea compatible con las disposiciones aplicables a
los servidores públicos del orden nacional. La elección y nombramiento del Director General de las corporaciones por el consejo directivo se
efectuará para un período de cuatro (4) años. La elección se efectuará conforme a lo dispuesto en la Ley 99 de 1993 modificada por la Ley
1263 de 2008 o la norma que la modifique o sustituya. El director general de las corporaciones tomará posesión de su cargo ante el
presidente del consejo directivo de la corporación, previo el lleno de los requisitos legales exigidos. Dentro de los cuatro (4) primeros meses
del periodo institucional, el Director General de la Corporación, o quien haga sus veces, presentará para aprobación del consejo directivo un
plan de acción que se ejecutará en el respectivo cuatrienio. En caso de producirse cambio de Director General durante el período para el
cual fue aprobado el Plan de Acción Cuatrienal, la persona que ocupe el cargo de Director General para el período restante, deberá
continuar con la ejecución del mismo. No obstante, previa justificación, podrá presentar dentro del mes siguiente a su designación, los
ajustes al Plan para la aprobación por parte del Consejo Directivo. El Consejo Directivo de una corporación removerá al Director General, en
los siguientes casos: 1. Por renuncia regularmente aceptada. 2. Por supresión del empleo de conformidad con la ley. 3. Por retiro con
derecho a jubilación. 4. Por invalidez absoluta. 5. Por edad de retiro forzoso. 6. Por destitución. 7. Por declaratoria de vacancia del empleo
en el caso de abandono del mismo. 8. Por vencimiento del período para el cual fue nombrado. 9. Por orden o decisión judicial. Al director
general se le aplicará el régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto en la ley. Los actos del director general de una Corporación,
sólo son susceptibles del recurso de reposición. Las certificaciones sobre representación legal y vigencia del nombramiento de director
general de las corporaciones, será expedida por la secretaría del consejo directivo o la dependencia que haga sus veces.

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una forma determinada de realizar el nombramiento del director general de una CAR»;
teniendo en cuenta que, si bien el legislador no exigió la realización de un proceso de
selección para elegir a los referidos empleados, tampoco diseñó un procedimiento específico
que deba seguirse para tal fin.

En este punto, se advierte que la referida corporación reglamentó la convocatoria dentro del
marco legal de sus atribuciones; comoquiera que, compete a ella la provisión del empleo y
que, en este caso, sin modificar la temporalidad legal en que debe expedirse, los requisitos
(idoneidad académica), administrativa (experiencia), agregó una prueba de conocimiento.

Lo anterior, lejos de vulnerar el ordenamiento jurídico, guarda coherencia conforme a lo
dispuesto por el artículo 2.2.8.4.1.21 del ya referido Decreto 1076 de 2015, en tanto, la
autonomía que se predica de las CAR y los límites impuestos por el legislador respecto de
las calidades para ser director general hacen ver que las exigencias dispuestas en la
convocatoria están acordes con los presupuestos que deben cumplir los aspirantes para
aspirar a dicho empleo público.

A propósito de lo anterior, esta Sala Especializada esbozó algunos razonamientos en una
controversia judicial que son perfectamente aplicables al sub judice y que quedaron
redactados en los siguientes términos50:

123. Ahora bien, una cosa distinta es que la entidad, bajo la autonomía y discrecionalidad que le
confiere el ordenamiento jurídico, haya decidido aplicar, a quienes reunían los requisitos, unas
pruebas de conocimientos y aptitudes, así como una entrevista, asignándole a cada una los
porcentajes que fueron fijados en la convocatoria y que provienen de los estatutos.

124. Es decir, estas etapas que la parte actora considera como excesivas en el proceso de
elección del director, no configuran requisitos adicionales a los establecidos en el decreto para
ocupar el cargo, sino que responden a los parámetros de evaluación que se realizaría a las
personas que los reunieron y se encontraron habilitadas.

128. Bajo ese enfoque, el hecho de que un candidato cumpliera los requisitos del Decreto 1076 del
2015 para ser director, no le otorgaba automáticamente la posibilidad de acceder al cargo, pues
luego de verificado su cumplimiento, debía someterse a la evaluación de idoneidad que consagra
los estatutos de la entidad, lo cual está permitido por la ley, ya que las CAR tienen autonomía para
esto (…).

De tal manera, que el hecho de que las normas demandadas hayan previsto la valoración de
idoneidad y aptitud para la designación del director general no significa que se hayan
establecido requisitos adicionales para desempeñar dicho cargo, distintos a los que señala el
artículo 2.2.8.4.1.21 del Decreto 1076 de 201551 pues, el estudio de tales condiciones es
propio de la facultad de nombramiento de la Asamblea Corporativa y resulta apropiado para
determinar las calidades y competencias de quien aspira a ocupar el empleo, teniendo en
cuenta el perfil que demanda las funciones del artículo 29 de la Ley 99 de 1993.

50
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 25 de julio de 2024, Rad. 11001-03-24-000-
2024-00026-00, MP., Pedro Pablo Vanegas Gil.
51
«Artículo 2.2.8.4.1.21. Calidades del Director General. Para ser nombrado Director General de una corporación, se deberán cumplir los
siguientes requisitos: a) Título profesional universitario; b) Título de formación avanzada o de posgrado, o, tres (3) años de experiencia
profesional; c) Experiencia profesional de 4 años adicionales a los requisitos establecidos en el literal anterior de los cuales por lo menos
uno debe ser en actividades relacionadas con el medio ambiente y los recursos naturales renovables o haber desempeñado el cargo de
director general de corporación, y d) Tarjeta profesional en los casos reglamentados por la ley».

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Ciertamente, los razonamientos que se están vertiendo en esta providencia han sido
prohijados, en igual sentido, por otras Secciones del Consejo de Estado52 las cuales, han
concluido lo siguiente: i) en uso de esa autonomía y ante la ausencia de normas
procedimentales expedidas por el legislador, resulta válido establecer de manera discrecional
las etapas que guían la actividad de elección de su director53 y, ii) no existe un mandato legal
que imponga una forma determinada de escogencia del citado representante legal.

Aunado a ello, esta Sala54 ha precisado que el mérito no es incompatible con la facultad de
designación en cargos de período fijo, pues el nominador, si a bien lo tiene, puede acudir a
ese método como forma de propender al mejoramiento del servicio, de tal manera que,
aunque el legislador no impuso procedimientos especiales para nombrar a los directores
generales de las CAR, los nominadores sí pueden recurrir a mecanismos fundados en la
idoneidad académica, administrativa, de dirección y experiencia con base en pruebas de
conocimiento y aptitudes requeridas para el desempeño de ese empleo.

Aunado a ello, la utilización de pruebas y criterios meritocráticos no confiere derechos de
carrera administrativa, porque la naturaleza del empleo depende de la ley y no de los
instrumentos de evaluación utilizados para la designación.

Por lo tanto, la censura relativa a la violación de normas superiores no prospera.

2.3.2. Falta de competencia de la Asamblea Corporativa de CORPOURABÁ

Según manifestó el extremo activo, dicho ente excedió el ámbito de sus competencias al
expedir las disposiciones demandadas, toda vez que la materia regulada se encuentra
reservada al legislador. A su juicio, los actos acusados introdujeron parámetros propios de un
proceso de «selección» y requisitos adicionales para la escogencia del director general, a
pesar de que la normativa superior únicamente contempla un proceso de «elección» y no
autoriza a la corporación para regular tales aspectos.

Para resolver este punto, la Sala debe reiterar que la competencia ha sido entendida como
«[…] la atribución dada a los sujetos públicos para actuar como legítimos portadores de la
voluntad administrativa, que no solo constituye, dentro de la dogmática jurídica, un elemento
de la estructura del acto administrativo, sino un fundamento del Estado constitucional y
democrático de derecho, en tanto que da validez y legitima la acción de las autoridades»55.

52
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 3 de marzo de 2014, Rad. 11001-03-28-000-
2013-00026-00, MP. Alberto Yepes Barreiro. «Es decir, la norma en cuestión acogió ciertos principios constitucionales para tomar en cuenta
en la elección del director general de las citadas corporaciones, pero de ningún modo albergó una norma reglamentaria a observar por parte
de los consejos directivos de esas entidades al momento de ejercer esa competencia.».
53
Recuérdese que, en otrora, se expidieron algunos decretos nacionales que establecieron términos entre la convocatoria y la inscripción
de aspirantes al cargo de director, sin embargo, varias de estas disposiciones fueron anuladas o derogadas, lo que se traduce a que hoy no
exista un parámetro temporal entre esas actividades. Se destacan, por ejemplo, el Decreto 2555 de 1997, el cual fue objeto de
modificaciones por parte de los Decretos 3345 de 2003 (anulado), y 2011 (lo derogó), 3685 y 4523 de 2006. Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 2 de diciembre de 2010. Expediente: 11001032400020030053401. MP. María
Elizabeth García González. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A”, auto de 27 de
mayo de 2011. Expediente: 110010325000201100312-00. MP. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.
54
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 2 de diciembre de 2010, expediente 11001 03
24 000 2003 00534 01, M.P., María Elizabeth García González. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, Subsección A, sentencia del 19 de julio de 2017, expediente 11001 03 25 000 2011 00312 00 (1177-2011), M.P., Gabriel
Valbuena Hernández. Adicionalmente, sobre la tesis según la cual el mérito no es incompatible con la facultad de designación en empleos
de período fijo, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 22 de marzo
de 2007, expediente 25000 23 25 000 2002 04028 01 (3648-04), M.P. Ana Margarita Olaya Forero.
55
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. MP. Luis Alberto Álvarez Parra. Sentencia del 14 de mayo de
2026. Rad. 11001-03-28-000-2026-00006-00.

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Conforme a ello, de cara al caso concreto, la Sección una vez más debe reiterar que los
conceptos estudiados en la parte considerativa de la presente providencia, relacionados con
la «autonomía», la «reserva del legislador para regular el procedimiento de elección» y la
«falta de norma que reglamente las etapas de dicho proceso», otorgan un margen de
discrecionalidad a los diferentes niveles jerárquicos de la entidad para reformar sus
estatutos, en donde, como se ha explicado, están depositadas las normas de funcionamiento
de cada una de las respectivas Corporaciones Autónomas Regionales.

Bajo esta premisa, la Ley 99 de 1993 estableció la competencia de reforma de tales
instrumentos internos de la siguiente manera:

ARTÍCULO 25. DE LA ASAMBLEA CORPORATIVA. Es el principal órgano de dirección de la
Corporación y estará integrada por todos los representantes legales de las entidades territoriales
de su jurisdicción. Los miembros de la Asamblea Corporativa de una Corporación Autónoma
Regional tendrán en sus deliberaciones y decisiones un derecho a voto. Son funciones de la
Asamblea Corporativa: (…) e. Adoptar los estatutos de la Corporación y las reformas que se le
introduzcan (…)

De esta manera, no resulta acertada la tesis propuesta por la parte actora en su demanda,
sobre el presunto exceso de competencia al modificar motu proprio, un proceso de
«elección» para convertirlo en uno de «selección» a partir de lo establecido en los artículos
55 y 68 de los dos actos controvertidos, teniendo en cuenta que, los elementos para designar
a su representante legal están contenidos dentro de las atribuciones que el ordenamiento
jurídico le otorgó a dicha asamblea.

Para la Sala, es claro que el haber creado un proceso que cualificó la escogencia del director
general para establecerlo en los Acuerdos del 26 de febrero de 2019 y del 27 de febrero del
año 2023 no corresponde a un exceso de competencia por parte de la máxima autoridad de
CORPOURABÁ, contrario sensu, esa función materializó lo establecido por los artículos 25,
27 (literales a y j)56 y 4057 de la Ley 99 de 1993 los cuales, al ser leídos sistemáticamente
permiten arribar a la conclusión de que la reglamentación hecha por la asamblea corporativa
estuvo conforme a las facultades que el orden jurídico le adscribió.

La Sala debe señalar que los mencionados preceptos habilitaron la regulación estatutaria de
las etapas preparatorias de la escogencia del director general de CORPOURABÁ y, por lo
tanto, no se desplazó la competencia del Consejo Directivo para efectuar la elección
definitiva, como tampoco, se incorporaron mecanismos de evaluación o cualificación que
hayan convertido, por sí sola, la elección en un procedimiento distinto de «selección», pues
la decisión final continúa radicada en el órgano legalmente competente.

Finalmente, si bien el demandante sostiene que la materia regulada está sometida a reserva
de ley, como se explicó, tales asuntos están dentro del ámbito de competencias que tienen
las autoridades internas de las CAR y para la Sala, no se concluye que sea el Congreso de la
República quien reglamente la función de escogencia del director por cuanto se insiste, serán
los estatutos de estas entidades los que pueden manejar aspectos de su actividad estatal.

56
ARTÍCULO 27. De las Funciones del Consejo Directivo. Son funciones del Consejo Directivo de las Corporaciones Autónomas
Regionales: a. Proponer a la Asamblea Corporativa la adopción de los estatutos y de sus reformas; (…) j. Nombrar (…) o remover de
conformidad con los estatutos, al Director General de la Corporación.
57
ARTÍCULO 40. De la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá, CORPOURABA. (…) La Corporación para el Desarrollo
Sostenible del Urabá, CORPOURABA, ejercerá las funciones especiales que le asigne el Ministerio del Medio Ambiente y las que
dispongan sus estatutos (…).

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Demandante: Óscar Blandón Garibello
Demandada: Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá (CORPOURABÁ)
Radicados: 11001-03-25-000-2023-00360-00
11001-03-25-000-2023-00247-00

Por lo tanto, la censura propuesta por el accionante, no prospera.

En mérito de lo expuesto, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la Ley, la Sala,

3. FALLA:

PRIMERO: NEGAR la nulidad de los artículos 55 del Acuerdo 100-02-01-01-0001-2019 del
26 de febrero de 2019 y 68 del Acuerdo 200-02-01-01-0001-2023 del 27 de febrero del año
2023, proferidos por la Asamblea Corporativa de la Corporación para el Desarrollo Sostenible
del Urabá – CORPOURABÁ –.

SEGUNDO: ADVERTIR a los sujetos procesales que contra esta decisión no procede
recurso alguno.

TERCERO: En firme esta providencia, ARCHÍVESE el expediente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de radicación en
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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