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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2024-00135-00

Fecha
6 de noviembre de 2025
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2024-00135-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. DECLARAR INFUNDADA la acción de revisión interpuesta por la UGPP contra la sentencia del veintisiete (27) de marzo del año dos mil veintitrés (2023) proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Segundo. Sin condena en costas. Tercero. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente de nulidad y restablecimiento del derecho al despacho de origen y HÁGANSE las anotaciones pertinentes en el sistema informático SAMAI. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2024-00135-00

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

6 de noviembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D.C., seis (6) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN ART. 20 LEY 797 DE 2003
Radicación: 11001-03-25-000-2024-00135-00 (2425-2024)
Demandante: Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Demandado: Gabriel Jaramillo Garrido

Temas: Revisión de providencia judicial en la que se reconoce
prestación periódica a cargo del tesoro público. Causales a) y
b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003. Precedente vertical
vigente a la época de la emisión del fallo objeto de revisión.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide la acción especial de revisión que interpuso1 la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social (UGPP) en contra la sentencia del veintisiete (27) de marzo del
año dos mil veintitrés (2023) proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba2,
para lo cual invocó las causales contenidas en los literales a) y b) del artículo 20 de
la Ley 797 de 2003.

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

1. Que el señor Gabriel Jaramillo Garrido nació el 18 de enero de 1952 y laboró en el
departamento de Córdoba entre el 4 de agosto de 1975 y el 30 de mayo de 1983,
entre el 28 de febrero de 1990 y el 4 de mayo de 1998 y entre el 1.° de septiembre
de 2006 y el 19 de enero de 2022, siendo su último cargo el de profesor.

2. Mediante la Resolución RDP 046569 de 12 de diciembre de 2016, la UGPP le negó
el reconocimiento de la pensión gracia, al considerar que no cumplía los 20 años de
servicio exigidos, decisión que fue confirmada en la Resoluciones RDP 014462 de 6
de abril de 2017.

3. Que mediante Resolución RDP 009756 de 21 de marzo de 2019, se le negó el

1 La presentación de la acción se efectuó el 3 de marzo de 2024, de acuerdo con el registro que obra en el

índice 00003 de SAMAI.
2 Decisión que confirmó la proferida el 17 de agosto de 2022 por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito

Judicial de Montería que accedió a las pretensiones del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho. La Sala de decisión en dicha oportunidad estuvo integrada por los magistrados Diva Cabrales Solano,
Luis Eduardo Mesa Nieves y Pedro Olivella Solano.

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reconocimiento de la prestación, esta vez argumentando que para la época de
entrada en vigor de la Ley 91 de 1989, el docente no cumplió con los requisitos
establecidos para adquirir el derecho, decisión confirmada con la Resolución RDP
016598 de 30 de mayo de 2019.

4. Que ejerció el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, el cual
fue conocido por el Juzgado Tercero Administrativo de Montería, que mediante
sentencia del 17 de agosto de 2022 declaró la nulidad de los actos administrativos
demandados y ordenó el reconocimiento y pago de la pensión gracia, liquidada en el
75% del promedio de los factores salariales devengados durante el año anterior a la
adquisición del estatus pensional, con retroactividad desde el 5 de febrero de 2011 y
efectos fiscales a partir del 19 de noviembre de 2015, en aplicación de la prescripción
trienal.

5. El Tribunal Administrativo de Córdoba confirmó la decisión de primera instancia
al resolver el recurso de apelación interpuesto por la entidad. Dicha providencia
quedó ejecutoriada el 12 de abril del mismo año y fue cumplida mediante la
Resolución RDP 015857 del 15 de junio de 2023.

SENTENCIA OBJETO DE REVISIÓN

6. Mediante providencia del 27 de marzo de 2023, el Tribunal Administrativo de
Córdoba confirmó la decisión de primera instancia y reconoció al señor Gabriel
Jaramillo Garrido el derecho a la pensión gracia.

7. Para fundamentar su decisión, el Tribunal expuso los siguientes argumentos:

8. Que el actor nació el 18 de enero de 1952, por lo que cumplió 50 años el 18 de
enero de 2002 y encontró acreditada su honradez y buena conducta en el ejercicio
del cargo, al no registrarse sanciones disciplinarias ni inhabilidades vigentes, y con
base en la declaración juramentada rendida sobre los hechos, la cual no fue
desvirtuada.

9. Expuso que el Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional (FOPEP) certificó
que el señor Jaramillo Garrido no figura en nómina de pensionados ni recibió pagos
con cargo a la Nación, cumpliéndose así el requisito de no percibir otra pensión
nacional.

10. En cuanto al cumplimiento de los 20 años de servicios, el Tribunal valoró
distintos actos administrativos de nombramiento que acreditaron su trayectoria
docente. En primer lugar, el Decreto 00984 del 4 de agosto de 1975, suscrito por el
Gobernador del Departamento de Córdoba, por el cual fue nombrado profesor de
tiempo completo en el Colegio Departamental Benicio Agudelo de Tierralta, frente
al cual encontró que tomó posesión del cargo el 4 de septiembre de 1975, con
retroactividad al 1.º de agosto del mismo año, y se desempeñó hasta el 30 de mayo
de 1983, en una vinculación de carácter departamental.

11. Que, a través del Decreto 020 del 16 de febrero de 1990, suscrito por el alcalde

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de Tierralta, fue designado director de la Escuela 20 de Julio, cargo que ejerció
desde el 28 de febrero de 1990 hasta el 4 de mayo de 1998, financiado con recursos
propios del municipio, según certificación de la Alcaldía.

12. Que mediante el Decreto 00454 del 31 de agosto de 2006, expedido por el
gobernador de Córdoba, fue nombrado nuevamente como docente en el municipio
de Tierralta, desempeñándose en este cargo desde el 1.º de septiembre de 2006
hasta el 19 de enero de 2022 y conforme a los certificados laborales expedidos por
la Secretaría de Educación Departamental – FOMAG los días 29 de abril de 2016,
21 de abril de 2017, 4 de octubre de 2018 y 14 de marzo de 2022, su vinculación
fue de carácter departamental.

13. Con base en el análisis de las pruebas aportadas —actos de nombramiento,
actas de posesión y certificados de tiempo de servicio— concluyó que el señor
Jaramillo Garrido ocupó plazas docentes nacionalizadas y territoriales por más de
20 años, lo que permitían que fuera acreedor de la pensión gracia.

14. En cuanto a la fecha de adquisición del estatus pensional, precisó que, aunque
en primera instancia se había fijado el 5 de febrero de 2011, del cálculo efectuado
se desprendía que correspondía al 27 de enero de 2011, fecha en la cual completó
20 años de servicios. Sin embargo, al ser la entidad demandada la única apelante
y no poder hacerse más gravosa su situación, ni haberse interpuesto recurso por
parte del actor, dicha circunstancia no fue modificada.

ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN

15. La UGPP interpuso acción de revisión3, la cual sustentó con los siguientes
argumentos:

16. Que el reconocimiento de la pensión gracia se realizó con violación del debido
proceso, en tanto el fallo desconoció las disposiciones legales y jurisprudenciales
que regulan dicha prestación. A su juicio, se incurrió en error al fijar como fecha de
adquisición del estatus pensional el 5 de febrero de 2011, pese a que esta no se
ajusta a la realidad demostrada en el expediente.

17. Sostuvo que la decisión desconoció los presupuestos legales que determinan la
consolidación del estatus pensional, entendido como el momento en que concurren
los requisitos de edad y tiempo de servicio exigidos por la ley para causar el derecho
a una prestación, esto es, acreditar 20 años de servicio en la docencia oficial —con
vinculación nacionalizada, territorial o municipal— y 50 años.

18. Considera que la vulneración del debido proceso se configura en la medida en
que el fallo demandado se apartó del principio de legalidad, al desconocer los
presupuestos normativos que determinan la consolidación del estatus pensional de
quienes adquieren dicho derecho prestacional.

3 Véase índice 00003 de SAMAI, archivo digital denominado «2_DemandaWeb_Demanda(.pdf) NroActua 3».

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19. Afirmó que el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Montería, para
reconocer la pensión gracia, tuvo en cuenta los periodos laborados en el
Departamento de Córdoba comprendidos entre el 10 de septiembre de 1975 y el 30
de mayo de 1983, entre el 28 de febrero de 1990 y el 4 de mayo de 1998, y entre el
1.º de septiembre de 2006 y el 19 de enero de 2022. Con base en dichos periodos,
estableció como fecha de adquisición del estatus pensional el 5 de febrero de 2011.

20. Que, por su parte, la Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo de
Córdoba consideró los tiempos de servicio comprendidos entre el 1.º de septiembre
de 1975 y el 30 de mayo de 1983 en el Departamento de Córdoba, del 28 de febrero
de 1990 al 4 de mayo de 1998 en el Municipio de Tierralta, y del 1.º de septiembre
de 2006 al 19 de enero de 2022 nuevamente en el Departamento de Córdoba,
estimando que el estatus pensional se configuró el 27 de enero de 2011.

21. Manifiesta que, pese a ello, conforme a los documentos obrantes en el
expediente, los tiempos efectivos de servicio acreditados corresponden a los
periodos comprendidos entre el 4 de agosto de 1975 y el 30 de mayo de 1983, del
28 de febrero de 1990 al 4 de mayo de 1998, y del 1.º de septiembre de 2006 al 19
de enero de 2022, todos con vinculación al Departamento de Córdoba.

22. Considera que la diferencia entre las fechas consideradas por los operadores
judiciales (28 de agosto de 2010, 27 de enero de 2011 y 5 de febrero de 2011)
evidencia una vulneración al debido proceso por la aplicación indebida de los
preceptos legales que regulan la determinación del estatus pensional,
configurándose así la causal prevista en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de
2003.

23. Afirma que dicha indeterminación repercute en la liquidación del valor de la
pensión, pues el monto debe calcularse con base en los factores salariales
percibidos en el año anterior a la fecha real de adquisición del estatus. Al existir tres
fechas posibles, no se tiene certeza sobre el periodo a considerar, lo que podría
generar que el valor reconocido exceda lo debido conforme a la ley. En
consecuencia, el fallo impugnado no se ajusta a derecho, por cuanto la liquidación
se realizó con base en una fecha errónea que altera el cálculo de los promedios
salariales y, en consecuencia, la cuantía de la prestación reconocida.

24. Indicó que los valores pagados en exceso ascienden a $250.088.805,
correspondientes a mesadas reconocidas por un valor mensual de $1.955.956, para
lo cual allegó el respectivo cálculo.

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Contestación a la acción especial de revisión

25. La parte demandada4, pese a ser notificado en debida forma, guardó silencio.

Concepto del Ministerio Público

26. La Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado guardó silencio.

Se decidirá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

27. Corresponde a la Subsección determinar si se configuran las causales de
revisión invocadas por la entidad demandante; en particular, establecer si la
condena impuesta a la UGPP, relativa al pago de la pensión gracia a favor del señor
Gabriel Jaramillo Garrido, comportó el reconocimiento de un derecho con violación
del debido proceso y si dicho otorgamiento excedió los límites legalmente previstos,
al haberse determinado presuntamente de manera errónea la fecha de adquisición
del estatus pensional.

28. Para el efecto, la Sala hará referencia a: i) Generalidad de la acción especial de
revisión, ii) Causales de revisión invocadas; y iii) Caso concreto.

Generalidades de la acción especial de revisión

29. El artículo 20 de la Ley 797 del 29 de enero de 2003 habilitó al Gobierno para
que por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador
General de la Nación, así como las entidades que realizan el reconocimiento de
pensiones5 formulara la revisión de las providencias judiciales que imponen al
tesoro público o a fondos de naturaleza pública el cubrimiento de sumas periódicas
o pensiones de cualquier naturaleza.

30. Conviene precisar que, esta acción tal como el recurso extraordinario de revisión
tiende a invalidar los efectos jurídicos de una sentencia que ya se encuentra
ejecutoriada, por eso se presenta como una excepción al principio de la cosa
juzgada, y las causales para su procedencia están establecidas taxativamente en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

31. Aunque la acción de revisión contemplada el artículo 20 de la Ley 797 de 2003,
por expresa disposición legal se rige por el procedimiento establecido para el
recurso extraordinario de revisión, lo cierto es que al interior de la jurisdicción
contenciosa administrativa ha sido considerada como una acción especial6 por al

4 Véase índice 00026 del aplicativo SAMAI.
5 Corte Constitucional. Sentencia SU-427 de 2016. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
6 Para tales efectos la providencia del 27 de marzo de 2014, Exp. 11001-03-25-000-2012-00561-00 (2129-12),

C.P. Gerardo Arenas Monsalve, estableció que es claro que las particularidades de la «acción especial de
revisión” previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, le otorgan una entidad propia, que se refleja
principalmente en legitimación por activa que se concede al Gobierno Nacional y a los mecanismos de control

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menos tres razones: su finalidad, las causales para su procedencia y la calificación
de quien está habilitado para ejercer la acción.

30. En cuanto a su finalidad, esta Corporación ha señalado que consiste en dotar
«(...) a las entidades públicas pagadoras de pensiones y a los entes de control, de
una herramienta judicial para solicitar la corrección de los reconocimientos
pensionales que se encuadren en dichas causales (…)»7.

31. Frente a las causales para interponer el recurso se advierte que son aquellas
establecidas taxativamente en los artículos 250 del CPACA y 20 de la Ley 797 de
2003 y que solo aquellos sujetos indicados en el inciso primero de la norma pueden
ejercer la acción.

32. Luego, la intención para la que fue creada la norma fue contrarrestar los graves
casos de corrupción e impactos fiscales en el erario por los reconocimientos
pensionales, salvaguardando el equilibrio entre la prestación y su legalidad, además
de velar por la protección de los recursos limitados del tesoro, la liquidez, solvencia
y sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social, así como el principio de
universalidad que lo inspira8 y no la de reabrir un nuevo debate probatorio.

Causales de revisión contempladas en los literales a) y b) del artículo 20 de la
Ley 797 de 2003

33. La UGPP invocó como sustento de la acción de revisión las causales previstas
en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, los cuales disponen:

«a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido
proceso.
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de
acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente
aplicables».

34. En lo que respecta a la causal contenida en el literal a) del artículo 20 de la Ley
797 de 2003, esto es, cuando el reconocimiento de la prestación periódica a cargo
del tesoro público se haya obtenido con violación al debido proceso, debe resaltarse
que la Constitución Política en su artículo 29, prevé este derecho como fundamental,
encaminado a garantizar a la persona el respeto en todas las actuaciones que se
surten en los procesos judiciales o en trámites administrativos, con el propósito de
lograr la aplicación correcta de la justicia.

–Contraloría y Procuraduría- para promover la revisión, quienes eran terceros en el proceso ordinario cuya
revisión se permite, pero que se facultan para accionar con el objeto de proteger el patrimonio público, con el
fin de obtener la viabilidad financiera del sistema pensional […]».
7 Ibidem.
8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Cuarta Especial de Decisión. Sentencia

del 1° de agosto de 2017. Exp: 11001-03-15-000-2016-02022-00 (REV).

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35. Sobre el particular, tanto el Consejo de Estado9 como la Corte Constitucional10
son concordantes en el sentido de establecer que el derecho fundamental previsto
en el artículo 29 de la Constitución Política, comprende al menos tres elementos:

«i) El derecho al juez natural o funcionario competente; ii) El derecho a ser
juzgado según las formas de cada juicio o procedimiento, esto es, conforme con
las normas procesales dictadas para impulsar la actuación judicial o
administrativa; y iii) Las garantías de audiencia y defensa, que, desde luego,
incluyen el derecho a ofrecer y producir la prueba de descargo, la presunción
de inocencia, el derecho a la defensa técnica, el derecho a un proceso público
y sin dilaciones, el derecho a que se produzca una decisión motivada, el
derecho a impugnar la decisión y la garantía de non bis in idem»11.

36. Acerca de la causal consagrada en el literal b, relativa a la liquidación de la
pensión sobre una cuantía excesiva, se señala que la exposición de motivos del
proyecto de la Ley 797 de 2003, obedeció precisamente a la necesidad «[…] de
construir esquemas sociales solidarios, financieramente viables y sostenibles en el
tiempo, y, equitativos para todos los ciudadanos […]»12. De igual manera, se
advierte que se manifestó en dicha ocasión por parte del Gobierno Nacional y se
estudió por parte del Congreso de la República la conveniencia de establecer un
mecanismo para revisar las pensiones irregularmente otorgadas o por montos que
no establece la ley, con el fin de «[…] afrontar los graves casos de corrupción en
esta materia y evitar los grandes perjuicios que pueda sufrir la Nación. […]».

37. Nótese que el principal objetivo del artículo 20 ibidem está dirigido a reducir el
déficit fiscal y hacer del pensional un sistema factible en términos económicos que
permitiera la revisión, entre otras, de aquellas prestaciones periódicas cuya cuantía
exceda lo debido de acuerdo con las normas vigentes.

38. Según lo expuesto, se procede a resolver la controversia a la luz de dichos
parámetros.

Caso concreto

39. La entidad recurrente sostiene que la prestación reconocida en la sentencia se
obtuvo con violación del debido proceso, por cuanto se determinó erróneamente el
momento a partir del cual el señor Gabriel Jaramillo Garrido consolidó su estatus
pensional. Tal circunstancia —afirma— también generó que la cuantía de la pensión
gracia excediera lo legalmente debido.

40. Al revisar el expediente ordinario, se advierte lo siguiente:

• El Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Montería tuvo por

9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintidós Especial de Decisión,
Providencia del 5 de febrero de 2019. Exp. 11001-03-15-000-2018-01884-00 (REV). C.P: Alberto Yepes
Barreiro.
10 Corte Constitucional, Sentencias T-115 de 2018 y T-010 de 2017.
11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintidós Especial de Decisión,

Providencia del 5 de febrero de 2019. Exp. 11001-03-15-000-2018-01884-00 (REV). C.P. Alberto Yepes
Barreiro.
12 http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=7222 .

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acreditada la prestación de servicios del actor entre el 10 de septiembre de
1975, fecha en la que tomó posesión del cargo, y el 30 de mayo de 1983, como
docente nacionalizado, según nombramiento contenido en el Decreto 0964 del
4 de agosto de 1975, para un total de 7 años, 8 meses y 20 días.

Igualmente, dijo que se demostró su vinculación como director de escuela
mediante el Decreto 020 del 16 de febrero de 1990, hasta el 4 de mayo de
1998 conforme al Decreto 117 de la misma fecha, equivalente a 8 años, 2
meses y 6 días.

Finalmente, encontró acreditado que laboró como docente departamental a
partir del 31 de agosto de 2006, según el Decreto 454 de esa fecha, hasta el
19 de enero de 2022, es decir, 15 años, 4 meses y 18 días. Con base en lo
anterior, el despacho concluyó que los 20 años de servicio se consolidaron el
5 de febrero de 2011.

• Con ocasión del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante,
quien cuestionó el conteo de los 20 años de servicio, el Tribunal Administrativo
de Córdoba encontró probado que, por medio del Decreto 0984 del 4 de agosto
de 1975, el actor fue vinculado como docente de tiempo completo en el Colegio
Departamental Benicio Agudelo de Tierralta, tomando posesión el 4 de
septiembre de 1975, con retroactividad al 1.º de agosto de 1975, y laborando
hasta el 30 de mayo de 1983 (7 años, 8 meses y 29 días).

Que se desempeñó el cargo de director de la Escuela 20 de Julio desde el 28
de febrero de 1990, según acta de posesión, hasta el 4 de mayo de 1998 (8
años, 2 meses y 6 días); y como docente departamental en el municipio de
Tierralta, desde el 1.º de septiembre de 2006 hasta el 19 de enero de 2022,
(15 años, 4 meses y 18 días).

• La sentencia de segunda instancia quedó ejecutoriada el 12 de abril de 2023,
sin que se presentaran solicitudes de aclaración o corrección.

41. De lo anterior se desprende que la discusión sobre la fecha de consolidación del
estatus pensional tiene su origen en la determinación del inicio del primer periodo de
vinculación como docente nacionalizado, esto es, en el momento en que el actor
efectivamente comenzó a prestar el servicio para el cual fue nombrado mediante el
Decreto 0964 de 1975. En efecto, mientras el Juzgado fijó como fecha de inicio el 10
de septiembre de 1975, el Tribunal la estableció en el 1.º de agosto del mismo año.
Esta diferencia explica la disparidad en la fecha en que se consideró cumplido el
tiempo total de servicios. Según la UGPP, dicho periodo habría iniciado el 4 de
septiembre de 1975.

42. El origen, entonces, de la diferencia en la fecha en que se entendió consolidado
el derecho pensional radica en esa divergencia pues en los demás periodos existe
plena coincidencia tanto entre ellas como con la entidad. Con base en dicha
diferencia, la UGPP sostiene que el estatus pensional del actor se habría adquirido el
28 de agosto de 2010.

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43. En el contexto anterior, debe precisarse que, de acuerdo con los postulados de la
Ley 4.ª de 1966 y del Decreto 1743 de dicha anualidad, la prestación en comento
debe calcularse con base en el 75% del promedio de factores salariales percibidos
por el solicitante de manera mensual durante el último año de servicio, que en el caso
particular de la pensión gracia corresponde al año anterior al de la consolidación del
respectivo estatus jurídico que le permite al educador adquirir el derecho, toda vez
que no es procedente exigir la demostración del retiro definitivo de la labor oficial
como lo contempló el referido decreto, cuando en realidad por la naturaleza jurídica
especial que le es inherente, esta puede percibirse de manera simultánea con el
salario.

44. Esto se acompasa con los lineamientos jurisprudenciales trazados por
esta Corporación en sentencias como las siguientes, i) del 25 de enero de 2007,
radicado: 25000-23-25-000-2002-08879-01 (2748-05); ii) del 22 de marzo de 2018,
radicado: 25000-23-42-000-2014-03987-02 (1663-17); y iii) del 14 de agosto de 2020,
radicado: 15001-23-33-000-2014-00462-01 (1644-19), en las que frente al monto de
la referida prestación, se reitera de manera pacífica que: «la pensión gracia debe
liquidarse con base en los emolumentos devengados durante el año anterior a la
adquisición del estatus pensional».

45. En ese sentido, el hecho de que, según el demandante, la fecha de consolidación
del estatus pensional difiera de aquella que él considera correcta, no configura por sí
misma la causal prevista en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, toda
vez que no se advierte violación alguna al derecho al debido proceso. La sentencia
cuestionada se sustentó en la aplicación directa de las normas que regulan el
reconocimiento de la pensión gracia y en la verificación de los requisitos objetivos
exigidos por el ordenamiento jurídico —edad y tiempo de servicios—. La autoridad
judicial, con base en el acervo probatorio, se limitó a establecer cuál de dichos
requisitos se cumplió en último término y, a partir de ello, determinó el momento en
que se consolidó el derecho.

46. En efecto, el análisis efectuado por el fallador no implicó la creación de una regla
nueva ni la modificación de los supuestos legales aplicables, sino una interpretación
razonada de las pruebas que obraban en el proceso, encaminada a precisar el
momento en que el actor adquirió el estatus pensional conforme al marco normativo
vigente.

47. Ahora bien, si bien el Tribunal y el Juzgado discreparon en el conteo exacto de
los días de servicio, esta diferencia obedece a una divergencia interpretativa sobre la
fecha inicial de vinculación y no a un desconocimiento de los criterios legales o
jurisprudenciales aplicables. En ambos casos se aplicó el parámetro correcto:
verificar los requisitos y fijar la consolidación del derecho desde la satisfacción del
último de ellos, esto es, los veinte años de servicio.

48. De acuerdo con la jurisprudencia reiterada de la Sección Segunda de esta
Corporación «el derecho al disfrute de la pensión gracia se adquiere a partir de la
fecha del cumplimiento de los requisitos señalados en las normas especiales,
momento a partir del cual entra al haber de la persona, razón por la cual el derecho

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queda consolidado desde ese instante, lo que hace imposible tener en cuenta
factores devengados posteriormente, cuando el derecho ya está consolidado […]»13.

49. En consecuencia, no puede hablarse de violación al debido proceso ni de
desconocimiento del principio de legalidad, pues la providencia aplicó correctamente
el marco normativo y jurisprudencial al determinar la fecha de consolidación del
derecho con base en el cumplimiento del tiempo de servicio. La controversia se
reduce, entonces, a una diferencia en la apreciación del momento exacto en que se
alcanzó el requisito temporal, cuestión que, por sí sola, no puede dar lugar a la causal
de revisión del literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

50. En cuanto a la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003,
la Sala advierte que tampoco se configura en este caso, pues dicha hipótesis se
circunscribe a los eventos en los que «[…] la cuantía del derecho reconocido
excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva aplicable».

51. Esto significa que el exceso debe derivarse de un desconocimiento del marco
normativo que regula la prestación, y no de una diferencia en la interpretación de las
pruebas o del alcance temporal de los requisitos. En el presente asunto, la decisión
judicial se ajustó estrictamente a la ley, que fija la cuantía de la pensión gracia en el
75% del promedio de lo devengado durante el año anterior a la adquisición del
estatus. No sería la misma situación si el Tribunal hubiese reconocido un porcentaje
o ingreso base de liquidación distinto al previsto en la ley —por ejemplo, el 85% en
lugar del 75%, o con base en un año de servicios posterior a la adquisición del
estatus—, pero ello no ocurrió en el caso examinado.

52. Si bien la fecha de adquisición del estatus pensional incide en la determinación
del monto, el reparo formulado por la UGPP no evidencia un exceso en la cuantía
reconocida, sino una discrepancia en la valoración de las pruebas relativas al tiempo
de servicio. La diferencia alegada surge de la interpretación de los decretos de
nombramiento y actas de posesión, aspecto que pertenece al ámbito de la
apreciación judicial, y no al control de legalidad propio del recurso extraordinario de
revisión.

53. Debe recordarse que el recurso extraordinario de revisión no habilita a la
jurisdicción para reabrir el debate probatorio ni para cuestionar los criterios
interpretativos del juez natural, pues su finalidad se limita a verificar la existencia de
vicios graves de legalidad expresamente previstos por el legislador. Pretender
reexaminar la contabilización del tiempo de servicio equivaldría a atacar una
conclusión probatoria, lo que excede el marco objetivo de la causal del literal b) del
artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

13 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B sentencia de 2 de febrero de 2006. Exp. 3416-05, CP

Jesús María Lemus Bustamante. Consultar, igualmente: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A,
sentencia de 12 de febrero de 2009. Exp. 3067-05, CP Gustavo Eduardo Gómez Aranguren; Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 24 de marzo de 2011. Exp. 1374-09, CP Gerardo Arenas
Monsalve.

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54. En consecuencia, al no quedar demostrada la configuración de las causales de
revisión invocadas, se declarará infundada la acción.

Condena en costas

55. Dado que esta Sección14 ha señalado que la acción especial de revisión,
prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, busca la prevenir eventuales
detrimentos al Tesoro y la garantía de la sostenibilidad financiera del sistema
pensional, la Sala, con fundamento en el artículo 188 del CPACA, en adelante, se
abstendrá de imponer condena en costas cuando la actuación tenga por objeto
controvertir providencias judiciales para salvaguardar el interés público, como
ocurre en el presente asunto.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. DECLARAR INFUNDADA la acción de revisión interpuesta por la UGPP
contra la sentencia del veintisiete (27) de marzo del año dos mil veintitrés (2023)
proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba, de conformidad con lo expuesto
en la parte motiva de esta providencia.

Segundo. Sin condena en costas.

Tercero. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente de nulidad y
restablecimiento del derecho al despacho de origen y HÁGANSE las anotaciones
pertinentes en el sistema informático SAMAI.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUEGUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

14 Entre otras, véase: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección

A. Sentencia del 24 de junio de 2021. Exp. 11001-03-25-000-2018-00943-00. C.P. William Hernández Gómez.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 23
de junio de 2022. Exp. 11001-03-25-000-2019-00224-00. C.P. William Hernández Gómez. Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrat vo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 4 de agosto de 2022,
Exp. 11001-0325-000-2020-00026 CO (0026-2020). C.P. Gabriel Valbuena Hernández.

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