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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2025-00075-00

Fecha
5 de marzo de 2026
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2025-00075-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión interpuesto por Elizabeth Mosquera Vargas contra la sentencia de segunda instancia 25 de enero de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado 11001-33-35-025-2022-00465-01. SEGUNDO. CONDENAR en costas a la demandante, Elizabeth Mosquera Vargas en favor de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales-UGPP, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, INGRESAR el expediente al despacho para la fijación de las agencias en derecho, previas las anotaciones correspondientes.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2025-00075-00

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

5 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D.C., cinco (5) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia : Recurso Extraordinario de Revisión.

Radiación : 11001-03-25-000-2025-00075-00 (0421-2025).
Demandante : Elizabeth Mosquera Vargas.
Demandada : Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social-UGPP.
Tema : Causal de revisión 5 del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011.
Decisión : Se declara infundado el recurso extraordinario de revisión. No se
acreditó la configuración de la causal quinta de revisión del
artículo 250 de la Ley 1437 de 2011. La sentencia cuestionada
cuenta con motivación suficiente y no vulneró el principio de
congruencia.

La Sala decide el recurso extraordinario de revisión interpuesto por Elizabeth Mosquera
Vargas contra la sentencia del 25 de enero de 2024 proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A1.

I. ANTECEDENTES

Proceso ordinario

1. Elizabeth Mosquera Vargas, por intermedio de apoderado judicial, promovió demanda
de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, con el
propósito de que se declarara la nulidad de las Resoluciones No. RDP 007803 del 25 de
marzo de 2022 y RDP 015916 del 21 de junio de 2022, mediante las cuales se le negó el
reconocimiento y pago de una pensión gracia.

2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordenara a la UGPP reconocer,
liquidar y pagar la pensión gracia de jubilación, con inclusión de todos los factores
salariales, en cuantía equivalente al 75%, con efectos a partir de la adquisición del estatus
pensional, de conformidad con la sentencia de unificación del Consejo de Estado del 21

1 Decisión suscrita por los magistrados: Néstor Javier Calvo Chaves, José María Armenta Fuentes y Carmen Alicia

Rengifo Sanguino.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-25-000-2025-00075-00 (0421-2025).
Demandante: Elizabeth Mosquera Vargas.

de junio de 2018 (exp. 25002342000-2013-04683-01). Igualmente, pidió el pago de las
mesadas adeudadas desde la causación hasta su inclusión en nómina, el reconocimiento
de intereses moratorios, el cumplimiento de la sentencia en los términos de los artículos
192 y 195 del CPACA, y la condena en costas.

3. Como fundamento fáctico de sus pretensiones, la demandante sostuvo que tenía más
de cincuenta (50) años y que laboró como docente antes del 31 de diciembre de 1980 en
la Intendencia Nacional del Putumayo. Sostuvo que su primera vinculación se formalizó
mediante el Decreto 0474 del 16 de enero de 1976, con prestación de servicios entre el
1.º de enero de 1976 y el 1.º de septiembre de 1978.

4. Señaló, además, que posteriormente fue nombrada en la misma entidad mediante la
Resolución 000078 del 8 de abril de 1981, con servicios entre el 8 de abril de 1981 y el
16 de enero de 1983, y que luego continuó su trayectoria docente con el Departamento
del Putumayo en el municipio de Puerto Asís, a través del Decreto 214 del 30 de agosto
de 1983, con vinculación comprendida entre el 30 de agosto de 1983 y el 19 de diciembre
de 2020.

5. Con fundamento en esa trayectoria, la actora afirmó que el nombramiento efectuado
en el año 1976 tenía carácter territorial y, por ende, debía computarse para el
reconocimiento de la pensión gracia. Precisó que el 1.º de julio de 2021 solicitó ante la
UGPP el reconocimiento de esa prestación, pero la entidad la negó por medio de los
actos administrativos demandados.

6. La UGPP, por intermedio de apoderado judicial, contestó la demanda y se opuso a la
totalidad de las pretensiones. Sostuvo que, conforme al certificado del FOMAG
consecutivo 5022, la demandante fue nombrada como docente mediante el Decreto 474
del 16 de enero de 1976, con prestación de servicios del 2 de marzo de 1976 al 7 de
septiembre de 1978, con vinculación de carácter nacionalizado; y que, además, se
registró un nombramiento mediante el Decreto 214 del 30 de agosto de 1993, desde el
30 de agosto de 1993 hasta la fecha de expedición del documento, con vinculación de
carácter nacional.

7. Expuso que las certificaciones expedidas por el FOMAG constituían documentos
públicos idóneos para acreditar la naturaleza de la vinculación docente, por lo que
otorgaban plena prueba de lo allí consignado. Con base en ello, concluyó que la
demandante no acreditó el requisito de veinte (20) años de servicio exigido para la
pensión gracia con vinculación de carácter territorial y nacionalizado, dado que los
tiempos reportados desde 1993 correspondían a una vinculación de carácter nacional.

8. Finalmente, adujo que el reconocimiento de la pensión gracia resultaba improcedente
porque, en su criterio, los periodos laborados por la demandante tenían carácter nacional.
Añadió que la finalidad histórica de la pensión gracia consistió en superar la brecha
salarial existente entre docentes territoriales y docentes del orden nacional, circunstancia
que, a su juicio, no se configuraba en el caso, en la medida en que la vinculación
acreditada tenía naturaleza nacional.

2

Radicación: 11001-03-25-000-2025-00075-00 (0421-2025).
Demandante: Elizabeth Mosquera Vargas.

9. El Juzgado Veinticinco Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá D.C., mediante
sentencia del 18 de julio de 2023, declaró la nulidad de las Resoluciones RDP 007803
del 25 de marzo de 2022 y RDP 015916 del 21 de junio de 2022. Para ello, señaló que la
demandante solicitó el 1.º de julio de 2021 el reconocimiento y pago de la pensión gracia,
al estimar que tenía más de 50 años (nació el 2 de febrero de 1954) y que completó veinte
(20) años de servicio docente oficial.

10. En el análisis del caso concreto, el despacho precisó que la UGPP negó la prestación
porque consideró que, al 29 de diciembre de 1989, la actora solo acreditaba cuatro (4)
años de servicio y 35 años de edad, y porque sostuvo que no era claro si el tiempo servido
desde el 30 de agosto de 1993 correspondía a vinculación nacional o nacionalizada. En
ese contexto, delimitó la verificación a establecer si existía al menos una vinculación
territorial o nacionalizada anterior al 31 de diciembre de 1980 y (si se completaba el
tiempo exigido con servicios de esa naturaleza; y tuvo por acreditados los nombramientos
efectuados por la Intendencia Nacional del Putumayo mediante Decreto 0474 del 16 de
enero de 1976 y Resolución 000078 del 8 de abril de 1981.

11. Frente a la incertidumbre sobre la vinculación reportada en la certificación de tiempo
de servicios No. 5022, el Juzgado acudió al acto de nombramiento y al acta de posesión
del Decreto 214 del 30 de agosto de 1993 y concluyó que la demandante fue nombrada
en propiedad por el alcalde municipal de Puerto Asís en una escuela nacionalizada. Con
base en ello, afirmó que la vinculación no podía calificarse como “nacional” (lo sería si el
acto nominador proviniera del Ministerio de Educación Nacional) y, por tanto, estimó
cumplidos los requisitos para la pensión gracia.

12. Como restablecimiento del derecho, ordenó reconocer la pensión con causación
desde el 11 de marzo de 2009; dispuso la indexación conforme al inciso final del artículo
187 del CPACA; declaró prescritas las mesadas causadas con anterioridad al 1.º de julio
de 2018; y negó costas por no demostrarse su causación.

13. La UGPP, por intermedio de apoderado judicial, interpuso recurso de apelación
contra la sentencia de primera instancia que declaró la nulidad de las Resoluciones RDP
007803 del 25 de marzo de 2022 y RDP 015916 del 21 de junio de 2022, al sostener que
no era procedente declarar la nulidad de esos actos, por cuanto se ajustaban a la
normativa aplicable y la demandante no reunía los requisitos para acceder a la pensión
gracia.

14. Como primer reparo, alegó la “inexistencia del derecho por falta de requisitos
formales”. Señaló que, conforme al certificado del FOMAG consecutivo 5022, la actora
registraba una vinculación “nacionalizada” entre 1976 y 1978, pero que el vínculo
posterior se reportaba como “nacional” desde el 30 de agosto de 1993, lo cual impedía
completar los veinte (20) años exigidos con servicios de carácter territorial o
nacionalizado. Añadió que los certificados del FOMAG, por su naturaleza de documento
público, constituían el medio idóneo para definir la calidad de la vinculación docente.

15. Insistió en que la pensión gracia era improcedente porque los periodos
predominantes de servicio tenían carácter nacional, de modo que no se configuraba la
finalidad histórica de esa prestación. En apoyo de su postura, invocó jurisprudencia según
3

Radicación: 11001-03-25-000-2025-00075-00 (0421-2025).
Demandante: Elizabeth Mosquera Vargas.

la cual los veinte (20) años deben acreditarse íntegramente bajo vinculación territorial o
como docente nacionalizado (y no como docente nacional).

16. Como segundo reparo, planteó la improcedencia de computar periodos laborados
con posterioridad a la vigencia de la Ley 91 de 1989. Afirmó que, a partir de ese momento,
la brecha salarial que justificaba la pensión gracia se superó y que, por tanto, las
vinculaciones iniciadas después del 31 de diciembre de 1980 no respondían al objeto de
la prestación; además, indicó que los docentes vinculados con posterioridad a 1989
quedaban sometidos al régimen pensional del orden nacional.

17. Con fundamento en lo anterior, solicitó que en segunda instancia se revocara en su
integridad la sentencia apelada y se profiriera decisión absolutoria en favor de la UGPP.

18. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en sentencia de segunda instancia,
revocó la decisión de primera instancia que había accedido a las pretensiones y, en su
lugar, negó el reconocimiento de la pensión gracia a demandante. Para fundamentar esta
decisión, sostuvo que el debate se definía por la acreditación de una vinculación docente
válida anterior al 31 de diciembre de 1980 con carácter territorial o nacionalizado, y
concluyó que tal presupuesto no se demostró, pese a que la demandante sí cumplía el
requisito de edad.

19. Para arribar a esa conclusión, la Sala examinó el tramo de servicios de 1976 a 1978
y advirtió que el nombramiento fue expedido por el Intendente Nacional del Putumayo,
autoridad del orden nacional, lo que impedía atribuirle naturaleza territorial o
nacionalizada. Añadió que, por el contexto propio de las antiguas intendencias, el
Putumayo se encontraba bajo inmediata administración del Gobierno nacional y, además,
la educación pública se desarrollaba bajo un esquema de dirección y financiación
nacional (educación contratada/misional), por lo que el empleo debía tratarse como
vacante de la Nación.

20. De otro lado, aunque en el expediente obraban certificaciones que calificaban ese
tiempo como “nacionalizado”, el Tribunal les restó fuerza demostrativa frente al contenido
del acto de vinculación y a las inconsistencias advertidas en su soporte, en particular, la
referencia a financiación con Sistema General de Participaciones, figura que no
correspondía a la época del nombramiento. Con base en ello, señaló que no existía un
tiempo anterior a 1980 que habilitara el reconocimiento y, por tanto, resultaba innecesario
profundizar en los demás periodos posteriores invocados para completar el tiempo de
servicio.

21. En consecuencia, revocó la sentencia apelada y negó las pretensiones de nulidad y
restablecimiento.

Demanda del recurso extraordinario de revisión2

La demandante, por intermedio de apoderado judicial, promovió demanda de recurso
extraordinario de revisión contra la sentencia del 25 de enero de 2024, proferida por el

2 Radicada el 12 de febrero de 2025.

4

Radicación: 11001-03-25-000-2025-00075-00 (0421-2025).
Demandante: Elizabeth Mosquera Vargas.

Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda, Subsección “A”, dentro del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho radicado 11001-33-35-025-
2022-00465-01, seguido contra la UGPP.

Como causal de la revisión, invocó el numeral 5 del artículo 250 del CPACA “existir
nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede
recurso de apelación” y estructuró la nulidad, principalmente, en el desconocimiento del
principio de congruencia y en una carencia absoluta o completa de motivación (falta de
motivación).

En desarrollo de esa causal, sostuvo que el Tribunal, al decidir la apelación, se pronunció
sobre aspectos que no habrían sido objeto de controversia en el recurso y dejó de analizar
los cargos planteados, lo que configuraría un pronunciamiento incongruente. Afirmó,
además, que la sentencia cuestionada no abordó el fundamento jurídico que, a su juicio,
resultaba determinante en el caso (educación misional/contratada, intendencias y
comisarías, situado fiscal y participación), y que se restó validez a las pruebas obrantes
sin una valoración suficiente.

Como petición, solicitó que se declarara la nulidad de la sentencia del 25 de enero de
2024 y que se devolviera el proceso al Tribunal Administrativo de Cundinamarca –
Sección Segunda, Subsección “A”, para que profiriera una nueva sentencia.

Contestación del recurso

La UGPP, por conducto de apoderada sustituta, contestó la demanda de recurso
extraordinario de revisión y solicitó que se negaran las pretensiones, con el propósito de
mantener incólume la sentencia de segunda instancia objeto de revisión.

Como argumento principal, planteó la no configuración de la causal invocada del numeral
5 del artículo 250 del CPACA. Sostuvo que no existía “nulidad originada en la sentencia”,
porque la providencia cuestionada sí estuvo motivada y se pronunció sobre el punto
definitorio del litigio: la naturaleza del vínculo docente anterior a 1980. En ese sentido,
afirmó que el fallo analizó el Decreto 0474 de 1976.

De manera complementaria, indicó que la demanda de revisión pretendía reabrir la
controversia para controvertir los fundamentos de la decisión proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, lo que era impropio de este recurso extraordinario. Con
apoyo en jurisprudencia del Consejo de Estado, insistió en que la revisión no era un
mecanismo para replantear la valoración del acervo probatorio ni para controvertir la
actividad interpretativa el juez natural, sino un recurso excepcional sometido a causales
estrictas.

Finalmente, reiteró que el Tribunal no dejó de valorar ninguna prueba y formuló las
excepciones de inexistencia de derecho y la obligación, presunción de legalidad de los
actos administrativos, prescripción y buena fe.

5

Radicación: 11001-03-25-000-2025-00075-00 (0421-2025).
Demandante: Elizabeth Mosquera Vargas.

Ministerio Público

La Procuraduría Delegada de Intervención Tercera ante el Consejo de Estado 3, rindió el
concepto 288-2025 del 21 de mayo de 2025, en el cual solicitó que se declarara infundado
el recurso y se mantuviera incólume la sentencia de segunda instancia del 25 de enero
de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que revocó el fallo
favorable de primera instancia del 18 de julio de 2023.

Para sustentar esa conclusión, recordó el carácter excepcional del recurso de revisión y
que solo procede por causales taxativas. Precisó el alcance de la causal quinta, en el
sentido de que la nulidad debe originarse en la sentencia misma (no en etapas anteriores)
y que su prosperidad exige una irregularidad grave con entidad para afectar la validez del
fallo, como, entre otros supuestos, la ausencia total de motivación, la vulneración de la
non reformatio in pejus o el desconocimiento del principio de congruencia (extra, ultra o
infra petita).

En el examen del caso, delimitó el problema jurídico a establecer si la sentencia de
segunda instancia desconoció la regla técnica de la congruencia, dado que la entidad
recurrente no logró determinar con su fundamento la vulneración de dicho principio.
Confrontó los argumentos del recurso de apelación de la UGPP con el problema jurídico
fijado por el Tribunal (si la demandante tenía derecho al reconocimiento y pago de la
pensión gracia) y concluyó que el ad quem resolvió dentro del marco de la controversia,
sin que se evidenciara una incongruencia interna o externa. En consecuencia, estimó que
la parte recurrente no demostró la nulidad alegada y solicitó declarar infundado el recurso
extraordinario de revisión.

II. CONSIDERACIONES

Competencia

22. De conformidad con lo previsto en el artículo 249 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante CPACA), el Consejo de
Estado4 es competente para resolver los recursos extraordinarios de revisión contra las
sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos. Así las cosas, se
abordará el análisis de esta controversia.

Problema jurídico

En los términos del recurso extraordinario, la Sala deberá determinar si la sentencia del
25 de enero de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, dentro
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho instaurado contra la UGPP
(rad. 11001-3335-025-2022-00465-01), incurrió en la causal quinta de revisión prevista
en el artículo 250 del CPACA.

3
Procurador Fernando Lozano Forero.
4 En atención al criterio de especialización laboral y conforme a lo dispuesto en el artículo 13 del Acuerdo 080

del 12 de marzo de 2019, modificado por el artículo 1.° del Acuerdo 434 de 2024, el conocimiento del asunto
corresponde a la Sección Segunda del Consejo de Estado.
6

Radicación: 11001-03-25-000-2025-00075-00 (0421-2025).
Demandante: Elizabeth Mosquera Vargas.

Lo anterior, en cuanto se alega que dicha providencia contiene una nulidad originada en
la sentencia, por desconocimiento del principio de congruencia y por ausencia de
motivación, lo que, de acreditarse, impondría declarar fundado el recurso e infirmar el
fallo de segunda instancia y disponer la expedición de una nueva decisión.

Análisis del problema jurídico

23. La Sala declarará infundado el recurso extraordinario de revisión, al concluir que no
se configuró la causal quinta prevista en el artículo 250 del C.P.A.C.A., invocada por la
demandante. Los reproches por falta de motivación y por desconocimiento del principio
de congruencia no revelan una nulidad originada en la sentencia sino una discrepancia
con la interpretación y valoración probatoria realizada por el Tribunal en sede de segunda
instancia, discusión que no puede abrirse nuevamente en a través del recurso
extraordinario de revisión.

24. El recurso extraordinario de revisión, previsto en el Capítulo I del Título VI del CPACA,
constituye un mecanismo excepcional de impugnación que permite controvertir
sentencias ejecutoriadas proferidas por autoridades judiciales, cuando concurren
situaciones extraordinarias que afectan de forma sustancial la justicia material de la
decisión. Su finalidad es restablecer dicha justicia frente a vicios graves que no pudieron
alegarse o debatirse dentro del trámite ordinario del proceso, y que por su entidad
justifican la superación del principio de cosa juzgada.

25. En ese sentido, no se trata de una tercera instancia ni de una vía para reabrir el
debate jurídico o probatorio previamente resuelto, sino de una herramienta procesal
reservada a supuestos de extrema relevancia que comprometen garantías
constitucionales fundamentales, como el debido proceso o la tutela judicial efectiva.

26. El numeral 5 del artículo 250 del CPACA dispone que es causal de revisión: “Existir
nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede
recurso de apelación”. En esa medida, la prosperidad del recurso exige identificar un vicio
invalidante originado en la providencia misma y no una mera discrepancia con la forma
como el juez valoró las pruebas o interpretó el derecho aplicable.

27. Los presupuestos que permiten la configuración de esta causal exigen que el vicio
alegado provenga exclusivamente de la sentencia, es decir, que corresponda a un
defecto intrínseco del fallo con capacidad real de afectar su validez. Asimismo, dicho vicio
debe ser de tal entidad que no exista alternativa distinta a infirmar la sentencia y dictar
una nueva, teniendo en cuenta que contra esa decisión no procede recurso de apelación.

28. Aplicados esos criterios, se advierte que la demandante sustenta la solicitud de
revisión en que la sentencia del 25 de enero de 2024, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca incurre en nulidad por desconocimiento del principio de
congruencia y por falta total de motivación, al considerar que el ad quem introduce
razones no debatidas y omite valorar adecuadamente el acervo probatorio y el

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Radicación: 11001-03-25-000-2025-00075-00 (0421-2025).
Demandante: Elizabeth Mosquera Vargas.

fundamento jurídico relacionado con la naturaleza de la vinculación docente anterior a
1980 en el Putumayo (intendencias y educación misional/contratada).

29. Sin embargo, la Sala observa que el punto decisorio que define el proceso ordinario
se mantiene constante en ambas instancias. En efecto, el litigio gira en torno a determinar
si la demandante tiene derecho al reconocimiento y pago de la pensión gracia, lo cual
depende de demostrar (como requisito habilitante) la existencia de una vinculación
docente territorial o nacionalizada antes del 31 de diciembre de 1980.

30. En primera instancia, el Juzgado consideró acreditado el requisito de una vinculación
territorial o nacionalizada anterior al 31 de diciembre de 1980 con fundamento en el
Decreto 0474 de 1976 y, adicionalmente, en el Decreto 214 de 1993, el cual hacía
referencia a una “escuela nacionalizada”. Con base en ello, concluyó que se cumplían
los presupuestos necesarios para reconocer la prestación desde el estatus establecido
en 2009. En segunda instancia, el Tribunal no modificó el objeto del litigio; sin embargo,
a partir de los argumentos expuestos por la UGPP en la apelación, reevaluó ese mismo
presupuesto habilitante y sostuvo que el Decreto 0474 de 1976 no acreditaba una
vinculación territorial o nacionalizada, dado que fue expedido por el Intendente Nacional
del Putumayo y, por tanto, correspondía (en su criterio) a una vacante de la Nación,
financiada con recursos del Sistema General de Participaciones. En consecuencia,
concluyó que no se demostró la vinculación previa a 1980 y, por ello, revocó la decisión
de primera instancia y negó las pretensiones.

31. Desde la óptica de la congruencia, la Sala no identifica que la sentencia de segunda
instancia contenga un pronunciamiento extra, ultra o infra petita. El Tribunal resolvió
exactamente la cuestión sometida a su consideración (esto es, si la demandante tenía
derecho al reconocimiento de la pensión gracia) y lo hizo al analizar el requisito central
del debate consistente en la verificación de una vinculación anterior a 1980. Además, en
el sustento de la causal de revisión no se precisó de qué manera la sentencia habría
abordado asuntos ajenos al recurso o dejado de pronunciarse sobre aspectos que debía
resolver; en otras palabras, no se determinó cómo se configuró una vulneración al
principio de congruencia. Por ello, el planteamiento de la parte actora no evidencia una
incongruencia invalidante del fallo.

32. En cuanto a la motivación, no se evidencia una ausencia total, una motivación
aparente ni una omisión sustancial que afecte la validez de la sentencia. El Tribunal
desarrolla un razonamiento claro, pues, identifica el acto administrativo de 1976, analiza
el origen del nombramiento (emitido por una autoridad nacional), expone el contexto
propio de la administración nacional en las antiguas intendencias y deriva de allí la
consecuencia jurídica relativa a la inexistencia del requisito consistente en la vinculación
previa a 1980. Asimismo, explica las razones por las cuales resta valor demostrativo a
las certificaciones que califican ese tiempo como “nacionalizado”, y señaló las
inconsistencias advertidas en su respaldo documental5.

5
[…] Si bien es cierto que a la actuación se allegan certificaciones en las que se indica que la vinculación de la
demandante anterior al 31 de diciembre de 1980 es de carácter nacionalizada, para la Sala ello no resulta ajustado a
derecho, puesto que de conformidad con lo indicado con la sentencia de unificación citada en el fundamento normativo
de esta providencia para la prueba de calidad de docente territorial se requiere copia de los actos administrativos en
los que conste el vínculo y para el presente caso la resolución de vinculación fue proferida por el Intendente Nacional

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Radicación: 11001-03-25-000-2025-00075-00 (0421-2025).
Demandante: Elizabeth Mosquera Vargas.

33. Las referencias a la naturaleza institucional del Putumayo y a la educación misional
o contratada operan únicamente como elementos explicativos para valorar el vínculo de
1976, y no como el eje central de la decisión. Por ello, contrario a lo sostenido por la parte
demandante, no era necesario que el Tribunal profundizara en el fundamento jurídico de
la educación misional o contratada, de las intendencias y comisarías, del situado fiscal o
del Sistema General de Participaciones, máxime cuando la sustentación del recurso
respecto a supuesta falta de pronunciamiento sobre estos temas se relaciona, en
realidad, con un desacuerdo respecto de la valoración probatoria, lo que resulta ajeno a
la causal invocada6.

34. Así, para la Sala, los reproches formulados por la parte actora no se dirigen a un
defecto de motivación o a la falta de congruencia, sino a cuestionar la valoración
probatoria y la conclusión adoptada en sede de apelación, aspectos propios del ámbito
de instancia y que no configuran la causal quinta del artículo 250 del CPACA. Reconocer
que este recurso puede emplearse para discutir la interpretación del juez o la calidad de
su motivación implicaría desconocer su carácter excepcional y convertirlo en una
instancia adicional del proceso, lo resultaría contrario a su carácter excepcional y
desconocería la institución de la cosa juzgada.

35. En consecuencia, al no demostrarse la configuración de la causal de revisión por
nulidad de la sentencia del 25 de enero de 2024 (ni advertirse un defecto que comprometa
su validez), y evidenciándose además que la demanda de revisión busca reabrir el debate
probatorio e interpretativo sobre la naturaleza del vínculo docente de 1976 y su aptitud
para habilitar la pensión gracia, la Sala declarará infundado el recurso extraordinario de
revisión interpuesto con fundamento en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA.

Condena en costas

36. El artículo 70 de la Ley 2080 de 2021 modificó el artículo 255 del CPACA,
estableciendo un criterio objetivo para la imposición de costas, consistente en que estas
deben imponerse al recurrente cuando se declare infundado el recurso extraordinario de
revisión.

37. En ese sentido, dado que en el presente caso se declarará infundado el recurso, y
que la parte accionada acreditó la causación de costas como consecuencia de su
intervención en el proceso, se impondrá dicha condena al accionante en favor de la
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales, las
cuales deberán liquidarse por secretaría de la sección.

del Putumayo, el que según lo antes indicado, para la fecha de su expedición, no constituía una autoridad territorial.
Además, es de indicar que en las referidas certificaciones se informa que la plaza docente era financiada por el Sistema
General de Participaciones, lo que se aleja de la realidad, puesto que para la época que fue proferida la mencionada
resolución, el ordenamiento jurídico no contemplaba esa forma de financiación de la educación en Colombia. En
consecuencia, en dichos aspectos, a las certificaciones se les resta veracidad.[…].
6 Se transcribe lo indicado en el escrito del Recurso Extraordinario de Revisión: […] En conclusión, la sentencia

proferida el 25 de enero de 2024 por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA dentro del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho No. 11001-3335-025-2022-00465-01 debe ser objeto de revisión
porque la sentencia incurre en nulidad al existir una carencia de motivación ya que no se abordó el fundamento jurídico
que regula la educación misional contratada, las intendencias y comisarías, el situado fiscal y el sistema general de
participaciones. En consecuencia de lo anterior, no se hizo una valoración de las pruebas que obran en el expediente,
simplemente se les restó validez sin fundamento alguno. […]
9

Radicación: 11001-03-25-000-2025-00075-00 (0421-2025).
Demandante: Elizabeth Mosquera Vargas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley

III. RESUELVE

PRIMERO. DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión interpuesto
por Elizabeth Mosquera Vargas contra la sentencia de segunda instancia 25 de enero de
2024 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección A, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado
11001-33-35-025-2022-00465-01.

SEGUNDO. CONDENAR en costas a la demandante, Elizabeth Mosquera Vargas en
favor de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales-UGPP, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.

TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, INGRESAR el
expediente al despacho para la fijación de las agencias en derecho, previas las
anotaciones correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

10

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