Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2023-00577-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2023-00577-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2023-00577-00
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
20 de febrero de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D.C., veinte (20) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN ART. 20 LEY 797 DE 2003
Radicación: 11001-03-25-000- 2023-00577-00 (7717-2023)
Demandante: Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones
(FONCEP)
Demandada: Ana Bertha Olano Fajardo
Temas: Artículo 20 de la Ley 797 de 2003. Causal de revisión prevista
en el literal b). Ingreso base de liquidación de beneficiaria del
régimen de transición del inciso 1, parágrafo 2 del artículo 1.° de
la Ley 33 de 1985.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
La Sala decide la acción de revisión que interpuso1 el Fondo de Prestaciones
Económicas, Cesantías y Pensiones (en adelante FONCEP) contra la sentencia del
veintitrés (23) de septiembre de dos mil veintiuno (2021), proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A2, para lo cual
invocó las causales contenidas en los literales a y b) del artículo 20 de la Ley 797
de 2003, que permiten la revisión de providencias judiciales ejecutoriadas «cuando
el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso» y «cuando la
cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o
convención colectiva que le eran legalmente aplicables».
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
Que la señora Ana Bertha Olano Fajardo trabajó para la Secretaría de Obras
Públicas de Bogotá desde el 13 de enero de 1963 hasta el 12 de agosto de 1985,
con una interrupción de 127 días, y posteriormente para la Secretaría General de la
Alcaldía Mayor de Bogotá desde el 5 de marzo de 1990 hasta el 30 de julio de 2003.
Que mediante la Resolución 1506 del 8 de agosto de 2003, el FONCEP le otorgó la
pensión de vejez con base en la edad y el tiempo de servicio establecidos en la Ley
6 de 1945, aplicando una tasa de reemplazo del 85% conforme al artículo 34 de la
Ley 100 de 1993. La pensión fue efectiva a partir del 1.° de agosto de 2003, fecha
de su retiro del servicio.
Que la señora Olano Fajardo solicitó al FONCEP la reliquidación de su pensión,
incluyendo todos los factores salariales devengados durante el último año de
1
La presentación de la acción se efectuó el 23 de noviembre de 2023, de acuerdo con la anotación efectuada
por la Secretaría de la Sección Segunda de esta Corporación que reposa en el índice 0003 de SAMAI.
2 Decisión que revocó parcialmente la sentencia proferida el 21 de marzo de 2018, el Juzgado Cincuenta y Tres
Administrativo de Bogotá que accedió a las pretensiones dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho promovido por la señora Ana Bertha Olano.
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servicio. Sin embargo, su petición fue denegada mediante la Resolución 0465 del 6
de septiembre de 2016, la cual no concedió recursos.
Que, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó
demanda contra el FONCEP, solicitando la nulidad de la Resolución 0465 del 6 de
septiembre de 2016. Como consecuencia, pidió que se condenara a la entidad a
reliquidar y pagar su mesada pensional considerando todos los factores salariales
devengados durante el último año de servicio, conforme a la Ley 33 de 1985,
incluyendo la mesada catorce. También solicitó el reconocimiento y pago de la
diferencia entre la pensión reliquidada y la inicialmente reconocida, debidamente
indexada, así como el pago de intereses moratorios y las costas procesales.
Que el Juzgado Cincuenta y Tres Administrativo del Circuito de Bogotá, mediante
sentencia del 21 de marzo de 2018, accedió a las pretensiones y ordenó reliquidar
la pensión de vejez, aplicando el 75% de todos los factores salariales devengados
en el último año de servicio. Estos factores incluían, además de la asignación
básica, la prima de antigüedad, la bonificación por servicios, el auxilio de
alimentación, el subsidio de transporte, la prima secretarial, la prima de navidad y la
prima semestral, percibidos entre el 1.° de agosto de 2002 y el 30 de julio de 2003,
con efectos fiscales a partir del 21 de julio de 2013, por prescripción trienal.
Que en dicha decisión, además, se ordenó realizar los descuentos correspondientes
a los aportes no efectuados sobre la totalidad de los factores reconocidos durante
el tiempo en que la actora los haya percibido efectivamente.
Que se reconoció el derecho de la actora a obtener la reliquidación de su pensión
al considerar que, si bien el FONCEP respetó el régimen de transición en lo relativo
a la edad y al tiempo de servicio, no aplicó en su totalidad las normas vigentes antes
de la Ley 33 de 1985, en particular los Decretos 3135 de 1968 y 1045 de 1978.
Que la parte demandante interpuso un recurso de apelación, argumentando que se
ordenó realizar descuentos sobre aportes a pensión de factores que no fueron
incluidos ni descontados, sin considerar el término de prescripción de cinco años
establecido en el artículo 817 del Estatuto Tributario. Por su parte, el FONCEP
también apeló, sosteniendo que, si bien la demandante era beneficiaria del régimen
de transición de la Ley 33 de 1985, esto solo le permitía pensionarse con los
requisitos de edad y tiempo de servicio de dicha ley, pero la liquidación debía
realizarse conforme a la normativa vigente al momento de la consolidación del
estatus, es decir, la Ley 100 de 1993.
Que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca resolvió los recursos de apelación
interpuestos por ambas partes y, mediante sentencia del 23 de septiembre de 2021,
a través de la cual revocó parcialmente la decisión de primera instancia.
Que en cumplimiento de dicha sentencia, el FONCEP expidió la Resolución SPE
GDP 0001581 del 4 de noviembre de 2022, mediante la cual reliquidó la pensión en
una cuantía de $2.516.046, con efectos a partir del 1.° de noviembre de 2022.
SENTENCIA OBJETO DE REVISIÓN
Mediante providencia del 23 de septiembre de 2021, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca revocó parcialmente la decisión de primera instancia, en el sentido
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de excluir de la reliquidación de la pensión de jubilación la prima secretarial, y la
confirmó en los demás aspectos.
En su análisis, el Tribunal consideró procedente la reliquidación de la pensión con
base en todos los factores salariales devengados y enlistados en el artículo 45 del
Decreto 1045 de 1978, señalando que el descuento de los aportes al sistema de
seguridad social pensional sobre los factores no cotizados por el titular de la pensión
debe efectuarse durante toda su vida laboral.
Para fundamentar su decisión, el Tribunal desarrolló los siguientes argumentos:
Que la demandante, nacida el 23 de junio de 1946 y con más de veinte años de
servicio, es beneficiaria del régimen de transición establecido en el inciso 2 del
parágrafo 2 del artículo 1.° de la Ley 33 de 1985. Al 13 de febrero de 1985,
acumulaba 22 años, 1 mes y 1 día de servicio al Estado, por lo que le resulta
aplicable el régimen previsto en el Decreto 1045 de 1978, en lugar del régimen
contenido en la Ley 33 de 1985.
Que se encontró acreditado que cumplió el tiempo de servicios con anterioridad a
la vigencia de la Ley 33 de 1985 y que, de tal forma según lo establecido en las
sentencias del 20 de octubre de 2005, exp. 3701-04, 27 de septiembre de 2007,
exp. 2135-06 y 9 de septiembre de 2015, exp. 0491-09 la edad en lo que respecta
a las pensiones y en virtud del principio de favorabilidad en materia laboral «[…] es
únicamente un requisito de exigibilidad para la pensión y no para su nacimiento».
Que los empleados oficiales que cuenten con 20 años de servicio al momento de la
entrada en vigencia de la Ley 33 de 1985 tendrán derecho a una pensión de
jubilación, la cual se reconocerá y pagará conforme a las disposiciones previas a
dicha vigencia, una vez alcancen la edad establecida en dicha norma.
Que conforme a la sentencia del 31 de enero de 2019 (Exp. 1145-16), la Sección
Segunda del Consejo de Estado determinó que con la expedición de la Ley 33 de
1985 quedó derogado el artículo 27 del Decreto 3135 de 1968. En consecuencia, la
transición prevista en el parágrafo 2 del artículo 1.° de dicha ley remite a la Ley 6
de 1945, criterio que advirtió fue reiterado en la sentencia del 16 de diciembre de
2009 (Exp. 1754-06).
Que en virtud de lo anterior, el reconocimiento pensional de la demandante debe
sujetarse íntegramente a la normativa anterior, es decir, en lo relativo a la edad, el
tiempo de servicio y el monto pensional. De no ser así, se vulneraría el principio de
inescindibilidad de la ley.
Que el salario base para la liquidación de la pensión de quienes, al momento de la
entrada en vigencia de la Ley 33 de 1985, contaban con 20 años de servicio, está
constituido por los factores salariales contemplados en el artículo 45 del Decreto
1045 de 1978.
Que durante el último año de servicios de la demandante, comprendido entre el 1.°
de agosto de 2002 y el 30 de julio de 2003, esta devengó los siguientes conceptos:
asignación básica, auxilio de alimentación, subsidio de transporte, prima semestral,
prima de antigüedad, prima secretarial, prima de navidad y bonificación por
servicios. No obstante, según el certificado de salarios mes a mes, la cotización
para la liquidación de la pensión solo se realizó sobre la asignación básica, la prima
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de antigüedad y la bonificación por servicios prestados.
Que, en tal sentido, la demandante tiene derecho a la reliquidación de su pensión,
incluyendo, además de los factores ya reconocidos (asignación básica, prima de
antigüedad y bonificación por servicios), los siguientes conceptos: auxilio de
alimentación, subsidio de transporte, prima semestral y prima de navidad, por estar
dichos factores contemplados en el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978. Por lo
tanto, no procede la inclusión de la prima secretarial en la reliquidación, dado que
esta no se encuentra dentro del listado de factores salariales previstos en la citada
norma.
Que en relación con la interpretación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100
de 1993, la Corte Constitucional, en la sentencia SU-230 de 2015, determinó que
dicho precepto no constituye un elemento del régimen de transición. Sin embargo,
tal precedente no resulta aplicable al presente caso, puesto que dicho artículo se
refiere exclusivamente a los beneficiarios del régimen de transición establecido en
la Ley 100 de 1993, lo que no corresponde a la situación de la demandante.
Que la reliquidación pensional con el 75% de los factores devengados en el último
año de servicio y con la totalidad de los factores enlistados en el artículo 45 del
Decreto 1045 de 1978 debe realizarse únicamente si el valor obtenido no resulta
inferior al monto que la demandante percibe actualmente. En caso contrario, la
entidad deberá abstenerse de efectuar la nueva liquidación.
Que no existe fundamento para la pretensión de aplicar la prescripción quinquenal
del Estatuto Tributario al descuento sobre los factores ordenados porque dicha
normativa establece la obligación del trabajador de efectuar los aportes a seguridad
social como requisito para acceder a la pensión. Adicionalmente, cuando mediante
sentencia judicial se ordena la inclusión de nuevos factores salariales en la
reliquidación pensional, debe realizarse el correspondiente descuento sobre
aquellos factores respecto de los cuales no se efectuó la deducción legal en su
momento, con actualización a valor presente mediante un ejercicio actuarial.
Que no procede la condena en costas, puesto que no se logró acreditar que el
recurso hubiese sido interpuesto con una manifiesta carencia de fundamento legal.
ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN
El FONCEP, en ejercicio del mecanismo establecido en el artículo 20 de la Ley 797
de 2003, presentó acción de revisión al considerar que la sentencia está incursa en
las causales a) y b) del artículo 20 de la citada legislación.
Solicita que se infirme la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Sección Segunda – Subsección A del 23 de septiembre de 2021 y, en su lugar, se
ordene la reliquidación y pago de la mesada pensional adoptando como IBL las
directrices fijadas en el inciso 3º del artículo 36 o las consignadas en el artículo 21
de la Ley 100 de 1993, según el caso, así como los factores base de cotización
taxativamente determinados en el Decreto 1158 de 1994.
Para sustentar la acción, la entidad presentó los siguientes argumentos:
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Que la orden de reliquidación se obtuvo con violación al debido proceso, pues la
sentencia concedió un aumento en la mesada pensional de la señora Ana Bertha
Olano Fajardo en contravía de la ley y la jurisprudencia vigente, comprometiendo
recursos públicos de manera ilegítima y vulnerando principios constitucionales.
Que el fallo desconoció la aplicación de la Ley 6 de 1945 y los artículos 36 y 21 de
la Ley 100 de 1993 en la conformación del IBL y los factores a considerar en la
liquidación de la pensión. Pese a que se acreditó judicialmente que la pensionada
era beneficiaria del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, el fallador se apartó
de la normativa y la jurisprudencia aplicable.
Que, de no acogerse la anterior causal, procede la revisión por la causal b del
artículo 20 de la Ley 797 de 2003 ya que la liquidación ordenada excede lo
establecido por ley, en tanto la señora Ana Bertha Olano Fajardo, beneficiaria del
régimen de transición según el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, tiene derecho al
reconocimiento de su pensión bajo las condiciones de edad, tiempo de servicio y
monto definidas por las Leyes 6 de 1945 y 33 de 1985. Sin embargo, el IBL está
regulado en el tercer inciso del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, que especifica
que debe ser el promedio de lo devengado en los últimos diez años, o el tiempo que
le falte para adquirir el derecho. Una apreciación diferente a esta estaría basada en
una norma inexistente.
Que la causante no adquirió su derecho pensional antes del 1.° de abril de 1994,
fecha de entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones, sino
posteriormente. Por lo tanto, los jueces de conocimiento pasaron por alto que las
reglas del IBL no forman parte del régimen anterior, sino de las disposiciones
expresamente señaladas en el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993,
establecidas por el legislador.
Que los incisos 2 y 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 no son contradictorios,
sino complementarios, ya que el inciso tercero aclara y amplía el concepto de IBL
como un factor distinto al monto pensional mencionado en el inciso segundo. Este
último se limita a la tasa de reemplazo, que sigue rigiendo bajo las disposiciones del
régimen anterior, mientras que el IBL se asigna conforme a las reglas de la Ley 100
de 1993.
Que el régimen de transición no conservó íntegramente la normativa pensional
previa sobre la causación del derecho, limitándose a mantener los requisitos de
edad, tiempo de servicio o semanas cotizadas, y monto pensional entendido como
tasa de reemplazo. Sin embargo, extraer el IBL de la normativa derogada para
liquidar pensiones bajo el régimen de transición equivale a revivir una norma sin
respaldo legal, lo cual resulta en una interpretación arbitraria.
Que los emolumentos utilizados para calcular la mesada pensional deben seguir la
lista taxativa de los conceptos considerados como factores salariales en el Decreto
1158 de 1994.
Que el máximo tribunal constitucional ha trazado una línea pacífica y clara acerca
de la forma en la que deben liquidarse las pensiones sometidas al régimen de
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transición indicando que se afectan las reglas de los artículos 21 y 36 de la Ley 100
de 1993, pero conservando únicamente requisitos de tiempo, monto y edad del
régimen anterior; así es como procede a efectuar una citación in extenso de las
sentencias C-168 de 1995, C-258 de 2013, Auto 326 de 2014, SU-230 de 2015, SU-
427 de 2016, SU-210 de 2017, SU-395 de 2017 y SU- 631 de 2017, T-039 de 16 de
febrero de 2018 y el Auto 229 de 2017.
Que en la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018, proferida por la Sala
Plena del Consejo de Estado, se estableció una regla de carácter general que
coincide en señalar que la liquidación de pensiones basada en el promedio de lo
devengado en el último año de servicio, incluyendo ingresos sobre los cuales no se
realizó la respectiva cotización al sistema, conlleva automáticamente un detrimento
del principio de solidaridad que rige la seguridad social.
Que la decisión judicial cuestionada impacta negativamente la sostenibilidad
financiera del sistema pensional, ya que la mesada devengada se incrementó en un
3.73%, sin justificación legal o jurisprudencial.
Que teniendo en consideración la edad de la pensionada (77) y las mesadas futuras
que deberán pagarse, es claro que se genera un detrimento al erario en tanto la
proyección de los pagos futuros debidamente indexados dan un total de $452.820.
Que el reconocimiento pensional que por orden judicial se profirió configura un
abuso palmario del derecho, pues no solo malinterpretó el artículo 36 de la Ley 100
de 1993, sino porque desconoció precedente obligatorio y vinculante de la Corte
Constitucional.
Contestación a la acción de revisión3
La señora Olano Fajardo, a pesar de haber sido debidamente notificada de la acción
de revisión, no contestó.
Concepto del Ministerio Público
La Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado guardó silencio en
esta oportunidad.
Se decidirá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
La Subsección deberá analizar si la decisión del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, al ordenar la reliquidación de la
pensión de la señora Ana Bertha Olano Fajardo, tomando como base el último año
de servicio e incluyendo todos los factores salariales devengados en ese periodo,
incurre en alguna de las causales invocadas.
Para el efecto, la Sala hará referencia a: i) las generalidades de la acción especial
de revisión, ii) las causales de revisión invocadas; iii) aspectos jurisprudenciales y
normativos sobre la pensión de jubilación y, iv) se examinará el caso concreto.
3 Cfr. Índice 00018 y 00026 de SAMAI.
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Generalidades de la acción especial de revisión
El artículo 20 de la Ley 797 del 29 de enero de 2003 1, habilitó al Gobierno para que
por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, del contralor general de la República o del procurador
general de la Nación, así como las entidades que realizan el reconocimiento de
pensiones4 formularan la revisión de las providencias judiciales que imponen al
tesoro o a fondos de naturaleza pública el cubrimiento de sumas periódicas o
pensiones de cualquier naturaleza.
Conviene precisar que, está acción tal como el recurso extraordinario de revisión
tiende a invalidar los efectos jurídicos de una sentencia que ya se encuentra
ejecutoriada, por eso se presenta como una excepción al principio de la cosa
juzgada, y las causales para su procedencia están establecidas taxativamente en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
Aunque es cierto que la acción de revisión contemplada por el artículo 20 de la Ley
797 de 2003, por expresa disposición legal se rige por el procedimiento establecido
para el recurso extraordinario de revisión, al interior de la jurisdicción contenciosa
administrativa ha sido considerada como un mecanismo especial5 por al menos tres
razones: su finalidad, las causales para su procedencia y la calificación en quien
está habilitado para ejercer la acción.
En cuanto a su finalidad, esta Corporación ha señalado que consiste en dotar «(...)
a las entidades públicas pagadoras de pensiones y a los entes de control, de una
herramienta judicial para solicitar la corrección de los reconocimientos pensionales
que se encuadren en dichas causales (…)»6. Frente a las causales para interponer
el recurso se advierte que son aquellas establecidas taxativamente en los artículos
250 del CPACA y 20 de la Ley 797 de 2003 y que solo aquellos sujetos indicados en
el inciso primero de la norma pueden ejercer la acción.
Luego, la intención para la que fue creada la norma fue contrarrestar los graves
casos de corrupción e impactos fiscales en el erario público por los reconocimientos
pensionales, salvaguardando el equilibrio entre la prestación y su legalidad, además
de velar por la protección de los recursos limitados del Tesoro, la liquidez, solvencia
y sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social, así como el principio de
universalidad que lo inspira7 y no la de reabrir un nuevo debate probatorio.
Causales de revisión contempladas en los literales a) y b) del artículo 20 de la
Ley 797 de 2003
El FONCEP invocó como sustento de la acción de revisión las causales previstas
en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, la cual dispone:
4 Corte Constitucional, Sentencia SU-427 de 2016. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
5 Para tales efectos esta Corporación en providencia del 27 de marzo de 2014, Exp. 11001-03-25-000-2012-
00561-00 (2129-12), C.P. Gerardo Arenas Monsalve, estableció: «es claro que las particularidades de la “acción
especial de revisión” previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, le otorgan una entidad propia, que se
refleja principalmente en legitimación por activa que se concede al Gobierno Nacional y a los mecanismos de
control –Contraloría y Procuraduría- para promover la revisión, quienes eran terceros en el proceso ordinario
cuya revisión se permite, pero que se facultan para accionar con el objeto de proteger el patrimonio público, con
el fin de obtener la viabilidad financiera del sistema pensional […]».
6 Ibidem.
7 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala Cuarta Especial de Decisión. Sentencia
del 1.° de agosto de 2017. Exp. 11001-03-15-000-2016-02022-00 (REV). C.P. Lucy Jeannette Bermúdez
Bermúdez.
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«a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso.
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo
con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.».
Con fines metodológicos se realizará una exposición sucinta de las causales
especiales aludidas.
En lo que respecta a la causal contenida en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797
de 2003, debe resaltarse que la Constitución Política en su artículo 29, prevé el
debido proceso como un derecho fundamental, encaminado a garantizar a la
persona el respeto de las formas propias de cada juicio en todas y cada una de las
actuaciones administrativas o judiciales en las que se vea vinculada o haga parte,
con el propósito último de lograr la aplicación correcta de la justicia.
Sobre el particular, tanto el Consejo de Estado8 como la Corte Constitucional9 son
concordantes en el sentido de establecer que el derecho fundamental previsto en el
artículo 29 ídem, comprende al menos tres elementos:
«i) El derecho al juez natural o funcionario competente; ii) El derecho a ser
juzgado según las formas de cada juicio o procedimiento, esto es, conforme con
las normas procesales dictadas para impulsar la actuación judicial o
administrativa; y iii) Las garantías de audiencia y defensa, que, desde luego,
incluyen el derecho a ofrecer y producir la prueba de descargo, la presunción
de inocencia, el derecho a la defensa técnica, el derecho a un proceso público
y sin dilaciones, el derecho a que se produzca una decisión motivada, el
derecho a impugnar la decisión y la garantía de non bis in ídem».
Acerca de la segunda causal, relativa a la liquidación de la pensión sobre una
cuantía excesiva, se señala que la exposición de motivos del proyecto de la Ley 797
de 2003, obedeció precisamente a la necesidad «[…] de construir esquemas
sociales solidarios, financieramente viables y sostenibles en el tiempo, y, equitativos
para todos los ciudadanos […]»10. De igual manera, se advierte que se manifestó
en dicha ocasión por parte del Gobierno Nacional y se estudió por parte del
Congreso de la República la conveniencia de establecer un mecanismo para revisar
las pensiones irregularmente otorgadas o por montos que no establece la ley, con
el fin de «[…] afrontar los graves casos de corrupción en esta materia y evitar los
grandes perjuicios que pueda sufrir la Nación. […]».
Nótese que el principal objetivo del artículo 20 ibidem está dirigido a reducir el déficit
fiscal y hacer del pensional un sistema factible en términos económicos que
permitiera la revisión, entre otras, de aquellas prestaciones.
Aspectos jurisprudenciales y normativos sobre la pensión de jubilación
La Ley 100 de 1993, «por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y
se dictan otras disposiciones», en su artículo 36, consagró un régimen de transición
en materia pensional, con la finalidad de proteger al grupo de personas que estaban
próximas a adquirir su derecho a la pensión bajo los regímenes pensionales que
8
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala Veintidós Especial de Decisión,
Providencia del 5 de febrero de 2019. Exp. 11001-03-15-000-2018-01884-00 (REV). C.P. Alberto Yepes
Barreiro.
9 Corte Constitucional. Sentencias T-115 de 2018 y T-010 de 2017. M.P. Alberto Rojas Ríos.
10 http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=7222
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Radicado: 11001-03-25-000- 2023-00577-00 (7717-2023)
quedarían derogados con su entrada en vigencia, en el sentido de mantenerles
algunos de los presupuestos para acceder a la pensión en condiciones particulares
más favorables.
«Régimen de transición. La edad para acceder a la pensión de vejez continuará
en cincuenta y cinco (55) años para las mujeres y sesenta (60) para los
hombres, hasta el año 2014, fecha en la cual la edad se incrementará en 2 años,
es decir, será de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres.
La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número
de semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que
al momento de entrar en vigencia el Sistema tengan 35 o más años de edad si
son mujeres o 40 o más años de edad si son hombres, o 15 o más años de
servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se
encuentren afiliados. Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas
personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones
contenidas en la presente Ley.
El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las personas referidas en
el inciso anterior que les faltare menos de diez (10) años para adquirir el
derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta
para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior, actualizado
anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según
certificación que expida el DANE. Sin embargo, cuando el tiempo que les hiciere
falta fuese igual o inferior a dos (2) años a la entrada en vigencia de la presente
ley, el ingreso base para liquidar la pensión será el promedio de lo devengado
en los dos (2) últimos años, para los trabajadores del sector privado y de un (1)
año para los servidores públicos.[…]».
Si bien, la misma ley indicó que los requisitos de edad, tiempo y monto son los
indicados en el régimen anterior al cual la persona se encontraba afiliada, dispuso
que las demás condiciones y requisitos deben cumplirse en su integridad bajo la
Ley 100 de 1993, pues la pensión se adquiere es en vigencia de esta ley.
En sentencias C-258 de 2013, SU-230 de 2015 y SU-247 de 2016, entre otras, la
Corte Constitucional, al interpretar el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 en el régimen
especial, estableció que el ingreso base de liquidación era el dispuesto en dicha
normativa, considerando que el régimen de transición sólo incluye edad, monto y
tasa de reemplazo.
Esta situación implicó contradicción en cuanto a los precedentes aplicables, pues,
de un lado, el Consejo de Estado venía sosteniendo que el IBL lo constituían los
factores salariales devengados en el último año de acuerdo con la posición unificada
por la Sección Segunda en sentencia del 4 de agosto de 2010; mientras que la Corte
Constitucional indicó que aquel estaba constituido por los factores salariales
devengados en los últimos 10 años.
Ante esa disparidad de criterios, la Sala Plena del Consejo de Estado, en sentencia
de unificación proferida el 28 de agosto de 2018, procedió a sentar jurisprudencia
frente a la interpretación del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, para lo cual fijó unas
reglas y subreglas.
La regla jurisprudencial sobre el IBL en el régimen de transición fijada en la referida
sentencia de unificación es:
«El Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100
de 1993 hace parte del régimen de transición para aquellas personas
beneficiarias del mismo que se pensionen con los requisitos de edad, tiempo y
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tasa de reemplazo del régimen general de pensiones previsto en la Ley 33 de
1985».
En cuanto a las subreglas: la primera, se refiere al periodo para liquidar las
pensiones de los servidores públicos que adquieran el derecho conforme a las
condiciones de la Ley 33 de 1985 (edad, tiempo y tasa de reemplazo), y se fijó en
los siguientes términos:
«- Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el
ingreso base de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo
que les hiciere falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que
fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del Índice de
Precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.
• Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el
promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante
los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados
anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según
certificación que expida el DANE».
La segunda, determina «que los factores salariales que se deben incluir en el IBL
para la pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la transición son
únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones
al Sistema de Pensiones».
Las reglas de unificación en cita constituyen precedente vinculante en los términos
de los artículos 10 y 102 de la Ley 1437 de 2011, en armonía con los artículos 270
y 271 de la ley citada, para todos los casos que se encuentren en estudio en la vía
judicial y administrativa.
Según lo expuesto, se resuelve la controversia según dichos parámetros.
Caso concreto
El reproche del FONCEP se centra en el periodo de liquidación y los factores sobre
los cuales se ordenó efectuar la reliquidación de la pensión de la señora Ana Bertha
Olano. A su juicio, el Tribunal debió ceñirse al periodo establecido en el artículo 36
de la Ley 100 de 1993 y al cálculo de los factores sobre los cuales se realizaron los
aportes, de conformidad con lo estipulado en el Decreto 1158 de 1994.
Atendiendo a las causales planteadas, la Sala se ocupará en determinar si, en efecto,
el cargo alegado respecto del reconocimiento de la prestación periódica reliquidada
con violación al debido proceso, se encuentra debidamente fundamentado, caso en
el cual se procederá al análisis de fondo y en caso negativo, se procederá a
determinar si la segunda causal, frente al reconocimiento excesivo de la pensión está
llamado a prosperar y, por tanto, si resulta necesario ordenar la reducción de su
monto según la solicitud efectuada en la acción.
Al respecto, se advierte que la entidad accionante únicamente sustenta la
vulneración al debido proceso en lo que considera una errónea interpretación del
Tribunal, situación que, en criterio de la accionante, genera un detrimento en los
recursos destinados a la financiación del Sistema General de Seguridad Social en
Pensiones que la Nación debe administrar.
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En ese sentido, de lo planteado por el FONCEP puede inferirse que no se soporta
con suficiencia ni se traen en el recurso elementos sólidos que den cuenta de que
los juzgadores incurrieron en una equivocación que conlleve la presunta afectación
de las garantías al debido proceso. Tampoco se alega circunstancia alguna que
implique la trasgresión al derecho fundamental de defensa — el cual se encuentra
atado con los principios de celeridad, transparencia e imparcialidad— ni se pone en
evidencia irregularidad alguna en las etapas procesales surtidas en el proceso objeto
de discusión, por lo que, no están dados los presupuestos para el estudio de la
acción de revisión bajo la causal a) de la Ley 797 de 2003.
Por tal motivo, no se continuará estudiando el reproche establecido en el escrito del
recurso respecto de la causal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 y se proseguirá
a efectuar las consideraciones pertinentes sobre el cargo restante.
Para el análisis de la causal invocada en el literal b) del mencionado artículo,
corresponde al juez determinar si los supuestos fácticos y jurídicos esgrimidos por la
entidad recurrente encuadran dentro del contenido en ella dispuesto por el legislador,
a fin de examinar si es dable evaluar el fondo del asunto.
La Sala observa que los planteamientos expuestos en la acción se refieren a exponer
en qué consiste la afectación del patrimonio público, toda vez que el FONCEP
establece la disparidad monetaria y porcentual entre el monto sobre el cual se
reconoció la prestación periódica y aquel sobre el cual debió liquidarse, así como la
proyección de los pagos adicionales que se realizarían conforme a la orden judicial
teniendo en cuenta la expectativa de vida de la beneficiaria de la pensión.
Al respecto, señala la entidad recurrente que actualmente desembolsa una mesada
pensional equivalente a $2.516.046; valor que confrontado con la liquidación de la
mesada que en derecho le correspondería, la cual ascendía a la suma de
$2.425.476, representa un aumento del 3.73% de la pensión; situación que
constituye un menoscabo de los recursos públicos de la seguridad social y que con
la proyección de pagos de acuerdo con la expectativa de vida el valor presente
actuarial equivaldría a $452.850.
Por ello, al exponerse de manera sucinta la presunta afectación al patrimonio público,
la accionante puede cuestionar la presunción de veracidad que cobija la decisión,
pues indica de manera precisa y razonada la causal invocada, situación que habilita
a esta corporación para continuar con el estudio del asunto. De ahí que se
examinará, si el quantum de la pensión desbordó el límite legalmente establecido.
En este punto debe resaltarse que no se encuentra en discusión el derecho
pensional que le fue reconocido a la señora Ana Bertha Olano Fajardo, ni su
pertenencia al régimen de transición, sino que, en lo que al objeto del litigio respecta,
el argumento principal de la parte actora para solicitar la revisión de la sentencia
consiste en que la decisión de segunda instancia erradamente ordenó la
reliquidación de la pensión teniendo como período liquidable el último año de
servicios cuando debía aplicarse lo dispuesto en el inciso 3 del artículo 36 o el
artículo 21 de la Ley 100 de 1993, y, como consecuencia de ello, reconoció
arbitrariamente un derecho no previsto en la ley, lo que condujo a elevar
injustificadamente la pensión de la demandada y transgredir la sostenibilidad
financiera del sistema de pensiones.
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Examinado el expediente, se observa que, para el momento en el que se emitió la
decisión de segunda instancia, se encontraba vigente la sentencia del 28 de agosto
de 2018, proferida por el Consejo de Estado11, en la cual se estableció que el
período para liquidar la prestación de aquellos servidores públicos que se pensionen
conforme a las condiciones de la Ley 33 de 1985, en virtud del régimen de transición
de la Ley 100 de 1993, es el previsto en el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de
1993 o del artículo 21 de la misma Ley, según el tiempo que faltaba para adquirir el
derecho a la pensión a la fecha de entrada en vigencia de la nueva normativa
pensional.
No obstante lo anterior, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, al proferir la
sentencia que puso fin al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
instaurado por la señora Ana Bertha Olano Fajardo, no aplicó el precedente que lo
vinculaba ni se encuentra que hubiese argüido diferencias entre el supuesto fáctico
sobre el cual en ese momento se pronunciaba y aquél que fue objeto de unificación,
de modo que se justificara una solución contraria a la dispuesta por la jurisprudencia
vigente.
En efecto, en la decisión cuestionada se advierte que el fallador trajo a colación un
precedente previo emitido por esta Corporación pese a que existían
pronunciamientos posteriores:
«[…] Por otro lado, para el presente caso se encuentra acreditado que la parte
demandante cumplió el tiempo de servicios establecido por la normativa
vigente para la adquisición del derecho pensional con anterioridad a la
vigencia de la Ley 33 de 1985. Con respecto a la consolidación del derecho
pensional con el cumplimiento del tiempo de servicios sin verificarse el
requisito de la edad, la Subsección A de la Sección Segunda de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado en sentencia del 20 de
octubre de 2005 señaló:
“Ahora bien, como lo señaló la Sección Segunda de esta Corporación, el
requisito de la edad sólo tiene trascendencia, en algunos casos, para exigir
la prestación, pues una vez completado el tiempo de servicios o las
semanas cotizadas ya existe un derecho cierto para el trabajador, que no
puede ser desconocido por el legislador. Y no se trata aqui (sic) de una
expectativa, pues el derecho se consolidó, por haber completado o bien el
tiempo de servicios o bien el número de cotizaciones, sin embargo, lo que
sucede es que su reconocimiento y pago pende o bien de la llegada de la
edad o del acaecimiento de la muerte. Puede decirse entonces que existe
una situación jurídica que no puede ser desconocida por el legislador”.
La misma subsección en sentencia del 27 de septiembre de 2007- estableció:
En efecto, la edad, en lo que respecta a las pensiones,; (sic) es únicamente
una condición para la exigibilidad de la prestación y no para su nacimiento,
pues tal y como sucede en la sustitución pensional y en la pensión de
sobrevivientes (Ley 12 de 1975 - art. 1° y Ley 100 de 1993, art. 46) el
derecho a la prestación por parte de sus beneficiarios se otorga una vez
ocurra el fallecimiento del cónyuge o compañero permanente, siempre y
11
Según constancia secretarial expedido por la Secretaría General del Consejo de Estado, la providencia judicial
del 28 de agosto de 2018, proferida por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,
dentro del expediente 52001-23-33-000-2012-00143-01, fue notificada mediante anotación en estado el 12 de
septiembre de 2018 y quedó ejecutoriada el día 17 de septiembre de 2018.
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cuando se acredite el tiempo de servicios o las cotizaciones exigidas por
el legislador.
[…]
Se asume que, en virtud del principio de favorabilidad en materia laboral, la
edad, en lo que respecta a las pensiones, es únicamente una condición para
la exigibilidad de la prestación y no para su nacimiento, y en consecuencia
cuando se completa el tiempo de servicios o las semanas cotizadas ya existe
un derecho cierto para el trabajador, es decir, una situación jurídica
consolidada que no puede ser desconocida por el legislador.
De conformidad con la anterior normativa los empleados oficiales con 20 años
de labor a la vigencia de la Ley 33 de 1985 tendrán derecho cuando cumplan
la edad establecida en la normativa, a una pensión de jubilación que se
reconocerá y pagará de acuerdo con las disposiciones anteriores a dicha
vigencia.
[…]
Ahora, es importante precisar que la Sección Segunda de esta corporación
ha considerado que con la entrada en vigencia de la Ley 33 de 1985 quedó
derogado el artículo 27 del Decreto 3135 de 1968, y por ende, la transición
que opera en virtud del parágrafo 2.° del artículo 1.° de aquella ley, remite a
la Ley 6 de 1945, […]
Como el demandante al momento de entrar en vigencia la Ley 33 de 1985, 13
de enero de 1985, tenía un tiempo de servicio de 23 años, 4 meses y 17 días,
y no se encontraba retirado del servicio era beneficiario del régimen de
transición contemplado en dicha ley para pensionarse conforme a la
normatividad anterior.»
En este punto, se concluye que el régimen de transición pensional de la Ley
33 de 1985 remite a las normas contenidas en la Ley 6 de 1945 que rigen la
materia, con la inclusión de todos los factores que constituyen salario, al tenor
de lo previsto por el Decreto 1045 de 1978.
En consecuencia, el reconocimiento pensional en el caso de la parte
demandante debe sujetarse en su totalidad a lo previsto en la norma anterior,
es decir, edad, tiempo de servicio y monto pensional, pues de lo contrario se
estaría violando el principio de inescindibilidad de la ley. […]»
En ese sentido, la justificación clave del Tribunal para acceder a la reliquidación
pensional fue que el tiempo de servicio se completó antes de la entrada en vigencia
de la Ley 100 de 1993, por lo que debía aplicarse íntegramente la normativa
anterior, dado que la edad constituye únicamente una condición de exigibilidad de
la pensión, mas no de su nacimiento. No obstante, la Sección Segunda del Consejo
de Estado12 ha establecido que, cuando los beneficiarios del régimen de transición
de la Ley 33 de 1985 consolidan su estatus pensional bajo la vigencia de la Ley 100
de 1993, se les aplicarán las siguientes condiciones:
• Conservan el requisito de edad previsto en la normativa anterior,
• Les son aplicables los requisitos de tiempo y monto previstos en la Ley 33
de 1985, esto es, 20 años de servicios al Estado y la tasa de remplazo del
75%,
12 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia de
24 de marzo de 2022. Exp. 11001-03-25-000-2019- 00699-00. C.P. Gabriel Valbuena Hernández; Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia de 30 de septiembre
de 2021. Exp. 17001-23- 31-000-2012-00247-01. C.P. César Palomino Cortés.
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13
Radicado: 11001-03-25-000- 2023-00577-00 (7717-2023)
• El IBL que los rige es el establecido en el inciso tercero del artículo 36 o del
artículo 21 de la Ley 100 de 1993, es decir, con el promedio de lo devengado
en el tiempo que le hiciere falta para adquirir el estatus pensional o el
cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior y;
• Los factores salariales a incluir en la base de liquidación son aquellos sobre
los cuales se hayan efectuado los correspondientes aportes sobre los que
cotizó y que se encuentren en la norma.
En el marco de la acción especial de revisión tanto la Subsección A13 de la Sección
Segunda14 como algunas de las Salas Especiales de Decisión del Consejo de
Estado han mantenido la mencionada tesis.
Bajo ese panorama, estima la Sala que, aunque la demandada esta cobijada por el
régimen de transición del inciso 1 del parágrafo 2 del artículo 1.° de la Ley 33 de
1985, lo cierto es que consolidó el derecho pensional en vigencia de la Ley 100 de
1993, al cumplir con el segundo de los requisitos, a saber, la edad el 23 de junio de
1996. Por ende, la liquidación de la prestación debía atender la normativa vigente
para ese momento, en los términos del artículo 36 ibídem.
En todo caso, se precisa que la demandante continuó realizando aportes hasta la
fecha en que se retiró del servicio, el 1.° de agosto de 2003, es decir, en vigencia
de la Ley 100 de 1993.
De modo que al no haber tenido tal consideración dentro de su decisión, el Tribunal
no atendió a la primera subregla fijada en la aludida sentencia pues aunque a la
actora le faltaban, al entrar en vigencia la Ley 100 de 1993, menos de diez (10) años
para adquirir el derecho a la pensión y por ello, su IBL debía determinarse por «el
promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado
durante todo el tiempo si este fuere superior», decidió reconocer la reliquidación con
base en los factores que sirvieron de aportes durante el último año de servicio, pese
a que no le asistía tal derecho.
En torno a la segunda subregla fijada por la sentencia de unificación, es conveniente
analizar si dentro de los factores devengados durante la vida laboral de la señora
Ana Bertha Olano Fajardo existe alguno que hubiera servido de base para aportes
y estuviese consagrado en el Decreto 1158 de 1994 y comparar cuáles de ellos
fueron reconocidos por el Tribunal y cuáles por la entidad recurrente en el acto de
reconocimiento pensional. Al respecto se observan los siguientes:
Factores salariales Consolidado de Resolución 0465 Fallo del 23 de
consagrados en el factores devengados de 6 de septiembre de 2021
Decreto 1158 de 1985 y cotizados durante la septiembre de
prestación del 2016 (Acto
servicio15 reconocimiento
pensional)
13 Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 24 de marzo de 2022. Exp. 11001-03-
25-000-2019-00699-00, C.P. Gabriel Valbuena Hernández.
14 La Subsección B ha efectuado pronunciamientos en este sentido, pero en sede ordinaria, al respecto véase
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 30 de septiembre de 2021. Exp. 17001-23-
31-000-2012- 00247-01, C.P. César Palomino Cortés.
15 Folio 18 del archivo que reposa en el índice 00021 de SAMAI.
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Radicado: 11001-03-25-000- 2023-00577-00 (7717-2023)
(a). Asignación básica (a) Asignación básica (a) Asignación Factores señalados de
mensual (b) Prima de básica forma taxativa en el
(b).Gastos de antigüedad (b) Prima de artículo 45 del Decreto
representación (c) Bonificación por antigüedad 1045 de 1978
(c). Prima técnica, servicios (c) Bonificación por
cuando sea factor de (d) Auxilio de servicios (a) Asignación básica
salario alimentación (b) Prima de
(d). Primas de (e) Prima de navidad antigüedad
antigüedad, (f) Prima de servicio (c) Auxilio de
ascensional de (g) Subsidio de alimentación
capacitación cuando transporte (d) Prima de navidad
sean factor de salario (h) Prima secretarial (e) Bonificación por
(e). Remuneración por servicios
trabajo dominical o Respecto de los cuales (f) Prima de servicios
festivo únicamente se cotizó (semestral)
(f). Bonificación por sobre: (g) Subsidio de
servicios prestados, (a) Asignación básica transporte
remuneración por (b) Prima de
trabajo suplementario o antigüedad
de horas extras, o (c) Bonificación por
realizado en jornada servicios prestados
nocturna
En este punto, la Sala considera importante señalar que, aunque inicialmente la
sentencia de unificación fue clara al establecer que los factores salariales incluidos
en el IBL para la pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la
transición serían exclusivamente aquellos sobre los que se hayan efectuado aportes
o cotizaciones al Sistema de Pensiones, posteriormente se ha observado una nueva
interpretación a través de las sentencias proferidas en segunda instancia al
introducir un criterio adicional.
Según esta nueva interpretación, además de los factores salariales sobre los cuales
se hayan efectuado los aportes, también debe considerarse que dichos factores
estén establecidos en el Decreto 1158 de 1958. Por lo tanto, aunque la sentencia
de unificación no fue clara en un principio, posteriormente se ha ampliado su
interpretación para incluir un requisito adicional para efectos de la reliquidación del
IBL.
Es fundamental destacar que, la jurisprudencia juega un papel crucial en la
interpretación y aplicación de la ley. Cuando una interpretación se ha consolidado y
estabilizado a través de la jurisprudencia, como en este caso donde se ha
desarrollado un criterio adicional en sede de apelación, dicha interpretación
adquiere un peso significativo y vinculante para los jueces.
En este sentido, el juez está obligado a aplicar dicho criterio estabilizado por la
jurisprudencia, ya que forma parte del conjunto de normas y principios que guían la
toma de decisiones judiciales. De modo que, cuando se enfrenta a un caso
relacionado con la pensión de vejez de servidores públicos en el contexto de la
transición, el juez debe considerar y aplicar el criterio establecido por la
jurisprudencia, incluso si difiere de interpretaciones anteriores o de la sentencia de
unificación inicial, pues esto garantiza una aplicación uniforme y predecible de la
ley, fortaleciendo así la confianza en el sistema judicial y en el Estado de Derecho.
Se resalta que al momento de emitirse la decisión el Tribunal estaba sujeto a la
pauta establecida por esta Corporación, según la cual el IBL para los beneficiarios
del régimen de transición de la Ley 100 de 1993 debe calcularse sobre factores
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salariales sobre los cuales se efectuaron cotizaciones y que están incluidos en el
Decreto 1158 de 198516.
Sin embargo, el Tribunal no cumplió con este parámetro pues, ordenó que la
liquidación de la pensión se hiciera considerando los factores establecidos en el
Decreto 1045 de 1978, cuando debía limitarse a los enlistados en el Decreto 1158
de 1994.
Por tanto, en este caso particular, la demandada no tenía derecho a la reliquidación
de su pensión con la inclusión de la totalidad de los factores percibidos durante el
último año de servicios, ni era procedente la inclusión de algún factor adicional a los
ya tenidos en cuenta por el FONCEP para liquidar dicha prestación.
Nótese entonces que la reliquidación de la pensión de jubilación de la demandada,
tal como fue ordenada por el Tribunal, no se ajusta al ordenamiento jurídico, pues
tuvo en cuenta un IBL que no correspondía a su régimen de transición, como se
explicó anteriormente, y consideró factores que no estaban contemplados en la
legislación aplicable a su caso. Dichos factores incluyen: (i) prima de antigüedad,
(ii) auxilio de alimentación, (iii) prima de navidad, (iv) prima de servicios (semestral)
y (v) subsidio de transporte los cuales, si bien fueron recibidos por la señora Ana
Bertha Olano Fajardo no están debidamente enumerados en el mencionado decreto
que rige su situación.
De manera que, con la expedición de la sentencia objeto de análisis el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A incurrió en la
causal de revisión del literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 porque se
apartó injustificadamente del precedente jurisprudencial aplicable al momento de
dictar sentencia, haciendo evidente que el derecho reconocido nunca debió
configurarse en esos términos y que la discrepancia entre la ley y la jurisprudencia
fue evidente y manifiesta.
Ahora bien, en vista de que la sentencia objeto de revisión no goza de la
inmutabilidad absoluta de la cosa juzgada y por consiguiente, es susceptible de ser
modificada mediante la presente acción de revisión, conforme a los motivos
expuestos se declarará fundada parcialmente la acción de revisión interpuesta por
el FONCEP contra la sentencia del 23 de septiembre de 2021 proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, y se
procederá según lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 255 del CPACA.
Sentencia de reemplazo
Resulta imperioso dejar sentado que el marco normativo y jurisprudencial delineado
en las consideraciones previas aplica al análisis del caso particular. De conformidad
16 Entre otras véanse: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección
A. Sentencia del 7 de marzo de 2019. Exp. 25000-23-24-000-2013-01874-01(4181-15). C.P. Gabriel Valbuena
Hernández; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A.
Sentencia del 27 de mayo de 2019. Exp. 66001-23-33-000-2015-00060-01(3001-17). C.P. Rafael Francisco
Suárez Vargas; Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A.
Sentencia del 24 de marzo de 2022. Exp. 11001-03-25-000-2019-00699-00 (5398-2019). C.P. CP: Gabriel
Valbuena Hernández.
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Radicado: 11001-03-25-000- 2023-00577-00 (7717-2023)
con las directrices establecidas por la Sección, que constituyen precedente
vinculante, el IBL para aquellos sujetos al régimen de transición se rige por lo
dispuesto en el inciso tercero del artículo 36 o en el artículo 21 de la Ley 100 de
1993, según corresponda. En consecuencia, quienes se encuentren en dicha
situación se pensionarán cumpliendo los requisitos de «edad, tiempo y tasa de
reemplazo del régimen general de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985».
En consecuencia, el problema jurídico se contrae a establecer si la señora Ana
Bertha Olano Fajardo, como como beneficiaria del régimen de transición del
parágrafo 2.º del artículo 1.° de la Ley 33 de 1985 y del artículo 36 de la Ley 100 de
1993 tiene derecho a que su pensión de jubilación se liquide con base en las
disposiciones contenidas en Leyes 33 y 62 de 1985 o si, por el contrario, el periodo
liquidable a tener en cuenta para calcular el IBL de la demandada es el establecido
en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y los factores son aquellos sobre los que se
efectuaron aportes al Sistema de Seguridad Social en pensiones y establecidos en
el Decreto 1158 de 1994.
De la interpretación sobre el IBL
Del material probatorio puede concluirse que la señora Ana Bertha Olano Fajardo
nació el 23 de junio de 194617 y laboró para la Secretaría de Obras Públicas entre
el 13 de enero de 1963 y el 12 de agosto de 1985 y para la Secretaría General de
la Alcaldía Mayor de Bogotá entre el 5 de marzo de 1990 y el 31 de julio de 200318;
el último cargo que ocupó fue el de secretario ejecutivo, código 525, grado 21.
Conforme a ello, para el momento en que entró a regir el Sistema General de
Seguridad Social para dicha entidad19 tenía más de 35 años y contaba con más de
15 años de servicio, condición que la acreditaba beneficiaria del régimen de
transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Lo anterior implica que
adquirió el estatus de pensionada el 23 de junio de 1996, cuando cumplió 50 años.
Bajo este contexto, según la Resolución 1506 del 6 de agosto de 2003, se evidencia
que la Subdirección de Obligaciones Pensionales de la Secretaría de Hacienda de
Bogotá reconoció la pensión de vejez con base en la edad (50 años) y el tiempo de
servicio (20 años) estipulados en la Ley 6 de 1945. También se otorgó una tasa de
reemplazo del 85%, conforme a lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993,
y considerando los factores establecidos en el Decreto 1158 de 1994.
En efecto, se tiene que para liquidar la mesada de la actora se debía acudir al tiempo
que transcurrió desde la entrada en vigencia del Sistema General del Seguridad
Social en Pensiones y la fecha de adquisición del estatus pensional por edad y, por
tanto, una vez determinado este periodo se debía acudir a las últimas cotizaciones
que corresponden a dicho tiempo.
17 Véase fl. 23 del índice 00020 de SAMAI.
18 Certificación expedida el 6 de octubre de 2016, por la directora de Talento Humano de la Secretaría General
de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Véase fl. 27 a 31 de índice 00020 de SAMAI.
19 Según lo establecido en el parágrafo del artículo 151 de la Ley 100 de 1993, el Sistema General de Pensiones
para los servidores públicos a nivel departamental, municipal y distrital debía entrar en vigencia a más tardar el
30 de junio de 1995, fecha en la que efectivamente entró a regir el sistema para los empleados de esta entidad.
Cfr. folio 19 del índice 00021 de SAMAI. Esta disposición se fundamentó en el hecho de que los funcionarios
que pertenecían a las administraciones locales realizaban aportes a cajas de previsión que pertenecían a las
mismas entidades territoriales. Por lo tanto, el Congreso de la República consideró oportuno otorgar un plazo
razonable para que se adaptaran al nuevo sistema o procedieran a su liquidación.
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Con fundamento en lo anterior, la Sala precisa que el reconocimiento de la pensión
de la accionada, bajo el régimen de transición debe tener en cuenta el periodo
previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993; motivo por el cual no procedía la
reliquidación pensional tomando como periodo liquidable el último año de servicio
sino con «[…] el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para
ello, o […] el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior, actualizado
anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según
certificación que expida el DANE»
Lo expuesto, conlleva a concluir que la acción de revisión interpuesta tiene vocación
de prosperidad, como en efecto se declarará en esta providencia.
De los factores salariales que integran el IBL
En el proceso está acreditado que la señora Ana Bertha Olano Fajardo en el último
año de servicio, comprendido entre el 1.° de agosto de 2002 y el 30 de julio de 2003
devengó diferentes conceptos entre ellos, asignación básica, auxilio de
alimentación, subsidio de transporte, prima de antigüedad, prima secretarial,
bonificación por servicios, prima de navidad y prima de servicios20.
Para determinar los factores salariales aplicables al caso concreto, es preciso
indicar que pese a que de las certificaciones adosadas al expediente resulta
evidente que la pensionada devengó las primas de navidad y servicios; así como el
auxilio de alimentación y el subsidio de transporte, ninguno de ellos está enlistado
en el Decreto 1158 de 1994, pues allí solo se consagran: asignación básica, gastos
de representación, primas de antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación,
dominicales y feriados, horas extras, bonificación por servicios prestados y trabajo
suplementario o realizado en jornada nocturna o en día de descanso obligatorio;
razón por la cual no procedía la reliquidación pensional tomando como IBL la
totalidad de los factores devengados.
Las razones expuestas son suficientes para concluir que la señora Ana Bertha
Olano Fajardo no tiene derecho a que se incluyan las primas de navidad y servicios;
así como tampoco el auxilio de alimentación y el subsidio de transporte en la
liquidación de su pensión, motivo por el cual habrá de infirmarse también la decisión
para excluir los referidos emolumentos.
Lo anterior quiere decir que la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A incurrió en la causal de revisión
del literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, en tanto que está probado que a
la señora Ana Bertha Olano Fajardo no le asistía el derecho a la reliquidación de su
pensión sobre el 75% de todos los factores salariales devengados en el último año
de servicio conforme con lo dispuesto en la Sentencia de Unificación de esta
Corporación expedida el 28 de agosto de 2018, la cual se encontraba vigente para
el momento en que se profirió la decisión cuestionada y era precedente judicial
20 Folios 23 a 25 del archivo digital que reposa en el índice 00021 de SAMAI.
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obligatorio para definir el caso, por consiguiente el monto del derecho reconocido
por el Tribunal excedió lo debido de acuerdo con la ley.
En ese sentido, la sentencia del 23 de septiembre de 2021 será infirmada y en su
lugar, conforme lo demostrado en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho, se revocará el fallo del 21 de marzo de 2018, expedido por el Juzgado
Cincuenta y Tres Administrativo de Bogotá, que accedió a las pretensiones del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho presentada por la señora
Ana Bertha Olano Fajardo, en el sentido que era correcto negar el reconocimiento
de la reliquidación con base en la totalidad de los ingresos salariales percibidos en
el último año de servicio, tal y como lo efectuó la entidad mediante la Resolución
465 del 6 de septiembre de 2016.
De la devolución de dineros recibidos de buena fe
En aplicación del numeral 1, literal c) del artículo 164 del CPACA, no hay lugar a
ordenar la devolución de las sumas pagadas a la señora Ana Bertha Olano Fajardo,
en cumplimiento de la sentencia del 23 de septiembre de 2021 proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, que
ordenó incluir todo lo devengado en el último año de servicio dentro de la liquidación
de la pensión pues, cabe entender que los dineros fueron recibidos de buena fe y
brilla por su ausencia prueba que permita demostrar lo contrario.
Condena en costas
Sobre la condena en costas, es importante aclarar que teniendo en cuenta el cambio
introducido por el legislador en el artículo 47 de la Ley 2080 de 202121 en el que se
indica que la condena en costas es viable, siempre y cuando se acredite que la parte
vencida obró con manifiesta carencia de fundamento legal, la Subsección A
considera que en el presente caso, aplicando el criterio anunciado, y observando
los fundamentos esbozados por el recurrente en sus distintas intervenciones, no se
presenta una carencia de fundamentación legal que dé lugar a la condena en
costas, por el contrario, en el escrito que contiene la acción especial de revisión se
expusieron argumentos razonables en defensa jurídica de sus intereses. En
consecuencia, no se impondrá condena en costas a la parte vencida.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. DECLARAR PARCIALMENTE FUNDADA la acción especial de revisión
interpuesta por el FONCEP contra la sentencia del veintitrés (23) de septiembre de
dos mil veintiuno (2021), proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección A, que confirmó la sentencia proferida el veintiuno
(21) de marzo de dos mil dieciocho (2018) por el Juzgado Cincuenta y Tres
21 ARTÍCULO 47. Adiciónese el siguiente inciso al artículo 188 de la Ley 1437 de 2011: En todo caso, la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó la demanda con
manifiesta carencia de fundamento legal.
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Administrativo de Bogotá, por la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la
Ley 797 de 2003, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.
Segundo. INFIRMAR la sentencia del veintitrés (23) de septiembre de dos mil
veintiuno (2021), proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección A. En consecuencia, se dicta sentencia de reemplazo en los
siguientes términos:
«Revocar la sentencia del veintiuno (21) de marzo de dos mil dieciocho
(2018), proferida por el Juzgado Cincuenta y Tres Administrativo de Bogotá
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho instaurado por
la señora Ana Bertha Olano Fajardo en contra del FONCEP que accedió a las
pretensiones de la demanda. En su lugar, se dispone:
Denegar las pretensiones de la demanda, de conformidad con la parte motiva
de esta providencia».
Tercero. DENEGAR las demás pretensiones de la acción especial de revisión.
Cuarto. Sin condena en costas.
Quinto. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente de nulidad y
restablecimiento del derecho al despacho de origen, háganse las anotaciones
pertinentes en el sistema informático SAMAI y ARCHÍVESE el expediente de la
acción especial de revisión.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
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