Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2024-00231-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2024-00231-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2024-00231-00
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
9 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D.C., nueve (09) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Referencia : Recurso Extraordinario de Revisión
Radicación : 11001-03-25-000-2024-00231-00 (3149-2024)
Demandante : Nelly Esther Martínez Ariza
Demandado : Contraloría Departamental de Santander
Tema : Causal de revisión artículo 250-5 de la Ley 1437 de 2011
Decisión : Declara infundado el recurso extraordinario de revisión. No se
acreditó la configuración de una nulidad originada en la sentencia
de segunda instancia. El Tribunal Administrativo de Santander
resolvió la controversia con motivación suficiente y sin vulnerar el
principio de congruencia ni el debido proceso.
La Sala decide el recurso extraordinario de revisión interpuesto Nelly Esther Martínez
Ariza contra la sentencia del 11 de mayo de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo
de Santander, que confirmó la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado
Noveno Administrativo de Bucaramanga que declaró probada la excepción de pago total
de la obligación.
I. ANTECEDENTES
Proceso ordinario
1. Nelly Esther Martínez Ariza, a través de proceso ejecutivo, solicitó que se librara
mandamiento de pago en contra de la Contraloría Departamental de Santander para
hacer efectiva la obligación de hacer, impuesta en las sentencias objeto de ejecución,
consistente en su reintegro al cargo de Auxiliar Código 565 que venía desempeñando en
esa entidad o a otro de igual categoría.
2. También pidió que se librara mandamiento de pago por la suma de $42.571.842,
correspondiente a los sueldos dejados de percibir entre el 1.º de enero de 2014 y el 30
de julio de 2016, $20.257.050 por concepto de auxilio de transporte, moratorios y por
auxilio de alimentación, $2.899.615 por prima de servicios, $3.096.787 por prima de
navidad, $1.369.034 por concepto de prima de antigüedad, $2.884.069 por cesantías,
$346.088 por intereses a las cesantías, $24.210.332 por intereses moratorios y
$5.039.616 por indexación.
3. La ejecutante señaló que, mediante sentencia del 14 de marzo de 2011, confirmada
en segunda instancia el 1.º de noviembre de 2012 dentro del radicado 2000-1342-00, el
Juzgado Noveno Administrativo de Bucaramanga declaró la nulidad del Decreto
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Demandante: Nelly Esther Martínez Ariza
Ordenanza 0401 de 30 de diciembre de 1999 y de la Resolución 001032 de 5 de julio de
2000, en cuanto dispusieron la supresión del cargo de auxiliar código 565 que
desempeñaba en la Contraloría Departamental de Santander, y ordenó, a título de
restablecimiento del derecho, su reintegro al referido cargo o a otro igual o superior, junto
con el pago indexado de los sueldos, prestaciones, emolumentos y demás haberes
dejados de percibir desde la desvinculación hasta el efectivo reintegro.
4. Manifestó que al momento de su desvinculación, desempeñaba el cargo de auxiliar
código 565 y que presentó la correspondiente cuenta de cobro derivada de la sentencia
condenatoria. Indicó que la entidad expidió la Resolución 00933 de 2012, mediante la
cual declaró la imposibilidad de cumplir la orden de reintegro, así como la Resolución
23468 del 11 de diciembre de 2013, con la cual dio cumplimiento parcial al fallo
ordenando el pago de los salarios y prestaciones adeudados entre el 4 de enero de 2000
y el 30 de diciembre de 2013, por un valor de $309.557.150.
5. Sostuvo que, no obstante ese cumplimiento parcial, la Contraloría Departamental de
Santander continuaba adeudándole los salarios, prestaciones sociales, emolumentos y
demás haberes causados entre el 1.º de enero de 2014 y el 30 de julio de 2016, así como
los que se siguieran generando con posterioridad, debido a que no había materializado
la orden judicial de reintegro.
6. Agregó que la asignación básica mensual de la Contraloría Departamental de
Santander había sido objeto de incrementos anuales durante el período comprendido
entre 1999 y 2016, circunstancia que debía ser tenida en cuenta para la liquidación de
las acreencias reclamadas.
7. Finalmente, señaló que en el proceso radicado 2003-0820 el Tribunal Administrativo
de Santander declaró la nulidad de los Decretos 400 y 401 de 30 de diciembre de 1999,
por medio de los cuales se reformó la estructura y la planta de personal de la Contraloría
Departamental de Santander, y concluyó que la entidad demandada incumplía la
sentencia judicial confirmada por el Consejo de Estado, en tanto no la había reintegrado
al cargo que venía desempeñando.
8. El Juzgado Noveno Administrativo de Bucaramanga, en sentencia proferida en
audiencia del 6 de noviembre de 2019, declaró probada la excepción de pago dentro del
proceso ejecutivo promovido por Nelly Esther Martínez Ariza y, en consecuencia, dio por
terminado el proceso ejecutivo, al concluir que las obligaciones contenidas en el título
ejecutivo se encontraban satisfechas.
9. El despacho consideró, de una parte, que la acción ejecutiva no estaba prescrita,
porque la demanda fue presentada oportunamente dentro del término legal; y, de otra,
que la Contraloría General de Santander expidió la Resolución 0933 del 5 de diciembre
de 2012, mediante la cual declaró la imposibilidad del reintegro, y posteriormente
reconoció y pagó a la ejecutante, a través de la Resolución 23468 del 11 de diciembre de
2013, la suma de $309.557.150 por concepto de salarios, prestaciones indexadas e
intereses moratorios causados hasta el 31 de diciembre de 2013.
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Demandante: Nelly Esther Martínez Ariza
10. Respecto de la imposibilidad de reintegro, el juzgado estimó justificada dicha
imposibilidad, porque para la fecha en que quedó ejecutoriada la sentencia ya se
encontraba vigente una nueva planta de personal en la Contraloría Departamental de
Santander, en la que no existía el cargo de auxiliar ni se acreditó la existencia de uno
equivalente que permitiera materializar la orden judicial, motivo por el cual, la demandada
realizó el pago de los salarios adeudados debidamente indexados, más la indemnización
reconocida desde la supresión del cargo que tuvo lugar con el Decreto 401 del 30 de
diciembre de 1999 hasta el 31 de diciembre de 2013, como consta en la liquidación y
comprobantes de pago aportados, periodo respecto del cual la parte demandante no
formuló pretensiones, por lo que, a juicio de la primera instancia, era posible concluir que
se encontraban satisfechos los derechos económicos de la parte actora. Con base en
ello, indicó que no era procedente reconocer salarios posteriores al pago efectuado,
declaró extinguidas las obligaciones ejecutadas y condenó en costas a la parte
demandante.
11. La parte ejecutante interpuso recurso de apelación por considerar que el a quo no
podía tener por satisfecha la obligación contenida en las sentencias de 14 de marzo de
2011 y 1.º de noviembre de 2012, pues estas no solo ordenaron el pago de emolumentos
dejados de percibir, sino también el reintegro al cargo que venía desempeñando; en ese
sentido, sostuvo que la Resolución 23468 de 2013, mediante la cual la Contraloría dio
cumplimiento parcial al fallo, no podía producir los efectos que le atribuyó el juzgado,
porque en el expediente no obraba prueba de la notificación en debida forma de la
Resolución 933 de 2012, acto por el cual se declaró la imposibilidad de reintegro, de
modo que dicho acto no podía surtir efectos jurídicos frente a la ejecución.
12. Adicionalmente, alegó que, aun si se entendiera comunicada la Resolución 933 de
2012, esa declaratoria constituía una nueva situación jurídica que debía sujetarse a la
normativa vigente al momento de su expedición, esto es, al CPACA y, en particular, al
artículo 189, cuya regulación específica sobre imposibilidad de reintegro (según afirmó)
no fue observada por la entidad; agregó que tampoco se pagó la indemnización
compensatoria correspondiente.
13. Cuestionó que se pretendiera fundamentar la imposibilidad de reintegro en una nueva
reestructuración contenida en el Decreto 035 de 5 de diciembre de 2008, pese a que la
actora no la había conocido, y resaltó que el Tribunal Administrativo de Santander, dentro
del proceso 2003-820, declaró la nulidad de los Decretos 400 y 401 de 30 de diciembre
de 1999, por lo que, a su juicio, esa decisión produjo efectos ex tunc y conllevaba que el
cargo de la demandante aun subsistiera; por ello, solicitó revocar la sentencia de primera
instancia y, en su lugar, acceder a las pretensiones de la demanda ejecutiva.
14. El Tribunal Administrativo de Santander, mediante sentencia del 11 de mayo de 2023,
confirmó la decisión de primera instancia, es decir, mantuvo la declaratoria de pago total
de la obligación dentro del proceso ejecutivo promovido por Nelly Esther Martínez Ariza,
por considerar que no era posible seguir adelante con la ejecución del reintegro ni con el
cobro de salarios y prestaciones posteriores, porque la controversia planteada recaía
realmente sobre la validez del acto administrativo que declaró la imposibilidad de
reintegro.
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Demandante: Nelly Esther Martínez Ariza
15. Señaló que en el expediente estaba acreditado que la sentencia base del recaudo
ordenó el reintegro de la ejecutante al cargo de auxiliar código 565 o a otro igual o
superior, así como el pago indexado de salarios, prestaciones y demás emolumentos
desde la desvinculación hasta el efectivo reintegro; que dicha providencia quedó
ejecutoriada el 22 de noviembre de 2012; que el 5 de diciembre de 2012 la Contraloría
General de Santander expidió la Resolución 000933, mediante la cual aceptó cumplir el
fallo pero declaró la imposibilidad de reintegro; y que, posteriormente, mediante la
Resolución 23468 del 11 de diciembre de 2013, se reconoció a favor de la ejecutante la
suma de $309.557.150 por concepto de salarios, prestaciones e intereses moratorios,
pago que se hizo efectivo el 23 de diciembre de 2013.
16. Precisó que la Resolución 000933 de 2012 constituía un verdadero acto
administrativo definitivo, en cuanto modificó la situación jurídica particular de la
demandante al extinguir el derecho al reintegro reconocido judicialmente, razón por la
cual, a juicio del ad quem, su legalidad no podía discutirse dentro del proceso ejecutivo,
sino a través del medio de control correspondiente; en esa medida, reiteró que el ejecutivo
solo procede respecto de obligaciones claras, expresas y exigibles, y no para controvertir
actos administrativos en firme amparados por presunción de legalidad.
17. Con fundamento en ello, concluyó que la Contraloría cumplió la obligación impuesta
en la sentencia hasta el momento en que declaró la imposibilidad de reintegro, y que no
era viable que el juez de la ejecución desconociera ese acto administrativo, examinara
su eventual falsa motivación o transformara de oficio la condena original para entender
que surgía una indemnización, pues esta no fue ordenada en la sentencia base, no fue
tasada y tampoco fue solicitada subsidiariamente en la demanda ejecutiva ni en sede
administrativa. Por ello, confirmó la sentencia de primera instancia que declaró probada
la excepción de pago total de la obligación y condenó en costas a la parte ejecutante en
segunda instancia.
Demanda del recurso extraordinario de revisión1
18. La demandante interpuso recurso extraordinario de revisión con fundamento en la
causal 5.ª del artículo 250 del CPACA, en el que solicitó infirmar la sentencia del 11 de
mayo de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, así como la
providencia del 6 de noviembre de 2019 del Juzgado Noveno Administrativo de
Bucaramanga. Sostuvo que la sentencia de segunda instancia incurrió en incongruencia,
parcialidad y contradicciones, con vulneración del debido proceso y del acceso a la
administración de justicia, porque omitió resolver los argumentos que expuso al sustentar
la apelación dentro del proceso ejecutivo.
19. Afirmó que el Tribunal no examinó varios reparos centrales de la alzada, a saber: la
falta de prueba de la notificación de la Resolución 933 de 2012, por medio de la cual la
Contraloría declaró la imposibilidad de reintegro; el argumento según el cual el artículo
189 del CPACA no podía aplicarse a una sentencia ejecutoriada bajo la vigencia del CCA
o, en subsidio, que si se acudía a esa norma debía haberse recurrido al juez; y el
planteamiento relativo a que el cargo de la ejecutante sí subsistía, dado que la
reestructuración de 1999 había sido anulada. Por ello, sostuvo que la sentencia de
1 Radicada el 28 de mayo de 2024.
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segunda instancia desconoció el principio de congruencia y configuró una nulidad
originada en la sentencia, razón por la cual pidió que, en sede de revisión, se dejara sin
efecto lo decidido y se emitiera un pronunciamiento de fondo.
Contestación del recurso
20. La Contraloría General de Santander se opuso a la prosperidad del recurso
extraordinario de revisión y solicitó mantener incólumes las sentencias del 6 de
noviembre de 2019 y del 11 de mayo de 2023. Como sustentó de dicha solicitud indicó
que la demandante fue reintegrada en el proceso ordinario, pero que, al momento de
ejecutar esa decisión, la entidad expidió la Resolución 000933 del 5 de diciembre de
2012, mediante la cual aceptó cumplir el fallo y declaró la imposibilidad fáctica y jurídica
del reintegro, por inexistencia del cargo en la nueva planta de personal y ausencia de
empleos equivalentes; posteriormente, el Departamento de Santander reconoció y pagó
a la ejecutante la suma de $309.557.150 por concepto de salarios, prestaciones
indexadas e intereses moratorios hasta el 30 de diciembre de 2013.
21. Sostuvo que el recurso extraordinario de revisión no constituye una tercera instancia
y que, en este caso, no se configuró la causal 5.ª del artículo 250 del CPACA, pues la
Resolución 000933 de 2012 es un acto administrativo definitivo, enjuiciable y amparado
por presunción de legalidad, cuya validez no podía discutirse en el proceso ejecutivo, sino
a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, que la
demandante no promovió oportunamente. Añadió que la firmeza de ese acto consolidó
la situación jurídica derivada de la imposibilidad de reintegro y que, por ello, no era
procedente insistir en sede ejecutiva ni en revisión en el restablecimiento material del
cargo.
22. Asimismo, sostuvo que no existió la incongruencia alegada por la recurrente, porque
el Tribunal sí se pronunció sobre la Resolución 000933 de 2012 al considerarla un acto
en firme no debatible en el ejecutivo, y porque el planteamiento relativo al artículo 189
del CPACA tampoco desvirtuaba la legalidad de las decisiones cuestionadas, en la
medida en que la eventual indemnización compensatoria debía ser solicitada por la
interesada ante el juez competente y no podía ser creada de oficio dentro del proceso
ejecutivo. Con base en ello, pidió negar la prosperidad del recurso extraordinario de
revisión, confirmar las decisiones de instancia y condenar en costas a la demandante.
Ministerio público.
No rindió concepto.
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II. CONSIDERACIONES
Competencia
23. De conformidad con lo previsto en el artículo 249 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante CPACA), el Consejo de
Estado2 es competente para resolver los recursos extraordinarios de revisión contra las
sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos. Así las cosas, se
abordará el análisis de esta controversia.
Problema jurídico
24. Corresponde a la Sala determinar si, conforme a la causal prevista en el numeral 5.º
del artículo 250 del CPACA, la sentencia del 11 de mayo de 2023 proferida por el Tribunal
Administrativo de Santander incurrió en una nulidad originada en la sentencia por
vulneración del principio de congruencia, al omitir pronunciarse sobre los argumentos
planteados por la ejecutante en el recurso de apelación dentro del proceso ejecutivo3 y si
tal omisión habría vulnerado el mencionado principio de la sentencia y habría afectado el
debido proceso y el derecho de acceso a la administración de justicia, de modo que
resulte procedente infirmar la providencia cuestionada en sede de revisión.
Análisis
25. La Sala declarará infundado el recurso extraordinario de revisión, por cuanto los
argumentos de la recurrente no evidencian la configuración de una nulidad originada en
la sentencia de segunda instancia ni la vulneración del principio de congruencia en los
términos del numeral 5.º del artículo 250 del CPACA. Por el contrario, del examen
conjunto de las sentencias de primera y segunda instancia se advierte que el Tribunal
Administrativo de Santander resolvió la controversia dentro del marco fijado por el
proceso ejecutivo y adoptó una decisión de fondo respecto de la procedencia de continuar
la ejecución del reintegro y de las acreencias reclamadas con posterioridad al 31 de
diciembre de 2013.
26. El recurso extraordinario de revisión, previsto en el Capítulo I del Título VI del CPACA,
constituye un mecanismo excepcional de impugnación que permite controvertir
sentencias ejecutoriadas proferidas por autoridades judiciales, cuando concurren
situaciones extraordinarias que afectan de forma sustancial la justicia material de la
decisión. Su finalidad es restablecer dicha justicia frente a vicios graves que no pudieron
alegarse o debatirse dentro del trámite ordinario del proceso, y que, por su entidad
justifican la superación del principio de cosa juzgada. En ese sentido, no se trata de una
tercera instancia ni de una vía para reabrir el debate jurídico o probatorio previamente
resuelto, sino de una herramienta procesal reservada a supuestos de extrema relevancia
que comprometen garantías constitucionales fundamentales, como el debido proceso o
la tutela judicial efectiva.
2 En atención al criterio de especialización laboral y conforme a lo dispuesto en el artículo 13 del Acuerdo 080 del 12
de marzo de 2019, modificado por el artículo 1.° del Acuerdo 434 de 2024, el conocimiento del asunto corresponde a
la Sección Segunda del Consejo de Estado.
3 En particular, los relativos a la falta de notificación de la Resolución 933 de 2012, a la aplicación del artículo 189 del
CPACA frente a la declaratoria de imposibilidad de reintegro y a la subsistencia del cargo de la demandante.
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27. En particular, la causal 5.ª del artículo 250 del CPACA establece la procedencia del
recurso extraordinario de revisión cuando se configure una nulidad originada en la
sentencia que puso fin al proceso y contra la cual no procede recurso de apelación. Para
que esta causal sea procedente, deben verificarse dos presupuestos: uno consistente en
que la providencia impugnada no sea susceptible del recurso de apelación, y otro
relacionado con la existencia de una nulidad sustancial generada en la propia sentencia.
28. Esta corporación4 ha precisado que dichas nulidades no se limitan exclusivamente a
las previstas de manera taxativa en el Código General del Proceso (CGP), sino que
también comprenden aquellas que, desde una perspectiva constitucional, afectan
gravemente el derecho al debido proceso o vulneran el principio de congruencia en la
actuación judicial.
29. En ese sentido, se han identificado, a título meramente enunciativo, ciertos supuestos
que comprometen derechos fundamentales como el debido proceso, el acceso a la
administración de justicia y la tutela judicial efectiva, “admitiendo que hay lugar a revisar
la sentencia de instancia por vía extraordinaria cuando la decisión (i) es inhibitoria; (ii) se
profiere sin motivación alguna; (iii) transgrede el principio de la no reformatio in pejus; (iv)
condena a un tercero que no ha sido vinculado como parte al proceso; (v) se pronuncia
sobre aspectos que no le corresponden, esto es, sin competencia o jurisdicción, según el
caso; (vi) se profiere en un proceso que había terminado por desistimiento, transacción o
perención; (vii) no cuenta con el número de votos requerido para su aprobación y (viii)
desconoce el principio de congruencia5 bien sea por una condena extra, ultra o infra
petita.”6.
30. En consecuencia, esta causal tiene como propósito salvaguardar el núcleo esencial
de las garantías procesales, cuando estas resultan afectadas por vicios insubsanables
presentes en la sentencia que puso fin al proceso.
31. En el presente asunto, la recurrente sostiene que la sentencia del 11 de mayo de
2023 incurrió en incongruencia porque omitió pronunciarse de manera expresa sobre
varios argumentos formulados en la sustentación de la apelación, especialmente los
relativos a la falta de notificación de la Resolución 933 de 2012, a la aplicación del artículo
189 del CPACA frente a la declaratoria de imposibilidad de reintegro y a la subsistencia
del cargo como consecuencia de la nulidad de la reestructuración de 1999.
32. Del contenido de la sentencia de segunda instancia se advierte que el Tribunal
identificó la postura de la ejecutante y la de la parte ejecutada, formuló el problema
jurídico y lo resolvió expresamente en el sentido de que no era posible seguir adelante
con la ejecución de la obligación de hacer consistente en el reintegro, ni con la obligación
de dar correspondiente a salarios, prestaciones y demás emolumentos hasta el efectivo
4 Ver entre otras, la sentencia de unificación del 8 de mayo de 2018, expediente 1998-00153; y las del 7 de septiembre
de 2018, Rad. REV 2014-00440-00; 18 de agosto de 2020, Rad. 11001-03-15-000-2017-02369-00; 26 de agosto de
2021, Rad. 11001-03-25-000-2017-00852-00 (4598-17); y del 16 de octubre de 2025, Rad. 11001-03-25-000-2023-
00330-00 (4906-2023).
5 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 7 de septiembre de 2018, radicación REV 2014-
00440-00.
6 Sentencia de 26 de agosto de 2021, Rad. 11001-03-25-000-2017-00852-00 (4598-17).
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reintegro. La razón que sostuvo esa conclusión fue que la Contraloría profirió la
Resolución 000933 del 5 de diciembre de 2012, mediante la cual declaró la imposibilidad
de reintegro, que constituía un acto administrativo definitivo, en firme y amparado por
presunción de legalidad, cuya validez no podía discutirse dentro del proceso ejecutivo.
33. Esa conclusión no implicó alteración del objeto del litigio ni introducción de un asunto
extraño al debate procesal. Por el contrario, la decisión del Tribunal se dirigió a resolver
el fundamento jurídico de la apelación, pues los reparos formulados por la ejecutante
(respecto de la falta de notificación) buscaban, en esencia, desvirtuar la eficacia de la
Resolución 933 de 2012 y obtener, por esa vía, la continuación de la ejecución del
reintegro y del pago de acreencias posteriores. En ese contexto, resultaba necesario
establecer si el juez del ejecutivo podía o no desconocer el acto administrativo que
declaró la imposibilidad de reintegro, cuestión que el ad quem resolvió negativamente.
34. No puede afirmarse que la sentencia de segunda instancia hubiera incurrido en
incongruencia por no pronunciarse sobre todos los planteamientos que la recurrente
formula en el recurso extraordinario de revisión. Como ya se indicó, el Tribunal sí abordó
el argumento relacionado con la eficacia de la Resolución 933 de 2012, al considerarla
un acto administrativo definitivo, en firme y amparado por presunción de legalidad, cuya
validez no podía ser controvertida en el proceso ejecutivo.
35. En relación con la supuesta inaplicación del artículo 189 del CPACA frente a la
declaratoria de imposibilidad de reintegro, la Sala advierte que no existe plena
correspondencia entre la forma en que dicho planteamiento fue expuesto en la
sustentación de la apelación y la manera como luego fue formulado en el recurso
extraordinario de revisión. En efecto, en la apelación la recurrente sostuvo, en esencia,
que si la declaratoria de imposibilidad de reintegro constituía una nueva situación jurídica,
esta debía sujetarse al ordenamiento vigente para la época de su expedición, por tratarse
de una nueva declaración, y que no se habían observado los preceptos legales que, a su
juicio, la regulaban, entre ellos el artículo 189 del CPACA7.
36. En cambio, en el recurso extraordinario de revisión el planteamiento fue presentado
en términos distintos, al afirmarse que la sentencia base del proceso ejecutivo era anterior
al CPACA y que, por tanto, el artículo 189 de esa codificación no podía aplicarse por ser
7 ¨el presente proceso está enmarcado dentro de la ejecución de una providencia judicial, las sentencias corresponden
a las de fechas 14.03.2011 confirmada por el Tribunal en sentencia del 01.11.2012, dentro del proceso 2000-1342-00,
dentro de las declaraciones que allí se hicieron, se encuentran no solamente el pago de los emolumentos causados
desde la fecha en que fue desvinculada sino también el reintegro al cargo que venía desempeñando. Honorable
Despacho, en el momento en el que la Contraloría da cumplimiento parcial a la sentencia al expedirse la Resolución
No. 23468, no se contaba y no se cuenta en el expediente con la notificación en debida forma de la Resolución que
establece el Despacho como que, se declara una imposibilidad de reintegro, la Resolución a que hacemos referencia
es la 9333 de 2012, por lo tanto, no puede tener efectos jurídicos sobre la ejecución o la no ejecución de las sentencias
objeto de ejecución. Pese a ello, de haber sido comunicada lo cual no está demostrado en el expediente, existe un
procedimiento reglado para la época en que la profirió, porque si está declarando una imposibilidad, está constituyendo
una nueva situación que debe ser regulada por la normatividad vigente al momento en que es proferido el acto, porque
si ya en este momento se establece que no hace parte de un procedimiento de ejecución de sentencia, entonces debe
estar reglamentado no por la reglamentación de ejecución de sentencia del CCA, sino de la nueva normativa, y esa
imposibilidad de reintegro, tiene una regulación específica en el CPACA, normas que con asombro tampoco se avalan
el cumplimiento en este proceso, como se ha reiterado, la imposibilidad de reintegro se encuentra regulada en el
CPACA en el Art. 189 inciso séptimo, norma vigente para la época en que se hace vigente la imposibilidad de reintegro.”
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norma posterior, o que, de aplicarse, debía haberse acudido al juez8. Ese argumento, tal
como se formuló, no fue sometido (con ese mismo alcance) a consideración del Tribunal
en la segunda instancia, por lo que no integraba estrictamente el debate procesal que
debía resolver el ad quem.
37. Tampoco prospera el reproche según el cual el Tribunal habría omitido pronunciarse
sobre el argumento relativo a la supuesta subsistencia del cargo de la demandante,
derivada de la nulidad de las reestructuraciones administrativas de 1999 y 2008. En
efecto, la sentencia de segunda instancia fundamentó su decisión en que la Contraloría
Departamental de Santander expidió la Resolución 000933 del 5 de diciembre de 2012,
mediante la cual declaró la imposibilidad de reintegro, acto administrativo que el ad quem
consideró definitivo, amparado por presunción de legalidad y, por tanto, no controvertible
dentro del proceso ejecutivo. Bajo esa premisa, el Tribunal resolvió el problema jurídico
planteado mediante una ratio decidendi suficiente, que hacía innecesario emitir un
análisis autónomo sobre la alegada subsistencia del cargo. Ello debido a que dicha
inconformidad se encontraba estrechamente vinculada a la validez y eficacia de la
Resolución 933 de 2012, discusión que no corresponde al proceso ejecutivo.
38. En esas condiciones, no puede predicarse una omisión decisoria respecto de un
aspecto que no fue planteado en la apelación en los términos en que ahora se expone
en el recurso extraordinario de revisión, dado que el principio de congruencia solo se
predica de los asuntos efectivamente sometidos al conocimiento del juez.
39. No se observa que la sentencia cuestionada hubiera guardado silencio absoluto
sobre la alzada, ni que hubiese dejado sin resolver las pretensiones o introducido una
decisión extraña al litigio. Por el contrario, la providencia mantuvo correspondencia con
lo debatido en el proceso, en la medida en que definió si era viable continuar la ejecución
pese a la existencia de un acto administrativo que extinguió el derecho al reintegro
reconocido judicialmente, y concluyó que ello no era posible mientras dicho acto
permaneciera en firme.
40. Tampoco puede afirmarse que el Tribunal hubiera debido transformar de oficio la
condena original para entender que, ante la imposibilidad de reintegro, surgía una
indemnización sustitutiva. La misma sentencia explicó que esa prestación no había sido
ordenada en la providencia base de recaudo, no había sido tasada ni definida en sus
parámetros y tampoco fue solicitada subsidiariamente en la demanda ejecutiva ni en sede
administrativa. En ese punto, la providencia de segunda instancia también adoptó una
decisión expresa.
41. Para la Sala, la recurrente plantea una discrepancia con el alcance de la motivación
empleada por el Tribunal y con la respuesta que este dio a los reparos de la apelación,
especialmente en cuanto consideró que la discusión sobre la validez de la Resolución
933 de 2012 debía ventilarse a través del medio de control correspondiente y no dentro
8 “SE DIJO EN LOS REPAROS DE LA APELACION QUE LA EJECUTORIA DE LA SENTENCIA BSE DEL PROCESO
EJECUTIVO ERA ANTERIOR AL CPACA Y POR TANTO EL ARTICULO 189 DEL CPACA SOBRE IMPOSIBILIDAD
DE REINTEGRO NO SE PODIA APLICAR POR SER NORMA POSTERIOR Y DE APLICARSE DEBIA HABERSE
RECURRIDO AL JUEZ, ESTE REPARO TAMPOCO TUVO DESARROLLO EN LA SENTENCIA DEL AD-QUE”
9
Radicación: 11001-03-25-000-2024-00231-00 (3149-2024)
Demandante: Nelly Esther Martínez Ariza
del proceso ejecutivo. Esa inconformidad pertenece al debate propio de las instancias y
no configura, por sí sola, una nulidad originada en la sentencia.
42. El principio de congruencia no se vulnera porque el juez adopte una interpretación
distinta de la sostenida por la parte inconforme, solo se desconoce cuando existe ruptura
sustancial entre lo pedido, lo debatido y lo decidido. En este caso, la sentencia de
segunda instancia mantuvo correspondencia con el objeto del litigio, con la decisión
apelada y con la controversia realmente propuesta por las partes, por lo que no se
advierte incongruencia externa o interna que afecte su validez.
43. En consecuencia, no se configura la causal de revisión prevista en el numeral 5.º del
artículo 250 del CPACA, pues la sentencia del 11 de mayo de 2023 resolvió el problema
sometido a su conocimiento, lo hizo dentro de los límites del debate procesal y con
motivación suficiente. Por ello, se declarará infundado el recurso extraordinario de
revisión.
Condena en costas
44. El artículo 70 de la Ley 2080 de 2021 modificó el artículo 255 del CPACA,
estableciendo un criterio objetivo para la imposición de costas, consistente en que estas
deben imponerse al recurrente cuando se declare infundado el recurso extraordinario de
revisión.
45. En ese sentido, dado que en el presente caso se declarará infundado el recurso, y
que la parte accionada acreditó la causación de costas como consecuencia de su
intervención en el proceso, se impondrá dicha condena al accionante en favor de la
Contraloría Departamental de Santander, las cuales deberán liquidarse por secretaría de
la sección.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley
III. RESUELVE
PRIMERO. DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión interpuesto
por Nelly Esther Martínez Ariza contra la sentencia de segunda instancia la sentencia del
11 de mayo de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado 680013333003-2016-00215-
03.
SEGUNDO. CONDENAR en costas al demandante, Nelly Esther Martínez Ariza en favor
de la Contraloría Departamental de Santander, de conformidad con lo expuesto en la
parte motiva de esta providencia.
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Radicación: 11001-03-25-000-2024-00231-00 (3149-2024)
Demandante: Nelly Esther Martínez Ariza
TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, INGRESAR el
expediente al despacho para la fijación de las agencias en derecho, previas las
anotaciones correspondientes.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
11
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