Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2025-00462-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2025-00462-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2025-00462-00
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
29 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D.C., veintinueve (29) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
Radicación: 11001-03-25-000-2025-00462-00 (2796-2025)
Demandante: José René Gutiérrez Méndez
Demandada: Administradora Colombiana de Pensiones (COLPENSIONES)
Temas: Reliquidación pensión de vejez por actividad de alto riesgo.
Alcance proceso ejecutivo derivado de sentencia judicial. Medios
de defensa que atacan obligación contenida en el título.
Disminución en la cuantía de la prestación como consecuencia
de la expedición de un acto administrativo de cumplimiento.
DECLARA INFUNDADO.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
La Sala decide el recurso extraordinario de revisión interpuesto1 por el señor José
René Gutiérrez Méndez contra la sentencia del dieciséis (16) de junio de dos mil
veinticinco (2025) proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca2, para
lo cual se invocó la causal del numeral 5 del artículo 250 del CPACA.
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
1. Que mediante Resolución GNR 27676 del 29 de enero de 2014,
COLPENSIONES le reconoció el pago de una pensión de vejez por actividad de alto
riesgo, efectiva a partir del 1.° de febrero de 2014, en atención a lo dispuesto en la
Ley 32 de 1986, con una tasa de reemplazo del 75 % y con la inclusión de los
factores salariales devengados en el último año de servicios, conforme a lo previsto
en el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978.
2. Que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia del 10 de
julio de 2020, declaró la nulidad de las Resoluciones SUB 99862 del 16 de abril de
2018 y DIR 12298 del 30 de junio de 2018, que negaron la reliquidación de la
pensión de vejez, al no tener en cuenta los factores salariales devengados en el
último año de servicios.
3. Que, en consecuencia, condenó a Colpensiones a reliquidar la pensión con el
75% de los factores devengados entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2013
1 La presentación del recurso se efectuó el 24 de septiembre de 2025. Véase índice 00003 del aplicativo SAMAI.
2 Decisión que revocó la sentencia proferida el 30 de septiembre de 2024, por el Juzgado Cincuenta y Cuatro
Administrativo del Circuito de Bogotá en la cual declaró no probadas las excepciones propuestas por la entidad
ejecutada y ordenó seguir adelante con la ejecución por las sumas indicadas en el mandamiento de pago.
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—último año de servicios—, esto es, asignación básica, subsidio de alimentación,
auxilio de transporte, así como una doceava parte de la prima de Navidad,
bonificación por servicios, prima de servicios y prima de vacaciones, con efectos a
partir del 1º de enero de 2014, en virtud de la prescripción de mesadas, siempre que
dichos conceptos hubieren sido objeto de descuentos para aportes a pensión.
4. El 1º de septiembre de 2021, solicitó a COLPENSIONES el cumplimiento de la
sentencia objeto de recaudo.
5. Que la entidad resolvió la solicitud mediante el acto administrativo SUB-87695
del 28 de marzo de 2022, en el cual fijó la mesada pensional en la suma de
$1.422.125, tomando como base un nuevo certificado electrónico de tiempo de
servicios (CETIL) que no hizo parte del proceso judicial y que difiere del valorado en
la sentencia.
6. Que presentó demanda ejecutiva con el propósito de que se librara mandamiento
de pago en los términos establecidos en la sentencia declarativa y por los intereses
moratorios a que hubiera lugar, porque habían transcurrido más de 10 meses desde
su ejecutoria sin que la entidad hubiera dado cumplimiento.
7. Que, mediante auto del 14 de abril de 2023, se libró mandamiento de pago por
las siguientes sumas: (i) $38.171.505, por concepto de diferencias causadas en las
mesadas pensionales del ejecutante desde el 5 de abril de 2015 hasta el 22 de
noviembre de 2022; (ii) $10.758.659, por concepto de intereses moratorios
liquidados sobre el capital, correspondientes a los periodos comprendidos entre el
20 de octubre de 2020 y el 19 de enero de 2021, y del 2 de septiembre de 2021 al
2 de noviembre de 2022; y (iii) los intereses moratorios que se causen hasta el pago
total de la obligación.
8. Que, mediante sentencia del 8 de mayo de 2023, el Juzgado Cincuenta y Cuatro
Administrativo de Bogotá ordenó seguir adelante con la ejecución por las sumas
indicadas en el auto que libró mandamiento de pago, al encontrar desvirtuada la
excepción de pago propuesta por la ejecutada. Lo anterior, al considerar que los
valores reconocidos en la Resolución SUB-87695 del 29 de marzo de 2022 no se
compadecen con los certificados por el empleador para el año 2013, conforme a la
prueba incorporada en el proceso ordinario, evidenciándose diferencias
sustanciales que permiten concluir que lo reconocido tanto en dicha resolución
como en la GNR-27676 del 29 de enero de 2014 corresponde a pagos parciales y
no al cabal cumplimiento de las sentencias objeto de recaudo.
9. Que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca revocó dicha decisión al
resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte ejecutada, mediante
providencia del 30 de septiembre de 2024.
SENTENCIA OBJETO DE REVISIÓN
10. El 16 de junio de 2025, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca profirió
sentencia mediante la cual revocó la decisión de primera instancia que había
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ordenado seguir adelante con la ejecución y, en su lugar, declaró probada la
excepción de pago total de la obligación y dio por terminado el proceso ejecutivo.
11. Para sustentar su decisión, expuso los siguientes argumentos:
12. Que la entidad demandada efectuó la reliquidación de la pensión en
cumplimiento de la orden judicial, mediante la Resolución SUB-87695 del 29 de
marzo de 2022, en la cual fijó para el año 2013 una mesada pensional de
$1.015.576. Por su parte, el ejecutante sostuvo que dicha mesada debía ascender
a $1.754.589.
13. Con el fin de determinar el valor correcto de la mesada pensional para el año
2013, realizó su propia liquidación con fundamento en los valores certificados por el
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), conforme a la constancia
allegada en cumplimiento del auto para mejor proveer del 23 de abril de 2025.
14. En criterio de la Corporación, la mesada pensional debió calcularse con base
en los factores devengados y causados en el último año de servicios, así: asignación
básica ($11.446.368), auxilio de alimentación ($415.728), auxilio de transporte
($634.500), bonificación por servicios ($476.932), prima de servicios ($732.359),
prima de vacaciones ($1.665.828) y prima de navidad ($1.648.696), para un total de
$17.020.411, que arroja un promedio mensual de $1.418.367,58 y una mesada
pensional de $1.063.775,69.
15. En razón de que liquidación difiere de la presentada por las partes, la Sala
procedió a comparar los valores y a explicar las razones de las discrepancias. Así,
constató que no existen diferencias en los rubros de auxilio de alimentación y auxilio
de transporte. Sin embargo, en relación con la asignación básica, advirtió que el
valor incluido por la parte actora es superior al certificado por el INPEC en el CETIL
del 4 de marzo de 2022. Además, encontró que los valores pretendidos por el
ejecutante corresponden en realidad a la suma de la asignación básica y el
sobresueldo, concepto este último que no fue objeto de la orden judicial, razón por
la cual no puede ser tenido en cuenta.
16. En cuanto a la bonificación por servicios, dijo que la entidad ejecutada incluyó
un valor inferior al que corresponde a la doceava parte del monto reconocido
durante el último año de servicios. Respecto de la prima de servicios y la prima de
navidad, expresó que en la liquidación de la Sala se acogieron los valores
certificados por el INPEC en respuesta al auto para mejor proveer, los cuales son
inferiores a los señalados por el ejecutante.
17. En relación con la prima de vacaciones, dijo que no es procedente incluir la
totalidad de los valores pagados por este concepto durante el último año de
servicios, como lo pretende la parte ejecutante, por cuanto —según informó el
INPEC— los pagos efectuados en marzo, agosto y diciembre de 2013 corresponden
a períodos causados en vigencias anteriores (causadas entre el 26 de agosto de
2010 al 25 de agosto de 2011, del 26 de agosto de 2011 al 26 de agosto de 2012 y
del 26 de agosto de 2012 al 26 de agosto de 2013), de modo que únicamente
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resultaba procedente incluir el valor pagado en diciembre, correspondiente al último
período de vacaciones causado.
18. Con base en lo anterior, estableció que la mesada pensional resultante de la
reliquidación efectuada en cumplimiento de las órdenes judiciales ($1.063.775,69),
actualizada para el año 2014 ($1.084.412,94), es inferior a la reconocida en sede
administrativa antes de dichas órdenes ($1.379.744).
19. Sobre este punto, resaltó que la decisión dispuso reliquidar la pensión de
jubilación con los factores devengados en el último año de servicios, precisando que
el concepto de “devengar”, según el Consejo de Estado, tiene una connotación
jurídica asociada a la adquisición del derecho a una retribución por razón del
servicio, y se diferencia del concepto de “percibir”, que alude al pago efectivo.
20. Concluyó que, al haberse reconocido en sede administrativa una mesada
superior a la determinada conforme a las órdenes judiciales, no existen diferencias
a favor del ejecutante entre lo pagado por la entidad y lo que debía reconocerse.
21. Que, al no existir saldo a favor del ejecutante, tampoco hay sumas sobre las
cuales liquidar intereses moratorios.
RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
22. El señor José René Gutiérrez Méndez interpuso recurso extraordinario de
revisión, al considerar que la sentencia impugnada se encuentra incursa en la
causal 5 prevista en el artículo 250 del CPACA.
23. Solicita que se infirme el fallo y, en consecuencia, se ordene a la entidad
ejecutada reliquidar la pensión incluyendo el sobresueldo como factor salarial, así
como efectuar el pago de las sumas adeudadas y la devolución de los valores
descontados desde el año 2013 hasta la fecha.
24. Para sustentarlo, expone los siguientes fundamentos:
25. Señala que, conforme a la sentencia del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, Exp. 11001-03-25-
000-2013-01111-00, se configura un error de carácter argumentativo en la
providencia al tomar como norma determinante de los factores salariales el Decreto
1045 de 1978. A su juicio, el régimen aplicable es el previsto en el Decreto 446 de
1994, el cual fue tenido en cuenta por el INPEC en el CETIL del 4 de marzo de 2022,
suscrito por la subdirectora Operativa, lo cual genera una expectativa legítima.
26. Que según el artículo 17 del Decreto 446 de 1994 el sobresueldo constituye un
factor salarial determinante que debió ser incluido en la reliquidación pensional,
pues su omisión explica la diferencia entre la mesada reconocida con anterioridad
a la sentencia y la resultante de su cumplimiento, generando así una afectación
económica significativa.
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27. Sostiene que la sentencia recurrida presenta un déficit sustancial, en la medida
en que, lejos de restablecer el derecho de su representado a percibir una mesada
pensional de acuerdo con la ley, vulnera su mínimo vital al situarlo en condiciones
de inestabilidad económica.
28. Afirma que solo con posterioridad a la sentencia proferida por el Tribunal en
sede ordinaria tuvo acceso al CETIL, documento del cual se desprende —en su
criterio— que el sobresueldo debía ser incluido como factor salarial en la
reliquidación efectuada por Colpensiones, inclusión que fue negada tanto en la
sentencia de primera instancia como en la de segunda instancia en sede ejecutiva.
29. Sostiene que, si bien el Tribunal accedió a las pretensiones de la acción de
nulidad y restablecimiento del derecho, desestimó las de la acción ejecutiva,
desconociendo el valor probatorio de la liquidación y de los demás documentos que
habían sido valorados por el juez de primera instancia.
30. Adujo que la existencia del CETIL plantea dos escenarios que, en su criterio,
ameritan revisión: (i) que, de haberse proferido la sentencia en el proceso ordinario
conforme a lo allí certificado, la diferencia entre la asignación pensional reconocida
mediante el acto NR 316275 del 10 de septiembre de 2014 habría sido
considerablemente mayor a la solicitada en el medio de control; y (ii) que, de
haberse concebido en debida forma las pretensiones de la demanda ejecutiva, el
monto de la pensión continuaría subvalorada, lo que eventualmente habría
conducido, en todo caso, a la interposición del medio extraordinario.
Contestación al recurso extraordinario de revisión
31. COLPENSIONES3 se opuso a su prosperidad al considerar que no se evidencia
vulneración alguna al principio de favorabilidad. Que el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca realizó un estudio amplio y detallado del derecho pensional del señor
José René Gutiérrez Méndez, incluyendo la comparación entre las mesadas
reconocidas antes y después del proceso ordinario, en cumplimiento de las órdenes
judiciales.
32. Afirmó que la pretensión no es otra que reabrir el debate propio de las instancias
del proceso ordinario, utilizando el recurso extraordinario de revisión como una tercera
instancia, con el propósito de prolongar una controversia jurídica que ya fue
debidamente resuelta.
33. Finalmente, señaló que, en acatamiento de la sentencia que sirve de título
ejecutivo, procedió a reliquidar la pensión mediante la Resolución SUB-87695 del 29
de marzo de 2022, fijando para el año 2014 una mesada de $1.015.576. Precisó que
dicho valor resulta inferior al previamente reconocido en la Resolución GNR-27676
del 29 de enero de 2014 ($1.379.744), razón por la cual debió ajustar la prestación en
cumplimiento estricto de lo ordenado en las decisiones judiciales.
3 Véase índice 00021 del aplicativo SAMAI.
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Concepto del Ministerio Público
34. La Procuraduría Tercera Delegada ante esta Corporación no rindió concepto.
35. Se decidirá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
36. Corresponde a la Sala determinar si procede la revisión de la sentencia emitida
el 16 de junio de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
considerando la causal presentada por el recurrente.
37. Para el efecto, la Sala estudiará: i) Generalidades del recurso extraordinario de
revisión, ii) Causal de revisión invocada y iii) Caso concreto.
Generalidades del recurso extraordinario de revisión
38. El recurso extraordinario de revisión es un mecanismo procesal de control de
las decisiones que han hecho tránsito a cosa juzgada4. En los términos del artículo
248 del CPACA:
«Artículo 248. El recurso extraordinario de revisión procede contra las
sentencias ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala
de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por los Tribunales
Administrativos y por los jueces administrativos».
39. El objetivo principal de esta vía extraordinaria es invalidar los efectos de una
sentencia ya ejecutoriada5. De acuerdo con las causales establecidas en el artículo
250 del CPACA, busca restaurar el principio de justicia material y la supremacía de
las garantías procesales cuando se constate que la decisión estuvo afectada por
alguno de los siguientes eventos:
i) Aparición de circunstancias desconocidas al momento de dictar el fallo, las cuales,
de haber sido conocidas, habrían llevado a una sentencia diferente6.
ii) Descubrimiento de hechos delictivos o fraudulentos que fueron determinantes en
la adopción de la sentencia que se pretende anular7.
iii) Existencia de nulidades originadas en la sentencia que puso fin al proceso y que
no podían ser objeto de recurso de apelación.
iv) Contradicciones de la sentencia con otra anterior que constituya cosa juzgada8.
4 El artículo 248 del CPACA señala: «El recurso extraordinario de revisión procede contra las sentencias
ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado, por los Tribunales Administrativos y por los jueces administrativos».
5 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 15
de marzo de 2018. Exp. 11001-03-25-000-2014-00862-00 (2668-2014). C.P. William Hernández Gómez.
6 Como la aparición de documentos esenciales que no pudieron ser aportados por fuerza mayor o caso fortuito,
la existencia de un tercero con mejor derecho que el beneficiado con la sentencia cuestionada o la desaparición,
al momento del reconocimiento, de las razones que justificaban que se hubiera decretado la prestación
periódica.
7 Como el hallazgo de documentos falsos o adulterados, peritajes fraudulentos, o la ocultación de documentos
relevantes por alguna de las partes. Esto incluye también la posible influencia de cohecho o violencia en la
emisión del fallo.
8 De acuerdo con la clasificación presentada en Garzón Martínez, Juan Carlos (2021). Proceso contencioso
administrativo. Fase escrita – Fase oral. 2° Edición. Grupo editorial Ibañez (2° Ed. pp. 612-613)
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40. Si bien la revisión constituye una vía que afecta el principio de la inmutabilidad de
las sentencias ejecutoriadas y, por ende, es una excepción al principio de la cosa
juzgada, ello no implica que sea un mecanismo que habilite una tercera instancia para
discutir los problemas jurídicos debatidos en sede ordinaria, para plantear nuevas
interpretaciones del litigio, para corregir los yerros probatorios que cometieron las
partes o para subsanar aquellas situaciones que pudieron evitarse durante la gestión
del proceso que dio origen a la sentencia objeto de revisión.
41. En efecto, para que el juez pueda entrar a examinar la controversia materia del
recurso, es necesario que la causal invocada por la recurrente se encuentre
debidamente acreditada, pues como lo ha establecido la Sala Plena de esta
Corporación este mecanismo extraordinario procede por especiales circunstancias
consagradas taxativamente en la ley9.
Causal quinta de revisión
42. El numeral 5 del artículo 250 del CPACA dispone que es causal de revisión el
hecho de que exista «[…] nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso
y contra la que no procede recurso de apelación […]». De allí que, para que resulte
procedente la causal en mención, debe existir una sentencia ejecutoriada que ponga
fin al proceso. Además, contra esta decisión no puede proceder recurso de
apelación, pues de ser así este sería el medio idóneo para poner de presente
cualquier vicio en que hubiera incurrido la providencia.
43. Es preciso que la nulidad se desprenda de la sentencia objeto de revisión, es
decir, que el vicio debe estructurarse en el momento procesal en que se profiere la
decisión judicial pues, de generarse por una situación ocurrida con anterioridad que
no fue oportunamente alegada, procedería su saneamiento. No obstante, la
jurisprudencia de esta Corporación ha aceptado como nulidad originada en la
sentencia la que, a pesar de presentarse en un momento previo a la emisión del
fallo, no pudo ser advertida por el afectado, quien tiene la carga procesal de
demostrar esta circunstancia10.
44. La causal de nulidad contemplada en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA
se configura cuando (i) ocurre alguna de las causales expresamente previstas en el
artículo 133 del Código General del Proceso (CGP) 11 o (ii) cuando se presentan
irregularidades insaneables que vulneran de manera sustancial el derecho al debido
9 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala Veintitrés Especial de Decisión.
Sentencia del 1 de octubre de 2019. C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera.
10 Al respecto pueden consultarse las sentencias proferidas por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
el 3 de diciembre de 2019 (Sala Tercera Especial de Decisión; radicación 11001-03-15-000-2018-01235-00) y
el 3 de diciembre de 2019 (Sala Séptima Especial de Decisión; radicación: 11001-03-15-000-2012-00643-00).
11 Consejo de Estado. Sala Veintiséis Especial de Decisión. Sentencia del 3 de febrero de 2015. Exp. 11001-
03-15-000-1998-00157-01. C.P. Olga Mélida Valle de De La Hoz; Sala Veintiséis Especial de Decisión.
Sentencia del 3 de febrero de 2015. Exp. 11001-03-15-000-2011-01639-00. C.P. Olga Mélida Valle de De La
Hoz; y Sala Veintidós Especial de Decisión. Sentencia del 2 de febrero de 2016. Exp. 11001-03-15-000-2015-
02342-00. C.P. Alberto Yepes Barreiro
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proceso12, al punto de que, de no haberse producido, la decisión judicial habría sido
distinta.
45. A modo meramente enunciativo, la jurisprudencia ha indicado que dicha causal
se estructura, entre otros eventos, cuando el fallo:
«(i) es inhibitorio; (ii) se profiere sin motivación alguna; (iii) transgrede el
principio de la non reformatio in pejus; (iv) condena a un tercero que no ha sido
vinculado como parte al proceso; (v) se pronuncia sobre aspectos que no le
corresponden, esto es, sin competencia o jurisdicción, según el caso; (vi) se
profiere en un proceso que había terminado por desistimiento, transacción o
perención; (v) no cuenta con el número de votos requerido para su aprobación
y (vi) desconoce el principio de congruencia bien sea por una condena extra,
ultra o infra petita»13.
46. Además de las hipótesis expresamente reconocidas por la jurisprudencia, esta
Corporación ha admitido que pueden presentarse otros supuestos no previstos de
manera expresa en los códigos procesales que den lugar a la nulidad de la
sentencia, siempre que tales eventos deriven de la vulneración directa del artículo
29 de la Constitución Política. No obstante, ha precisado que dicha conclusión no
opera de manera automática, pues en estos eventos resulta necesario efectuar un
examen material de la irregularidad alegada. En ese sentido, ha señalado que:
«(…) corresponderá al juez determinar si el hecho que se dice contrario a
este derecho puede configurar la causal de revisión en comento,
circunstancia que se deriva de la exigencia de actuar como juez de
constitucionalidad y de convencionalidad en garantía de los derechos
fundamentales de quienes intervienen en un proceso judicial»14 (negrillas y
subrayado fuera del texto original).
47. Para tales efectos, la Corporación ha enfatizado que «(…) no toda
irregularidad tiene la capacidad de afectar la inmutabilidad de la providencia que ha
puesto fin al proceso, sino únicamente aquellas que tengan un carácter
sustancial, en tanto incidan en el sentido de la decisión por comprometer el
núcleo esencial o el contenido constitucionalmente vinculante del derecho al debido
proceso»15.
48. Con todo, la concreción y extensión jurisprudencial de esta causal de revisión a
otros eventos insaneables que implican la violación de derechos constitucionales y
12 La Sala Plena del Consejo de Estado, en diversas providencias, incluyendo la sentencia del 31 de mayo de
2011 (expediente 11001-03-15-000-2008-00294-00), ha señalado otros casos en los que se configura la nulidad
en la sentencia, a saber: «[…] i) falta de jurisdicción o competencia, ii) cuando se dicta nueva sentencia en
proceso terminado normalmente por sentencia firme, iii) cuando sin más actuación se dicta sentencia después
de ejecutoriado el auto por el cual hubiera sido aceptado el desistimiento, aprobada la transacción o declarada
la perención del proceso, iv) cuando se dicta sentencia como única actuación, sin el previo trámite
correspondiente, v) cuando se condena al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido
en la demanda o por causa diferente de la invocada en ésta, vi) cuando se condena a quien no ha sido parte
en el proceso, vii) o cuando, sin más actuación, se profiere sentencia después de ocurrida cualquiera de las
causas legales de interrupción o de suspensión o, en estos casos, antes de la oportunidad debida, viii) cuando
la sentencia aparece firmada con mayor o menor número de magistrados, o adoptada con un número de votos
diverso al previsto en la ley, ix) cuando la providencia carece completamente de motivación».
13 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Diecinueve Especial de Decisión. Sentencia
del 16 de marzo de 2022. Exp. 11001-03-15-000-2021-00921-00. C.P. William Hernández Gómez.
14 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintisiete Especial de Decisión.
Sentencia del 27 de octubre de 2020. Exp. 11001-03-15-000-2019-02361-00 (REV). CP. Rocío Araújo Oñate.
15 Ibid.
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Radicado: 11001-03-25-000-2025-00462-00 (2796-2025)
procesales atiende, tal y como lo ha establecido este máximo órgano, a la misma
finalidad del recurso extraordinario de revisión: por un lado, permitir que decisiones
manifiestamente injustas sean examinadas, y por el otro, garantizar el principio de
seguridad jurídica al limitar la procedencia de la causal a situaciones excepcionales
en las que la anomalía sea de tal relevancia constitucional que sin ella el fallo se
hubiera proferido en otro sentido16.
49. Según lo expuesto, se procede a resolver la controversia a la luz de dichos
parámetros.
Caso concreto
50. Se cuestiona si el Tribunal vulneró el debido proceso en sede ejecutiva al
declarar probada la excepción de pago total con fundamento en pruebas y
valoraciones que no hicieron parte del debate en el proceso declarativo ni del título
que de allí resultó. Que, a partir de dichas pruebas, afirmó que se realizaron
interpretaciones sobre los factores salariales —como la exclusión del sobresueldo—
y, con ello, desbordó los límites propios de la ejecución.
51. Para abordar el reproche planteado, la Sala, en primer lugar, traerá a colación
el contenido del título ejecutivo y la forma en que la entidad dio cumplimiento a la
sentencia, para determinar claramente el marco obligacional que delimita la
ejecución; y, en segundo lugar, precisará el alcance de las facultades del juez en
sede ejecutiva, a efectos de determinar si la actuación cuestionada se ajustó a
dichos límites o si, por el contrario, implicó una alteración del contenido definido en
el proceso declarativo y con ello afectó garantías propias del debido proceso.
52. En ese orden, verificada la actuación, se advierte que mediante sentencia del
10 de julio de 2020 se constituyó el título ejecutivo con fundamento en el cual se
promovió la demanda ejecutiva, en la que se ordenó:
«[…] PRIMERO: MODIFICAR los numerales cuarto y quinto de la sentencia
proferida el 8 de mayo de 2019 por el Juzgado Cincuenta y Cuatro
Administrativo del Circuito de Bogotá que accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda y en el sentido de señalar lo siguiente:
"CUARTO: CONDENAR a la Administradora Colombiana de Pensiones -
COLPENSIONES a:
a) RELIQUIDAR la pensión de vejez del señor José René Gutiérrez
Méndez, (…) con el 75% de los factores devengados entre el 1º de enero y el
31 de diciembre de 2013 -último año de servicio-, esto es, con la inclusión de la
asignación básica, subsidio de alimentación, auxilio de transporte, 1/12 prima
de navidad, 1/12 bonificación por servicios, 1/12 prima de servicios y 1/12 prima
de vacaciones, a partir del 1º de enero de 2014 pero con efectos fiscales desde
el 5 de abril de 2015, por efecto de la prescripción de las mesadas.
(…)»
53. En cumplimiento de esa decisión, la entidad pensional efectuó la reliquidación
correspondiente con base en los factores señalados en la sentencia y a partir de la
información certificada por el INPEC, en los siguientes términos:
16 En este mismo sentido se puede consultar: Consejo de Estado. Sala Diecinueve Especial de Decisión.
Sentencia del 18 de agosto de 2020. Exp.11001-03-15-000-2017-02369-00. C.P. William Hernández Gómez.
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Radicado: 11001-03-25-000-2025-00462-00 (2796-2025)
«(…) se dispuso a reliquidar con base en la Ley 32 de 1986 con el 75% del
promedio del último año 01/01/2013 – 30/12/2013, incluyendo, los factores
salariales: Asignación básica, Auxilio de transporte, Subsidio de alimentación,
1/12 Prima de servicios, 1/12 Bonificación servicios prestados, 1/12 Prima de
vacaciones y 1/12 Prima de navidad a partir del 5 de abril de 2015, con base en
el certificado cetil aportado por la entidad empleadora INSTITUTO NACIONAL
PENITENCIARIO INPEC.
(…)
Que haciendo una comparación entre lo ordenado en el fallo judicial objeto de
cumplimiento y la Resolución GNR 27676 del 29 de enero de 2014, se evidencia
que en vía administrativa se efectuó un reconocimiento pensional en
condiciones diversas a las que correspondía conforme a la decisión judicial,
toda vez que la orden judicial ordenó con el 75% de los factores devengados
entre el 10 de enero y el 31 de diciembre de 2013 —último año de servicio-,
esto es, con la inclusión de la asignación básica, subsidio de alimentación.
auxilio de transporte, 1/12 prima de navidad, 1/12 bonificación por servicios,
1/12 prima de servicios y 1/12 prima de vacaciones, a partir del 10 de enero de
2014 pero con efectos fiscales desde el 5 de abril de 2015, estableciéndose la
suma de $1.422.125 para el año 2022, valor inferior al reconocido en sede se
estableció una mesada pensional de $1,379,744.00 efectiva a partir del 1 de
febrero de 2014.
Como consecuencia de lo anterior, se procederá a MODIFICAR LA MESADA
PENSIONAL reconocida con la Resolución GNR 27676 del 29 de enero de
2014, toda vez que es superior a la ordenada en la sentencia judicial, y en dicho
sentido se tomará en cuenta que el valor de la mesada ordenada en el fallo
corresponde a $1.422.125 para la presente nómina, esto es, al 1 de abril de
2022»17(subrayado fuera del texto original).
54. En atención a lo anterior, el recurrente promovió demanda ejecutiva con el fin
de obtener el pago de la totalidad de las diferencias adeudadas, al considerar
errónea dicha interpretación y afirmar que no se le había reconocido ni pagado suma
alguna por los conceptos ordenados en el fallo judicial.
55. En ese contexto, y a partir de los elementos previamente expuestos, debe
señalarse que el proceso ejecutivo está previsto exclusivamente para obtener el
cumplimiento de la condena judicialmente impuesta y, de ninguna manera,
constituye una herramienta o mecanismo para reabrir los debates agotados en el
respectivo proceso declarativo; por ello, justamente, el principio de cosa juzgada
limita el estudio que compete al juez del proceso ejecutivo.
56. Sin embargo, ello no significa que la función del juez de la ejecución se agote
en una verificación puramente mecánica del título. Si bien su actuación está
delimitada por el contenido literal de la condena —lo que excluye la posibilidad de
introducir nuevas interpretaciones o reabrir el debate jurídico ya decidido—, también
le corresponde examinar el título en su integridad, esto es, no solo su parte
resolutiva sino las consideraciones que le sirven de fundamento, con el fin de
establecer si la obligación fue efectivamente satisfecha en los términos en que fue
definida. Para el efecto y solo cuando dicho alcance no pueda establecerse de
manera suficiente a partir del propio título o de las pruebas allí analizadas, le es
17 Véase folio 9 del archivo digital «002_ED_EXPEDIENTE_002RESSUB87695202203», visible en el índice
0003 de SAMAI.
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dado acudir a otros medios probatorios, incluso de oficio, exclusivamente para
verificar el cumplimiento o resolver las excepciones propuestas, mas no para
redefinir el contenido de la condena.
57. Bajo este entendimiento, y en la medida en que el alcance del cumplimiento no
podía determinarse de manera suficiente a partir del solo contenido del título, sino
que requería su contraste con la forma en que fue materializado por la entidad, el
Tribunal acudió legítimamente al ejercicio de sus facultades probatorias. En este
contexto, ante la divergencia entre las partes respecto del monto de la mesada,
decretó una prueba de oficio —en particular, requirió información al INPEC— con el
fin de verificar el cumplimiento de la condena, especialmente en lo relativo a la prima
de vacaciones y, con fundamento en los demás documentos allegados por las
partes, realizó un análisis contable, comparativo y motivado de las liquidaciones
allegadas, explicando las razones de las diferencias encontradas.
58. De este modo, más que introducir un debate nuevo o alterar el contenido del
título ejecutivo, la Corporación desarrolló un ejercicio orientado a verificar si el
quantum de la reliquidación efectuada por la entidad ejecutada se ajustaba a lo
ordenado en la sentencia, lo cual es propio de la función del juez en el proceso
ejecutivo.
59. Para la Sala el alcance del título ejecutivo no solo delimitó los factores salariales
a incluir, sino también el criterio temporal de su reconocimiento, esto es, que dichos
emolumentos debían haber sido efectivamente devengados en el último año de
servicios. En esa medida, la labor del juez de la ejecución no se agota en una
verificación formal de los conceptos enunciados, sino que exige constatar que los
valores incorporados en la liquidación correspondan realmente a aquellos causados
en el periodo definido por la sentencia, lo cual orienta su función de control sobre el
cumplimiento material de la condena.
60. Así, el Tribunal concluyó, de un lado, que no era procedente incluir valores que,
aunque pagados en 2013, correspondían a periodos causados en anualidades
anteriores, al establecer que «(…) las vacaciones canceladas durante los meses de
marzo, agosto y diciembre de 2013 corresponden (…) a periodos causados en
anualidades anteriores (…)». De otro lado —aspecto central del reproche en
revisión— determinó que el sobresueldo no podía reconocerse de manera
autónoma, por encontrarse comprendido dentro de la asignación básica y no haber
sido previsto como factor independiente en el título ejecutivo, conclusión que incidió
directamente en la determinación del monto de la prestación por parte de la
ejecutada y, por ende, en la inexistencia de diferencias a favor del ejecutante.
61. Ahora, debe precisarse que la valoración de certificaciones posteriores —como
la expedida el 4 de marzo de 2022— no desborda los límites del proceso ejecutivo
ni desconoce la cosa juzgada, en la medida en que no se incorporó para redefinir el
contenido del derecho reconocido, sino para verificar si la obligación fue cumplida
en los términos fijados en el título. En efecto, al proponerse la excepción de pago,
el Tribunal quedó habilitado para examinar los soportes que acreditaba la forma en
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que la obligación fue satisfecha, lo que justificaba, precisamente, la apreciación de
documentos posteriores al fallo declarativo con ese propósito.
62. Así, del contraste entre la prueba valorada en el proceso declarativo y las
allegadas en sede ejecutiva, encontró que no era posible reconocer factores no
contemplados en el título ni valores correspondientes a periodos distintos al último
año de servicios.
63. La prueba no se utilizó, entonces, para modificar los factores salariales definidos
en la sentencia ni para introducir nuevos elementos al debate, sino como criterio
para establecer si los valores efectivamente liquidados corresponden a los
parámetros fijados en el título ejecutivo. En esa medida, su valoración resulta no
solo admisible, sino necesaria para el ejercicio de la función propia del juez de la
ejecución, consistente en asegurar que la liquidación se ajustara estrictamente a la
condena y a lo legal.
64. En estas condiciones, la inconformidad del recurrente se orienta realmente a
cuestionar la valoración probatoria y la interpretación jurídica del Tribunal, así como
a replantear el régimen normativo aplicable —en particular, la aplicación del Decreto
446 de 199418—, pese a que en la sentencia que constituye el título se definió
expresamente que la reliquidación debía efectuarse conforme al artículo 45 del
Decreto 1045 de 1978:
«Luego entonces, contrario a lo dicho por la entidad demandada, el demandante
tiene derecho a que se reliquide su prestación con el 75% de los factores
salariales previstos en el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978, sin embargo,
atendiendo a lo señalado el Consejo de Estado en sentencia de 25 de abril de
2019, estos emolumentos deben incluirse siempre y cuando se devenguen en
el último año de servicios que para este caso corresponde al periodo
comprendido, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2013 y no con lo
cotizado durante los últimos 10 años, como lo indicó el juez de primera instancia
(…)»19 (subrayado fuera del texto original).
65. En efecto, esta Corporación ha precisado de manera reiterada que el recurso
extraordinario de revisión tiene por finalidad revertir decisiones que atentan contra
la justicia material, pero no constituye un mecanismo para reabrir el debate jurídico
ni para corregir errores de interpretación judicial. En ese sentido, esta Subsección,
en sentencia del 27 de agosto de 2020, radicado núm. 1638-16, señaló:
«(…) el recurso extraordinario de revisión no puede servir para cuestionar la
actividad interpretativa del juez o para corregir errores in iudicando, pues este
fue concebido para discutir y ventilar (…) decisiones que fueron ganadas
injustamente, esto es, por medios ilícitos o irregulares, pero no para tratar de
enmendar lo que, en términos legales y jurisprudenciales, se conocen
como errores judiciales, es decir, los casos de inadecuada valoración de
18 En la demanda se indicó: «el artículo 17 del Decreto 446 de 1994 el cual hace claridad del sobresueldo es
principalmente el factor salarial por el cual debe regirse esta sentencia y adicionarse a los factores que ya se
reconocieron pues este es el que definitivamente causa la diferencia entre la mesada percibida antes de la
sentencia y después de la misma, causando una afectación en el mínimo vital de mi mandante»
19 Véase folio 38 del archivo digital denominado «018_ED_EXPEDIENTE_018COPIASAUTENTICASS»,
disponible en el sub archivo «30RECIBEMEMORIAL_11001334205420220020(.zip) NroActua 22», visible en el
índice 00022 de SAMAI.
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las pruebas (error de hecho), falta de aplicación de la norma correspondiente
o su indebida aplicación (error de derecho)» (negrillas fuera del texto original).
66. La parte recurrente, en esencia, cuestiona tanto la forma en que se estructuró
el reconocimiento en sede declarativa —aspecto que quedó definido bajo el
fenómeno de la cosa juzgada— como el hecho de que, en sede ejecutiva, se hubiera
determinado un monto inferior de la prestación. No obstante, el juez de la ejecución
no está llamado a reconfigurar el derecho ni a efectuar juicios de favorabilidad sobre
el monto reconocido, sino a verificar si la obligación fue cumplida en los términos
del título.
67. La actividad del juez de la ejecución, como se dijo, es verificar si la condena
impuesta mediante sentencia judicial fue cumplida de manera estricta o no, sin tener
que acudir a razonamientos o análisis de hechos que complementen, modifiquen,
adicionen e incluso aclaren el contenido del título de recaudo, salvo que,
excepcionalísimamente exista norma constitucional o legal que lo ordene, tal y como
la ha aceptado la Sala en otras oportunidades20.
68. De manera que, si la autoridad judicial que adelanta la ejecución advierte que
la liquidación contenida en un acto administrativo, mediante el cual aparentemente
se le da cumplimiento a esa condena judicial se sobrepasó o incluyó asuntos
nuevos, ese debate es sobre el derecho y no sobre el cumplimiento de la obligación
clara, expresa y actualmente exigible, pues se entendería que el cuestionamiento
recae es sobre la presunción de legalidad de esa decisión administrativa.
69. Por otro lado, la facultad del juez del ejecutivo de ajustar las sumas objeto de la
ejecución encuentra sustento en su deber de dirigir el proceso (artículo 42 CGP) y
en la necesidad de asegurar que la condena se cumpla conforme al título y a la
Ley21, de modo que el monto inicialmente fijado en el mandamiento de pago no
resulta inmutable, pudiendo ser modificado a medida que avanza el proceso, bien
sea porque el ejecutado hizo pagos parciales, o porque las sumas no correspondían
a los valores realmente adeudados.
70. En consecuencia, aunque el recurrente discrepe del resultado, lo cierto es que
el proceso ejecutivo no constituye el escenario idóneo para discutir nuevamente el
alcance del derecho reconocido ni la corrección de los elementos que componente
monto de la prestación, sino únicamente para verificar su cumplimiento.
71. Por último, los planteamientos del recurrente en torno al CETIL no evidencian
irregularidad alguna. No configuran un vicio procesal ni una vulneración al debido
proceso, sino una mera discrepancia con la forma en que se estructuró y decidió el
litigio, sin entidad para desvirtuar la legalidad de la providencia impugnada. Del
mismo modo, las referencias al monto promedio de pensiones reconocidas por la
20 Véase: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Auto de
24 de julio de 2025. Exp. 25000-23-25-000-2010-00716-03 (4724-2021). MP. Luis Eduardo Mesa Nieves.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Auto de 12 de junio
de 2025. Exp. 13001-23-33-000-2013-00322-02 (0228-2024). MP. Jorge Iván Duque Gutiérrez.
21 En los términos del artículo 230 constitucional, el juez se encuentra vinculado por el imperio de la ley.
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entidad resultan ajenas y carecen de relevancia jurídica para efectos del presente
estudio.
72. En consecuencia, se desprende de lo expuesto que la controversia que plantea
el recurrente para afirmar que se configuró una vulneración del debido proceso, con
ocasión de la postura adoptada en la sentencia impugnada, tiene por único objetivo
que se estudie, nuevamente, la tesis que ha propuesto desde la presentación de la
demanda en el proceso primigenio respecto de la inclusión de la totalidad de los
factores devengados. Esa pretensión no es procedente bajo la órbita del recurso
extraordinario de revisión, el cual como se anotó en precedencia, no puede ser
utilizado como una tercera instancia.
73. Por lo anterior, como la inconformidad del recurrente se sitúa en el plano de la
discrepancia interpretativa y no en la configuración de una causal extraordinaria que
comprometa la validez de la providencia, el recurso será declarado infundado.
De la condena en costas
74. Con la Ley 2080 de 2021 se modificó el artículo 255 del CPACA respecto de la
condena en costas en el recurso extraordinario de revisión, en los siguientes
términos:
«ARTÍCULO 255. Vencido el período probatorio se dictará sentencia.
[…]
Si se declara infundado el recurso, se condenará en costas y perjuicios al
recurrente».
75. En ese sentido, como las reformas procesales allí establecidas prevalecen sobre
las anteriores normas de procedimiento y el recurso extraordinario cuando ya estaba
rigiendo la nueva ley, la Sala considera que es procedente la condena en costas toda
vez que se declaró infundado el recurso extraordinario de revisión.
76. Sin embargo, dado que esta disposición no aborda exhaustivamente la
regulación de la condena en costas, es necesario complementarla con lo establecido
en el CGP, el cual se aplica por remisión dispuesta en el artículo 188 del CPACA.
77. Según lo estipulado en el artículo 361 del CGP, las costas están integradas por
la totalidad de las expensas y gastos procesales, así como por las agencias en
derecho, y solo habrá lugar a su imposición de acuerdo con el artículo 365, numeral
8.º ibidem «cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de
su comprobación».
78. Observa la Sala, para lo que aquí interesa, que en el presente caso está
acreditada la comparecencia al proceso por parte de COLPENSIONES, a través de
la defensa ejercida en el escrito de contestación; actuación que por sí sola, constituye
prueba suficiente para tener por causadas las agencias en derecho, en tanto refleja
la existencia de gastos inherentes a la defensa judicial por parte de quien resultó
vencedor en el litigio.
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79. Para la fijación de agencias en derecho, el Despacho conductor del proceso
dictará un auto posterior, teniendo en cuenta la competencia asignada en el numeral
3 del artículo 366 del Código General del Proceso, una vez quede en firme la
sentencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión
interpuesto por el señor José René Gutiérrez Méndez en contra la sentencia del
dieciséis (16) de junio de dos mil veinticinco (2025) por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.
Segundo. CONDENAR en costas al señor José René Gutiérrez Méndez a favor de
COLPENSIONES, las cuales se liquidarán por la Secretaría de esta Sección.
Tercero. Para la fijación de las agencias de derecho, por Secretaría INGRESAR el
expediente al despacho del magistrado ponente para lo de su competencia.
Cuarto. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente de nulidad y
restablecimiento del derecho al despacho de origen y HÁGANSE las anotaciones
pertinentes en el sistema informático SAMAI.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
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