Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2024-00008-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2024-00008-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2024-00008-00
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
12 de agosto de 2026
Radicado: 11001-03-25-000-2024-00008-00 (0053-2024)
Demandante: Yenny Erica Montero Chaves
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA- SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá, doce (12) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
Radicación: 11001-03-25-000-2024-00008-00 (0053-2024)
Demandante: Yenny Erica Montero Chaves
Demandado: Distrito de Bogotá – Secretaría de Educación Distrital
Temas: Causal 1.° del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011
Presupuestos de configuración.
Decisión: Declarar infundado el recurso extraordinario de revisión
I. ASUNTO
1. Se decide el recurso extraordinario de revisión previsto en los artículos 248 y
siguientes de la Ley 1437 de 2011, interpuesto por la señora Yenny Erica Montero
Chaves contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, el 14 de diciembre de 2022, dentro
del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 11001-33-35-
018-2018-00379-01.
ANTECEDENTES DEL PROCESO ORDINARIO1
1.1. Pretensiones
2. La demandante solicitó declarar la nulidad de la comunicación S-2018-84203 del
4 de mayo de 2018, proferida por la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., Secretaría de
Educación del Distrito, por medio de la cual se negaron las reclamaciones invocadas
1
Expediente del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho se encuentra integralmente en el archivo del índice 14 del
aplicativo SAMAI.
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Radicado: 11001-03-25-000-2024-00008-00 (0053-2024)
Demandante: Yenny Erica Montero Chaves
el 12 de abril de 2018.
3. Como consecuencia y a título de restablecimiento del derecho, solicitó que se
declarara la existencia de una relación laboral entre las partes desde el 7 de
diciembre de 2006 hasta el 22 de agosto de 2017. En virtud de ello, pidió que la
entidad le pagara «todos los factores salariales y prestacionales de ley que le
correspondan a un empleo público con similares funciones a las desempeñadas por
la demandante, durante el tiempo comprendido entre el 7 de diciembre de 2006 y el
22 de agosto de 2017, teniendo como base el valor del salario asignado al empleo
público similar al que Yenny Erica Montero Chaves desempeñaba». Asimismo,
solicitó el pago de los aportes a pensión y salud realizados por la actora y de la
sanción moratoria por «el no pago oportuno de las prestaciones sociales».
1.2. Hechos
4. La señora Yenny Erica Montero Chaves prestó sus servicios entre el 7 de
diciembre de 2006 y el 22 de agosto de 2017 en favor de la Secretaría de Educación
del Distrito Capital, en virtud de la suscripción de las siguientes órdenes de
prestación de servicios: 1186 del 7 de diciembre de 2006, 543 del 4 de junio de
2007, 324 del 6 de mayo de 2008, 498 del 24 de febrero de 2009, 1197 del 29 de
julio de 2010, 903 del 7 de marzo de 2011, 1203 del 31 de enero de 2012, 2381 del
3 de mayo de 2012, 775 del 7 de febrero de 2013, 472 del 16 de enero de 2014,
1773 del 13 de marzo de 2015, 368 del 2 de febrero de 2016, 1605 del 16 de marzo
de 2016 y 2263 del 25 de julio de 201.
5. Las actividades de la actora se desarrollaron en el marco del apoyo profesional
a la «Oficina de Tesorería y Contabilidad de las Secretaría de Educación Distrital,
en los temas propios de la Actividad de Tesorería y Contabilidad de la Entidad, y
como funciones específicas se desarrollaron las siguientes, (sic) algunas detalladas
en las OPS, y otras que pese a no estar expresamente consignadas en los
respectivos contratos, eran igualmente llevadas a cabo (…) conforme las
disposiciones de sus superiores (…)». Asimismo, dichas funciones eran misionales
y permanentes de la entidad, por lo que podían ser realizadas por el personal de
planta, entre ellos, por un profesional universitario, código 219, grado 18, de la
Oficina de Tesorería y Contabilidad. Finalmente, afirmó que el servicio se prestaba
bajo la continua subordinación de los jefes de esa área.
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Demandante: Yenny Erica Montero Chaves
1.3. Trámite del proceso en primera instancia
6. La demanda se admitió mediante auto del 25 de octubre de 2018, por medio del
cual se notificó, entre otros, a la entidad demandada para que la contestara y se la
requirió para que, conforme al numeral 4 del artículo 175 del CPACA, aportara todas
las pruebas que tuviera en su poder.
7.El Distrito de Bogotá – Secretaría de Educación Distrital contestó la demanda
mediante memorial del 5 de marzo de 2019, pero con el escrito de contestación no
aportó pruebas, sino que solicitó que se tuvieran en cuenta las allegadas con la
demanda.
8. En la audiencia inicial celebrada el 6 de noviembre de 2019, se requirió a la
entidad para que remitiera al proceso: i) copia integral de la hoja de vida de la señora
Yenny Erica Montero Chaves que reposaba en la base de datos de la entidad,
incluidos los contratos, pagos a seguridad social, cartas y exámenes médicos; ii)
información sobre el empleo o los empleos de la planta de personal de la Secretaría
de Educación que desempeñaran funciones similares a las de la demandante y su
remuneración para los años 2006 a 2007; iii) los honorarios que recibió la
demandante entre los años 2006 y 2007; y iv) certificación en la que se indicaran
los contratos celebrados entre las partes2.
9. En respuesta, la entidad aportó el oficio 001192 del 18 de diciembre de 2019,
mediante el cual remitió, en medio magnético, el expediente administrativo del
último contrato celebrado con la demandante —2263 del 25 de julio de 2017— e
indicó que, revisada la información de la Oficina de Contratos, se evidenciaba que
entre las partes se suscribieron múltiples contratos de prestación de servicios de
2006 a 2017, los cuales discriminó en cuanto a su vigencia, fechas de inicio y
terminación, objeto y valor recibido por la actora como contraprestación.
10. Mediante auto del 30 de enero de 2020, el juzgado puso las pruebas aportadas
por el Distrito de Bogotá – Secretaría de Educación Distrital en conocimiento de la
demandante por tres días. Asimismo, requirió a la entidad por el término de diez
días para que aportara integralmente los documentos solicitados en el auto del 6 de
noviembre de 20193.
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Expediente digital - 09OFICIO Nº 1192 Y RESPUESTA.pdf
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Expediente digital - 11. AUTO PONE EN CONOCMIENTO Y REQUIERE 30 ENERO 2020.pdf
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Demandante: Yenny Erica Montero Chaves
11. Mediante memorial del 24 de febrero de 2020, la entidad aportó el manual
administrativo de funciones de su planta de personal —Resolución 3950 del 7 de
octubre de 2008—.
12. Nuevamente, mediante auto del 27 de febrero de 2020, el juzgado requirió a la
entidad para que aportara, dentro de los diez días siguientes: i) copia integral de los
contratos suscritos por la señora Yenny Erica Montero Chaves que reposaran en la
base de datos de la entidad, los pagos a seguridad social, las cartas y los exámenes
médicos; y ii) los horarios en que la actora desempeñaba las labores propias de los
contratos suscritos de 2006 a 20174.
13. En respuesta a lo anterior, el 13 de marzo de 2020 la entidad aportó un CD
remitido por la Oficina de Contratos de la Secretaría de Educación del Distrito, que
contenía la «respuesta a los interrogantes realizados por el precitado Juzgado».
14. Mediante auto del 30 de julio de 2020, el juzgado puso los memoriales aportados
por la entidad demandada en conocimiento de la parte actora por el término de tres
días. Asimismo, requirió nuevamente a la entidad, debido a que solo se habían
allegado los contratos del año 2017 y no los correspondientes a los años 2006 a
2016, además de que «ni fueron aportados los horarios en que la actora
desempeñaba las labores propias de los referidos contratos»5.
15. La demandante, mediante memorial del 15 de diciembre de 2020, descorrió el
traslado concedido por el juzgado e indicó que se adoptaran las medidas a que
hubiera lugar, «toda vez que en tres oportunidades se ha requerido a la demandada
solicitando información, y no ha sido remitida en forma completa lo que ha impedido
continuar con el trámite de la audiencia».
16. Mediante auto del 11 de febrero de 2021 se requirió por 10 días más a la entidad
para que aportara copia de los contratos, so pena de imponer las sanciones de ley.
17. En respuesta, la entidad, mediante memorial del 15 de febrero de 2021, aportó
copia del expediente administrativo de la demandante e indicó que no existía
constancia de los horarios cumplidos por aquella6.
18. Mediante auto del 22 de abril de 2021, el juzgado puso los documentos aportados
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Expediente digital - 13. AUTO PONE EN CONOCIMIENTO Y REQUIERE 27 FEBRERO 2020.pdf
5
Expediente digital - 16. AUTO QUE PONE EN CONOCIMIENTO Y REQUIERE N° 2018-00379.pdf
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Expediente digital - 19ParteDemandadaAllegaAntecedentesAdministrativos
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Demandante: Yenny Erica Montero Chaves
por la entidad en conocimiento de la demandante por el término de tres días.
19. La actora, a través de memorial del 28 de abril de 2021 indicó que no se había
aportado copia de los contratos 498 de 2009, 1605 de 2016, 2791 de 2016, 247 de
2017 y 2263 de 20177.
20. El juzgado, en la audiencia de pruebas celebrada el 21 de septiembre de 2021,
recaudó los testimonios solicitados y, finalmente, indicó que, comoquiera que se
habían practicado todas las declaraciones y recaudado los documentos, lo
procedente era cerrar el debate probatorio. En consecuencia, corrió traslado por
diez días para que las partes presentaran sus alegatos de conclusión. Contra esa
decisión no se interpusieron recursos8.
1.4. Sentencia de primera instancia
21. El Juzgado Dieciocho Administrativo de Oralidad del Circuito de Bogotá D.C.
dictó sentencia el 9 de diciembre de 2021, mediante la cual declaró la existencia de
una relación laboral encubierta entre las partes y la nulidad del acto administrativo
acusado. A título de restablecimiento del derecho, ordenó a la Alcaldía Mayor de
Bogotá D.C. – Secretaría de Educación reconocer y pagar a la actora el valor de las
prestaciones sociales, incluida la compensación por vacaciones no disfrutadas, por
los períodos contratados, «teniendo como asignación básica para su cálculo el valor
de los honorarios pactados en los honorarios pactados en los periodos
correspondientes a los siguientes contratos: del 16 de marzo de 2015 al 30 de enero
de 2016; del 2 de febrero de 2016 al 15 de marzo de 2016; del 16 de marzo de 2016
de 2016 al 31 de diciembre de 2016; del 20 de enero de 2017 al 3 de junio de 2017
y del 1 de agosto de 2017 al 22 de agosto de 2017». Asimismo, ordenó a la entidad
demandada efectuar las correspondientes cotizaciones al Sistema General de
Pensiones, «teniendo en cuenta la totalidad del tiempo laborado (…) [por la
demandante], salvo interrupciones, tomando el ingreso base cotización o IBC
pensional, dentro de los periodos laborados por contrato de prestación de servicios,
mes a mes».
22. Respecto de los elementos que conforman la relación laboral, se consideró que
se acreditaron de la siguiente forma: i) la prestación personal del servicio de la
demandante se probó durante el período comprendido entre el 7 de diciembre de
7
Expediente digital - 22DemandanteDescorreTrasladoPruebas
8
Expediente digital - 28ActaAudienciaTestimonios20210921.pdf
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Demandante: Yenny Erica Montero Chaves
2006 y el 22 de agosto de 2017, a juicio del juzgado, de manera ininterrumpida, a
partir del oficio S-2019-229931 del 18 de diciembre de 2019, suscrito por el jefe de
la Oficina de Contratos de la Secretaría de Educación de Bogotá, en el cual se
discriminó la celebración de los siguientes contratos:
• 1186 inició el 7 de diciembre de 2006 y terminó el 7 de mayo de 2007;
• el 543 inició el 5 de agosto de 2007 y terminó el 5 de abril de 2008;
• el 324 inició el 12 de mayo de 2008 y terminó el 11 de febrero de 2009;
• el 498 inició el 24 de febrero de 2009 y terminó el 23 de julio de 2010;
• el 1197 inició el 30 de julio de 2010 y terminó el 28 de febrero de 2011;
• el 903 inició el 7 de marzo de 2011 y terminó el 30 de enero de 2012;
• el 1203 inició el 2 de febrero de 2012 y terminó el 30 de marzo de 2012;
• el 2381 inició el 3 de mayo de 2012 y terminó el 2 de febrero de 2013;
• el 775 inició el 7 de febrero de 2013 y terminó el 6 de diciembre de 2013;
• el 472 inició el 16 de enero de 2014 y terminó el 15 de diciembre de 2014;
• el 1773, inició el 16 de marzo de 2015 y terminó el 30 de enero de 2016;
• el 368 inició el 2 de febrero de 2016 y terminó el 15 de marzo de 2016;
• el 1605 inició el 16 de marzo de 2016 y terminó el 30 de junio de 2016;
• el 2791 inició el 22 de julio de 2016 y terminó el 31 de diciembre de 2016;
• el 247 inició el 20 de enero de 2017 y terminó el 3 de junio de 2017;
• y el 2263 inició el 1.º de agosto de 2017 y terminó el 22 de agosto de 2017.
23. Dichos contratos tuvieron como objeto que la actora elaborara certificados de
registro y disponibilidad presupuestal, generara informes de los aplicativos
presupuestales de la Dirección Financiera – Subdirección de Programación y
Seguimiento Presupuestal de la Secretaría de Educación, ingresara actas de
anulación, respondiera por el archivo físico de los documentos presupuestales,
apoyara el cierre presupuestal, actualizara la información con los saldos diarios de
ejecución y cargara información, entre otras actividades.
24. Sobre la remuneración, se indicó que cada uno de los contratos discriminó los
valores que recibiría la demandante por concepto de sus actividades. En cuanto a
la subordinación, también se tuvo por acreditada, en la medida en que, conforme a
los documentos y testimonios rendidos en el proceso, se concluía que las funciones
de la demandante se desarrollaron por más de diez años y no se enfocaron en una
actividad esporádica, sino permanente y misional. Además, no gozaba de la
autonomía e independencia inherentes a los contratos de prestación de servicios.
Por el contrario, debía cumplir un horario en condiciones similares a las del personal
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Radicado: 11001-03-25-000-2024-00008-00 (0053-2024)
Demandante: Yenny Erica Montero Chaves
de planta y estaba sometida a medidas de supervisión.
25. Finalmente, se destaca que se reconocieron las prestaciones sociales a las que
tendría derecho la actora, incluidas las vacaciones. Sin embargo, se negó el pago
de los conceptos relacionados con las cesantías, sus intereses y la sanción
moratoria.
1.5. Recursos de apelación
26. El Distrito de Bogotá – Secretaría de Educación Distrital interpuso recurso de
apelación contra la decisión anterior y solicitó que se revocara y, en su lugar, se
negaran las pretensiones. Para fundamentar su solicitud, desarrolló los siguientes
puntos: i) la prestación del servicio de la demandante en favor de la entidad
obedeció a una necesidad derivada de la ausencia de personal de planta; ii) no se
cumplieron los criterios de funcionalidad, igualdad, temporalidad y excepcionalidad,
propios de la relación laboral, dado que la demandante no estuvo subordinada —
mediante órdenes, horarios o llamados de atención— y la sentencia de primera
instancia tampoco realizó un juicio comparativo entre las funciones del personal de
planta y las obligaciones que aquella cumplió para concluir que sus actividades eran
misionales; y iii) los testimonios indican que, si bien el servicio era coordinado por
el jefe de oficina, lo cierto es que este es un elemento central de la ejecución de los
contratos de prestación de servicios, por lo que, en modo alguno, implica
subordinación.
27. La demandante presentó recurso de apelación parcial contra la sentencia del
juzgado «(…) referente a la falta de reconocimiento, a favor de la actora, de las
cesantías e intereses sobre aquellas durante los periodos establecidos en la
sentencia, sin perjuicio de reclamar el pago de sanción moratoria en caso de que
su pago no se efectúe dentro de los plazos previstos para el cumplimiento de la
sentencia».
1.6. Trámite en segunda instancia
28. Los recursos de apelación interpuestos por las partes se admitieron por parte del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, a
través de auto del 25 de julio de 2022.
29. Posteriormente, el 16 de septiembre de 2022, la Sala de Decisión expidió un auto
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Radicado: 11001-03-25-000-2024-00008-00 (0053-2024)
Demandante: Yenny Erica Montero Chaves
para mejor proveer, en cuya parte motiva advirtió que «Sería del caso proferir
sentencia de segunda instancia, pero se observa que no obran dentro del plenario
como prueba la totalidad de los contratos de prestación de servicios certificados por
la entidad, a pesar de que fueron decretados por el juez de primera instancia para
que fueran allegados al expediente como prueba documental los contratos de
prestación de servicios suscritos entre las partes, los cuales aparecen señalados en
el oficio suscrito por la jefe de la Oficina de Contratos de la Alcaldía Mayor de
Bogotá, a través del cual dio respuesta a los requerimientos realizados por el juez
de primera instancia».
30. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que los contratos suscritos entre las partes
se encontraban discriminados en la certificación aportada por la entidad, la Sala, en
ejercicio de la facultad para decretar pruebas de oficio prevista en el artículo 213 del
CPACA, requirió a la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá «/o a quien
corresponda» para que aportara, dentro de los cinco días siguientes, copia integral
de las órdenes o contratos de prestación de servicios suscritos entre la demandante
y la entidad desde el 7 de diciembre de 2006 hasta el 22 de agosto de 2017. En
particular, resaltó la importancia de los contratos 1203 de 2012, suscrito entre el 2
de febrero y el 30 de marzo de 2012; 1605 de 2016, suscrito entre el 16 de marzo y
el 30 de junio de 2016; 2791 de 2016, suscrito entre el 22 de julio y el 31 de
diciembre de 2016; y 247 de 2017, suscrito entre el 20 de enero y el 3 de julio de
2017.
31. Se indicó que, en caso de que la entidad no contara con los contratos originales
o sus copias, debía exponer «de forma detallada, clara y suficiente las razones de
dicha situación». Finalmente, se dispuso que, por Secretaría y sin necesidad de
auto, se corriera traslado de la respuesta y los documentos allegados a las demás
partes por el término común de tres días.
32. Como respuesta, el Distrito de Bogotá – Secretaría de Educación Distrital
allegó al proceso oficio rad. S-2022-304003 del 26 de septiembre de 2022, mediante
el cual puso de presente que «la Oficina de Contratos de la Secretaría de Educación
Distrital - SED -, en el marco de sus competencias» remitió copia del contrato de
prestación de servicios 472 del 16 de enero de 2014, celebrado entre la señora
Yenny Erica Monterio Chávez y la Secretaría de Educación de Bogotá D.C., dado
que era el único que se encontraba bajo custodia del archivo de la Oficina de
Contratos. Asimismo, precisó que «Debido a que los expedientes contractuales
requeridos reposan bajo custodia del archivo de la Dirección de Servicios
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Demandante: Yenny Erica Montero Chaves
Administrativos de la SED, con excepción del correspondiente a la vigencia 2014,
se traslada por competencia».
33. Del memorial anterior se corrió traslado a la demandante por el término de tres
días, que transcurrió del 2 al 4 de noviembre de 2022, antes de que el proceso
ingresara para fallo. Sin embargo, según el informe secretarial del 9 de noviembre
de 2022, el expediente ingresó al despacho para proferir sentencia sin que las
partes se hubieran pronunciado.
1.7. Sentencia de segunda instancia y objeto de revisión
34. El Tribunal dictó sentencia de segunda instancia el 14 de diciembre de 2022,
mediante la cual modificó los numerales segundo, tercero y cuarto de la sentencia
de primer grado, en el sentido de precisar que la relación laboral encubierta
declarada entre las partes correspondió a los períodos transcurridos «entre el 7 de
diciembre de 2006 al 22 de agosto de 2017, interrumpido del: (i) 8 de mayo al 4 de
junio de 2007; (ii) 6 de abril de 2008 al 11 de mayo de 2008; (iii)12 al 23 de febrero
de 2009; (iv) 24 al 29 de julio de 2010; (v) 1 marzo al 6 de marzo de 2011; (vi) 31 de
enero de 2012 al 2 de mayo de 2012; (vii) 3 al 6 de febrero de 2013; (viii) 7 de
diciembre de 2013 al 15 de enero de 2014; (ix) 16 de diciembre de 2014 al 15 de
marzo 2015; (x) 1 de enero de 2016 al 1 de febrero de 2016; (ix) 16 de marzo de
2016 al 31 de julio de 2017».
35. Se declaró la prescripción de las prestaciones sociales correspondientes a los
lapsos transcurridos del 7 de diciembre de 2006 al 30 de enero de 2012 y del 3 de
mayo de 2012 al 15 de enero de 2014. Se declaró no probada la prescripción
respecto del tiempo laborado del 16 de marzo de 2015 al 15 de marzo de 2016 y
del 1.º al 22 de agosto de 2017. A título de restablecimiento del derecho, se ordenó
el pago de las prestaciones sociales de carácter legal dejadas de percibir «y a las
que tenía derecho un empleado de planta que ejercía el cargo de profesional
universitario código 219 grado 18 y/o similar desde el 16 de marzo de 2015 al 15 de
marzo de 2016 y del 1º al 22 de agosto de 2017 (interrumpido del 1 de enero de
2016 al 1 de febrero de 2016 y del 16 de marzo de 2016 al 31 de julio de 2017),
entre ellas, las cesantías, los intereses a las cesantías, las primas y las vacaciones,
y teniendo en cuenta para su liquidación el valor de los honorarios pactados en cada
uno de los contratos de prestación de servicios».
36. Finalmente, se ordenó a la entidad demandada realizar, de forma indexada, los
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Radicado: 11001-03-25-000-2024-00008-00 (0053-2024)
Demandante: Yenny Erica Montero Chaves
aportes que, en calidad de empleadora, le correspondía cotizar en favor de la
demandante. En lo demás, se confirmó la sentencia de primera instancia.
37. Alresolver los puntos del recurso de apelación, el Tribunal se centró en
determinar si se habían acreditado los elementos que componen la relación laboral
y, en caso de ser afirmativo, si la actora tenía derecho al pago de las prestaciones
sociales reclamadas en la demanda.
38. En primer lugar, estudió los elementos que componen aquella figura de la
siguiente manera:
39. Prestación personal del servicio: el Tribunal enfatizó que en el proceso
únicamente reposaban determinados contratos, que serían tenidos en cuenta para
establecer los períodos de prestación del servicio de la demandante, debido a que
los certificados expedidos por la entidad, visibles a folios 125 y 126 del expediente
físico, no constituían prueba idónea, pertinente y conducente que diera certeza
sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar de las labores y sobre las
obligaciones de cada una de las partes. Agregó que dicha consideración no
constituía una indebida valoración probatoria, «toda vez que los contratos confusos
o incompletos no logran dar pleno convencimiento de la relación contractual
aparentemente disfrazada, pues lo contrario implicaría dar por probados hechos que
no se encuentran debidamente demostrados».
40. Añadió que, durante el proceso, la actora solicitó que se requiriera a la entidad
para que allegara todos los contratos suscritos, a lo cual accedió el juzgado en el
auto admisorio. En la audiencia inicial, nuevamente se requirió a la entidad para que
allegara el expediente administrativo de la actora, en especial, todos los contratos,
incluidas sus prórrogas y adiciones. En segunda instancia, mediante auto del 16 de
septiembre de 2022, se requirió nuevamente a la entidad para que aportara los
contratos, porque respecto de algunos períodos cuya contratación había sido
certificada no reposaba la respectiva copia en el expediente. En respuesta, la
entidad remitió copia del oficio S-2022-304003 del 26 de septiembre de 2022,
mediante el cual aportó únicamente el contrato 472 del 16 de enero de 2014 e
informó que los demás contratos y sus expedientes se encontraban bajo custodia
del archivo de la Dirección de Servicios Administrativos de la SED, razón por la cual
remitió la solicitud por competencia a esa dependencia. La demandante no se
pronunció sobre lo anterior durante el término de traslado.
41. Por consiguiente, se concluyó que en el expediente no reposaban copias de los
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Radicado: 11001-03-25-000-2024-00008-00 (0053-2024)
Demandante: Yenny Erica Montero Chaves
contratos de prestación de servicios 1203 de 2012, 1605 de 2016, 2791 de 2016 y
247 de 2017, enunciados en la certificación expedida por la entidad. Por tanto, la
prestación del servicio de la actora durante esos períodos no fue tenida en cuenta.
42. Conforme a lo anterior, los tiempos durante los cuales se acreditó la prestación
personal del servicio de la actora fueron los siguientes: el cto. número 1186, del año
2006, inició el 7 de diciembre de 2006 y terminó el 7 de mayo de 2007; el cto. número
543, del año 2007, inició el 5 de junio de 2007 y terminó el 5 de abril de 2008; el cto.
número 324, del año 2008, inició el 12 de mayo de 2008 y terminó el 11 de febrero
de 2009; el cto. número 498, del año 2008, inició el 24 de febrero de 2009 y terminó
el 23 de julio de 2010; el cto. número 1197, del año 2010, inició el 30 de julio de
2010 y terminó el 28 de febrero de 2011; el cto. número 903, del año 2011, inició el
7 de marzo de 2011 y terminó el 30 de enero de 2012; el cto. número 2381, del año
2012, inició el 3 de mayo de 2012 y terminó el 2 de febrero de 2013; el cto. número
775, del año 2013, inició el 7 de febrero de 2013 y terminó el 6 de diciembre de
2013; el cto. número 472, del año 2014, inició el 16 de enero de 2014 y terminó el
15 de diciembre de 2014; el cto. número 1773, del año 2015, inició el 16 de marzo
de 2015 y terminó el 31 de diciembre de 2015; el cto. número 368, del año 2016,
inició el 2 de febrero de 2016 y terminó el 15 de marzo de 2016; y el cto. número
2263, del año 2017, inició el 1.º de agosto de 2017 y terminó anticipadamente el 22
de agosto de 2017.
43. Remuneración: se probó con los valores que por honorario recibió la
demandante.
44. Subordinación: se constató que las actividades de la demandante fueron
direccionadas por el personal de planta de la entidad, a partir de las siguientes
premisas: i) efectuada la comparación entre el manual de funciones del cargo de
«profesional universitario, código 219, grado 18» y las obligaciones contractuales
cumplidas por la actora, se concluyó que en la entidad existía personal que realizaba
funciones análogas a las desempeñadas por ella; y ii) los declarantes indicaron, de
manera uniforme, que la demandante prestó sus servicios de forma permanente
como profesional en la Oficina de Tesorería y Contabilidad de la entidad. Para ello,
cumplía un horario y debía solicitar permiso al jefe del área de Tesorería para
ausentarse, quien, además, era el encargado de supervisar y vigilar el cumplimiento
de las actividades asignadas. Añadieron que a la actora se le proporcionaban los
elementos necesarios para la prestación del servicio y que utilizaba carnet.
11
Radicado: 11001-03-25-000-2024-00008-00 (0053-2024)
Demandante: Yenny Erica Montero Chaves
45. A título de restablecimiento del derecho, se reconocieron las prestaciones
sociales correspondientes a los períodos respecto de los cuales se probó la
prestación personal del servicio en segunda instancia, conforme al análisis
precedente y con las precisiones sobre la prescripción detalladas anteriormente.
1.8. Del recurso extraordinario de revisión
46. La causal invocada. La señora Yenny Erica Montero Chaves presentó recurso
extraordinario de revisión y alegó la configuración de la causal primera del artículo
250 del CPACA, prevista en los siguientes términos: «1. Haberse encontrado o
recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales
se hubiera podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo
aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte
contraria».
47. Lo anterior, «toda vez que, con posterioridad a proferirse la sentencia, finalmente
la Secretaría de Educación aportó los contratos completos suscritos con mi
representada, entre ellos los que no se tuvieron en cuenta por el Tribunal Superior
al momento de proferir la Sentencia de Segunda Instancia».
48. En cuanto a los motivos del recurso, explicó que, desde la presentación de la
demanda y durante todo el proceso judicial, la Secretaría de Educación del Distrito
hizo caso omiso de los diferentes requerimientos efectuados tanto en primera como
en segunda instancia para recaudar los contratos de prestación de servicios
suscritos entre las partes.
49. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, al proferir la sentencia de segunda
instancia, estimó que en el expediente reposaban certificaciones expedidas por la
Oficina de Contratos de la entidad, en las que se señalaba que la actora había
suscrito diferentes contratos de prestación de servicios. No obstante, tales
documentos, a juicio del fallador, «no constituye plena prueba para demostrar los
aspectos que contienen el contrato y/o orden de prestación de servicios».
50. Por lo tanto, consideró que no se había probado la prestación personal del
servicio durante la ejecución de los contratos 1203 de 2012, 1605 de 2016, 2791 de
2016 y 247 de 2017. En consecuencia, modificó la decisión adoptada por el Juzgado
Dieciocho Administrativo de Bogotá, mediante la cual se había declarado la nulidad
del acto administrativo acusado y la existencia de una relación laboral entre las
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Radicado: 11001-03-25-000-2024-00008-00 (0053-2024)
Demandante: Yenny Erica Montero Chaves
partes, y reconoció sus efectos prestacionales respecto de los periodos
comprendidos entre el 16 de marzo de 2015 y el 22 de agosto de 2017, salvo
interrupciones9.
51. En vista de lo anterior, con posterioridad a la expedición de la sentencia de
segunda instancia, la actora presentó ante la Secretaría de Educación otro derecho
de petición, mediante el cual solicitó información «sobre el incumplimiento en los
requerimientos». Posteriormente, formuló una nueva petición para obtener copia de
los contratos. En respuesta, la entidad expidió el oficio S-2023-10762 del 15 de
marzo de 2023, dirigido al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante el
cual aportó los documentos completos que «no quisieron ser aportados al proceso»,
entre ellos, los contratos 1605 de 2016, 2791 de 2016, 247 de 2017 y 2263 de 2017.
52. A su juicio, si todos esos documentos hubieran sido aportados cuando fueron
solicitados, tanto por el juez de primera instancia como por el de segunda, el sentido
de la sentencia habría sido diferente, pues se habría ordenado el pago de los
períodos comprendidos en las órdenes «1605 de 2016, 2791 de 2016, 247 de 2017
y 2263 de 2017».
53. Finalmente, afirmó que tales contratos no fueron aportados por la actora porque
no los tenía en su poder. Esto motivó el requerimiento formulado desde la demanda
para que la entidad los allegara. No obstante, esta solo los allegó después de
proferida la sentencia de segunda instancia, lo que provocó que el Tribunal adoptara
su decisión sin contar con la totalidad de las pruebas.
1.9. Intervenciones
54. El recurso se admitió en providencia del 26 de febrero de 2024. Dentro del
término para contestar, el Distrito de Bogotá – Secretaría de Educación Distrital
se opuso a la prosperidad del recurso «habida consideración de que, tal como lo
indicó el Juez de la causa, la parte actora en el proceso contencioso de nulidad y
restablecimiento del derecho 2018-00379, no se opuso al cierre del debate
probatorio y guardó silencio frente a las decisiones que se adoptaron en el curso del
proceso». Por lo que en vista que las oportunidades probatorias son preclusivas y
que el recurso extraordinario de revisión no es la oportunidad para reabrirlas, lo
9
En concreto, los periodos en que se reconoció la relación laboral fueron los siguientes: «Del 16 de marzo de 2015 al 30 de
enero de 2016 • Del 2 de febrero de 2016 al 15 de marzo de 2016 • Del 16 de marzo de 2016 al 30 de junio de 2016 • Del 22
de julio de 2016 al 31 de diciembre de 2016 • Del 20 de enero de 2017 al 3 de junio de 2017 • Del 1 de agosto de 2017 al 22
de agosto de 2017».
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procedente es negar las pretensiones.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
55. Esta Subsección es competente para resolver este asunto, de conformidad con
lo establecido en los artículos 249 de la Ley 1437 de 2011 y 13 del Acuerdo 080 de
12 de marzo de 2019, reglamento interno de esta corporación.
3.2. De la oportunidad para interponer el recurso
56. De conformidad con lo señalado en el artículo 251 de la Ley 1437 de 2011,
cuando el recurso se fundamente en la causal de revisión prevista en el numeral 1°,
entre otras, podrá presentarse «dentro del año siguiente a la ejecutoria de la
respectiva sentencia».
57. La sentencia impugnada se profirió el 14 de diciembre de 2023 y se notificó el 11
de enero de 2023 mediante correo electrónico. Por lo tanto, los dos días de
notificación electrónica transcurrieron el jueves y viernes, 12 y 13 de enero,
respectivamente; y, los tres días de ejecutoria de la sentencia, ocurrió entre los días
16 a 18 de enero de 2023. Por lo tanto, la sentencia quedó ejecutoriada el 19 de
enero de 2019. El recurso extraordinario de revisión, por su parte, se presentó el 15
de diciembre de 2023, esto es, dentro del año siguiente a la ejecutoria de la
sentencia objeto de reproche; por consiguiente, dentro del término oportuno.
3.3. Problema jurídico
58. De acuerdo con lo argüido por la parte actora, corresponde a la Sala determinar
si la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección E, incurrió en la causal prevista en el numeral 1.° del artículo
250 del CPACA, dado que, con posterioridad a la expedición de tal providencia
fueron recobrados documentos decisivos —contratos de prestación de servicios—
los cuales no pudieron aportarse al proceso por «fuerza mayor o caso fortuito o por
obra de la parte contraria».
59. Para resolver ese interrogante, se reseñará: i) la naturaleza y objeto del recurso
extraordinario de revisión; y ii) el contenido y alcance de la causal 1 del artículo 250
del CPACA.
14
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Demandante: Yenny Erica Montero Chaves
3.4. Normas y jurisprudencia aplicables
60. La naturaleza y objeto del recurso extraordinario de revisión. El artículo 248
de la Ley 1437 de 2011, establece que:
«ARTÍCULO 248. PROCEDENCIA. El recurso extraordinario de revisión procede
contra las sentencias ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la
Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por los Tribunales
Administrativos y por los jueces administrativos».
61. La jurisprudencia de esta corporación ha indicado que, por su naturaleza, el
recurso extraordinario de revisión es un medio judicial de impugnación que, por
excepción, no encuentra límites en el principio de inmutabilidad propio de las
sentencias que han adquirido la connotación de cosa juzgada. Lo anterior, en razón
a que puede ser dirigido en contra de las providencias ejecutoriadas proferidas por
cualquiera de las autoridades que integran la jurisdicción de lo contencioso
administrativo —jueces y tribunales, así como las subsecciones y secciones de esta
corporación—.
62. En cuanto a su objeto, se ha dicho que radica en obtener el restablecimiento de
la justicia material desconocida en la decisión cuestionada, a través de situaciones
externas que no pudieron ser ventiladas en el trámite del proceso ordinario, pero
que revisten tal gravedad que prohíjan la superación del principio de cosa juzgada.
63. En sentencia de 3 de marzo de 2020,10 la Sala Décima Especial de Revisión de
este tribunal, expresó:
«[…] 2.2.1. Aspectos generales del recurso extraordinario de revisión.
43. El recurso extraordinario de revisión se encuentra regulado en el Título VI
Capítulo I el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo –Ley 1437 de 2011-, el cual ha sido definido por la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado como «un medio de impugnación
excepcional que permite revisar determinadas sentencias de la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo amparadas por la intangibilidad de la cosa juzgada e
infirmarlas ante la demostración inequívoca de ser decisiones injustas, por incurrir
en alguna de las causales que taxativamente consagra la ley».11
10
Expediente nro. 11001-03-15-000-2013-02008-00 (REV), C.P. Sandra Liset Ibarra Vélez.
11
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Consejero Ponente Dr. Alberto Yepes Barreiro Sentencia
de 30 de septiembre de 2014.
15
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44. A través del citado medio de impugnación extraordinario es posible controvertir
las sentencias ejecutoriadas dictadas por las Secciones y Subsecciones de la Sala
de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, las proferidas en cualquier
instancia por los Tribunales Administrativos y por los Jueces Administrativos cuya
naturaleza permita la interposición del recurso. En consecuencia, el recurso
extraordinario de revisión, en cuanto a su naturaleza, es considerado por la
doctrina12 como un medio de impugnación con la virtud de afectar de manera
excepcional el principio de inmutabilidad de las sentencias que hacen tránsito a cosa
juzgada, pues con este se abre la posibilidad de controvertir un fallo ejecutoriado,
siempre que se configure alguno de los eventos consagrados en el artículo 250 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.13
45. Resulta imprescindible mencionar que el recurso extraordinario de revisión tiene
por objeto, procurar el restablecimiento de la justicia material de la decisión
controvertida, cuando quiera que esta ha sido afectada por situaciones exógenas
que no pudieron plantearse en el proceso correspondiente, pero que, a juicio del
legislador, revisten tal gravedad que autorizan desvirtuar el principio de la cosa
juzgada […]».14
64. Sin embargo, se destaca que este medio no fue diseñado para: i) reabrir el debate
propio de las instancias del proceso ordinario; ii) suplir las falencias probatorias de
las partes; iii) discutir los fundamentos jurídicos de las providencias; iv) controvertir
la actividad interpretativa del juez; v) corregir los errores por falta de aplicación de
las normas y/o su indebida adscripción al momento de resolver el caso sometido a
juicio.
65. De ahí que el legislador haya enlistado unas causales taxativas para la
procedencia del recurso y, además, que la jurisprudencia exija de quien recurre una
argumentación precisa, técnica y rigurosa que evidencie el nexo existente entre los
fundamentos y la causal alegada15. En la sentencia que se viene citando, esta
corporación expresó:
12
LOPEZ BLANCO, Hernán Fabio, Código General del Proceso – parte general, Bogotá, Edit. DUPRE, 2016, Pág. 884.
13
«1. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados. // 2. Haberse recobrado después
de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente, y que el
recurrente no pudo aportar al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria. //3. Aparecer, después
de dictada la sentencia a favor de una persona, otra con mayor derecho para reclamar. // 4. No reunir la persona en cuyo
favor se decretó una pensión periódica, al tiempo del reconocimiento, la aptitud legal necesaria, o perder esa aptitud con
posterioridad a la sentencia, o sobrevenir alguna de las causales legales para su pérdida. // 5. Haberse dictado sentencia
penal que declare que hubo violencia o cohecho en el pronunciamiento de la sentencia. // 6. Existir nulidad originada en la
sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación.// 7. Haberse dictado la sentencia con base
en dictamen de peritos condenados penalmente por ilícitos cometidos en su expedición. // 8. Ser la sentencia contraria a otra
anterior que constituya cosa juzgada entre las partes del proceso en que aquella fue dictada. Sin embargo, no habrá lugar a
revisión si en el segundo proceso se propuso la excepción de cosa juzgada y fue rechazada».
14
Cfr. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 20 de octubre de 2009, exp. 11001-03-15- 000-2003-00133-
00 (REV), C.P. Enrique Gil Botero y, recientemente, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 29 de agosto de 2014, exp.
34016, C.P. Ramiro Pazos Guerrero.
15
Consejo de Estado, Sala Catorce Especial de Decisión, sentencia de 13 de octubre de 2020, expediente nro. 11001-03-15-
000-2019-00119-00(REV), C.P. Alberto Montaña Plata.
16
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Demandante: Yenny Erica Montero Chaves
«46. En ese sentido, el citado recurso no es una oportunidad para reabrir un debate
propio de las instancias, ni para suplir la deficiencia probatoria. Es decir, el recurso
extraordinario de revisión no puede servir para controvertir la actividad interpretativa
del juez16 o para corregir errores «in iudicando»17, sino que fue consagrado para
discutir y ventilar hechos procesales específicos que, o incidieron indebidamente en
la decisión mediante la cual se resolvió el litigio –como es el caso de los documentos
falsos o adulterados18-, o no pudieron ser tenidos en cuenta a pesar de ser
determinantes para la misma –como ocurre con las pruebas recobradas o la
aparición de una persona con mejor derecho19-, o fueron sobrevinientes a la decisión
y hacen que esta última carezca de razón de ser – como en el caso de la causal
cuarta,20- o deben poder ser objeto de examen judicial –como cuando existe una
nulidad originada en la sentencia y esta no era objeto de recurso de apelación21-.
47. Por estas razones, es decir, por ser un recurso extraordinario cuya procedencia
está limitada a causales taxativamente enumeradas, quien lo ejerce tiene la
obligación elemental de indicar con precisión cuál es la invocada y, más allá de ese
formalismo, debe señalar con claridad y exactitud cuáles son los motivos y,
especialmente, los hechos que le sirven de fundamento y la configuran.
48. En ese orden, la técnica del recurso exige correspondencia entre los argumentos
en que se fundamenta y la causal alegada, de forma tal que no le es dable al
recurrente realizar esfuerzos dirigidos a atacar las motivaciones jurídicas o los
juicios de valor que soportaron la decisión adoptada en la sentencia recurrida ni
pretender subsanar o corregir errores u omisiones de la propia parte en el ejercicio
del derecho de contradicción y el agotamiento de los mecanismos ordinarios de
defensa, como si se tratara de una nueva instancia.
49. En otras palabras, el recurso extraordinario de revisión no da cabida a
cuestionamientos sobre el criterio con que el juez interpretó o aplicó la ley en la
sentencia, siendo riguroso en cuanto a su procedencia, pues se restringe a las
causales enlistadas. Por ello, en este escenario, la labor del juez no puede exceder
la demarcación impuesta por el recurrente al explicar la causal de revisión de la
sentencia, que deberá ser examinada dentro de un estricto y delimitado ámbito
interpretativo».22
16
Cfr. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 1° de diciembre de 2010, exp. 11001-03-15- 000-2008-
00480-00 (REV), C.P. Susana Buitrago Valencia.
17
En sentencia C- 998 de 2004, la Corte Constitucional sobre este concepto indicó lo siguiente: «(…) Los errores in iudicando
son entonces errores de derecho que se producen por falta de aplicación o aplicación indebida de una norma sustancial o por
interpretación errónea…».
18
Ver artículo 250 de la Ley 1437 de 2011. «2. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o
adulterados».
19
1. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se hubiera
podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por
obra de la parte contraria.
20
4. Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho en el pronunciamiento de la sentencia.
21
5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación.
22
Así se desprende de las normas que lo consagran y lo ha desarrollado esta Corporación en varios pronunciamientos de los
que cabe destacar: Al respecto, la Sala Plena de esta Corporación, en sentencia de 27 de enero de 2004. Rd. (REV) 2003-
0631. M.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta, precisó que: «… no constituye una nueva instancia, razón por la cual no es
admisible en él la continuación del debate probatorio o sobre el fondo del asunto, debiendo circunscribirse únicamente a las
precisas causales señaladas en la ley, cuyo examen y aplicación obedecen a un estricto y delimitado ámbito interpretativo.
(....)». En ese mismo sentido, en sentencia de 11 de octubre de 2005. Rad. (REV) 2003-0794. M.P. Ligia López Díaz, se
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Radicado: 11001-03-25-000-2024-00008-00 (0053-2024)
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3.5. El contenido y alcance de la causal 1 del artículo 250 del CPACA.
66. La causal número 1, dispone «Haberse encontrado o recobrado después de
dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir
una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza
mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria.»
67. De acuerdo con el anterior dispositivo, la causal en cita se configura cuando: i)
se trata de una prueba documental que; ii) preexistente a la sentencia cuestionada
en revisión; iii) es encontrada o recobrada con posterioridad a la emisión de aquella
decisión y, por tanto; iv) tiene un impacto determinante en ella, al punto que prohíja
su modificación y/o revocatoria, pero que; v) no pudo ser incorporada
oportunamente al proceso primigenio por fuerza mayor, caso fortuito y/o acción de
la contraparte.
68. Esta Corporación ha sido insistente al precisar que la causal en referencia solo
se aplica a pruebas documentales, por lo que no es admisible frente a otro tipo de
evidencias como los testimonios o las inspecciones judiciales.23
69. Así entonces, se extiende a los elementos enlistados en el artículo 243 del
C.G.P., esto es «los escritos, impresos, planos, dibujos, cuadros, mensajes de
datos, fotografías, cintas cinematográficas, discos, grabaciones magnetofónicas,
videograbaciones, radiografías, talones, contraseñas, cupones, etiquetas, sellos y,
en general, todo objeto mueble que tenga carácter representativo o declarativo, y
las inscripciones en lápidas, monumentos, edificios o similares.»
70. En cuanto a que debe tratarse de una prueba encontrada o recobrada después
de dictada la providencia objeto de revisión, la jurisprudencia de este tribunal ha
indicado que debe tratarse de una evidencia documental que, preexistente al fallo
de instancia -pero no posterior a él-, solo pudo ser obtenida por la parte recurrente
con posterioridad a la emisión de aquél.
manifestó que con el recurso extraordinario especial de revisión «(...) No se trata de controvertir el juicio de valoración propio
del juzgamiento, ni es otra instancia que permita a las partes adicionar o mejorar las pruebas y los argumentos ya expuestos
y debatidos en las etapas anteriores del proceso, puesto que ello equivaldría a convertir el recurso especial de revisión en un
juicio contra el fondo de la sentencia, discutiendo nuevamente los hechos ya dilucidados con fuerza de cosa juzgada (...)».
23 Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión N° 19, sentencia de 19 de septiembre de
2022, expediente 11 001 03 15 000 2021 11456 00, C.P. Dr. William Hernández Gómez.
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71. Por tanto, cuando tales elementos no fueron aducidos, incorporados o solicitados
dentro de las etapas procesales pertinentes por circunstancias distintas a las
señaladas en la norma, no deviene procedente la causal.24
72. Igualmente, el documento debe poseer un nivel de persuasión tal que resulte
suficiente para incidir en el sentido de la decisión o generar en el juzgador una
convicción distinta respecto de hechos que, en el desarrollo del proceso, no
consideró debidamente acreditados.
73. En relación con el último requisito señalado, esto es, que la imposibilidad de
aportar la prueba documental obedezca a fuerza mayor, caso fortuito y/o acción de
la parte contraria, esta corporación ha indicado que:
«66. Ahora bien, es necesario que el recurrente demuestre25 que la razón por la cual no
pudo aportar el documento al proceso fue atribuible al actuar intencional de la
contraparte, orientado a impedir que la prueba se pudiera arrimar a la actuación judicial,
o una circunstancia de fuerza mayor o caso fortuito; sin embargo, en torno a las dos
últimas situaciones, esta Corporación ha sostenido que solo en caso de demostrarse la
fuerza mayor se podría configurar la causal:
«[…]
Empero, la jurisprudencia de esta Sala ha distinguido entre la fuerza mayor y el caso
fortuito, en el entendido que solo cuando se da la primera puede prosperar la causal,
en cuanto extraña y por ende externa a la esfera jurídica de las vinculadas a la relación
jurídica procesal, de suerte que aunque imprevisible, impone a cada quien asumir su propio
riesgo. El caso fortuito, por el contrario, proviene de la propia actividad, por lo que, aún
imprevisible por parte de quien pretende beneficiarse en la prueba, tampoco conlleva
responsabilidad en cuanto cada quien está obligado a asumir su propio riesgo y a reparar por
su traslado a terceros, esto es, a quien resulta ser ajeno al mismo. De donde no puede argüirse
“olvido, incuria o abandono de la parte”, 26 por parte de quien pretende beneficiarse con la
prueba, tampoco “dificultad por grave que pueda parecer, por cuanto la ley exige una
verdadera ‘imposibilidad’ apreciada objetivamente”. 27
24 Consejo de Estado, Sección tercera, Subsección B, sentencia de 11 de noviembre de 2016, expediente No.
25000-23-26-000-1996-13158-01(34697), Consejera Ponente Dra. Stella Conto Díaz del Castillo.
25 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Sexta Especial de Decisión; sentencia
del 7 de febrero de 2017, radicación 11001 03 15 000 2016 01440 00 (rev); M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio
«Al haber calificado expresamente la ley los motivos de la falta de la prueba documental en el proceso, “el
simple olvido, incuria o abandono de la parte”2 7 que habría sido beneficiada con la prueba no constituyen
razones válidas para promover la revisión de una sentencia. -/ También se ha dicho que “no basta con una
dificultad por grave que pueda parecer, por cuanto la ley exige una verdadera ‘imposibilidad’ apreciada
objetivamente...” 2 8 - / De otra parte, la jurisprudencia advierte que la fuerza mayor, el caso fortuito o la obra de
la parte contraria, según el caso, deben probarse 2 9 y, además, que la prueba debe establecer que
verdaderamente fueron esas circunstancias las que hicieron imposible el aporte oportuno de los
documentos.3 0 » (cursiva y números de cita propios del texto transcrito).
26 Cita propia del texto transcrito: «Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 18 de
febrero de 2010, Rad. 2597-07.».
27 Cita propia del texto transcrito: «Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia
de 18 de octubre de 2005, Rad. 1998-00173(rev).».
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Demandante: Yenny Erica Montero Chaves
Aunado a lo expuesto, la jurisprudencia advierte que tanto la fuerza mayor, como la obra
de la parte contraria, deben probarse, 28 esto es, aportar elementos de convicción acorde
con los cuales se deje en evidencia las circunstancias que hicieron imposible el aporte
oportuno de los documentos.29
Y a más de esto, la jurisprudencia de la Corporación también ha reiterado que se debe probar
la imprevisibilidad e irresistibilidad, puesto que, en términos generales, la primera es criterio
fundamental para determinar el caso fortuito, como el suceso interno que se da dentro del
campo de actividad de quien produce el daño, mientras que la segunda, lo es de la fuerza
mayor, como un acaecimiento externo al proceder de quien produce el daño. 30.»31
67. Así las cosas, para verificar si le asiste razón a la parte recurrente cuando alega la
configuración de esta causal es necesario, en principio, verificar si los documentos que
se aducen como recobrados, en efecto, lo son, dentro de los parámetros expuestos por
la jurisprudencia y si está demostrado que la falta de aportación de estos al proceso,
ocurrió por una situación de fuerza mayor o por una causa atribuible al actuar de la parte
contraria.»32
74. Pues bien, conforme con lo analizado, se resolverá el problema jurídico planteado
en precedencia.
3.6. Caso concreto
75. Se recuerda que la señora Yenny Erica Montero Chaves sustentó el recurso
extraordinario de revisión en que, después de que el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca profiriera la sentencia de segunda instancia del 14 de diciembre de
2022 —decisión en la cual se indicó que no reposaba en el expediente copia de los
contratos de prestación de servicios 1203 de 2012, 1605 de 2016, 2791 de 2016 y
247 de 2017—, el Distrito de Bogotá – Secretaría de Educación Distrital, a solicitud
de la actora, expidió el Oficio S-2023-10762 del 15 de marzo de 2023, mediante el
cual puso en conocimiento de aquella y del Tribunal copia de los contratos de
prestación de servicios suscritos entre las partes, incluidos los echados de menos
28 Cita propia del texto transcrito: «Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencias
de 20 de abril de 1998, Rad. rev-110 y 18 de octubre de 2005, Rad. 1998-00173(rev).»
29 Cita propia del texto transcrito: «Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia
de 26 de julio de 2005, Rad. 1998-00177(rev). En este caso hubo un incendio que destruyó unos registros civiles
que luego se trajeron al recurso extraordinario de revisión, pero el infortunio ocurrió mucho después de
presentada la demanda. La Sala consideró que el incendio (caso fortuito) no fue en realidad la razón que impidió
aportarlos en su momento.»
30 Cita propia del texto transcrito: «Consejo de Estado, sala de consulta y servicio civil, concepto de 12 de
diciembre de 2006, radicación 11001-03-06-000-2006-00119-00(1792), actor: Ministerio de Transporte.».
31 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 18 de mayo de 2018, radicación: 11001-
03-25-000-2014-00329-00, número interno: 1001-14, m.p. Sandra Lisset Ibarra Velez.
32 Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Novena Especial de Decisión, sentencia de 18 de diciembre de
2020, expediente 11 001 03 15 000 2018 00164 00, C. P. Dr. Gabriel Valbuena Hernández.
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en la sentencia de segunda instancia.
76. Por consiguiente, a su entender, se configuró la causal primera, debido a que, si
el fallador hubiera contado con esos documentos al proferir la sentencia de segunda
instancia, su decisión habría sido diferente.
77. De entrada, la Subsección dirá que en el asunto de la referencia no se acreditaron
los presupuestos fundamentales para que se configure la causal primera del artículo
250 del CPACA, por las siguientes razones:
78. Del recuento del proceso ordinario, se evidencia que el juzgado de origen, al
encontrar que en el expediente no reposaba la totalidad de los contratos de
prestación de servicios suscritos entre las partes, requirió a la entidad demandada
para que los aportara mediante los autos del 25 de octubre de 2018, 5 de marzo de
2019, 6 de noviembre de 2019, 30 de enero de 2020, 27 de febrero de 2020, 30 de
julio de 2020 y 11 de febrero de 2021.
79. Mediante auto del 30 de julio de 2020 se puso en conocimiento de la demandante
los documentos aportados por la entidad demandada. En respuesta, aquella indicó
que no se había allegado copia de los contratos 498 de 2009, 1605 de 2016, 2791
de 2016, 247 de 2017 y 2263 de 2017.
80. No obstante, en la audiencia de pruebas celebrada el 21 de septiembre de 2021,
una vez recaudados los testimonios, el juzgado cerró el debate probatorio al
considerar que los elementos que reposaban en el expediente eran suficientes para
adoptar una decisión de fondo. Frente a esta determinación, la demandante no
manifestó oposición alguna mediante los recursos previstos en la ley.
81. En segunda instancia, una vez admitidos los recursos interpuestos por las partes,
el Tribunal decretó un auto para mejor proveer el 16 de septiembre de 2022,
mediante el cual requirió a la entidad para que aportara copia de todos los contratos
de prestación de servicios celebrados entre las partes. En particular, enfatizó la
importancia de que se allegaran los siguientes contratos: 1203 de 2012, 1605 de
2016; 2791 de 2016; y 247 de 2017.
82. El Distrito de Bogotá – Secretaría de Educación Distrital, mediante el oficio
radicado S-2022-304003 del 26 de septiembre de 2022, remitió únicamente copia
del contrato 472 del 16 de enero de 2014 e indicó que los demás expedientes
contractuales se encontraban bajo custodia del archivo de la Dirección de Servicios
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Administrativos de la SED. Por esta razón, remitió el requerimiento por competencia
a esa dependencia, sin que se obtuviera respuesta.
83. Finalmente, la respuesta de la entidad fue trasladada a la parte actora por tres
días, término que transcurrió del 2 al 4 de noviembre de 2022. Sin embargo, la
demandante no efectuó pronunciamiento alguno. Por lo tanto, el proceso
ingresó al despacho para fallo y el Tribunal profirió sentencia el 14 de diciembre de
2022.
84. La Subsección considera pertinente recordar que, de acuerdo con el criterio de
esta Corporación, el concepto de «recobrar» un documento se refiere a que este
existiera antes del pronunciamiento judicial que generó la inconformidad planteada
mediante la causal primera del recurso extraordinario de revisión, pero «estaba
extraviado, perdido o refundido y solo pudo recuperarse o rescatarse después de la
sentencia (…)»33.
85. En ese contexto, es evidente que la demandante no expuso en el recurso, de
manera concreta y específica, argumentos o pruebas que permitieran concluir que
la entidad incurrió en una conducta deliberada tendiente a ocultar o retener los
documentos con el propósito de impedir que se incorporaran al acervo probatorio
que posteriormente sirvió para resolver las pretensiones de la demanda
primigenia34.
86. Asimismo, de lo anterior, la Sala evidencia que era de conocimiento de la actora
la ausencia de los documentos que ahora echa de menos en sede de revisión al
momento en que se profirió la sentencia de segunda instancia por parte del Tribunal.
Frente a ello, su conducta fue de aceptación tácita en dos oportunidades, a saber:
86.1 Primero, cuando el juzgado cerró el debate probatorio en la audiencia de
pruebas del 21 de septiembre de 2021. En efecto, a pesar de que en memorial
del 28 de abril de 2021 la actora había indicado que no reposaban los contratos
498 de 2009, 1605 de 2016, 2791 de 2016, 247 de 2017 y 2263 de 2017, no
manifestó inconformidad con la decisión del juzgado de considerar suficientes los
documentos incorporados hasta ese momento para emitir una decisión de fondo.
33 Consejo de Estado, Sala Plena sentencia del 2 de junio de 2015 exp. 11001-03-15-000-2000-00237-
01(REV) y sentencia del 7 de julio de 2015 exp. 11001-03-15-000-2008-01048-00(REV).
34
A esta conclusión llegó la Subsección en proceso de similares premisas fácticas: Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A, sentencia del 22 de mayo de 2026, radicado: 11001-03-25-000-2025-00198-00 (1557-2025)
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86.2 Segundo, cuando, en segunda instancia, el Tribunal le corrió traslado por
Secretaría de la respuesta dada por la entidad demandada el 26 de septiembre
de 2022. En esta, pese a haberse solicitado todos los contratos —en especial, el
1203 de 2012, suscrito para el periodo comprendido entre el 2 de febrero y el 30
de marzo de 2012; el 1605 de 2016, suscrito para el periodo comprendido entre
el 16 de marzo y el 30 de junio de 2016; el 2791 de 2016, suscrito para el periodo
comprendido entre el 22 de julio y el 31 de diciembre de 2016; y el 247 de 2017,
suscrito para el periodo comprendido entre el 20 de enero y el 3 de julio de 2017-
, únicamente se allegó copia del contrato 472 del 16 de enero de 2014. Así las
cosas, aunque la respuesta de la entidad dejaba constancia de que los
expedientes contractuales requeridos reposaban en el archivo de la Dirección de
Servicios Administrativos de la SED, la demandante no manifestó la necesidad
de insistir en su consecución después de que la entidad omitiera aportarlos. Ello
produjo que el proceso ingresara al despacho para fallo.
87. En ese sentido, los argumentos de la actora con el recurso extraordinario, antes
de soportar un verdadero recobro de documentos que ahora echa de menos o su
ocultamiento de parte de la entidad, en realidad busca reabrir el debate probatorio
propio del proceso ordinario.
88. Esto obedece a que en este caso no se configuró una imposibilidad absoluta para
acceder a los documentos aportados con el recurso extraordinario de revisión. Por
el contrario, es evidente que la demandante consideró que los elementos
probatorios recaudados hasta antes de la sentencia de segunda instancia eran
suficientes para que se adoptara una decisión de fondo. Solo con la expedición de
aquella, al evidenciar que, a juicio del tribunal, los certificados aportados no eran
suficientes para acreditar la prestación personal del servicio de los periodos
comprendidos entre 1203 de 2012, 1605 de 2016, 2791 de 2016 y 247 de 2017, la
demandante estimó que los contratos si eran esenciales para tomar una decisión
de fondo.
89. En consecuencia, lo que se advierte es que, en el fondo, lo que busca la
recurrente es que, a través de este medio excepcional, se reabra el trámite del
decreto, incorporación y valoración de las pruebas realizadas por el Tribunal en la
sentencia de segunda instancia.
90. Lo anterior es ajeno a este recurso extraordinario, pues, como se dejó sentado
en el marco jurídico precedente, este mecanismo es inidóneo para reabrir el
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Demandante: Yenny Erica Montero Chaves
decreto, recaudo, incorporación y valoración de las pruebas del proceso
ordinario. Tales actuaciones debieron surtirse en esa oportunidad, con la
diligencia y en interés de las partes, en garantía del principio de las cargas
procesales que corresponden a cada una de ellas para procurar que los objetivos
perseguidos —en este caso, por la parte actora, la prosperidad de las
pretensiones de la demanda— salieran avante.
91. Los anteriores motivos son suficientes para que la Subsección concluya que no
le asiste razón a la parta actora en sus motivos de reproche. Por consiguiente, lo
procedente es declarar infundado el recurso extraordinario de revisión promovido
en esta oportunidad.
3.7. Condena en costas
92. El inciso final del artículo 255 de la Ley 1437 de 2011 —modificado por el artículo
70 de la Ley 2080 de 2021— establece que «[si] se declara infundado el recurso,
se condenará en costas y perjuicios al recurrente».
93. Eneste contexto, y atendiendo a que el recurso extraordinario se declaró
infundado, es procedente la imposición de condenas por este concepto.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO. DECLARAR infundado el recurso extraordinario de revisión formulado
por la señora Yenny Erica Montero Chaves en contra de la sentencia de segunda
instancia proferida el 14 de diciembre de 2022, por Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, dentro del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 11001-33-35-018-2018-00379-
01.
SEGUNDO. CONDENAR en costas y agencias en derecho a la señora Yenny Erica
Montero Chaves a favor del Distrito de Bogotá – Secretaría de Educación Distrital,
conforme a lo indicado en esta providencia, las cuales se liquidarán por la secretaría
de esta Sección.
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TERCERO. RECONÓZCASE personería para actuar al abogado Ernesto Hurtado
Montilla conforme los documentos que reposan en el índice 23 del aplicativo SAMAI
como representante judicial de los intereses del Distrito de Bogotá – Secretaría de
Educación Distrital.
CUARTO. EFECTUAR las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica
para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
(Firmado electrónicamente)
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
CONSTANCIA. La presente providencia fue firmada electrónicamente por los consejeros de Estado, en la sede electrónica para la gestión
judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley y el
artículo 186 del CPACA.
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