Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2025-00211-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2025-00211-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2025-00211-00
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
22 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D.C., veintidós (22) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
Radicación: 11001-03-25-000-2025-00211-00 (1649-2025)
Demandante: Lilibeth Araujo Martínez
Demandados: Nación - Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) – Fiduprevisora
S.A. – Municipio de Valledupar – Secretaría de Educación
Municipal de Valledupar – Donaciana Hernández Palacio
Temas: Causales segunda y quinta del artículo 250 de CPACA. Falta de
motivación. Naturaleza y alcance del recurso extraordinario de
revisión. De la causal de revisión por documentos falsos o
adulterados. De la ausencia de prueba posterior que acredite la
falsedad de la prueba documental y la improcedencia de
replantear su valoración probatoria. DECLARA INFUNDADO.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
La Sala decide el recurso extraordinario de revisión interpuesto1 por la señora
Lilibeth Araujo Martínez contra la sentencia proferida el veinte (20) de junio de dos
mil veinticuatro (2024) por el Tribunal Administrativo del Cesar 2, para lo cual se
invocaron las causales de los numerales 2 y 5 del artículo 250 del CPACA.
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
1. Que el señor Arístides Alberto Obregón Rondón fue pensionado por el Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) mediante la Resolución
0345 del 16 de septiembre de 2011, en su calidad de docente adscrito a la
Secretaría de Educación Municipal de Valledupar, y falleció el 14 de abril de 2014.
2. Que contrajo matrimonio con la señora Donanciana Hernández Palacio, de quien
se encontraba separado de cuerpos desde antes del 21 de septiembre de 2001 e
inició una relación sentimental con la ahora recurrente en el año 1997, época en la
cual ella cursaba estudios en jornada nocturna y él se desempeñaba como docente
en el Colegio Villa Corelca.
1 La presentación del recurso se efectuó el 9 de junio de 2025. Véase índice 00003 del aplicativo SAMAI.
2Decisión que confirmó la sentencia proferida el 14 de febrero de 2020, por por el Juzgado Primero
Administrativo del Circuito Judicial de Valledupar en la cual se negaron las pretensiones.
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3. Que el vínculo matrimonial con la señora Donanciana Hernández Palacio terminó
mediante divorcio decretado el 18 de noviembre de 2004 por el Juzgado Primero de
Familia de Valledupar.
4. Que entre el señor Arístides Alberto Obregón Rondón y la recurrente se consolidó
una unión marital de hecho continua e ininterrumpida por más de 12 años hasta el
fallecimiento de aquel. Durante dicho tiempo convivieron bajo el mismo techo y
lecho en distintos barrios de Valledupar, sufragando conjuntamente los gastos del
hogar, prestándose ayuda mutua y proyectándose socialmente como compañeros
permanentes.
5. De dicha unión nacieron los hijos Betsabeth Marcela Obregón Araújo y Elieth
Brayan Obregón Araújo, y tanto ellos como la señora Lilibeth Araújo Martínez
dependían económicamente del señor Arístides Alberto Obregón Rondón.
6. El 21 de noviembre de 2014, la señora Lilibeth Araújo Martínez solicitó, en
nombre propio y de sus hijos, el reconocimiento de la sustitución pensional como
compañera permanente del causante; sin embargo, dicho trámite fue suspendido
debido a que la señora Donanciana Hernández Palacio también presentó una
solicitud de reconocimiento pensional.
7. Mediante Resolución 0095 del 4 de febrero de 2015, la Secretaría de Educación
Municipal de Valledupar rechazó la solicitud de reconocimiento y pago de la
sustitución de la pensión que en vida disfrutaba el señor Arístides Alberto Obregón
Rondón.
8. Que promovió el medio de control de nulidad y restablecimiento contra la Nación
– Ministerio de Educación Nacional, el FOMAG, Fiduprevisora S.A., el Municipio de
Valledupar y la Secretaría de Educación Municipal de Valledupar y mediante
sentencia del 14 de febrero de 2020, el Juzgado Primero Administrativo Oral de
Valledupar negó las pretensiones, decisión que fue confirmada por el Tribunal
Administrativo del Cesar el 20 de junio de 2024.
SENTENCIA OBJETO DE REVISIÓN
9. Mediante sentencia del 20 de junio de 2024, el Tribunal Administrativo del Cesar
confirmó la decisión de primera instancia que negó el reconocimiento de la
sustitución pensional solicitada por las señoras Donanciana Hernández Palacio y
Lilibeth Araújo Martínez, al considerar que ninguna acreditó de manera suficiente la
convivencia efectiva con el causante durante los cinco años anteriores a su
fallecimiento.
10. En lo que respecta a la señora Lilibeth Araújo Martínez, quien interpuso el
recurso, el Tribunal señaló que, aunque existían elementos que evidenciaban una
relación sentimental y apoyo económico por parte del causante —como registros de
afiliación al FOMAG, contrato de servicios exequiales, declaraciones extraproceso
y el hecho de haber procreado dos hijos—, tales medios no resultaban concluyentes
para demostrar la convivencia permanente y estable por el tiempo exigido por la ley
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para acceder a la sustitución pensional.
11. Advirtió inconsistencias en torno al lugar de residencia de la pareja, pues
mientras algunas declaraciones indicaban que convivían en el barrio El Progreso, el
propio causante manifestó pocos días antes de su muerte residir en el barrio Los
Caciques.
12. Que, aunque la actora explicó que este permanecía allí para cuidar a su madre
adoptiva, el Tribunal consideró que las pruebas no permitían establecer con certeza
la existencia de una convivencia continua, con vínculos de apoyo, solidaridad y
comunidad de vida durante los últimos cinco años.
13. Consideró que si bien los testigos Marilis Núñez Martínez y Eglis Rafaela Pinyo
Gil afirmaron que la demandante y el señor Obregón Rondón convivían y señalaron
que residían en el barrio El Progreso hasta la fecha de fallecimiento del docente,
dicha afirmación contradice la prueba documental obrante en el expediente,
particularmente la declaración extraprocesal en la que el propio causante manifestó,
pocos días antes de su muerte, que residía en la Carrera 20 # 17A-07 del barrio Los
Caciques (declaración extraprocesal 1562 del 28 de marzo de 2014), circunstancia
que tampoco fue desvirtuada por la señora Lilibeth Araújo Martínez.
14. Destacó que la demandante no acompañó al causante en su lecho de muerte y
que las declaraciones testimoniales aportadas no lograron desvirtuar las
inconsistencias advertidas. En consecuencia, concluyó que no se acreditó
plenamente el requisito legal de convivencia y, por ello, confirmó la negativa de la
sustitución pensional.
RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
15. La señora Lilibeth Araujo Martínez interpuso recurso extraordinario de revisión
al considerar configuradas las causales 2 y 5 previstas en el artículo 250 del
CPACA.
16. Respecto de la nulidad en la sentencia sostuvo que las sentencias de primera y
segunda instancia incurrieron en falta de motivación, debido a la omisión en la
valoración de pruebas documentales auténticas que resultaban determinantes para
resolver el litigio.
17. Indicó que no fueron debidamente apreciadas las declaraciones
extraprocesales 3523 del 2 de agosto de 2005 y 0731 del 1.° de febrero de 2012
por el propio causante, en las cuales reconocía la existencia de la unión marital de
hecho con la recurrente; la declaración extraprocesal 1805 del 5 de mayo de 2014,
en la que terceros ratificaban la convivencia y dependencia económica; así como
las certificaciones de afiliación al FOMAG y a Unión Temporal Oriente Región 5 de
febrero de 2006, el carnet de COMFACESAR y el contrato de servicios exequiales
del 16 de octubre de 2013, documentos en los que aquella figuraba como cónyuge
o beneficiaria.
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18. Señaló que las providencias cuestionadas otorgaron prevalencia a una
declaración posterior del causante en la que se manifestó como soltero, sin exponer
adecuadamente las razones para restar valor probatorio al restante material
documental.
19. Afirmó que la indebida valoración probatoria desconoció el principio in dubio pro
administrado y vulneró sus derechos fundamentales al mínimo vital y a la seguridad
social, pues, en su criterio, el conjunto de pruebas allegadas acreditaba la
convivencia continua y la dependencia económica respecto del causante durante
más de quince años.
20. En cuanto a la causal segunda, argumentó que la declaración extraprocesal
1562 rendida por el señor Arístides Alberto Obregón Rondón el 28 de marzo de
2014, utilizada como fundamento principal para desvirtuar la convivencia, tenía un
contenido engañoso, en tanto fue realizada —según se indicó en el mismo
proceso— con la finalidad de favorecer a un nieto del causante. Sostuvo que,
aunque dicha declaración no era materialmente falsa, sí distorsionaba
deliberadamente la realidad de su situación familiar y afectiva, al desconocer la
convivencia y unión marital mantenida con la recurrente.
21. Agregó que esa manifestación resultaba contradictoria con las demás pruebas
obrantes en el expediente, entre ellas las declaraciones extraprocesales de 2005 y
2012, las certificaciones de afiliación al FOMAG, el contrato de servicios exequiales
suscrito pocos meses antes del fallecimiento y las declaraciones testimoniales que
daban cuenta de la convivencia y dependencia económica. En consecuencia,
sostuvo que los jueces de instancia otorgaron a dicha declaración un valor
probatorio desproporcionado y erróneo, afectando la verdad procesal, lo que dice,
llevó a una decisión contraria a derecho, circunstancia que, en su criterio, justificaba
la procedencia de la revisión extraordinaria.
Contestaciones al recurso extraordinario de revisión
22. La Nación – Ministerio de Educación Nacional -FOMAG- Fiduprevisora S.A. y el
Municipio de Valledupar – Secretaría de Educación Municipal de Valledupar, pese a
haber sido debidamente notificados, guardaron silencio3.
23. La señora Donanciana Hernández Palacio4 se opuso a la prosperidad del recurso,
al sostener que fue ella quien convivió con el causante durante los últimos cinco años
de vida, circunstancia que, según afirmó, se encontraba acreditada dentro del proceso
ejecutivo radicado bajo el núm. 20001-40-03-005-2015-00006, promovido por la
Cooperativa COOTRATEKAR contra ella y la señora Lourdes Margarita Alfonso Páez,
en el cual se le reconoció la calidad de cónyuge.
24. Indicó además que fueron Jhonier Obregón Hernández y Maida Obregón —hijos
y hermana del causante, respectivamente— quienes suscribieron las autorizaciones
de cirugía del señor Arístides Alberto Obregón Rondón, sin que la señora Lilibeth
3 Véase índices 00028 y 00034 de SAMAI.
4 Véase índice 00016 de SAMAI- Tribunales. Exp. 20001-23-33-000-2025-00574-00.
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Araujo Martínez hubiera hecho presencia en la clínica durante ese periodo.
25. Manifestó que las decisiones judiciales sí tuvieron en cuenta pruebas
documentales relevantes, tales como el certificado de libertad y tradición del inmueble
donde falleció el causante, los registros civiles de nacimiento de los propietarios de
dicha vivienda y el parentesco existente entre la demandante Donanciana Hernández
Palacio y el señor Jorge Eliecer Hernández Palacio, elementos que, a su juicio, fueron
corroborados con los testimonios y el interrogatorio de parte rendido por la señora
Lilibeth Araujo Martínez, sin que ello hubiera inducido en error al juez de primera
instancia.
26. Señaló que las declaraciones extraprocesales aportadas por la señora Lilibeth
Araujo Martínez, correspondientes a los años 2005 y 2012, no desvirtuaban las
pruebas que, en su criterio, demostraban que ella convivió con el causante hasta su
fallecimiento. Añadió que dichas declaraciones fueron valoradas junto con los
testimonios practicados en el proceso, los cuales evidenciaban la inexistencia de
convivencia entre la recurrente y el señor Arístides Obregón Rondón durante el
periodo exigido por la ley.
Concepto del Ministerio Público
27. La Procuraduría Tercera Delegada ante esta Corporación no rindió concepto.
28. Se decidirá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
29. Corresponde a la Sala determinar si procede la revisión de la sentencia emitida
el 20 de junio de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar,
considerando la causal presentada por la recurrente.
30. Para el efecto, la Sala estudiará: i) Generalidades del recurso extraordinario de
revisión, ii) Causales de revisión invocadas y iii) Caso concreto.
Generalidades del recurso extraordinario de revisión
31. El recurso extraordinario de revisión es un mecanismo procesal de control de
las decisiones que han hecho tránsito a cosa juzgada5. En los términos del artículo
248 del CPACA:
«Artículo 248. El recurso extraordinario de revisión procede contra las
sentencias ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala
de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por los Tribunales
Administrativos y por los jueces administrativos».
5 El artículo 248 del CPACA señala: «El recurso extraordinario de revisión procede contra las sentencias
ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado, por los Tribunales Administrativos y por los jueces administrativos».
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32. El objetivo principal de esta vía extraordinaria es invalidar los efectos de una
sentencia ya ejecutoriada6. De acuerdo con las causales establecidas en el artículo
250 del CPACA, busca restaurar el principio de justicia material y la supremacía de
las garantías procesales cuando se constate que la decisión estuvo afectada por
alguno de los siguientes eventos:
i) Aparición de circunstancias desconocidas al momento de dictar el fallo, las cuales,
de haber sido conocidas, habrían llevado a una sentencia diferente7.
ii) Descubrimiento de hechos delictivos o fraudulentos que fueron determinantes en
la adopción de la sentencia que se pretende anular8.
iii) Existencia de nulidades originadas en la sentencia que puso fin al proceso y que
no podían ser objeto de recurso de apelación.
iv) Contradicciones de la sentencia con otra anterior que constituya cosa juzgada9.
33. Si bien la revisión constituye una vía que afecta el principio de la inmutabilidad de
las sentencias ejecutoriadas y, por ende, es una excepción al principio de la cosa
juzgada, ello no implica que sea un mecanismo que habilite una tercera instancia para
discutir los problemas jurídicos debatidos en sede ordinaria, para plantear nuevas
interpretaciones del litigio, para corregir los yerros probatorios que cometieron las
partes o para subsanar aquellas situaciones que pudieron evitarse durante la gestión
del proceso que dio origen a la sentencia objeto de revisión.
34. En efecto, para que el juez pueda entrar a examinar la controversia materia del
recurso, es necesario que la causal invocada por la recurrente se encuentre
debidamente acreditada, pues como lo ha establecido la Sala Plena de esta
Corporación este mecanismo extraordinario procede por especiales circunstancias
consagradas taxativamente en la ley10.
Causal segunda de revisión
35. La causal del recurso extraordinario de revisión prevista en el numeral 2.º del
artículo 250 del CPACA dispone:
«[…] 2. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o
adulterados. […]»
36. Esta Corporación ha sostenido que esta causal solo se configura cuando la
calificación de falsedad, o de adulteración, recae sobre el documento o documentos
que sirvieron de fundamento principal para la decisión recurrida, así:
6 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 15
de marzo de 2018. Exp. 11001-03-25-000-2014-00862-00 (2668-2014). C.P. William Hernández Gómez.
7 Como la aparición de documentos esenciales que no pudieron ser aportados por fuerza mayor o caso fortuito,
la existencia de un tercero con mejor derecho que el beneficiado con la sentencia cuestionada o la desaparición,
al momento del reconocimiento, de las razones que justificaban que se hubiera decretado la prestación
periódica.
8 Como el hallazgo de documentos falsos o adulterados, peritajes fraudulentos, o la ocultación de documentos
relevantes por alguna de las partes. Esto incluye también la posible influencia de cohecho o violencia en la
emisión del fallo.
9 De acuerdo con la clasificación presentada en Garzón Martínez, Juan Carlos (2021). Proceso contencioso
administrativo. Fase escrita – Fase oral. 2° Edición. Grupo editorial Ibañez (2° Ed. pp. 612-613)
10 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala Veintitrés Especial de Decisión.
Sentencia del 1 de octubre de 2019. C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera.
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«Al respecto, esta Sección, en armonía con el criterio general de la corporación,
ha considerado que dicha causal solo se configura cuando la calificación de
falsedad, o de adulteración, recae sobre el documento o documentos que
sirvieron de fundamento principal para la decisión recurrida. Por ello, no puede
tratarse de cualquier documento; debe ser aquel o aquellos que, por su
importancia y trascendencia, tuvieron una incidencia directa en el sentido de la
decisión de la sentencia. Además, es preciso señalar que esta condición no
admite matices, por lo que si se tachan de falsos otros documentos sin
incidencia, se abre la posibilidad de negar la prosperidad de la causal porque,
precisamente, existen otros medios diferentes al cuestionado que soportan la
determinación adoptada en el fallo a revisar. De igual manera, se requiere, en
principio, que la prueba de la falsedad o adulteración sea documental, lo que
excluye la irregularidad en los demás medios probatorios autorizados por el
ordenamiento jurídico»11.
37. De ahí que, no puede tratarse de cualquier documento, sino sólo de aquel o
aquellos que tuvieron una incidencia directa o fundamentaron el sentido de la
decisión contenida en la providencia recurrida12.
38. Ahora, tanto la doctrina13 como la jurisprudencia14 han coincidido en que la
condición de falsedad o adulteración de un documento no depende de una
definición previa por parte de la justicia penal, a diferencia de lo que ocurre en el
ámbito civil, donde la causal de revisión sí requiere un pronunciamiento en ese
sentido. Por lo tanto, el juez administrativo tiene la facultad de emitir un juicio
objetivo sobre la falsedad alegada en un recurso de revisión, sin que sea necesario
esperar la resolución de la cuestión penal.
Causal quinta de revisión
39. El numeral 5 del artículo 250 del CPACA dispone que es causal de revisión el
hecho de que exista «[…] nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso
y contra la que no procede recurso de apelación […]». De allí que, para que resulte
procedente la causal en mención, debe existir una sentencia ejecutoriada que ponga
fin al proceso. Además, contra esta decisión no puede proceder recurso de
apelación, pues de ser así este sería el medio idóneo para poner de presente
cualquier vicio en que hubiera incurrido la providencia.
40. Es preciso que la nulidad se desprenda de la sentencia objeto de revisión, es
decir, que el vicio debe estructurarse en el momento procesal en que se profiere la
decisión judicial pues, de generarse por una situación ocurrida con anterioridad que
no fue oportunamente alegada, procedería su saneamiento. No obstante, la
jurisprudencia de esta Corporación ha aceptado como nulidad originada en la
sentencia la que, a pesar de presentarse en un momento previo a la emisión del
11 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Sentencia del 28 de febrero de 2020, expediente núm.
2228.13.
12 Entre otras decisiones del Consejo de Estado: Sección Segunda, Subsección A, Sentencia de 27 de abril de
2017, expediente núm. 05001-23-31-000-2002-00575- 01 (0389-2012) y Sala Novena Especial de Decisión
sentencia del 18 de diciembre de 2020, expediente núm. 11001-03-15-000-2018-00164-00.
13 Carlos Betancur Jaramillo, Derecho Procesal Administrativo, Octava edición segunda reimpresión, 2015 Ed.
Señal Editora Ltda., pp. 558 -560.
14 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 15 de julio de 2010. Expediente núm. 52001-23-31-000-
2007-00267-01.
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fallo, no pudo ser advertida por el afectado, quien tiene la carga procesal de
demostrar esta circunstancia15.
41. La causal de nulidad contemplada en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA
se configura cuando (i) ocurre alguna de las causales expresamente previstas en el
artículo 133 del Código General del Proceso (CGP) 16 o (ii) cuando se presentan
irregularidades insaneables que vulneran de manera sustancial el derecho al debido
proceso17, al punto de que, de no haberse producido, la decisión judicial habría sido
distinta.
42. A modo meramente enunciativo, la jurisprudencia ha indicado que dicha causal
se estructura, entre otros eventos, cuando el fallo:
«(i) es inhibitorio; (ii) se profiere sin motivación alguna; (iii) transgrede el
principio de la non reformatio in pejus; (iv) condena a un tercero que no ha sido
vinculado como parte al proceso; (v) se pronuncia sobre aspectos que no le
corresponden, esto es, sin competencia o jurisdicción, según el caso; (vi) se
profiere en un proceso que había terminado por desistimiento, transacción o
perención; (v) no cuenta con el número de votos requerido para su aprobación
y (vi) desconoce el principio de congruencia bien sea por una condena extra,
ultra o infra petita»18.
43. Además de las hipótesis expresamente reconocidas por la jurisprudencia,
esta Corporación ha admitido que pueden presentarse otros supuestos no previstos
de manera expresa en los códigos procesales que den lugar a la nulidad de la
sentencia, siempre que tales eventos deriven de la vulneración directa del artículo
29 de la Constitución Política. No obstante, ha precisado que dicha conclusión no
opera de manera automática, pues en estos eventos resulta necesario efectuar un
examen material de la irregularidad alegada. En ese sentido, ha señalado que:
«(…) corresponderá al juez determinar si el hecho que se dice contrario a
este derecho puede configurar la causal de revisión en comento,
circunstancia que se deriva de la exigencia de actuar como juez de
constitucionalidad y de convencionalidad en garantía de los derechos
fundamentales de quienes intervienen en un proceso judicial»19 (negrillas y
15 Al respecto pueden consultarse las sentencias proferidas por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
el 3 de diciembre de 2019 (Sala Tercera Especial de Decisión; radicación 11001-03-15-000-2018-01235-00) y
el 3 de diciembre de 2019 (Sala Séptima Especial de Decisión; radicación: 11001-03-15-000-2012-00643-00).
16 Consejo de Estado. Sala Veintiséis Especial de Decisión. Sentencia del 3 de febrero de 2015. Exp. 11001-
03-15-000-1998-00157-01. C.P. Olga Mélida Valle de De La Hoz; Sala Veintiséis Especial de Decisión.
Sentencia del 3 de febrero de 2015. Exp. 11001-03-15-000-2011-01639-00. C.P. Olga Mélida Valle de De La
Hoz; y Sala Veintidós Especial de Decisión. Sentencia del 2 de febrero de 2016. Exp. 11001-03-15-000-2015-
02342-00. C.P. Alberto Yepes Barreiro
17 La Sala Plena del Consejo de Estado, en diversas providencias, incluyendo la sentencia del 31 de mayo de
2011 (expediente 11001-03-15-000-2008-00294-00), ha señalado otros casos en los que se configura la nulidad
en la sentencia, a saber: «[…] i) falta de jurisdicción o competencia, ii) cuando se dicta nueva sentencia en
proceso terminado normalmente por sentencia firme, iii) cuando sin más actuación se dicta sentencia después
de ejecutoriado el auto por el cual hubiera sido aceptado el desistimiento, aprobada la transacción o declarada
la perención del proceso, iv) cuando se dicta sentencia como única actuación, sin el previo trámite
correspondiente, v) cuando se condena al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido
en la demanda o por causa diferente de la invocada en ésta, vi) cuando se condena a quien no ha sido parte
en el proceso, vii) o cuando, sin más actuación, se profiere sentencia después de ocurrida cualquiera de las
causas legales de interrupción o de suspensión o, en estos casos, antes de la oportunidad debida, viii) cuando
la sentencia aparece firmada con mayor o menor número de magistrados, o adoptada con un número de votos
diverso al previsto en la ley, ix) cuando la providencia carece completamente de motivación».
18 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Diecinueve Especial de Decisión. Sentencia
del 16 de marzo de 2022. Exp. 11001-03-15-000-2021-00921-00. C.P. William Hernández Gómez.
19 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintisiete Especial de Decisión.
Sentencia del 27 de octubre de 2020. Exp. 11001-03-15-000-2019-02361-00 (REV). CP. Rocío Araújo Oñate.
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subrayado fuera del texto original).
44. Para tales efectos, la Corporación ha enfatizado que «(…) no toda
irregularidad tiene la capacidad de afectar la inmutabilidad de la providencia que ha
puesto fin al proceso, sino únicamente aquellas que tengan un carácter
sustancial, en tanto incidan en el sentido de la decisión por comprometer el
núcleo esencial o el contenido constitucionalmente vinculante del derecho al debido
proceso»20.
45. Con todo, la concreción y extensión jurisprudencial de esta causal de revisión a
otros eventos insaneables que implican la violación de derechos constitucionales y
procesales atiende, tal y como lo ha establecido este máximo órgano, a la misma
finalidad del recurso extraordinario de revisión: por un lado, permitir que decisiones
manifiestamente injustas sean examinadas, y por el otro, garantizar el principio de
seguridad jurídica al limitar la procedencia de la causal a situaciones excepcionales
en las que la anomalía sea de tal relevancia constitucional que sin ella el fallo se
hubiera proferido en otro sentido21.
46. Según lo expuesto, se procede a resolver la controversia a la luz de dichos
parámetros.
Caso concreto
47. La recurrente concreta su inconformidad en dos reproches. El primero,
relacionado con la configuración de la causal prevista en el numeral 5 del artículo
250 del CPACA, por considerar que la sentencia carece de motivación al haber
omitido valorar adecuadamente distintos medios de prueba y otorgó prevalencia a
la declaración del causante en la que se manifestó soltero. El segundo, sustentado
en la causal prevista en el numeral 2 de la misma disposición, al estimar que la
declaración extraprocesal 1562 del 28 de marzo de 2014 contenía una realidad
distorsionada que incidió en la decisión adoptada. Delimitados los aspectos objeto
de análisis, la Sala abordará el estudio de cada uno de ellos de manera
independiente.
48. Frente al primer reproche, relativo a la alegada falta de motivación, la Sala
considera que el cargo no está llamado a prosperar, pues, contrario a lo sostenido
por la recurrente, la providencia cuestionada, en los términos previstos en el artículo
187 del CPACA22, sí expuso las razones fácticas y probatorias que sustentaron la
decisión adoptada y desarrolló un análisis crítico de las pruebas y de los
razonamientos estrictamente necesarios para fundamentar las conclusiones del
juzgador, de manera que no puede predicarse una ausencia de motivación.
20 Ibid.
21 En este mismo sentido se puede consultar: Consejo de Estado. Sala Diecinueve Especial de Decisión.
Sentencia del 18 de agosto de 2020. Exp.11001-03-15-000-2017-02369-00. C.P. William Hernández Gómez.
22 «Artículo 187.Contenido de la sentencia. La sentencia tiene que ser motivada. En ella se hará un breve
resumen de la demanda y de su contestación y un análisis crítico de las pruebas y de los razonamientos legales,
de equidad y doctrinarios estrictamente necesarios para fundamentar las conclusiones, exponiéndolos con
brevedad y precisión y citando los textos legales que se apliquen […]».
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49. En efecto, el Tribunal de manera expresa indicó que existían elementos que
evidenciaban una relación sentimental y apoyo económico entre la señora Lilibeth
Araújo Martínez y el causante, tales como los registros de afiliación al FOMAG, el
contrato de servicios exequiales, las declaraciones extraprocesales y el hecho de
haber procreado dos hijos en común. No obstante, concluyó que dichos medios
probatorios, aun apreciados de manera conjunta, no resultaban suficientes para
acreditar el requisito legal de convivencia efectiva y permanente durante los cinco
años anteriores al fallecimiento.
50. Explicó las razones por las cuales consideró que subsistían inconsistencias
relevantes en el material probatorio. En particular, advirtió contradicciones respecto
del lugar de residencia de la pareja, pues mientras algunos testimonios indicaban
que convivían en el barrio El Progreso, el propio causante, mediante declaración
extraprocesal 1562 del 28 de marzo de 2014, manifestó residir en la Carrera 20 #
17A-07 del barrio Los Caciques. Incluso, analizó la explicación ofrecida por la
demandante, según la cual el causante permanecía en ese lugar para cuidar a su
madre adoptiva, pero concluyó que los elementos de convicción no permitían
establecer con certeza una convivencia continua, con vínculos de apoyo, solidaridad
y comunidad de vida.
51. Igualmente, la providencia examinó las declaraciones testimoniales aportadas
y concluyó que estas no lograban desvirtuar las inconsistencias advertidas. De ahí
que también valorara circunstancias adicionales, como el hecho de que la
demandante no hubiese acompañado al causante en su lecho de muerte.
52. La Sala no evidencia una nulidad originada en la sentencia en los términos del
numeral 5 del artículo 250 del CPACA, sino una inconformidad con el ejercicio de
valoración probatoria realizado por los jueces de instancia y con las conclusiones a
las que arribaron a partir de estos, cuestión ajena a la finalidad para la cual está
instituida este mecanismo. En cuanto a la nulidad de la sentencia con ocasión de la
ausencia de motivación, esta Corporación ha considerado:
«(…) la jurisprudencia de esta Corporación ha diferenciado la falta absoluta de
motivación de la deficiente o errada y, señala que únicamente la carencia total
de pronunciamiento del juez sobre las razones de hecho o de derecho que le
permiten arribar a una decisión, es motivo de revisión bajo la causal sexta; que
es improcedente con fundamento en dicha causal alegar situaciones
relacionadas con deficiencias en la motivación, con la estimación errada de los
hechos por parte del juez, con las pruebas o las normas jurídicas aplicadas, con
la falta de consideración de alguna de las pruebas etc, porque de admitir tales
reclamaciones se desconocería, abiertamente, el carácter extraordinario del
recurso, convirtiéndolo en otra instancia» (énfasis fuera de texto)23.
53. En efecto, la recurrente pretende reabrir el debate probatorio y cuestionar el
mérito persuasivo otorgado a determinados medios de convicción, bajo el entendido
de que las autoridades judiciales debieron conferir mayor relevancia a los
documentos allegados para acreditar la unión marital y la dependencia económica.
23 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 20 de octubre de 2009. Rad.
11001-03-15-000-2003-00133-00. Si bien en la providencia se hace referencia a la causal «sexta», esta
corresponde al artículo 188 del derogado Decreto 1 de 1984 o Código Contencioso Administrativo, norma
vigente para resolver el caso en cuestión.
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Sin embargo, como se dijo, el recurso extraordinario de revisión no constituye una
nueva instancia ni un mecanismo para replantear la apreciación probatoria
efectuada en el proceso.
54. Ahora, en relación con el segundo reproche, referido a la causal consistente en
haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados
la Sala tampoco encuentra acreditados los presupuestos exigidos para su
prosperidad.
55. En efecto, la recurrente sostiene que la declaración extraprocesal 1562 suscrita
por el señor Aristides Alberto Obregón Rondón, en la que este manifestó bajo la
gravedad del juramento que su estado civil era soltero, que era pensionado, que
residía en la carrera 20 #17A-07 del barrio Los Caciques de Valledupar y que su
nieto Juan Sebastián Obregón Vásquez dependía económicamente de él, contenía
una realidad distorsionada, en tanto —según afirma— fue elaborada con la finalidad
de favorecer a dicho nieto y omitía reconocer la convivencia y unión marital alegada
por la aquí recurrente.
56. Sobre el particular, debe recordarse que la posición jurisprudencial vigente
admite que el juez de revisión valore directamente el documento cuya falsedad se
invoca y determine si este adolece de falsedad o adulteración, sin requerirse una
previa declaración penal ni la prosperidad de un incidente de tacha de falsedad. Sin
embargo, también exige que (i) la prueba o certeza de la falsedad haya surgido con
posterioridad a la sentencia cuya revisión se pretende y (ii) que no hubiera podido
ser puesta en conocimiento del juez natural durante el trámite ordinario. En efecto,
el Consejo de Estado ha señalado que:
«(…), debe tenerse en cuenta que para que prospere la causal, el recurrente
debe haber obtenido la prueba o certeza de la falsedad de los documentos con
posterioridad a la sentencia atacada y no durante el trámite del proceso
ordinario, toda vez que en dicho evento, pues deberá poner en conocimiento
del juez natural de la causa dicha situación antes de que se profiera sentencia.
Es decir, el recurso extraordinario de revisión, no puede ser utilizado para
subsanar la falta de actividad probatoria o gestión procesal de las partes, sino
para cuando aparezcan situaciones o evidencias posteriores a la decisión
definitiva que no pudieron ser puestas en conocimiento del juez antes de que
fallara (subrayado propio)»24.
57. Así, se advierte que el documento cuestionado fue aportado desde la
presentación de la demanda por la señora Donaciana Hernández Palacio25 y, pese
a ello, la ahora recurrente no formuló reparo alguno frente a dicha declaración ni
cuestionó su autenticidad o contenido en la oportunidad procesal correspondiente.
58. De la revisión del trámite ordinario se observa que la oposición probatoria
presentada por la demandada recayó exclusivamente sobre otros documentos, esto
24 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Sexta Especial de Decisión. Sentencia
del 6 de octubre de 2020. C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio.
25 Véase folio 11 del archivo denominado «2015-00302 00 Cuaderno 1 escaneado» disponible en el índice
00043 de SAMAI. «(…) 6. Declaraciones extraprocesales de fecha 28 de marzo de 2014 realizadas por el
causante (para probar el domicilio y residencia del causante)».
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es, el registro civil de matrimonio del 28 de febrero 1987, la declaración
extraprocesal 1838 del 8 de agosto de 2014, el registro civil de nacimiento del señor
Jorge Eliécer Alemán Palacios y el certificado de libertad y tradición del inmueble
identificado con matrícula inmobiliaria 190-5673526. Igualmente, la decisión
adoptada en audiencia del 13 de noviembre de 201827 sobre el decreto de esta
prueba documental no fue objeto de recurso alguno.
59. Se evidencia, además, que la discusión relativa al contenido y alcance
probatorio de la declaración extraprocesal cuestionada fue materia de debate
dentro del proceso ordinario. En efecto, el juez de primera instancia28 valoró
expresamente dicho documento y señaló que no podía desconocerse la existencia
de inconsistencias entre las declaraciones rendidas y las demás pruebas allegadas
al proceso, así como las contradicciones entre los hechos expuestos en la demanda
y los elementos de convicción obrantes en el expediente. En ese contexto, destacó
que el señor Aristides Alberto Obregón Rondón, pocos días antes de su
fallecimiento, manifestó bajo la gravedad del juramento que su estado civil era
soltero y no reconoció a ninguna de las demandantes como cónyuge o compañera
permanente.
60. De igual forma, la ahora recurrente cuestionó expresamente dicha valoración
en el recurso de apelación29, al señalar que esa manifestación probablemente
obedeció a la intención del causante de desvincularse de su anterior cónyuge y que
la declaración se elaboró para favorecer a su nieto. Es decir, el contenido del
documento y su incidencia probatoria no constituyen un hecho nuevo ni
sobreviniente, sino un aspecto que fue objeto de contradicción.
26 Véase folio 110 del archivo denominado «2015-00251 02 Cuaderno 2 escaneado» disponible en el índice
00043 de SAMAI. «(…) SOBRE LAS PRUEBAS APORTADAS EN LA DEMANDA [/] Para que no sea tenido
como prueba documental la siguiente: [/]1. Me opongo al registro civil de matrimonio serial 5917312 con fecha
de celebración del 28 de febrero 1987, toda vez, que se divorció con el causante ARISTIDES ALBERTO
OBREGÓN RONDON (Q.E.P.D) el 18 de noviembre del 2004, por proceso bajo el radicado, 2004-00019, en el
Juzgado Primero de Familia de Valledupar-Cesar. (Sentencia aportada en demanda RAD: 2015-00251-00 folios
29-36). [/] 3. Me opongo a la declaración extraprocesal (Nº.1838) de fecha 8 de agosto de 2014, ante la notaria
primera del circuito de Valledupar, toda vez que es inconducente, no tiene que ver con los hechos y el objeto
materia del proceso. [/] 4. Me opongo al registro civil (folio 23) de JORGE ELIECER ALEMAN PALACIOS, toda
vez que es impertinente. [/] 5. Me opongo al certificado de liberta del bien inmueble con matrícula: 190-56735,
toda vez que es inconducente, no es propiedad de ARISTIDES ALBERTO OBREGÓN RONDON (Q.E.P.D), no
tiene que ver con los hechos y el objeto materia del proceso».
27 Véase archivo denominado «2015-00251 04 Audiencia Inicial 13 nov 18», minuto 0:10:18 y siguientes,
disponible en el índice 00043 de SAMAI y folio 34 del archivo denominado «2015-00251 02 Cuaderno 2
escaneado» en el cual se indicó: «ACTA No 00389 (…) Téngase como pruebas todos los documentos aportados
con cada uno de las demandas y la contestación de las mismas, con el valor probatorio que la ley le asigne a
cada uno de ellos».
28 Véase folio 106 del archivo del archivo denominado «2015-00251 02 Cuaderno 2 escaneado» disponible en
el índice 00043 de SAMAI. «(…) no se puede dejar de lado las inconsistencias presentadas durante las
declaraciones rendidas por los antes mencionados, y las contrariedades entre los hechos plasmados en el
escrito de demanda y lo que reposa en los documentos que sirvieron como prueba dentro del proceso,
(…)aunado al hecho de que el señor (…) Obregón Rondón (…), el 28 de marzo de 2014, es decir, dieciocho
días antes a la ocurrencia de su muerte, haya rendido una declaración bajo la gravedad del juramento, en donde
no reconoció a ninguna de las demandantes como su cónyuge o compañera permanente, por el contrario al
referir su estado civil manifestó ser soltero».
29 Véase folio 133, ibid. «(…) Erróneamente apreciación de las Pruebas calificadas las pruebas enlistadas en el
acápite de las pruebas, en sí, evidencian un error de hecho en la sentencia que dedujo que mi clienta no convivió
con el causante, por lo menos durante los 5 años anteriores a su fallecimiento, a efecto para el cual señaló que
el causante ARISTIDES ALBERTO OBREGÓN RONDON (Q.E.P.D), el 28 de mayo de 2014, es decir, 18 días
antes de ocurrir su muerte, este bajo gravedad de juramento manifestó que su estado civil era soltero, expresión
tal vez usada para desvincularse de su antigua cónyuge, ya que el (sic) fue acta creada a favorecer a un tercero,
su nieto en común, se dejo (sic) a un lado un compendio de pruebas desde actas extrajudiciales, certificados,
póliza de seguro y de testimonios juramentados ante e despacho, que, demuestran la intención de ayuda y
socorro propia de los compañeros que comparte una vida marital y convivencia mutua».
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61. Por ello, la segunda instancia señaló que las declaraciones extraproceso
debían valorarse plenamente al haber sido incorporadas y no haber sido
controvertidas oportunamente dentro del proceso. Aunque reconoció que estas
evidenciaban una relación sentimental, hijos en común y presunta dependencia
económica, concluyó que, analizadas junto con las demás pruebas, no acreditaban
con certeza una convivencia permanente durante los últimos cinco años de vida del
causante, dadas las inconsistencias sobre la residencia y la ausencia de elementos
suficientes que demostraran vínculos continuos de apoyo y solidaridad.
62. Lo anterior permite evidenciar que el desacuerdo planteado no recae sobre la
autenticidad material del documento ni sobre la existencia de una alteración de su
contenido, sino sobre las inferencias que los jueces extrajeron de este y el peso
probatorio que le asignaron frente a los demás elementos de convicción. En otras
palabras, la recurrente no sostiene que el documento sea falso, pues incluso
reconoce que «no era materialmente falso», sino que cuestiona que hubiera sido
valorado con mayor fuerza persuasiva frente a otros medios probatorios que, a su
juicio, acreditaban la convivencia alegada.
63. Precisamente, ello revela que la inconformidad formulada constituye un
cuestionamiento a la valoración probatoria efectuada por los jueces de instancia,
pues lo que se pretende es sustituir el juicio realizado por estos sobre la credibilidad,
coherencia y eficacia demostrativa del documento dentro del conjunto probatorio.
Sin embargo, el recurso extraordinario de revisión no constituye una tercera
instancia destinada a replantear la apreciación de las pruebas o a obtener una
nueva ponderación de estas.
64. En consecuencia, al no encontrarse acreditada la existencia de un elemento de
convicción sobreviniente que hubiera impedido su conocimiento y debate durante
el trámite ordinario, el reproche formulado no está llamado a prosperar, razón por
la cual se declarará infundado el recurso.
De la condena en costas
65. Con la Ley 2080 de 2021 se modificó el artículo 255 del CPACA respecto de la
condena en costas en el recurso extraordinario de revisión, en los siguientes
términos:
«ARTÍCULO 255. Vencido el período probatorio se dictará sentencia.
[…] Si se declara infundado el recurso, se condenará en costas y perjuicios al
recurrente».
66. En consecuencia, al haberse declarado infundado el recurso extraordinario de
revisión, en princio correspondería imponer la condena en costas a la parte
demandante. No obstante, dado que mediante el auto admisorio se le concedió el
amparo de pobreza, esta Sala se abstendrá de imponer dicha condena.
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Radicado: 11001-03-25-000-2025-00211-00 (1649-2025)
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión
interpuesto por la señora Lilibeth Araujo Martínez proferida el veinte (20) de junio de
dos mil veinticuatro (2024) por el Tribunal Administrativo del Cesar, de conformidad
con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
Segundo. Sin condena en costas.
Tercero. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente de nulidad y
restablecimiento del derecho al despacho de origen y HÁGANSE las anotaciones
pertinentes en el sistema informático SAMAI.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
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