Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2025-00217-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2025-00217-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2025-00217-00
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
19 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D.C., diecinueve (19) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
Radicación: 11001-03-25-000-2025-00217-00 (1679-2025)
Demandante: Amparo Brito Garzón
Demandados: Nación -Ministerio de Educación Nacional- Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio - Distrito Especial de
Santiago de Cali – Secretaría de Educación de Santiago de Cali
Temas: Causal quinta del artículo 250 del CPACA. Reconocimiento
pensión de jubilación docente. Cómputo de tiempos de servicio
prestados mediante OPS con anterioridad a la Ley 812 de 2003.
Exigencia de acreditación de aportes al sistema pensional para
computar dichos períodos. Vulneración del principio de
congruencia por introducción de fundamento ajeno al objeto del
litigio. Omisión de pronunciamiento frente a reproche formulado
en el recurso de apelación. DECLARA FUNDADO.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
La Sala decide el recurso extraordinario de revisión interpuesto1 por la señora
Amparo Brito Garzón en contra de la sentencia proferida el diecinueve (19) de julio
de dos mil veinticuatro (2024) por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca 2,
para lo cual se invocó la causal del numeral quinto del artículo 250 del CPACA.
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
1. Que el 30 de agosto de 2021 solicitó el reconocimiento y pago de la pensión de
jubilación, solicitud que fue resuelta de manera desfavorable mediante la
Resolución 4143.010.21.0.0023 del 11 de febrero de 2022, expedida por el Distrito
Especial de Santiago de Cali en representación del Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio (FOMAG).
2. Que promovió el medio de control de nulidad y restablecimiento con el fin de
obtener la declaratoria de nulidad del referido acto y, como consecuencia, el
reconocimiento y pago de la prestación.
1 La presentación del recurso se efectuó el 13 de junio de 2025. Véase índice 00001 del aplicativo SAMAI.
2 Decisión que confirmó la sentencia proferida el 18 de enero de 2024 por el Juzgado Quince Administrativo de
Cali en la cual se negaron las pretensiones.
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3. Que el Juzgado Quince Administrativo del Circuito de Cali, mediante sentencia
del 18 de enero de 2024, negó las pretensiones al considerar que no se acreditó el
cumplimiento del requisito de 20 años de servicios exigido para acceder a la
prestación pretendida. Señaló que la demandante acreditó 4 años, 3 meses y 11
días de servicios prestados mediante contratos de prestación de servicios y 9 años,
4 meses y 17 días laborados bajo nombramiento en provisionalidad. También indicó
que los períodos ejecutados mediante contratos de prestación de servicios no
podían ser computados para efectos pensionales, debido a que no se acreditó la
realización de aportes al Sistema General de Pensiones durante dichos lapsos.
4. Que contra esa decisión interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por
el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
SENTENCIA OBJETO DE REVISIÓN
5. Mediante sentencia del 19 de julio de 2024, el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca confirmó la decisión de primera instancia al concluir que la demandante
no acreditó el requisito de 20 años de servicios exigido para acceder a la pensión
reclamada ni demostró haber efectuado cotizaciones al Sistema General de
Pensiones durante los períodos laborados mediante contratos de prestación de
servicios.
6. Expuso que la actora inició su vinculación como docente el 13 de abril de 1996,
esto es, antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, razón por la cual le
resultaba aplicable el régimen pensional previsto en la Ley 91 de 1989, en
concordancia con la Ley 33 de 1985, conforme a lo establecido en la sentencia de
unificación del 25 de abril de 2019. En consecuencia, debía acreditar: i) 55 años de
edad; ii) 20 años de servicios; y iii) una tasa de reemplazo del 75 %.
7. Si bien encontró satisfecho el requisito de edad, concluyó que la señora Amparo
Brito Garzón no cumplía el tiempo mínimo de servicios exigido, pues solo acreditaba
13 años, 7 meses y 28 días de servicio, de los cuales 4 años, 3 meses y 11 días y
9 años, 4 meses y 17 días correspondían, respectivamente, a períodos laborados
mediante contratos de prestación de servicios y bajo vinculación legal y
reglamentaria.
8. Descartó el argumento planteado en apelación según el cual el juez de primera
instancia había introducido oficiosamente el debate sobre la ausencia de
cotizaciones al sistema pensional. Señaló que la realización de aportes al Sistema
de Seguridad Social en Pensiones constituye un presupuesto legal indispensable
para el reconocimiento de prestaciones pensionales, en armonía con los principios
de solidaridad y sostenibilidad financiera que rigen el sistema.
9. Por ello, adujo que los períodos laborados mediante contratos de prestación de
servicios no podían ser computados para efectos pensionales, dado que la
demandante no acreditó haber efectuado las cotizaciones obligatorias durante
dichos períodos. Indicó que, de acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado
—citó las sentencias del 9 de septiembre de 2021 (exp. 1038-17) y del proceso con
radicado 4134-2016—, la acreditación de tales aportes constituye un requisito para
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que esos tiempos sean tenidos en cuenta en el reconocimiento de prestaciones
pensionales.
RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
10. La recurrente invoca la causal prevista en el numeral 5 del artículo 250 del
CPACA, al considerar que la sentencia fue proferida con desconocimiento del
debido proceso y del principio de congruencia.
11. Afirma que existe falta de congruencia entre el objeto del litigio y lo resuelto en
la sentencia, pues el debate jurídico debía circunscribirse a determinar si los tiempos
laborados por la docente bajo la modalidad de hora cátedra eran computables para
efectos pensionales.
12. A su juicio, de conformidad con el régimen especial del magisterio, solo cabían
dos posibilidades: i) si la vinculación de la docente ocurrió hasta el 26 de junio de
2003, pertenecía al régimen exceptuado y su derecho pensional debía regirse por
los requisitos propios de las Leyes 33 de 1985 y 91 de 1989; o ii) si la vinculación
se produjo a partir del 27 de junio de 2003, resultaba aplicable el régimen general
previsto en la Ley 100 de 1993, con la particularidad de la edad de 57 años para
hombres y mujeres. En cualquiera de estos escenarios, afirma, no era procedente
exigir la acreditación de aportes al sistema de seguridad social como requisito para
el reconocimiento de la prestación.
13. Sostiene que el Tribunal exigió requisitos no previstos en la ley al supeditar el
reconocimiento pensional a la acreditación de cotizaciones respecto de los períodos
laborados bajo dicha modalidad y concluyó, sin respaldo probatorio suficiente, que
tales aportes no fueron efectuados. Aduce que, si no estaba probado que las
cotizaciones se hubieran realizado, tampoco lo estaba que no se hubieran
efectuado, por lo que correspondía decretar las pruebas necesarias para establecer
la realidad procesal y decidir con fundamento en hechos ciertos y no en meras
conjeturas.
14. Que, aun en el evento de que se hubiese evidenciado la ausencia de
cotizaciones respecto de algunos períodos de servicio, ello no justificaba la negativa
de la prestación, pues el juzgador debió adoptar las medidas necesarias para
establecer la realidad de los aportes o disponer los mecanismos pertinentes para
su pago, incluso mediante su descuento del eventual retroactivo pensional, en
aplicación de los principios constitucionales de justicia, mínimo vital, primacía de la
realidad sobre las formalidades y protección efectiva del derecho fundamental a la
seguridad social.
15. Por otra parte, señala que, al interponer el recurso de apelación contra la
sentencia del 18 de enero de 2024 proferida por el Juzgado Quince Administrativo
de Cali, cuestionó expresamente la valoración efectuada respecto de los
certificados de tiempo de servicio y puso de presente que el tiempo total acumulado
a 1.° de julio de 2021 correspondía a 27 años y 8 días de servicio, pero el Tribunal
omitió pronunciarse sobre estos reparos.
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16. Explica que, en el recurso de apelación, señaló que el error recaía,
particularmente, sobre el certificado de servicios n.º 30856 del 1.º de julio de 2021,
expedido por la Secretaría de Educación de Santiago de Cali. Que se concluyó que
únicamente se encontraban acreditados 13 años, 7 meses y 28 días de servicio,
conclusión que, a su juicio, obedeció no solo a las consideraciones relacionadas
con los períodos laborados mediante contratos de prestación de servicios, sino
también a una lectura equivocada de la información consignada en dicho
documento, al asumir que el tiempo registrado correspondía al formato días, meses
y años, cuando en realidad estaba expresado en años, meses y día; aspecto
respecto del cual el Tribunal tampoco emitió pronunciamiento alguno.
17. Sostuvo que el Tribunal contabilizó un período de 9 años, 4 meses y 17 días,
pese a que el documento acreditaba 17 años, 4 meses y 9 días de servicio. Según
afirma, este error incidió directamente en el cómputo total del tiempo laborado y
condujo a la negativa del reconocimiento pensional solicitado, con lo que la decisión
se encuentra afectada por errores de hecho.
Contestaciones al recurso extraordinario de revisión
18. El Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de
Servicios de Santiago de Cali3 sostiene que la decisión de negar la pensión se
fundamentó, principalmente, en el incumplimiento del tiempo de servicios exigido por
la normativa aplicable. En consecuencia, considera que, aun si prosperara el
argumento que la recurrente presenta como causal de revisión, ello no tendría la
virtualidad de modificar el sentido de la decisión adoptada.
19. Afirma que no se encuentran acreditados los presupuestos para la procedencia
del recurso, pues los planteamientos se dirigen, en realidad, a cuestionar la valoración
probatoria efectuada por el juez de conocimiento y no a demostrar la existencia de
una causal de nulidad. En particular, señala que no se evidencia un desconocimiento
grave de las formas propias del proceso ni la configuración de alguna de las causales
de nulidad previstas en el artículo 133 del Código General del Proceso.
20. La Nación – Ministerio de Educación – FOMAG guardó silencio.
Concepto del Ministerio Público
21. La Procuraduría Tercera Delegada ante esta Corporación4 solicitó declarar
infundado el recurso al considerar que las irregularidades alegadas carecen de
trascendencia frente a una decisión sustentada en la insuficiencia del tiempo de
servicio.
22. Que esta no es una instancia adicional para replantear la valoración probatoria
efectuada en el proceso, sino un mecanismo excepcional destinado a corregir vicios
graves que afecten la validez de la sentencia, los cuales no se advierten.
3 Véase índices 00015 y 00019 de SAMAI.
4 Véase índice 00020 de SAMAI.
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23. Que la demandante puede acudir a las entidades competentes para obtener
certificaciones completas de sus tiempos de servicio y de las cotizaciones
efectuadas y, de acreditarse períodos adicionales que le permitan cumplir los
requisitos legales, promover una nueva solicitud de reconocimiento pensional.
24. Se decidirá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
25. Corresponde a la Sala determinar si procede la revisión de la sentencia
proferida el 19 de julio de 2024 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
considerando la causal invocada por la recurrente.
26. Para el efecto, la Sala estudiará: i) Generalidades del recurso extraordinario de
revisión, ii) Causal de revisión invocada y iii) Caso concreto.
Generalidades del recurso extraordinario de revisión
27. El recurso extraordinario de revisión es un mecanismo procesal de control de
las decisiones que han hecho tránsito a cosa juzgada5. En los términos del artículo
248 del CPACA:
«Artículo 248. El recurso extraordinario de revisión procede contra las
sentencias ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala
de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por los Tribunales
Administrativos y por los jueces administrativos».
28. El objetivo principal de esta vía extraordinaria es invalidar los efectos de una
sentencia ya ejecutoriada6. De acuerdo con las causales establecidas en el artículo
250 del CPACA, busca restaurar el principio de justicia material y la supremacía de
las garantías procesales cuando se constate que la decisión estuvo afectada por
alguno de los siguientes eventos:
i) Aparición de circunstancias desconocidas al momento de dictar el fallo, las cuales,
de haber sido conocidas, habrían llevado a una sentencia diferente7.
ii) Descubrimiento de hechos delictivos o fraudulentos que fueron determinantes en
la adopción de la sentencia que se pretende anular8.
iii) Existencia de nulidades originadas en la sentencia que puso fin al proceso y que
no podían ser objeto de recurso de apelación.
5 El artículo 248 del CPACA señala: «El recurso extraordinario de revisión procede contra las sentencias
ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado, por los Tribunales Administrativos y por los jueces administrativos».
6 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 15
de marzo de 2018. Exp. 11001-03-25-000-2014-00862-00 (2668-2014). C.P. William Hernández Gómez.
7 Como la aparición de documentos esenciales que no pudieron ser aportados por fuerza mayor o caso fortuito,
la existencia de un tercero con mejor derecho que el beneficiado con la sentencia cuestionada o la desaparición,
al momento del reconocimiento, de las razones que justificaban que se hubiera decretado la prestación
periódica.
8 Como el hallazgo de documentos falsos o adulterados, peritajes fraudulentos, o la ocultación de documentos
relevantes por alguna de las partes. Esto incluye también la posible influencia de cohecho o violencia en la
emisión del fallo.
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iv) Contradicciones de la sentencia con otra anterior que constituya cosa juzgada9.
29. Si bien la revisión constituye una vía que afecta el principio de la inmutabilidad de
las sentencias ejecutoriadas y, por ende, es una excepción al principio de la cosa
juzgada, ello no implica que sea un mecanismo que habilite una tercera instancia para
discutir los problemas jurídicos debatidos en sede ordinaria, para plantear nuevas
interpretaciones del litigio, para corregir los yerros probatorios que cometieron las
partes o para subsanar aquellas situaciones que pudieron evitarse durante la gestión
del proceso que dio origen a la sentencia objeto de revisión.
30. En efecto, para que el juez pueda entrar a examinar la controversia materia del
recurso, es necesario que la causal invocada por la recurrente se encuentre
debidamente acreditada, pues como lo ha establecido la Sala Plena de esta
Corporación este mecanismo extraordinario procede por especiales circunstancias
consagradas taxativamente en la ley10.
Causal quinta de revisión
31. El numeral 5 del artículo 250 del CPACA dispone que es causal de revisión el
hecho de que exista «[…] nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso
y contra la que no procede recurso de apelación […]». De allí que, para que resulte
procedente la causal en mención, debe existir una sentencia ejecutoriada que ponga
fin al proceso. Además, contra esta decisión no puede proceder recurso de
apelación, pues de ser así este sería el medio idóneo para poner de presente
cualquier vicio en que hubiera incurrido la providencia.
32. Es preciso que la nulidad se desprenda de la sentencia objeto de revisión, es
decir, que el vicio debe estructurarse en el momento procesal en que se profiere la
decisión judicial pues, de generarse por una situación ocurrida con anterioridad que
no fue oportunamente alegada, procedería su saneamiento. No obstante, la
jurisprudencia de esta Corporación ha aceptado como nulidad originada en la
sentencia la que, a pesar de presentarse en un momento previo a la emisión del
fallo, no pudo ser advertida por el afectado, quien tiene la carga procesal de
demostrar esta circunstancia11.
33. La causal de nulidad contemplada en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA
se configura cuando (i) ocurre alguna de las causales expresamente previstas en el
artículo 133 del Código General del Proceso (CGP) 12 o (ii) cuando se presentan
irregularidades insaneables que vulneran de manera sustancial el derecho al debido
9 De acuerdo con la clasificación presentada en Garzón Martínez, Juan Carlos (2021). Proceso contencioso
administrativo. Fase escrita – Fase oral. 2° Edición. Grupo editorial Ibañez (2° Ed. pp. 612-613)
10 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala Veintitrés Especial de Decisión.
Sentencia del 1 de octubre de 2019. C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera.
11 Al respecto pueden consultarse las sentencias proferidas por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
el 3 de diciembre de 2019 (Sala Tercera Especial de Decisión; radicación 11001-03-15-000-2018-01235-00) y
el 3 de diciembre de 2019 (Sala Séptima Especial de Decisión; radicación: 11001-03-15-000-2012-00643-00).
12 Consejo de Estado. Sala Veintiséis Especial de Decisión. Sentencia del 3 de febrero de 2015. Exp. 11001-
03-15-000-1998-00157-01. C.P. Olga Mélida Valle de De La Hoz; Sala Veintiséis Especial de Decisión.
Sentencia del 3 de febrero de 2015. Exp. 11001-03-15-000-2011-01639-00. C.P. Olga Mélida Valle de De La
Hoz; y Sala Veintidós Especial de Decisión. Sentencia del 2 de febrero de 2016. Exp. 11001-03-15-000-2015-
02342-00. C.P. Alberto Yepes Barreiro
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proceso13, al punto de que, de no haberse producido, la decisión judicial habría sido
distinta.
34. A modo meramente enunciativo, la jurisprudencia ha indicado que dicha causal
se estructura, entre otros eventos, cuando el fallo:
«(i) es inhibitorio; (ii) se profiere sin motivación alguna; (iii) transgrede el
principio de la non reformatio in pejus; (iv) condena a un tercero que no ha sido
vinculado como parte al proceso; (v) se pronuncia sobre aspectos que no le
corresponden, esto es, sin competencia o jurisdicción, según el caso; (vi) se
profiere en un proceso que había terminado por desistimiento, transacción o
perención; (v) no cuenta con el número de votos requerido para su aprobación
y (vi) desconoce el principio de congruencia bien sea por una condena extra,
ultra o infra petita»14.
35. Además de las hipótesis expresamente reconocidas por la jurisprudencia, esta
Corporación ha admitido que pueden presentarse otros supuestos no previstos de
manera expresa en los códigos procesales que den lugar a la nulidad de la
sentencia, siempre que tales eventos deriven de la vulneración directa del artículo
29 de la Constitución Política. No obstante, ha precisado que dicha conclusión no
opera de manera automática, pues en estos eventos resulta necesario efectuar un
examen material de la irregularidad alegada. En ese sentido, ha señalado que:
«(…) corresponderá al juez determinar si el hecho que se dice contrario a
este derecho puede configurar la causal de revisión en comento,
circunstancia que se deriva de la exigencia de actuar como juez de
constitucionalidad y de convencionalidad en garantía de los derechos
fundamentales de quienes intervienen en un proceso judicial»15 (negrillas y
subrayado fuera del texto original).
36. Para tales efectos, la Corporación ha enfatizado que «(…) no toda irregularidad
tiene la capacidad de afectar la inmutabilidad de la providencia que ha puesto fin al
proceso, sino únicamente aquellas que tengan un carácter sustancial, en tanto
incidan en el sentido de la decisión por comprometer el núcleo esencial o el
contenido constitucionalmente vinculante del derecho al debido proceso»16.
37. Con todo, la concreción y extensión jurisprudencial de esta causal de revisión a
otros eventos insaneables que implican la violación de derechos constitucionales y
procesales atiende, tal y como lo ha establecido este máximo órgano, a la misma
finalidad del recurso extraordinario de revisión: por un lado, permitir que decisiones
13 La Sala Plena del Consejo de Estado, en diversas providencias, incluyendo la sentencia del 31 de mayo de
2011 (expediente 11001-03-15-000-2008-00294-00), ha señalado otros casos en los que se configura la nulidad
en la sentencia, a saber: «[…] i) falta de jurisdicción o competencia, ii) cuando se dicta nueva sentencia en
proceso terminado normalmente por sentencia firme, iii) cuando sin más actuación se dicta sentencia después
de ejecutoriado el auto por el cual hubiera sido aceptado el desistimiento, aprobada la transacción o declarada
la perención del proceso, iv) cuando se dicta sentencia como única actuación, sin el previo trámite
correspondiente, v) cuando se condena al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido
en la demanda o por causa diferente de la invocada en ésta, vi) cuando se condena a quien no ha sido parte
en el proceso, vii) o cuando, sin más actuación, se profiere sentencia después de ocurrida cualquiera de las
causas legales de interrupción o de suspensión o, en estos casos, antes de la oportunidad debida, viii) cuando
la sentencia aparece firmada con mayor o menor número de magistrados, o adoptada con un número de votos
diverso al previsto en la ley, ix) cuando la providencia carece completamente de motivación».
14 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Diecinueve Especial de Decisión. Sentencia
del 16 de marzo de 2022. Exp. 11001-03-15-000-2021-00921-00. C.P. William Hernández Gómez.
15 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintisiete Especial de Decisión.
Sentencia del 27 de octubre de 2020. Exp. 11001-03-15-000-2019-02361-00 (REV). CP. Rocío Araújo Oñate.
16 Ibid.
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manifiestamente injustas sean examinadas, y por el otro, garantizar el principio de
seguridad jurídica al limitar la procedencia de la causal a situaciones excepcionales
en las que la anomalía sea de tal relevancia constitucional que sin ella el fallo se
hubiera proferido en otro sentido17.
Principio de congruencia
38. Sobre la congruencia de la sentencia, el artículo 281 del CGP, prevé:
«ARTÍCULO 281. CONGRUENCIAS. La sentencia deberá estar en
consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en
las demás oportunidades que este código contempla y con las excepciones que
aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley.
No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto
del pretendido en la demanda ni por causa diferente a la invocada en esta. […]».
39. Al respecto, la Sección Segunda de esta Corporación, en sentencia del 9 de
julio de 202018, señaló que el principio de congruencia es entendido como el deber
legal que tienen los funcionarios judiciales de resolver un asunto puesto en su
conocimiento con fundamento en las pretensiones, las pruebas aportadas, las
normas aplicables y lo alegado por las partes, sin incurrir en fallos ultrapetita,
extrapetita o minuspetita19, como regla general.
40. Dicho principio tiene dos connotaciones, a saber, externa, cuando la decisión
está en armonía con lo pedido y alegado por las partes e interna, cuando existe
coherencia en lo dispuesto en la parte resolutiva y lo argüido en la parte motiva de
la providencia20. Al respecto, es importante destacar que, en caso de existir
incongruencia en cualquiera de ellas, para que pueda generar la invalidez de la
sentencia, esta debe ser de tal magnitud que no proceda solución diferente a su
nulidad.
41. Según lo expuesto, se procede a resolver la controversia a la luz de dichos
parámetros.
17 En este mismo sentido se puede consultar: Consejo de Estado. Sala Diecinueve Especial de Decisión.
Sentencia del 18 de agosto de 2020. Exp.11001-03-15-000-2017-02369-00. C.P. William Hernández Gómez.
18 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del 9 de julio de
2020. Exp. 11001-03-25-000-2015-00391-00. C.P. William Hernández Gómez. Cfr. Consejo de Estado. Sala de
lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia del 25 de enero de 2018. Exp. 25000-23-41-000-
2013-00911-01. C.P. María Elizabeth García González.
19 Ibid. La Sección Segunda reitera lo dicho en las siguientes providencias: Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sala Veintidós Especial de Revisión. Sentencia del 7 de abril de 2015. Exp. 11001-
03-15-000-2013-00358-00 (REV). M.P. Alberto Yepes Barreiro; Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta. Sentencia de 16 de agosto de 2002. Exp. 76001-23-24-000-1997-04345-01
(12668-1997). C.P. Juan Ángel Palacio Hincapié donde se indicó: «[…] Cuando en una providencia judicial, no
se respeta el principio de la congruencia, se incurre en lo que la doctrina ha llamado fallo “ultrapetita” que
consiste en reconocer un mayor derecho que el invocado por el demandante, “extrapetita”: cuando se reconoce
un derecho que no ha sido reclamado o cuando se reconoce un derecho reclamado o se acoge la pretensión
pero por una causa diferente o deducida de hechos no alegados, y “minuspetita”: cuando se omite el
pronunciamiento sobre una de las pretensiones».
20 Ibid.
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Caso concreto
42. La Sala analizará, en primer lugar, si el Tribunal excedió los límites del litigio al
fundamentar la negativa del derecho pensional en la falta de acreditación de
cotizaciones al sistema pensional respecto de los períodos laborados mediante
contratos de prestación de servicios. En segundo lugar, determinará si dejó de
resolver un reparo formulado en el recurso de apelación relacionado con la
contabilización del tiempo de servicios acreditado por la demandante. Establecido
lo anterior, verificará si tales circunstancias constituyen la causal de revisión
invocada.
43. En relación con el primer reproche, se advierte que el acto demandado negó el
reconocimiento pensional al considerar que la situación de quien reclamaba debía
regirse por las disposiciones aplicables a los docentes vinculados con posterioridad
al 27 de junio de 2003 y, por tanto, por el régimen general previsto en la Ley 100 de
1993, mas no por las Leyes 33 de 1985 y 91 de 1989.
44. La demanda cuestionó dicha conclusión y sostuvo que la prestación debía
analizarse bajo las Leyes 33 de 1985 y 91 de 1989 y a su vez, la entidad
demandada21, al contestar la demanda, defendió la legalidad del acto bajo el mismo
entendimiento, esto es, que la actora se encontraba sometida al régimen general de
pensiones por haberse vinculado al servicio docente con posterioridad al 27 de junio
de 2003 y que, en consecuencia, no reunía los requisitos para acceder a la
prestación reclamada.
45. Así, el debate quedó delimitado en torno a la definición del régimen jurídico
aplicable22. No obstante, el Tribunal desplazó el eje de la controversia de la
definición del régimen jurídico aplicable a la acreditación de aportes al sistema
pensional, aspecto que no constituyó el fundamento del acto demandado, ni hizo
parte del núcleo de la controversia fijada por las partes, razón por la cual tampoco
orientó la actividad probatoria desplegada durante el proceso.
46. En consecuencia, la demandante fue privada de la posibilidad real de
controvertir una razón que terminó siendo determinante para la negativa de la
prestación reclamada.
47. Al margen de ello, conviene destacar que, aunque en algunas decisiones la
Sección Segunda había considerado que los artículos 4 y 9 de la Ley 797 de 2003
—que modificaron los artículos 17 y 33 de la Ley 100 de 1993— exigían la
acreditación de aportes al sistema pensional para el reconocimiento de la pensión
21 Folios 10 a 15 del archivo «14_RECEPCIONMEMORIALOAALDESPACHO_CONTESTACIONPODER.pdf»,
ibid.
22 Véase archivo denominado «019_AUTOCORRETRASLADOPOR10DIASPARAALEGAR.pd» en el que se
indicó: «(…) Fijar el objeto del litigio, el cual versa en estudiar la legalidad del acto administrativo demandado,
y si hay lugar al restablecimiento del derecho, en los cargos consignados en la demanda». Cfr. Sentencia de
primera instancia en la que se indicó que el problema jurídico a resolver sería: «(…) Estudiar la legalidad del
acto administrativo demandado, en tal sentido determinar si a la señora Amparo Brito Garzón le asiste el derecho
al reconocimiento de la pensión de jubilación conforme a las disposiciones consagradas en la ley 91 de 1989 y
ley 33 de 1985». Véase archivo «026_SENTENCIADEPRIMERAINSTANCIA.pdf» disponible en el índice 00038
de SAMAI.
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de jubilación23, para la fecha en la que se profirió la sentencia objeto de revisión ya
existía una línea jurisprudencial24 según la cual la ausencia de cotizaciones no
basta, por sí sola, para desconocer tiempos efectivamente laborados y con
incidencia pensional. Conforme a dicha postura, la omisión en el pago de aportes
genera para las entidades responsables el deber de adelantar las actuaciones
necesarias para su recaudo, mas no constituye una razón automática para negar el
derecho prestacional reclamado.
48. Por ello, al convertir la acreditación de dichos aportes en una condición
determinante para negar el derecho reclamado, el Tribunal introdujo un elemento
decisorio ajeno al objeto principal de la controversia y alteró sustancialmente los
términos en que esta fue planteada.
49. En tal sentido, la providencia incurrió en una incongruencia de carácter
extrapetita, al introducir un fundamento decisorio extraño al objeto de la controversia
y hacerlo determinante para la solución del litigio, con lo que se incurre
efectivamente en la causal invocada.
50. En cuanto al segundo reproche, la recurrente sostiene que el Tribunal omitió
pronunciarse sobre uno de los argumentos centrales formulados en el recurso de
apelación, relacionado con el tiempo de servicios acreditado mediante el Certificado
30856 de 1.º de julio de 2021.
51. En efecto, al sustentar la alzada cuestionó la conclusión del juzgado según la
cual la actora acreditaba 9 años, 4 meses y 17 días de servicios prestados bajo una
relación legal y reglamentaria. Para ello, señaló que el Certificado de Tiempos de
Servicios 30856, expedido el 1.º de julio de 2021 por la Secretaría de Educación
Municipal de Santiago de Cali, registraba un tiempo de servicios de 17 años, 4
meses y 9 días25.
52. Así, del propio contenido del recurso de apelación se podía extraer que lo que
estaba atacando era que el Juez había confundido las unidades temporales
consignadas en el documento, lo que condujo a contabilizar como «9 años, 4 meses
y 17 días» un tiempo que, según la certificación, ascendía a «17 años, 4 meses y 9
días». Se trataba, por tanto, de una cuestión susceptible de verificarse a partir del
mismo documento y que exigía un pronunciamiento del juez de segunda instancia.
53. Pese a la claridad de dicho reparo, al resolver la apelación, el Tribunal
únicamente señaló:
23 Véase: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B.
Sentencia del 25 de noviembre de 2021. Exp. 70001-23-33-000-2016-00260-01(1489-18). C.P. Cesar Palomino
Cortés. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia
del 18 de febrero de 2021. Exp. 81001-23-33-000-2013-00012-02 (4163-2014). C.P. William Hernández Gómez.
24 Véase entre otras: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección
B. Sentencia del 4 de julio de 2024. Exp. 15001-23-33-000-2021-00760-01 (5623-2023). C.P. Jorge Edison
Portocarrero Banguera.
25 Véase folio 4 del archivo «027_MemorialWeb_Recurso.pdf», ibid. «(…) que el tiempo laborado se acredita
con la certificación de Tiempos de Servicio, las cuales están en el expediente administrativo y también fueron
aportadas por la parte demandante a título de pruebas documentales: (…) Certificación de Tiempos de Servicios
Nº 30856 expedido el día 01 de julio de 2021, por LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE
SANTIAGO DE CALI. (17 años – 4 meses – 9 días, hasta el 2021)».
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«(...) se aportó certificado de historia laboral más reciente de la actora expedido
por el Fomag, el 1 de julio de 2021, en el que se certifica un total de prestación
de servicios como docente en provisionalidad de 9 años, 4 meses y 17 días»26.
54. Posteriormente, reiteró:
«(...) se vinculó en provisionalidad mediante la Resolución 2661 de 2003, desde
el 24 de noviembre de 2003 hasta el 1 de enero de 2020 de manera discontinua
según el certificado de historia laboral del 1 de julio de 2021, por lo que logró
acumular un tiempo de servicio de 9 años, 4 meses y 17 días»27.
55. Se observa entonces que la providencia no contiene consideración alguna
encaminada a examinar el argumento expuesto por la apelante acerca del contenido
del Certificado de Tiempos de Servicios 30856 ni explica las razones por las cuales
descartó la interpretación propuesta respecto de dicho documento. En efecto, el
Tribunal se limitó a reiterar la conclusión acogida por el juez de primera instancia,
sin pronunciarse sobre el aspecto que constituía el núcleo del reparo formulado en
la apelación, esto es, la aparente inconsistencia en el cómputo del tiempo de
servicios derivada de la lectura del propio certificado, cuyo contenido, según la
recurrente, arrojaba una contabilización sustancialmente distinta de la acogida en la
sentencia.
56. La relevancia de la omisión es aún mayor si se tiene en cuenta que el aspecto
dejado sin resolver no era accesorio. Por el contrario, recaía sobre la determinación
del tiempo de servicios acreditado por la demandante, presupuesto que resultó
determinante para concluir que no cumplía el requisito temporal exigido para
acceder a la prestación reclamada. En consecuencia, de prosperar el
cuestionamiento formulado en la apelación, el análisis efectuado por el Tribunal
podía verse sustancialmente modificado.
57. En conclusión, del estudio conjunto de ambos reparos se concluye que la
providencia cuestionada presenta deficiencias que comprometen su congruencia.
De una parte, la decisión introdujo como fundamento determinante para negar el
derecho reclamado una consideración que no había delimitado el debate procesal
en los términos propuestos por las partes. De otra, omitió pronunciarse sobre un
cuestionamiento concreto y relevante formulado en la apelación respecto de una de
las premisas fácticas que sustentaban la decisión. En tales condiciones, las
irregularidades advertidas terminaron incidiendo directamente en la estructura
argumentativa del fallo, razón por la cual se configura la causal de nulidad invocada
por la recurrente.
58. Por las razones expuestas, la Sala declarará fundado el recurso extraordinario
de revisión al encontrar configurada la causal prevista en el numeral 5 del artículo
250 del CPACA, por haberse proferido la sentencia cuestionada con
desconocimiento del principio de congruencia.
26 Véase folio 19 del índice 00013- Tribunales- 76001-33-33-015-2022-00151-01.
27 Véase folio 20, ibid.
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59. En consecuencia, se infirmará la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca y se ordenará a dicha Corporación proferir una
nueva providencia en la cual deberá:
i) Pronunciarse de manera expresa sobre los argumentos planteados en el recurso
de apelación relacionados con la determinación del tiempo de servicios acreditado
por la demandante, en particular, respecto del cuestionamiento formulado en
relación con el contenido, alcance y valor probatorio del Certificado de Tiempos de
Servicios 30856 del 1.º de julio de 2021, expedido por la Secretaría de Educación
Municipal de Santiago de Cali.
ii) Abstenerse de fundamentar la decisión en la falta de acreditación de cotizaciones
al sistema pensional respecto de los períodos laborados mediante contratos de
prestación de servicios, por tratarse de un aspecto que no integró el objeto del litigio
ni constituyó uno de los puntos sometidos a decisión dentro del recurso de
apelación.
De la condena en costas
60. De acuerdo con el inciso primero del artículo 188 del CPACA, la regla general es
que, en los procesos de conocimiento de esta jurisdicción, en la sentencia, se
dispondrá sobre la condena en costas.
61. Con la expedición de la Ley 2080 de 2021, se modificó el artículo 255 del CPACA
en cuanto a la condena en costas en el marco del recurso extraordinario de revisión,
en los siguientes términos:
«ARTÍCULO 255. Vencido el período probatorio se dictará sentencia.
[…]
Si se declara infundado el recurso, se condenará en costas y perjuicios al
recurrente».
62. En ese sentido, la Sala considera que no hay lugar a imponer condena en
costas, toda vez que se declaró fundado el recurso extraordinario de revisión.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. DECLARAR FUNDADO el recurso extraordinario de revisión interpuesto
por la señora Amparo Brito Garzón en contra la sentencia proferida el diecinueve
(19) de julio de dos mil veinticuatro (2024) por el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca, por configurarse la causal prevista en el numeral 5 del artículo 250
del CPACA, por las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión.
Segundo. INFIRMAR la sentencia del diecinueve (19) de julio de dos mil
veinticuatro (2024) proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que
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dispuso negar las pretensiones del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho dentro del radicado núm. 76001-33-33-015-2022-00151-01, en el que
obró como demandante la señora Amparo Brito Garzón y como demandados la
Nación -Ministerio de Educación Nacional- Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio - Distrito Especial de Santiago de Cali – Secretaría de
Educación de Santiago de Cali.
Tercero. En su lugar, se ORDENA al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
que profiera una nueva sentencia mediante la cual resuelva el recurso de apelación
interpuesto contra la decisión de primera instancia, dando respuesta a la totalidad
de los reparos formulados por la parte apelante y resolviendo la controversia dentro
de los límites fijados, de conformidad con las consideraciones efectuadas en esta
decisión respecto de la incidencia atribuida a la acreditación de aportes al sistema
pensional.
Cuarto. Sin condena en costas.
Quinto. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente de nulidad y
restablecimiento del derecho al despacho de origen y HÁGANSE las anotaciones
pertinentes en el sistema informático SAMAI.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Ausente con permiso
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
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