Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2025-00074-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2025-00074-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2025-00074-00
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
5 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D.C., cinco (5) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN- ART. 20 LEY 797 DE 2003
Radicación: 11001-03-25-000-2025-00074-00 (0413-2025)
Demandante: Administradora Colombia de Pensiones
Demandados: Néstor Eduardo Pineda García - Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección
Social (UGPP)
Tema: Artículo 20 de la Ley 797 de 2003. Causal de revisión prevista en el
literal a). Omisión en la defensa de la competencia institucional en
sede ordinaria. DECLARA INFUNDADA.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
La Sala decide la acción especial de revisión1 interpuesta por la Administradora
Colombiana de Pensiones (Colpensiones) contra la sentencia del veinte (20) de agosto
de dos mil veintiuno (2021) proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba2, para
lo cual invocó la causal del literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
1. Que mediante Resolución 200 del 30 de julio de 2003, el Instituto de Seguros
Sociales (ISS) Seccional Córdoba, en calidad de patrono, reconoció una pensión de
jubilación al señor Néstor Eduardo Pineda García, en cuantía $2.155.822, efectiva a
partir del 30 de julio de 2003.
2. Que en dicho acto se estableció que el ISS asumiría el pago de la prestación hasta
el reconocimiento de la pensión de vejez y, a partir de ese momento, pagaría
únicamente la diferencia resultante entre la pensión de jubilación y la pensión de vejez,
ajuste que se efectuaría de manera automática en la nómina de pensionados del ISS
como empleador.
3. Colpensiones, mediante la Resolución SUB 62201 del 23 de febrero de 2024,
reconoció al señor Néstor Eduardo Pineda García una pensión de vejez compartida
por un valor de $4.197.702, efectiva a partir del 22 de noviembre de 2020, la cual se
1 La presentación de la acción se efectuó el 12 de febrero de 2025, de acuerdo con índice 00003 SAMAI.
2 Decisión que revocó la sentencia emitida el 16 de julio de 2019 por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito
Judicial de Montería, que negó las pretensiones del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
promovido por el señor Néstor Eduardo Pineda García.
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realizó con base en 1.541 semanas cotizadas y con una tasa de reemplazo del 75%,
conforme a lo dispuesto en la Ley 71 de 1988; decisión contra la cual se interpuso
recurso de reposición y en subsidio de apelación.
4. Que mediante la Resolución SUB 139420 del 6 de mayo de 2024, se declaró la falta
de competencia para atender la solicitud de reliquidación de la pensión de jubilación,
remitiendo el acto administrativo a la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) para lo de su
competencia.
5. Que el recurso de apelación fue resuelto mediante la Resolución DPE 13393 del 8
de julio de 2024, confirmando lo decidido en la Resolución SUB 139420, al reiterar que
la competencia para resolver la reliquidación corresponde a la UGPP.
6. Que el señor Néstor Eduardo Pineda García ejerció el medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho, con el fin de que se declarara la nulidad de la
Resolución 200 del 30 de junio de 2003 y en consecuencia, se ordenara a
Colpensiones: i) reliquidar la pensión de jubilación incluyendo todos los factores
salariales percibidos durante el último año de servicios teniendo como base el 75%; ii)
pagar los intereses moratorios y; iii) asumir las costas procesales y las agencias en
derecho.
7. Que el 16 de julio de 2019 el Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial
de Montería profirió sentencia de primera instancia, mediante la cual negó las
pretensiones, al considerar que no tenía derecho a la reliquidación solicitada, porque
no existió evidencia de cotización que permitiera inferir su derecho al incremento de la
pensión.
8. Que la parte demandante interpuso recurso de apelación, y el Tribunal
Administrativo de Córdoba a través de sentencia del 20 de agosto de 2021, revocó la
decisión de primera instancia; la cual quedó ejecutoriada el 30 de agosto de 2021.
9. En cumplimiento a lo ordenado, Colpensiones expidió la Resolución SUB 62201 del
23 de febrero de 2024, mediante la cual reconoció una pensión de vejez de carácter
compartida —, en cuantía de $4.197.702, efectiva a partir del 22 de noviembre de
2020.
SENTENCIA OBJETO DE REVISIÓN
10. En providencia del 20 de agosto de 20213, el Tribunal Administrativo de Córdoba
revocó la decisión de primera instancia y, en su lugar, ordenó la nulidad de los actos
demandados y dispuso que la entidad demandada efectuara la reliquidación de la
pensión de jubilación con la inclusión de todos los factores salariales percibidos
durante el año anterior a su retiro definitivo.
3Archivo denominado «37RECIBEMEMORIAL_23001333300120170078(.zip) NroActua 24» índice 00024 de
SAMAI.
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11. Para sustentar su decisión, expuso los siguientes argumentos:
12. Que el Consejo de Estado, en la sentencia del 4 de agosto de 2010, inicialmente
sostuvo que, para liquidar la pensión de jubilación de beneficiarios del régimen de
transición bajo la Ley 33 de 1985, debían incluirse todos los factores salariales
devengados en el último año de servicio, según sentencia de unificación del 4 de
agosto de 2010. No obstante, esta postura fue modificada mediante sentencia de
unificación del 28 de agosto de 2018, estableciendo que el Ingreso Base de
Liquidación (IBL) aplicable es el previsto en el inciso 3 del artículo 36, o en el artículo
21 de la Ley 100 de 1993 y los factores a incluir serían únicamente aquellos sobre los
que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones al Sistema de Pensiones; decisión
que debía ser acogida en virtud de lo dispuesto en los artículos 10 y 270 de la Ley
1437 de 2011.
13. Que el demandante nació el 4 de mayo de 1948, por lo que a la fecha de entrada
en vigencia del Sistema General de Seguridad Social contaba con 17 años de servicio
y 46 años, con lo que quedaba demostrado que era beneficiario del régimen de
transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Por lo anterior, consideró
que eran aplicables las reglas previstas en la Ley 33 de 1985, en cuanto a la edad
mínima para consolidar el derecho (55 años), 20 años de tiempo de servicio y el monto
de liquidación equivalente al 75% de los factores salariales sobre los cuales se
hubieren hecho cotizaciones al Sistema General de Pensiones.
14. En cuanto a los intereses moratorios señaló que estos se causan cuando, con
posterioridad al reconocimiento pensional, la entidad incurre en mora en el pago de las
mesadas pensionales, situación que no resultaba aplicable al originarse la
reliquidación en la decisión.
15. Aclaró que el pago de los intereses moratorios no es compatible con el pago de la
indexación de las mesadas adeudadas, ya que ambos conceptos obedecen a la misma
causa: la devaluación del dinero, por lo que no había lugar a condenar al pago de los
intereses moratorios previstos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.
16. Declaró la prescripción trienal de las mesadas causadas antes del 4 de diciembre
de 2014, pues entre la fecha en la que se reconoció la pensión y aquella en la que
acudió a la jurisdicción habían transcurrido más de 5 años (14 años).
ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN
17. Colpensiones interpuso acción de revisión4 la cual sustentó con los siguientes
argumentos:
18. Que el Tribunal violó el debido proceso e incurrió en un abuso del derecho al
realizar una interpretación errónea del marco legal (artículo 28 del Decreto 1388 de
2013 y artículos 1 y 3 del Decreto 2011 de 2013) y pasar por alto la falta de legitimación
4 Índice 00010 de SAMAI
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en la causa para actuar por parte de Colpensiones dentro del proceso. Ello, en razón
de que la Resolución 200 del 30 de julio de 2003, la expidió el ISS en calidad de
empleador y Colpensiones nunca ha tenido la condición de sucesora procesal.
19. Precisó que la UGPP, en virtud del artículo 28 del Decreto 1388 de 2013 asumió
las obligaciones pensionales del ISS patrono y que, en consecuencia, era la llamada
a representar sus intereses, por lo que no debía concurrir al proceso como
demandado, litisconsorte necesario o como sucesor procesal, pues carecía de
legitimación por pasiva.
20. Afirmó que la sentencia recurrida lesionó sus intereses y afectó el debido proceso,
al ordenar el pago de una prestación económica que no le correspondía sufragar. Por
lo anterior, estimó inadmisible que se impusiera a la entidad un pago periódico y
vitalicio derivado de una condena que, en su criterio, no le resultaba oponible.
21. Que solo le corresponde asumir los costos relativos a la administración del régimen
de prima media con prestación definida en materia pensional, lo que correspondía
únicamente a su competencia, situación que implicaba que no podía asumir otras
obligaciones de fondos o cajas distintas, adicionando el hecho relativo a la ausencia
de afiliación del beneficiario pensional en la entidad.
22. Que no tiene competencia para modificar ni asumir las consecuencias de la nulidad
parcial de la Resolución 200 del 30 de julio de 2003, ya que dicha responsabilidad
corresponde exclusivamente a la UGPP, entidad que, según el Decreto 1388 de 2013,
asumió las obligaciones del ISS como empleador. Colpensiones únicamente puede
expedir actos administrativos en el marco de una pensión compartida, conforme a lo
previsto en el artículo 16 del Decreto 758 de 1990.
23. Que la condena impuesta no se refiere a asuntos que sean de competencia de
Colpensiones, pues distan de las funciones asignadas a través del artículo 155 de la
Ley 1151 de 2007 y el Decreto 2011 de 2012, referidas a la administración del Régimen
de Prima Media con Prestación Definida, esto es, la atención de solicitudes y trámites
de derechos pensionales provenientes del extinto Instituto de Seguros Sociales en su
calidad de administrador del régimen pensional.
Contestaciones a la acción especial de revisión
24. La UGPP5 se opuso a las pretensiones al argumentar que, aunque asumió las
funciones del ISS en calidad de empleador, ello no exoneraba a Colpensiones del
cumplimiento de una sentencia judicial ejecutoriada y dictada dentro de un proceso en
el cual nunca fue vinculada.
25. Que, en sede de revisión, no se puede declarar la inexistencia de sucesión
procesal ni emitir sentencias con efectos constitutivos, pues esta acción excepcional
solo busca verificar si una sentencia en firme se obtuvo con abuso del derecho o
5 Véase índice 00033 del aplicativo SAMAI.
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violación al debido proceso. Además, la jurisprudencia establece que la
responsabilidad de la UGPP y Colpensiones depende del rol del extinto ISS en cada
caso concreto, lo cual debe analizarse mediante el mecanismo procesal ordinario y no
de manera general en una acción de revisión.
26. Que la sentencia hizo hecho tránsito a cosa juzgada y que no se puede utilizar
la acción especial de revisión como una tercera instancia, ni como un mecanismo para
distribuir cargas entre entidades públicas. Señaló que no puede pretenderse mediante
esta acción trasladar una condena que nunca resultó oponible a la UGPP, ya que esta
no fue llamada ni vinculada al proceso ordinario y trasladar el cumplimiento de la
condena implicaría una vulneración del debido proceso al no haber sido parte procesal
ni haber sido vencida en juicio.
27. Afirmó que no se configuró la causal invocada porque la sentencia fue proferida
con plena observancia de las garantías procesales, y tampoco se acreditó el abuso del
derecho, dado que el señor Néstor Eduardo Pineda García ejerció su derecho a
reclamar el reconocimiento y reliquidación de su pensión por los medios judiciales
pertinentes, sin que se advierta fraude, ocultamiento de pruebas ni instrumentalización
del proceso.
28. Que el fallo recurrido aplicó las disposiciones del artículo 36 de la Ley 100 de
1993 y el artículo 1.° de la Ley 33 de 1985 que regulan la forma de calcular el IBL y la
tasa de reemplazo del 75% lo que demuestra que no se reconoció una pensión
convencional ni se aplicó alguna norma colectiva.
29. Afirmó que no podía trasladarse la omisión procesal de Colpensiones a la
UGPP, pues la acción de revisión no constituye un mecanismo para subsanar errores
procesales de la parte actora. Consecuentemente, advirtió que Colpensiones actuó
dentro del proceso ejerciendo su defensa sin solicitar oportunamente la vinculación, y
por lo anterior, no podía alegar a su favor una indebida integración del contradictorio
derivada de su propia negligencia, puesto que admitirlo sentaría un precedente
contrario a la seguridad jurídica.
30. El señor Néstor Eduardo Pineda García, pese a ser debidamente notificado
de la acción6, guardó silencio.
Concepto del Ministerio Público
31. La Procuraduría Segunda Delegada ante el Consejo de Estado rindió el concepto
428 del 21 de julio de 20257, en el cual señaló que, en la sentencia recurrida, el Tribunal
ajustó las conclusiones conforme al material probatorio allegado en el proceso, y en
consecuencia, estimó que no existía un vicio que habilitara la prosperidad de la acción
especial de revisión.
6 Véase índices 00032 y 00036 del aplicativo SAMAI.
7 Véase índice 00019 del aplicativo SAMAI.
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32. Argumentó que no se configuró violación al debido proceso, dado que el litigio se
resolvió dentro del marco de las pretensiones y excepciones propuestas, lo que
condujo a una decisión congruente y acorde al principio de justicia rogada que
caracteriza esta jurisdicción. Por lo anterior, señaló que en ninguna de las dos
instancias se debatió la competencia de Colpensiones para reconocer y pagar la
prestación reclamada, por lo cual, al no formar parte del conflicto no estaba en poder
de la autoridad judicial tomar posición alguna y menos decidir sobre un aspecto ajeno
a la controversia.
Se resolverá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
33. Debe resolver la Subsección si se configura la causal de revisión alegada por la
entidad demandante, esto es, si la orden de reliquidar la pensión del señor Néstor
Eduardo Pineda García a cargo de Colpensiones, incluyendo el 75% de todos los
factores salariales devengados en el último año de servicio vulneró el debido proceso.
34. Para el efecto, la Sala hará referencia: i) Generalidades de la acción especial de
revisión, ii) Causal de revisión invocada; y iii) Caso concreto.
Generalidades de la acción especial de revisión
35. El artículo 20 de la Ley 797 del 29 de enero de 2003 habilitó al Gobierno para que por
conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y
Crédito Público, del contralor general de la República o del procurador general de la
Nación, así como las entidades que realizan el reconocimiento de pensiones8 formularan
la revisión de las providencias judiciales que imponen al tesoro o a fondos de naturaleza
pública el cubrimiento de sumas periódicas o pensiones de cualquier naturaleza.
36. Conviene precisar que, esta acción tal como el recurso extraordinario de revisión
tiende a invalidar los efectos jurídicos de una sentencia que ya se encuentra ejecutoriada,
por eso se presenta como una excepción al principio de la cosa juzgada, y las
causales para su procedencia están establecidas taxativamente en el artículo 20 de la
Ley 797 de 2003.
37. Aunque es cierto que la acción de revisión contemplada por el artículo 20, por
expresa disposición legal se rige por el procedimiento establecido para el recurso
extraordinario de revisión, al interior de la jurisdicción contenciosa administrativa ha sido
considerada como un mecanismo especial9 por al menos tres razones: su finalidad, las
8Corte Constitucional, Sentencia SU-427 de 2016. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez
9 Para tales efectos la providencia del Consejo de Estado del 27 de marzo de 2014, radicado núm. 11001-03- 25-
000-2012-00561-00 (2129-12), C.P: Gerardo Arenas Monsalve, estableció: «es claro que las particularidades de la
“acción especial de revisión” previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, le otorgan una entidad propia, que
se refleja principalmente en legitimación por activa que se concede al Gobierno Nacional y a los mecanismos de
control –Contraloría y Procuraduría- para promover la revisión, quienes eran terceros en el proceso ordinario cuya
revisión se permite, pero que se facultan para accionar con el objeto de proteger el patrimonio público, con el fin de
obtener la viabilidad financiera del sistema pensional […]».
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causales para su procedencia y la calificación en quien está habilitado para ejercer la
acción.
38. En cuanto a su finalidad, esta Corporación ha señalado que consiste en dotar «(...)
a las entidades públicas pagadoras de pensiones y a los entes de control, de una
herramienta judicial para solicitar la corrección de los reconocimientos pensionales que
se encuadren en dichas causales (…)»10. Frente a los motivos para interponer la acción
se advierte que son aquellos establecidos taxativamente en los artículos 250 del CPACA
y 20 de la Ley 797 de 2003 y que solo aquellos sujetos indicados en el inciso primero de
la norma pueden ejercer la acción.
39. Luego, la intención para la que fue creada la norma fue contrarrestar los graves casos
de corrupción e impactos fiscales en el erario por los reconocimientos pensionales,
salvaguardando el equilibrio entre la prestación y su legalidad, además de velar por la
protección de los recursos limitados del Tesoro, la liquidez, solvencia y sostenibilidad del
Sistema de Seguridad Social, así como el principio de universalidad que lo inspira11 y no
la de reabrir un nuevo debate probatorio.
Causal de revisión contemplada en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de
2003.
40. Colpensiones invocó como sustento de la acción de revisión la causal prevista
en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, la cual dispone:
«a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso».
41. Debe resaltarse que la Constitución Política en su artículo 29, prevé este derecho
como fundamental, encaminado a garantizar a la persona el respeto en todas las
actuaciones que se surten en los procesos judiciales o en trámites administrativos, con
el propósito de lograr la aplicación correcta de la justicia.
42. Sobre el particular, tanto el Consejo de Estado12 como la Corte Constitucional13
son concordantes en el sentido de establecer que el derecho fundamental previsto en
el artículo 29 de la Constitución Política, comprende al menos tres elementos:
«i) El derecho al juez natural o funcionario competente; ii) El derecho a ser juzgado
según las formas de cada juicio o procedimiento, esto es, conforme con las normas
procesales dictadas para impulsar la actuación judicial o administrativa; y iii) Las
garantías de audiencia y defensa, que, desde luego, incluyen el derecho a ofrecer
y producir la prueba de descargo, la presunción de inocencia, el derecho a la
defensa técnica, el derecho a un proceso público y sin dilaciones, el derecho a que
se produzca una decisión motivada, el derecho a impugnar la decisión y la garantía
de non bis in idem».
10 Ibid.
11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión N.° 4, sentencia del
1° de agosto de 2017, radicación: 11001-03-15-000-2016-02022-00. C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
12 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintidós Especial de Decisión,
Providencia del 5 de febrero de 2019, MP: Alberto Yepes Barreiro, Radicación número: 11001-03-15-000-2018-
01884-00(REV).
13 Corte Constitucional, Sentencias T-115 de 2018 y T-010 de 2017.
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43. Según lo expuesto, se procede a resolver la controversia a la luz de dichos
parámetros.
Caso concreto
44. La entidad recurrente cuestiona que la decisión de segunda instancia violó el
debido proceso al desconocer la competencia de la UGPP y omitir la falta de
legitimidad en la causa para actuar en el proceso por parte de Colpensiones al no
ostentar la condición de sucesor procesal del ISS.
45. Sustentó su posición en el artículo 28 del Decreto 1388 de 2013 y los artículos 1
y 3 del Decreto 2011 de 2012, disposición que asignó a la UGPP las obligaciones
pensionales del ISS. En consecuencia, a su juicio, no es su deber asumir el pago de
la pensión de jubilación por no ser la entidad competente establecida por la ley.
46. Al respecto, del análisis del expediente de la actuación ordinaria, se destaca:
• Que el señor Pineda García presentó demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho en contra del «Instituto de Seguros Sociales en Liquidación ISS en
liquidación y/o Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social», en la cual solicitó la
reliquidación de su pensión de vejez con el 75% del promedio de lo devengado
en último año de servicio, conforme al artículo 1.° de la Ley 33 de 198514.
• Que la demanda fue inadmitida, entre otras razones, para que se corrigiera la
designación de las partes y de sus representantes, en los términos del artículo
162 del CPACA, por cuanto no se indicó con precisión en quién recaía la
legitimación en la causa por pasiva y debido a que, según se desprende «[…] de
los hechos de la demanda el señor Néstor Eduardo Pineda García fue
pensionado por el Instituto de Seguros Sociales, hoy COLPENSIONES […]»15.
• Que, al subsanar la demanda16, el actor designó a Colpensiones como parte
demandada, tras lo cual fue admitida en contra de dicha entidad17.
• Colpensiones fundamentó su defensa en que la pensión fue legalmente
reconocida conforme al artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Argumentó que el
régimen de transición únicamente comprende los aspectos de edad, monto y
semanas cotizadas, sin extenderse al cálculo del IBL. Por ello, afirmó que este
debía determinarse con el promedio de los últimos 10 años anteriores al
reconocimiento, o de todo el tiempo si resultara inferior, incluyendo únicamente
los factores que remuneran la prestación del servicio y que hayan servido de base
para aportes. Finalmente, propuso las excepciones de inexistencia de las
14 Véase folio 3 del archivo digital denominado «37RECIBEMEMORIAL_23001333300120170078(.zip) NroActua
24», sub-archivo «00ExpEscaneado1raInstancia», visible en el índice 00024 del aplicativo SAMAI.
15 Folio 36, ibid.
16 Folio 39, ibid.
17 Folio 51, ibid.
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obligaciones reclamadas, improcedencia para la reliquidación de la pensión de
jubilación y prescripción18.
• Que la primera instancia definió el litigio en los siguientes términos: «[…]
determinar si el demandante tiene derecho a que su pensión, sea reliquidada
sobre la base del 75% de los factores salariales y prestacionales devengados en
su último año de servicio o en los últimos diez años, tal y como lo dispone el
artículo 36 de la 100 de 1993, en concordancia con la Ley 33 y 62 de 1984»
(sic)19.
• El Juzgado Primero Administrativo de Montería negó las pretensiones al
considerar que no existía evidencia de que hubiera realizado cotizaciones sobre
factores que no hubieran sido tenidos en cuenta al momento del reconocimiento
pensional20.
• El señor Néstor Eduardo Pineda apeló la decisión, al señalar que, conforme su
historia laboral para el 1.º de abril de 1994 —fecha de entrada en vigencia de la
Ley 100 de 1993— contaba con 17 años de servicio y 46 años, por lo que era
beneficiario del régimen de transición previsto en el artículo 36 de dicha ley.
También afirmó que la normatividad aplicable a su pensión era la Ley 33 de
1985, que fija un monto del 75 % del IBL, y no la Ley 797 de 2003, aplicada en
el acto acusado al reconocer un 65 % por las primeras 1.000 semanas y un 2
% adicional por cada 50 semanas21.
• Que el Tribunal Administrativo de Córdoba, al resolver el recurso de apelación,
revocó la sentencia de primera instancia y efectuó el análisis de la procedencia
de la reliquidación de la pensión aplicando el monto del 75% del IBL del último
año de servicios, según lo dispuesto en la sentencia de unificación del 28 de
agosto de 2018, vigente al momento de emitir la decisión22.
47. Precisado lo anterior, destaca la Sala que, en un caso análogo, esta Subsección
resolvió una acción de revisión interpuesta por la UGPP en contra una sentencia del
Tribunal Administrativo del Chocó, en el que, pese a acreditarse que el actor no cumplía
los requisitos de la Ley 71 de 1988, se ordenó a la UGPP reconocerle una pensión al
amparo del Decreto 758 de 1990. En dicha oportunidad, la Sala concluyó que no se
configuraban las causales de revisión previstas en los literales a) y b) del artículo 20 de
la Ley 797 de 2003, señalando que:
«[…] la UGPP tuvo la oportunidad procesal de presentar sus inconformidades frente
a la sentencia de primera instancia; tan es así que hizo uso de su derecho, pero en
su recurso de apelación no cuestionó la aplicación del Decreto 758 de 1990 ni su
competencia para el reconocimiento de la pensión, sino que limitó su reproche
18 Folio 63, ibid.
19 Folio 89, ibid.
20 Ibid.
21 Véase folio 95 del archivo digital denominado «37RECIBEMEMORIAL_23001333300120170078(.zip) NroActua
24», sub archivo «00ExpEscaneado1raInstancia», visible en el índice 00024 del aplicativo SAMAI.
22 Archivo denominado «37RECIBEMEMORIAL_23001333300120170078(.zip) NroActua 24», sub archivo
«01StciaTribunal201700786» índice 00024 de SAMAI.
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a la inaplicabilidad de la Ley 71 de 1988, la cual fue descartada por el juzgado y el
tribunal. Por tanto, la revisión no puede ser empleada para corregir errores
procesales de las partes ni omisiones en su defensa» (énfasis de la Sala)23 .
48. En atención a los argumentos expuestos, la Sala encuentra que en el proceso
ordinario Colpensiones optó por limitar su defensa a ratificar que el IBL del inciso tercero
del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, así como los factores salariales respecto de los
cuales hizo aportes, era el correcto, omitiendo atacar su competencia o la eventual falta
de legitimación en la causa por pasiva. Esta línea argumentativa se reflejó en la
sentencia de primera instancia, en la que se indicó además que Colpensiones no
presentó alegatos de conclusión —pues no asistió a la audiencia del 16 de julio de 2019,
en la cual se prescindió de la audiencia de pruebas y se profirió sentencia—. A su vez,
observa esta Sala que la entidad tampoco interpuso recurso de apelación, manteniendo
así la limitación de su defensa a los argumentos inicialmente expuestos.
49. En dicha providencia se consignó el marco que orientó la defensa de Colpensiones,
en los siguientes términos:
«El argumento de la defensa [/] La parte accionada indicó que efectivamente al
actor le fue reconocida su pensión con base en la Ley 100 de 1993 en su artículo
21. Sostiene que le tuvieron en cuenta los requisitos del artículo 1 de la ley 33 de
1985.
Apoya su posición en la sentencia C-258 de 2013 de la Corte Constitucional, en el
sentido que todas las pensiones reconocidas en virtud del régimen de transición
debían ser liquidadas calculando el IBL conforme el artículo 36 de la Ley 100 de
1993, dependiendo de la fecha del derecho a la pensión. Insistiendo que el modo de
promediar la base de liquidación no puede ser con la legislación anterior, toda vez
que la transición solo comprende los conceptos de edad, monto y semanas
cotizadas»24.
50. Así, se advierte que en el trámite ordinario se garantizaron plenamente las facetas
del debido proceso, pues:
i) Se respetó el derecho al juez natural, en tanto el proceso fue conocido por las
autoridades judiciales competentes.
ii) Se observaron las formas propias del juicio, dado que el trámite se desarrolló
conforme a las reglas procedimentales del CPACA y el CGP, incluida la práctica de
pruebas y el desarrollo de la diligencia practicada.
iii) Se aseguraron las garantías de audiencia y defensa, por cuanto Colpensiones fue
notificada en debida forma del auto que admitió la demanda, tuvo oportunidad de
intervenir, controvertir las pretensiones, aportar y solicitar pruebas, alegar y recurrir —
aunque decidió no hacerlo—. Que la entidad haya omitido cuestionar su competencia o
su legitimación no constituye una vulneración del debido proceso, sino una
23 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 25
de enero de 2024. Exp. 11001-03-25-000-2022-00166-00 (0285-2022). C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
24 Véase folio 91 del archivo digital denominado «37RECIBEMEMORIAL_23001333300120170078(.zip) NroActua
24», sub-archivo «00ExpEscaneado1raInstancia», visible en el índice 00024 del aplicativo SAMAI.
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consecuencia de su propia estrategia defensiva.
51. En ese contexto, también se observa que la actuación del Tribunal se mantuvo
dentro de los límites de la justicia rogada —como lo destacó el señor agente del
Ministerio Público— y de la congruencia con lo efectivamente planteado por las partes.
No puede afirmarse que el Tribunal incurriera en error interpretativo ni que «pasara por
alto» una falta de competencia o de legitimación que jamás fue materia de controversia.
52. Permitir que en sede de revisión se controviertan aspectos como la procedencia del
derecho o la entidad obligada a su reconocimiento —como se pretende en este caso—
desnaturalizaría el alcance restrictivo de esta causal extraordinaria y convertiría la
revisión en un escenario para reabrir el debate resuelto por el juez o para corregir las
omisiones o negligencias atribuibles exclusivamente a las partes. En ese sentido, dado
que Colpensiones no acreditó los presupuestos que permiten la configuración de la
causal invocada sino una inconformidad con el fundamento legal y la atribución de
competencia se declarará infundada la acción.
Condena en costas
53. Dado que esta Sección25 ha señalado que la acción especial de revisión, prevista
en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, busca la prevenir eventuales detrimentos al
Tesoro y la garantía de la sostenibilidad financiera del sistema pensional, la Sala, con
fundamento en el artículo 188 del CPACA, en adelante, se abstendrá de imponer
condena en costas cuando la actuación tenga por objeto controvertir providencias
judiciales para salvaguardar el interés público, como ocurre en el presente asunto.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. DECLARAR INFUNDADA la acción de revisión interpuesta por
Colpensiones contra la sentencia del veinte (20) de agosto de dos mil veintiuno (2021)
proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba, de conformidad con lo expuesto
en la parte motiva de esta providencia.
Segundo. Sin condena en costas.
Tercero. Efectúense las anotaciones pertinentes en el Sistema de Gestión Judicial
SAMAI.
25 Entre otras, véase: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección
A. Sentencia del 24 de junio de 2021. Exp. 11001-03-25-000-2018-00943-00. C.P. William Hernández Gómez.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 23 de
junio de 2022. Exp. 11001-03-25-000-2019-00224-00. C.P. William Hernández Gómez. Consejo de Estado, Sala
de lo Contencioso Administrat vo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 4 de agosto de 2022, Exp. 11001-
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La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
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