Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2024-00174-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2024-00174-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2024-00174-00
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
29 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALADE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA- SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., veintinueve (29) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-25-000-2024-00174-00 (2778-2024)
Accionante: Oscar Ricardo Colorado Barriga
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional
Temas: Causal 2.° del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011.
Presupuestos de configuración.
Decisión: Declarar infundado el recurso extraordinario.
I. ASUNTO
1. Se decide el recurso extraordinario de revisión consagrado en el artículo 248 y
siguientes de la Ley 1437 de 2011, presentado por el señor Oscar Ricardo Colorado
Barriga1 en contra de la sentencia del 24 de junio de 2022, proferida por el Tribunal
Administrativo Cundinamarca dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado 11001-33-35-016-2015-00125-01.
II. ANTECEDENTES DEL PROCESO ORDINARIO
Pretensiones. Con la demanda se solicitó la nulidad del Decreto nro. 780 del 22 de
abril de 2013 (sic), por medio del cual el Gobierno Nacional retiró del servicio activo
del Ejército Nacional al señor Oscar Ricardo Colorado Barriga, así como del oficio
del 14 de julio de 2014 que declaró improcedente el recurso de reposición
presentado en contra de la anterior decisión.
2. Como restablecimiento del derecho se exigió: i) el reintegro al cargo y grado que
corresponda al momento de la reincorporación; ii) el reconocimiento y pago
indexado de los salarios y prestaciones sociales dejadas de recibir y; iii) la
indemnización del daño moral causado con la decisión demandada.
3. Asimismo, se peticionó la condena en costas de la entidad accionada.
4. Hechos. Se señalaron como tales los siguientes:
5. El señor Oscar Ricardo Colorado Barriga permaneció vinculado con la entidad
demandada por más de 27 años, tiempo durante el cual recibió más de 237
felicitaciones, reconocimientos y condecoraciones por su excelente trayectoria
1 El escrito de revisión se radicó en la ventanilla virtual el 17 de mayo de 2024, tal como se evidencia en el
índice 03 de la plataforma SAMAI.
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militar. Además, adelantó varios cursos al interior de las fuerzas militares, entre los
que se destacan las especializaciones en Infantería, en Comando y Estado Mayor
Conjunto, en Seguridad y Defensa Nacional.
6. Dentro de los 3 años anteriores al retiro del servicio, el demandante se
desempeñó, en su orden, como comandante de la Brigada Móvil nro. 3.°, miembro
del Estado Mayor - Unidad Jefatura de Doctrina del Ejército Nacional y director de
la Dirección de Centros de Reclusión del Ejército Nacional.
7. Este último cargo lo entregó mediante Acta del 15 de mayo de 2013 al entrante
director de Centros de Reclusión del Ejército Nacional. En ese documento se
dejaron consignadas las capacidades -funciones- que le correspondía desempeñar
para la época.
8. El empleo como comandante de la Brigada Móvil nro. 3.° fue calificado de forma
sobresaliente por su superior jerárquico y durante su ejercicio se registraron a su
favor 3 felicitaciones, 1 anotación operacional por los resultados obtenidos y 2
conceptos positivos.
9. Sin embargo, a raíz de unas publicaciones que se hicieron en la revista “Semana”
y el diario “El Tiempo”, en las que se denunció la asignación por parte de altos
mandos militares de contratos millonarios, el14 de febrero de 2014 fue separado de
la función como comandante arriba señalada, cargo que entregó el día 27 siguiente.
10. Que en múltiples oportunidades intentó, sin éxito, conversar con el ministro de
Defensa Nacional pues, según afirmó, los altos mandos militares le informaron que
aquel dio la orden de desvincularlo del Ejército Nacional bajo la modalidad de
llamamiento a calificar servicios.
11. Que el 12 de mayo de esa anualidad le fue notificado el acto administrativo
demandado en el que precisamente se acudió a la aludida figura como instrumento
para retirarlo de la institución. Que el recurso de reposición incoado en contra de
esa determinación fue rechazado por improcedente.
12. Que el 22 de mayo siguiente el jefe de Desarrollo Humano del Ejército Nacional
certificó que el actor fue designado como director Regional de los Centros de
Reclusión Militar a través de la Resolución 0857 de 3 de junio de 2011, empleo que
siguió ejecutando después de la emisión de la Resolución 1215 de 28 de febrero de
2013. Que en ese documento se dejaron consignadas las funciones que aquél debía
ejecutar.
13. Posteriormente, y previó derecho de petición elevado por el accionante, se
corrigió el anterior documento frente a algunos cargos desempeñados y las fechas
de su ejercicio, las felicitaciones recibidas, la ausencia de notificación o
comunicación de la Resolución 1215 de 28 de febrero de 2013, entre otros.
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14. Normas violadas y concepto de violación. Si invocaron como infringidas las
siguientes disposiciones: artículos 13, 15, 21, 25, 29, 125, 209, 217 y 220 de la
Constitución Política; 3.° y 4.° de la Ley 489 de 1998; 24 y 25 de la Ley 1104 de
2006; 50, 51, 52, 53, 99, 100 y 103 del Decreto Ley 1790 de 2000 y 28 del Decreto
Ley 1799 de 2000.
15. Al exponer el concepto de violación, adujo que el acto sometido a juicio
desconoció las normas en que debió fundarse, especialmente las relacionadas con
el derecho al debido proceso pues, sin la existencia de una investigación en su
contra, se tuvieron por ciertos los hechos denunciados en los medios de
comunicación en los que no se mencionó su nombre ni su cargo como director de
la Dirección de los Centros de Reclusión Militar.
16. Sostuvo, además, que la facultad discrecional empleada con tales fines
desbordó sus propios límites, pues el actor fue desvinculado de la institución
castrense cuando hacía más de 9 meses que no se desempeñaba como director de
los Centros de Reclusión Militar. Lo anterior, en razón a que, según declaraciones
del ministro de Defensa Nacional, la forma de hacer frente al escándalo publicitado
en los medios de comunicación nacional era la desvinculación de 3 oficiales que se
desempeñaban como directores de los aludidos centros carcelarios.
17. Aseguró que la decisión demandada incurrió en falsa motivación pues, entre
otras cosas, afirmó que entre las funciones del demandante se encontraba el
cumplimiento de la Directiva Permanente 03 de 2011, la cual contuvo las
capacidades de los directores de los Establecimientos de Reclusión Militar y no la
del director de la Dirección de esos centros -cargo que efectivamente ejecutó el
accionante-, cuyas funciones están descritas en la Resolución 8541 de 14 de
diciembre de 2012.
18. Igualmente pregonó que la determinación cuestionada está impregnada de
desviación de poder, en tanto la potestad discrecional se empleó como instrumento
para hacer frente a las denuncias realizadas en los medios de comunicación, sin
prueba alguna que comprometiera la responsabilidad del actor en esos hechos,
amén de que con ello se buscó encubrir a los verdaderos responsables de esa
situación.
19. Sentencia de primera instancia. Es la proferida el 3 de octubre de 2016, a
través de la cual el Juzgado Cuarenta y Uno Administrativo del Circuito Judicial de
Bogotá negó las pretensiones de la demanda. Para ello:
20. Consideró que se cumplieron los requisitos exigidos por la ley (concepto previo
de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa para las Fuerzas Militares y el tiempo
de servicio) para que el demandante accediera a la asignación de retiro, por lo que
el acto demandado se ajustó a las normas en que debió fundarse.
21. Concluyó que las publicaciones de la prensa no guardaban conexidad con la
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desvinculación, ya que los reportajes cuestionaron las irregularidades presentadas
en temas contractuales, pero no directamente con los centros de reclusión militar.
22. Aseguró que las funciones del accionante no se limitaron a integrar el censo y
las estadísticas de la población carcelaria y asesorar a la jefatura de Desarrollo
Humano en la asignación de cupos, sino que el ex uniformado se ocupaba de revisar
la documentación, reglamentos y archivos en busca de orientar y mejorar el
desarrollo de las funciones penitenciarias y carcelarias del Ejército Nacional.
23. Aunque el director de cada centro se encargaba de cumplir con las directrices
impartidas, también lo es que contaban con la supervisión constante de la DICER,
lo que se ve reflejado en las múltiples visitas de seguimiento. Por tanto, si bien el
demandante refirió que no participaba de tales inspecciones, del informe de entrega
rendido se desprende que realizó más de 34 de ellas a los centros de reclusión.
24. Afirmó que por el nivel jerárquico y las competencias que materialmente ejerció,
era claro que debía responder ante el mando militar por esas tareas, lo que desvirtúa
la falsa motivación.
25. Adujo que las felicitaciones, condecoraciones y, en general, el buen desempeño
en el ejercicio de sus funciones no constituía un fuero de inamovilidad en el empleo.
26. Recurso de apelación. Inconforme con la anterior decisión, la abogada de la
parte demandante la recurrió en apelación. Para ello, alegó, en esencia, que el retiro
del oficial no tuvo por finalidad el mejoramiento del servicio, en tanto las pruebas
aportadas al expediente dieron cuenta de los vicios que permearon el acto
demandado, estos son, la falsa motivación, la desviación de poder y la infracción de
las normas en que debió fundarse.
27. Reiteró que se responsabilizó al actor por el incumplimiento de unas funciones
que no tenía asignadas, ya que las tareas que aparecen plasmadas en el Decreto
nro. 780 del 22 de abril de 2014 eran las de un director de un centro de reclusión
más no del director de la DICER.
28. Sentencia objeto de revisión. Es la dictada el 24 de junio de 2022, mediante
la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca confirmó la decisión de primera
instancia. En tal sentido:
29. Explicó que el acto administrativo de desvinculación se ajustó al ordenamiento
jurídico, por cuanto el actor contaba con más de 27 años de servicio y la decisión
estuvo precedida del concepto de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa para
las Fuerzas Militares.
30. Manifestó que, pese a que este acto no requería explicación, porque se
entendía emitido para mejorar el servicio, el mismo fue motivado en el
incumplimiento de las funciones propias de su cargo (director de la Dirección de
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Centros de Reclusión Militar).
31. De ese razonamiento no se podía inferir que la salida del uniformado tuvo que
ver con las publicaciones de la revista “Semana” y del periódico “El Tiempo”.
32. Precisó que las funciones señaladas en el acto administrativo enjuiciado
coincidían con las previstas en el oficio suscrito por el jefe de Desarrollo Humano
del Ejército Nacional, por lo que no existían las diferencias alegadas por el
recurrente.
33. Concluyó que las razones que fundamentaron el retiro del servicio se ajustaron
al ordenamiento jurídico, esto es, al cumplimiento de los requisitos para el
reconocimiento de la asignación de retiro.
34. Del recurso extraordinario de revisión.
35. La causal invocada. Para el recurrente, la sentencia de segunda instancia
dictada en el proceso ordinario incurrió en la causal de revisión contenida en el
numeral 2.° del artículo 250 de la Ley 1437 de 20112.
36. Fundamentos. Con tales fines, argumentó que:
37. Las funciones del director de la Dirección de Centros de Reclusión Militar
plasmadas en el Acta emitida por la Junta Asesora del Ministerio de Defensa para
las Fuerzas Militares fueron adulteradas.
38. Es imposible confundir a un director Nacional de la Dirección de Centros de
Reclusión Militar con un director de un Establecimiento Penitenciario y Carcelario y
más aún, equipararlo en funciones. Lo anterior sería tanto como afirmar que las
tareas del director del INPEC son las mismas que las del director de la cárcel “La
Modelo” de Bogotá.
39. Es claro que el Decreto nro. 780 del 2014 se basó en un Acta que adulteró las
funciones del director de la DICER, situación que fue desconocida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca cuando afirmó que las tareas contenidas en el acto
de retiro coincidían con las certificadas por el jefe de Desarrollo Humano del Ejército
Nacional en el oficio del 28 de enero de 2013.
40. Este documento de carácter permanente hace referencia a aspectos
relacionados con la organización, funciones, responsabilidades y competencia
disciplinaria de los centros de reclusión militar, pero no tenía nada que ver con las
capacidades del director de la DICER.
2 «ARTÍCULO 250. CAUSALES DE REVISIÓN. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de
2003, son causales de revisión:
[…]
2. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados [...]»
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41. Reiteró que no es cierto que las funciones del demandante estaban plasmadas
en la Directiva Permanente nro. 03 del 2011.
42. Pretensiones. El recurrente solicitó invalidar la providencia en revisión y, en
consecuencia, se emita el fallo que en derecho corresponda.
43. La intervención del Ministerio Público3. La procuradora segunda delegada
ante esta corporación solicitó declarar infundada la impugnación, al considerar que
no se configura la causal invocada por el recurrente.
III. CONSIDERACIONES
44. Competencia. Esta Subsección es competente para resolver este asunto, de
conformidad con lo establecido en el artículo 249 de la Ley 1437 de 2011 y en el
artículo 13 del Acuerdo 080 de 12 de marzo de 2019, reglamento interno de esta
corporación.
45. De la oportunidad para interponer el recurso. De conformidad con lo
señalado en el artículo 251 de la Ley 1437 de 2011, cuando el recurso se
fundamente en la causal de revisión prevista en los numeral 2.°, entre otras, podrá
presentarse «dentro del año siguiente a la ejecutoria de la respectiva sentencia».
46. En el presente caso, la sentencia impugnada fue proferida el 24 de junio de
2022 y notificada el día 18 de abril de 20234. Por tanto, como el recurso fue radicado
en la ventanilla virtual el 17 de abril de 20245, esto es, dentro del año siguiente a la
notificación de aquella -no a su ejecutoria que, por supuesto, se concretó en fecha
posterior, pero cuya constancia no fue aportada con el recurso-, se concluye que su
presentación se realizó dentro del término de ley.
47. Problema jurídico. De acuerdo con lo planteado en la impugnación,
corresponde a la Sala determinar si ¿La sentencia de 24 de junio de 2022, proferida
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca dentro del proceso ordinario arriba
referenciado, incurrió en la causal de revisión prevista en el numeral 2.° del artículo
250 del CPACA?
48. Para resolver ese interrogante, se reseñará: i) la naturaleza y objeto del recurso
extraordinario de revisión y; ii) el contenido y alcance de las causal 2.° del artículo
250 del CPACA.
49. Normas y jurisprudencia aplicables.
50. La naturaleza y objeto del recurso extraordinario de revisión. El artículo 248
de la Ley 1437 de 2011, establece lo siguiente:
3 Índice 21 de la plataforma SAMAI.
4 Folio 1001 del cuaderno principal del expediente físico.
5 Índice 03 de la plataforma SAMAI.
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«ARTÍCULO 248. PROCEDENCIA. El recurso extraordinario de revisión procede
contra las sentencias ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la
Salade lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por los Tribunales
Administrativos y por los jueces administrativos».
51. La jurisprudencia de esta corporación ha indicado que, por su naturaleza, el
recurso extraordinario de revisión es un medio judicial de impugnación que, por
excepción, no encuentra límites en el principio de inmutabilidad propio de las
sentencias que han adquirido la connotación de cosa juzgada. Lo anterior, en razón
a que puede ser dirigido en contra de las providencias ejecutoriadas proferidas por
cualquiera de las autoridades que integran la jurisdicción de lo contencioso
administrativo -jueces y tribunales administrativos, así como las subsecciones y
secciones de esta corporación-.
52. En cuanto a su objeto, se ha dicho que radica en obtener el restablecimiento de
la justicia material desconocida en la decisión cuestionada, a través de situaciones
externas que no pudieron ser ventiladas en el trámite del proceso ordinario, pero
que revisten tal gravedad que prohíjan la superación del principio de cosa juzgada.
En sentencia de 3 de marzo de 2020,6 la Sala Décima Especial de Revisión de este
Tribunal, expresó:
«[…] 2.2.1. Aspectos generales del recurso extraordinario de revisión.
43. El recurso extraordinario de revisión se encuentra regulado en el Título VI
Capítulo I el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo –Ley 1437 de 2011-, el cual ha sido definido por la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado como «un medio de impugnación
excepcional que permite revisar determinadas sentencias de la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo amparadas por la intangibilidad de la cosa juzgada e
infirmarlas ante la demostración inequívoca de ser decisiones injustas, por incurrir
en alguna de las causales que taxativamente consagra la ley».7
44. A través del citado medio de impugnación extraordinario es posible controvertir
las sentencias ejecutoriadas dictadas por las Secciones y Subsecciones de la
Salade lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, las proferidas en
cualquier instancia por los Tribunales Administrativos y por los Jueces
Administrativos cuya naturaleza permita la interposición del recurso. En
consecuencia, el recurso extraordinario de revisión, en cuanto a su naturaleza, es
considerado por la doctrina8 como un medio de impugnación con la virtud de afectar
de manera excepcional el principio de inmutabilidad de las sentencias que hacen
tránsito a cosa juzgada, pues con este se abre la posibilidad de controvertir un fallo
ejecutoriado, siempre que se configure alguno de los eventos consagrados en el
artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.9
6
Expediente No. 11001-03-15-000-2013-02008-00 (REV), Consejera Ponente Dra. Sandra Liset Ibarra Vélez.
7 Consejo de Estado, SalaPlena de lo Contencioso Administrativo, Consejero Ponente Dr. Alberto Yepes
Barreiro Sentencia de 30 de septiembre de 2014.
8
LOPEZ BLANCO, Hernán Fabio, Código General del Proceso – parte general, Bogotá, Edit. DUPRE, 2016,
Pág. 884.
9 «1. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados. // 2. Haberse recobrado
después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión
diferente, y que el recurrente no pudo aportar al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte
contraria. //3. Aparecer, después de dictada la sentencia a favor de una persona, otra con mayor derecho para
reclamar. // 4. No reunir la persona en cuyo favor se decretó una pensión periódica, al tiempo del reconocimiento,
la aptitud legal necesaria, o perder esa aptitud con posterioridad a la sentencia, o sobrevenir alguna de las
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45. Resulta imprescindible mencionar que el recurso extraordinario de revisión tiene
por objeto, procurar el restablecimiento de la justicia material de la decisión
controvertida, cuando quiera que esta ha sido afectada por situaciones exógenas
que no pudieron plantearse en el proceso correspondiente, pero que, a juicio del
legislador, revisten tal gravedad que autorizan desvirtuar el principio de la cosa
juzgada […]».10
53. Sin embargo, se destaca que este medio no fue diseñado para: i) reabrir el
debate propio de las instancias del proceso ordinario; ii) suplir las falencias
probatorias de las partes; iii) discutir los fundamentos jurídicos de las providencias;
iv) controvertir la actividad interpretativa del juez; v) corregir los errores por falta de
aplicación de las normas y/o su indebida adscripción al momento de resolver el caso
sometido a juicio.
54. De ahí que el legislador haya enlistado unas causales taxativas para la
procedencia del recurso y, además, que la jurisprudencia exija de quien recurre una
argumentación precisa, técnica y rigurosa que evidencie el nexo existente entre los
fundamentos y la causal alegada.11 En la sentencia que se viene citando, esta
corporación expresó:
«46. En ese sentido, el citado recurso no es una oportunidad para reabrir un debate
propio de las instancias, ni para suplir la deficiencia probatoria. Es decir, el recurso
extraordinario de revisión no puede servir para controvertir la actividad interpretativa
del juez12 o para corregir errores «in iudicando»13, sino que fue consagrado para
discutir y ventilar hechos procesales específicos que, o incidieron indebidamente en
la decisión mediante la cual se resolvió el litigio –como es el caso de los documentos
falsos o adulterados14-, o no pudieron ser tenidos en cuenta a pesar de ser
determinantes para la misma –como ocurre con las pruebas recobradas o la
aparición de una persona con mejor derecho15-, o fueron sobrevinientes a la decisión
y hacen que esta última carezca de razón de ser – como en el caso de la causal
causales legales para su pérdida. // 5. Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o
cohecho en el pronunciamiento de la sentencia. // 6. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al
proceso y contra la que no procede recurso de apelación.// 7. Haberse dictado la sentencia con base en
dictamen de peritos condenados penalmente por ilícitos cometidos en su expedición. // 8. Ser la sentencia
contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las partes del proceso en que aquella fue dictada.
Sin embargo, no habrá lugar a revisión si en el segundo proceso se propuso la excepción de cosa juzgada y
fue rechazada».
10 Cfr. SalaPlena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 20 de octubre de 2009, exp. 11001-03-15- 000-
2003-00133-00 (REV), C.P. Enrique Gil Botero y, recientemente, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de
29 de agosto de 2014, exp. 34016, C.P. Ramiro Pazos Guerrero.
11 Consejo de Estado, SalaPlena de lo Contencioso Administrativo, SalaCatorce Especial de Decisión, sentencia
de 13 de octubre de 2020, expediente No. 11001-03-15-000-2019-00119-00(REV), Consejero Ponente Dr.
Alberto Montaña Plata.
12 Cfr. SalaPlena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 1° de diciembre de 2010, exp. 11001-03-15-
000-2008-00480-00 (REV), C.P. Susana Buitrago Valencia.
13
En sentencia C- 998 de 2004, la Corte Constitucional sobre este concepto indicó lo siguiente: «(…) Los errores
in iudicando son entonces errores de derecho que se producen por falta de aplicación o aplicación indebida de
una norma sustancial o por interpretación errónea…».
14
Ver artículo 250 de la Ley 1437 de 2011. «2. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos
falsos o adulterados».
15 1. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales
se hubiera podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza
mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria.
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cuarta,16- o deben poder ser objeto de examen judicial –como cuando existe una
nulidad originada en la sentencia y esta no era objeto de recurso de apelación17-.
47. Por estas razones, es decir, por ser un recurso extraordinario cuya procedencia
está limitada a causales taxativamente enumeradas, quien lo ejerce tiene la
obligación elemental de indicar con precisión cuál es la invocada y, más allá de ese
formalismo, debe señalar con claridad y exactitud cuáles son los motivos y,
especialmente, los hechos que le sirven de fundamento y la configuran.
48. En ese orden, la técnica del recurso exige correspondencia entre los argumentos
en que se fundamenta y la causal alegada, de forma tal que no le es dable al
recurrente realizar esfuerzos dirigidos a atacar las motivaciones jurídicas o los
juicios de valor que soportaron la decisión adoptada en la sentencia recurrida ni
pretender subsanar o corregir errores u omisiones de la propia parte en el ejercicio
del derecho de contradicción y el agotamiento de los mecanismos ordinarios de
defensa, como si se tratara de una nueva instancia.
49. En otras palabras, el recurso extraordinario de revisión no da cabida a
cuestionamientos sobre el criterio con que el juez interpretó o aplicó la ley en la
sentencia, siendo riguroso en cuanto a su procedencia, pues se restringe a las
causales enlistadas. Por ello, en este escenario, la labor del juez no puede exceder
la demarcación impuesta por el recurrente al explicar la causal de revisión de la
sentencia, que deberá ser examinada dentro de un estricto y delimitado ámbito
interpretativo».18
55. El contenido y alcance de las causal 2.° del artículo 250 del CPACA. En lo
concerniente a la causal 2.° del artículo 250 del CPACA, consistente en «[h]aberse
dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados.», es
preciso mencionar que tiene por finalidad corregir decisiones judiciales
ejecutoriadas que hayan sido adoptadas con base en pruebas documentales falsas
o adulteradas, circunstancia que compromete de manera grave la justicia material
del fallo y justifica, de forma excepcional, la ruptura del principio de cosa juzgada.
56. De la jurisprudencia de esta corporación19 se desprende que la causal en cita
se configura únicamente cuando la sentencia objeto de revisión se apoya de manera
decisiva en un documento de esa naturaleza. En ese sentido, se ha precisado que
la inconformidad del recurrente no puede limitarse a una divergencia interpretativa
16 4. Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho en el pronunciamiento de la
sentencia.
17
5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de
apelación.
18 Así se desprende de las normas que lo consagran y lo ha desarrollado esta corporación en varios
pronunciamientos de los que cabe destacar: Al respecto, la SalaPlena de esta corporación, en sentencia de 27
de enero de 2004. Rd. (REV) 2003-0631. M.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta, precisó que: «… no constituye
una nueva instancia, razón por la cual no es admisible en él la continuación del debate probatorio o sobre el
fondo del asunto, debiendo circunscribirse únicamente a las precisas causales señaladas en la ley, cuyo examen
y aplicación obedecen a un estricto y delimitado ámbito interpretativo. (....)». En ese mismo sentido, en sentencia
de 11 de octubre de 2005. Rad. (REV) 2003-0794. M.P. Ligia López Díaz, se manifestó que con el recurso
extraordinario especial de revisión «(...) No se trata de controvertir el juicio de valoración propio del juzgamiento,
ni es otra instancia que permita a las partes adicionar o mejorar las pruebas y los argumentos ya expuestos y
debatidos en las etapas anteriores del proceso, puesto que ello equivaldría a convertir el recurso especial de
revisión en un juicio contra el fondo de la sentencia, discutiendo nuevamente los hechos ya dilucidados con
fuerza de cosa juzgada (...)».
19 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Novena Especial de Decisión,
sentencia del 18 de diciembre de 2020, Rad. 11001-03-15-000-2018-00164-00 (REV), C.P. Gabriel Valbuena
Hernández; en igual sentido, Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 27 de abril de
2017, Rad. 05001-23-31-000-2002-00575-01 (0389-2012), C.P. William Hernández Gómez.
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o valorativa sobre el contenido del medio de prueba, pues, el recurso extraordinario
de revisión no fue concebido para reabrir el debate probatorio ni para corregir
errores de juicio.
57. En ese orden, la falsedad o adulteración del documento debe recaer sobre su
contenido o autenticidad, y no sobre la interpretación jurídica que de él haya
efectuado el juez, dado que este último aspecto pertenece al ámbito de la valoración
probatoria y de la función jurisdiccional propia de las instancias.
58. Igualmente, se advierte que no todo documento que resulte desfavorable a los
intereses de la parte recurrente puede ser calificado como falso o adulterado, ya
que, admitir lo contrario implicaría desnaturalizar la causal y convertir el recurso
extraordinario de revisión en un instrumento para corregir presuntos errores de juicio
o de derecho.20
59. Así mismo, la jurisprudencia ha indicado que la configuración de esta causal no
depende, necesariamente, de la existencia de un pronunciamiento previo de la
jurisdicción penal, sin perjuicio de que la falsedad o adulteración alegada deba ser
debidamente acreditada dentro del trámite del recurso, mediante elementos
objetivos que permitan constatar la irregularidad sustancial del documento.
60. En consecuencia, la causal en estudio solo se configura cuando la sentencia
objeto de revisión se apoya de manera decisiva en un documento cuya falsedad o
adulteración resulte demostrada, y no cuando la inconformidad del recurrente se
circunscribe a la manera en que dicho medio de prueba fue valorado o apreciado
por el juez.
61. Pues bien, conforme con lo analizado, la Sala resolverá el problema jurídico
planteado en precedencia.
62. Caso concreto - interrogante único: ¿La sentencia de 24 de junio de 2022,
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca dentro del proceso
ordinario arriba referenciado, incurrió en la causal de revisión prevista en el numeral
2.° del artículo 250 del CPACA?
63. La Sala declarará infundado el recurso de marras, por las siguientes razones:
64. El recurrente alegó que parte de la motivación contenida en el Decreto 780 de
22 de abril de 2014 se basó en una información falsa y/o adulterada depositada en
el Acta nro. 02 de 26 de febrero de 2014, a través de la cual la Junta Asesora del
Ministerio de Defensa para las Fuerzas Militares recomendó su desvinculación bajo
la modalidad de llamamiento a calificar servicios.
20 Consejo de Estado – Sala Plena de lo Contencioso Administrativo – Sala Catorce Especial de Decisión,
sentencia del 13 de octubre de 2020, Radicación 11001-03-15-000-2019-00119-00(REV), ponente Alberto
Montaña Plata.
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65. En efecto, destacó que al señalar las actividades que debió ejecutar como
director de la Dirección de Centros de Reclusión Militar, se le endilgó la relacionada
con el cumplimiento de la Directiva Permanente 03 de 2011, labor que no estaba
enlistada dentro de las funciones certificadas por la institución militar.
66. Para mayor claridad de lo expresado, en el acto administrativo demandado se
puede21 leer lo siguiente:
«[…] Que en este caso particular el señor Coronel OSCAR RICARDO COLORADO
BARRIGA…tiene más de 18 años de servicio.
Que el señor Coronel OSCAR RICARDO COLORADO BARRIGA desempeñó el
cargo de director de Centros de Reclusión Militar, según el nombramiento
realizado mediante Resolución Ministerial No. 1215 del 28 de febrero de 2013, cuya
función es el cumplimiento de la Directiva Permanente No. 03 de 2011, que
entre otras directrices es el cumplimiento por parte del personal orgánico de los
establecimiento y centros de reclusión militar, de las funciones y obligaciones
relacionadas con la seguridad, control y custodia del personal del Ejercito Nacional
privado de la libertad. (El énfasis es nuestro)
Que como Director de Centros de Reclusión, tiene dentro de sus funciones
responder ante el mando militar, por el funcionamiento de estos en sus aspectos
administrativos, legales, disciplinarios y de seguridad. Responder ante los
superiores jerárquicos, los entes de control del Estado por el cumplimiento del
reglamento interno de los centros de reclusión militar, y las normas relacionadas con
el correcto manejo de los mismos.
Que el señor Oficial en ejercicio de las funciones que le eran inherentes y el servicio
desarrollado por el mismo no alcanzó los estándares de eficacia y efectividad dada
la naturaleza de su cargo lo que representa una grave afectación de la disciplina en
los Centros Carcelarios y la imagen institucional.
Que el señor oficial ante el compromiso que le era inherente no se comportó con el
debido cuidado que debía realizar dada su calidad de persona con un cargo
directivo, al no implementar controles debidos que permitieran mitigar un riesgo por
el incumplimiento de las normas penitenciarias y carcelarias.
Que para el Gobierno Nacional, tiene prioridad especial el control del personal
privado de la libertad por orden de autoridad competente, en los Centros de
Reclusión Militares, y estas fallas afectaron en forma directa el cumplimiento de la
misión y objetivos que se tienen dentro de la institución militar.
[…]
Que para el ejercicio de la facultad de llamamiento a calificar servicios, según el
Estatuto Especial de Carrera, se requiere que el servidor público cumpla con los
requisitos para tener derecho a una asignación de retiro, circunstancia que se
encuentra acreditada en el caso del señor coronel COLORADO BARRIGA OSCAR
RICARDO.
Que en criterio del Gobierno Nacional, apoyado por el mando institucional, se
considera necesario ejercer la facultad de llamamiento a calificar servicios, respecto
al citado señor oficial, quien pertenece a la jerarquía de Oficiales Superiores, sobre
21 Folios 303 a 306 del cuaderno nro. 2 del expediente físico.
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la base de resultado en su gestión como director de los Centros de Reclusión Militar
[…]»
67. Pues bien, para la Subsección, a través del recurso la parte actora no discutió
la autenticidad de un documento, sino que, por el contrario, cuestionó la motivación
que, con base en la información del Acta 02 de 26 de febrero de 2014, fue
depositada en la decisión administrativa demandada y, de contera, la resolución que
el tribunal impartió sobre el cargo de falsa motivación.
68. En tal sentido, es claro que el citado reproche, antes que ajustarse a la causal
de revisión invocada -porque no refleja la existencia de un documento falso o
adulterado-, encubre y reitera el vicio de “falsa motivación” formulado en la
demanda; cargo de nulidad que fue debidamente analizado y resuelto por las
autoridades judiciales de primera y segunda instancia.
69. Por lo que sigue, no es suficiente que el interesado señale que la sentencia
recurrida se fundamentó en un documento falso o adulterado para abrir paso a la
revisión, sino que, además, demuestre la existencia de esa irregularidad y su
incidencia en la decisión judicial.
70. En el presente caso, el recurso, bajo el ropaje de la existencia de un documento
adulterado, refleja la inconformidad del actor con las razones que el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca expuso para confirmar la sentencia de primera
instancia, motivos dentro de los cuales se encontraba aquel que permitió validar la
ausencia de la falsa motivación alegada en el proceso.
71. Aunque la anterior consideración es suficiente para declarar la improcedencia
del recurso extraordinario de revisión, pues se insiste que este instrumento no
puede ser empleado para discutir la actividad interpretativa de los jueces, la
Subsección destaca que:
• El censor no demostró que la Directiva Permanente 03 de 2011 -documento
sobre el cual cimentó su discordia- fuera falsa, pues en el expediente quedó
acreditada su existencia y en ningún momento del trámite del proceso
ordinario se cuestionó su validez y autenticidad.
• Si en gracia de discusión se aceptara la adulteración de ese documento, la
parte activa no señaló cuál fue la incidencia que este tuvo en la sentencia
recurrida.
• En efecto, en la providencia reprochada el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca ratificó la legalidad del acto demandado, al pregonar que se
sujetó a los requisitos esenciales de su emisión, relacionados con: i) el
cumplimiento por parte de su destinatario de los requisitos para acceder a la
asignación de retiro y; ii) el concepto previo de la Junta Asesora del Ministerio
de Defensa nacional para las Fuerzas Militares.
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• Por tanto, como el retiro del servicio se ajustó a los parámetros establecidos
en los artículos 99 y 103 del Decreto Ley 1790 de 2000, son inanes las
consideraciones relacionadas con la falsedad alegada pero no demostrada
por el impugnante.
72. En línea con lo expresado, y en atención a que los reparos del accionante no
se ajustan a la causal de revisión invocada, la Sala declarará infundado el recurso
extraordinario de revisión.
73. Condena en costas. El inciso final del artículo 255 del CPACA -modificado por
el artículo 70 de la Ley 2080 de 2021- establece que «[si] se declara infundado el
recurso, se condenará en costas y perjuicios al recurrente».
74. Ante la falta de regulación expresa sobre la materia, se hace necesario acudir
al Código General del Proceso, disposición que en su artículo 365 estableció las
reglas para imponer condena en costas, así:
«Artículo 365. Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones
posteriores a aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a
las siguientes reglas:
1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o
revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este
código.
[…].
8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y
en la medida de su comprobación.»
75. En ese sentido, y aunque en el presente caso se declarará infundado el recurso,
no es procedente la imposición de condenas por este concepto, en atención a que
el Ejército Nacional no intervino en este trámite.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Salade lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO. DECLARAR infundado el recurso extraordinario de revisión formulado
por el señor Oscar Ricardo Colorado Barriga en contra de la sentencia de segunda
instancia proferida el 24 de junio de 2022 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado 11001-33-35-016-2015-00125-01.
SEGUNDO. No condenar en costas al recurrente, conforme a lo indicado en esta
providencia.
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TERCERO. EFECTUAR las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica
para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
(Firmado electrónicamente)
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los consejeros de Estado, en la sede electrónica
para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta,
de conformidad con la ley y el artículo 186 del CPACA.
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