Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2025-00572-00
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2025-00572-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2025-00572-00
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
7 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D.C., siete (7) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN ART. 20 LEY 797 DE 2003
Radicación: 11001-03-25-000-2025-00572-00 (3612-2025)
Demandante: Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional
Demandado: Luis Alejandro Vargas Barrera
Temas: Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del
tesoro público. Diferencia entre el reconocimiento del derecho y
su ejecución. Alcance de la causal de revisión por exceso en la
cuantía. Imposibilidad de cuestionar en esta sede la ejecución
de un título amparado por cosa juzgada. DECLARA
INFUNDADA.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
La Sala decide la acción de revisión que interpuso1 la Caja de Sueldos de Retiro de
la Policía Nacional (CASUR) en contra la sentencia proferida el diecinueve (19) de
septiembre de dos mil veintidós (2022) por el Tribunal Administrativo de Santander2,
para lo cual se invocó la causal del literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
1. Que la Policía Nacional, mediante la Resolución 0056 de 9 de enero de 2007, le
reconoció la asignación de retiro al señor Luis Alejandro Vargas Barrera, en cuantía
equivalente al 87 % del sueldo básico, con fundamento en el Decreto 1213 de 1990.
2. Que el señor Luis Alejandro Vargas Barrera elevó petición ante la entidad, con el
fin de que se reliquidara dicha prestación, aplicando el porcentaje correspondiente
sobre la asignación básica de un General en uso de buen retiro, la cual —según
afirmó— ha sido incrementada en virtud de decisiones judiciales con fundamento
en la variación del índice de precios al consumidor (IPC).
3. Que la entidad negó la solicitud mediante Oficio GAG-SDP 6668 del 21 de marzo
de 2014, al considerar que no era procedente, porque la determinación del sueldo
en el grado de General responde a la aplicación de la escala gradual porcentual
prevista para la Fuerza Pública.
1 La presentación de la acción se efectuó el 11 de diciembre de 2025, de acuerdo con la anotación efectuada
por la Secretaría de la Sección Segunda de esta Corporación que reposa en el índice 00003 de SAMAI.
2 Decisión que confirmó la sentencia emitida por el Juzgado Primero Administrativo de San Gil el día 14 de
septiembre de 2020 dentro del ejecutivo laboral radicado bajo el núm. 68679-33-33-001-2017-00318-01.
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4. Que, en consecuencia, acudió al medio de control de nulidad y restablecimiento
y el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de San Gil, mediante sentencia del
17 de febrero de 2015, accedió a las pretensiones y ordenó reliquidar la asignación
de retiro tomando como base el mayor valor devengado en el año 2010 por un
General retirado cuya prestación hubiera sido ajustada conforme al IPC, aplicando
el porcentaje del 18,8179 % correspondiente a su grado, así como el pago de las
diferencias causadas en las mesadas no prescritas debidamente actualizadas.
5. Que dicha decisión no fue recurrida y, en cumplimiento de esta, la entidad expidió
la Resolución 7542 del 10 de noviembre de 2016, en la que concluyó que no había
lugar a reajuste alguno, al estimar que la aplicación del IPC en asignaciones de
retiro de la Fuerza Pública solo procede para el período comprendido entre 1997 y
2004, por lo que no resultaba aplicable al caso del señor Vargas Barrera, retirado
en 2007.
6. Que, debido a lo anterior, el señor Luis Alejandro Vargas Barrera promovió
proceso ejecutivo laboral y mediante sentencia del 14 de septiembre de 2020, el
Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de San Gil, ordenó seguir adelante
con la ejecución, decisión que fue confirmada por el Tribunal Administrativo de
Santander mediante providencia del 19 de febrero de 2022.
7. Que, mediante auto del 16 de diciembre de 2024, el referido juzgado aprobó la
liquidación del crédito por valor de $624.245.645.
8. Que, en cumplimiento de lo anterior, la entidad expidió la Resolución 2934 del 9
de julio de 2025, mediante la cual reconoció a favor del señor Vargas Barrera la
suma bruta de $660.109.059 por concepto de reliquidación de la asignación
mensual de retiro, que, una vez aplicados los descuentos de ley, ascendió a un valor
neto de $655.814.249, disponiendo además su inclusión en nómina a partir del 1.°
de junio de 2025 con el correspondiente reajuste.
9. Que la suma de $663.007.763 fue girada el 19 de septiembre de 2025, según el
certificado SIIF Nación 340892325, al apoderado judicial del señor Vargas Barrera,
quien contaba con autorización expresa para recibir.
SENTENCIA OBJETO DE REVISIÓN
10. En providencia del 19 de septiembre de 20223, el Tribunal Administrativo de
Santander confirmó la decisión de primera instancia, en cuanto declaró no probada
la excepción de pago, ordenó seguir adelante con la ejecución y dispuso la
liquidación del crédito conforme a lo previsto en el artículo 446 del Código General
del Proceso.
11. Para sustentar su decisión, expuso los siguientes argumentos:
3 Véase archivo digital denominado «35_DemandaWeb_Anexos_16SENTENCIASEGUNDAFA(.pdf) NroActua
3(.pdf) NroActua 3», que reposa en el índice 00003 de SAMAI.
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12. En relación con la excepción de pago, advirtió que CASUR no controvirtió de
manera directa, en el recurso de apelación, los fundamentos en que el a quo
sustentó su decisión de declararla no probada.
13. Adujo que la entidad ejecutada centró su inconformidad en cuestionar el título
ejecutivo, sin demostrar que la reliquidación y el pago se hubieran realizado
conforme a lo ordenado, insistiendo, por el contrario, en la imposibilidad de cumplir
la decisión judicial.
14. Expresó que, la exigibilidad del título no era objeto de debate en esa etapa
procesal, por cuanto ya había sido analizada al momento de librar el mandamiento
de pago.
15. Que CASUR no podía reabrir la discusión sobre aspectos definidos en una
sentencia ejecutoriada, máxime cuando contaba con los mecanismos procesales
idóneos para controvertirla, los cuales no ejerció oportunamente.
16. Considera que admitir lo contrario implicaría desconocer los principios de
seguridad jurídica y cosa juzgada, así como afectar la confianza legítima de quien
acudió a la jurisdicción en busca del reconocimiento de sus derechos y obtuvo una
decisión favorable.
17. Que no es admisible que se pretendan cuestionar en sede ejecutiva eventuales
irregularidades del proceso declarativo, especialmente cuando en esta etapa no se
debate el derecho sustancial —esto es, la reliquidación de la asignación de retiro—
sino el cumplimiento de un título judicial, sin que obre en el expediente prueba de
su anulación en sede de revisión.
ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN
18. CASUR interpuso acción de revisión al considerar que la decisión ejecutiva se
encuentra viciada de nulidad, y sustentó su inconformidad en los siguientes
planteamientos:
19. Dijo que el título carece de claridad, en la medida en que no permite establecer
con certeza la forma de cumplimiento de la obligación, al mezclar distintos criterios
de liquidación —IPC, oscilación y escala gradual porcentual— sin definir su
articulación ni un método único y coherente, además de carecer de suficiente
fundamentación normativa y jurisprudencial.
20. Que tampoco es expreso, pues no determina de manera concreta la base de
liquidación ni el procedimiento aplicable, dejando aspectos esenciales a la
interpretación en la etapa de ejecución, en contravía del principio de legalidad.
21. Además, que no es exigible, por cuanto no contiene una obligación clara de
pagar una suma líquida o fácilmente liquidable, sino una orden general de
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reliquidación que requiere definiciones adicionales, lo que, a su juicio, incluso
sugiere la posible existencia de objeto y causa ilícitos.
22. Adujo falta de congruencia en la decisión, al sostener que, aunque en la
audiencia inicial del 14 de septiembre de 2020 se ordenó seguir adelante con la
ejecución, el recurso de apelación comprendía múltiples cargos —como la violación
del principio de inescindibilidad normativa, errores de hecho y de derecho, falta de
requisitos del título, omisión de su reexamen, abuso del derecho, irregularidades
procesales, desconocimiento de los principios de igualdad y favorabilidad,
afectación a la sostenibilidad fiscal y enriquecimiento sin causa—, los cuales no
habrían sido resueltos de manera integral por el Tribunal Administrativo de
Santander.
23. Sostuvo que se vulneró el principio de inescindibilidad normativa, al combinar
indebidamente distintos regímenes de incremento para construir una base
prestacional inexistente en la ley, tomando como referencia el sueldo de un General,
aplicando el porcentaje del 18,8179 % y, posteriormente, el IPC, lo que, en su
criterio, desnaturaliza el régimen aplicable.
24. Alegó la existencia de errores de hecho y de derecho por indebida valoración
probatoria en la decisión judicial, al no considerar que el actor ostentó el grado de
Agente y que su asignación debía liquidarse conforme a dicho nivel, además de
fijarse la reliquidación con base en el año 2010, pese a que el retiro ocurrió en 2007.
25. Que el juez de segunda instancia omitió reexaminar el título ejecutivo, pese a
estar facultado para ello, y que la decisión configura un abuso del derecho al sustituir
el régimen legal aplicable y generar incrementos injustificados, aun cuando la
asignación ya había sido ajustada por el sistema de oscilación.
26. Cuestionó, irregularidades en la audiencia inicial, por haberse aceptado una
liquidación sin suficiente debate probatorio, lo que —a su juicio— afectó el derecho
de defensa. Sostuvo que el pago se efectuó conforme al régimen legal y que la
reliquidación desconoce el principio de igualdad al otorgar beneficios superiores a
otros afiliados en condiciones similares.
27. Manifestó que la decisión compromete la sostenibilidad fiscal y configura un
enriquecimiento sin causa, al generar incrementos desproporcionados —como el
aumento del 63,32 % en la asignación— sin respaldo legal, lo que afecta los
recursos públicos y desnaturaliza el sistema pensional aplicable. En sustento de
ello, indicó que la aplicación de la fórmula ordenada elevó la asignación de retiro de
$3.666.706 a $5.988.453, lo que representa un incremento de $2.321.747,
equivalente al 63,32 %, situando la prestación en el 163,32 % de su valor inicial y
aproximándola, indebidamente, al nivel de una asignación propia de un suboficial.
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Contestación a la acción de revisión
28. El señor Luis Alejandro Vargas Barrerao4 sostiene que no se acredita un
exceso objetivo en la cuantía de la prestación reconocida ni un error aritmético
verificable o directo. Que tampoco se confronta el valor reconocido con un
parámetro legal cierto y cuantificado, por lo que los argumentos del recurso se
limitan a discrepancias jurídicas e interpretativas propias del fondo del asunto,
ajenas al ámbito del recurso extraordinario de revisión.
29. Que, en realidad, CASUR pretende reabrir el debate en torno al título ejecutivo,
la metodología de liquidación y decisiones ya ejecutoriadas, a pesar de que la
situación se encuentra amparada por la cosa juzgada en distintos niveles judiciales:
(i) la sentencia del 17 de febrero de 2015; (ii) la providencia del 19 de septiembre
de 2022; y (iii) el auto del 16 de diciembre de 2024, mediante el cual se aprobó la
liquidación del crédito, sin que se hubieran interpuesto recursos por parte de
CASUR. A ello se suma que la acción de tutela promovida fue negada y no
seleccionada para revisión por la Corte Constitucional, lo que refuerza la
inmutabilidad de las decisiones adoptadas.
30. Adujo que CASUR expidió los actos de cumplimiento y efectuó el pago
correspondiente, con lo cual consolidó una situación jurídica a su favor, por lo que
resultan aplicables los principios de actos propios y confianza legítima.
31. En cuanto al desprendible de nómina de agosto de 2025, dijo que este no refleja
un incremento permanente, pues la suma de $5.988.453 corresponde a la
asignación mensual reconocida, mientras que el valor adicional de $7.193.514
obedece exclusivamente a retroactivos e intereses derivados del cumplimiento
tardío del fallo, según la liquidación expedida por la entidad. En consecuencia, indicó
que se trata de un pago excepcional de carácter retroactivo y no de un aumento
permanente de la asignación de retiro.
Concepto del Ministerio Público
32. La Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado conceptuó 5 que,
de conformidad con la causal invocada, únicamente son susceptibles de revisión las
sentencias judiciales ejecutoriadas que declaran un derecho y reconocen una
pensión en cuantía superior a la legalmente debida, mas no aquellas decisiones
proferidas en el marco de procesos ejecutivos que se inician con fundamento en
dichas sentencias, las cuales son aducidas como título ejecutivo.
33. Que el recurso extraordinario de revisión debía dirigirse contra el título ejecutivo,
esto es, la sentencia proferida el 17 de febrero de 2015 por el Juzgado Primero
Administrativo Oral del Circuito de San Gil, por cuanto fue en esta providencia en la
que se ordenó la reliquidación de la asignación de retiro del señor Luis Alejandro
Vargas Barrera y se dispuso, en los términos del artículo 20, literal b) de la Ley 797
de 2003, el correspondiente reconocimiento pensional.
4 La parte demandada radicó memorial el 10 de febrero de 2026. Véase índice 00019 de SAMAI.
5 Véase índice 00021 de SAMAI. Concepto 079 de 19 de febrero de 2026.
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34. Afirmó que ante la inadecuada defensa técnica ejercida por CASUR por no
apelar la sentencia del 17 de febrero de 2015 ni promover oportunamente el recurso
extraordinario de revisión dentro del término legal, compulsaría copias a las
autoridades competentes para que se investigaran la eventual responsabilidad
disciplinaria y fiscal por la afectación al patrimonio público.
35. Se decidirá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
36. Corresponde a la Sala determinar si la sentencia proferida el 19 de diciembre
de 2022 por el Tribunal Administrativo de Santander, en el marco de un proceso
ejecutivo, incurrió en la causal de revisión prevista en el literal b) del artículo 20 de
la Ley 797 de 2003, por haber dado lugar —según lo afirma CASUR— a una
reliquidación de la asignación de retiro contraria al ordenamiento jurídico, derivada
de la indebida interpretación del título ejecutivo.
37. Para el efecto, la Sala hará referencia a: i) Generalidades de la acción especial
de revisión, ii) Causal de revisión invocada; iii) Caso concreto.
Generalidades de la acción especial de revisión
38. El artículo 20 de la Ley 797 del 29 de enero de 20031 habilitó al Gobierno para
que por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, del contralor general de la República o del procurador
general de la Nación, así como las entidades que realizan el reconocimiento de
pensiones6 formularan la revisión de las providencias judiciales que imponen al
tesoro o a fondos de naturaleza pública el cubrimiento de sumas periódicas o
pensiones de cualquier naturaleza.
39. Así, el legislador creó este mecanismo extraordinario para las condenas
emitidas exclusivamente por sumas periódicas o pensiones o los emolumentos que
se le asemejen, dada la afectación sustancial que con éstas se genera en las
finanzas públicas en el caso de ser ordenadas desconociendo la normatividad y
jurisprudencia aplicable, lo cual excluye otros conceptos, así sean conexos al
derecho pensional.
40. Conviene precisar que, está acción tal como el recurso extraordinario de
revisión tiende a invalidar los efectos jurídicos de una sentencia que ya se encuentra
ejecutoriada, por eso se presenta como una excepción al principio de la cosa
juzgada.
41. Aunque es cierto que la acción de revisión contemplada por el artículo 20, por
expresa disposición legal se rige por el procedimiento establecido para el recurso
extraordinario de revisión, al interior de la jurisdicción contenciosa administrativa ha
6 Corte Constitucional, Sentencia SU-427 de 2016. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
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sido considerada como un mecanismo especial7 por al menos tres razones: la
calificación en quien está habilitado para ejercer la acción, su finalidad y las
causales para su procedencia.
42. Luego, la intención para la que fue creada la norma fue contrarrestar los graves
casos de corrupción e impactos fiscales en el erario por los reconocimientos
pensionales, salvaguardando el equilibrio entre la prestación y su legalidad, además
de velar por la protección de los recursos limitados del Tesoro, la liquidez, solvencia
y sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social8, así como el principio de
universalidad que lo inspira9 y no la de reabrir un nuevo debate probatorio.
Causal de revisión contemplada en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de
2003
43. La Ley 797 de 2003 consagró dos causales de revisión, a saber: i) la prevista
en el literal a), que se configura cuando se acredita la violación del debido proceso
en el reconocimiento pensional, y ii) la establecida en el literal b), según la cual
procede la revisión cuando «la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido
de acuerdo con la ley, el pacto o la convención colectiva que le eran legalmente
aplicables».
44. En este sentido, este mecanismo extraordinario se instituyó no solo como un
instrumento orientado a la lucha contra la corrupción, sino también como una
herramienta destinada a salvaguardar el interés general, al detener o armonizar con
la ley el pago de pensiones reconocidas en exceso, bien sea por error, ignorancia
o desconocimiento del funcionario judicial o administrativo de las disposiciones
reguladoras de la pensión, o ya sea por adoptarse una interpretación indefendible
o desconectada de la jurisprudencia consolidada de los máximos tribunales de
cierre.
45. Acerca de la segunda causal contenida en el literal b), la exposición de
motivos del proyecto que direccionó la expedición de la Ley obedeció precisamente
a la necesidad «[…] de construir esquemas sociales solidarios, financieramente
viables y sostenibles en el tiempo, y, equitativos para todos los ciudadanos […]» 10.
46. Según lo expuesto, se procede a resolver la controversia a la luz de dichos
parámetros.
7 Para tales efectos esta Corporación en providencia del 27 de marzo de 2014, Exp. 11001-03-25-000-2012-
00561-00 (2129-12), C.P. Gerardo Arenas Monsalve, estableció: «es claro que las particularidades de la “acción
especial de revisión” previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, le otorgan una entidad propia, que se
refleja principalmente en legitimación por activa que se concede al Gobierno Nacional y a los mecanismos de
control –Contraloría y Procuraduría- para promover la revisión, quienes eran terceros en el proceso ordinario
cuya revisión se permite, pero que se facultan para accionar con el objeto de proteger el patrimonio público, con
el fin de obtener la viabilidad financiera del sistema pensional […]».
8 Esta Corporación ha señalado que consiste en dotar «(...) a las entidades públicas pagadoras de pensiones
y a los entes de control, de una herramienta judicial para solicitar la corrección de los reconocimientos
pensionales que se encuadren en dichas causales (…)». Ibidem.
9 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala Cuarta Especial de Decisión. Sentencia
del 1.° de agosto de 2017. Exp. 11001-03-15-000-2016-02022-00 (REV). C.P. Lucy Jeannette Bermúdez
Bermúdez.
10 http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=7222
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Caso concreto
47. El reproche de CASUR se centra en que la autoridad judicial habría aplicado
indebidamente el artículo 140 del Decreto 1212 de 199011 para continuar con la
ejecución, al avalar una reliquidación de la asignación de retiro del señor Luis
Alejandro Vargas Barrera , ordenada por el Juzgado Primero Administrativo de San
Gil mediante sentencia del 17 de febrero de 201512, que —según afirma— no
corresponde a su grado de Agente del Nivel Ejecutivo, pues se tomó como referente
el valor de un General y se aplicaron criterios como el IPC y un porcentaje del
18,7179 %, en lugar de la partida básica del grado «Agente AG».
48. En ese sentido, considera la Sala que los supuestos fácticos y jurídicos
invocados por el ente previsional no se encuadran dentro de la causal invocada,
puesto que no se dirigen propiamente contra el reconocimiento de un derecho
pensional en cuantía superior a la legalmente debida, sino contra la interpretación y
los efectos jurídicos derivados del título ejecutivo que sirvió de base a la ejecución.
En efecto, la entidad cuestiona la claridad, exigibilidad y legalidad de la sentencia del
17 de febrero de 2015, así como la forma en que fue ejecutada por el juez,
planteando inconformidades relacionadas con la combinación de criterios de
liquidación, la supuesta falta de congruencia y la indebida valoración probatoria.
49. De conformidad con el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, la revisión
procede únicamente cuando una providencia judicial reconoce un derecho pensional
en cuantía superior a la que legalmente corresponde. Esto supone la concurrencia
de tres elementos: «i) que se trate de un derecho debido de acuerdo con la ley, esto
es, que efectivamente se haya causado a favor del interesado el derecho reclamado;
ii) que este último haya sido reconocido mediante una providencia judicial, transacción
o conciliación judicial o extrajudicial; iii) y que exista un exceso en la cuantía reconocida
frente a ese derecho»13.
50. Ninguno de estos presupuestos se acredita respecto de la sentencia objeto de
revisión. En efecto, la providencia del Tribunal Administrativo de Santander no
reconoció un derecho pensional ni modificó su cuantía, sino que se limitó a ordenar
la continuación de la ejecución de un título previamente definido por otra autoridad
judicial, al constatar el incumplimiento de lo allí dispuesto.
51. Para la Sala no es posible predicar un exceso en el reconocimiento del derecho,
sino, en todo caso, un desacuerdo con lo ordenado en la sentencia que sirvió como
11 BASES DE LIQUIDACION. A partir de la vigencia del presente decreto, al personal de oficiales y suboficiales
de la Policía Nacional que sea retirado del servicio activo se le liquidará las prestaciones sociales unitarias y
periódicas sobre las siguientes partidas, así: 1. Sueldo básico 2. Prima de actividad en los porcentajes previstos
en este estatuto 3. Prima de antigüedad 4. Prima de oficial diplomado en academia superior de Policía, en las
condiciones indicadas en este estatuto. 5. Duodécima (1/12) parte de la prima de navidad 6. Prima de vuelo en
las condiciones establecidas en este decreto 7. Gastos de representación para oficiales 8. Subsidio familiar. En
caso de las asignaciones de retiro y pensiones, se liquidará conforme a lo dispuesto en el artículo 82 de este
estatuto, sin que el total por este concepto sobrepase el cuarenta y siete por ciento (47%) del respectivo sueldo
básico. Parágrafo. Fuera de las partidas específicamente señaladas en este artículo, ninguna de las demás
primas, subsidios, auxilios y compensaciones consagradas en este estatuto, serán computables para efectos
de cesantías, asignaciones de retiro, pensiones, sustituciones pensionales y demás prestaciones sociales.
12 Título ejecutivo.
13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 6
de mayo de 2021. Exp: 11001-03-25-000-2018-00748-00 (2720-2018). C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
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título ejecutivo, la cual no era objeto de análisis en la instancia de ejecución. En
consecuencia, los cuestionamientos que debía resolver el Tribunal se circunscribían
a verificar el pago de la obligación y la procedencia de la condena en costas, tal como
en efecto lo hizo.
52. En esa medida, la inconformidad de CASUR se contrae a cuestionar el alcance
y contenido del título ejecutivo —esto es, el contenido de la sentencia del 17 de
febrero de 2015 proferida por el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de
San Gil—, providencia en la cual se ordenó la reliquidación de la asignación de retiro
y se materializó el reconocimiento pensional. Era, entonces, frente a dicha decisión
que procedía el recurso extraordinario de revisión con los argumentos que hoy
pretende exponer, y no respecto de la sentencia dictada dentro del proceso ejecutivo
que se limitó a hacerla cumplir, tal como lo señaló el agente del Ministerio Público.
53. Debe resaltarse que el juez de la ejecución no está llamado a reabrir el debate
propio del proceso declarativo, máxime cuando este se encuentra amparado por la
cosa juzgada y no fue oportunamente controvertido a través de los mecanismos
procesales previstos para ello. Permitir lo contrario implicaría desconocer los
principios de seguridad jurídica y confianza legítima.
54. En consecuencia, al no dirigirse el reproche contra una providencia que
reconozca un derecho pensional en exceso de lo debido, sino contra los efectos
derivados de la ejecución de un título contenido en una sentencia judicial, la Sala
concluye que no se configura la causal de revisión prevista en el literal b) del artículo
20 de la Ley 797 de 2003, razón por la cual deberá declararse infundada la acción.
Condena en costas
55. Dado que esta Sección14 ha señalado que el mecanismo previsto en el artículo
20 de la Ley 797 de 2003 busca la prevenir eventuales detrimentos al Tesoro y la
garantía de la sostenibilidad financiera del sistema pensional, la Sala, con
fundamento en el artículo 188 del CPACA, se abstendrá de imponer condena en
costas, en la medida en que la actuación estuvo orientada a controvertir una
providencia judicial en defensa del interés público.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. DECLARAR INFUNDADA la acción especial de revisión interpuesta por
CASUR en contra la sentencia proferida el diecinueve (19) de septiembre de dos
14 Entre otras, véase: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección
A. Sentencia del 24 de junio de 2021. Exp. 11001-03-25-000-2018-00943-00. C.P. William Hernández Gómez.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 23
de junio de 2022. Exp. 11001-03-25-000-2019-00224-00. C.P. William Hernández Gómez. Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 4 de agosto de 2022,
Exp. 11001-0325-000-2020-00026 CO (0026-2020). C.P. Gabriel Valbuena Hernández.
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Radicado: 11001-03-25-000-2025-00572-00 (3612-2025)
mil veintidós (2022) por el Tribunal Administrativo de Santander, de conformidad
con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
Segundo. Sin condena en costas.
Tercero. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente ejecutivo al
despacho de origen, háganse las anotaciones pertinentes en el sistema informático
SAMAI y ARCHÍVESE el expediente de la acción especial de revisión.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
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JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
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