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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2024-00236-00

Fecha
3 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2024-00236-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión interpuesto por el señor Edwin Romero Rodríguez contra la sentencia proferida el 19 de octubre de 2023 por el Tribunal Administrativo de Santander, dentro del proceso ejecutivo radicado 68001-33-33-013-2014-00036-02. SEGUNDO. NO CONDENAR en costas al señor Edwin Romero Rodríguez, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las anotaciones correspondientes.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2024-00236-00

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

3 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá D.C., tres (03) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Referencia : Recurso extraordinario de revisión – Ley 1437 de 2011
Radicación : 11001-03-25-000-2024-00236-00 (3195-2024)
Demandante : Edwin Romero Rodríguez
Demandada : Nación (Ministerio de Defensa – Policía Nacional)
Tema : Causal de revisión artículo 250-2 y 5 de la Ley 1437 de 2011
Decisión : Declara infundado el recurso extraordinario de revisión. No se
configuraron las causales previstas en los numerales 2 y 5 del
artículo 250 de la Ley 1437 de 2011 porque la sentencia recurrida
no se dictó con fundamento determinante en un documento falso
y tampoco se acreditó una nulidad originada en la providencia por
vulneración del debido proceso o del principio de congruencia.

La Sala decide el recurso extraordinario de revisión interpuesto por Edwin Romero
Rodríguez contra la sentencia proferida el 19 de octubre de 2023 por el Tribunal
Administrativo de Santander.

I. ANTECEDENTES

Proceso ordinario1

1. El señor Edwin Romero Rodríguez presentó proceso ejecutivo2 contra la Nación
(Ministerio de Defensa - Policía Nacional) derivado de la sentencia proferida el 18 de
agosto de 2011 por el Juzgado Trece Administrativo del Circuito de Bucaramanga,
confirmada el 19 de octubre de 2012 por el Tribunal Administrativo de Santander,
mediante la cual se ordenó su reintegro al cargo de patrullero de la Policía Nacional y el
pago de los salarios y prestaciones dejados de percibir desde su retiro y hasta cuando se
produjera efectivamente aquel. Eso último es derivado del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 2006-00130-01.

2. En la demanda ejecutiva solicitó que se librara mandamiento de pago por los
salarios, bonificaciones, subsidios, primas, ajustes a las cesantías e incrementos
salariales causados desde el 12 de noviembre de 2009 y hasta que se produjera su
reintegro, así como por las sumas que continuaran causándose y por las costas del

1
Archivo «5ED_RECURSOEXTRAORDINARI(.zip).zip» que se encuentra en el índice 2 de SAMAI del Consejo de
Estado.
2
Identificado con número de radicado 68001-33-33-013-2014-00036-00/01/02.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-25-000-2024-00236-00 (3195-2024)
Demandante: Edwin Romero Rodríguez

proceso. También pidió que se ordenara su reintegro al servicio activo de la Policía
Nacional en el cargo de patrullero, en cumplimiento de la sentencia judicial.

3. Como fundamento de sus pretensiones expuso que, aunque la Policía Nacional
expidió la Resolución 03806 del 30 de septiembre de 20133 para dar cumplimiento al fallo
judicial de la sentencia de nulidad y restablecimiento del derecho, lo hizo solo de manera
parcial, pues limitó el reintegro y el pago de acreencias al período comprendido entre el
14 de julio de 2006 y el 11 de noviembre de 2009, con apoyo en la Resolución 03437 del
30 de octubre de 20094, por medio de la cual se registró en su hoja de vida la sanción
disciplinaria de destitución e inhabilidad general para ejercer cargos públicos por 15 años.
Sostuvo que esa última resolución solo fue conocida el 1 de octubre de 2013, cuando se
le notificó la Resolución 03806, y no el 11 de noviembre de 2009, como lo afirmó la
entidad.

4. El ejecutante alegó, además, que la firma puesta en la diligencia de notificación
personal de la Resolución 03437, supuestamente surtida el 11 de noviembre de 2009, no
correspondía a la suya. Por esa razón formuló denuncia penal por falsedad material en
documento público. En ese sentido, en el proceso ejecutivo el Juzgado ofició a la Fiscalía
General de la Nación para que remitiera información sobre esa actuación y allegara el
dictamen pericial correspondiente. La Fiscalía aportó informe grafológico, en el que
concluyó que la rúbrica cuestionada correspondía a una imitación, era apócrifa y no era
posible determinar su autoría.

5. No obstante, mediante sentencia proferida en audiencia del 8 de julio de 20215, el
Juzgado Trece Administrativo del Circuito de Bucaramanga declaró probada la excepción
de pago propuesta por la entidad ejecutada y dio por terminado el proceso, dado que la
entidad ejecutada había expedido los actos administrativos por medio de los cuales dio
cumplimiento al fallo judicial y ordenó el pago de las acreencias laborales hasta el 11 de
noviembre de 2009; además, estimó que tanto la Resolución 03806 del 30 de septiembre
de 2013 como los actos disciplinarios que impedían el reintegro eran susceptibles de
control por el medio de nulidad y restablecimiento del derecho, de manera que no podían
ser desconocidos o invalidados dentro del proceso ejecutivo.

6. Inconforme con esa decisión, la parte ejecutante interpuso recurso de apelación,
el cual fue concedido en el efecto devolutivo. El asunto fue resuelto por el Tribunal
Administrativo de Santander, que mediante sentencia del 19 de octubre de 2023 6
confirmó íntegramente la decisión de primera instancia. Esa corporación sostuvo que el
proceso ejecutivo no era el mecanismo idóneo para controvertir la decisión administrativa
que declaró la imposibilidad del reintegro ordenado judicialmente, pues tal determinación
estaba contenida en un acto administrativo definitivo y, por tanto, debía ser cuestionada
a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

3
Documento PDF «4. RESOLUCIÓN 03806.pdf» que obra en el archivo «5ED_RECURSOEXTRAORDINARI(.zip).zip»
que se encuentra en el índice 2 de SAMAI del Consejo de Estado.
4
Documento PDF «5. RESOLUCIÓN 03447.pdf» ibidem.
5
Documento PDF «10. ACTA AUDIENCIA INSTRUCCION Y JUZGAMIENTO.pdf» ibidem.
6
Documento WORD «11. SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA» ibidem.
2

Radicación: 11001-03-25-000-2024-00236-00 (3195-2024)
Demandante: Edwin Romero Rodríguez

7. También dispuso que el eventual proceso penal por la falsedad de la firma era
independiente del proceso ejecutivo y que los reproches del demandante realmente
estaban dirigidos contra la legalidad y eficacia de los fallos disciplinarios y contra las
razones de la Resolución 03806 de 2013, de modo que esos cuestionamientos debían
ventilarse en la jurisdicción contenciosa mediante el medio de control correspondiente, y
no dentro de la ejecución. En consecuencia, confirmó la declaratoria de pago total de la
obligación.

Demanda del recurso extraordinario de revisión7

8. El señor Edwin Romero Rodríguez interpuso recurso extraordinario de revisión
contra la sentencia proferida el 19 de octubre de 2023 por el Tribunal Administrativo de
Santander, dentro del proceso ejecutivo promovido contra la Nación (Ministerio de
Defensa - Policía Nacional). Sostuvo que el recurso era procedente por dirigirse contra
una sentencia ejecutoriada proferida por un tribunal administrativo y afirmó que fue
presentado en tiempo. Como fundamento de la impugnación invocó expresamente las
causales 2 y 5 del artículo 250 del CPACA.

9. En relación con la causal segunda, esto es, haberse dictado la sentencia con
fundamento en documentos falsos o adulterados, afirmó que la providencia recurrida
confirmó la decisión que declaró probada la excepción de pago con apoyo, entre otros
elementos, en la supuesta notificación personal de la Resolución 03437 del 30 de octubre
de 2009, diligencia en la que aparece una firma atribuida al actor. Según expuso, esa
firma no corresponde a la suya y, por tanto, la notificación fue falsificada. Agregó que esa
irregularidad fue corroborada por el informe grafológico allegado por la Fiscalía, en el que
se concluyó que la rúbrica cuestionada era una imitación, que resultaba apócrifa y que
no era posible determinar su autoría.

10. Sostuvo que la falsedad del documento fue determinante para la decisión
cuestionada porque a partir de esa aparente notificación se tuvo por conocido y eficaz el
acto disciplinario que registró la destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos,
circunstancia que sirvió de base para limitar el cumplimiento del fallo de nulidad y
restablecimiento del derecho únicamente hasta el 11 de noviembre de 2009. En su
criterio, de no haberse tenido por válida esa diligencia de notificación, no habría sido
posible concluir que la entidad había satisfecho íntegramente la obligación ni confirmar
la excepción de pago. Además, sostuvo que la prosperidad de esta causal no exige una
previa declaración penal de falsedad, pues corresponde al juez de revisión verificarla de
manera directa a partir del material probatorio aportado.

11. En cuanto a la causal quinta, relativa a la existencia de nulidad originada en la
sentencia que puso fin al proceso, el recurrente alegó la vulneración del debido proceso
y del principio de congruencia externa.

12. Explicó que, durante el trámite del proceso ejecutivo y en sede de apelación,
insistió en que la Resolución 03437 de 2009 no le fue notificada de forma oportuna,
precisamente por la falsedad de la firma inserta en la diligencia de notificación, lo cual le

7 Demanda radicada el 30 de mayo de 2024.

3

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Demandante: Edwin Romero Rodríguez

impidió controvertir en tiempo dicho acto y formular otras reclamaciones subsidiarias
derivadas de la imposibilidad de reintegro. No obstante, reprochó que el Tribunal haya
confirmado la decisión de primera instancia cuando la falta de notificación oportuna fue
la razón por la cual no pudo ejercer tales alternativas.

13. Con base en ello, el demandante sostuvo que la sentencia de segunda instancia
se edificó sobre una premisa contraria a lo debatido y probado en el proceso, pues ignoró
su alegación central sobre la notificación irregular de la Resolución 03437 del 30 de
octubre de 2009 y, a partir de esa omisión, dedujo que contaba con mecanismos
procesales que en realidad no pudo ejercer oportunamente. A su juicio, ello configuró una
nulidad originada en la sentencia, por desconocimiento del debido proceso y del principio
de congruencia, en la medida en que el Tribunal resolvió la controversia sin atender el
verdadero alcance del reparo formulado por la parte ejecutante.

Contestación del recurso

14. La entidad demandada y el Ministerio Público guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES

Competencia

15. De conformidad con lo previsto en el artículo 249 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante CPACA), el Consejo de
Estado8 es competente para resolver los recursos extraordinarios de revisión contra las
sentencias ejecutoriadas proferidas por los tribunales administrativos.

Problema jurídico

16. Corresponde a la Sala establecer, en primer lugar, si la sentencia del 19 de octubre
de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander dentro del proceso
ejecutivo 68001-33-33-013-2014-00036-02, se dictó con fundamento en un documento
falso o adulterado, en los términos de la causal 2 del artículo 250 del CPACA.

17. En segundo término, deberá determinarse si en esa providencia se originó una
nulidad por desconocimiento del debido proceso y del principio de congruencia, conforme
a la causal 5 del artículo 250 del CPACA.

Análisis del problema jurídico

18. La Sala declarará infundado el recurso extraordinario de revisión respecto de las
causales previstas en los numerales 2 y 5 del artículo 250 del CPACA por cuanto no se
acreditaron los presupuestos exigidos para su configuración.

19. Para sustentar esta conclusión, se estudiará, en primer lugar, si la sentencia
recurrida fue dictada con fundamento en un documento falso o adulterado y,

8 En atención al criterio de especialización laboral y conforme a lo dispuesto en el artículo 13 del Acuerdo 080 del 12

de marzo de 2019, modificado por el artículo 1.° del Acuerdo 434 de 2024, el conocimiento del asunto corresponde a
la Sección Segunda del Consejo de Estado.
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Demandante: Edwin Romero Rodríguez

posteriormente, si en esa providencia se originó una nulidad por desconocimiento del
debido proceso o del principio de congruencia.

Sobre la causal segunda del recurso de revisión: sentencia dictada con
fundamento en documentos falsos o adulterados.

20. El numeral 2.º del artículo 250 del CPACA prevé como causal de revisión «haberse
dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados». Su finalidad
es corregir, de manera excepcional, aquellas decisiones ejecutoriadas cuya justicia
material se encuentre comprometida porque fueron adoptadas con apoyo decisivo en una
prueba documental falsa o alterada.

21. Para su configuración deben acreditarse dos presupuestos concurrentes: que el
documento sea falso o haya sido adulterado y que hubiera servido de fundamento
determinante para la sentencia objeto de revisión. Por tanto, no basta demostrar una
irregularidad documental, pues también debe comprobarse que, de no haberse
considerado esa prueba, la decisión habría podido ser diferente.

22. Así lo reiteró la Sección9 al precisar que esta causal solo se configura cuando la
providencia se apoya de manera decisiva en el documento cuestionado. En
consecuencia, no comprende las discrepancias relacionadas con su interpretación ni
permite reabrir la valoración probatoria efectuada en el proceso ordinario.

23. En el mismo sentido, la Sala10 ha señalado que la causal no procede cuando el
recurrente pretende replantear el mérito atribuido a un documento o controvertir
nuevamente el análisis del material probatorio. La revisión no constituye una instancia
adicional para corregir la apreciación que efectuó el juez natural del litigio.

24. Por ende, la demostración de la falsedad no exige necesariamente una sentencia
penal previa. El juez de revisión puede verificarla directamente, siempre que la prueba
sea completa y permita arribar a una conclusión cierta sobre la falsedad o adulteración.
Sin embargo, aun en ese evento, debe acreditarse que el documento tuvo una incidencia
real y decisiva en la providencia recurrida.

25. En el presente asunto, el recurrente sostuvo que la sentencia cuestionada se fundó
en la diligencia de notificación personal de la Resolución 03437 del 30 de octubre de
2009, supuestamente realizada el 11 de noviembre de ese año. Afirmó que la firma
atribuida a él era falsa y señaló que esta circunstancia fue corroborada por el informe
grafológico remitido por la Fiscalía General de la Nación.

26. En efecto, el informe concluyó que la rúbrica cuestionada correspondía a una
imitación de la firma del recurrente y que era apócrifa, sin que fuera posible establecer su
autoría. Esta prueba ingresó al proceso ejecutivo el 30 de junio de 2021, cuando la
Fiscalía atendió el requerimiento efectuado de oficio por el juzgado.

9
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 29 de abril de 2026, radicación 11001-03-25-000-
2024-00174-00 (2778-2024), C.P. Luis Eduardo Mesa Nieves.
10
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, en sentencia del 22 de mayo de 2026, radicación 11001-03-
25-000-2025-00211-00 (1649-2025), C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez.
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Demandante: Edwin Romero Rodríguez

27. No obstante, aun cuando el informe permite cuestionar la autenticidad de la firma,
no se acreditó que la sentencia del 19 de octubre de 2023 hubiera sido dictada con
fundamento determinante en esa diligencia. El Tribunal Administrativo de Santander no
declaró auténtica la rúbrica ni hizo depender su decisión de que la notificación se hubiera
surtido válidamente el 11 de noviembre de 2009.

28. La razón principal de la sentencia consistió en que el proceso ejecutivo no era el
medio idóneo para controvertir la legalidad y los efectos de las Resoluciones 03437 de
2009 y 03806 de 2013. El tribunal consideró que esos actos modificaron la situación
jurídica del actor y permanecían amparados por la presunción de legalidad, por lo que no
podían ser desconocidos dentro de la ejecución de la sentencia.

29. En consecuencia, la decisión no se sustentó en un juicio sobre la autenticidad de
la firma, sino en la imposibilidad de examinar, dentro del proceso ejecutivo, la validez de
los actos administrativos que limitaron temporalmente el reintegro y el pago de las
acreencias laborales.

30. Así las cosas, no se cumplió el segundo presupuesto de la causal consistente en
que el documento falso hubiera determinado el sentido del fallo. La inconformidad del
recurrente se dirige, en realidad, contra la conclusión jurídica según la cual el ejecutivo
no era el escenario para examinar la validez y eficacia de las Resoluciones 03437 de
2009 y 03806 de 2013. Tal desacuerdo no configura la causal 2 del artículo 250 del
CPACA.

Sobre la causal quinta del recurso de revisión: nulidad originada en la sentencia

31. El numeral 5 del artículo 250 del CPACA establece como causal de revisión «existir
nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede
recurso de apelación». Su configuración exige que la decisión impugnada no sea
susceptible de ese recurso y que el vicio invalidante se origine en la propia providencia.

32. La nulidad debe corresponder a un defecto intrínseco de la sentencia, de tal
gravedad que afecte su validez y haga necesario infirmarla. Por ello, la causal no
comprende irregularidades producidas en etapas anteriores, ni permite cuestionar
nuevamente la interpretación normativa, la valoración probatoria o la solución de fondo
adoptada por el juez.

33. La jurisprudencia ha precisado que estos vicios no se limitan a las nulidades
taxativas del Código General del Proceso, sino que también pueden comprender defectos
que afecten gravemente el debido proceso, como la falta absoluta de motivación, la
transgresión de la prohibición de reforma en perjuicio o el desconocimiento del principio
de congruencia mediante decisiones extra, ultra o infra petita.

34. No obstante, la falta de motivación que configura la causal debe ser absoluta. La
motivación insuficiente, la argumentación que la parte considere equivocada o la omisión
de responder separadamente cada planteamiento no producen, por sí mismas, la nulidad
de la sentencia, siempre que sea posible identificar las razones jurídicas y probatorias
que sustentan la decisión.

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Demandante: Edwin Romero Rodríguez

35. En ese sentido, la Sala11 ha precisado que la revisión no es una tercera instancia
y que la causal exige un vicio originado en la providencia, no una discrepancia con la
valoración de las pruebas o con la interpretación del derecho aplicable.

36. En cuanto al principio de congruencia, este impone correspondencia entre lo
pedido, lo debatido y lo decidido. Su dimensión externa exige que la providencia respete
las pretensiones, los hechos y, en segunda instancia, los reparos formulados en la
apelación. La congruencia interna, por su parte, requiere armonía entre la motivación y
la parte resolutiva.

37. Sin embargo, este principio no obliga al juez a adoptar la interpretación propuesta
por las partes ni le impide aplicar las normas pertinentes al caso. Tampoco se vulnera
porque el ad quem formule de manera distinta el problema jurídico o resuelva la
controversia en sentido adverso al apelante, siempre que permanezca dentro del marco
fáctico y jurídico del litigio.

38. Lo anterior fue reiterado por esta Subsección12 en providencia del 9 de abril de
2026, en donde se declaró infundado el recurso porque el tribunal había resuelto la
controversia planteada en un proceso ejecutivo y la inconformidad de la recurrente recaía
sobre la tesis según la cual la legalidad del acto que modificó su situación jurídica debía
discutirse por nulidad y restablecimiento del derecho.

39. De igual manera, en la sentencia del 19 de marzo de 202613, la Subsección precisó
que no existe incongruencia cuando la autoridad judicial resuelve el fundamento
sustancial de las pretensiones dentro de los límites del litigio, aunque para ello adopte
una interpretación jurídica distinta de la propuesta por el recurrente.

40. En el presente asunto el recurrente sostuvo que la sentencia vulneró el debido
proceso y el principio de congruencia porque el tribunal no habría atendido su argumento
sobre la indebida notificación de la Resolución 03437 de 2009 y la falsedad de la firma
incorporada en la respectiva diligencia.

41. Sin embargo, ese asunto sí fue conocido y resuelto en el proceso ejecutivo. En la
primera instancia, el juzgado examinó la denuncia penal, incorporó el informe grafológico
y dejó constancia de que el actor afirmaba no haber sido notificado en 2009 y haber
conocido la Resolución 03437 únicamente el 1 de octubre de 2013.

42. El juzgado concluyó que el proceso ejecutivo no era el escenario para definir la
autenticidad de la firma ni para cuestionar la validez de las Resoluciones 03437 de 2009
y 03806 de 2013. Asimismo, consideró que, desde el momento en que el actor manifestó
haber conocido esos actos, podía acudir al medio de control correspondiente para discutir
su legalidad y sus efectos.

11
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 5 de marzo de 2026, radicación 11001-03-25-
000-2025-00075-00 (0421-2025), C.P. Juan Camilo Morales Trujillo.
12
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 9 de abril de 2026, radicación 11001-03-25-000-
2024-00231-00 (3149-2024), C.P. Juan Camilo Morales Trujillo.
13
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 19 de marzo de 2026, radicación 11001-03-25-
000-2024-00493-00 (5551-2024), C.P. Juan Camilo Morales Trujillo.
7

Radicación: 11001-03-25-000-2024-00236-00 (3195-2024)
Demandante: Edwin Romero Rodríguez

43. En la apelación, el ejecutante insistió en que no podía atribuírsele una notificación
por conducta concluyente mientras estuviera cuestionada la autenticidad de la firma.
También argumentó que un acto posterior no podía impedir el cumplimiento de la
sentencia que ordenó su reintegro y el pago de las acreencias laborales hasta que este
se produjera efectivamente.

44. El Tribunal Administrativo de Santander abordó ese reparo y concluyó que el
ejecutivo no era la vía para desconocer actos administrativos que modificaron la situación
jurídica del actor. Por ello confirmó la excepción de pago y señaló que la controversia
sobre la validez y eficacia de tales actos debía promoverse a través del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho. Por tanto, la sentencia no omitió el argumento
central de la apelación ni resolvió un asunto ajeno al debate; antes bien, determinó si la
alegada irregularidad de la notificación permitía desconocer, dentro del proceso ejecutivo,
las Resoluciones 03437 de 2009 y 03806 de 2013, y respondió negativamente

45. Que el tribunal no hubiera acogido la interpretación propuesta por el ejecutante no
configura incongruencia. Tampoco existe contradicción entre la motivación y la parte
resolutiva, pues la declaratoria de pago se sustentó en que la controversia excedía el
objeto de la ejecución y recaía sobre actos administrativos que permanecían vigentes.

46. El recurrente pretende que en sede de revisión se examine nuevamente si el
proceso ejecutivo permitía desconocer los efectos de esos actos y si la indebida
notificación impedía declarar satisfecha la obligación. Tal planteamiento cuestiona el
contenido del fallo, pero no demuestra un defecto originado en la sentencia.

47. Debe agregarse que la eventual irregularidad en la notificación de la Resolución
03437 de 2009 debía alegarse en un nuevo proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho, distinto del radicado 2006-00130-00/01, pues este último versó sobre el acto de
retiro expedido en 2006 y no tuvo por objeto las Resoluciones 03437 de 2009 y 03806 de
2013, conocidas con posterioridad.

48. Aunque esas resoluciones fueron expedidas para ejecutar decisiones
administrativas y judiciales, produjeron efectos jurídicos particulares para el recurrente.
Con fundamento en ellas, la entidad limitó el reintegro y el pago de salarios y prestaciones
hasta el 11 de noviembre de 2009, por lo que modificaron directamente su situación
jurídica.

49. En esa medida, se trataba de decisiones amparadas por la presunción de legalidad
y susceptibles de control judicial, pues no se limitaron a realizar una simple ejecución
material del fallo ordinario. Si el actor consideraba que la notificación de la Resolución
03437 era irregular o que la Resolución 03806 desconocía el alcance de la condena,
debía controvertirlas mediante el medio de control correspondiente, el cual es el de
nulidad y restablecimiento del derecho.

50. Por ende, la revisión extraordinaria no puede suplir la falta de promoción de ese
proceso ni convertir el ejecutivo en un juicio sobre la legalidad de los actos
administrativos. Tampoco permite subsanar las cargas procesales que la parte dejó de
ejercer a través de los mecanismos ordinarios de defensa.

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Radicación: 11001-03-25-000-2024-00236-00 (3195-2024)
Demandante: Edwin Romero Rodríguez

51. En conclusión, la sentencia objeto de revisión cuenta con motivación suficiente,
resolvió los argumentos propuestos en la apelación y mantuvo correspondencia con el
objeto del proceso. No se configuró entonces una nulidad originada en la providencia ni
se vulneraron el debido proceso o el principio de congruencia, por lo que se declarará
infundado el presente recurso extraordinario de revisión.

Condena en costas

52. El artículo 70 de la Ley 2080 de 2021 modificó el artículo 255 del CPACA,
estableciendo un criterio objetivo para la imposición de costas, consistente en que estas
deben imponerse al recurrente cuando se declare infundado el recurso extraordinario de
revisión.

53. En ese sentido, en el caso concreto procedería la imposición de costas al actor,
dado que se declarará infundado el recurso extraordinario de revisión. Sin embargo, al
no haberse acreditado su causación, toda vez que la parte accionada no intervino en el
trámite del proceso, no se impondrá condena en costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley

III. RESUELVE

PRIMERO. DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión interpuesto
por el señor Edwin Romero Rodríguez contra la sentencia proferida el 19 de octubre de
2023 por el Tribunal Administrativo de Santander, dentro del proceso ejecutivo radicado
68001-33-33-013-2014-00036-02.

SEGUNDO. NO CONDENAR en costas al señor Edwin Romero Rodríguez, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las
anotaciones correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

9

Radicación: 11001-03-25-000-2024-00236-00 (3195-2024)
Demandante: Edwin Romero Rodríguez

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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