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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2024-00493-00

Fecha
19 de marzo de 2026
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2024-00493-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión interpuesto por Amado Rafael Guerrero Rizo contra la sentencia de segunda instancia la sentencia del 3 de octubre de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado 08-001-33-33-013-2021- 00272-01. SEGUNDO. CONDENAR en costas al demandante, Amado Rafael Guerrero Rizo en favor de la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, INGRESAR el expediente al despacho para la fijación de las agencias en derecho, previas las anotaciones correspondientes.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2024-00493-00

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

19 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D.C., diecinueve (19) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia : Recurso Extraordinario de Revisión
Radicación : 11001-03-25-000-2024-00493-00 (5551-2024)
Demandante : Amado Rafael Guerrero Rizo
Demandado : Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional.
Tema : Causal de revisión artículo 250-5 de la Ley 1437 de 2011
Decisión : Declara infundado el recurso extraordinario de revisión. No se
acreditó la configuración de una nulidad originada en la sentencia
de segunda instancia. El Tribunal Administrativo del Atlántico
resolvió la controversia dentro del marco fáctico y jurídico del
litigio, con motivación suficiente y sin vulnerar el principio de
congruencia ni el debido proceso.

La Sala decide el recurso extraordinario de revisión interpuesto Amado Rafael Guerrero
Rizo contra la sentencia del 3 de octubre de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo
del Atlántico, que revocó la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Trece
Administrativo de Barranquilla que había concedido las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

Proceso ordinario

1. Amado Rafael Guerrero Rizo, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, solicitó que se declarara la nulidad del acto administrativo
contenido en el oficio SG-2021-047359, emitido por el jefe del Área del Archivo General
de la Policía Nacional, mediante el cual se negó el reconocimiento de tiempos dobles a
su favor, al considerar que los interregnos solicitados ya habían sido incorporados en su
hoja de servicios.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, pidió que se condenara a la Policía
Nacional a realizar la corrección y elaboración de la hoja de servicios, con el fin de incluir
los tiempos dobles conforme a los Decretos 1386 de 1974 y 0739 de 1970, que regulan
dicho reconocimiento, para restablecer el derecho del demandante.

3. También solicitó computar la totalidad de los tiempos dejados de reconocer
equivalentes a 5 años, 9 meses y 26 días, conforme a los decretos ya mencionados y el
reconocimiento de los perjuicios materiales y del porcentaje correspondiente de la
pensión vitalicia de jubilación por el tiempo de servicio que, por derecho, le corresponde,

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-25-000-2024-00493-00 (5551-2024)
Demandante: Amado Rafael Guerrero Rizo

esto es, 17 años, 2 meses y 24 días, de acuerdo con lo previsto en la Ley 923 de 2004 y
los Decretos 1212 y 1213 de 1990, que regulan el régimen pensional y de asignación de
retiro de los miembros de la fuerza pública.

4. Finalmente, pidió que se ordenara el pago de la suma que resultara de la liquidación
al incluir, reconocer y cancelar lo adeudado por la entidad, junto con las prestaciones
dejadas de pagar por los mismos conceptos, conforme a los artículos 157, 192 y 195 del
CPACA, por un valor de $83.365.214.

5. El demandante señaló que ingresó a la Institución Policial, Escuela Antonio Nariño,
como agente el 17 de julio de 1967. Fue nombrado en propiedad mediante la Resolución
No. 02968 del 18 de agosto de 1967 y permaneció en el cargo hasta el 15 de diciembre
de 1978, según la Resolución No. 008 de 1978. En total, laboró 11 años, 4 meses y 28
días sin incluir tiempos dobles y que el 24 de junio de 2021 solicitó a la Policía Nacional
la corrección y elaboración de su hoja de servicios, con el fin de incluir los decretos que
reconocen tiempos dobles por el periodo comprendido entre el 17 de julio de 1967 y el
15 de diciembre de 1978.

6. Alegó que la entidad emitió respuesta de fondo y remitió la hoja de servicios, en la que
registró un tiempo total de 14 años, 6 meses y 10 días, dando aplicación a los Decretos
1386 de 1974 y 0739 de 1970. Sin embargo, sostuvo que el cálculo fue incorrecto, pues
no se aplicaron los tiempos dobles desde la fecha de entrada en vigencia de cada
decreto. Explicó que el Decreto 1386 de 1974 rigió entre el 26 de febrero de 1971 y el 29
de noviembre de 1973, periodo equivalente a 2 años, 10 meses y 3 días, que al
multiplicarse por dos arroja 4 años, 20 meses y 6 días. Por su parte, el Decreto 0739 de
1970 tuvo vigencia del 21 de abril al 15 de mayo de 1970, es decir 24 días, que en tiempo
doble corresponden a 48 días.

7. Agregó que la sumatoria correcta de tiempos dobles asciende a 5 años, 9 meses y 26
días, mientras que la Policía Nacional solo reconoció 3 años, 1 mes y 12 días, lo que
afectó su tiempo total de servicio en 2 años, 8 meses y 14 días, y que si se suman los
tiempos dobles completos a los 11 años, 4 meses y 28 días efectivamente laborados, el
total sería de 17 años, 2 meses y 24 días, con lo cual cumple los requisitos legales para
el reconocimiento de la pensión de jubilación, conforme a la Ley 923 de 2004 y los
Decretos 1212 y 1213 de 1990.

8. Finalmente, señaló que el país estuvo en estado de sitio en varios periodos entre 1965
y 1991, sin que la Policía Nacional haya reconocido los tiempos laborados bajo esas
condiciones excepcionales, pese a su declaratoria formal.

9. El Juzgado Trece Administrativo de Barranquilla, mediante sentencia del 15 de mayo
de 2023, accedió a las pretensiones de la demanda y declaró la nulidad del Oficio
GS-2021-047359 del 25 de noviembre de 2021, mediante el cual la Policía Nacional negó
el reconocimiento de tiempos dobles al señor Amado Rafael Guerrero Rizo. El despacho
concluyó que la entidad no aplicó correctamente los Decretos 1386 de 1974 y 739 de
1970, pues solo contabilizó el tiempo ordinario del estado de sitio, omitiendo el cómputo
doble previsto en dichas normas.

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Demandante: Amado Rafael Guerrero Rizo

10. Como restablecimiento del derecho, ordenó modificar la hoja de servicios del actor
para incluir 2 años, 10 meses y 56 días adicionales, correspondientes al tiempo doble no
reconocido. Con esta adición, su tiempo total de servicio ascendió a 17 años, 4 meses y
6 días.

11. A partir de ese tiempo total, se determinó que el actor cumplía los requisitos legales
para acceder a la asignación de retiro, por lo que ordenó reconocerla, liquidarla y pagarla
conforme a los artículos 100, 104 y 110 del Decreto 1213 de 1990, junto con la
reliquidación de las prestaciones sociales derivadas. No obstante, declaró la prescripción
cuatrienal, por lo que la reliquidación solo se ordenó desde el 24 de junio de 2018 hacia
adelante.

12. La entidad demandada interpuso recurso de apelación por considerar que el a quo
incurrió en interpretación equivocada de los decretos que reconocen tiempos dobles,
porque el tiempo doble no supone “duplicar aritméticamente” el lapso servido, sino
reconocer exactamente el tiempo adicional que cada decreto fija para periodos
específicos; por ende, afirmó que en la hoja de servicios del actor ya se encontraban
reconocidos los periodos aplicables del Decreto 739 de 1970 (21/04/1970 a 15/05/1970),
por 24 días, y del Decreto 1386 de 1974 (26/02/1971 a 29/12/1973), por 2 años, 10 meses
y 3 días, lo cual arrojaba como total liquidado 14 años, 6 meses y 10 días, de manera
que no existía “tiempo faltante” por adicionar ni fundamento para reliquidaciones.

13. Adicionalmente, controvirtió la orden relacionada con asignación de retiro, por dos
razones: primero, porque el demandante no cumpliría los requisitos temporales del
régimen especial; y segundo, porque la competencia para reconocer dicha prestación no
sería de la Policía Nacional sino de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional.
Para sustentar su postura, desarrolló un recuento normativo sobre el reconocimiento de
tiempos dobles (Ley 2 de 1945, decretos y normas de carrera) e insistió en que su
procedencia exige, además de la declaratoria de estado de sitio, la expedición de un
decreto adicional que determine beneficiarios y condiciones.

14. El Tribunal Administrativo del Atlántico mediante sentencia del 3 de octubre de 2023,
revocó la sentencia de primera instancia y, en su lugar, negó las pretensiones del señor
Amado Rafael Guerrero Rizo, al concluir que no se acreditaron los presupuestos exigidos
para el reconocimiento de “tiempos dobles” con efectos prestacionales.

15. Señaló que en el expediente está acreditado que el actor laboró en la Policía Nacional
entre el 17 de julio de 1967 y el 15 de diciembre de 1978 (11 años, 4 meses y 28 días), y
que en su hoja de servicios la entidad ya le había reconocido 2 años, 10 meses y 3 días
como tiempo doble, lo que arrojó un total de 14 años, 6 meses y 10 días.

16. Reiteró el entendimiento normativo y jurisprudencial según el cual la sola declaratoria
del estado de sitio no genera, por sí misma, el reconocimiento del tiempo doble: se
requiere que el Gobierno, mediante acto/decreto adicional, determine las zonas
beneficiadas y los destinatarios, y que el interesado demuestre haber prestado
efectivamente el servicio en la zona afectada durante el lapso alegado.

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Demandante: Amado Rafael Guerrero Rizo

17. Así, concluyó que el actor no cumplió la carga de acreditar los extremos
indispensables del beneficio: no probó la prestación del servicio en las zonas afectadas
ni identificó el decreto específico que consagrara el reconocimiento a su favor en su
condición (nivel/grado) para los periodos invocados, más allá de referir decretos de
declaratoria general del estado de sitio. Por ello, determinó que no había lugar a ordenar
la corrección de la hoja de servicios ni a computar tiempos dobles adicionales para fines
prestacionales y, en consecuencia, revocó la decisión de primera instancia y negó las
pretensiones de la demanda.

Demanda del recurso extraordinario de revisión1

18. El demandante interpuso recurso extraordinario de revisión con fundamento en el
numeral 5.º del artículo 250 del CPACA, en el que argumentó que el Tribunal de segunda
instancia se apartó del debate real de la litis, pues en lugar de analizar si el cálculo de los
tiempos dobles fue erróneo (que era lo solicitado), se concentró en determinar si el actor
tenía derecho al reconocimiento de dichos tiempos, pese a que la Policía Nacional ya los
había reconocido. Así, para el recurrente, la controversia no giraba en torno a la
existencia del derecho, sino a la forma incorrecta en que la entidad computó los periodos
dobles establecidos en los Decretos 1386 de 1974 y 739 de 1970.

19. Por ello, sostuvo que la sentencia incurrió en vulneración al principio congruencia, lo
cual constituye causal de nulidad conforme al numeral 5 del artículo 250 del CPACA,
pues, a su juicio, el Tribunal introdujo un asunto no debatido ni pedido por las partes, lo
que excedió los límites fijados por la demanda. En consecuencia, solicitó que se declare
la nulidad de la sentencia de segunda instancia y que se confirme íntegramente el fallo
emitido por el Juzgado 13 Administrativo.

Contestación del recurso

20. La Policía Nacional, sostiene que el recurso extraordinario de revisión tiene un
carácter excepcional y restrictivo, que no puede convertirse en una tercera instancia
destinada a reabrir el debate probatorio o replantear la interpretación jurídica realizada
en la sentencia. Indicó que este recurso solo procede por las causales taxativas del
artículo 250 del CPACA y exige que el recurrente demuestre una verdadera nulidad
procesal originada en la sentencia, no simples desacuerdos con el análisis jurídico o
probatorio desarrollado por el juez de segunda instancia.

21. Según la entidad demandada, los argumentos del actor no encajan en la causal
invocada (numeral 5 del art. 250 CPACA), pues no señalan una nulidad procesal prevista
en el artículo 133 del CGP ni muestran una irregularidad capaz de invalidar la sentencia.
Por el contrario, la demandada insiste en que el recurrente se limita a cuestionar el
contenido y motivación del fallo, la valoración de las pruebas y la interpretación de las
normas aplicadas, asuntos que (según la entidad) son materias de fondo, no de carácter
procesal, y por ello no pueden ser revisados por esta vía extraordinaria.

1 Radicada el 2 de octubre de 2024.

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Demandante: Amado Rafael Guerrero Rizo

22. Aduce que el actor pretende utilizar la revisión para reabrir el debate sobre si el
Tribunal valoró bien o mal las pruebas o si debía confirmar la sentencia de primera
instancia, lo cual no es procedente. Argumentó que el señalamiento de “falta de
congruencia” hecho por el demandante no se funda en una nulidad procesal
comprobable, sino en su inconformidad con la decisión adoptada, lo que demuestra que
en realidad busca reexaminar la motivación del fallo y no denunciar un vicio real que
afecte su validez formal.

23. Finalmente, la entidad solicita declarar infundado el recurso extraordinario de revisión
y condenar en costas al recurrente, de conformidad con el artículo 255 del CPACA
modificado por la Ley 2080 de 2021, al considerar que el recurso fue sustentado sin
ajustarse a las causales legales y con el propósito de reabrir un litigio ya concluido
mediante sentencia ejecutoriada.

Ministerio público

24. Solicitó declarar fundado el recurso extraordinario de revisión al estimar que el
Tribunal planteó un problema jurídico distinto al real, enfocándose en determinar si el
actor tenía derecho al “reconocimiento del tiempo doble”, pese a que dicho
reconocimiento ya existía y lo discutido era la corrección del cálculo de esos tiempos en
la hoja de servicios. Esto, a juicio del ministerio público, constituye una incongruencia
externa y grave, porque la sentencia resolvió un asunto diferente al solicitado en la
demanda.

25. Finalmente, consideró demostrada la incongruencia entre lo pedido, lo debatido y lo
decidido, lo que configura la nulidad alegada. Por ello, pidió que se declarara fundado el
recurso extraordinario de revisión, se infirmara la sentencia del Tribunal Administrativo
del Atlántico que revocó la sentencia de primera instancia, la cual sí resolvió conforme a
las pretensiones del actor.

II. CONSIDERACIONES

Competencia

26. De conformidad con lo previsto en el artículo 249 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante CPACA), el Consejo de
Estado2 es competente para resolver los recursos extraordinarios de revisión contra las
sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos. Así las cosas, se
abordará el análisis de esta controversia.

2 En atención al criterio de especialización laboral y conforme a lo dispuesto en el artículo 13 del Acuerdo 080 del 12

de marzo de 2019, modificado por el artículo 1.° del Acuerdo 434 de 2024, el conocimiento del asunto corresponde a
la Sección Segunda del Consejo de Estado.
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Demandante: Amado Rafael Guerrero Rizo

Problema jurídico

27. Corresponde a la Sala determinar si la sentencia del 3 de octubre de 2023, proferida
por el Tribunal Administrativo del Atlántico dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho promovido por Amado Rafael Guerrero Rizo contra la
Nación –Ministerio de Defensa – Policía Nacional, incurrió en la causal prevista en el
numeral 5.º del artículo 250 del CPACA, al presuntamente vulnerar el principio de
congruencia por pronunciarse sobre el derecho al reconocimiento del tiempo doble de
servicio con fundamento en los Decretos 1386 de 1974 y 739 de 1970.

Análisis

28. La Sala declarará infundado el recurso extraordinario de revisión, por cuanto los
argumentos del recurrente no evidencian la configuración de una nulidad originada en la
sentencia de segunda instancia ni la vulneración del principio de congruencia en los
términos del numeral 5.º del artículo 250 del CPACA. Por el contrario, del análisis integral
de la providencia se constata que el Tribunal Administrativo del Atlántico resolvió la
controversia dentro del marco fáctico y jurídico fijado en el proceso, abordó el fundamento
de las pretensiones formuladas en la demanda y adoptó una decisión de fondo respecto
del reconocimiento del tiempo doble reclamado.

29. El recurso extraordinario de revisión, previsto en el Capítulo I del Título VI del CPACA,
constituye un mecanismo excepcional de impugnación que permite controvertir
sentencias ejecutoriadas proferidas por autoridades judiciales, cuando concurren
situaciones extraordinarias que afectan de forma sustancial la justicia material de la
decisión. Su finalidad es restablecer dicha justicia frente a vicios graves que no pudieron
alegarse o debatirse dentro del trámite ordinario del proceso, y que por su entidad
justifican la superación del principio de cosa juzgada. En ese sentido, no se trata de una
tercera instancia ni de una vía para reabrir el debate jurídico o probatorio previamente
resuelto, sino de una herramienta procesal reservada a supuestos de extrema relevancia
que comprometen garantías constitucionales fundamentales, como el debido proceso o
la tutela judicial efectiva.

30. En particular, la causal 5.ª del artículo 250 del CPACA establece la procedencia del
recurso extraordinario de revisión cuando se configure una nulidad originada en la
sentencia que puso fin al proceso y contra la cual no procede recurso de apelación. Para
que esta causal sea procedente, deben verificarse dos presupuestos: uno consistente en
que la providencia impugnada no sea susceptible del recurso de apelación, y otro
relacionado con la existencia de una nulidad sustancial generada en la propia sentencia.

31. Esta corporación3 ha precisado que dichas nulidades no se limitan exclusivamente a
las previstas de manera taxativa en el Código General del Proceso (CGP), sino que
también comprenden aquellas que, desde una perspectiva constitucional, afectan
gravemente el derecho al debido proceso o vulneran el principio de congruencia en la
actuación judicial.

3 Ver entre otras, la sentencia de unificación del 8 de mayo de 2018, expediente 1998-00153; y las del 7 de septiembre

de 2018, Rad. REV 2014-00440-00; 18 de agosto de 2020, Rad. 11001-03-15-000-2017-02369-00; 26 de agosto de
2021, Rad. 11001-03-25-000-2017-00852-00 (4598-17); y del 16 de octubre de 2025, Rad. 11001-03-25-000-2023-
00330-00 (4906-2023).
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Demandante: Amado Rafael Guerrero Rizo

32. En ese sentido, se han identificado, a título meramente enunciativo, ciertos supuestos
que comprometen derechos fundamentales como el debido proceso, el acceso a la
administración de justicia y la tutela judicial efectiva, “admitiendo que hay lugar a revisar
la sentencia de instancia por vía extraordinaria cuando la decisión (i) es inhibitoria; (ii) se
profiere sin motivación alguna; (iii) transgrede el principio de la no reformatio in pejus; (iv)
condena a un tercero que no ha sido vinculado como parte al proceso; (v) se pronuncia
sobre aspectos que no le corresponden, esto es, sin competencia o jurisdicción, según el
caso; (vi) se profiere en un proceso que había terminado por desistimiento, transacción o
perención; (vii) no cuenta con el número de votos requerido para su aprobación y (viii)
desconoce el principio de congruencia4 bien sea por una condena extra, ultra o infra
petita.”5.

33. En consecuencia, esta causal tiene como propósito salvaguardar el núcleo esencial
de las garantías procesales, cuando estas resultan afectadas por vicios insubsanables
presentes en la sentencia que puso fin al proceso.

34. En el presente asunto, el recurrente sostiene que la sentencia de segunda instancia
incurrió en incongruencia, por cuanto el Tribunal Administrativo del Atlántico habría
modificado el objeto del litigio al resolver si el demandante tenía derecho al
reconocimiento del tiempo doble de servicio, cuando (según afirma) la controversia se
limitaba a la corrección del cálculo de tiempos dobles ya reconocidos en la hoja de
servicios.

35. Del examen del contenido de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
se advierte que las pretensiones formuladas por el actor no se circunscribían a una simple
operación aritmética sobre tiempos previamente aceptados por la administración. En
efecto, el demandante solicitó la nulidad del acto administrativo que negó la corrección
de su hoja de servicios y pidió que se ordenara a la entidad demandada incluir y computar
como tiempo doble un período específico (5 años, 9 meses y 26 días) con fundamento en
los Decretos 1386 de 1974 y 739 de 1970, así como reconocer las consecuencias
prestacionales derivadas de dicho cómputo6.

36. De lo anterior se desprende que el objeto del litigio implicaba necesariamente
determinar si resultaba procedente el reconocimiento del tiempo doble reclamado en los
4 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 7 de septiembre de 2018, radicación REV 2014-

00440-00.
5 Sentencia de 26 de agosto de 2021, Rad. 11001-03-25-000-2017-00852-00 (4598-17).
6 […] Declarar Nulidad ACTO ADMINISTRATIVO N° SG-2021 - 047359 emitido por el jefe Área de Archivo General de

la POLICIA NACIONAL. 2. Ordenar a la POLICIA NACIONAL hacer la respectiva CORRECCIÓN Y ELABORACIÓN
DE LA HOJA DE SERVICIO, con el objeto de Incluir los tiempos de servicios dobles conforme a los Decretos 1386/74
y 00739/70 que se legalizaron para el reconocimiento de tiempo doble para restablecer el derecho del señor AMADO
RAFAEL GUERRERO RIZO, agente retirado de la Policía. 3. Computar la totalidad de los años dejados de reconocer,
que corresponden a CINCO (05) años, NUEVE (09) meses, VEINTISEIS (26) días, conforme a los decretos 1386/74 y
00739/70 4. Reconocer los perjuicios materiales, el porcentaje de la pensión vitalicia de jubilación por el tiempo de
servicio que por derecho le corresponde al señor AMADO RAFAEL GUERRERO RIZO que prestó en la Institución
como agente de policía que fueron DIECISIETE (17) años, DOS (02) meses Y VEINTICUATRO (24) días, conforme a
Ley 923 DE 2004 y decretos reglamentarios 1213 y 1212 DE 1990 Por los cuales se fija el régimen pensional y de
asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública. 5. Que se condene a quien corresponda a pagar la suma
en pesos que se origine de la liquidación, al momento de Incluir, Reconocer y Cancelar de lo adeudado por dicha
Entidad y prestaciones dejadas de pagar por los mismos conceptos en los términos los Artículos 157, 192 y 195 del
CPACA por valor de OCHENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOCIENSTOS
CATORCE PESOS M/L ($83.365.214) en base a la siguiente Formula Aritmética Razonada numeral 6 del artículo 162
del CPACA: […]
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Demandante: Amado Rafael Guerrero Rizo

términos propuestos por el demandante, pues la corrección de la hoja de servicios y el
cómputo de los años solicitados dependían de establecer si dichos períodos podían ser
reconocidos como tiempo doble con fundamento en la normativa invocada.

37. En ese contexto, la sentencia de segunda instancia formuló el problema jurídico
orientado a establecer si el demandante tenía derecho al reconocimiento del tiempo doble
de servicio con fundamento en los decretos citados a efectos de corregir la hoja de
servicios y computar dicho tiempo con incidencia prestacional. A partir de ese
planteamiento, el Tribunal concluyó que no se acreditaban los presupuestos necesarios
para reconocer el tiempo doble en los términos reclamados y, por ello, revocó la sentencia
de primera instancia y negó las pretensiones de la demanda.

38. Tal razonamiento no implica una alteración del objeto del litigio ni la introducción de
un asunto ajeno al debate procesal. Por el contrario, la decisión del Tribunal se dirigió a
resolver el fundamento jurídico de la pretensión principal formulada por el actor, pues la
corrección de la hoja de servicios pretendida depende de establecer previamente si
procede el reconocimiento del tiempo doble reclamado, máxime, si se tiene en cuenta
qué, la primera instancia al momento de formular la “Tesis del Despacho” sostuvo que,
debía establecer en primer lugar si en el presente asunto concurrían los presupuestos
requeridos para incluir los tiempos dobles solicitados por el demandante7.

39. Así, la sentencia de segunda instancia no reconoció un derecho distinto al solicitado,
no abordó cuestiones ajenas al litigio ni omitió pronunciarse sobre las pretensiones de la
demanda. Su análisis se limitó a precisar que, para efectos del reconocimiento de tiempos
dobles, no basta la mera declaratoria del estado de sitio8, pues ello no activa
automáticamente dicho beneficio. Por el contrario, resulta indispensable acreditar en qué
zonas estuvo vigente la medida (o si aplicó a todo el territorio nacional) y demostrar que
el interesado efectivamente prestó sus servicios en la zona beneficiada durante el periodo
alegado, extremos que, a juicio del ad quem, no fueron acreditados en el expediente9.

7 […] 3.1. Tesis del Despacho Advierte el Despacho, que la ley dio la posibilidad a los miembros de la Fuerza Pública,

que se le computaran como dobles los tiempos de servicios laborados durante la declaración del estado de sitio por
grave perturbación del orden público, que tuvo lugar entre otros en el periodo comprendido entre 1970 a 1974 de
conformidad con los Decretos 00739 de 1970 y 1386 de 1974, expedido por el Gobierno Nacional, siempre que se
cumplieran con los requisitos: i). Declaratoria de Estado de sitio por turbación del orden público hasta el decreto que
levantara dicha medida, ii). Concepto previo del Consejo de Ministros y iii). Decreto del Gobierno reconociendo
expresamente a determinados agentes, suboficiales, etc.; requisitos indispensables para que procediera al
reconocimiento de los tiempos dobles a favor de los Agentes y Suboficiales de la Policía Nacional. De acuerdo con lo
anterior, deberá el Despacho proceder a examinar, si dentro del sub lite, confluyen los presupuestos mencionados a
efectos de establecer, en primer lugar, si le asiste el derecho al accionante a que se le incluyan los tiempos dobles
solicitados por haber laborado como Agente durante el periodo comprendido en el estado de sitio, comoquiera que, la
entidad acusada al parecer reconoció como dobles los tiempos laborados por el señor AMADO GUERRERO en la
institución policial con fundamento en lo dispuesto en los Decretos 00739 de 1970 y 1386 de 1974, en razón de 02
años, 10 meses y 28 días, de acuerdo con la hoja de servicios del 12/04/1979, empero dicho tiempo de servicio fue
computado de manera errónea por parte de la Policía Nacional al momento de proceder al reconocimiento en su hoja
de servicios. […]
8 Con fundamento en jurisprudencia del Consejo de Estado.
9 […] Por ello, se hace necesario que dentro del expediente se acrediten los decretos expedidos por el Gobierno

Nacional, los cuales constituyen el sustento legal de la petición, ya que, se recalca que “no basta la declaratoria del
estado de sitio para que automáticamente opere el aludido reconocimiento”3; igualmente se debe señalar las zonas en
las cuales operó este beneficio o, en su defecto, se indique que operó para todo el territorio nacional, y demostrar que
el interesado prestó efectivamente los servicios en cada zona durante el lapso alegado. […] En ese orden de ideas
como se observa, la decisión del a quo no fue concordante con las disposiciones legales y jurisprudenciales respecto
del reconocimiento de tiempos dobles para los miembros de la fuerza pública, con las cuales fundamentó que el
demandante era acreedor de las pretensiones deprecadas, en tanto no cumplió con los requisitos establecidos por el
legislador para la fundamentación de dicho reconocimiento con fines prestacionales, porque no se indicó con precisión
además de otras exigencias, i) la prestación del servicio en la zona afectada y ii) el decreto que lo consagró a su favor;
exigencias las cuales resultan indispensables para el cómputo de tiempos dobles. […]
8

Radicación: 11001-03-25-000-2024-00493-00 (5551-2024)
Demandante: Amado Rafael Guerrero Rizo

40. Asimismo, la propia sentencia de primera instancia señaló que el reconocimiento de
tiempos dobles solo es procedente en aquellas zonas donde el Gobierno nacional, previo
juicio del Consejo de ministros, lo disponga expresamente, siempre que las condiciones
lo justifiquen10.

41. Ahora bien, el hecho de que la primera instancia, pese a haber advertido la necesidad
de verificar si el demandante cumplía los requisitos para el reconocimiento de tiempos
dobles, no hubiera efectuado dicho análisis, no impedía que la segunda instancia lo
realizara. En efecto, para determinar la procedencia de la liquidación reclamada, era
indispensable establecer previamente si al actor le asistía o no el derecho al
reconocimiento del tiempo doble, pues el ad quem no podía partir de la premisa (no
demostrada) de que dicho derecho existía, comoquiera que su procedencia está
supeditada al cumplimiento de presupuestos normativos específicos.

42. Para la Sala, lo que realmente plantea el recurrente es una discrepancia con el
análisis jurídico y probatorio efectuado por el Tribunal respecto de los requisitos
necesarios para reconocer el tiempo doble de servicio, aspecto que pertenece al debate
propio de las instancias en el proceso ordinario y no configura una nulidad originada en
la sentencia. El Tribunal abordó el problema jurídico relativo al reconocimiento de tiempos
dobles y su consecuente corrección, valoró el acervo probatorio y aplicó el marco
normativo pertinente, manteniéndose dentro de los límites del debate procesal fijado
desde la demanda, la sentencia de primera instancia y el recurso de apelación. Por ello,
no se evidencia ruptura lógica, omisión decisoria ni desbordamiento del tema decisorio
que permita predicar la nulidad de la providencia.

43. El principio de congruencia no se vulnera cuando el juez adopta una interpretación
distinta de la sostenida por la parte inconforme, sino cuando existe una ruptura sustancial
entre lo pedido, lo debatido y lo decidido. En el presente caso, la providencia cuestionada
mantuvo correspondencia con las pretensiones y con el problema jurídico planteado en
el proceso, por lo que no se advierte la existencia de una incongruencia externa o interna
que afecte la validez de la decisión.

44. En consecuencia, no se configura la causal de revisión prevista en el numeral 5.º del
artículo 250 del CPACA, pues la sentencia de segunda instancia resolvió dentro de los
límites del debate procesal y con motivación suficiente y, por tanto, se declarará
infundado el recurso extraordinario de revisión.

Condena en costas

45. El artículo 70 de la Ley 2080 de 2021 modificó el artículo 255 del CPACA,
estableciendo un criterio objetivo para la imposición de costas, consistente en que estas
deben imponerse al recurrente cuando se declare infundado el recurso extraordinario de
revisión.

10 Conforme a la normatividad referida, sólo habrá lugar a computar como tiempo doble, para efectos del
reconocimiento y pago de las prestaciones sociales, el tiempo de servicio en guerra internacional o conmoción interior
durante el estado de sitio por turbación del orden público, en aquellas zonas donde expresamente lo estipule el
Gobierno, a juicio del Consejo de Ministros y siempre que las condiciones justifiquen dicha medida.
9

Radicación: 11001-03-25-000-2024-00493-00 (5551-2024)
Demandante: Amado Rafael Guerrero Rizo

46. En ese sentido, dado que en el presente caso se declarará infundado el recurso, y
que la parte accionada acreditó la causación de costas como consecuencia de su
intervención en el proceso, se impondrá dicha condena al accionante en favor de Nación,
Ministerio de Defensa, Policía Nacional, las cuales deberán liquidarse por la secretaria
de la sección.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley

III. RESUELVE

PRIMERO. DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión interpuesto
por Amado Rafael Guerrero Rizo contra la sentencia de segunda instancia la sentencia
del 3 de octubre de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado 08-001-33-33-013-2021-
00272-01.

SEGUNDO. CONDENAR en costas al demandante, Amado Rafael Guerrero Rizo en
favor de la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, INGRESAR el
expediente al despacho para la fijación de las agencias en derecho, previas las
anotaciones correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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