Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2026-00006-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2026-00006-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-28-000-2026-00006-00
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
14 de mayo de 2026
Demandantes: Samuel Alejandro Ortiz Mancipe y Lucas Durán Hernández
Demandado: Andrés Felipe Mora Cortés, rector encargado de la Universidad Nacional de Colombia
Radicado: 11001-03-28-000-2026-00006-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
Bogotá, D.C., catorce (14) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: NULIDAD ELECTORAL
Radicación: 11001-03-28-000-2026-00006-00
Demandantes: SAMUEL ALEJANDRO ORTIZ MANCIPE Y LUCAS DURÁN
HERNÁNDEZ
Demandado: ANDRÉS FELIPE MORA CORTÉS, RECTOR ENCARGADO DE
LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
Temas: Encargo del rector. Vacancia del empleo. Causales de nulidad de
infracción de norma superior, falta de competencia, falsa
motivación y debido proceso.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
La Sala procede a dictar sentencia de única instancia dentro del medio de control de
previsto en el artículo 139 de la Ley 1437 de 2011, promovido contra el acto que
designó en encargo como rector de la Universidad Nacional de Colombia, al señor
Andrés Felipe Mora Cortés.
I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
Los señores Samuel Alejandro Ortiz Mancipe y Lucas Duran Hernández, actuando en
nombre propio, instauraron demanda en ejercicio del medio de control de nulidad
electoral previsto en el artículo 139 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo, contra el acto de designación del señor Andrés Felipe
Mora Cortés como rector encargado de la Universidad Nacional de Colombia, expedido
por el Consejo Superior Universitario.
Elevaron como pretensiones, las siguientes:
1. Que se DECRETE la MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL DE LOS
EFECTOS deprecada en el presente libelo, con carácter URGENTE.
2. Que se DECLARE la NULIDAD de la Resolución No. 132 de 2025 «Por la cual se designa
un Rector encargado como consecuencia de la vacancia del cargo».
1.2. Hechos
La parte actora sustenta sus pretensiones en los siguientes supuestos fácticos:
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Demandantes: Samuel Alejandro Ortiz Mancipe y Lucas Durán Hernández
Demandado: Andrés Felipe Mora Cortés, rector encargado de la Universidad Nacional de Colombia
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Relataron que, con la Resolución 101 de 2023, se definió el cronograma y se convocó
el proceso de designación de rector de la Universidad Nacional de Colombia (en
adelante UNAL), para el período 2024-2027.
Destacaron que el Consejo Superior Universitario (CSU) de la UNAL, para efectos de
designar al rector, tuvo en cuenta los candidatos que obtuvieron el mayor respaldo en
la consulta universitaria, esto es, Raúl Esteban Sastre Cifuentes, Juan Pablo Duque
Cañas, Leopoldo Alberto Múnera Ruíz, Germán Albeiro Castaño Duque y José Ismael
Peña Reyes; conforme a los votos obtenidos en cada uno de los estamentos de la
comunidad universitaria. Asimismo, comentaron que a estos postulantes se les
entrevistó previamente.
Precisaron que la secretaria general de la UNAL (quien funge a su vez como secretaria
técnica del CSU), en la sesión convocada para la elección del referido dignatario,
presentó a los integrantes del CSU una tabla con los cinco aspirantes que obtuvieron
los mayores valores de ponderación en la consulta de los tres estamentos (docentes,
estudiantes y egresados). Además, recordó que «a cada uno de los consejeros se les
enviaron: (sic) las hojas de vida de los cinco (5) candidatos, sus programas o planes y
la normativa que aplica», y en esa misma reunión, después de determinar la
metodología para la elección, deliberaron sobre las calidades de cada uno de los
candidatos y procedieron con la primera ronda de votación.
En este orden, los consejeros seleccionaron a los tres candidatos con mayores
puntajes, a saber: Leopoldo Alberto Múnera Ruiz, José Ismael Peña Reyes y Raúl
Esteban Sastre Cifuentes. Con estos tres aspirantes continuaron las siguientes rondas
de votación y en la tercera ronda, resultó ganador el profesor Peña Reyes.
No obstante lo anterior, en sesión extraordinaria del 6 de junio de 2024, en la que no
se permitió la participación del rector José Ismael Peña Reyes, se expidió la
Resolución 067 de la misma fecha que dispuso (i) «corregir» la actuación
administrativa de elección del rector de la Universidad Nacional de Colombia, (ii)
retomar el proceso administrativo con el fin de adecuarlo a los mandatos legales y
estatutarios correspondientes y (iii) convocar para el mismo día, a una sesión del
Consejo Superior Universitario con el fin de designar al rector de la institución para el
periodo 2024 – 2027, aplicando estrictamente el sistema de votación de que trata el
art. 72 del Estatuto General de la UNAL, es decir, mediante votación nominal de los
candidatos habilitados por la consulta a la comunidad universitaria realizada el 12 de
marzo de 2024, hasta que uno de ellos lograra la mayoría calificada de que trata la
norma citada.
Así las cosas, mediante comunicado 004 del mismo día, se informó que el CSU, a
través de la Resolución 068 de 2024, designó al señor Leopoldo Alberto Múnera Ruiz
como rector de la Universidad Nacional.
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También informaron los demandantes que la Sección Quinta del Consejo de Estado,
en la providencia del 4 de septiembre de 20251, negó las demandas de nulidad
formuladas contra la designación del señor José Ismael Peña Reyes, como rector de
la UNAL, para el período 2024-2027, contenida en el Acta 05 del 21 de marzo de 2024
del CSU, en tanto no se encontraron configuradas las causales de nulidad alegadas.
En contraste, la misma Sala Electoral, el 20 de noviembre de 2025, declaró la nulidad
de la designación de Leopoldo Alberto Múnera Ruiz como rector de la Universidad
Nacional de Colombia para el período 2024-2027, contenida en la Resolución 068 del
6 de junio del 2024. Ello, por cuanto se advirtió que la decisión de corrección de la
actuación administrativa electoral contenida en la Resolución 067 de 2024, cuando ya
se había expedido el acto definitivo de elección, violó el debido proceso, además de
acreditarse la falta de competencia y la infracción de las normas superiores en las que
debía fundarse el acto demandado.
Pese a estos antecedentes que implicaban el retorno del señor Ismael Peña, el CSU
de la UNAL convocó a una sesión extraordinaria el 24 de noviembre de 2025 para
abordar los siguientes puntos del orden del día: «1. Fallos de la Sección Quinta del
Consejo de Estado del 04 de septiembre y del 20 de noviembre de 2025. 2. Renuncia
del profesor Leopoldo Alberto Múnera Ruiz. 3. Petición del profesor José Ismael Peña
Reyes del 21 de noviembre de 2025. 4. Actuación preventiva sobre el cumplimiento
del fallo del Consejo de Estado, límites del artículo 41 del CPACA y riesgos de
reiteración de irregularidades en el procedimiento de elección de directivos
universitarios, de la Procuraduría Delegada Preventiva y de Control de Gestión
Segunda para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública».
En desarrollo de esta sesión el CSU aceptó la renuncia de Leopoldo Alberto Múnera
Ruiz, advirtió sobre la vacancia del cargo de rector de la UNAL y designó como rector
encargado al profesor Andrés Felipe Mora Cortés.
1.3 Normas violadas y concepto de la violación
Afirmaron los demandantes que, con la designación del rector mediante encargo, se
desconocieron los artículos 4.°, 6.°, 29, 121 y 122 de la Constitución Política.
Asimismo, con fundamento en las causales de nulidad previstas en el artículo 137 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, señalaron
que el acto acusado está viciado por infracción de normas superiores, falta de
competencia, falsa motivación, violación del debido proceso y principio de legalidad y
expedición irregular.
1.3.1. Infracción de normas superiores
Recordaron que la Sala Electoral, en la sentencia del 20 de noviembre de 2025,
determinó que el CSU actuó por fuera del marco legal que autoriza corregir
irregularidades en una actuación administrativa, en tanto le dio un alcance a la
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Con ponencia del magistrado Pedo Pablo Vanegas Gil.
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normativa que no tenía, pues ya había culminado el proceso de elección del rector y,
por tal motivo, había nacido a la vida jurídica el acto definitivo con la designación del
señor José Ismael Peña Reyes.
Igualmente, afirmaron que, en este asunto, el CSU nuevamente desbordó sus
facultades legales y reglamentarias, en particular las previstas en el literal c) del
artículo 12 del Decreto Ley 1210 de 19932 y en el artículo 14, numerales 3.°, 4.° y 21
del Acuerdo 011 de 20053, Estatuto General de la Universidad Nacional de Colombia,
por una interpretación errónea de dichas disposiciones, comoquiera que la
competencia sobre la elección del rector debe entenderse que se activa nuevamente
cuando termina el período institucional del elegido o se presente una causal de
remoción del cargo en los términos del artículo 17 del Acuerdo 011 de 2005 4, por
invalidez absoluta, la destitución por una investigación disciplinaria o la decisión
judicial, caso en el cual se genera la vacancia absoluta. En el presente caso, no se ha
configurado ninguna de las circunstancias descritas por las normas, para entender que
el empleo se encuentra en vacancia definitiva.
Agregaron que, con independencia de que se hubiere aceptado la renuncia del señor
Leopoldo Múnera, o no hubiere cobrado ejecutoria la sentencia del 20 de noviembre
de 2025, por la cual se declaró la nulidad de dicha designación, en todo caso, el cargo
de rector no se encontraba vacante, habida cuenta de que el procedimiento que
pretendió «corregir» una actuación administrativa ya concluida y desembocó en la
designación del profesor Múnera estaba viciado de nulidad y así fue declarado por la
Sección Quinta del Consejo de Estado. Así las cosas, la elección del rector José Ismael
Peña Reyes para el período 2024-2027 mantiene su vigencia.
1.3.2. Falta de competencia
Sustentaron que el CSU no tenía competencia para la designación del rector en
encargo, toda vez que este empleo no se encontraba vacante y, por lo tanto, tampoco
podía declararse dicha situación administrativa, en la medida en que se había surtido
la actuación electoral que culminó con la designación del señor José Ismael Peña
Reyes.
Manifestaron que está acreditado en el plenario que, en la sesión del 21 de marzo de
2024 (acta 05), se adelantó la discusión, deliberación y votación respecto de los
candidatos a la rectoría de la Universidad Nacional de Colombia, reunión que culminó
2
ARTÍCULO 12. Funciones del Consejo Superior Universitario. Son funciones del Consejo Superior Universitario: c) Nombrar
al Rector para un período de tres años y removerlo por las causales previstas en el estatuto general (…).
3
ARTÍCULO 14. Consejo Superior Universitario. Funciones. El Consejo Superior Universitario ejercerá las siguientes
funciones:
(…) 3. Nombrar al Rector para un período de tres años. Para esos efectos el Consejo Superior Universitario reglamentará el
nombramiento del Rector observando los criterios de consulta previa a la comunidad académica, de los planes y programas
presentados por los aspirantes, y de análisis y valoración de sus calidades. El cargo de Rector sólo se podrá ejercer en forma
consecutiva hasta por dos periodos. Reglamentado Acuerdo CSU 252 de 2017, Resolución CSU 278 de 2011.
4. Aceptar la renuncia del Rector y removerlo por las causales previstas en este Estatuto.
21. Adoptar estatutos, normas y reglamentos y establecer los criterios y directrices en todas las materias de naturaleza académica,
financiera y administrativa indispensables para el cumplimiento del objeto y fines de la Universidad.
4
ARTÍCULO 17. Causales de remoción del Rector. Son causales de remoción del Rector, la invalidez absoluta; la destitución
o desvinculación como consecuencia de investigación disciplinaria, y la orden o decisión judicial, conforme a la Ley y a los
estatutos internos.
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Demandantes: Samuel Alejandro Ortiz Mancipe y Lucas Durán Hernández
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con la elección de José Ismael Peña Reyes como rector de la UNAL; de modo que, el
órgano competente, bajo el procedimiento previamente establecido en la convocatoria
y con las mayorías necesarias, agotó la competencia para el asunto.
Alegaron que el Consejo Superior Universitario, una vez efectuada la designación en
los términos antes señalados, no podía adoptar ninguna determinación posterior, como
tampoco arrogarse la facultad de «corregir» una actuación ya concluida, ni mucho
menos designar rector encargado.
Insistieron en que la competencia sobre la elección del rector se activa nuevamente
una vez termine el período institucional o se presente una causal de remoción del cargo
en los términos del artículo 17 del Acuerdo 011 de 2005, que generaría la vacancia
definitiva lo cual no se acreditó en el presente caso.
Enfatizaron en que el proceso de elección del rector culminó con la designación del
señor José Ismael Peña Reyes, mediante acto administrativo que nació a la vida
jurídica, adquirió el carácter de definitivo y, por lo mismo, es vinculante para la
administración en virtud del principio del respeto del acto propio. Igualmente, indicaron
que este acto está amparado por la presunción de legalidad, circunstancia que sólo
puede desconocerse por un pronunciamiento del juez electoral.
1.3.3. Violación al debido proceso y el principio de legalidad
Afirmaron también, que el CSU, al declarar la vacancia del cargo de rector, desconoció
la garantía constitucional del debido proceso y el principio de legalidad que deben
observar todas las autoridades administrativas en sus actuaciones. En consecuencia,
actuó por fuera del marco legal y estatutario que guía sus decisiones, pues su
competencia estaba limitada a aceptar la renuncia presentada por el profesor Múnera
Ruiz, sin poder advertir una falta absoluta del empleo y, consecuentemente, proceder
a designar en encargo, en tanto ya había uno elegido mediante el proceso legal y
estatutario establecido.
1.3.4. Falsa motivación
Señalaron que las razones o fundamentos de la resolución acusada constituyen un
verdadero «galimatías y exabrupto jurídico» en tanto otorgan como explicaciones para
proferir el acto de encargo lo siguiente: (i) la imposibilidad de reintegro al cargo del
profesor José Ismael Peña precisado por la sentencia del 4 de septiembre de 2025, (ii)
la circunstancia de que el fallo del 20 de noviembre no se encontraba ejecutoriado y,
por lo tanto, habilitaba el encargo (iii) la aceptación de la renuncia presentada por el
profesor Leopoldo Alberto Múnera Ruiz y, (iv) la ocurrencia de la «vacancia» en el
cargo de rector de la Universidad Nacional de Colombia.
No obstante, explicaron que todo esto se habría podido evitar si se hubiera entendido
que ya se surtió el procedimiento administrativo-electoral que culminó con la
designación del profesor José Ismael Peña Reyes como rector para el período 2024-
2027. Por tal motivo, de advertir esta circunstancia, el CSU pudo haber decidido
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diferente, esto es, no adelantar ninguna otra designación en el cargo de rector, hasta
tanto terminara el período institucional, o se presentara una causal de remoción en los
términos del artículo 17 del Acuerdo 011 de 2005, que generara la vacancia de este.
1.3.5. Expedición irregular
De otro lado, sostuvieron que ocurrieron algunos vicios en el trámite de expedición del
acto acusado, por cuanto el órgano competente, bajo el procedimiento previamente
establecido en la convocatoria y con las mayorías estatutarias, adoptó la decisión
correspondiente formándose la voluntad del consejo superior elector y con ello quedó
agotada la competencia para lo cual fue convocada la sesión en esa oportunidad.
Ahora bien, si el Consejo Superior Universitario quería designar a un rector, bajo la
modalidad de encargo, según las normas estatutarias, debió convocar a una sesión
extraordinaria, cuyo único tema en la agenda debía ser este punto, según lo ordena el
inciso 2.° del artículo 7.° del Acuerdo 252 de 20175.
Señalaron que no desconocen que la solicitud de aclaración de la sentencia del 20 de
noviembre de 2025, a través de la cual se declaró la nulidad de la elección del señor
Leopoldo Alberto Múnera Ruíz, impedía su ejecutoria. Sin embargo, de acuerdo con el
artículo 285 de la Ley 1564 de 2012, aplicable por remisión expresa del artículo 306
de la Ley 1437 de 2011, la sentencia es inmodificable por el mismo juez que la profirió,
lo que significa que una vez se emite la providencia, la autoridad judicial pierde
competencia para pronunciarse sobre el asunto definido. En tal sentido, la aclaración
del referido fallo no implicaba un cambio en la decisión, por lo que no es posible afirmar
que no era obligatorio o vinculante lo allí resuelto, hasta tanto cobrara firmeza.
1.4. Coadyuvancia6
Los señores Augusto Hernández Becerra y Diego Alejandro Torres Galindo, mediante
memoriales allegados el 2 de febrero, coadyuvaron las pretensiones de nulidad de los
demandantes y la solicitud de suspensión provisional de los efectos del acto acusado.
1.5. Admisión de la demanda y medida cautelar
La demanda se inadmitió en providencia del 19 de enero de 2026, para que la parte
actora individualizara con toda precisión las pretensiones. Los demandantes
corrigieron los yerros señalados en el memorial allegado en la oportunidad concedida,
por lo que fue admitida por auto de 26 de febrero de 2026, en el que se ordenaron las
notificaciones y comunicaciones del artículo 277 del CPACA.
En la misma providencia, se declaró la carencia actual de objeto de la solicitud de
suspensión provisional, toda vez que el acto demandado ya no estaba produciendo
5
ARTÍCULO 7. Designación de rector. El rector de la Universidad Nacional de Colombia será designado por el Consejo
Superior Universitario, en los términos y condiciones establecidos en el Decreto 1210 de 1993 y en el Acuerdo 011 de 2005 del
Consejo Superior Universitario - Estatuto General, conforme al procedimiento establecido en el presente Acuerdo. El Consejo
Superior Universitario convocará a sesión extraordinaria, cuyo único tema en la agenda será la designación del rector de la
Universidad. Para tal efecto, definirá la metodología con base en la cual designará al rector.
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Actuaciones 20 y 21 del expediente visible en la sede electrónica para la gestión judicial, SAMAI.
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efectos, en virtud de la orden de tutela que conminó el reintegro del señor Ismael Peña
a la rectoría de la Universidad Nacional de Colombia.
1.6. Contestaciones de la demanda
1.6.1. Andrés Felipe Mora Cortés– demandado7
A través de apoderado, intervino en los siguientes términos:
Destacó que los cargos en que se fundamenta la demanda parten de la tesis
equivocada de que la sentencia proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado,
que negó las pretensiones de nulidad impetradas en contra de la elección del profesor
Ismael Peña Reyes, fechada el 4 de septiembre de 2025, tiene como efecto implícito
el restablecimiento de los derechos del mencionado profesor como rector de la
institución.
Asimismo, afirmó que los demandantes desconocen los hechos ocurridos en el
proceso de elección en el año 2024, específicamente la expedición del acto de
designación del profesor Leopoldo Múnera Ruiz y la declaratoria de nulidad de dicho
acto, a través de la sentencia del 20 de noviembre de 2025 de la Sección Quinta del
Consejo de Estado, radicado acumulado 11001032800020240015500, de lo cual la
parte accionante deriva un efecto restablecedor de los derechos del profesor José
Ismael Peña; o incluso la vigencia del acto de designación de este último.
Sobre el punto, los actores fundan sus reparos en el restablecimiento de derechos
individuales que jamás fueron expresamente ordenados por las autoridades judiciales;
precisamente porque en el marco del medio de control de nulidad electoral se busca
proteger la legalidad objetiva y jamás resarcir derechos individuales.
Insistió en que, la nulidad del acto de elección del profesor Leopoldo Múnera no implica
la reivindicación de derechos subjetivos. Por lo tanto, comentó que ninguno de los
fallos judiciales proferidos por la Sección Quinta, mediante los cuales se revisó la
legalidad de la elección, tanto de Múnera Ruiz como de Peña Reyes, implica un
restablecimiento para ocupar el cargo de rector de la Universidad Nacional.
Esta fue la razón por la cual el Consejo de Estado, al negar la nulidad de la designación
del señor Ismael Peña, precisó que la decisión no implica el regreso del mencionado
funcionario.
Agregó que no es cierto que el CSU haya interpretado de manera errónea las normas
que regían su competencia y tampoco que se hubiese extralimitado en los mandatos
que condicionaban su actuación en el marco de la renuncia del rector y la provisión
correspondiente en encargo, mientras se surtía un nuevo proceso electoral.
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Actuación 52 del expediente visible en la Sede electrónica para la gestión judicial, SAMAI.
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Demandantes: Samuel Alejandro Ortiz Mancipe y Lucas Durán Hernández
Demandado: Andrés Felipe Mora Cortés, rector encargado de la Universidad Nacional de Colombia
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Por el contrario, afirmó que el órgano directivo, con fundamento en las directrices de
las providencias de la Sala Electoral del Consejo de Estado, aceptó la renuncia del
profesor Múnera Ruiz y entendió que debía adelantar un nuevo proceso electoral, pues
no era posible el restablecimiento del derecho del señor Peña Reyes como rector. De
manera que, sostuvo que sí era posible encargar al demandado mientras se surtía la
designación respectiva.
De otro lado, comentó que, aun cuando la parte actora invoca el desconocimiento del
debido proceso, tan solo se limita a señalar que esta garantía fundamental no se
observó al declararse la vacancia del cargo; sin embargo, no explicó con claridad cómo
se concretó esa vulneración.
Señaló que lo propio sucede con el cargo de falsa motivación, el cual se funda en la
supuesta imposibilidad de declarar la vacancia del empleo de rector, cuando, a juicio
de la parte demandante, debía reintegrarse el profesor Peña Reyes. Sin embargo,
enfatizó en que los fallos de nulidad electoral proferidos por la Sección Quinta, no
tuvieron efectos de restablecimiento y, ante la renuncia de Leopoldo Múnera, el CSU
debía proceder a encargar al demandado, mientras se surtía un nuevo proceso.
Mencionó que tampoco le asiste razón a los demandantes frente al cargo de
expedición irregular, por haberse convocado a sesión extraordinaria para efectuar el
encargo del demandado junto con otros asuntos, pese a que los estatutos señalan
que, cuando se elige rector el CSU solo puede ser convocado para tratar esa cuestión.
Explicó que los accionantes confunden las etapas del proceso electoral para la
escogencia del rector en propiedad de la UNAL con el acto demandado, que
simplemente dispuso el encargo, por la vacancia del empleo ante la renuncia de
Leopoldo Múnera.
Sobre el particular, advirtió que la referida situación administrativa debía ser atendida
por el CSU, sin que le fueran exigibles las reglas estatutarias para la convocatoria del
proceso electoral propiamente dicho.
1.6.2. Universidad Nacional de Colombia
El secretario general de la institución intervino únicamente para señalar que aportaba
los antecedentes administrativos que dieron lugar al acto demandado.
1.6.3. Ministerio de Educación Nacional
Por conducto de su apoderado, el impugnador intervino en los siguientes términos:
Adujo que la Resolución 132 del 24 de noviembre de 2025 se expidió en ejercicio de
las competencias legales y estatutarias por el Consejo Superior Universitario de la
Universidad Nacional, con el fin de atender una situación objetiva de vacancia y
garantizar la continuidad en la dirección institucional, sin desconocer ninguna de las
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providencias judiciales del Consejo de Estado y sin invadir competencias ajenas, ni
incurrir en falsa motivación, expedición irregular o violación del debido proceso.
Mencionó que la demanda se sustenta en una interpretación jurídica según la cual la
sentencia proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado el 4 de septiembre
de 2025, mediante la cual se negaron las pretensiones de nulidad formuladas contra
la elección del profesor José Ismael Peña Reyes como rector de la Universidad
Nacional de Colombia para el periodo 2024-2027, tendría como consecuencia implícita
el restablecimiento de sus derechos y su retorno automático al cargo.
Expuso que la tesis expuesta por la parte actora no resulta consistente con la
naturaleza jurídica del medio de control de nulidad electoral ni con el alcance que tuvo
el pronunciamiento adoptado por el juez de lo contencioso; en esa oportunidad tan solo
se limitó al análisis objetivo de legalidad sin que la decisión conllevara al
restablecimiento automático de derechos subjetivos.
Precisó que, además, conforme al artículo 2.2.5.2.1 del Decreto 1083 de 2015, un
empleo público queda vacante definitivamente, entre otros eventos, cuando se
produce la declaratoria de nulidad del nombramiento por decisión judicial o la renuncia
del servidor público. En consecuencia, ante la anulación del acto de designación del
rector en ejercicio y la inexistencia de una orden judicial que dispusiera el reintegro de
otro funcionario al cargo, se configuró una situación de vacancia que debía ser
atendida por la autoridad nominadora, esto es, el Consejo Superior Universitario.
Resaltó que la figura de encargo constituye una modalidad legítima de provisión
temporal de empleos públicos, reconocida tanto por la normativa administrativa como
por la jurisprudencia del Consejo de Estado, especialmente en aquellos eventos en los
que se presentan vacancias imprevistas que requieren de una respuesta administrativa
inmediata con el fin de evitar la paralización de las funciones institucionales.
Argumentó que tampoco se incurrió en expedición irregular, puesto que la Resolución
132 de 2025 no fue el acto mediante el cual se designó en propiedad al rector para el
período 2024-2027, sino una medida transitoria de encargo. Por lo mismo, al CSU no
le era exigible reproducir íntegramente el procedimiento estatutario diseñado para la
designación ordinaria y definitiva del rector. El acto respondió a una situación
sobreviniente que demandaba una decisión inmediata y proporcional, en armonía con
los principios de eficacia, celeridad y continuidad del servicio público
1.7. Trámite Procesal
Por auto del 15 de abril de 2026 se fijó el litigio (como más adelante se precisará en el
problema jurídico de esta providencia), se decretaron las pruebas y se negaron otras8,
se dispuso el trámite de sentencia anticipada y se corrió traslado para alegar de
8
Particularmente, se negaron las pruebas trasladadas solicitadas por la parte demandante y demandada y aquellas
requeridas por la parte actora durante el término de traslado de las excepciones.
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conclusión a las partes y, durante el mismo término, al Ministerio Público para que
rindiera concepto.
1.8. Alegatos de conclusión
1.8.1. Demandantes9
Reiteraron los argumentos de la demanda, para concluir que el acto demandado
desconoció las normas legales y estatutarias en que debía fundarse, incurrió en falsa
motivación, falta de competencia, violación al debido proceso y expedición irregular,
por cuanto el empleo del rector no se encontraba vacante y, por ende, el señor Mora
Cortés no podía ser designado en encargo.
1.8.2. Demandado10
Insistió en las razones de defensa del acto de designación acusado, y precisó que el
Consejo Superior Universitario sí tenía competencia para declarar la vacancia del
empleo del rector, ante la renuncia de quien se encontraba en ejercicio, esto es,
Leopoldo Múnera. En consecuencia, tenía la potestad de nombrar en encargo al señor
Andrés Felipe Mora Cortés, mientras se surtía el procedimiento de elección definitivo.
Destacó que todos los cargos formulados por la parte actora, parten de una postura
que no es avalada por el ordenamiento jurídico: la tesis según la cual las decisiones
del juez electoral, al desestimar la nulidad de una elección y luego anular otra posterior,
produjeron de forma implícita la restitución de la primera.
1.8.4. Ministerio de Educación Nacional11
Reiteró los argumentos formulados en su escrito de intervención y solicitó negar las
pretensiones de la demanda.
1.9. Concepto del Ministerio Público12
La procuradora séptima delegada ante el Consejo de Estado solicitó a esta
Corporación declarar la nulidad del acto demandado, con fundamento en los siguientes
argumentos:
Realizó un recuento de las actuaciones surtidas en los trámites de elección de los
profesores Ismael Peña y Leopoldo Múnera, para precisar que el acto de designación
del primero, fue el único que mantuvo su legalidad, pues respecto del segundo, el
Consejo de Estado, Sección Quinta, declaró la nulidad.
Comentó que, a pesar de la renuncia de Leopoldo Múnera Ruiz, no podía entenderse
que el cargo de rector se encontraba vacante, puesto que, la elección de Ismael Peña
9
Índice 65 del sistema de gestión judicial SAMAI
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Índice 67 del sistema de gestión judicial SAMAI.
11
Índice 64 del sistema de gestión judicial SAMAI.
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Demandado: Andrés Felipe Mora Cortés, rector encargado de la Universidad Nacional de Colombia
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permanecía incólume; de modo que, a juicio de la agente del Ministerio Público, el
Consejo Superior Universitario no podía encargar el referido empleo puesto que aquel
no se encontraba vacante.
Enfatizó que los miembros del CSU, que representan a distintos estamentos de la
Universidad Nacional, mediante el Acuerdo 05 del 21 de marzo de 2024, manifestaron
su voluntad de elegir a José Ismael Peña Reyes como rector para el período 2024-
2027, acto que fue evaluado y encontrado conforme al ordenamiento jurídico -validez-
ostenta plena capacidad para alcanzar los objetivos jurídicos que persigue -eficacia- y
no está inmerso en ninguna de las causales de pérdida de ejecutoria.
Por lo tanto, sostuvo que el referido acto produjo plenos efectos jurídicos que no podían
desconocerse; sin embargo, dicho órgano directivo pasó por alto esa designación, y
expidió la Resolución 132 de 2025 con el propósito de encargar el empleo, a pesar de
que aquel no se encontraba vacante.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
La Sala es competente para decidir la presente demanda de conformidad con lo
dispuesto en el numeral 4 del artículo 149 de la Ley 1437 de 201113, modificado por el
artículo 24 de la Ley 2080 de 2021, en concordancia con el artículo 13 del Acuerdo
080 de 12 de marzo de 2019 modificado por el Acuerdo 434 de 2024, reglamento
interno de la corporación.
2. Acto acusado
Resolución 132 de 2025, mediante la cual se designó al señor Andrés Felipe Mora
Cortés como rector encargado de la Universidad Nacional de Colombia, expedida por
el Consejo Superior Universitario.
3. Problema jurídico
Tal como se estableció en el auto del 15 de abril de 2026, el litigio se contrae a
determinar si resulta legal o no el acto de designación del señor Andrés Felipe Mora
Cortés como rector encargado de la Universidad Nacional de Colombia.
Con tal propósito, es necesario establecer si, como lo indicó el demandante, el acto
acusado está viciado por infracción de normas superiores, falta de competencia, falsa
motivación, violación del debido proceso y principio de legalidad y expedición irregular,
en tanto desconocieron los artículos 6º, 29, 121 y 122 de la Constitución Política. Así
13
Artículo 149. El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones,
Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de
los siguientes asuntos: (…) 4. De la nulidad de los actos de elección expedidos por el Congreso de la República, sus Cámaras y
sus comisiones, la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, el Consejo Superior de la Judicatura, la junta directiva o
consejo directivo de los entes autónomos del orden nacional y las comisiones de regulación. Igualmente, de la nulidad del
acto de nombramiento del Viceprocurador General de la Nación, del Vicecontralor General de la República, del Vicefiscal General
de la Nación y del Vicedefensor del Pueblo.
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mismo, el artículo 12 del Decreto 1210 de 1993, que se refiere a las funciones del
Consejo Superior Universitario y por haberse vulnerado el artículo 17 del Acuerdo 011
de 2005, Estatuto General de la Universidad Nacional, que establece las causales de
remoción del rector.
Para el efecto, deberá determinarse si, para el momento de la designación del rector
encargado de la Universidad Nacional de Colombia, este empleo no se encontraba
vacante y, en consecuencia, aquel no se podía proveer mediante la figura del encargo.
Lo anterior, en consideración a los efectos que, a juicio de la parte demandante, tuvo
la sentencia del 4 de septiembre de 2025, mediante la cual la Sección Quinta del
Consejo de Estado negó la nulidad de la elección del profesor José Ismael Peña
Reyes. En consecuencia, habrá de determinarse si, el acto de designación de este
último permanecía vigente y, por tanto, el Consejo Superior Universitario no tenía
competencia para declarar la vacancia del empleo.
Asimismo, deberá establecerse si el acto demandado se expidió irregularmente y con
desconocimiento del Estatuto General de la Universidad Nacional de Colombia, en
tanto que, en criterio de los accionantes, la convocatoria del Consejo Superior
Universitario, con el fin de proceder con la designación del demandado como rector
en encargo, no podía incluir ningún otro asunto distinto al nombramiento en cuestión.
De conformidad con los anteriores cuestionamientos, la Sala abordará los siguientes
ejes temáticos: i) el marco normativo de las causales genéricas de infracción de
normas superiores, falsa motivación, falta de competencia, expedición irregular y
debido proceso y, ii) el caso concreto.
4. Marco normativo de la infracción de normas superiores, falsa motivación, falta
de competencia, expedición irregular y debido proceso
La causal de infracción de normas superiores ha sido considerada por la jurisprudencia
del Consejo de Estado como un vicio de nulidad de los actos administrativos (e
igualmente de los actos de elección) en el que se hace una contrastación formal y
objetiva de la actuación expedida en relación con normas jerárquicamente superiores.
En efecto, esta Sección se ha pronunciado puntualmente en los siguientes términos:
…para la configuración de esta causal de nulidad se debe demostrar, en primer
lugar, que las disposiciones que se estiman infringidas por el acto acusado,
integran el bloque normativo que le sirve de marco jurídico, es decir, que regulan
la materia en la que se inscribe su objeto y declaración de voluntad; y en segundo
lugar, que en efecto al confrontar el acto con tales normas surje (sic) su violación
por contradicción o desconocimiento. En este sentido, la Sección ha sintetizado los
principales escenarios en que se produce la infracción de norma superior, así:
(i) Falta de aplicación de la norma, situación que se presenta luego de que la
autoridad que profiere el acto ignora la existencia del presupuesto normativo, o
conociéndolo, no lo aplica en el asunto que la ocupa;
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(ii) Aplicación indebida de la norma, la cual se presenta luego de que las reglas
jurídicas empleadas por la autoridad para fundar el acto, no se conforman a la
situación fáctica del caso a tratar, como consecuencia de una equivocación en la
valoración y escogencia de la disposición normativa;
(iii) Interpretación errónea de la norma, consistente en el entendimiento desatinado
del precepto o preceptos que sustentan el asunto por resolver14
De otro lado, la falta de competencia es una causal genérica de nulidad de los actos
administrativos prevista en el artículo 137 del CPACA, la cual también puede ser
invocada en el medio de control de nulidad electoral de acuerdo con lo establecido en
el artículo 275 ibidem. La competencia, entendida como la atribución dada a los sujetos
públicos para actuar como legítimo portador de la voluntad administrativa, no solo
constituye, dentro de la dogmática jurídica, un elemento de la estructura del acto
administrativo, sino un fundamento del Estado constitucional y democrático de
derecho, en tanto que da validez y legitima la acción de las autoridades15.
En lo que concierne a la denominada falsa motivación, esta Corporación ha precisado
que «es necesario que se demuestre una de dos circunstancias: a) O bien que los
hechos que la Administración tuvo en cuenta como motivos determinantes de la
decisión no estuvieron debidamente probados dentro de la actuación administrativa; o
b) Que la Administración omitió tener en cuenta hechos que sí estaban demostrados
y que si hubiesen sido considerados habrían conducido a una decisión
sustancialmente diferente»16.
Por su parte, sobre la expedición irregular, esta Sala Electoral ha precisado que se
trata de un vicio de nulidad de los actos que se materializa cuando se vulnera el
procedimiento determinado para la formación y expedición de un acto administrativo,
o para efectos del caso, de un acto de elección. Es decir, cuando la actuación se
adelanta con anomalías en el trámite lo que genera cuestionamientos en la forma en
la que se profirió.
Uno de los aspectos más importantes a la hora de verificar la referida irregularidad, es
determinar cuál es la norma a la que el procedimiento administrativo debió ceñirse. Por
lo tanto, es necesario tener plena claridad sobre el trámite que la ley y/o la Constitución
previeron para la formación de una determinada actuación, ya que solo en esa medida
se puede examinar si se presentó o no alguna infracción. En suma, la causal de nulidad
por expedición irregular se configura cuando se acredita la existencia de alguna
anomalía en el proceso de formación del acto, que desconoce el trámite previsto legal
o constitucionalmente17.
14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 9 de septiembre de
2021. Rad: 23001-23-33-000-2020-00004-02. M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.
15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, providencia del 20 de octubre de
2022. Rad: 17001-23-33-000-2022-00005-02. M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.
16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, providencia del 26 de julio de 2017,
Rad: 11001-03-27-000-2018 00006-00. M.P. Milton Chaves García.
17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, providencia del 3 de agosto de 2015.
Rad: 11001-03-28-000-2014-00128-00. M.P. Alberto Yepes Barreiro.
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Finalmente, esta Corporación ha precisado que «el debido proceso administrativo
impone a las entidades del Estado adelantar cualquier actuación o procedimiento
administrativo, cuyo propósito sea crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas, con
la estricta observancia de los lineamientos previamente consagrados por el legislador,
esto con el objeto de garantizar a los ciudadanos que puedan verse afectados por el
ejercicio de la función pública, la protección de sus derechos de contradicción y
defensa»18.
5. Caso concreto
Como viene de explicarse, le corresponde a la Sala resolver las censuras formuladas
por la parte actora, lo que impone determinar si el acto de elección está viciado de
nulidad por los precisos reparos señalados en la fijación del litigio.
5.1. Para el momento de la designación del rector encargado de la Universidad
Nacional de Colombia ¿el empleo no se encontraba vacante y, en consecuencia,
aquel no se podía proveer mediante la figura del encargo?
Como viene de explicarse en los antecedentes de esta providencia, los cargos
formulados por los demandantes, como por sus coadyuvantes, giran en torno a señalar
que, para el momento de la designación del rector encargado de la Universidad
Nacional de Colombia, este empleo no se encontraba vacante. Por lo tanto, la única
manera de declarar la vacancia era por la finalización del periodo del dignatario
inicialmente elegido o por alguna de las circunstancias descritas en el artículo 17 del
Acuerdo 011 de 2005, relativo a la invalidez absoluta, la destitución o desvinculación
como consecuencia de investigación disciplinaria y la orden o decisión judicial.
Tal afirmación se sustenta en el hecho de que, en la sentencia del 4 de septiembre de
2025, la Sección Quinta del Consejo de Estado negó la nulidad de la elección del
profesor José Ismael Peña Reyes. En consecuencia, según la parte actora, el acto de
designación de este último permanecía vigente y, por tanto, no era jurídicamente
viable declarar la vacancia del empleo.
Para resolver este reparo, del cual se derivan los cargos de falta de competencia, falsa
motivación e infracción de normas, resulta indispensable esclarecer cuál era la
situación administrativa en punto a la vacancia o no de este empleo al momento de la
expedición del acto acusado, habida cuenta que el juicio de validez de un acto
administrativo debe hacerse bajo las normas y las circunstancias fácticas existentes
al momento de su expedición.
En primer término, debe precisarse que esta sección19, con la sentencia del 4 de
septiembre de 2025, negó la demanda dirigida a obtener la nulidad de la elección del
señor José Ismael Peña Reyes, efectuada mediante Acta 05 del 21 de marzo de 2024,
18
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, providencia del 11
de abril de 2019, Rad: 05001-23-33-000-2014-02189-01. M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
19
Radicado 11001-03-28-000-2024-00141-00.
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para el período 2024-2027, al encontrar que los cargos formulados en su escrito
introductorio no se configuraron.
Frente a los efectos de la sentencia del 4 de septiembre de 2025, la misma providencia
destacó lo siguiente:
180. En este punto, debe precisarse que el objeto del medio de control de nulidad
electoral se limita a definir la legalidad de la elección que se juzgue, sin que haya lugar
a restablecimiento alguno con ocasión de la decisión que se adopte, en cada caso.
181. Por tanto, se debe advertir que la decisión de negar la nulidad la elección de José
Ismael Peña Reyes, como rector de la UNAL, para el periodo 2024-2027, no implica
que esto tenga como consecuencia su regreso al cargo, pues se insiste este juez de
lo electoral se limitó a definir su legalidad y no al reconocimiento de derecho alguno,
por no ser de su competencia.
Como se lee, la decisión de negar la nulidad de la elección de José Ismael Peña Reyes
como rector de la UNAL, no implicaba el reintegro al cargo, por cuanto la naturaleza
del contencioso electoral es eminentemente objetiva e impersonal, en tanto es un
juicio abstracto de legalidad que busca restaurar el orden jurídico vulnerado y no
restablecer derechos subjetivos. Además, la Sala no podía desconocer que, para ese
momento, se había producido una designación posterior en favor del señor Leopoldo
Múnera, por medio de Resolución 068 de 2024 y cuyo juicio de legalidad también
estaba siendo adelantado por el juez electoral con el fin de establecer su conformidad
con el ordenamiento jurídico.
Finalmente, con la providencia del 20 de noviembre de 2025, la Sección Quinta declaró
la nulidad de la elección del profesor Leopoldo Múnera, al encontrar irregular la
actuación desplegada por el Consejo Superior Universitario, en cuanto dispuso i)
corregir la actuación administrativa de elección del rector de la Universidad Nacional
de Colombia, ii) retomar el proceso administrativo y iii) elegir mediante Resolución 068
de 2024, al señor Leopoldo Alberto Múnera Ruiz como rector de la Universidad
Nacional, cuando dicho proceso ya habia culminado con la elección de José Ismael
Peña Reyes.
En este contexto, el 21 de noviembre de 2025, es decir al día siguiente de proferirse
el fallo anulatorio, se presentó la renuncia del profesor Leopoldo Alberto Múnera Ruíz
al cargo de rector y, en la sesión del 24 de noviembre de 2025, el CSU procedió a
aceptar la referida dimisión, teniendo en cuenta que aún no se encontraba
ejecutoriada la providencia anulatoria de su elección.
En este orden de ideas, en la reunión del 24 de noviembre de 2025 el Consejo Superior
Universitario procedió a declarar la vacancia del empleo y a designar en encargo a
Andrés Felipe Mora Cortés. Las razones invocadas se reflejan en la motivación del
acto acusado, contenida en la Resolución 132 de 2025, en los siguientes términos:
Que, a partir de la declaratoria de nulidad de la Resolución 068 de 2024 del Consejo
Superior Universitario mediante la sentencia del 20 de noviembre de 2025, así como la
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imposibilidad de reintegro al cargo del profesor José Ismael Peña definida por la
sentencia del 4 de septiembre de 2025, y dado que a la fecha el fallo del 20 de
noviembre no se encuentra ejecutoriado, en la sesión 23 de 2025 el Consejo Superior
Universitario aceptó la renuncia presentada por el profesor Múnera Ruiz,
ocasionándose una vacancia en el cargo de Rector de la Universidad Nacional de
Colombia.
Que el Consejo Superior Universitario en ejercicio de sus funciones legales y
estatutarias debe designar un Rector encargado por el tiempo que sea necesario hasta
tanto se provea el cargo en forma definitiva acorde con la normatividad vigente.
Así las cosas, la Sala encuentra que, efectivamente, para la fecha en que renunció el
profesor Leopoldo Alberto Múnera, el fallo del 20 de noviembre de 2025, por el cual se
declaró la nulidad de su elección, aún no había cobrado ejecutoria, comoquiera que se
presentó una solicitud de aclaración, la cual fue resuelta hasta el 11 de diciembre de
2025. Lo anterior, en atención al artículo 302 del Código General del Proceso, según
el cual «cuando se pida aclaración o complementación de una providencia, solo
quedará ejecutoriada una vez resuelta la solicitud».
De este modo, la razón que adujo el CSU para ese preciso momento, tenía un sustento
fáctico y normativo, en tanto operó la renuncia del empleo, causal de retiro del servicio
que trae como consecuencia la vacancia absoluta del cargo y el deber subsiguiente de
proceder con su reemplazo, lo cual se hizo mediante la figura del «encargo» que,
además de ser una situación administrativa, constituye una forma de provisión de
empleo, que se hace de manera temporal, mientras se surte de forma definitiva.
Así lo establece el Artículo 2.2.5.2.1. del Decreto 1083 de 2015, por el cual se compilan
las normas de la función pública, la cual resulta aplicable en este asunto, teniendo en
cuenta que esa situación administrativa no está regulada en la Ley 30 de 1992 ni en el
estatuto de la universidad. En efecto, la disposición establece lo siguiente:
«Artículo 2.2.5.2.1. Vacancia definitiva. El empleo queda vacante definitivamente en los
siguientes casos:
1- Por renuncia regularmente aceptada»
Debe precisarse que el Estatuto de la Universidad Nacional de Colombia, esto es, el
Acuerdo 011 de 12 de marzo de 2005, solo establece cuáles son las causales de
remoción del rector, más no precisa en qué eventos se entiende vacante el empleo:
ARTÍCULO 17. Causales de remoción del Rector. Son causales de remoción del
Rector, la invalidez absoluta; la destitución o desvinculación como consecuencia de
investigación disciplinaria, y la orden o decisión judicial, conforme a la Ley y a los
estatutos internos.
Se reitera entonces que, contrario a lo señalado por el Ministerio Público, al no estar
ejecutoriada la sentencia del 20 de noviembre de 2025, mediante la cual se declaró la
nulidad del acto de designación del señor Leopoldo Múnera Ruiz y haberse presentado
renuncia, no se observa ninguna violación de las disposiciones invocadas en la
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demanda, falta de competencia del CSU o una falsa motivación del acto en desmedro
del debido proceso, pues lo procedente era aceptar su dimisión y encargar del empleo
a otro servidor con el fin de impedir que se presentara un vacío de poder y generar un
traumatismo institucional con graves consecuencias para la buena marcha de la
institución.
Dicho de otro modo, si bien el acto electoral de José Ismael Peña Reyes permaneció
incólume, lo cierto es que, para el instante en que se encargó al demandado, tampoco
se había desvirtuado la presunción de legalidad de la designación de Leopoldo Múnera
Ruiz, por cuanto la sentencia que declaró la nulidad de su elección no había cobrado
ejecutoria, de manera que sus efectos solo serían exigibles después de que la
providencia alcanzara su firmeza.
Por lo tanto, se insiste, quien detentaba materialmente el empleo del rector renunció,
sin que pudiera entenderse, para ese preciso momento, que la designación de Peña
Reyes impedía la situación administrativa de vacancia, comoquiera que era Múnera
Ruiz quien se encontraba en ejercicio del cargo y el CSU no contaba con una decisión
judicial en firme sobre la nulidad de su designación.
5.2. El acto demandado se expidió irregularmente y con desconocimiento del
Acuerdo 252 de 2017
Los demandantes formularon otro reparo consistente en que hubo una expedición
irregular por cuanto se debió convocar a sesión extraordinaria, para un único tema,
esto es, la designación del rector, dado que de conformidad con lo dispuesto en el
inciso 2.° del artículo 7.° del Acuerdo 252 de 2017, mediante el cual «se reglamenta el
procedimiento para la designación del rector de la Universidad Nacional de
Cololmbia», en el orden del día no podía incluirse ningún otro asunto a discutir.
Sobre el punto, la Sala encuentra que la referida disposición está dirigida a regular la
elección en propiedad del rector de la UNAL; con todo, en este caso, el demandado
fue designado en encargo, mientras se surtían nuevamente las etapas del
procedimiento de elección, ante la vacancia definitiva del empleo; situación
administrativa que dista del procedimiento administrativo -electoral para la designación
del rector en propiedad.
Por lo tanto, no es posible derivar la irregularidad que advierte la parte actora, frente a
al acto demandado, pues se insiste, la disposición invocada únicamente opera cuando
se pretende proveer el empleo de forma definitiva a través del procedimiento reglado
por el Estatuto y demás actos que lo regulan.
Con fundamento en lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
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FALLA:
PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: En firme esta providencia, archívese el expediente.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
Aclaración de voto
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de
radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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