Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2025-00198-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2025-00198-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2025-00198-00
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
22 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D.C., veintidós (22) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
Radicación: 11001-03-25-000-2025-00198-00 (1557-2025)
Demandante: María Amparo Tirado Pinzón
Demandada: Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.
Temas: Causal primera de revisión. Ausencia en la acreditación de
imposibilidad objetiva para aportar oportunamente la prueba
documental. Improcedencia del recurso extraordinario de revisión
como mecanismo para subsanar deficiencias probatorias de las
partes. Conocimiento previo de las inconsistencias probatorias.
DECLARA INFUNDADO.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
La Sala decide el recurso extraordinario de revisión interpuesto1 por la señora María
Amparo Tirado Pinzón contra la sentencia del veintiuno (21) de febrero de dos mil
veinticuatro (2024) proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca2, para
lo cual se invocó la causal del numeral 1 del artículo 250 del CPACA.
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
1. Que laboró para el Hospital Meissen hoy Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur E.S.E. desde el 6 de mayo de 2009 hasta el 31 de mayo de 2016, en el cargo
de auxiliar de enfermería y fue vinculada a través de contratos de prestación de
servicios, en forma personal, bajo la subordinación y dependencia de sus
superiores.
2. Que presentó reclamación administrativa solicitando el reconocimiento y pago de
prestaciones sociales por todo el tiempo laborado; no obstante, mediante Oficio
OJU-E-2157-2019 del 22 de abril de 2019, la Subred Integrada de Servicios de
Salud Sur E.S.E. negó dicha solicitud.
3. Que promovió el medio de control de nulidad y restablecimiento, con el propósito
de que se declarara la nulidad del acto antes mencionado y, a título de
restablecimiento del derecho, se ordenara el reconocimiento y pago de las
1 La presentación del recurso se efectuó el 10 de febrero de 2024 ante el Juzgado Décimo Administrativo de
Bogotá y fue remitido a esta Corporación mediante auto de 22 de mayo de 2025. Véase índice 00002 del
aplicativo SAMAI.
2 Decisión que confirmó el fallo de primera instancia emitido el 12 de julio de 2023 por el Juzgado Décimo
Administrativo de Bogotá dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado núm.
11001-33-35-010-2019-00311-00.
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diferencias salariales y prestacionales derivadas de los servicios prestados; la
indemnización por despido injusto; la indemnización prevista en el artículo 2 de la
Ley 244 de 1995; la indemnización contemplada en el parágrafo 1.º del artículo 29
de la Ley 789 de 2002; el pago retroactivo de aportes a caja de compensación
familiar; la indemnización establecida en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990; la
sanción moratoria por falta de pago oportuno prevista en la Ley 52 de 1975; así
como la indemnización de perjuicios morales.
4. Que el Juzgado Décimo Administrativo de Bogotá, mediante sentencia del 12 de
julio de 2023, accedió parcialmente a las pretensiones, declaró la nulidad del acto
acusado y reconoció la existencia de una relación laboral desde el 25 de agosto de
2009 hasta el 31 de mayo de 2016; decisión que fue apelada y modificada por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
SENTENCIA OBJETO DE REVISIÓN
5. El 21 de febrero de 20243, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca confirmó
parcialmente la sentencia de primera instancia, al encontrar la existencia de una
relación laboral encubierta, aunque limitó el reconocimiento y pago de prestaciones
sociales al periodo comprendido entre el 4 de enero de 2016 y el 31 de mayo de
2016, por prescripción.
6. Para sustentar dicha conclusión, expuso, en síntesis, los siguientes argumentos:
7. Que, si bien en primera instancia se declaró la existencia de la relación laboral
entre el 25 de agosto de 2009 y el 31 de mayo de 2016 —salvo el periodo
comprendido entre el 1.º de diciembre de 2015 y el 3 de enero de 2016, debido a
inconsistencias entre las certificaciones expedidas por la Directora Operativa de la
Dirección de Contratación y la Subdirectora Administrativa de la Subred Sur—,
respecto del lapso comprendido entre el 1.º de octubre y el 30 de noviembre de
2015 se valoró un informe de obligaciones y actividades suscrito por la demandante
para tener por acreditada la prestación personal del servicio, pese a que no obraban
en el expediente el contrato 1871 de 2015 ni sus prórrogas.
8. Afirmó que, aunque el proceso fue abierto a pruebas para que la Subred
Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. aportara la totalidad de los contratos,
junto con sus adiciones y prórrogas, y la entidad atendió dicho requerimiento, la
parte actora no manifestó inconformidad frente a la documentación allegada. En ese
contexto, concluyó que no existía claridad sobre la vinculación entre el 1.º de octubre
de 2015 y el 3 de enero de 2016, razón por la cual ese periodo debía excluirse del
reconocimiento.
9. Determinó que la demandante prestó sus servicios como auxiliar de enfermería
en el Hospital Meissen II Nivel E.S.E., hoy Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur E.S.E. en dos periodos: del 25 de agosto de 2009 al 30 de septiembre de 2015
3 Véase archivo digital «028SENTENCIA201900031101DESNATURALIZACIONAUXENFERMERIAPDF.pdf »,
visible en el índice 00002 de SAMAI.
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y del 4 de enero de 2016 al 31 de mayo de 2016. Durante ese tiempo encontró que
se presentaron interrupciones, a saber: (i) entre el 8 y el 13 de agosto de 2012
(finalización del contrato 92 de 2012 e inicio del contrato 1841 de 2012), por 2 días
hábiles, y (ii) entre el 30 de septiembre de 2015 y el 4 de enero de 2016 (finalización
del contrato O-1871 de 2015 e inicio del contrato O-275 de 2016), por 61 días
hábiles.
10. Concluyó que los contratos de prestación de servicios fueron desnaturalizados,
pues las funciones desarrolladas eran permanentes, propias del objeto misional de
la entidad y ejecutadas bajo subordinación, a cambio de pagos mensuales que
constituían la retribución directa del servicio.
11. Que las sucesivas contrataciones durante más de siete años evidenciaban la
intención del Hospital Meissen II Nivel E.S.E., hoy Subred Integrada de Servicios de
Salud Sur E.S.E., de vincular de manera permanente a la demandante, dada la
naturaleza inherente e indispensable de las funciones para la prestación del servicio
de salud, circunstancia que desdibujaba el carácter temporal y excepcional propio
de los contratos de prestación de servicios.
12. En relación con las labores ejecutadas, sostuvo que estas correspondían a las
propias del cargo de Auxiliar Área de la Salud (código 412, grado 17). Para ello,
revisó las bases de datos, el Manual de Funciones del Hospital Meissen II Nivel
E.S.E. y las Resoluciones 102 de 2008, 144 de 2010, 012 de 2012 y 169 de 2015,
verificando que dicho empleo existió entre 2009 y 2016 y que sus funciones
coincidían con las desarrolladas por la demandante.
13. Advirtió, además, que en los mismos contratos la entidad justificó la contratación
por prestación de servicios en la insuficiencia de personal de planta, pese a que,
conforme a la Ley 909 de 2004, debía adecuar su planta de personal e incorporar
los cargos requeridos de manera definitiva o temporal.
14. En cuanto a la subordinación, concluyó que la demandante desarrollaba
funciones propias del cargo de auxiliar de enfermería, tales como atención directa
a pacientes, realización de rondas, registro en historias clínicas, apoyo en
procedimientos médicos, manejo de insumos y control de equipos, entre otras
actividades asistenciales de carácter permanente.
15. Valoró los testimonios de los señores Flor Estela Parra Arias y Alirio Prada
Blanco, compañeros de trabajo de la demandante, quienes manifestaron conocer
de primera mano el desarrollo de sus funciones. Señaló que sus declaraciones
coincidían con el contenido de los contratos respecto de las labores desempeñadas
y frente al horario y control en la ejecución de estas.
16. Consideró acreditado que la demandante cumplía turnos definidos —de 7:00
p.m. a 7:00 a.m.— y estaba sometida a supervisión y control, careciendo de
autonomía e independencia, pues debía acatar instrucciones relacionadas con el
modo, tiempo y lugar de prestación del servicio, lo que evidenciaba la existencia de
una relación subordinada.
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17. Aplicó el término de prescripción trienal previsto en el Decreto 3135 de 1968 y
la regla fijada en la sentencia de unificación del 9 de septiembre de 2021, según la
cual una interrupción superior a 30 días hábiles entre contratos impide considerar la
existencia de una relación continua. En consecuencia, determinó que las acreencias
derivadas de los periodos comprendidos entre el 25 de agosto de 2009 y el 30 de
septiembre de 2015, y entre el 4 de enero y el 31 de mayo de 2016, se encontraban
prescritas, dado que la reclamación administrativa fue presentada el 5 de abril de
2019.
18. Precisó que la desnaturalización del contrato no confería a la demandante la
calidad de empleada pública, razón por la cual no podía acceder a la totalidad de
las condiciones salariales del personal de planta, sino únicamente al reconocimiento
compensatorio de las prestaciones ordinarias dejadas de percibir en condiciones de
igualdad, liquidadas con base en los honorarios pactados y limitadas al periodo
efectivamente acreditado mediante los contratos que sirvieron de fundamento para
declarar su desnaturalización.
19. Ordenó, además, ajustar los aportes al sistema pensional sobre el 100 % de los
honorarios percibidos, sin que tales sumas estuvieran sujetas a prescripción.
20. Negó el reconocimiento del subsidio familiar y de la dotación, por falta de prueba
de afiliación y por la improcedencia legal de compensar esta última en dinero ante
la inexistencia de un vínculo laboral vigente con la entidad, respectivamente.
RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
21. La señora María Amparo Tirado Pinzón interpuso recurso extraordinario de
revisión con fundamento en la causal primera del artículo 250 del CPACA.
22. Para sustentarlo, presentó los argumentos que pasan a exponerse:
23. Sostuvo que solicitó reiteradamente a la Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur E.S.E., mediante derechos de petición, copia de la totalidad de los contratos
suscritos con el Hospital Meissen II Nivel E.S.E., en especial el contrato O-2872 de
2015, el cual resultaba determinante para demostrar la continuidad del vínculo entre
el 1° de octubre y el 30 de noviembre de 2015.
24. Indicó que, pese a dichas solicitudes —presentadas desde el 5 de abril de 2019,
reiteradas en la demanda, en la audiencia inicial y nuevamente el 27 de diciembre
de 2024—, la entidad no suministró oportunamente la totalidad de la
documentación. Señaló que esta solo fue allegada con ocasión de otra petición
radicada el 22 de enero de 2025, mediante la cual obtuvo 438 folios. En
consecuencia, afirmó que la falta de aporte oportuno de esos documentos no le es
atribuible, máxime cuando su obtención se logró «a fuerza de ley», a través de un
contacto al interior de la entidad.
25. Afirmó que el contrato referido constituye una prueba decisiva, pues permitiría
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desvirtuar la interrupción superior a 30 días y, en consecuencia, modificar la
decisión sobre la prescripción del periodo comprendido entre el 25 de agosto de
2009 y el 3 de enero de 2016.
26. Por otro lado, adujo que el Tribunal no valoró integralmente el acervo probatorio
—certificación laboral, extractos bancarios, planillas de turno, aportes a seguridad
social, testimonios e interrogatorio de parte—, ni aplicó el principio de oficiosidad
para requerir las pruebas faltantes, lo que vulneró su derecho al debido proceso.
27. Invocó, además, el salvamento de voto que se presentó frente a la sentencia
del 2 de julio de 2021, en el que se resaltó la necesidad de valorar integralmente el
acervo probatorio aun ante la ausencia de algunos contratos. Con fundamento en
ello, sostuvo que las pruebas documentales y testimoniales debieron apreciarse de
manera conjunta —e incluso individualmente consideradas— para acreditar la
continuidad de la relación laboral desde el inicio de sus labores como auxiliar de
enfermería y otorgarles pleno mérito probatorio.
Contestación al recurso extraordinario de revisión
28. La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. 4 sostuvo que el Tribunal
adoptó la decisión con fundamento en una valoración amplia del material probatorio
obrante en el expediente, por lo que no es cierto que las pruebas no hubieran sido
debidamente consideradas.
29. Afirmó que no se configura la causal invocada, pues la entidad aportó la totalidad
del expediente administrativo de la demandante, incluyendo los contratos y
documentos pertinentes y la parte actora pretende reabrir un debate ya concluido y
subsanar la falta de diligencia en la actividad probatoria, pese a que durante el
proceso contó con plenas garantías y no cuestionó en su momento el acervo
probatorio.
Concepto del Ministerio Público
30. El Procurador Tercero Delegado ante esta Corporación rindió concepto5 en el que
solicitó declarar infundado el recurso, al considerar que la copia del derecho de
petición invocada en el recurso no constituye una prueba recuperada y que, en todo
caso, la recurrente no logró acreditar la configuración de fuerza mayor o caso fortuito,
sino a la falta de diligencia de quien debía aportarlo oportunamente, sin que dicha
omisión pueda subsanarse mediante este mecanismo.
31. Se decidirá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
32. Corresponde a la Sala determinar si procede la revisión de la sentencia emitida
el 21 de febrero de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
4 Véase índice 00018 de SAMAI.
5 Véase concepto 649- de 10 de noviembre de 2025 disponible en el índice 00017 de SAMAI.
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considerando la causal presentada por la recurrente.
33. Para el efecto, la Sala estudiará: i) Generalidades del recurso extraordinario de
revisión, ii) Causal de revisión invocada y iii) Caso concreto.
Generalidades del recurso extraordinario de revisión
34. El recurso extraordinario de revisión es un mecanismo procesal de control de
las decisiones que han hecho tránsito a cosa juzgada6. En términos del artículo 248
del CPACA:
«Artículo 248. El recurso extraordinario de revisión procede contra las
sentencias ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala
de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por los Tribunales
Administrativos y por los jueces administrativos».
35. El objetivo principal de esta vía extraordinaria es invalidar los efectos de una
sentencia ya ejecutoriada7. De acuerdo con las causales establecidas en el artículo
250 del CPACA, busca restaurar el principio de justicia material y la supremacía de
las garantías procesales cuando se constate que la decisión estuvo afectada por
alguno de los siguientes eventos:
i) Aparición de circunstancias desconocidas al momento de dictar el fallo, las cuales,
de haber sido conocidas, habrían llevado a una sentencia diferente8.
ii) Descubrimiento de hechos delictivos o fraudulentos que fueron determinantes en la
adopción de la sentencia que se pretende anular9.
iii) Existencia de nulidades originadas en la sentencia que puso fin al proceso y que
no podían ser objeto de recurso de apelación.
iv) Contradicciones de la sentencia con otra anterior que constituya cosa juzgada 10.
36. Si bien la revisión constituye una vía que afecta el principio de la inmutabilidad de
las sentencias ejecutoriadas y, por ende, es una excepción al principio de la cosa
juzgada, ello no implica que sea un mecanismo que habilite una tercera instancia para
discutir los problemas jurídicos debatidos en sede ordinaria, para plantear nuevas
interpretaciones del litigio, para corregir los yerros probatorios que cometieron las
partes o para subsanar aquellas situaciones que pudieron evitarse durante la gestión
del proceso que dio origen a la sentencia objeto de revisión.
6 El artículo 248 del CPACA señala: «El recurso extraordinario de revisión procede contra las sentencias
ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado, por los Tribunales Administrativos y por los jueces administrativos».
7 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 15
de marzo de 2018. Exp. 11001-03-25-000-2014-00862-00 (2668-2014). C.P. William Hernández Gómez.
8 Como la aparición de documentos esenciales que no pudieron ser aportados por fuerza mayor o caso fortuito,
la existencia de un tercero con mejor derecho que el beneficiado con la sentencia cuestionada o la desaparición,
al momento del reconocimiento, de las razones que justificaban que se hubiera decretado la prestación
periódica.
9 Como el hallazgo de documentos falsos o adulterados, peritajes fraudulentos, o la ocultación de documentos
relevantes por alguna de las partes. Esto incluye también la posible influencia de cohecho o violencia en la
emisión del fallo.
10 De acuerdo con la clasificación presentada en Garzón Martínez, Juan Carlos (2021). Proceso contencioso
administrativo. Fase escrita – Fase oral. 2° Edición. Grupo editorial Ibañez (2° Ed. pp. 612-613)
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37. En efecto, para que el juez pueda entrar a examinar la controversia materia del
recurso, es necesario que la causal invocada por el recurrente se encuentre
debidamente acreditada, pues como lo ha establecido la Sala Plena de esta
Corporación este mecanismo extraordinario procede por especiales circunstancias
consagradas taxativamente en la ley11.
Causal primera de revisión
38. El numeral 1.° del artículo 250 del CPACA establece como causal de revisión:
«1. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia
documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión
diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o
caso fortuito o por obra de la parte contraria.»
39. De modo que, para la adecuada invocación del referido motivo de revisión, se
debe plantear claramente de qué forma se estructuran los siguientes componentes
de la causal, a saber: i) que se recobre o encuentre una prueba documental; ii) que
esta sea decisiva para cambiar el sentido del fallo; iii) que el documento se hubiera
recobrado después de ejecutoriada la sentencia y iv) que esta no se hubiera
aportado por una causa extraña: fuerza mayor, caso fortuito u obra de la
contraparte.
40. En cuanto al carácter recobrado de la prueba, la jurisprudencia ha señalado
que se trata de aquella que, si bien existía con anterioridad al pronunciamiento
judicial objeto del recurso, se encontraba extraviada, perdida o inaccesible, y solo
pudo ser recuperada o rescatada con posterioridad a la sentencia12.
41. En este sentido, por regla general13, la configuración de esta causal no se
admite cuando la prueba en cuestión fue generada u obtenida con posterioridad al
fallo recurrido. Tampoco resulta procedente cuando el documento, aun siendo
anterior a la sentencia, pudo haber sido aportado oportunamente dentro del
proceso, pues este mecanismo de revisión no puede utilizarse para subsanar
omisiones, errores o actuaciones negligentes de las partes en el cumplimiento de
su carga probatoria.
42. Finalmente, se exige que el medio probatorio tenga una incidencia
determinante en el fallo, en la medida en que su consideración hubiera llevado al
juez a proferir una decisión sustancialmente distinta a la impugnada. Para ello, se
ha resaltado la necesidad de demostrar no solo la existencia y recobro del
11 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala Veintitrés Especial de Decisión.
Sentencia del 1 de octubre de 2019. C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera.
12 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala Octava Especial de Decisión.
Sentencia de 7 de julio de 2015. Exp. 11001-03-15-000-2008-01048-00 (REV). C.P. María Elizabeth García
González. En esta decisión se indicó: «[…] “recobrado”, es el documento que como tal existía antes del
pronunciamiento judicial objeto del recurso, pero estaba extraviado, perdido o refundido y solo pudo recuperarse
o rescatarse después de la sentencia».
13 Excepcionalmente esta Corporación ha admitido pruebas posteriores a la fecha de la decisión cuando son
decisivas y no tienen nada que ver con una desidia probatoria que pretenda subsanarse por la vía del recurso
extraordinario, como en el caso de las pruebas de ADN. v. gr. Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección
B. Sentencia del 29 de abril de 2015. Exp. 25000-23-26-000-1999-00319-01 (26239). C.P. Danilo Rojas
Betancourth.
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documento, sino también su estrecha relación con el objeto del litigio y su influencia
en la decisión adoptada14.
43. Cabe resaltar que los requisitos anteriormente mencionados son concurrentes,
de manera que la ausencia de cualquiera de ellos conlleva necesariamente a la
improcedencia de la causal primera de revisión.
44. Según lo expuesto, se procede a resolver la controversia a la luz de dichos
parámetros.
45. Caso concreto
46. La recurrente reprochó que la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur
E.S.E. omitiera aportar oportunamente la totalidad de los contratos suscritos con
ella, particularmente el contrato O-2872 de 2015, pese a las múltiples solicitudes
elevadas desde el año 2019 y reiteradas durante el trámite judicial.
47. Sostuvo que dicho documento, allegado solo en enero de 2025 como
consecuencia de la petición radicada ante la Subdirección de Talento Humano y el
Departamento Jurídico el 12 de diciembre de 2024, constituía una prueba decisiva
para acreditar la continuidad del vínculo laboral y desvirtuar la interrupción acogida
en la sentencia que dio lugar a la declaratoria de prescripción entre 4 de enero de
2016 al 31 de mayo de 2016.
48. También cuestionó que el Tribunal no hubiera valorado integralmente las demás
pruebas obrantes en el expediente —documentales, testimoniales y de seguridad
social— ni ejercido sus facultades oficiosas para recaudar los documentos faltantes,
con vulneración del debido proceso.
49. Verificada la actuación surtida dentro del proceso ordinario, la Sala destaca lo
siguiente:
• En la demanda, la parte actora solicitó oficiar al gerente de la entidad demandada,
al jefe de recursos humanos y a la división financiera, de presupuesto, tesorería o
pagaduría del Hospital Meissen II Nivel E.S.E., hoy Subred Integrada de Servicios
de Salud Sur E.S.E., para que remitieran, entre otros documentos «3. Todos los
contratos suscritos por la demandante MARÍA AMPARO TIRADO PINZÓN y el
HAOSPTAL MEISSEN II NIVEL E.S.E. hoy SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS
DE SALUD SUR E.S.E.»15.
14 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala Octava Especial de Decisión.
Sentencia de 2 de junio de 2015. Exp. 11001-03-15-000-2007-00879-00 (REV). C.P. María Elizabeth García
González.
15 Véase la carpeta «Cuaderno principal», archivo denominado «001ED_Expediente
Digi_01DEMANDAPDF.PDF», folios 39 y 40, disponible en el índice 00035 del sistema SAMAI, correspondiente
al archivo «49SEAGREGAALEX_11001333501020190031(.zip)».
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• Mediante auto del 19 de agosto de 202116, en el cual se resolvieron excepciones
y se fijó el litigio, se decretó la práctica de la prueba por oficio consistente en allegar
«(…) todos los contratos suscritos entre las partes»17.
• En cumplimiento de lo anterior, a través del Oficio JA10-21-S-00326 del 31 de
agosto de 2021 y posteriormente en audiencia de pruebas celebrada el 6 de octubre
de 2021, el Despacho dejó constancia de que los contratos no habían sido allegados
de manera integral, pues faltaban algunos correspondientes a las vigencias 2009,
2010, 2011, 2012, 2013 y 2015.
En dicha diligencia también se precisó que, mediante correo electrónico del 15 de
septiembre de 2021, la entidad había allegado una certificación suscrita por la
subdirectora administrativa y financiera, expedida el 22 de junio de 2016, en la que
se relacionaban los contratos celebrados entre las partes durante el período
comprendido entre el 6 de mayo de 2009 y el 31 de mayo de 2016.
Sin embargo, tras analizar dicho documento, observó inconsistencias y falencias,
razón por la cual decretó de oficio que la entidad accionada allegara una
certificación completa en la que se relacionaran todos y cada uno de los contratos
celebrados entre las partes durante dicho período, indicando de forma detallada la
fecha de inicio, terminación, valores de ejecución y eventuales adiciones o
modificaciones.
• Dicha decisión fue notificada a las partes por estrados y la parte demandante
únicamente intervino para precisar el alcance de otro oficio decretado.
• Posteriormente, la entidad allegó la respuesta identificada con el radicado CO-
FT-1222-202118, en la que indicó que, revisado el expediente contractual remitido
por el archivo central, se encontraron contratos de prestación de servicios
celebrados entre la E.S.E. y la señora María Amparo Tirado Pinzón, para la
anualidad 2015 expuso los siguientes19:
O-308 de 2015 AUXILIAR DE $1.127.015 02 de enero de 31 de enero de MEISSEN
ENFERMERIA 2015 2015 II NIVEL
E.S.E.
O-1094 de AUXILIAR DE $1.165.840 01 de febrero de 28 de febrero de MEISSEN
2015 ENFERMERIA 2015 2015 II NIVEL
E.S.E.
O-1871 de AUXILIAR DE $8.512.000 01 de marzo de 30 de septiembre MEISSEN
2015 ENFERMERIA 2015 de 2015 II NIVEL
E.S.E.
0-275 de 2015 AUXILIAR DE $6.080.000 04 de enero de 31 de mayo de MEISSEN
ENFERMERIA 2016 2016 II NIVEL
E.S.E.
16 Véase folio 4 del archivo digital denominado «005ED_Expediente Digi_05AUTOEXCEPCIONESPDF.PDF»,
ibid.
17 Para el efecto se profirió el oficio JA10-22-S-00129de 5 de mayo de 2021. Véase archivo «006ED_Expediente
Digi_06OFICIOPRUEBASPDF.PDF», ibid.
18 Archivo digital denominado «014ED_Expediente Digi_14RESPUESTAREQUERIMIENTOZIP.ZIP», sub
archivo «Relación contratos María Amparo Tirado Pinzón.pdf»
19 Dentro del documento también se incluyó información correspondiente a otras vigencias; sin embargo, aquí
solo se hace énfasis en el periodo relacionado con la prueba cuya recuperación se alega. Las negrillas son para
enfatizar y no pertenecen al texto original.
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• Más adelante, mediante auto del 7 de abril de 202220, el Juzgado reiteró el
requerimiento y ordenó nuevamente a la entidad allegar, dentro de los diez días
siguientes, una certificación donde se relacionaran los contratos celebrados entre
las partes entre el 6 de mayo de 2009 y el 31 de mayo de 2016, indicando
detalladamente las fechas de inicio y terminación, valores de ejecución y respectivas
adiciones.
• Mediante auto del 9 de junio de 202221, el Despacho corrió traslado de las
respuestas allegadas por la entidad, entre ellas: i) la certificación relacionada con
los contratos celebrados entre las partes; ii) el manual de funciones y competencias
laborales del cargo de auxiliar de enfermería o equivalente; y iii) la certificación
sobre emolumentos legales y extralegales percibidos por auxiliares de enfermería
entre 2009 y 2016, estos dos últimos igualmente decretados dentro del proceso.
• Frente a dicho traslado, la parte demandante22 únicamente se pronunció respecto
de la respuesta atinente al manual de funciones y competencias laborales,
manifestando su inconformidad con la afirmación de la entidad según la cual no
existía el cargo de «auxiliar de enfermería». Para el efecto, sostuvo que sí existía
un cargo equivalente denominado «auxiliar área de la salud» y allegó manuales de
funciones de los Hospitales Tunal, Meissen y de la Subred Integrada de Servicios
de Salud Sur E.S.E.
• Posteriormente, mediante auto del 30 de junio de 202223, el Juzgado señaló que
las pruebas allegadas por la entidad, obrantes en el documento digital «018.
RESPUESTA REQUERIMIENTO», se encontraban de acuerdo con lo solicitado y
resultaban suficientes para adoptar una decisión de fondo, razón por la cual ordenó
correr traslado para alegar de conclusión; decisión respecto de la cual no se
interpuso ningún recurso.
• En sentencia de primera instancia24, el Juzgado advirtió inconsistencias entre las
certificaciones expedidas por la entidad, particularmente frente al período
comprendido entre octubre y diciembre de 2015, debido a la ausencia del contrato
O-1871 de 2015 y sus prórrogas.
No obstante, consideró acreditada la continuidad de la prestación del servicio con
fundamento en otros elementos probatorios, como un informe de actividades
correspondiente al período comprendido entre el 1.º de octubre y el 30 de noviembre
de 2015, las declaraciones testimoniales y el interrogatorio de la demandante.
Con base en ello, declaró la existencia de una relación laboral desde el 25 de agosto
de 2009 hasta el 31 de mayo de 2016, salvo el lapso comprendido entre el 1.º de
diciembre de 2015 y el 3 de enero de 2016.
20 Véase archivo digital denominado «013ED_Expediente Digi_13AUTOREITERAPRUEBASPDF.PDF», ibid.
21 Véase archivo digital denominado «020ED_Expediente Digi_20AUTOTRASLADOPRUEBASPDF.PDF», ibid.
22 Véase archivo digital denominado «021ED_Expediente Digi_21RESPUESTATRASLADOPDF.PDF», ibid.
23 Véase archivo digital denominado «023ED_Expediente Digi_23AUTOTRASLADOALEGATOSPDF.PDF»,
ibid.
24 Véase archivo digital denominado «032ED_Expediente Digi_32SENTENCIAPDF.pdf», ibid.
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• Contra dicha decisión ambas partes interpusieron recurso de apelación. La parte
demandante25 solicitó modificar la sentencia para que: i) las prestaciones sociales
se liquidaran con base en el salario devengado por un trabajador de planta que
desempeñara funciones similares; ii) se reconocieran subsidios y beneficios de caja
de compensación; iii) se reconociera el pago del vestido de labor; y iv) se condenara
en costas y agencias en derecho a la entidad demandada.
También solicitó el decreto de pruebas en segunda instancia «(…) en la
eventualidad de no contar con los contratos de prestación de servicios adiciones y
prórrogas relacionadas en la certificación emitida por la entidad demandada y la
cual reposa dentro del expediente se ordene de manera oficiosa conforme al artículo
213 del CPACA, a la entidad para que los aporte puesto que el demandante no
cuenta con los mismos ya que no se le entregaba copia del mismo».
• Por su parte, la entidad demandada26 cuestionó la configuración de los elementos
propios de la relación laboral, particularmente la subordinación, exclusividad y
continuidad en la prestación del servicio.
• Mediante auto del 22 de septiembre de 202327, el Tribunal admitió los recursos y
señaló que, aunque las pruebas solicitadas en el trámite de la segunda instancia
habían sido oportunamente solicitadas y decretadas en primera, no fueron
debidamente recaudadas. Igualmente, advirtió que la certificación allegada por la
entidad no relacionaba contrato alguno para el período comprendido entre el 18 de
junio y el 1 de julio de 2013, razón por la cual decretó de oficio la remisión de la
totalidad de los contratos y, en especial, los correspondientes a dicho lapso. Contra
esa decisión no se interpuso recurso alguno.
• Posteriormente, mediante auto del 17 de noviembre de 2023 28, se indicó que la
entidad requerida había aportado los contratos de prestación de servicios
solicitados mediante el auto admisorio del recurso de apelación, y se corrió traslado
de dichos documentos a la parte demandante mediante fijación del 18 de enero de
2024, sin que esta formulara pronunciamiento alguno sobre el particular.
• Finalmente, en la sentencia de segunda instancia29 el Tribunal consideró que no
existía claridad sobre la vinculación de la demandante entre el 1.º de octubre de
2015 y el 3 de enero de 2016, debido a la ausencia de los contratos, adiciones y
prórrogas correspondientes a ese período, razón por la cual lo excluyó del
reconocimiento efectuado
50. Precisado lo anterior, la Sala advierte que, aunque desde la etapa probatoria
del proceso ordinario el juez de primera instancia puso de presente inconsistencias
y vacíos en la información contractual allegada por la entidad, la parte demandante
25 Véase archivo digital denominado «034ED_Expediente Digi_34APELACIONPDF.pdf», ibid.
26 Véase archivo digital denominado «035ED_Expediente Digi_35APELACIONDEMANDAPDF.pdf», ibid.
27 Véase carpeta denominada «040ED_MIGRACION_40CUADERNOTRIBUNALZI.zip», sub carpeta
«40CuadernoTribunal», archivo denominado «003_AUTOADMITIENDORECURSO.pdf, disponible en el índice
00035 del sistema SAMAI, correspondiente al archivo «49SEAGREGAALEX_11001333501020190031(.zip)».
28 Véase archivo digital denominado «020_AUTOTRASLADO.pdf», ibid.
29 Véase archivo digital «028SENTENCIA201900031101DESNATURALIZACIONAUXENFERMERIAPDF.pdf»,
ibid.
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no formuló reparos específicos respecto de la ausencia de determinados contratos
ni insistió en el recaudo puntual de los documentos que ahora considera decisivos.
51. En efecto, cuando el Juzgado prescindió del decreto de los documentos
contractuales y consideró suficientes las certificaciones aportadas sobre dichos
vínculos, la demandante no controvirtió esa decisión ni expresó inconformidad
específica respecto de la ausencia de contratos correspondientes al periodo
comprendido entre octubre de 2015 y enero de 2016.
52. De igual manera, aunque en segunda instancia la parte actora solicitó
nuevamente la práctica de pruebas para que se allegaran contratos, adiciones y
prórrogas pendientes, dicha petición se formuló de manera genérica, sin precisar
cuáles documentos faltaban ni advertir puntualmente sobre el contrato que ahora
invoca como determinante. Incluso, después de que el Tribunal decretó pruebas de
oficio y corrió traslado de la documentación remitida por la entidad, la recurrente
guardó silencio y no insistió en el recaudo del contrato aducido.
53. En ese contexto, la Sala observa que el recurso extraordinario no explica de
qué manera la entidad demandada habría desplegado una conducta deliberada
orientada a ocultar o retener el documento con el propósito de impedir su
incorporación al proceso o afectar el resultado de la controversia. Tampoco precisa
circunstancias constitutivas de fraude, maniobra dolosa o actuación maliciosa
imputable a la contraparte que hubieran imposibilitado, de manera objetiva e
insuperable, el recaudo oportuno de la prueba.
54. Por el contrario, la ausencia de determinados contratos fue advertida desde el
trámite ordinario, conocida por las partes y objeto de diversas actuaciones judiciales,
sin que la demandante agotara de manera específica y concreta los mecanismos
procesales a su alcance para insistir en el recaudo puntual del documento que ahora
invoca como decisivo.
55. Ello cobra especial relevancia si se tiene en cuenta que, aunque el juez de
primera instancia consideró acreditada la continuidad de la prestación del servicio a
partir de otros elementos probatorios —como informes de actividades, testimonios
e interrogatorio de parte—, la entidad demandada continuó cuestionando en la
apelación la acreditación de los elementos propios de la relación laboral. En
consecuencia, la relevancia de los contratos faltantes para la definición del litigio era
conocida desde el trámite ordinario y no surgió únicamente con posterioridad a la
sentencia cuestionada.
56. Además, de lo señalado por la misma recurrente el documento no provino de
un hecho externo, imprevisible e irresistible ni del descubrimiento posterior de un
acto de ocultamiento deliberado, sino de una respuesta institucional emitida por la
misma entidad accionada en ejercicio del derecho de petición formulado por la
interesada.
57. Para la Sala, el supuesto ocultamiento apenas es enunciado por la recurrente,
pero no se encuentra sustentado en actuaciones concretas que permitan adentrarse
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al análisis de una conducta fraudulenta o deliberadamente obstructiva atribuible a
la entidad demandada.
58. Así, el recurso extraordinario de revisión no puede convertirse en un mecanismo
orientado a complementar o reconstruir el acervo probatorio del proceso ordinario,
pues la teleología de la causal invocada no está dirigida a reabrir el debate
probatorio ni a subsanar deficiencias en la actividad procesal de las partes,
especialmente de quien tenía la carga de desvirtuar la presunción de legalidad del
acto acusado30.
59. Por otro lado, el reproche relacionado con la falta de decreto o práctica de
pruebas de oficio se encamina, en realidad, a cuestionar la valoración probatoria
realizada por el juez y las decisiones adoptadas en esa materia dentro del proceso
ordinario, aspectos ajenos a la naturaleza excepcional y restrictiva del recurso
extraordinario de revisión. De igual forma, dicho planteamiento no encuadra en la
causal primera de revisión prevista en el artículo 250 del CPACA, ni permite inferir
la existencia de una situación constitutiva de fuerza mayor, caso fortuito o maniobra
dolosa de la contraparte que hubiera impedido aportar oportunamente la prueba.
60. Por lo anterior, el recurso extraordinario de revisión será declarado infundado.
De la condena en costas
61. Con la Ley 2080 de 2021 se modificó el artículo 255 del CPACA respecto de la
condena en costas en el recurso extraordinario de revisión, en los siguientes
términos:
«ARTÍCULO 255. Vencido el período probatorio se dictará sentencia.
[…] Si se declara infundado el recurso, se condenará en costas y perjuicios al
recurrente».
62. En ese sentido, la Sala considera que es procedente la condena en costas toda
vez que se declaró infundado el recurso extraordinario de revisión.
63. Sin embargo, dado que esta disposición no aborda exhaustivamente la
regulación de la condena en costas, es necesario complementarla con lo establecido
en el CGP, el cual se aplica por remisión dispuesta en el artículo 188 del CPACA.
64. Según lo estipulado en el artículo 361 del CGP, las costas están integradas por
la totalidad de las expensas y gastos procesales, así como por las agencias en
derecho, y solo habrá lugar a su imposición de acuerdo con el artículo 365, numeral
8.º ibidem «cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de
su comprobación».
65. Observa la Sala, para lo que aquí interesa, que en el presente caso está
acreditada la comparecencia al proceso por parte de la Subred Integrada de
30 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Cuarta Especial de Decisión. Sentencia
del 12 de abril de 2021. Exp. 11001-03-15-000-2020-04067-00.
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Radicado: 11001-03-25-000-2025-00198-00 (1557-2025)
Servicios de Salud Sur E.S.E., a través de la defensa ejercida en el escrito de
contestación; actuación que por sí sola, constituye prueba suficiente para tener por
causadas las agencias en derecho, en tanto refleja la existencia de gastos inherentes
a la defensa judicial por parte de quien resultó vencedor en el litigio.
66. Para la fijación de agencias en derecho, el Despacho conductor del proceso
dictará un auto posterior, teniendo en cuenta la competencia asignada en el numeral
3 del artículo 366 del Código General del Proceso, una vez quede en firme la
sentencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión
interpuesto por la señora María Amparo Tirado Pinzón contra la sentencia del
veintiuno (21) de febrero de dos mil veinticuatro (2024) proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva
de esta providencia.
Segundo. CONDENAR en costas la señora María Amparo Tirado Pinzón a favor
de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., las cuales se liquidarán
por la Secretaría.
Tercero. Para la fijación de las agencias en derecho, por Secretaría INGRESAR el
expediente al despacho del magistrado ponente para lo de su competencia.
Cuarto. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente de nulidad y
restablecimiento del derecho al despacho de origen y HÁGANSE las anotaciones
pertinentes en el sistema informático SAMAI.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
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