RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-25-000-2025-00506-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2025-00506-00

Fecha
9 de julio de 2026
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2025-00506-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR INFUNDADA la acción especial de revisión, interpuesta por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), contra la sentencia proferida el Diecinueve (19) de febrero de Dos Mil Veinticuatro (2024), por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, mediante la cual, se revocó la sentencia dictada el Doce (12) de noviembre de Dos Mil Veintiuno (2021), por el Juzgado Diecisiete Administrativo del Circuito de Bogotá, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado No. 11001-33-35-017-2019-00207- 01, promovido por la señora Ana Lucía Escobar Castro contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), por las razones expuestas en la parte motiva de 19 Número Interno: 3100-2025 Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) Demandado: Ana Lucía Escobar Castro esta providencia. SEGUNDO: Sin condena en costas. TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el expediente, previas las constancias del caso. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2025-00506-00

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

9 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., Nueve (09) de julio de Dos Mil Veintiséis (2026)

Radicado: 11001-03-25-000-2025-00506-00 (3100-2025)1
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social (UGPP)
Demandada: Ana Lucía Escobar Castro
Trámite: Acción especial de revisión
Tema: Revisión de la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, el Diecinueve
(19) de febrero de Dos Mil Veinticuatro (2024), en
el marco de las causales previstas en los literales
a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
Decisión: Sentencia de única instancia

La Sala decide la acción especial de revisión interpuesto por la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de
la Protección Social (UGPP), contra la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, el
Diecinueve (19) de febrero de Dos Mil Veinticuatro (2024), mediante la cual se
revocó la providencia dictada el Doce (12) de noviembre de Dos Mil Veintiuno
(2021), por el Juzgado Diecisiete Administrativo del Circuito de Bogotá,
Sección Segunda, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho instaurado por la señora Ana Lucía Escobar Castro contra la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de
la Protección Social (UGPP), y en su lugar, se declaró la nulidad de los actos
administrativos demandados y se ordenó el reconocimiento y pago de la
pensión de sobrevivientes a favor de la demandante, en calidad de cónyuge
supérstite del señor Roberto Pulido Osuna, en cuantía equivalente al
Cincuenta y Siete por Ciento (57 %) del ingreso base de liquidación previsto

1
Expediente digital.

2

Número Interno: 3100-2025
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Demandado: Ana Lucía Escobar Castro

en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, con efectos fiscales a partir del Cuatro
(4) de julio de Dos Mil Quince (2015).

I. ANTECEDENTES

1.1 La demanda de revisión.

1. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP), promovió la acción especial de
revisión, al amparo de los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003,
con arreglo a la cual solicitó que se infirme la sentencia proferida el Diecinueve
(19) de febrero de Dos Mil Veinticuatro (2024), por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, mediante la cual, se
revocó la decisión dictada el Doce (12) de noviembre de Dos Mil Veintiuno
(2021) por el Juzgado Diecisiete Administrativo del Circuito de Bogotá y, en
consecuencia, se declaró la nulidad de los actos administrativos demandados
y se ordenó el reconocimiento y pago de una pensión de sobrevivientes a favor
de la señora Ana Lucía Escobar Castro.

2. Como consecuencia de lo anterior, la entidad accionante solicita que se deje
sin efectos la sentencia objeto de revisión y, en su lugar, se confirme la
providencia de primera instancia, al considerar que el reconocimiento
pensional se otorgó con fundamento en una normativa que no era aplicable al
caso y reconoció una prestación superior a la legalmente debida.

3. En esa línea, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), sostiene que la
providencia cuestionada vulneró el debido proceso, al aplicar
retrospectivamente el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, para reconocer una
pensión de sobrevivientes derivada del fallecimiento del señor Roberto Pulido
Osuna, ocurrido el Veintiséis (26) de enero de Mil Novecientos Ochenta y Siete
(1987), pese a que dicha normativa no se encontraba vigente al momento de
la consolidación del derecho.

3

Número Interno: 3100-2025
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Demandado: Ana Lucía Escobar Castro

4. Asimismo, afirma que la decisión desconoció el régimen jurídico aplicable a
los docentes oficiales, pues, el causante no reunía los requisitos previstos en
la legislación vigente para la fecha de su fallecimiento, en particular, el tiempo
mínimo de servicios exigido para el reconocimiento de la prestación, razón por
la cual, resultaba improcedente acudir a las disposiciones de la Ley 100 de
1993 con fundamento en los principios de retrospectividad y favorabilidad.

5. Igualmente, la entidad accionante sostiene que, la sentencia objeto de
revisión desconoció el precedente del Consejo de Estado, según el cual, la
norma aplicable a la pensión de sobrevivientes es la vigente al momento del
fallecimiento del causante y no una disposición posterior, por lo que la decisión
judicial terminó imponiendo una obligación económica al tesoro público sin
respaldo en el ordenamiento jurídico aplicable.

6. Finalmente, la entidad accionante afirmó que, se configuraron las causales
previstas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, por
cuanto el reconocimiento pensional se obtuvo con violación del debido proceso
y excedió lo legalmente debido, circunstancia que, a su juicio, compromete la
sostenibilidad financiera del sistema pensional y afecta los recursos públicos.

1.2 Sentencia objeto de revisión.

7. Mediante sentencia del Diecinueve (19) de febrero de Dos Mil Veinticuatro
(2024), el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección B, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, con Rad. Núm. 11001-33-35-017-2019-00207-01, revocó la
sentencia del Doce (12) de noviembre de Dos Mil Veintiuno (2021), proferida
por el Juzgado Diecisiete Administrativo Oral del Circuito de Bogotá, y, en su
lugar, accedió a las pretensiones de la demanda promovida por la señora Ana
Lucía Escobar Castro contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP).

8. Al respecto, en la sentencia de segunda instancia se resolvió lo siguiente:

««PRIMERO: REVOCAR la sentencia del Doce (12) de noviembre de Dos Mil
Veintiuno (2021), proferida por el Juzgado Diecisiete (17) Administrativo Oral del
Circuito de Bogotá, que negó las pretensiones de la demanda.

4

Número Interno: 3100-2025
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Demandado: Ana Lucía Escobar Castro

SEGUNDO: DECLARAR la nulidad de las Resoluciones Nos. RDP 036974 del 11 de
septiembre de 2018, RDP 040960 del 12 de octubre de 2018 y RDP 045332 del 27 de
noviembre de 2018.

TERCERO: Como restablecimiento del derecho, CONDENAR a la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social (UGPP) a reconocer la pensión de sobrevivientes a favor de la
señora Ana Lucía Escobar Castro, en calidad de cónyuge supérstite del señor Roberto
Pulido Osuna, en cuantía equivalente al cincuenta y siete por ciento (57 %) del ingreso
base de liquidación previsto en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, a partir del Treinta
(30) de junio de Mil Novecientos Noventa y Cinco (1995), con efectos fiscales desde
el Cuatro (4) de julio de Dos Mil Quince (2015), por prescripción trienal.

CUARTO: ORDENAR a la UGPP dar cumplimiento a la sentencia en los términos de
los artículos 187, 189 y 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.

QUINTO: NEGAR las demás pretensiones.

SEXTO: SIN condena en costas en ambas instancias
[…]»

9. El Tribunal consideró que, si bien el señor Roberto Pulido Osuna, no reunía
el tiempo de servicios exigido por el régimen especial previsto en el Decreto
224 de 1972, para el reconocimiento de la pensión post mortem de los
docentes oficiales, resultaba procedente aplicar, de manera retrospectiva, el
régimen general consagrado en la Ley 100 de 1993, por estimarlo más
favorable para la demandante, en aplicación de los principios de favorabilidad
e igualdad.

10. Explicó que, los requisitos previstos en el artículo 46 de esa normativa eran
menos gravosos que los establecidos en el régimen especial docente,
circunstancia que imponía privilegiar su aplicación en virtud de los principios
de favorabilidad e igualdad, a fin de evitar un trato discriminatorio e injustificado
para los beneficiarios del régimen especial frente a quienes se encontraban
cobijados por el régimen general. Agregó que, de aceptarse la aplicación
exclusiva del Decreto 224 de 1972, se frustraría la finalidad constitucional de
la pensión de sobrevivientes y se desconocería el criterio jurisprudencial que
admite la aplicación retrospectiva de la Ley 100 de 1993 cuando esta resulta
más beneficiosa para los beneficiarios del causante.

11. Finalmente, precisó que, si bien el derecho debía reconocerse a partir del
Treinta (30) de junio de Mil Novecientos Noventa y Cinco (1995), los efectos
económicos solo procedían desde el Cuatro (4) de julio de Dos Mil Quince

5

Número Interno: 3100-2025
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Demandado: Ana Lucía Escobar Castro

(2015), en razón de la prescripción trienal de las mesadas causadas con
anterioridad.

1.3 Causales de revisión invocadas.

12. La entidad accionante invocó las causales previstas en los literales a) y b)
del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, al considerar que, la sentencia objeto
de revisión reconoció una pensión de sobrevivientes con vulneración del
debido proceso y, además, en una cuantía superior a la legalmente debida, al
aplicar retrospectivamente la Ley 100 de 1993, a una situación jurídica
consolidada con anterioridad a su entrada en vigencia.

13. Respecto de la causal relativa a la vulneración del debido proceso, sostuvo
que la providencia cuestionada aplicó indebidamente los principios de
favorabilidad y retrospectividad, para reconocer la pensión de sobrevivientes
con fundamento en el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, pese a que, el
fallecimiento del causante ocurrió el Veintiséis (26) de enero de Mil
Novecientos Ochenta y Siete (1987), cuando dicha normativa aún no se
encontraba vigente y, por tanto, el derecho debía examinarse conforme al
régimen especial aplicable a los docentes oficiales.

14. Señaló que, el Tribunal desconoció el régimen jurídico vigente al momento
del fallecimiento del causante y el precedente del Consejo de Estado, según
el cual, la norma que gobierna el reconocimiento de la pensión de
sobrevivientes es la vigente al momento de la muerte del afiliado o pensionado,
por lo que resultaba improcedente aplicar una disposición posterior para
consolidar el derecho pensional.

15. Afirmó, además, que el señor Roberto Pulido Osuna no reunía los
requisitos exigidos por la normativa especial aplicable a los docentes oficiales,
en particular el tiempo mínimo de servicios previsto en el Decreto 224 de 1972,
razón por la cual, el reconocimiento de la prestación con fundamento en la Ley
100 de 1993, desconoció el ordenamiento jurídico y la jurisprudencia que
regula la materia.

6

Número Interno: 3100-2025
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Demandado: Ana Lucía Escobar Castro

16. De otra parte, en cuanto a la causal relacionada con el reconocimiento en
exceso de la prestación, adujo que la sentencia cuestionada ordenó el pago
de una prestación periódica sin el cumplimiento de los requisitos legalmente
exigidos, imponiendo una obligación económica al tesoro público por fuera del
marco normativo aplicable y excediendo, de esa manera, la cuantía legalmente
debida.

17. Finalmente, indicó que la interpretación acogida por el Tribunal desconoce
los principios de legalidad, sostenibilidad financiera y seguridad jurídica, al
imponer el reconocimiento de una prestación pensional con fundamento en
una normativa posterior a la consolidación de la situación jurídica del causante,
generando un impacto negativo sobre los recursos públicos.

1.4 Contestación de la demanda de revisión.

18. Mediante auto del Seis (6) de marzo de Dos Mil Veintiséis (2026) 2, el
despacho sustanciador admitió la acción especial de revisión, al considerar
que reunía los requisitos previstos en el artículo 252 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que había
sido presentado oportunamente y que se sustentaba en las causales
contempladas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003. En
consecuencia, ordenó las notificaciones de rigor, corrió traslado a la parte
demandada, al Ministerio Público y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica
del Estado por el término de diez (10) días para contestar el recurso y solicitar
o aportar pruebas, dispuso oficiar al Juzgado Diecisiete Administrativo del
Circuito Judicial de Bogotá para que remitiera el expediente del proceso
ordinario y reconoció personería al apoderado judicial de la entidad
accionante.

19. El Veintitrés (23) de Mayo de Dos Mil Veintiséis (2026)3, la señora Ana
Lucía Escobar Castro, presentó escrito de contestación de la acción especial
en comento. No obstante, mediante auto del Tres (3) de junio de Dos Mil
Veintiséis (2026)4, el despacho sustanciador concluyó que, dicho escrito había

2
Índice No. 00006 de Samai.
3
Índice No. 00023 de Samai.
4
Índice No. 00024 de Samai.

7

Número Interno: 3100-2025
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Demandado: Ana Lucía Escobar Castro

sido radicado de manera extemporánea, toda vez que, la demandada fue
notificada en debida forma del auto admisorio y del escrito de revisión, sin que
las solicitudes posteriores de acceso al expediente digital suspendieran o
interrumpieran el término previsto en el artículo 253 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. En
consecuencia, tuvo por extemporánea la contestación.

1.5 Concepto del Ministerio Público5.

20. Mediante concepto del Veintinueve (29) de abril de Dos Mil Veintiséis
(2026), el Procurador Delegado de Intervención 8, Tercero ante el Consejo de
Estado, solicitó declarar fundadas las causales de la acción especial de
revisión incoada por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), al considerar
configuradas aquellas previstas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley
797 de 2003.

21. El Ministerio Público sostuvo que, la sentencia objeto de revisión vulneró
el debido proceso al reconocer la pensión de sobrevivientes con fundamento
en los artículos 46 y 48 de la Ley 100 de 1993, pese a que, dicha normativa
no se encontraba vigente para la fecha del fallecimiento del señor Roberto
Pulido Osuna, ocurrido el Veintiséis (26) de enero de Mil Novecientos Ochenta
y Siete (1987), razón por la cual, el derecho debía examinarse conforme al
régimen especial previsto para los docentes oficiales.

22. Señaló que, conforme a la jurisprudencia vigente del Consejo de Estado,
la ley aplicable al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes es la que se
encuentra vigente al momento del fallecimiento del causante, por lo que
resultaba improcedente acudir a la aplicación retrospectiva de la Ley 100 de
1993, con fundamento en los principios de favorabilidad y retrospectividad,
toda vez que, para la fecha de consolidación del derecho, no coexistían dos
regímenes jurídicos vigentes que permitieran optar por el más favorable.

5
Índice No. 00014 de Samai.

8

Número Interno: 3100-2025
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Demandado: Ana Lucía Escobar Castro

23. Asimismo, indicó que el señor Roberto Pulido Osuna, no cumplía el tiempo
mínimo de servicios exigido por el artículo 7 del Decreto 224 de 1972, para el
reconocimiento de la pensión post mortem de los docentes oficiales,
circunstancia que impedía acceder a la prestación reclamada y evidenciaba la
indebida aplicación de una normativa posterior a la consolidación de la
situación jurídica.

24. Finalmente, concluyó que la providencia objeto de revisión desconoció el
principio de legalidad y el precedente jurisprudencial vigente, configurándose
las causales de revisión invocadas, pues el reconocimiento pensional se
obtuvo con violación del debido proceso y dio lugar al pago de una prestación
superior a la legalmente debida, razón por la cual, solicitó infirmar la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

II. CONSIDERACIONES

2.1 Competencia.

25. La Sala de Subsección es competente para conocer y decidir la presente
acción, según lo previsto en los artículos 249 del CPACA6 y 20 de la Ley 797
de 20037, en concordancia con lo previsto en el artículo 13 del reglamento de
esta Corporación, contenido en el Acuerdo 080 del doce (12) de marzo de dos
mil diecinueve (2019)8.

2.2 Oportunidad.

26. La acción especial de revisión bajo examen resulta oportuna, toda vez que
la sentencia cuya revisión se pretende fue proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, el
Diecinueve (19) de febrero de Dos Mil Veinticuatro (2024), quedando
ejecutoriada el Veintiocho (28) de febrero de esa misma anualidad 9, mientras

6
«[…] De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos
conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia. […]»
7
«Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al
tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de
cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con
sus competencias»
8
«Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado».
9
Ejecutoria el 28 de febrero de 2024. Samai, índice 25, Tribunal Administrativo de origen.

9

Número Interno: 3100-2025
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Demandado: Ana Lucía Escobar Castro

que la acción de la referencia fue presentada el Veinticuatro (24) de octubre
de Dos Mil Veinticinco (2025)10, por lo que no se superó el término de cinco (5)
años establecido en el artículo 251 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo.

2.3 Problema jurídico.

27. Corresponde a la Sala, establecer lo siguiente:

28. ¿La sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección B, el Diecinueve (19) de febrero de Dos Mil
Veinticuatro (2024), mediante la cual se revocó la decisión adoptada el Doce
(12) de noviembre de Dos Mil Veintiuno (2021) por el Juzgado Diecisiete
Administrativo del Circuito de Bogotá y se ordenó el reconocimiento y pago de
una pensión de sobrevivientes a favor de la señora Ana Lucía Escobar Castro,
cuya revisión se pretende, está incursa en las causales de revisión previstas
en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003? Con tal fin, se
debe verificar:

28.1 ¿El reconocimiento de la pensión de sobrevivientes se efectuó con
vulneración del debido proceso, al aplicar retrospectivamente la Ley 100
de 1993 y los principios de favorabilidad y retrospectividad a una
situación jurídica consolidada con anterioridad a su entrada en vigencia,
desconociendo el régimen jurídico aplicable al momento del
fallecimiento del señor Roberto Pulido Osuna?

28.2 ¿Como consecuencia de ello, la prestación reconocida excedió lo
legalmente debido, al ordenarse el reconocimiento de una pensión de
sobrevivientes con fundamento en una normativa que no resultaba
aplicable al caso concreto?

29. Con el propósito de desatar el problema jurídico planteado, se abordarán
los siguientes capítulos: 2.4) el marco normativo y jurisprudencial de la acción
especial de revisión; 2.5) el caso concreto; y 2.6) la condena en costas.

10
Índice No. 00003 de Samai.

10

Número Interno: 3100-2025
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Demandado: Ana Lucía Escobar Castro

2.4 Marco normativo y jurisprudencial.

2.4.1 Acción especial de revisión de la Ley 797 de 2003: objeto y alcance.

30. El artículo 20 de la Ley 797 de 2003, instituyó una acción especial de
revisión de providencias judiciales, de la siguiente manera:

«Artículo 20. Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del
tesoro público o de fondos de naturaleza pública. Las providencias
judiciales que hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al
tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas
periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas
por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus
competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor
General de la República o del Procurador General de la Nación.

La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una
transacción o conciliación judicial o extrajudicial.

La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso
extraordinario de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse por las
causales consagradas para este en el mismo código y además:

a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso,
y

b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo
con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.»

31. Dicha acción, entonces, está orientada a restablecer la justicia material11 y
comporta una herramienta excepcional que se opone a los principios de cosa
juzgada y seguridad jurídica, razón por la cual esta Corporación ha sostenido
que «sólo debe admitirse frente a un fin legítimo, que en estos asuntos es determinar si el
reconocimiento pensional se hizo con violación al debido proceso o, si como en este caso se
invoca, la cuantía reconocida excede lo ordenado por la ley» 12.

32. Por tanto, las causales que el legislador prevé como únicas para superar y
quebrar la seguridad jurídica que se deriva de una sentencia judicial, en caso
de su prosperidad, atienden a circunstancias específicas y objetivas, que no
corresponden a un cuestionamiento de valoraciones de tipo jurídico, fáctico o
probatorio, adelantado por el juzgador en el proceso que dio lugar a la decisión

11
Ver Corte Constitucional, Sala Plena; sentencia C-450 de 16 de julio de 2015.
12
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A; sentencia de 1° de agosto de 2024; consejero ponente: Rafael
Francisco Suárez Vargas.

11

Número Interno: 3100-2025
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Demandado: Ana Lucía Escobar Castro

cuestionada. Por ello, no puede utilizarse este medio impugnativo, so pretexto
de reabrir el debate jurídico o revivir una valoración probatoria, que fue
realizada por el juez de instancia.

33. De forma consistente, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha
precisado que, la rigurosidad de esta clase de asuntos, no permite que el
juzgador se aproxime a alguna causal que no fue debidamente planteada y
soportada, ni tampoco permite convertir esta vía en una tercera instancia, pues
ello desnaturalizaría la función de esta clase de instrumentos extraordinarios13.

34. Finalmente, resulta necesario aclarar que la adopción del trámite propio de
la acción especial de revisión establecido en el CPACA, no significa, como lo
explicó la Sala Especial de Decisión 25 de esta Colegiatura, en sentencia del
cuatro (4) de junio de 2019, «que la acción especial contenida en esa normativa y el
referido recurso sean equiparables jurídicamente, sino solo que el trámite 14 […] pues esta
acción especial “tiene un carácter sui generis 15, dado que, más allá de que pueda infirmar una
sentencia ejecutoriada –al igual que el recurso extraordinario de revisión –, presenta unas
particularidades que le otorgan una entidad propia 16», tal como el análisis que sobre su

configuración realiza el juez de esta acción17.

2.4.2 Alcance de la causal prevista en el literal a) del artículo 20 de la Ley
797 de 2003 - Reconocimiento pensional obtenido con violación del
debido proceso.

35. Conforme al contenido del literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003,
las providencias judiciales que hayan decretado o decreten reconocimientos,

13
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez, 24 de
febrero de 2004, exp. 15001-03-15-000-00793-00 y Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo,
C.P. Alberto Yepes Barreiro, 26 de febrero de 2013, exp. 15001-03-15-000-01027-00.
14
Esta Corporación ha indicado que con la demanda de revisión se inicia una instancia con trámite propio y diferentes
etapas procesales que culminan con un fallo definitorio sobre la legalidad de la sentencia ejecutoriada, conclusión
que la ha llevado a concluir que el recurso extraordinario de revisión constituye un nuevo proceso o inclusive una
acción o medio de control más. Ver: Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Auto de 12 de agosto de 2014 [Rad.
11001-03-15-000-2013-02110-00]. MP. Bertha Lucía Ramírez de Páez; Salas Especiales de Decisión No. 22 y 25.
Sentencias de 3 de marzo de2015 [Rad. 11001-03-15-000-2014-00579-00 (REV)]. MP. Alberto Yepes Barreiro [Rad.
11001-03-15-000-2012-01776-00 (REV)]. MP. (E) Hernán Andrade Rincón. La Corte Constitucional, en el marco de
la acción especial revisión, ha aceptado que esta se realiza a través de una demanda sometida a las formalidades y
requisitos del recurso extraordinario de revisión. Ver: Sala Plena. Sentencia C-835 de 2003. MP. Jaime Araújo
Rentería.
15
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-835 de 2003. MP. Jaime Araújo Rentería. En esta providencia se
indicó, como una novedad del artículo 20 de la Ley 797/03, que la acción especial o “sui generis” de revisión procedía
no solo contra sentencias sino también contra los actos contentivos de transacciones o conciliaciones judiciales o
extrajudiciales, con base en las causales generales y el trámite previsto para el recurso extraordinario de revisión en
el CCA – hoy en el CPACA –. Agregó que las dos (2) causales especiales introducidas por esa norma sólo se
predicaban únicamente respecto de las sentencias.
16
Esta Corporación ha destacado que las particularidades de la acción especial de revisión le otorgan una entidad
propia, reflejada principalmente en la legitimación por activa calificada y su finalidad. Ver: Sección Segunda. Auto de
27 de marzo de 2014 [Rad. 11001-03-25-000-2012-00561-00(2129-12)]. MP. Gerardo Arenas Monsalve, y [sA]
sentencia de 17 de mayo de 2018 [Rad. 11001-03-25-000-2014-00665-00(2074-14)]. MP. William Hernández Gómez.
17
Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 25, Exp. 2014-02013-00. M.P. Dra. Marta Nubia Velásquez Rico.

12

Número Interno: 3100-2025
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Demandado: Ana Lucía Escobar Castro

que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública, la obligación
de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza,
podrán ser revisadas por esta Corporación, en los casos que sean de su
competencia, cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al
debido proceso.

36. Así, en asuntos de similares contornos fácticos, en cuanto a los elementos
esenciales que integran el derecho fundamental al debido proceso, la Sala 22
Especial de Revisión de esta Colegiatura ha señalado18:

«Al respecto, la Sala precisa que el derecho fundamental al debido proceso,
consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, es una garantía para
equilibrar la relación autoridad - libertad que surge entre el Estado y los
asociados, y está prevista en favor de las partes y de los terceros interesados en
una actuación administrativa o judicial.

Según la norma en comento, el debido proceso comprende fundamentalmente
tres grandes elementos:

i) El derecho al juez natural o funcionario competente;

ii) El derecho a ser juzgado según las formas de cada juicio o
procedimiento, esto es, conforme con las normas procesales dictadas
para impulsar la actuación judicial o administrativa; y

iii) Las garantías de audiencia y defensa, que, desde luego, incluyen el
derecho a ofrecer y producir la prueba de descargo, la presunción de
inocencia, el derecho a la defensa técnica, el derecho a un proceso
público y sin dilaciones, el derecho a que se produzca una decisión
motivada, el derecho a impugnar la decisión y la garantía de non bis in
ídem.»

37. Igualmente, sobre el contenido y alcance de la aludida causal de revisión,
esta Sección ha sostenido que «es necesario que se exponga la vulneración del derecho
al debido proceso en relación con los núcleos esenciales que lo componen» 19 y «la parte
interesada debe promover la acción especial de revisión y aportar los elementos sobre los
cuales estructura su petición»20.

18
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala 22 Especial de Revisión; sentencia de 5 de
febrero de 2019; expediente 11001-03-15-000-2018-01884-00; consejero ponente: Alberto Yepes Barreiro.
19
Consejo de Estado, Sección Segunda - Subsección B; sentencia de 30 de mayo de 2024; expediente: 11001-03-
25-000-2019-00728-00 (5558-2019); consejero ponente Juan Enrique Bedoya Escobar.
20
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del
Diecisiete (17) de marzo de Dos Mil Veintidós (2022), C. P. César Palomino Cortés, Rad. 11001-03-25-000-2013-
01293-00 (3283-2013.

13

Número Interno: 3100-2025
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Demandado: Ana Lucía Escobar Castro

2.4.3 Alcance de la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley
797 de 2003 - Cuando la cuantía del derecho reconocido exceda lo
debido.

38. La causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003
dispone que «cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo
con la ley, pacto, o convención colectiva que le eran legalmente aplicables », es decir,

cuando la sentencia reconoce una prestación por un monto que no
corresponde a lo legal o convencionalmente establecido.

39. Esta causal jurisprudencialmente ha sido considerada como una
herramienta legal útil que persigue fortalecer el principio de la moralidad
administrativa y permite corregir los reconocimientos pensionales que se han
efectuado en exceso y que afectan los principios cardinales que orientan el
Sistema General de Pensiones, en especial, el principio de solidaridad y el
equilibrio o sostenibilidad financiera21.

40. En la sentencia del tres (3) de junio de dos mil veintiuno (2021) 22, la
Sección Segunda de esta Corporación precisó, frente al alcance de la acción
especial de revisión bajo estudio, que la misma no se extiende a reabrir el
debate probatorio, sino que, se orienta a revisar el valor de las pensiones
reconocidas en contra de lo ordenado por la ley, con el propósito de
salvaguardar el equilibrio entre la prestación y su legalidad, además de velar
por la protección de los recursos limitados del tesoro público, la liquidez,
solvencia y sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social, así como el
principio de universalidad que lo inspira.

41. En dicha oportunidad, se aclaró que, la acción especial de revisión no se
erige como una tercera instancia, a través de la cual se pueda reabrir el debate
sustancial -o de fondo- sobre el derecho a una prestación, pues, su marco se
encuentra circunscrito a revisar los aspectos concernientes al reconocimiento

21
Reiterado en: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A”,
sentencia del 17 de mayo de 2018, M.P. William Hernández Gómez, Rad. 11001-03-25-000-2014-00665-00(2074-
14).
22
Entre otros, ver: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencias del 3 de junio de 2021, radicado
11001 03 25 000 2018 01681 00 (5733-2018), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas; y del 8 de octubre de 2020,
radicado 11001-03-25-000-2017-00530-00 (2462-2017), M.P. William Hernández Gómez.

14

Número Interno: 3100-2025
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Demandado: Ana Lucía Escobar Castro

del derecho y a la liquidación de aquel. En ese sentido, se entienden excluidos
del alcance de la causal los asuntos relativos al reconocimiento de
prestaciones periódicas inferiores a las que se deben de acuerdo con las
normas que rigen la materia.

2.5 Caso concreto.

42. Descendiendo al asunto sub examine, en lo que respecta a la causal
prevista en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, relacionada con
la presunta vulneración del debido proceso, la Sala observa que los
argumentos de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) se dirigen,
esencialmente, a cuestionar la interpretación jurídica acogida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, en torno a
la aplicación de los principios de favorabilidad y retrospectividad para
reconocer la pensión de sobrevivientes reclamada por la señora Ana Lucía
Escobar Castro.

43. No obstante, tal circunstancia no resulta suficiente para estructurar la
causal extraordinaria de revisión invocada, toda vez que esta acción no
constituye una instancia adicional orientada a reabrir el debate jurídico resuelto
en el proceso ordinario, ni habilita al juez extraordinario para sustituir el criterio
hermenéutico adoptado por el juez natural, cuando este corresponde al
ejercicio de la función jurisdiccional que constitucional y legalmente le ha sido
atribuida.

44. En efecto, como quedó expuesto en el acápite precedente, la causal
prevista en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, exige acreditar
una afectación real y concreta de los elementos estructurales del debido
proceso, tales como, la competencia del juez, la observancia de las formas
propias del juicio o las garantías de defensa y contradicción. No basta,
entonces, con manifestar desacuerdo frente a la interpretación normativa
acogida en la sentencia cuya revisión se pretende.

15

Número Interno: 3100-2025
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Demandado: Ana Lucía Escobar Castro

45. Revisado el trámite surtido dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, la Sala no advierte la configuración de
irregularidad procesal alguna que hubiere comprometido las garantías
fundamentales de las partes. Por el contrario, se evidencia que la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de
la Protección Social (UGPP) ejerció plenamente su derecho de defensa,
presentó oposición a las pretensiones de la demanda, intervino a lo largo del
trámite judicial, contó con la posibilidad de controvertir las actuaciones surtidas
dentro del proceso y obtuvo un pronunciamiento motivado por parte del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

46. La circunstancia conforme a la cual, la entidad recurrente considera
jurídicamente equivocada la conclusión alcanzada por el Tribunal, en cuanto
estimó procedente acudir a los principios de favorabilidad y retrospectividad
para aplicar las disposiciones de la Ley 100 de 1993, no transforma dicha
interpretación en una vulneración del debido proceso. Se trata, en realidad, de
una discrepancia respecto del alcance de las normas sustanciales llamadas a
regular el caso concreto, materia que pertenece al ámbito propio de la
autonomía e independencia judicial.

47. En ese sentido, aun cuando esta Sala pudiera arribar a una conclusión
distinta sobre la norma aplicable al reconocimiento de la prestación discutida,
ello no habilita el ejercicio de la acción especial de revisión a través de la
causal invocada, puesto que, admitir lo contrario, implicaría convertir este
mecanismo extraordinario en una verdadera tercera instancia destinada a
reexaminar el acierto jurídico de las providencias judiciales ejecutoriadas,
finalidad que resulta incompatible con la naturaleza excepcional de este medio
de impugnación.

48. En consecuencia, la Sala concluye que, los argumentos expuestos por la
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP), no permiten estructurar la causal
prevista en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, razón por la cual,
esta no está llamada a prosperar.

16

Número Interno: 3100-2025
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Demandado: Ana Lucía Escobar Castro

49. Precisado lo anterior, corresponde analizar la causal prevista en el literal
b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, relativa a que la cuantía del derecho
reconocido exceda lo debido conforme a la ley. Sobre este aspecto, la Sala
advierte que, la prosperidad de dicha causal no depende exclusivamente que
el juez de revisión considere desacertada la interpretación normativa acogida
en la sentencia cuestionada. La causal exige demostrar que, como
consecuencia de dicha decisión, se reconoció una prestación periódica en una
cuantía superior a la legalmente debida, circunstancia que debe evidenciarse
de manera objetiva y manifiesta.

50. En el presente asunto, la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP),
fundamenta la configuración de esta causal en los mismos argumentos
expuestos para sustentar la supuesta vulneración del debido proceso, esto es,
que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca aplicó retrospectivamente la
Ley 100 de 1993, para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes.

51. Sin embargo, dicha circunstancia tampoco resulta suficiente para tener por
acreditada la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de
2003, pues, el exceso en la cuantía legalmente debida no puede derivarse,
exclusivamente, de la existencia de una discrepancia hermenéutica respecto
de la norma aplicable. Si bien la entidad accionante, estaba facultada para
promover la presente acción especial de revisión y exponer los argumentos
que estimó pertinentes, tales planteamientos, por sí solos, no satisfacen los
presupuestos exigidos para la prosperidad de la causal invocada. En efecto,
para que esta prospere, es indispensable demostrar, de manera objetiva, que
la providencia reconoció una prestación periódica en cuantía superior a la
legalmente debida, extremo que no se acredita en el presente asunto, de
aceptarse esa tesis, toda interpretación judicial posteriormente controvertida
daría lugar a la revisión extraordinaria de la sentencia, con evidente
desconocimiento de la cosa juzgada y de la seguridad jurídica.

52. En efecto, la providencia objeto de revisión contiene un razonamiento
jurídico expreso y motivado acerca de las razones por las cuales el Tribunal
estimó procedente aplicar, al caso concreto, los principios de favorabilidad y

17

Número Interno: 3100-2025
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Demandado: Ana Lucía Escobar Castro

retrospectividad para reconocer la pensión de sobrevivientes con fundamento
en la Ley 100 de 1993. Para ello, explicó que los requisitos previstos en el
artículo 46 de dicha ley resultaban menos gravosos que los contemplados en
el régimen especial docente, que la aplicación exclusiva del Decreto 224 de
1972 generaba un trato desigual e injustificado frente a los beneficiarios del
régimen general y que la jurisprudencia del Consejo de Estado había admitido,
en supuestos semejantes, la aplicación retrospectiva de la Ley 100 de 1993
cuando esta resultaba más favorable para los beneficiarios del causante. En
ese contexto, aun cuando la entidad recurrente discrepe de esa construcción
jurídica, tal circunstancia no permite concluir, por sí sola, que la prestación
reconocida constituya un pago excesivo, injustificado o contrario a la ley en los
términos exigidos por la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley
797 de 2003. Sobre este punto, la Sala reitera que, «la acción de revisión se erige
como una herramienta judicial cuyo ejercicio hace prevalecer el interés de la colectividad por
encima del particular al detener o armonizar con la ley el pago de pensiones reconocidas en
exceso […]»23

53. En consecuencia, la Sala tampoco encuentra acreditado que, la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, hubiera reconocido
una prestación periódica en cuantía superior a la legalmente debida, en los
términos exigidos por el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
Entonces, se observa que, el reconocimiento de la prestación objeto de debate
por la parte actora, no configura un pago en exceso.

54. Aunado a ello, se insiste en que, las causales invocadas por la entidad
accionante no fueron concebidas para reabrir el debate jurídico que se surtió
en el proceso ordinario, con el único propósito de sustituir la interpretación
normativa acogida por el juez de conocimiento. Si bien la causal prevista en el
literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 habilita al juez extraordinario
para verificar si la prestación reconocida excede objetivamente lo legalmente
debido, ello no significa que proceda la revisión cada vez que exista una
discrepancia sobre la norma aplicable o sobre el alcance que el juez de
instancia atribuyó a las disposiciones que regulan el derecho pensional. En
consecuencia, mientras no se demuestre que la providencia reconoció una

23
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 27 de mayo de 2021. Radicado: 11001-03-25-
000-2018-01538-00. M.P.: Sandra Lisset Ibarra Vélez.

18

Número Interno: 3100-2025
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Demandado: Ana Lucía Escobar Castro

prestación en cuantía superior a la prevista por el ordenamiento jurídico, la
acción especial de revisión no puede convertirse en un mecanismo para
replantear el debate sustancial ya decidido con autoridad de cosa juzgada.

55. Siendo así las cosas, la Sala concluye que, los argumentos expuestos por
la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP), constituyen una discrepancia
frente a la interpretación jurídica acogida por el juez de segunda instancia, mas
no demuestran la configuración de las causales de revisión invocadas. En
consecuencia, se declarará infundada la presente acción especial de revisión.

2.6) Condena en costas.

56. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA, no se dispondrá
sobre la condena en costas, dada la naturaleza del asunto, lo cual, releva de
hacer el estudio de los demás presupuestos establecidos en tal artículo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: DECLARAR INFUNDADA la acción especial de revisión,
interpuesta por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), contra la
sentencia proferida el Diecinueve (19) de febrero de Dos Mil Veinticuatro
(2024), por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección B, mediante la cual, se revocó la sentencia dictada el Doce (12)
de noviembre de Dos Mil Veintiuno (2021), por el Juzgado Diecisiete
Administrativo del Circuito de Bogotá, dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado No. 11001-33-35-017-2019-00207-
01, promovido por la señora Ana Lucía Escobar Castro contra la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de
la Protección Social (UGPP), por las razones expuestas en la parte motiva de

19

Número Interno: 3100-2025
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Demandado: Ana Lucía Escobar Castro

esta providencia.

SEGUNDO: Sin condena en costas.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el expediente, previas
las constancias del caso.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ELIZABETH BECERRA
ESCOBAR CORNEJO
Con aclaración de voto

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del
Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.