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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2026-00123-00

Fecha
11 de junio de 2026
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2026-00123-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión interpuesto por los señores John Jairo Valdés Colorado y Ruby Magdalena Zapata Ortiz contra la sentencia proferida el catorce (14) de febrero de dos mil veinticinco (2025) por el Tribunal Administrativo de Antioquia, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Segundo. CONDENAR en costas a la parte demandante en favor de la demandada, las cuales se liquidarán por la Secretaría de la Sección. Tercero. Para la fijación de las agencias de derecho, por Secretaría INGRESAR el expediente al despacho del magistrado ponente para lo de su competencia. Cuarto. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente de nulidad y restablecimiento del derecho al despacho de origen y HÁGANSE las anotaciones pertinentes en el sistema informático SAMAI. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2026-00123-00

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

11 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Once (11) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
Radicación: 11001-03-25-000-2026-00123-00 (0444-2026)
Demandante: Ruby Magdalena Zapata Ortiz y otro
Demandado: Nación- Ministerio de Defensa- Ejército Nacional

Temas: Causal quinta del artículo 250 de CPACA. Falta de
motivación. Naturaleza y alcance del recurso extraordinario de
revisión. De la improcedencia de replantear la valoración
probatoria. DECLARA INFUNDADO.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide el recurso extraordinario de revisión interpuesto1 por los señores
John Jairo Valdés Colorado y Ruby Magdalena Zapata Ortiz contra la sentencia
proferida el catorce (14) de febrero de dos mil veinticinco (2025) por el Tribunal
Administrativo de Antioquia2, para lo cual se invocó la causal del numeral quinto del
artículo 250 del CPACA.

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

1. Que su hijo, Gerónimo Valdés Zapata, se incorporó al Ejército Nacional el 11 de
octubre de 2018, en la Cuarta Brigada, para prestar el servicio militar obligatorio
durante un período de 18 meses como soldado regular.

2. Indicaron que hizo parte del contingente 4C-2018 del Batallón de Infantería n.º
11 «Cacique Nutibara» y que, aunque inicialmente fue incorporado por 18 meses,
prestó sus servicios al Estado durante 21 meses.

3. Manifestaron que el 10 de agosto de 2019 le fue diagnosticado el síndrome de
inmunodeficiencia adquirida, identificado con el código B24X, razón por la cual
recibió atención médica por parte del Ejército Nacional. No obstante, sostuvieron
que, pese a que su licenciamiento había sido aplazado debido al tratamiento
requerido por su condición de salud, fue desvinculado del sistema de salud.

4. Señalaron que el 28 de enero de 2021, cuando se encontraba en el municipio de
La Plata, departamento del Huila, ingresó en estado grave al hospital local y falleció

1 La presentación del recurso se efectuó el 17 de febrero de 2026. Véase índice 00001 del aplicativo SAMAI.
2 Decisión que confirmó la sentencia proferida el 8 de julio de 2024 por el Juzgado Sexto Administrativo de
Medellín en la cual se negaron las pretensiones.

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al día siguiente, sin que se le hubiera practicado la correspondiente Junta Médico-
Laboral ni definido su situación militar, porque se encontraba pendiente la
calificación de su estado de salud.

5. Que, en su condición de padres y aduciendo dependencia económica respecto
de su hijo, solicitaron al comandante general de las Fuerzas Militares el
reconocimiento de la pensión de sobrevivientes; petición fue negada mediante el
acto administrativo RS20220929MDN-DM-VVGSESD-DIVRI-PS011280-MDN-
DVGSEB-DIVRI del 29 de septiembre de 2022.

6. Que ejercieron el medio de control de nulidad y restablecimiento, con el fin de
que se declarara la nulidad del referido acto y, como consecuencia de ello, el
reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes a su favor.

7. Que el Juzgado Sexto Administrativo de Medellín, mediante sentencia del 8 de
julio de 2024, negó las pretensiones al considerar que el fallecimiento se produjo
como consecuencia de una enfermedad de origen común y no por causa directa o
indirecta de la prestación del servicio militar; decisión fue confirmada por el Tribunal
Administrativo de Antioquia al desatar el recurso de apelación por ellos interpuesto.

SENTENCIA OBJETO DE REVISIÓN

8. Mediante sentencia del 14 de febrero de 2025, el Tribunal Administrativo de
Antioquia confirmó la decisión de primera instancia, para lo cual expresó que fue
solo con la expedición de la Ley 447 de 1998 que se estableció una pensión vitalicia
a favor de los beneficiarios de quienes fallecieran durante la prestación del servicio
militar obligatorio, siempre que la muerte ocurriera en combate, como consecuencia
de la acción del enemigo, en conflicto internacional o en operaciones de
conservación o restablecimiento del orden público. Esta regulación fue reiterada por
el artículo 34 del Decreto 4433 de 2004, que mantuvo el reconocimiento de dicha
prestación en los mismos supuestos.

9. Señaló que la jurisprudencia de esta Corporación ha sostenido que la norma
aplicable para determinar el derecho a la pensión de sobrevivientes es aquella
vigente al momento del fallecimiento del causante. En tal sentido, citó la sentencia
de unificación del 12 de abril de 2018 (Exp. [1321-15]) que estableció que, en
aplicación del principio de favorabilidad previsto en el artículo 288 de la Ley 100 de
1993, los beneficiarios de los conscriptos fallecidos en simple actividad pueden
acceder a la pensión de sobrevivientes regulada en los artículos 46, 47 y 48, la cual
debe aplicarse integralmente en cuanto al monto de la prestación, el ingreso base
de liquidación y el orden de beneficiarios.

10. Con fundamento ello, adujo que no resultaban aplicables la Ley 447 de 1998 ni
el Decreto 4433 de 2004, por cuanto el causante no falleció durante la prestación
del servicio militar sino con posterioridad a su desacuartelamiento. En
consecuencia, consideró que el asunto debía examinarse a la luz del régimen
general contenido en la Ley 100 de 1993, a la luz de la reivindicación de la incidencia
que tiene la prestación del servicio militar obligatorio para efectos pensionales y la
prevalencia del principio de favorabilidad en materia laboral.

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11. Bajo ese análisis, encontró acreditado que el causante había prestado el
servicio militar obligatorio durante 1 año y 4 meses, equivalentes a 64 semanas, las
cuales podían computarse para satisfacer el requisito de semanas exigido por los
artículos 46 a 48 de la Ley 100 de 1993 (50 semanas durante los últimos 3 años
anteriores al fallecimiento).

12. No obstante, determinó que los demandantes no acreditaron el requisito de
dependencia económica exigido para acceder a la pensión de sobrevivientes. Al
respecto, dijo que, de conformidad con la jurisprudencia del Consejo de Estado y de
la Corte Constitucional, la dependencia económica no implica la carencia absoluta
de ingresos, sino la ausencia de condiciones materiales suficientes para garantizar
una subsistencia digna, de manera que la muerte del causante genere una
afectación real de las condiciones mínimas de vida de los beneficiarios.

13. Sin embargo, encontró que la única prueba aportada para demostrar tal
circunstancia fue una declaración extrajuicio del 4 de marzo de 2021 rendida por
dos vecinos, quienes manifestaron que el causante trabajaba informalmente y
contribuía a los gastos económicos de sus padres. De ahí que consideró que dicho
medio de prueba era insuficiente, pues los declarantes no precisaron en qué
consistía concretamente el apoyo económico brindado por el causante, ni su monto,
periodicidad o forma de entrega. Igualmente, resaltó que, aunque señalaron que el
padre era empleado, no suministraron información acerca de sus ingresos ni
permitieron establecer si estos resultaban insuficientes para garantizar su propia
subsistencia y la de su núcleo familiar.

14. Por ello, concluyó que no existían elementos de convicción que permitieran
inferir que los padres carecían de recursos suficientes para sostenerse por sí
mismos, que dependieran materialmente de los aportes efectuados por su hijo o
que la ausencia de tales contribuciones hubiera comprometido o puesto en riesgo
sus condiciones mínimas de subsistencia.

RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

15. Los recurrentes invocaron la causal prevista en el numeral 5 del artículo 250 del
CPACA, en concordancia con el numeral 5 del artículo 133 del CGP, al considerar
que la sentencia de segunda instancia fue proferida con desconocimiento del debido
proceso.

16. Sostuvieron que el proceso se decidió a través de sentencia anticipada, sin que
se agotaran etapas procesales que estimaban indispensables para esclarecer los
hechos relevantes del litigio, particularmente la audiencia inicial y la de práctica de
pruebas orientadas a demostrar la dependencia económica de los demandantes
respecto de su hijo fallecido.

17. Afirmaron que, pese a haberse aportado declaraciones extrajuicio que daban
cuenta del apoyo económico brindado por Gerónimo Valdés Zapata a sus padres,
dichas pruebas no fueron ratificadas ni complementadas mediante interrogatorios o
actuaciones que permitieran aclarar los aspectos que el Tribunal consideró
insuficientemente acreditados. En su criterio, si existían dudas acerca de la forma,

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periodicidad o alcance de dicha ayuda económica, estas debieron despejarse a
través de la práctica de pruebas de carácter oficioso y no convertirse en fundamento
para negar el reconocimiento pensional.

18. Consideran que la decisión cuestionada incurrió en una valoración
excesivamente formalista de la prueba, al exigir la acreditación de montos o cifras
específicas del apoyo económico suministrado por el causante, desconociendo que
la dependencia económica no exige una demostración matemática ni una situación
de carencia absoluta de ingresos. Agregaron que la sentencia desconoció los
principios de favorabilidad, condición más beneficiosa, igualdad y prevalencia del
derecho sustancial, así como sus derechos a la seguridad social, al mínimo vital y
a la vida en condiciones dignas.

19. Sostuvieron que el Tribunal omitió considerar que la situación militar del
causante no había sido definida de manera definitiva al momento de su
desvinculación, pues estaban pendientes actuaciones relacionadas con la
valoración de su estado de salud. En tal sentido, afirmaron que, dada la gravedad
de la enfermedad que padecía, resultaba aplicable el principio de continuidad en la
prestación del servicio y en la atención médico-asistencial, por lo que calificaron
como irregular su desacuartelamiento y posterior desafiliación del sistema de salud
de las Fuerzas Militares.

20. Manifestaron que dicha situación obligó a los padres y demás familiares a
asumir los gastos asociados al sostenimiento y tratamiento médico de Gerónimo
Valdés Zapata, lo que, en su criterio, demuestra la existencia de una relación de
ayuda mutua y dependencia económica recíproca dentro del núcleo familiar.
Añadieron que, si bien durante la prestación del servicio militar el causante
contribuía económicamente al hogar con la compensación que recibía,
posteriormente fueron sus padres quienes debieron apoyarlo económicamente ante
la pérdida de la cobertura en salud y la imposibilidad de acceder a un empleo
estable.

21. Alegaron que la sentencia desconoció precedentes judiciales del Consejo de
Estado relativos al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a favor de
familiares de conscriptos fallecidos en simple actividad, así como la posición de
garante que asume el Estado respecto de quienes prestan el servicio militar
obligatorio. En su criterio, el Ejército Nacional incumplió los deberes especiales de
protección derivados de dicha condición al desvincular al causante sin que se
hubiera definido integralmente su situación médico-laboral y sin garantizar la
continuidad de la atención requerida por su enfermedad.

22. Que el Tribunal reconoció la posibilidad de que los demandantes ostentaran la
condición de beneficiarios, pero negó la prestación por considerar insuficiente la
prueba de la dependencia económica. A su juicio, esta conclusión carece de una
adecuada motivación, pues las declaraciones aportadas daban cuenta de que el
causante apoyaba económicamente a sus padres durante la prestación del servicio
militar obligatorio.

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Contestación al recurso extraordinario de revisión

23. La Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional3 sostiene que la
presunta omisión probatoria se originó exclusivamente en la primera instancia, toda
vez que el Juzgado mediante providencia del 22 de junio de 2023, dispuso la
aplicación del artículo 182A del CPACA y profirió sentencia anticipada al tratarse de
un asunto de puro derecho. En dicha decisión se fijó el litigio, se decretaron pruebas
documentales, se corrió traslado de estas y se concedió término para alegatos de
conclusión, sin que la parte actora interpusiera recurso alguno ni solicitara en ese
momento el decreto o práctica de pruebas adicionales, como la ratificación de las
declaraciones extrajuicio.

24. Afirma que, en consecuencia, no es procedente reabrir una etapa probatoria ya
concluida, máxime cuando en segunda instancia tampoco se solicitó el decreto de la
prueba cuya omisión ahora se alega. Agrega que, conforme al artículo 167 del Código
General del Proceso, la carga de la prueba de la dependencia económica recaía
exclusivamente en los demandantes, quienes debían acreditar el supuesto de hecho
de la norma que invocan.

Concepto del Ministerio Público

25. La Procuraduría Segunda Delegada ante esta Corporación no rindió concepto.

Se decidirá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

26. Corresponde a la Sala determinar si procede la revisión de la sentencia del 14
de febrero de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia
considerando la causal invocada por los recurrentes.

27. Para el efecto, la Sala estudiará: i) Generalidades del recurso extraordinario de
revisión, ii) Causales de revisión invocadas y iii) Caso concreto.

Generalidades del recurso extraordinario de revisión

28. El recurso extraordinario de revisión es un mecanismo procesal de control de
las decisiones que han hecho tránsito a cosa juzgada4. En los términos del artículo
248 del CPACA:

«Artículo 248. El recurso extraordinario de revisión procede contra las
sentencias ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala
de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por los Tribunales
Administrativos y por los jueces administrativos».

3 Véase índices 00009 y 00011 de SAMAI.
4 El artículo 248 del CPACA señala: «El recurso extraordinario de revisión procede contra las sentencias
ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado, por los Tribunales Administrativos y por los jueces administrativos».

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29. El objetivo principal de esta vía extraordinaria es invalidar los efectos de una
sentencia ya ejecutoriada5. De acuerdo con las causales establecidas en el artículo
250 del CPACA, busca restaurar el principio de justicia material y la supremacía de
las garantías procesales cuando se constate que la decisión estuvo afectada por
alguno de los siguientes eventos:

i) Aparición de circunstancias desconocidas al momento de dictar el fallo, las cuales,
de haber sido conocidas, habrían llevado a una sentencia diferente6.
ii) Descubrimiento de hechos delictivos o fraudulentos que fueron determinantes en
la adopción de la sentencia que se pretende anular7.
iii) Existencia de nulidades originadas en la sentencia que puso fin al proceso y que
no podían ser objeto de recurso de apelación.
iv) Contradicciones de la sentencia con otra anterior que constituya cosa juzgada8.

30. Si bien la revisión constituye una vía que afecta el principio de la inmutabilidad de
las sentencias ejecutoriadas y, por ende, es una excepción al principio de la cosa
juzgada, ello no implica que sea un mecanismo que habilite una tercera instancia para
discutir los problemas jurídicos debatidos en sede ordinaria, para plantear nuevas
interpretaciones del litigio, para corregir los yerros probatorios que cometieron las
partes o para subsanar aquellas situaciones que pudieron evitarse durante la gestión
del proceso que dio origen a la sentencia objeto de revisión.

31. En efecto, para que el juez pueda entrar a examinar la controversia materia del
recurso, es necesario que la causal invocada por la recurrente se encuentre
debidamente acreditada, pues como lo ha establecido la Sala Plena de esta
Corporación este mecanismo extraordinario procede por especiales circunstancias
consagradas taxativamente en la ley9.

Causal quinta de revisión

32. El numeral 5 del artículo 250 del CPACA dispone que es causal de revisión el
hecho de que exista «[…] nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso
y contra la que no procede recurso de apelación […]». De allí que, para que resulte
procedente la causal en mención, debe existir una sentencia ejecutoriada que ponga
fin al proceso. Además, contra esta decisión no puede proceder recurso de
apelación, pues de ser así este sería el medio idóneo para poner de presente
cualquier vicio en que hubiera incurrido la providencia.

5 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 15

de marzo de 2018. Exp. 11001-03-25-000-2014-00862-00 (2668-2014). C.P. William Hernández Gómez.
6 Como la aparición de documentos esenciales que no pudieron ser aportados por fuerza mayor o caso fortuito,

la existencia de un tercero con mejor derecho que el beneficiado con la sentencia cuestionada o la desaparición,
al momento del reconocimiento, de las razones que justificaban que se hubiera decretado la prestación
periódica.
7 Como el hallazgo de documentos falsos o adulterados, peritajes fraudulentos, o la ocultación de documentos

relevantes por alguna de las partes. Esto incluye también la posible influencia de cohecho o violencia en la
emisión del fallo.
8 De acuerdo con la clasificación presentada en Garzón Martínez, Juan Carlos (2021). Proceso contencioso

administrativo. Fase escrita – Fase oral. 2° Edición. Grupo editorial Ibañez (2° Ed. pp. 612-613)
9 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala Veintitrés Especial de Decisión.

Sentencia del 1 de octubre de 2019. C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera.

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33. Es preciso que la nulidad se desprenda de la sentencia objeto de revisión, es
decir, que el vicio debe estructurarse en el momento procesal en que se profiere la
decisión judicial pues, de generarse por una situación ocurrida con anterioridad que
no fue oportunamente alegada, procedería su saneamiento. No obstante, la
jurisprudencia de esta Corporación ha aceptado como nulidad originada en la
sentencia la que, a pesar de presentarse en un momento previo a la emisión del
fallo, no pudo ser advertida por el afectado, quien tiene la carga procesal de
demostrar esta circunstancia10.

34. La causal de nulidad contemplada en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA
se configura cuando (i) ocurre alguna de las causales expresamente previstas en el
artículo 133 del Código General del Proceso (CGP) 11 o (ii) cuando se presentan
irregularidades insaneables que vulneran de manera sustancial el derecho al debido
proceso12, al punto de que, de no haberse producido, la decisión judicial habría sido
distinta.

35. A modo meramente enunciativo, la jurisprudencia ha indicado que dicha causal
se estructura, entre otros eventos, cuando el fallo:

«(i) es inhibitorio; (ii) se profiere sin motivación alguna; (iii) transgrede el
principio de la non reformatio in pejus; (iv) condena a un tercero que no ha sido
vinculado como parte al proceso; (v) se pronuncia sobre aspectos que no le
corresponden, esto es, sin competencia o jurisdicción, según el caso; (vi) se
profiere en un proceso que había terminado por desistimiento, transacción o
perención; (v) no cuenta con el número de votos requerido para su aprobación
y (vi) desconoce el principio de congruencia bien sea por una condena extra,
ultra o infra petita»13.

36. Además de las hipótesis expresamente reconocidas por la jurisprudencia, esta
Corporación ha admitido que pueden presentarse otros supuestos no previstos de
manera expresa en los códigos procesales que den lugar a la nulidad de la
sentencia, siempre que tales eventos deriven de la vulneración directa del artículo
29 de la Constitución Política. No obstante, ha precisado que dicha conclusión no
opera de manera automática, pues en estos eventos resulta necesario efectuar un
examen material de la irregularidad alegada. En ese sentido, ha señalado que:

10 Al respecto pueden consultarse las sentencias proferidas por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo

el 3 de diciembre de 2019 (Sala Tercera Especial de Decisión; radicación 11001-03-15-000-2018-01235-00) y
el 3 de diciembre de 2019 (Sala Séptima Especial de Decisión; radicación: 11001-03-15-000-2012-00643-00).
11 Consejo de Estado. Sala Veintiséis Especial de Decisión. Sentencia del 3 de febrero de 2015. Exp. 11001-

03-15-000-1998-00157-01. C.P. Olga Mélida Valle de De La Hoz; Sala Veintiséis Especial de Decisión.
Sentencia del 3 de febrero de 2015. Exp. 11001-03-15-000-2011-01639-00. C.P. Olga Mélida Valle de De La
Hoz; y Sala Veintidós Especial de Decisión. Sentencia del 2 de febrero de 2016. Exp. 11001-03-15-000-2015-
02342-00. C.P. Alberto Yepes Barreiro
12
La Sala Plena del Consejo de Estado, en diversas providencias, incluyendo la sentencia del 31 de mayo de
2011 (expediente 11001-03-15-000-2008-00294-00), ha señalado otros casos en los que se configura la nulidad
en la sentencia, a saber: «[…] i) falta de jurisdicción o competencia, ii) cuando se dicta nueva sentencia en
proceso terminado normalmente por sentencia firme, iii) cuando sin más actuación se dicta sentencia después
de ejecutoriado el auto por el cual hubiera sido aceptado el desistimiento, aprobada la transacción o declarada
la perención del proceso, iv) cuando se dicta sentencia como única actuación, sin el previo trámite
correspondiente, v) cuando se condena al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido
en la demanda o por causa diferente de la invocada en ésta, vi) cuando se condena a quien no ha sido parte
en el proceso, vii) o cuando, sin más actuación, se profiere sentencia después de ocurrida cualquiera de las
causas legales de interrupción o de suspensión o, en estos casos, antes de la oportunidad debida, viii) cuando
la sentencia aparece firmada con mayor o menor número de magistrados, o adoptada con un número de votos
diverso al previsto en la ley, ix) cuando la providencia carece completamente de motivación».
13 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Diecinueve Especial de Decisión. Sentencia

del 16 de marzo de 2022. Exp. 11001-03-15-000-2021-00921-00. C.P. William Hernández Gómez.

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«(…) corresponderá al juez determinar si el hecho que se dice contrario a
este derecho puede configurar la causal de revisión en comento,
circunstancia que se deriva de la exigencia de actuar como juez de
constitucionalidad y de convencionalidad en garantía de los derechos
fundamentales de quienes intervienen en un proceso judicial»14 (negrillas y
subrayado fuera del texto original).

37. Para tales efectos, la Corporación ha enfatizado que «(…) no toda
irregularidad tiene la capacidad de afectar la inmutabilidad de la providencia que ha
puesto fin al proceso, sino únicamente aquellas que tengan un carácter
sustancial, en tanto incidan en el sentido de la decisión por comprometer el
núcleo esencial o el contenido constitucionalmente vinculante del derecho al debido
proceso»15.

38. Con todo, la concreción y extensión jurisprudencial de esta causal de revisión a
otros eventos insaneables que implican la violación de derechos constitucionales y
procesales atiende, tal y como lo ha establecido este máximo órgano, a la misma
finalidad del recurso extraordinario de revisión: por un lado, permitir que decisiones
manifiestamente injustas sean examinadas, y por el otro, garantizar el principio de
seguridad jurídica al limitar la procedencia de la causal a situaciones excepcionales
en las que la anomalía sea de tal relevancia constitucional que sin ella el fallo se
hubiera proferido en otro sentido16.

Sobre la motivación de las decisiones judiciales

39. Sobre la motivación de la sentencia, el artículo 187 del CPACA17, prevé:

«Artículo 187.Contenido de la sentencia. La sentencia tiene que ser motivada. En ella
se hará un breve resumen de la demanda y de su contestación y un análisis crítico de
las pruebas y de los razonamientos legales, de equidad y doctrinarios estrictamente
necesarios para fundamentar las conclusiones, exponiéndolos con brevedad y
precisión y citando los textos legales que se apliquen […]».

40. El deber legal de motivar las providencias judiciales es una reafirmación del
principio de legalidad, entendido como el sometimiento del Estado al Derecho. De
allí que no basta con decidir los litigios a cargo de la Jurisdicción, sino que es preciso
explicitar las razones fácticas y jurídicas que fundamentan las decisiones, en los
términos del artículo 187 antecitado, es decir, con brevedad y precisión, para
garantizar los derechos de los usuarios del servicio público de administración de
justicia.

41. En cuanto a la nulidad de la sentencia con ocasión de la ausencia de motivación,
esta Corporación ha considerado:

«En relación con la nulidad originada en la sentencia por ausencia de
motivación, también la jurisprudencia de esta Corporación ha diferenciado la
14 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintisiete Especial de Decisión.

Sentencia del 27 de octubre de 2020. Exp. 11001-03-15-000-2019-02361-00 (REV). CP. Rocío Araújo Oñate.
15 Ibid.
16 En este mismo sentido se puede consultar: Consejo de Estado. Sala Diecinueve Especial de Decisión.

Sentencia del 18 de agosto de 2020. Exp.11001-03-15-000-2017-02369-00. C.P. William Hernández Gómez.
17 En sentido similar puede consultarse el artículo 280 del CGP.

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falta absoluta de motivación de la deficiente o errada y, señala que únicamente
la carencia total de pronunciamiento del juez sobre las razones de hecho o de
derecho que le permiten arribar a una decisión, es motivo de revisión bajo la
causal sexta; que es improcedente con fundamento en dicha causal alegar
situaciones relacionadas con deficiencias en la motivación, con la estimación
errada de los hechos por parte del juez, con las pruebas o las normas jurídicas
aplicadas, con la falta de consideración de alguna de las pruebas etc, porque
de admitir tales reclamaciones se desconocería, abiertamente, el carácter
extraordinario del recurso, convirtiéndolo en otra instancia» (énfasis fuera de
texto)18.

42. En síntesis, para que prospere el cargo de nulidad por falta de motivación solo
es admisible que, efectivamente, la judicatura no haya especificado ninguna razón
para el fallo. No obstante, también la Jurisprudencia ha reconocido la configuración
de la causal de nulidad cuando la decisión «[…] se fundamenta en circunstancias
manifiestamente erróneas, incompletas o de actitudes dolosas»19. Por lo que resulta
más acertado referirse a la causal de nulidad por «carente o errónea motivación»,
como lo ha hecho el Consejo de Estado en recientes oportunidades 20. En cualquier
caso, esto no supone una nueva oportunidad para controvertir la apreciación de los
hechos, las pruebas y las razones expuestas por el fallador

43. Según lo expuesto, se procede a resolver la controversia a la luz de dichos
parámetros.

Caso concreto

44. Los recurrentes sostienen que la sentencia objeto de revisión se encuentra
afectada por una nulidad originada en ella, al considerar que se vulneró su derecho
al debido proceso como consecuencia de la falta de práctica de pruebas que
estiman necesarias para acreditar la dependencia económica y de la valoración que
el Tribunal efectuó de los elementos de convicción obrantes en el expediente.

45. Del análisis del expediente se advierte que el proceso ordinario en primera
instancia fue terminado mediante sentencia anticipada, de conformidad con el
artículo 182A del CPACA. En desarrollo de dicha actuación, mediante auto del 22
de junio de 2023 se fijó el litigio, se decretaron las pruebas documentales
procedentes y se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión. No obstante,
la parte demandante no interpuso recurso alguno contra esa providencia ni solicitó
el decreto o la práctica de medios de prueba adicionales orientados a demostrar los
supuestos fácticos de sus pretensiones21.

18 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 20 de octubre de 2009. Rad.

11001-03-15-000-2003-00133-00. Si bien en la providencia se hace referencia a la causal «sexta», esta
corresponde al artículo 188 del derogado Decreto 1 de 1984 o Código Contencioso Administrativo, norma
vigente para resolver el caso en cuestión.
19 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 26 de agosto de 2021. Rad. 11001-03-

25-000-2017-00852-00.
20 Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección C. Sentencia del 2 de agosto de 2023. Rad. 1101-03-26-

000-2019-00092-00 (64134).
21 Véase el subarchivo digital denominado «13 AutoSentenciaAnticipada», contenido en el archivo digital

«20RECIBEMEMORIAL_OneDrive_20260417zip(.zip) NroActua 13», disponible en el índice 00013 de SAMAI.
Dicha providencia fue notificada por estado el 23 de junio de 2023, sin que en el expediente obre recurso alguno
interpuesto en su contra.

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46. Tampoco obra en el expediente solicitud probatoria alguna formulada en
segunda instancia en el sentido que ahora se plantea. Por ello, no puede acudirse
al recurso extraordinario de revisión para reabrir una etapa probatoria ya agotada ni
para remediar las consecuencias derivadas de la inactividad procesal de la parte
interesada. En efecto, este medio de impugnación no está instituido para suplir la
carga que recae sobre las partes de acreditar los supuestos de hecho de las normas
que invocan de conformidad con el artículo 167 del Código General del Proceso, ni
para corregir la falta de diligencia en el ejercicio de las facultades probatorias
oportunamente previstas por el ordenamiento jurídico.

47. Para la Sala, la circunstancia de que el Tribunal hubiera considerado
insuficientes las declaraciones extrajuicio aportadas para acreditar la dependencia
económica corresponde al ejercicio de la facultad de valoración probatoria y de
dirección del proceso atribuida como juez natural de la causa, y no constituye, por
sí misma, un defecto procesal susceptible de invalidar la sentencia; máxime cuando
la parte contó con las oportunidades procesales para solicitar, aportar y controvertir
las pruebas que estimara pertinentes para acreditar los supuestos fácticos que
sustentaban sus pretensiones.

48. En ese contexto, no se advierte la existencia de una irregularidad sustancial
que comporte una vulneración del debido proceso en los términos del artículo 133
del Código General del Proceso o una afectación directa de las garantías
consagradas en el artículo 29 de la Constitución Política. Por el contrario, los
cuestionamientos formulados se dirigen a controvertir la valoración efectuada por el
Tribunal respecto de los elementos de convicción allegados al proceso y la
conclusión derivada de ellos en torno a la falta de acreditación de la dependencia
económica exigida por el artículo 47 de la Ley 100 de 1993.

49. Tampoco resulta procedente el planteamiento según el cual la autoridad
judicial estaba obligada a decretar de oficio la ratificación de tales declaraciones.
Cabe recordar que, de conformidad con el artículo 213 de la Ley 1437 de 2011, el
juez tiene la facultad de decretar pruebas de oficio, cuando lo estime necesario para
el esclarecimiento de los hechos debatidos. En el presente caso, la autoridad judicial
competente evaluó el acervo probatorio allegado al proceso y concluyó que era
suficiente para emitir una decisión de fondo, sin que tal determinación pueda
calificarse como generadora de una nulidad procesal, menos aún atribuible a la
sentencia misma.

50. De igual manera, la Sala descarta la alegada ausencia de motivación de la
providencia objeto de revisión. Ello porque la jurisprudencia de esta Corporación ha
sostenido que la causal de revisión no se configura cuando la inconformidad recae
sobre la apreciación probatoria o sobre las conclusiones a las que arribó el juzgador,
pues tales cuestionamientos son propios de las instancias ordinarias y no del
recurso extraordinario de revisión. En ese sentido, se ha señalado:

«(…) la jurisprudencia de esta Corporación ha diferenciado la falta absoluta de
motivación de la deficiente o errada y, señala que únicamente la carencia total
de pronunciamiento del juez sobre las razones de hecho o de derecho que le
permiten arribar a una decisión, es motivo de revisión bajo la causal sexta; que
es improcedente con fundamento en dicha causal alegar situaciones

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relacionadas con deficiencias en la motivación, con la estimación errada de los
hechos por parte del juez, con las pruebas o las normas jurídicas aplicadas, con
la falta de consideración de alguna de las pruebas etc, porque de admitir tales
reclamaciones se desconocería, abiertamente, el carácter extraordinario del
recurso, convirtiéndolo en otra instancia» (énfasis fuera de texto)22.

51. Contrario a lo sostenido por los recurrentes, la providencia cuestionada, en los
términos previstos en el artículo 187 del CPACA23, identificó los medios de prueba
aportados, analizó su alcance demostrativo y explicó las razones por las cuales los
estimó insuficientes para acreditar el requisito legal discutido, lo que descarta la
configuración de una nulidad por ausencia o motivación aparente.

52. La Sala advierte también que, bajo la apariencia de una nulidad por falta de
motivación, se pretende reabrir la discusión acerca del mérito demostrativo de las
declaraciones extrajuicio y de la suficiencia del acervo probatorio para acreditar el
requisito previsto en el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, cuestión que fue
expresamente examinada y resuelta en la sentencia objeto de revisión.

53. En consecuencia, al no encontrarse acreditados los presupuestos que
estructuran la causal invocada, la Sala declarará infundado el recurso extraordinario
de revisión.

De la condena en costas

54. De acuerdo con el inciso primero del artículo 188 del CPACA, la regla general es
que, en los procesos de conocimiento de esta jurisdicción, en la sentencia, se
dispondrá sobre la condena en costas.

55. Con la expedición de la Ley 2080 de 2021, se modificó el artículo 255 del CPACA
en cuanto a la condena en costas en el marco del recurso extraordinario de revisión,
en los siguientes términos:

«ARTÍCULO 255. Vencido el período probatorio se dictará sentencia.
[…]
Si se declara infundado el recurso, se condenará en costas y perjuicios al
recurrente».

56. Sin embargo, dado que esta disposición no aborda exhaustivamente la regulación
de la condena en costas, es necesario complementarla con lo establecido en el CGP,
el cual se aplica por remisión dispuesta en el artículo 188 del CPACA.

57. Según lo estipulado en el artículo 361 del CGP, las costas están integradas por la
totalidad de las expensas y gastos procesales, así como por las agencias en derecho,
y solo habrá lugar a su imposición de acuerdo con el artículo 365, numeral 8.º ibidem

22 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 20 de octubre de 2009. Rad.

11001-03-15-000-2003-00133-00. Si bien en la providencia se hace referencia a la causal «sexta», esta
corresponde al artículo 188 del derogado Decreto 1 de 1984 o Código Contencioso Administrativo, norma
vigente para resolver el caso en cuestión.
23 «Artículo 187.Contenido de la sentencia. La sentencia tiene que ser motivada. En ella se hará un breve

resumen de la demanda y de su contestación y un análisis crítico de las pruebas y de los razonamientos legales,
de equidad y doctrinarios estrictamente necesarios para fundamentar las conclusiones, exponiéndolos con
brevedad y precisión y citando los textos legales que se apliquen […]».

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«cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su
comprobación».

58. Observa la Sala, para lo que aquí interesa, que en el presente caso se encuentra
acreditada la gestión de la Nación- Ministerio de Defensa Nacional- Ejército
Nacional a través de la defensa ejercida en el escrito de contestación de la demanda,
actuación que por sí sola, constituye una prueba suficiente para fijar, en su favor,
agencias en derecho, ya que demuestra que designó un representante para estar al
tanto del proceso y ejercer la defensa de sus intereses.

59. Para la fijación de agencias en derecho, el Despacho conductor del proceso
dictará un auto posterior, teniendo en cuenta la competencia asignada en el numeral
3 del artículo 366 del Código General del Proceso, una vez quede en firme la
sentencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión
interpuesto por los señores John Jairo Valdés Colorado y Ruby Magdalena Zapata
Ortiz contra la sentencia proferida el catorce (14) de febrero de dos mil veinticinco
(2025) por el Tribunal Administrativo de Antioquia, de conformidad con lo expuesto
en la parte motiva de esta providencia.

Segundo. CONDENAR en costas a la parte demandante en favor de la
demandada, las cuales se liquidarán por la Secretaría de la Sección.

Tercero. Para la fijación de las agencias de derecho, por Secretaría INGRESAR el
expediente al despacho del magistrado ponente para lo de su competencia.

Cuarto. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente de nulidad y
restablecimiento del derecho al despacho de origen y HÁGANSE las anotaciones
pertinentes en el sistema informático SAMAI.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

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