Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2008-00039-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Cosa juzgada: noción. Fundamento normativo
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2008-00039-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-26-000-2008-00039-00
Consejero ponente: Stella Conto Díaz del Castillo
22 de febrero de 2017
ACCIÓN PUBLICA DE NULIDAD - Contra acuerdos expedidos por el Incoder que regulan el contrato de arrendamiento de bienes baldíos ubicados en el Archipiélago de las Islas del Rosario y San Bernardo / COSA JUZGADA - Aplicación de precedente jurisprudencial de la Corporación contenido en proceso con radicación 36317 / NULIDAD CONDICIONADA - Acuerdos números 033 de 2005, 116 y 123 de 2007, artículo 4 del Acuerdo 041 de 2006, inciso segundo del artículo 8 del Acuerdo 033 de 2005 / DECLARATORIA DE NULIDAD - Del artículo 9 del Acuerdo 41 de 2006 por inconstitucionalidad / ACCIÓN PUBLICA DE NULIDAD - Procedencia por vulneración del derecho de acceso a la administración de justicia y extralimitación de funciones
Corresponde a la Sala pronunciarse sobre los cargos de ilegalidad formulados en contra de los artículos i) 6 y 7 de la Resolución n.º 044 de 7 de febrero de 2008, expedida por la Unidad Nacional de Tierras Rurales –UNAT-, referidos al contrato de arrendamiento de predios sobre los cuales se adelanta procedimiento de clarificación de la propiedad, en el Archipiélago de las Islas del Rosario y San Bernardo y los documentos que se deben presentar junto con la solicitud de contrato y ii) 9 del Acuerdo n.º 41 de 24 de enero de 2006, expedido por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural –INCODER-, referido a la renuncia de futuras reclamaciones, judiciales y extrajudiciales, adelantadas por los ocupantes de los predios -proceso 35361-. (…) Así mismo, la Sala deberá resolver los cargos de ilegalidad en contra de la Resolución n.º 044 de 7 de febrero de 2008 y los Acuerdos n.º 033 de 2005, 041 y 084 de 2006; 116 y 123 de 2007 que regulan el contrato de arrendamiento de los bienes baldíos reservados, ubicados en el Archipiélago de las Islas del Rosario y San Bernardo -proceso 36841-. (…) Acorde con los cargos formulados, se desconoce el derecho de acceso a la administración de justicia y la autonomía de la voluntad, pues estaría imponiendo a ocupantes la suscripción de contratos de arrendamiento o “de usufructo (sic)”, al margen de su condición de poseedores o propietarios; aunado al desistimiento de las acciones judiciales emprendidas para hacer valer sus derechos e intereses sobre los predios objeto de clarificación y la renuncia a interponer nuevas acciones, contra toda autoridad pública y por cualquiera que fuere la razón.
FUENTE FORMAL: RESOLUCIÓN 044 DE 2008 - ARTÍCULO 6 / RESOLUCIÓN 044 DE 2008 - ARTÍCULO 7 / ACUERDO 041 DE 2006 - ARTÍCULO 9 / ACUERDO 033 DE 2005 / ACUERDO 084 DE 2006 / ACUERDO 116 DE 2007 / ACUERDO 123 DE 2007
COSA JUZGADA - Noción. Fundamento normativo / COSA JUZGADA - Presupuestos que deben concurrir para su procedencia / COSA JUZGADA - Identidad jurídica de objeto, causa y partes
Los principales fundamentos normativos de la cosa juzgada se encuentran en los artículos 175 del Código Contencioso Administrativo y 332 del Código de Procedimiento Civil, los cuales exigen el cumplimiento de tres requisitos así: i) que los procesos versen sobre el mismo objeto, ii) que tengan la misma causa y iii) que exista identidad jurídica de partes. Esto último ajeno a decisiones de nulidad con efectos erga omnes. NOTA DE RELATORÍA: En relación con la cosa juzgada, consultar sentencias de 5 de marzo de 2009; Exp. 11001-03-24-000-2004-00262-01; CP. Rafael Ostau de Lafont; de 24 de marzo de 2011, Exp. 34396, CP. Olga Melina Valle de De La Hoz; de 25 de julio de 2001, de la Corte Constitucional, Exp. C-774, MP. Rodrigo Escobar Gil.
FUENTE FORMAL: CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL - ARTÍCULO 332 / CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - ARTÍCULO 175
COSA JUZGADA - Objeto, finalidad
La cosa juzgada tiene por objeto que los hechos y conductas que han sido definidas, no vuelvan a ser debatidos. Esto, con la finalidad de garantizar un mínimo de seguridad jurídica entre los asociados y estabilidad propia del orden jurídico. Lo decidido tiene carácter vinculante y obligatorio.
COSA JUZGADA - Formal y material / COSA JUZGADA FORMAL - Decisiones proferidas en providencias que estén debidamente ejecutoriadas no pueden volver a debatirse en el mismo proceso o en otro con igual causa petendi / COSA JUZGADA MATERIAL - Intangibilidad de la sentencia por haberse decidido a plenitud por la jurisdicción la relación objeto y causa de lo solicitado en la demanda
La jurisprudencia y la doctrina han distinguido entre cosa juzgada formal y material. La primera implica que no es posible volver sobre una decisión adoptada en providencia que hubiere quedado ejecutoriada dentro del mismo proceso o en otro en el que se debata la misma causa petendi y pretensión. Esto, en orden a garantizar el acceso a la justicia, pues no se comprende que resuelta una cuestión, en atención a determinada causa, se tenga que volver sobre lo mismo. Y, la segunda, hace alusión a la intangibilidad de la sentencia o la decisión equivalente, en razón del fundamento y no de la decisión misma, de donde la norma controvertida podría ser diversa. Esto último tiene por objeto imprimirle certeza a la relación, objeto y causa debatidos, al punto que establecida la divergencia con el orden jurídico, la disposición expulsada no puede ser reproducida y, en todo caso, aplicada, así se acuda a un texto normativo diferente. Mientras que en el primer caso se garantiza la seguridad, en el segundo la intangibilidad de las decisiones judiciales. NOTA DE RELATORÍA: En relación con las categorías conceptuales que delimitan el alcance de la cosa juzgada, consultar sentencias de 28 de enero del 2009, Exp. 34.239, CP. Ramiro Saavedra Becerra; de 8 de junio de 2011, Exp. 18676, CP. Mauricio Fajardo Gómez, de 23 de septiembre de 2015, Exp. 33004, CP. Hernán Andrade Rincón (e); y de 17 de marzo de 2010, de la Corte Constitucional, Exp. C-181, MP. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub
ACCIÓN DE NULIDAD - Cosa juzgada material respecto de los apartes demandados del Acuerdo 41 de 2006, del Acuerdo 033 de 2005 y del Acuerdo 084 de 2006 / COSA JUZGADA MATERIAL - Aplicación de lo considerado en decisión anterior adoptada por la Corporación
En aplicación de la cosa juzgada material, se dispondrá estarse a lo resuelto en la sentencia de 9 de junio de 2010, en cuanto a los apartes de las disposiciones demandadas concernientes a i) “la renuncia a futuras reclamaciones por parte de los actuales ocupantes”, expresión contenida en el inciso primero del artículo 9 del Acuerdo n.º 041 de 2006, declarado nulo en la providencia en comento y ii) “en todo caso, las mejoras se reputarán de propiedad de la Nación, por estar implantadas en un terreno que constituye reserva territorial o patrimonial del Estado”, contenida en el inciso segundo de la dicha normativa, cuya nulidad condicionada fue declarada en la misma decisión. Cosa juzgada material que también se extiende a los artículos 5º y 8º del Acuerdo n.º 033 de 2005. El primero, respecto de la frase “dejando expresa constancia que las mejoras e instalaciones que se realicen sobre el terreno de dominio público arrendado, revierten al dominio de la Nación al término del contrato” y el segundo cuando prevé que i) “renuncien a futuras reclamaciones de cualquier índole, en especial a las relacionadas con la propiedad, posesión u ocupación de los terrenos y mejoras implantadas” y ii) “en todo caso, las mejoras se reputarán de propiedad de la Nación, por estar implantadas en un terreno que constituye reserva territorial o patrimonial del Estado”. Así mismo, el artículo 6º del Acuerdo n.º 041 de 2006, en la expresión “dejando expresa constancia que las mejoras e instalaciones que se realicen sobre el terreno de dominio público arrendado, revierten al dominio de la Nación al término del contrato” y las frases contenidas en los literales a) y b) del Acuerdo n.º 084 de 2006, relativos al “desistimiento de las acciones judiciales o reclamaciones extrajudiciales”. NOTA DE RELATORÍA: En relación con la declaratoria de nulidad de los apartes demandados del Acuerdo 41 de 2006, del Acuerdo 033 de 2005 y del Acuerdo 084 de 2006, decisión que irroga la declaratoria de oficio de cosa juzgada material en el asunto que se debate en esta providencia, consultar sentencia de 9 de junio de 2010, Exp. 37258, CP. Enrique Gil Botero.
FUENTE FORMAL: ACUERDO 084 DE 2006 - ARTÍCULO 4 / ACUERDO 041 DE 2006 - ARTÍCULO 6 / ACUERDO 041 DE 2006 - ARTÍCULO 9 / ACUERDO 033 DE 2005 - ARTÍCULO 5 / ACUERDO 033 DE 2005 - ARTÍCULO 8
ACCIÓN DE NULIDAD - Aplicación de la cosa juzgada formal respecto de la declaratoria de nulidad de la resolución 44 de 2008 / COSA JUZGADA FORMAL - Precedente jurisprudencial de la Corporación
En aplicación de la cosa juzgada formal, la Sala ordenará que las partes se estén a lo dispuesto en la sentencia de 12 de marzo de 2015, en cuanto declaró la nulidad de la Resolución n.º 044 de 7 de febrero de 2008, por la cual “se reglamenta la ocupación y aprovechamiento de los terrenos que conforman las Islas de Nuestra Señora del Rosario y San Bernardo”, en cuanto la Subsección A, en sentencia de 12 de marzo de 2015 resolvió el cargo de falta de competencia, en el sentido de declarar su prosperidad. NOTA DE RELATORÍA: En relación con la declaratoria de nulidad de la Resolución 44 de 2008, con base en la cual se declara la cosa juzgada formal en el asunto que se debate en esta providencia, consultar sentencia de 12 de marzo de 2015, Exp. 36317, CP. Hernán Andrade Rincón (E).
FUENTE FORMAL: RESOLUCIÓN 44 DE 2008
DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA - Alcance / DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA - Goza de consagración constitucional sin condicionamiento alguno
El derecho de acceso a la administración de justicia no sólo comprende la posibilidad de que el juez se pronuncie de fondo sobre un asunto que se ha sometido a su consideración, sino que propende porque se acuda a la administración en igualdad de condiciones, con sujeción a la ley y con garantías de imparcialidad. De donde deviene en reprochable que la administración imponga a los ocupantes de los inmuebles la definición de una cuestión que la involucra, acorde con el interés que la misma envuelve. Esto es, la administración impone al administrado la renuncia anticipada de una situación que deberá ser definida por la justicia, pues solo así podrá continuar con la tenencia del bien, respecto de la que, además, se impone la exigencia de mudar su calidad de poseedor a tenedor.
RECONOCIMIENTO DEL DOMINIO PLENO DEL ESTADO SOBRE BALDÍOS OCUPADOS - Vulnera el derecho de legalidad y las garantías constitucionales de defensa y acceso a la Administración de justicia / PRINCIPIO DE LEGALIDAD - Vulneración por reconocimiento del dominio pleno del Estado sobre baldíos ocupados / ACUERDO 41 DE 2006 - Desconoce el deber del Estado de adelantar las acciones civiles para recuperar bienes baldíos ocupados / ACUERDO 41 DE 2006 - Nulidad por inconstitucionalidad del aparte demandado
A la administración corresponde, de ser ello necesario y lo será siempre que el procedimiento administrativo no culmine satisfactoriamente y si los presupuestos lo indican a adelantar las acciones civiles pertinentes (artículos 950 y 952 C.C.), con miras a recuperar los bienes baldíos indebida o debidamente ocupados. De donde, imponer a los ocupantes a título de señor y dueño, el reconocimiento del dominio pleno del Estado, sin haber sido vencidos en juicio, desconoce las garantías constitucionales y el principio de legalidad. Manifestación que, además, tiene injerencia directa en las acciones judiciales futuras o en curso, argumento principal de los cargos de ilegalidad propuestos. Es por ello que la Sala declarará, por inconstitucional, la nulidad de la expresión “quienes como arriba se expresó, deberán en todo caso aceptar el dominio pleno del Estado sobre tales terrenos”, contenida en el artículo 9 del Acuerdo n.º 041 de 2006.
FUENTE FORMAL: CÓDIGO CIVIL - ARTÍCULO 950 / CÓDIGO CIVIL - ARTÍCULO 952 / ACUERDO 041 DE 2006 - ARTÍCULO 9
ACCIÓN PÚBLICA DE NULIDAD - Principio de nulidad y respeto de la jerarquía normativa / ACCIÓN PÚBLICA DE NULIDAD - Finalidad / ACCIÓN PÚBLICA DE NULIDAD - Control de legalidad de actos de la administración / ACCIÓN PÚBLICA DE NULIDAD - Procedencia contra actos de contenido particular y abstracto
La finalidad de la acción de nulidad es el interés general, esto es en defensa de la legalidad abstracta sobre los actos de la administración de inferior categoría. Es una acción pública, no tiene término de caducidad, se ejerce en defensa e interés de la legalidad, la sentencia produce efectos retroactivos y procede contra actos de contenido general y abstracto. NOTA DE RELATORÍA: En relación con la finalidad de la acción publica de nulidad, consultar sentencia de 16 de noviembre de 1994, de la Corte Constitucional, Exp. C-513, MP. Antonio Barrera Carbonell
NULIDAD CONDICIONADA - Procedencia. Extralimitación de funciones. Reiteración de precedente jurisprudencial de la Corporación / MEJORAS DE PROPIEDAD DE LA NACIÓN - Legalidad condicionada, inciso segundo del artículo 8 del Acuerdo 033 de 2005 / MEJORAS EN LOS PREDIOS - Si se reputan de propiedad de la nación se desconoce el derecho que tiene el ocupante de buena fe al pago de las mismas / PAGO DE MEJORAS - Aplicación de previsiones del Código Civil sobre prestaciones mutuas
Tal y como se consideró en su oportunidad, lo dispuesto en la parte final del inciso segundo del Artículo 9 del acuerdo n.º 041 de 24 de enero de 2006 resulta contrario al parágrafo 1º del artículo 74 de la Ley 160 de 1994 y al artículo 50 del Decreto 2664 de 1995, en cuanto consagra que las mejoras realizadas por los ocupantes se reputarán de propiedad de la nación, por estar implantadas en un terreno que constituye reserva territorial o patrimonial del Estado. El INCODER incurre así en extralimitación, porque restringe el alcance de las normas que le sirven de fundamento, relativas al derecho del ocupante al pago de las mejoras, en atención a la buena fe y la naturaleza de las mismas. (…) De ahí que el entendimiento que fijó la sentencia de 9 de junio de 2010, exp. 37258 a la expresión “en todo caso, las mejoras de reputarán de propiedad de la Nación, por estar implantadas en un terreno que constituye reserva territorial o patrimonial del Estado”, contenida en la parte final del inciso segundo del artículo 8 del Acuerdo n.º 033 de 2005, en lo que tiene que ver con el segundo inciso del artículo 9 del Acuerdo n.º 041 de 2006, demandado en este asunto, habrá de considerar que, a la luz del Código Civil, el ocupante de mala fe tiene derecho al reconocimiento de las mejoras necesarias y los gastos jurídicos en que incurrió en defensa del derecho. Esto, en el entendido que la buena fe se presume, sin perjuicio de la prueba en contrario. (…) Siendo así, se declarará la validez condicionada de la parte final del inciso segundo del artículo 8 del Acuerdo n.º 033 de 2005.
FUENTE FORMAL: LEY 160 DE 1994 - ARTÍCULO 74 / DECRETO 2664 DE 1995 - ARTÍCULO 50 / ACUERDO 041 DE 2006 - ARTÍCULO 9 / ACUERDO 033 DE 2005 - ARTÍCULO 8
ACCIÓN PÚBLICA DE NULIDAD - Cosa juzgada material. Reiteración de precedente jurisprudencial de la Corporación / ACUERDO 084 DE 2006 - Vulneración del principio de acceso a la administración de justicia / ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA - Se vulnera el derecho constitucional cuando se impone la obligaciones de desistir de reclamaciones judiciales o extrajudiciales en curso y no interponer nuevas
La administración impuso a los interesados en suscribir el contrato de arrendamiento de los predios insulares una restricción al derecho de acceso a la administración de justicia, contraviniendo, directamente, la garantía constitucional. Los literales del parágrafo transcrito prohíben acudir a los distintos medios para dirimir controversias, sean ante la jurisdicción, mediante las acciones judiciales correspondientes o ante la misma administración, través del derecho de petición. De ahí que, toda vez que esta Corporación declaró la nulidad del inciso primero del artículo 9 del Acuerdo n.º 041 de 24 de enero de 2006 y la disposición se repite en los literales a) y b) del artículo 4 del Acuerdo n.º 084 de 2006, estos deben correr la misma suerte, en cuanto exigen, como requisito para presentar la solicitud de arrendamiento de los bienes insulares, desistir de las reclamaciones judiciales o extrajudiciales en curso y no interponer nuevas. Se advierte, entonces, que los literales acusados, al igual que el inciso primero del artículo 9 ya referido, violan el artículo 229 de la Carta Política, como ya lo resolvió esta Corporación con alcances de cosa juzgada material.
FUENTE FORMAL: ACUERDO 084 DE 2006 - ARTÍCULO 4 / ACUERDO 041 DE 2006 - ARTÍCULO 9
ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA - Fundamento constitucional y legal / ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA - Derecho fundamental de primer orden
El artículo 229 constitucional garantiza el derecho a toda persona de acceder a la administración de justicia y el artículo 2º de la Ley 270 de 1996 reitera la garantía, al tiempo que requiere de las autoridades judiciales, prontitud, cumplimiento y eficacia en la solución de fondo de los asuntos que se sometan a su conocimiento. La Corte Constitucional ha señalado que el derecho de acceso a la administración de justicia se relaciona con los fines propios del Estado social de derecho y, en especial, con la prevalencia de la convivencia pacífica, la vigencia de un orden justo, el respeto a la dignidad humana y la protección a los asociados en su vida, honra, bienes, creencias, derechos y libertades (arts. 1º y 2º C.P). (…)Es dentro de este marco que la Corte no ha vacilado en calificar el acceso a la administración de justicia como un derecho fundamental de primer orden, en cuanto tiene que ver con la justicia y la convivencia como misiones primordiales de la actividad estatal. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el derecho de toda persona de acceder a la administración de justicia, consultar sentencias de 12 de mayo de 1992, Exp. T-006, de la Corte Constitucional, MP. Eduardo Cifuentes Muñoz; de 5 de febrero de 1996, de la Corte Constitucional, Exp. C-037, MP. Vladimiro Naranjo Mesa
FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 1 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 2 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 229 / LEY 270 DE 1996 - ARTÍCULO 2 / LEY 270 DE 1996 - ARTÍCULO 4
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO - Procedencia. Excepciones frente a lo dispuesto por la ley y los derechos personales / CONTRATO DE ARRENDAMIENTO - Confiere al arrendatario un título de mero tenedor
Son susceptibles de arrendamiento todas las cosas corporales o incorporales, que pueden usarse sin consumirse; excepto aquellas que la ley prohíbe arrendar, y los derechos estrictamente personales, como los de habitación y uso. Procede, incluso, arrendar la cosa ajena y el arrendatario de buena fe tendrá acción de saneamiento contra el arrendador, en caso de evicción. El acuerdo al que lleguen las partes confiere un título de mero tenedor, justamente porque el arrendatario no tiene el título de propietario, comoquiera que reconoce dominio ajeno.
NULIDAD CONDICIONADA - Procedencia respecto de acuerdos números 033 de 2005, 41 de 2006, 116 y 123 de 2007 / NULIDAD CONDICIONADA - Disposiciones se encuentran dirigidas a regular arrendamiento de inmuebles y no a imponer reconocimiento de dominio ajeno
El contrato de arrendamiento, en sí mismo, al igual que el canon y sus incrementos no contrarían el ordenamiento, en cuanto el arrendamiento es una modalidad válida de administrar inmuebles al que todo propietario o poseedor puede acudir; siempre que no se utilice para obligar a quienes ocupan el predio a mudar su calidad, para así mismo facilitar el desalojo. Es de anotar, al igual que el objeto, la causa de los contratos también debe ser lícita y no lo es cuando se hace uso de una modalidad contractual con propósitos ajenos a la misma. Esto es, no se entiende, salvo por la propia voluntad, que un ocupante tenga que mudar la calidad ventajosa de poseedor por la de tenedor, por imposición de su contraparte, es decir de quien ostenta mejor derecho. De manera que las disposiciones habrán de aplicarse a quienes requieran de la tenencia, en cuanto modalidad válida de administración de inmuebles, no de recuperación de los baldíos. (…) De ahí que, para el caso de los Acuerdos números 033 de 2005, 116 y 123 de 2007, en cuanto regularon lo concerniente al plazo de los contratos de arrendamiento, la fijación del canon y su incremento de conformidad con el avalúo catastral, la Sala declarará su validez condicionada, en el entendido de que se aplica para entregar el goce de los inmuebles a quienes lo requieren a título de tenencia y no para imponer a los ocupantes mudar su calidad. Igual suerte corre el artículo 4 del Acuerdo n.º 041 de 2006, el cual, si bien fue suspendido provisionalmente por desconocimiento del derecho de acceso a la administración de justicia, su contenido se limitó a regular lo atinente al incremento del canon de arrendamiento, por lo que la Sala también habrá de declarar su validez condicionada.
FUENTE FORMAL: ACUERDO 041 DE 2006 - ARTÍCULO 4 / ACUERDO 033 DE 2005 / ACUERDO 116 DE 2007 / ACUERDO 123 DE 2007
FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA - Excepción probada / FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA - Procede en relación con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
En lo atinente a la falta de legitimación en la causa por pasiva del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la Sala declarará probada la excepción propuesta, en la medida en que no intervino en la actuación adelantada por el INCODER y la UNAT, Unidad e Instituto con personería jurídica y por ende con capacidad de goce y ejercicio, misma de la que se valieron para proferir las disposiciones.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Consejera ponente: STELLA CONTO DÍAZ DEL CASTILLO
Bogotá, D. C., veintidós (22) de febrero de dos mil diecisiete (2017)
Radicación número: 11001-03-26-000-2008-00039-00(35361)
11001-03-26-000-2009-00046-00(36841) Acumulados
Actor: LUIS GONZALO MEJÍA URIBE Y OTRO
Demandado: INCODER Y OTRO
Referencia: ACCIÓN PUBLICA DE NULIDAD
Estando el proceso al despacho para fallo, corresponde a la Sala pronunciarse sobre las pretensiones de las demandas acumuladas, instauradas en contra de los acuerdos números 033 de 2005, 041 y 084 de 2006; 116 y 123 de 2007. Además de la resolución n.º 044 de 2008.
I. ANTECEDENTES
1.1 La demanda
1.1.1 Pretensiones
El 25 de abril de 2008, el señor Luis Gonzalo Mejía Uribe presentó demanda en ejercicio de la acción consagrada en el artículo 84 del C.C.A., en contra de la Unidad Nacional de Tierras Rurales –UNAT- y el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural –INCODER-, para que se declare la nulidad de los artículos i) 6 y 7 de la resolución n.º 044 de 7 de febrero de 2008, expedida por la mencionada unidad, referidos al contrato de arrendamiento para predios sobre los cuales se adelanta procedimiento de clarificación de propiedad en el Archipiélago de San Bernardo, en razón de los documentos que se deben presentar junto con la solicitud de contrato y ii) 9 del acuerdo n.º 41 de 24 de enero de 2006, expedido por el INCODER, referido a la renuncia de futuras reclamaciones, judiciales y extrajudiciales, adelantadas por los poseedores de los predios –proceso 35361-, así:
“Normas acusadas.
La demanda recae sobre la resolución 044 del 7 de febrero de 2008, artículos 6 y 7, expedido por la Unidad Nacional de Tierras Rurales –UNAT- y el acuerdo 041 de enero 24 de 2006, artículo 9, expedido por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural –INCODER-, normas íntimamente relacionadas y cuyas copias auténticas anexo” (fls. 1-3 cuaderno principal, proceso 35361).
Y, el 6 de mayo de 2009, también la señora Dary Lucila Ramírez Rodríguez demandó la resolución n.º 044 de 7 de febrero de 2008, esta vez en su integridad y, además enjuició los acuerdos n.º 033 de 2005; 041 y 084 de 2006; 116 y 123 de 2007, relativos al contrato de arrendamiento de los bienes baldíos reservados, ubicados en los Archipiélagos Islas Corales de Nuestra Señora del Rosario y San Bernardo –proceso 36841-. Sostuvo:
“Teniendo en cuenta que el Consejo de Estado ha manifestado que es necesario demandar ambos actos el principal y el conformatorio (sic) o modificatorio debido a la unidad inescindible que se presenta, me permito pretender con esta demanda:
Primera.- Con fundamento en los hechos y consideraciones que se expondrán en el presente escrito, respetuosamente solicito al honorable Consejo de Estado declarar la nulidad de los siguientes actos administrativos:
-. Acuerdo 033 de 2005 proferido por el Consejo Directivo del INCODER.
-. Acuerdo 041 de 2006 proferido por el Consejo Directivo del INCODER.
-. Acuerdo 084 de 2006 proferido por el Consejo Directivo del INCODER.
-. Acuerdo 116 de 2007 proferido por el Consejo Directivo del INCODER.
-. Acuerdo 123 de 2007 proferido por el Consejo Directivo del INCODER.
-. Resolución 044 de 2008 proferida por la Unidad Nacional de Tierras Rurales –UNAT-.
Segunda.- Que se decrete la suspensión provisional de todos los actos administrativos acusados” (fls. 1-2 cuaderno principal, proceso 36841).
Mediante proveído de 3 de marzo de 2016, la Sala ordenó la acumulación del proceso 36841 al 35361 (fls. 232-235 cuaderno 1 cuaderno principal, proceso 35361).
1.1.2 Hechos
En el proceso 36841 se relacionan los siguientes hechos:
-. El 7 de septiembre de 2001, en el marco de una acción de cumplimiento se ordenó al INCORA –luego INCODER-, adelantar los procedimientos administrativos pertinentes, con el objeto de clarificar la propiedad en los Archipiélagos Islas Corales de Nuestra Señora del Rosario y San Bernardo y, de ser necesario, propender por la recuperación de los baldíos.
-. En cumplimiento del fallo, el INCODER expidió el Acuerdo n.º 033 de 2005, dirigido a regular la ocupación y aprovechamiento temporal de los terrenos que conforman las islas a las que se hizo mención. En dicho acto, también se facultó al gerente de la entidad para entregar en arrendamiento los bienes baldíos reservados, por periodos anuales hasta por un término máximo de cinco (5) años y se fijó el canon en el equivalente al 1% del valor del avalúo catastral del inmueble.
-. Mediante el artículo 4 del Acuerdo n.º 041 de 2006, el INCODER modificó parcialmente el acuerdo al que se hace mención. Estableció que aquellos bienes baldíos de reserva de la Nación, ubicados en las diferentes islas que conformaban los archipiélagos señalados, previamente recuperados por la entidad, en los términos del capítulo X de la Ley 160 de 1994, podían ser entregados en arrendamiento, hasta por un término de ocho (8) años.
-. El artículo 1º del Acuerdo n.º 084 de 2006 modificó y adicionó el artículo 4 del Acuerdo n.º 041 del mismo año. Señaló que en los contratos de arrendamiento suscritos entre el 28 de febrero y el 30 de junio de 2007, el canon de arrendamiento de las áreas insulares sería equivalente al 3% del valor del avalúo catastral y, en los suscritos con posterioridad, se aumentaría al 5%. Adicionó los documentos requeridos para la protocolización del contrato, entre ellos, exigió el desistimiento de las acciones judiciales o reclamaciones extrajudiciales, presentes y futuras, instauradas en contra del Estado o de cualquier entidad de derecho público, en especial las relacionadas con la propiedad, posesión u ocupación de dichos terrenos.
-. Mediante el Acuerdo n.º 116 de 2007, el INCODER modificó el artículo 4 del Acuerdo n.º 041 de 2006 y en consecuencia el artículo 1º del Acuerdo n.º 084 del mismo año, fijando el valor del canon en el equivalente al 1% del valor del avalúo catastral. Respecto de los contratos que se celebraran con posterioridad al 31 de agosto de 2007 y hasta el 31 de octubre del mismo año, el canon se incrementaría al 3% y en los suscritos luego del 31 de octubre de 2007 sería el equivalente al 5%.
-. Y el Acuerdo n.º 123 de 2007, adicionó el 084 de 20 de diciembre de 2006. Estableció que en los predios de propiedad de la Nación, situados en el Archipiélago de San Bernardo, sus ocupantes podían optar entre restituirlos o legalizar su ocupación. Esto último mediante la suscripción de un contrato de arrendamiento el que, de celebrarse dentro de los treinta (30) días siguientes a la notificación de la decisión que clarificaba la propiedad de la Nación, pagaría un canon equivalente al 1% del avalúo catastral y entre los treinta (30) y los ciento cincuenta (150) días correspondería al 3%. Pasados estos últimos, el canon ascendería al 5%.
-. De conformidad con la Ley 1152 de 2007, el UNAT avocó el conocimiento de los trámites correspondientes a la clarificación de la propiedad y de recuperación de terrenos baldíos indebidamente ocupados. Expidió la resolución n.º 044 de 2008, mediante la cual nuevamente reglamentó la ocupación y aprovechamiento de los predios que conformaban los Archipiélagos Islas Corales de Nuestra Señora del Rosario y San Bernardo (fls. 3-6 cuaderno principal, proceso 36841).
1.1.3 Cargos de ilegalidad
Proceso 35361
La parte actora alega que los actos administrativos demandados están viciados de nulidad. Esto, con fundamento en los siguientes cargos:
Primer cargo. Violación de los artículos 3 a 5 de la Ley 80 de 1993, en concordancia con los artículos 2, 9, 31, 35, 50, 82 y s.s. del C.C.A., correspondientes al control jurisdiccional de la actividad administrativa.
Lo anterior, comoquiera que las entidades no pueden condicionar la participación en los procesos de selección, adjudicación, adición o modificación de contratos, tampoco la cancelación de las sumas adeudadas, a la renuncia, desistimiento o abandono de peticiones, acciones, demandas y reclamaciones. Señala que, basta con confrontar el texto de los actos enjuiciados con las normas del Estatuto Contractual para concluir la infracción de la norma superior. Esto, por cuanto la Resolución n.º 044 de 2008 y el Acuerdo n.º 041 de 2006 imponen a los interesados en celebrar contratos de arrendamiento de tierras insulares, la condición de desistir de las acciones judiciales o reclamaciones extrajudiciales que hubiesen adelantado o llegaren a instaurarse, relacionadas con la propiedad, posesión u ocupación de dichos terrenos.
El demandante sostiene que, según las decisiones demandadas, “(..) no solo debe renunciar el interesado para poder firmar el contrato de arrendamiento a las acciones relativas al predio insular, sino, demás (sic) a aquellas ajenas al precio y contra cualquier entidad de derecho público, lo que implica que tal denuncia cobija incluso las acciones presentes y futuras de carácter laboral, de impuestos, de reparación directa, etc., esto es exige la renuncia absoluta al derecho de defensa y debido proceso”. Señala, además, que la ley no inhabilita a quien en uso de las acciones legales reclama sus derechos y tampoco hace incompatible ese ejercicio con actividad alguna.
Segundo cargo. Violación del Decreto 4907 de 2007, en concordancia con los artículos 121 y 122 de la Constitución Política.
La parte actora sostiene que las normas referidas facultan al UNAT “(..) exclusivamente para regular la indebida ocupación de las tierras baldías y tierras rurales de propiedad de la Nación, de tal manera que se extralimita en sus funciones cuando lo que reglamenta son los predios del Archipiélago de San Bernardo que están en proceso de clarificación, esto que no constituyen ni tierras baldías, ni tierras rurales de propiedad de la Nación, con clara violación de las disposiciones anotadas en la propia resolución 044 y de contera de los artículos 121 y 122 de la Constitución”. Alega, además, que el director del UNAT “(..) tampoco tiene facultades conforme al numeral 5 del Decreto 4907/97, porque esta facultad solo puede ejercerla para adelantar los trámites administrativos o judiciales relacionados con el ejercicio de acciones y toma de medidas que correspondan a los casos de indebida ocupación de las tierras baldías y es claro que si se adelanta un proceso de clarificación, la tierra no ha sido declarada baldía o de propiedad de la Nación y, por ende, no puede referirse a una indebida ocupación de las mismas”.
Tercer cargo. Violación de los artículos 2, 4 y 6 de la Constitución Política.
Lo anterior, comoquiera que la Carta es norma de normas y prevé que las autoridades están instituidas para proteger los bienes, derechos y libertades de los asociados, deber que en el sub lite se echa de menos, al tiempo que las demandadas obraron por fuera del marco de sus atribuciones legales.
Cuarto cargo. Violación del artículo 29 constitucional.
Esto, en la medida en que los actos acusados restringen el derecho de acción e impiden el acceso a la administración de justicia, en cuanto, para poder suscribir el contrato de arrendamiento, de que dan cuenta dichas decisiones, se exige desistir de las reclamaciones judiciales o extrajudiciales en curso y no interponer nuevas.
Quinto cargo. Violación del artículo 229 constitucional.
El demandante alega que, conforme a esta disposición, toda persona tiene derecho de acceder a la administración de justicia, de suerte que contraría esta garantía constitucional, imponer la firma del contrato de arrendamiento a la renuncia de las acciones administrativas o judiciales, presentes o futuras, de cualquier índole y contra cualquier entidad pública (fls. 3-9 cuaderno 1).
En oportunidad se negó la suspensión provisional (fls. 29-36 c. ppal., proceso 35361).
Proceso 36841
La parte actora alega que los actos administrativos demandados están viciados de nulidad. Esto, con fundamento en los siguientes cargos:
Primer cargo. Violación de la libertad de acceso a la administración de justicia y al debido proceso
El señalamiento se funda en que, para suscribir el contrato de arrendamiento que permitió a los ocupantes conservar su estado, “(...) los actos administrativos acusados establecen una cláusula de desistimiento y renuncia a futuras reclamaciones, cuyo texto viola flagrantemente el derecho constitucional fundamental de acceso a la administración de justicia. (…) La limitación señalada por el INCODER y el UNAT ni siquiera se limita a las acciones administrativas o judiciales relativas a predios insulares, sino que comprende acciones de cualquier índole y contra cualquier entidad de derecho público, presentes y futuras, lo cual constituye un visible abuso de poder contrario al Estado Social de Derecho”. Lo anterior, en referencia a los artículos 9 del Acuerdo 041 de 24 de enero de 2006 y 7 de la Resolución 044 de 7 de febrero de 2008.
Segundo cargo. Violación del artículo 1508 del Código Civil.
Las decisiones demandadas vulneran las disposiciones señaladas, pues la administración “(...) trata de forzar el consentimiento de futuros arrendatarios al obligarlos a renunciar a cualquier acción judicial futura, abusa de las vías de derecho establecidas legalmente para la recuperación de baldíos”. Advierte que sucesivamente los cánones de arrendamiento se incrementan, “(...) generando de esta forma angustia ante la pérdida de los beneficios que obtendría de celebrarlo con antelación a la resolución final de la litis, con lo cual claramente se está viciando el consentimiento”.
Tercer cargo. Desacato a la ley de contratación estatal.
La parte actora sostiene que, en el marco de la Ley 80 de 1993, las autoridades no pueden condicionar la adjudicación de un contrato a la renuncia, desistimiento o abandono de peticiones, acciones, demandas y reclamaciones por parte del contratista. La ley tampoco prevé inhabilidades o restricciones por ejercer el derecho de acceso a la administración de la justicia o presentar peticiones ante las entidades públicas (fls. 8-20 cuaderno principal, proceso 36841).
La Corporación suspendió provisionalmente i) el inciso primero del artículo 9, los literales a) y b) del parágrafo del “artículo 4 del acuerdo n.º 041 de enero 24 de 2006, modificado por el artículo 1º del acuerdo n.º 084 de diciembre 20 de 2006” (sic), expedido por el INCODER y ii) los literales a) y b) del artículo 7 y el primer inciso del artículo 13 de la Resolución n.º 044 de 7 de febrero de 2008.
En la providencia se puso de presente que la parte actora fundamentó la solicitud de suspensión en la vulneración del derecho de acceso a la justicia.
En este orden y una vez confrontado el contenido de las decisiones enjuiciadas con las garantías constitucionales, la Sala confrontó el inciso primero del artículo 9 del Acuerdo n.º 041 de 2006 con el artículo 229 de la Carta Política, en el entendido que el acuerdo, aunado a que limita el acceso a la administración de justicia, impide la utilización de mecanismos alternativos de solución de conflictos. Lo mismo se predicó del “parágrafo 1º del artículo 4 del acuerdo n.º 041 de 24 de enero de 2006, modificado por el artículo 1º del acuerdo n.º 084 de diciembre 20 de 2006 (sic)” y de los artículos 7 y 13 de la Resolución n.º 044 de 7 de febrero de 2008, expedidos por el INCODER y la UNAT, respectivamente (fls. 133-151 cuaderno principal, proceso 36841).
1.2 La defensa
1.2.1 La Unidad Nacional de Tierras Rurales –UNAT- se opone a la prosperidad de las súplicas. Alega que con “(..) la firma de los contratos de arrendamiento se busca regular la situación de los ocupantes de las islas y con el ánimo de no entrar nuevamente en sede judicial a discutir derecho de propiedad, posesión u ocupación, que ya previamente se agotaron en la vía administrativa, se requiere la renuncia de derechos a favor del Estado, lo cual no contraría ninguna norma superior, sino por el contrario entra a manejar y regular la situación de los ocupantes de las islas y busca salvaguardar la conservación de estas áreas y la aplicación de las normas que permiten una mejor administración y protección de los terrenos que constituyen reserva territorial del Estado”. Política concordante con los principios previstos en el Estatuto Contractual. Pone de presente pronunciamientos de la Corporación, atinentes a la legalidad y procedencia de la suscripción de los contratos de arrendamiento en el archipiélago de Nuestra Señora del Rosario y de San Bernardo. Por último, sostiene que, de conformidad con el Decreto 4907 de 2007, corresponde al UNAT adelantar las medidas pertinentes en casos de indebida ocupación de tierras baldías, como es el caso de los predios insulares (negrillas fuera de texto, fls. 56-67 cuaderno ppal. proceso 35361 y 200-209 c. ppal., proceso 36841).
1.2.2 El Instituto Colombiano de Desarrollo Rural –INCODER- también se opone a las pretensiones. Defiende la legalidad de su actuación y el ejercicio de la competencia especial asignada para administrar, en nombre del Estado, las tierras baldías de la Nación. Da cuenta del proceso de clarificación de propiedad en las Islas del Rosario, a través de procedimientos administrativos agrarios. Agrega que, con el fin de proteger los bienes baldíos reservados, declaró su indebida ocupación o apropiación, en cuanto los ocupantes no lograron probar que estas respondían a las condiciones exigidas por el Código Fiscal. Pone de presente que la Corporación avaló la celebración de los contratos de arrendamiento o “contratos de usufructo (sic)”, con personas ocupantes de las Islas del Rosario, tal y como se reglamentó en el Acuerdo n.º 041 de 2006, en cuanto lo que se busca es que el particular reconozca el dominio y los legítimos derechos del Estado sobre los bienes recuperados, “(..) teniendo en cuenta las diferentes decisiones tomadas por el Incoder y reiterada jurisprudencia que en innumerables fallos ha aclarado la procedencia de los derechos a favor del Estado, frente a las distintas reclamaciones de particulares que han buscado apropiarse de dichos terrenos” (fls. 75-80 cuaderno principal, proceso 35361).
La entidad sostiene que los Acuerdos n.º 041 y 084 prevén la celebración de contratos de arrendamiento, siempre que el ocupante entregue el predio sin necesidad de desalojo y, al tiempo, reconozca la propiedad de la Nación sobre cada predio insular. Esto, en relación con los ocupantes con capacidad económica, pues, de no ser así, se ofrece la alternativa de un “contrato de usufructo (sic)” a las personas de escasos recursos, oriundas del lugar. Pone de presente que se trató de legalizar la situación de los ocupantes, previa demostración de su estado, en el marco de procesos agrarios de recuperación de baldíos, condicionado a que el interesado reconociera la propiedad de la Nación y renunciara a confrontarla jurídicamente (fls. 294-303 c. ppal., proceso 36841).
1.2.3 El Ministerio de Agricultura sostiene que el INAT y el INCODER actuaron en el marco de sus funciones, en cumplimiento a lo previsto en la Ley 160 de 1994. Da cuenta de que el extinto INCORA, mediante las Resoluciones 4698 de 27 de septiembre de 1984 y 4393 del 15 de septiembre de 1986, terminó el proceso de clarificación de la propiedad de los terrenos ubicados en el Archipiélago de las Islas de Nuestra Señora del Rosario y San Bernardo. Agrega que con la actuación administrativa se logró establecer que los predios no salieron del patrimonio estatal y que, por tanto, conservan la condición de baldíos reservados, si se considera que los ocupantes no probaron que su estado respondía a las exigencias establecidas en el Código Fiscal. Sostiene que la celebración de los contratos de arrendamiento no comporta constreñimiento alguno, pues “(..) queda librado a la discrecionalidad de los ocupantes beneficiarse con el goce temporal de los terrenos baldíos y como contraprestación pagar el canon de arrendamiento y renunciar a las reclamaciones por concepto de mejoras o optar por buscar el pago de eventuales derechos patrimoniales que les podrían asistir a través de las acciones judiciales”. Además, pone de presente la i) ineptitud sustantiva de la demanda, por cuanto el concepto de violación o la causa de nulidad de los actos acusados, no se individualizó, esto es, no se detalló respecto de cada una de las disposiciones demandadas y ii) falta de legitimación en la causa por pasiva, en la medida en que el ministerio no intervino en la actuación adelantada por el INCODER y la UNAT (fls. 310-324 cuaderno principal, proceso 36841).
1.3 Alegatos de conclusión
1.3.1 En el proceso 35361, la parte actora insiste en la nulidad de los actos acusados. Insiste en que se exige a los futuros arrendatarios renunciar a las reclamaciones judiciales o extrajudiciales en contra de cualquier entidad pública y por cualquier causa, presente o futura. En particular las relacionadas con la propiedad, posesión u ocupación de los terrenos insulares y la realización de mejoras. Aduce que no discute el derecho del Estado a suscribir contratos de arrendamiento sobre bienes de su propiedad, empero sí la limitación del derecho de acceso a la justicia y los alcances de las decisiones de las entidades demandadas en el marco de sus facultades de administración de los mismos bienes. Da cuenta de que no todos los procesos de clarificación de la propiedad han culminado, por lo que la reglamentación no puede aplicarse a todos los terrenos, “(..) ni puede exigírsele al propietario o poseedor de los mismos que acceda a la renuncia de sus derechos, además no se puede imponer un contrato para quien se considera legítimamente dueño, porque se estaría arrendando su propio inmueble” (fls. 97-102 cuaderno principal, proceso 35361).
Y, en el proceso 36841, la demandante reitera las pretensiones de nulidad de los Acuerdos números 041 y 084 de 2006; 116 y 123 de 2007, así como de la Resolución 044 de 2008. Funda su petición, igualmente, en el desconocimiento del derecho de acceso a la justicia y de la igualdad de trato. Amén del constreñimiento para la firma de los contratos de arrendamiento (fls. 343-351 cuaderno principal, proceso 35361).
1.3.2 El INCODER, por su parte, reiteró que actuó conforme a los postulados constitucionales y legales y según las competencias que le han sido atribuidas. Insiste en que el artículo 9 del Acuerdo n.º 041 de 2006 no contraría ninguna norma superior, por el contrario, regula la situación de los ocupantes de los terrenos insulares y justifica la renuncia previa para la celebración de contratos de arrendamiento. Todo en razón de la salvaguarda de los derechos de los mismos ocupantes y del patrimonio púbico. Si se considera que se buscó evitar litigios y conservar las áreas de reserva, de modo que se requirieron normas para lograr una mejor administración (fls. 104-105 cuaderno principal, proceso 35361 y 335-344 cuaderno principal, proceso 36841).
1.3.3 El Ministerio de Agricultura reiteró los argumentos esgrimidos en la contestación de la demanda. Defendió la legalidad de la actuación del INCODER y la UNAT. Señaló que los Acuerdos números 041 y 084 de 2006 posibilitaron la suscripción de contratos de arrendamiento o “contratos de usufructo (sic)” con los ocupantes de hecho, a quienes, en virtud de una autonomía libre de vicios, se les permitió escoger entre la celebración del contrato o asumir los procesos administrativos de recuperación de los bienes baldíos de reserva; sin perjuicio de la posibilidad de interponer las acciones que consideraran del caso (fls. 353-362 cuaderno principal, proceso 36841).
1.3.4 En el proceso 35361, el representante del Ministerio Público solicita declarar la nulidad parcial de los artículos 7 de la Resolución n.º 044 de 2008 y 9 del Acuerdo n.º 041 de 2006. Esto, por cuanto los actos acusados impiden la efectividad del derecho de acceder a la administración de justicia, en tanto condicionan la celebración del contrato de arrendamiento de las zonas insulares del Archipiélago de Nuestra Señora del Rosario y de San Bernardo, a que los particulares desistan de las demandas y reclamaciones o renuncien a hacerlo en el futuro.
La vista fiscal, además, solicita negar la pretensión de nulidad respecto del artículo 6º de la Resolución n.º 044 de 2008, “(..) en tanto no resulta cierto que la UNAT reglamentara la viabilidad de celebrar el contrato de arrendamiento para predios para los cuales no hubiera concluido el proceso de clarificación de propiedad” (fls. 106-122 cuaderno principal, proceso 35361).
Y, en el proceso 36841, el agente del Ministerio Público solicitó declarar la nulidad parcial de los artículos 9º, 4º –parágrafo literales a y b del Acuerdo n.º 041 de 2006, modificados por el artículo 1º del Acuerdo 084 de 2006 y los artículos 7 –literales a y b- y 13 de la Resolución n.º 044 de 2008, “(..) por ser violatorios de los artículos 229, 29 y 40-6 constitucionales, así como al artículo 5 numeral 3 de la Ley 80 de 1993, en tanto que imponen el desistimiento o la renuncia a presentar acciones judiciales o reclamaciones contra el Estado u otra entidad de derecho público, como requisito para la suscripción de los contratos de arrendamiento de los inmuebles ocupados en las islas del Archipiélago del Rosario y de San Bernardo” (fls. 364-383 cuaderno principal, proceso 36841).
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
Corresponde a esta Corporación conocer de las acciones de simple nulidad que interpongan los ciudadanos contra actos administrativos proferidos por autoridades del orden nacional y a la Sección las que versan sobre asuntos agrarios, de conformidad con lo establecido en el numeral 1º y 11º del artículo 128 del Código Contencioso Administrativo y el artículo 13 del Acuerdo n.º 58 de 1999 de la Corporación.
En el caso objeto de análisis no existe duda sobre la connotación nacional y la naturaleza de las normas acusadas. De donde, establecida la competencia, procede determinar el asunto y resolver.
2. Problema jurídico planteado
Corresponde a la Sala pronunciarse sobre los cargos de ilegalidad formulados en contra de los artículos i) 6 y 7 de la Resolución n.º 044 de 7 de febrero de 2008, expedida por la Unidad Nacional de Tierras Rurales –UNAT-, referidos al contrato de arrendamiento de predios sobre los cuales se adelanta procedimiento de clarificación de la propiedad, en el Archipiélago de las Islas del Rosario y San Bernardo y los documentos que se deben presentar junto con la solicitud de contrato y ii) 9 del Acuerdo n.º 41 de 24 de enero de 2006, expedido por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural –INCODER-, referido a la renuncia de futuras reclamaciones, judiciales y extrajudiciales, adelantadas por los ocupantes de los predios –proceso 35361- (fls. 1-3 cuaderno 1).
Así mismo, la Sala deberá resolver los cargos de ilegalidad en contra de la Resolución n.º 044 de 7 de febrero de 2008 y los Acuerdos n.º 033 de 2005, 041 y 084 de 2006; 116 y 123 de 2007 que regulan el contrato de arrendamiento de los bienes baldíos reservados, ubicados en el Archipiélago de las Islas del Rosario y San Bernardo –proceso 36841- (fls. 1-3 cuaderno 1).
Lo anterior, por cuanto, acorde con los cargos formulados, se desconoce el derecho de acceso a la administración de justicia y la autonomía de la voluntad, pues estaría imponiendo a ocupantes la suscripción de contratos de arrendamiento o “de usufructo (sic)”, al margen de su condición de poseedores o propietarios; aunado al desistimiento de las acciones judiciales emprendidas para hacer valer sus derechos e intereses sobre los predios objeto de clarificación y la renuncia a interponer nuevas acciones, contra toda autoridad pública y por cualquiera que fuere la razón.
2.1. Análisis del caso
2.1.1 Contenido de las normas acusadas
La Sala transcribe a continuación los actos administrativos y resalta los apartes que se confrontan:
“Acuerdo n.º 33 de 2005 (Septiembre…)
Por el cual se regula la ocupación y aprovechamiento temporal de los terrenos que conforman las islas del archipiélago de Nuestra Señora del Rosario y de San Bernardo.
El Consejo Directivo del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder, en uso de sus facultades legales y en especial de las conferidas en los artículos 12 numeral 13 y 75, incisos quinto y séptimo de la Ley 160 de 1994.
CONSIDERANDO:
Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107 de la Ley 110 de 1912 o Código Fiscal vigente, los terrenos que conforman las islas nacionales de uno y otro mar, constituyen reserva territorial del Estado y no son enajenables. A su vez, el artículo 45 del mismo estatuto, reiteró la presunción que antes estableció la Ley 70 de 1866 (artículo 4º) y luego el Código Fiscal de 1873 (artículo 878), de reputar como baldíos de propiedad nacional las mencionadas islas, siempre que no estuvieren ocupadas por poblaciones organizadas o apropiadas por particulares en virtud de títulos traslaticios de dominio, desde antes de la vigencia de dichas normas; Que mediante Resoluciones de Gerencia General del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, Incora, números 04698 de 27 de septiembre de 1984 y 04393 de 15 de septiembre de 1986, se culminó un procedimiento de Clarificación de la Propiedad, declarando que las islas conocidas con el nombre de Islas del Rosario, con área aproximada de 384-3580 hectáreas, ubicadas a 35 kilómetros al suroeste de Cartagena y a 5 kilómetros del corregimiento de Barú, entre las coordenadas planas Y-811.590 y 820.000, X-1.614.260 y 1.624.260 latitud norte, no han salido del patrimonio nacional y por tanto son baldíos reservados, de conformidad con lo previsto en los Códigos Fiscales de 1873 y 1912. Estos actos administrativos fueron debidamente inscritos en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cartagena de Indias, en un folio de Matrícula Inmobiliaria especial, así como también en los folios inmobiliarios existentes para la época sobre tales terrenos. En resumen, quedó legal y formalmente establecido mediante el mencionado proceso administrativo, que los terrenos que conforman el archipiélago de las denominadas Islas del Rosario constituyen una reserva territorial, patrimonial o fiscal del Estado, destinada a fines de utilidad común e interés general. Que en acatamiento del fallo de la acción de Cumplimiento instaurada contra el Incora por la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios, proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca con fecha 2 de mayo de 2001 y confirmado por el Consejo de Estado, Sección Cuarta, en providencias de julio 6 y septiembre 7 de 2001, esa entidad debió iniciar procedimientos administrativos de Recuperación de Baldíos indebidamente ocupados, contra las personas que sin contar con autorización o permiso de autoridad competente, vienen ocupando de hecho y han construido instalaciones y mejoras sobre los terrenos reservados que conforman el archipiélago Islas Corales de Nuestra Señora del Rosario y de San Bernardo. El fallo también ordenó adelantar los procedimientos administrativos pertinentes, contra los ocupantes de sectores de las islas que conforman el archipiélago de San Bernardo; Que con base en lo anterior, en la actualidad el Incoder adelanta procedimientos administrativos de recuperación de baldíos, contra ocupantes indebidos de los terrenos ubicados en las diferentes islas que conforman el Archipiélago de Nuestra Señora del Rosario y San Bernardo. Ante la supresión y liquidación del Incora, ordenada por Decreto 1292 de 2003, estos procedimientos los asumió el Incoder, de conformidad con lo previsto en el artículo 24 del Decreto 1300 de 2003. Algunos de los interesados en los mencionados procedimientos de Recuperación de Baldíos, han planteado al Incoder la conveniencia de que se les autorice en forma temporal, el uso, goce y aprovechamiento de los terrenos que ocupan. El Incoder considera de la mayor importancia para la economía turística del Distrito de Cartagena de Indias y altamente conveniente para los intereses de la economía nacional procurar que los terrenos que constituyen reserva patrimonial del Estado tengan un uso acorde con la conservación y restablecimiento de los recursos naturales y del medio ambiente, sin permitir el aprovechamiento ilícito del patrimonio estatal.
El Consejo Directivo del Incoder, de conformidad con lo estatuido en el artículo 75 de la Ley 160 de 1994, está facultado para regular la ocupación y aprovechamiento temporal de las tierras baldías reservadas, siempre que tal función no haya sido atribuida por la ley a otra autoridad. Esta norma general de competencia, lo faculta para regular el uso y permitir la tenencia temporal sobre tierras baldías reservadas, cuando encontrare que ello conviene a los intereses de la economía nacional y no se desvirtúe el propósito perseguido con la constitución de la reserva. Adicionalmente, el artículo 12 numeral 13 de la Ley 160 de 1994 ordena al antiguo Incora, hoy Incoder, administrar en nombre del estado las tierras baldías de la Nación, y en tal virtud, adjudicarlas, celebrar contratos, constituir reservas y adelantar en ellas programas de colonización de acuerdo con las normas legales vigentes y los reglamentos que expida la Junta Directiva. En lo relacionado con los terrenos que conforman los archipiélagos de Nuestra Señora del Rosario y de San Bernardo, se debe advertir que las islas denominadas Tesoro, Rosario y sus islotes adyacentes, Maravilla y Mangle, al igual que la totalidad del área sumergida, integran el Parque Nacional Natural los Corales del Rosario y de San Bernardo, y que el resto de los terrenos del archipiélago, esto es, las islas naturalmente emergidas, tienen el carácter de zona amortiguadora del parque. En consecuencia, el presente reglamento de ocupación temporal de las islas que constituyen reserva territorial del Estado, tendrá en cuenta todas las normas sobre conservación y aprovechamiento racional de recursos naturales renovables y del medio ambiente, así como las regulaciones especiales del citado Parque Nacional Natural. De otra parte, de conformidad con los artículos 83 y 84 del Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, Decreto 2811 de 1974, las playas marítimas y la faja de treinta (30) metros de ancho, paralela a la línea de mareas máximas, son bienes de dominio público, inalienables e imprescriptibles. A su vez el artículo 5° de la Ley 9ª de 1989, prevé que constituye espacio público las áreas requeridas para la circulación de las personas, así como las franjas de retiro de las edificaciones sobre las fuentes de agua. Además, la jurisprudencia ha considerado la mencionada franja de 30 metros, al igual que a las playas y demás bienes a que se refiere el artículo 674 del Código Civil, por su naturaleza, como bienes de uso público, destinados al uso común de los habitantes y sobre los cuales no es posible autorizar un uso excluyente a un particular, salvo situaciones especialmente previstas en la ley, que no contraríen el deber estatal consagrado en el artículo 82 de nuestra Constitución Política. De otra parte, de conformidad con el Decreto 2324 de 1984 compete a la Dirección General Marítima y Portuaria, Dimar, otorgar concesiones, permisos o licencias para el uso y goce pro tempore de los bienes de Uso Público y territorios bajo su jurisdicción, sin que esta facultad contraríe las competencias asignadas en la ley a otros entes públicos. Por todas las circunstancias expresadas, el presente reglamento se aplicará solo a aquellos terrenos que constituyen reserva territorial del Estado y que conforman los archipiélagos de Nuestra Señora del Rosario y de San Bernardo, el primero de los cuales están delimitados expresamente en las Resoluciones del Incora número 04698 del 27 de septiembre de 1984 y número 04393 del 15 de septiembre de 1986. En consecuencia, no se aplicará a aquellas porciones o franjas de terreno de las islas, que de conformidad con las normas legales constituyen bienes de uso público;
Que es competencia del Consejo Directivo del Incoder, regular la ocupación y aprovechamiento temporal de los terrenos baldíos que constituyen reserva territorial o patrimonial del Estado, de conformidad con lo señalado en el artículo 12 numeral 13 e incisos quinto y séptimo del artículo 75 de la Ley 160 de 1994.
Por lo expuesto,
RESUELVE:
Artículo 1°. Contrato de Arrendamiento. Facúltese al Gerente General del Incoder para entregar en arrendamiento los bienes baldíos reservados, por períodos anuales hasta un término máximo cinco (5) años, prorrogables hasta por el mismo término, los terrenos de propiedad de la Nación que conforman las islas que integran los archipiélagos Islas Corales de Nuestra Señora del Rosario y de San Bernardo, que por disposición del artículo 107 del Código Fiscal, Ley 110 de 1912, constituyen reserva patrimonial o territorial del Estado. Parágrafo: En ningún caso el objeto del contrato de arrendamiento incluirá el Parque Nacional Natural Subacuático Islas del Rosario, ni las superficies catalogadas como bienes de uso público, tales como las zonas de bajamar, las playas o las franjas de 30 metros de ancho, paralelas a las líneas de alta marea o a la de máximas crecientes de las ciénagas, depósitos o fuentes internas de agua.
Artículo 2°. Área Máxima de Arrendamiento. El área máxima de terreno insular que puede ser objeto del contrato de arrendamiento, será de una (1) hectárea.
Artículo 3°. Precio del Contrato de Arrendamiento. De conformidad con las disposiciones legales que rigen la materia, el precio o canon mensual de arrendamiento de las áreas insulares, será equivalente al uno por ciento (1%) del valor del avalúo catastral del inmueble que para el efecto y a petición del Incoder, realizará el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC. El solicitante, pagará previamente al IGAC el valor que demande la realización del avalúo. El canon se pagará anticipadamente al Incoder por el arrendatario, por períodos mensuales, semestrales o anuales, dentro de los primeros cinco (5) días hábiles del período correspondiente.
Artículo 4°. Solemnidades Especiales del Contrato. El contrato de arrendamiento de los terrenos insulares se celebrará mediante Escritura Pública, que se inscribirá en el Folio de Matrícula Inmobiliaria correspondiente a las Islas del Rosario. Una vez suscrita por las partes la correspondiente escritura, se reputa perfeccionado el contrato y se harán exigibles las obligaciones recíprocas.
Artículo 5°. Mejoras y Construcciones. El arrendatario deberá obtener del Incoder autorización previa y por escrito para realizar cualquier tipo de mejoras, construcciones o instalaciones nuevas sobre el inmueble objeto del contrato de arrendamiento. De la misma forma, el arrendatario deberá dar cumplimiento a las normas y disposiciones ambientales, establecidas en el Plan de Manejo Ambiental. Si al momento de suscribir el contrato de arrendamiento, ya existieren construcciones, instalaciones y en general mejoras, sobre el área objeto del contrato, el Incoder otorgará un plazo de un (1) año al arrendatario, para que haga las adecuaciones que de conformidad con las normas ambientales se requieran y para que obtenga los permisos o licencias exigidas por la normatividad respectiva. Para el efecto, el arrendatario presentará la respectiva solicitud ante el Jefe de la Oficina de Enlace Territorial correspondiente, acompañada de los planos y del proyecto a realizar, así como de los planes de manejo ambiental, permisos, licencias, concesiones o autorizaciones, que según las normas legales se requieran para construir las obras proyectadas. El Gerente General podrá expedir la autorización, una vez haya recibido el concepto del Jefe de Oficina de Enlace Territorial, dejando expresa constancia que las mejoras e instalaciones que se realicen sobre el terreno de dominio público arrendado, revierten al dominio de la Nación al término del contrato.
Artículo 6°. Terminación Unilateral del Contrato. El incumplimiento de las obligaciones contenidas en el artículo anterior, dará lugar a que el Incoder declare la terminación automática del contrato sin necesidad de declaración judicial e impedirá su prórroga.
Artículo 7°. Impuestos y Contribuciones. Los arrendatarios se obligarán a pagar oportunamente los impuestos y contribuciones que de conformidad con lo previsto en el artículo 6°, numeral 3, de la Ley 768 de 31 de julio de 2002, graven las construcciones, edificaciones o cualquier tipo de mejoras sobre el bien de dominio público arrendado, o la actividad económica que desarrolle. Para que sea procedente las prórrogas del contrato, es necesario acreditar el cumplimiento de esta obligación, con el respectivo Paz y Salvo.
Artículo 8°. Prelación en el Arrendamiento. En el evento en que se presenten simultáneamente dos o más solicitudes de arrendamiento de una misma superficie insular, se atenderá preferentemente la presentada por los actuales ocupantes, siempre que acepten el dominio pleno del Estado sobre tales terrenos y renuncien a futuras reclamaciones de cualquier índole, en especial a las relacionadas con la propiedad, posesión u ocupación de los terrenos y mejoras implantadas, y siempre que se comprometa a realizar, dentro del año siguiente, las modificaciones o adecuaciones que sean necesarias de conformidad con las normas ambientales vigentes y obtengan los respectivos planes de manejo ambiental, permisos, licencias o autorizaciones de las autoridades competentes. En todo caso, las mejoras se reputarán de propiedad de la Nación, por estar implantadas en un terreno que constituye reserva territorial o patrimonial del Estado.
Artículo 9°. Contrato de Usufructo. Facúltese al Gerente General del Incoder para celebrar contratos de usufructo, de conformidad con la Ley 9° de 1981 por un término máximo de 5 años, sobre superficies insulares no mayores a doscientos (200) metros cuadrados, con aquellos ocupantes de escasos recursos económicos, establecidos en el Archipiélago con anterioridad a la vigencia del presente Acuerdo. El terreno solamente podrá ser destinado a fines habitacionales del usufructuario y su familia, siempre que se comprometan a no contravenir las normas ambientales. La solicitud del interesado deberá acompañarse de la autorización o permiso de la respectiva autoridad ambiental. Parágrafo: Para estos efectos se considera un ocupante de escasos recursos económicos quien tenga un patrimonio inferior a 15 salarios mínimos legales mensuales y no haya recibido del Estado subsidio de vivienda de interés social.
Artículo 10. En caso de probarse la existencia de comunidades afrocolombianas e indígenas, desde antes de la vigencia del Código Fiscal (Ley 110 de 1912), en los terrenos que conforman los archipiélagos Islas Corales de Nuestra Señora del Rosario y de San Bernardo, se aplicarán los lineamientos constitucionales y legales que rigen la materia” (subrayas fuera de texto).
“Acuerdo N.º 041 de 2006
(Enero 24)
Por el cual se modifica parcialmente el Acuerdo No. 33, “por el cual se regula la ocupación y aprovechamiento temporal de los terrenos que conforman las islas del archipiélago de Nuestra Señora del Rosario y de San Bernardo”
El Consejo Directivo del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder, en uso de sus facultades legales y en especial de las conferidas en los artículos 12 numeral 13 y 75, incisos 5º y 7º de la Ley 160 de 1994,
CONSIDERANDO:
Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107 de la Ley 110 de 1912 o Código Fiscal vigente, los terrenos que conforman las islas nacionales de uno y otro mar, constituyen reserva territorial del Estado y no son enajenables. A su vez, el artículo 45 del mismo estatuto, reiteró la presunción que antes estableció la Ley 170 de 1866 (artículo 4º) y luego el Código Fiscal de 1873 (artículo 878), de reputar como baldíos de propiedad nacional las mencionadas islas, siempre que no estuvieren ocupadas por poblaciones organizadas o apropiadas por particulares en virtud de títulos traslaticios de dominio, desde antes de la vigencia de dichas normas;
Que mediante Resoluciones de Gerencia General del Instituto Colombiano de Reforma Agraria, Incora, números 04698 de 27 de septiembre de 1994 y 04393 de 15 de septiembre de 1986, se culminó un procedimiento de Clarificación de la Propiedad, declarando que las islas conocidas con el nombre de Islas del Rosario, con un área aproximada de 384 -3850 hectáreas, ubicadas a 35 kilómetros al suroeste de Cartagena y a 5 Kilómetros del corregimiento de Barú, entre las coordenadas planas Y-811.590 y 820.000, X – 1.614.260 y 1.624.260 latitud norte, no han salido del patrimonio nacional y por lo tanto son baldíos reservados, de conformidad con lo previsto en los Códigos Fiscales de 1873 y 1912. Estos actos administrativos fueron debidamente inscritos en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cartagena de Indias, en un Folio de Matricula Inmobiliaria especial, así como también en los folios inmobiliarios existentes para la época sobre tales terrenos. En resumen, quedó legal y formalmente establecido mediante el mencionado proceso administrativo, que los terrenos que conforman el archipiélago de las denominadas Islas del Rosario constituyen una reserva territorial, patrimonial o fiscal del Estado, destinadas a fines de utilidad común o interés general;
Que en acatamiento del fallo de la acción de cumplimiento instaurada contra el Incora por la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios, proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca con fecha 2 de mayo de 2001 y confirmado por el Consejo de Estado, Sección Cuarta, en providencias de julio 6 y septiembre 7 de 2001, esa entidad debió iniciar procedimientos administrativos de recuperación de baldíos indebidamente ocupados, contra las personas que sin contar con autorización o permiso de autoridad competente, vienen ocupando de hecho y han construido instalaciones y mejoras sobre los terrenos reservados que conforman el archipiélago Islas Corales de Nuestra Señora del Rosario y de San Bernardo. El fallo también ordenó adelantar los procedimientos administrativos pertinentes, contra los ocupantes de sectores de las islas que conforman el archipiélago de San Bernardo;
Que con base en lo anterior, en la actualidad el Incoder adelanta procedimientos administrativos de recuperación de baldíos, contra ocupantes indebidos de los terrenos ubicados en las diferentes islas que conforman el Archipiélago de Nuestra Señora del Rosario y San Bernardo.
Ante la supresión y liquidación del Incora, ordenada por Decreto 1292 de 2003, estos procedimientos los asumió el Incoder, de conformidad con lo previsto en el artículo 24 del Decreto 1300 de 2003.
Algunos de los interesados en los mencionados procedimientos de Recuperación de Baldíos, han planteado al Incoder la conveniencia de que se les autorice en forma temporal, el uso, goce y aprovechamiento de los terrenos que ocupan. El Incoder considera de la mayor importancia para la economía turística del Distrito de Cartagena de Indias y altamente conveniente para los intereses de la economía nacional procurar que los terrenos que constituyen reserva patrimonial del Estado tengan un uso acorde con la conservación y restablecimiento de los recursos naturales y del medio ambiente, sin permitir el aprovechamiento ilícito del patrimonio estatal.
El Incoder, de conformidad con lo estatuido en el artículo 75 de la Ley 160 de 1994, está facultado para regular la ocupación y aprovechamiento de las tierras baldías reservadas, siempre que tal función no haya sido atribuida por la ley a otra autoridad. Esta norma general de competencia, lo faculta para regular el uso y permitir la tenencia temporal sobre tierras baldías reservadas, cuando encontrare que ello conviene a los intereses de la economía nacional y no se desvirtúe el propósito perseguido con la constitución de la reserva.
Adicionalmente, el artículo 12 numeral 13 de la Ley 160 de 1994 ordena al antiguo Incora, hoy Incoder administrar en nombre del Estado las tierras baldías de la Nación, y en tal virtud, adjudicarlas, celebrar contratos, constituir reservas y adelantar en ellas programas de colonización de acuerdo con las normas legales vigentes y los reglamentos que expida la Junta Directiva.
En lo relacionado con los terrenos que conforman los archipiélagos de Nuestra Señora del Rosario y de San Bernardo, se debe advertir que las islas denominadas Tesoro, Rosario y sus islotes adyacentes, Maravilla y Mangle, al igual que la totalidad del área sumergida, integran el Parque Nacional Natural los Corales del Rosario y de San Bernardo. En consecuencia, el presente reglamento de ocupación temporal de las islas que constituyen reserva territorial del Estado, tendrá en cuenta todas las normas sobre conservación y aprovechamiento racional de recursos naturales renovables y del medio ambiente, así como las regulaciones especiales del citado Parque Nacional Natural.
De otra parte, de conformidad con los artículos 83 y 84 del Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, Decreto 2811 de 1974, las playas marítimas y la faja de treinta (30) metros de ancho, paralela a la línea de mareas máximas, son bienes de dominio público, inalienables e imprescriptibles. A su vez el artículo 5º de la Ley 9ª de 1989, prevé que constituye espacio público las áreas requeridas para la circulación de las personas, así como las franjas de retiro de las edificaciones sobre las fuentes de agua. Además, la jurisprudencia ha considerado la mencionada franja de 30 metros, al igual que a las playas y demás bienes a que se refiere el artículo 674 del Código Civil, por su naturaleza, como bienes de uso público, destinados al uso común de los habitantes y sobre los cuales no es posible autorizar un uso excluyente a un particular, salvo situaciones especialmente previstas en la ley, que no contraríen el deber estatal consagrado en el artículo 82 de nuestra Constitución Política;
Que el Parque Nacional Natural los Corales del Rosario y de San Bernardo fue declarado y alinderado originalmente por el Acuerdo número 26 de 1977 del Inderena, aprobado por Resolución Ejecutiva número 171 de 1986 del Ministerio de Agricultura y posteriormente realinderado por el Acuerdo 0093 de 1987 del Inderena, aprobado con Resolución Ejecutiva número 59, de 1988 del Ministerio de Agricultura y por la Resolución 1425 de 1996 del hoy Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.
De otra parte, de conformidad con el Decreto 2324 de 1984 compete a la Dirección General Marítima y Portuaria, Dimar, otorgar concesiones, permisos o licencias para el uso y goce pro tempore de los bienes de uso público y territorios bajo su jurisdicción, sin que esta facultad contraríe las competencias asignadas en la ley a otros entes públicos.
Por todas las circunstancias expresadas, el presente reglamento se aplicará sólo a aquellos terrenos que constituyen reserva territorial del Estado y que conforman los archipiélagos de Nuestra Señora del Rosario y de San Bernardo, el primero de los cuales está delimitados expresamente en las Resoluciones del Incora número 04698 del 27 de septiembre de 1984 y número 04393 del 15 de septiembre de 1986. En consecuencia, no se aplicará a aquellas porciones o franjas de terreno de las islas, que de conformidad con las normas legales constituyen bienes de uso público, así como las correspondientes a las áreas del Parque Nacional Natural Los Corales del Rosario y de San Bernardo;
Que es competencia del Incoder, regular la ocupación y aprovechamiento de los terrenos baldíos que constituyen reserva territorial o patrimonial del Estado, de conformidad con lo señalado en el artículo 12 numeral 13 e incisos 5o y 7o del artículo 75 de la Ley 160 de 1994.
Por lo expuesto,
ACUERDA:
Artículo 1°. Restitución de los bienes baldíos de reserva de la Nación. El presente acuerdo tiene por objeto regular la administración de los bienes baldíos de Reserva de la Nación ubicados en las diferentes islas que conforman el archipiélago de Islas del Rosario y San Bernardo siempre que los mismos hayan sido previamente recuperados por el Incoder en los términos del Capítulo X de la Ley 160 de 1994.
Artículo 2°. Contrato de arrendamiento. Facúltese al Gerente General del Incoder para entregar en arrendamiento los bienes baldíos reservados de conformidad con el artículo 10 del Código Fiscal de 1912, hasta por un término máximo de ocho (8) años, los terrenos de propiedad de la Nación que conforman las islas que integran los archipiélagos Islas Corales de Nuestra Señora del Rosario y de San Bernardo, que por disposición del artículo 107 del Código Fiscal, Ley 110 de 1912, constituyen reserva patrimonial o territorial del Estado. Parágrafo. En ningún caso el objeto del contrato de arrendamiento incluirá el Parque Nacional Natural los Corales del Rosario y de San Bernardo, ni las superficies catalogadas como bienes de uso público, tales como las zonas de bajamar, las playas o las franjas de 30 metros de ancho, paralelas a las líneas de alta marea o a la de máximas crecientes de las ciénagas, depósitos o fuentes internas de agua, ni las demás áreas definidas como espacio público por las normas vigentes.
Artículo 3°. Área máxima de arrendamiento. El área máxima de terreno insular que puede ser objeto del contrato de arrendamiento, será de una (1) hectárea.
Artículo 4°. Precio del contrato de arrendamiento. De conformidad con las disposiciones legales que rigen la materia, el precio o canon mensual de arrendamiento de las áreas insulares, será equivalente al uno por ciento (1%) del valor del avalúo catastral del inmueble que para el efecto y a petición del Incoder, realizará el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Igac. El canon se pagará anticipadamente al Incoder por el arrendatario, por períodos mensuales, semestrales o anuales, dentro de los primeros cinco (5) días hábiles del período correspondiente.
Artículo 5°. Solemnidades especiales del contrato. El contrato de arrendamiento de los terrenos insulares se celebrará mediante escritura pública, que se inscribirá en el folio de matrícula inmobiliaria correspondiente a las Islas del Rosario. Una vez suscrita por las partes la correspondiente escritura, se reputa perfeccionado el contrato y se harán exigibles las obligaciones recíprocas.
Artículo 6°. Mejoras y adecuaciones. El arrendatario deberá obtener del Incoder autorización previa y por escrito para realizar cualquier tipo de mejoras o adecuaciones sobre el inmueble objeto del contrato de arrendamiento. Bajo ningún motivo, el ocupante podrá efectuar nuevas construcciones ni instalaciones, de conformidad con lo establecido en las Resoluciones número 1424 de 1996 del Ministerio del Medio Ambiente y número 01610 de 2005 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. De la misma forma, el arrendatario deberá dar cumplimiento a las normas y disposiciones ambientales, establecidas en el Plan de Manejo Ambiental. Si al momento de suscribir el contrato de arrendamiento, ya existieren construcciones, instalaciones y en general mejoras, sobre el área objeto del contrato, el Incoder otorgará un plazo de un (1) año al arrendatario, para que haga las adecuaciones que de conformidad con las normas ambientales se requieran y para que obtenga los permisos o licencias exigidas por la normatividad respectiva. Para el efecto, el arrendatario presentará la respectiva solicitud ante el Jefe de la Oficina de Enlace Territorial correspondiente, acompañada de los planos y del proyecto a realizar, así como de los planes de manejo ambiental, permisos, licencias, concesiones o autorizaciones, que según las normas legales se requieran para realizar las adecuaciones necesarias. El Gerente General podrá expedir la autorización una vez haya recibido el concepto del Jefe de Oficina de Enlace Territorial, dejando expresa constancia que las mejoras e instalaciones que se realicen sobre el terreno de dominio público arrendado, revierten al dominio de la Nación al término del contrato.
Artículo 7°. Terminación unilateral del contrato. El incumplimiento de las obligaciones contenidas en el artículo anterior dará lugar a que el Incoder declare la terminación automática del contrato sin necesidad de declaración judicial.
Artículo 8°. Impuestos y contribuciones. Los arrendatarios se obligarán a pagar oportunamente los impuestos y contribuciones que de conformidad con lo previsto en el artículo 6°, numeral 3, de la Ley 768 de 31 de julio de 2002, graven las construcciones, edificaciones o cualquier tipo de mejoras sobre el bien de dominio público arrendado, o la actividad económica que desarrolle.
Artículo 9°. Renuncia a futuras reclamaciones por parte de los actuales ocupantes. En todo caso, los actuales ocupantes deberán renunciar de manera expresa y por escrito a futuras reclamaciones de cualquier índole, en especial a las relacionadas con la propiedad, posesión u ocupación de los terrenos insulares y mejoras implantadas, en contra del Estado colombiano o de cualquier entidad de derecho público con personería jurídica. En el evento de que se presentaren simultáneamente dos o más solicitudes de arrendamiento de una misma superficie insular, se atenderá preferentemente la presentada por los actuales ocupantes quienes, como arriba se expresó, deberán en todo caso aceptar el dominio pleno del Estado sobre tales terrenos, y comprometerse a realizar, dentro del año siguiente, las modificaciones o adecuaciones que sean necesarias de conformidad con las normas ambientales vigentes y obtengan los respectivos planes de manejo ambiental, permisos, licencias o autorizaciones de las autoridades competentes. En todo caso, las mejoras se reputarán de propiedad de la Nación, por estar implantadas en un terreno que constituye reserva territorial o patrimonial del Estado.
Artículo 10. Contrato de usufructo. Facúltese al Gerente General del Incoder para celebrar contratos de usufructo, por un término máximo de 8 años, sobre superficies insulares no mayores a doscientos (200) metros cuadrados, con aquellos ocupantes de escasos recursos económicos, establecidos en el Archipiélago con anterioridad a la vigencia del presente acuerdo. El terreno solamente podrá ser destinado a fines habitacionales del usufructuario y su familia, siempre que se comprometan a no contravenir las normas ambientales. La solicitud del interesado deberá acompañarse de la autorización o permiso de la respectiva autoridad ambiental. Parágrafo. Para estos efectos se considera un ocupante de escasos recursos económicos quien tenga un patrimonio inferior a 15 salarios mínimos legales mensuales y no haya recibido del Estado subsidio de vivienda de interés social.
Artículo 11. En caso de probarse la existencia de comunidades afrocolombianas e indígenas, en los terrenos que conforman los archipiélagos Islas Corales de Nuestra Señora del Rosario y de San Bernardo, se aplicarán los lineamientos constitucionales y legales que rigen la materia” (subrayas fuera de texto).
“Acuerdo n.º 084 de 2006
(20 diciembre 2006)
Por el cual se modifica el artículo 4º del acuerdo 041 que regula la ocupación y aprovechamiento temporal de los terrenos que conforman las islas del archipiélago de Nuestra Señora del Rosario y de San Bernardo.
El Consejo Directivo del INCODER
En uso de sus facultades legales (..)
CONSIDERANDO
Artículo primero. El artículo 4º del acuerdo 041 del Consejo Directivo del INCODER quedará así:
Artículo 4º. Precio del contrato de arrendamiento. De conformidad con las disposiciones legales que rigen la materia, el precio o canon mensual de arrendamiento de las áreas insulares, será equivalente al 1% del valor del avalúo catastral del inmueble que para el efecto y a petición del INCODER, realizará el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Igac (sic). El canon se pagará anticipadamente al INCODER por el arrendatario, por periodos mensuales, semestrales o anuales, dentro de los primero cinco (5) días hábiles del periodo correspondiente.
Respecto de los contratos de arrendamiento que se suscriban con posterioridad al 28 de febrero de 2007 y hasta el 30 de junio del mismo año, el canon de arrendamiento de las áreas insulares será equivalente al 3% del valor del avalúo catastral del inmueble.
De otro lado, los contratos de arrendamiento que se suscriban con posterioridad al 30 de junio de 2007, el canon de arrendamiento de las áreas insulares será equivalente al 5% del valor del avalúo catastral del inmueble.
Parágrafo.- El incremento en el porcentaje correspondiente al tres por ciento (3%) o al cinco por ciento (5%) del avalúo catastral del inmueble como canon de arrendamiento no será aplicable en aquellos contratos en los que se compruebe que la dilación en la celebración del mismo no es imputable al solicitante del contrato. Para este fin se entenderá que la dilación en la suscripción del contrato es imputable a causas ajenas al solicitante cuando:
El interesado haya presentado ante el Incoder una solicitud de arrendamiento del bien insular debidamente recuperado jurídicamente, por escrito, con anterioridad al 28 de febrero o 30 de junio de 2007, según el caso, allegando para ello todos los documentos requeridos para la protocolización del contrato correspondiente, cuales son:
a).- En caso de personas jurídicas:
-. Certificado de existencia y representación social de la persona jurídica donde conste la identidad de quien ostenta la calidad de representante legal con una expedición no anterior a 30 días.
-. Acuerdo de la Junta Directiva que habilite al representante legal a celebrar el contrato de arrendamiento cuando así se requiere por estatutos.
-. Certificado de antecedentes disciplinarios del representante legal, expedido por la Procuraduría General de la Nación.
-. Certificado de antecedentes fiscales del representante legal, expedido por la Contraloría General de la Nación.
-. Copia del pasado judicial vigente expedido por el DAS, del representante legal.
-. Copia de la cédula de ciudadanía del representante legal.
-. Desistimiento de las acciones judiciales o reclamaciones extrajudiciales que haya instaurado la sociedad en contra del Estado Colombiano o de cualquier entidad de derecho público con personería jurídica de cualquier índole, en especial a las relacionadas con la propiedad, posesión u ocupación de los terrenos insulares y mejoras implantadas, mediante escrito firmado con presentación personal ante notario por parte del representante legal.
-. Si aún no se hubiere instaurado una reclamación judicial o extrajudicial en contra del Estado Colombiano o de cualquier entidad de derecho público con personería jurídica, el solicitante deberá allegar una renuncia de manera expresa y por escrito a futuras reclamaciones de cualquier índole, en especial a las relacionadas con la propiedad, posesión u ocupación de los terrenos insulares y mejoras implantadas en los territorios baldíos objeto del contrato, mediante escrito firmado con presentación personal ante notario por parte del representante legal.
b).- En caso de personas naturales:
-. Certificado de antecedentes disciplinarios del solicitante, expedido por la Procuraduría General de la Nación.
-. Certificado de antecedentes fiscales del solicitante, expedido por la Contraloría General de la Nación.
-. Copia del pasado judicial vigente expedido por el DAS, del solicitante.
-. Copia de la cédula de ciudadanía del solicitante.
-. Desistimiento de las acciones judiciales o reclamaciones extrajudiciales que haya instaurado la sociedad en contra del Estado Colombiano o de cualquier entidad de derecho público con personería jurídica de cualquier índole, en especial a las relacionadas con la propiedad, posesión u ocupación de los terrenos insulares y mejoras implantadas mediante escrito firmado con presentación personal ante notario.
-. Si aún no se hubiere instaurado una reclamación judicial o extrajudicial en contra del Estado Colombiano o de cualquier entidad de derecho público con personería jurídica, el solicitante deberá allegar una renuncia de manera expresa y por escrito a futuras reclamaciones de cualquier índole, en especial a las relacionadas con la propiedad, posesión u ocupación de los terrenos insulares y mejoras implantadas en los territorios baldíos objeto del contrato, mediante escrito firmado con presentación personal ante notario.
En la solicitud deberá manifestarse de manera expresa la intención de tomar en arrendamiento los predios insulares en los términos del acuerdo 041 de 2006 del Consejo Directivo del INCODER” (subrayas fuera de texto, fls. 31-34 cuaderno ppal. proceso 36841).
“Acuerdo n.º 116 de 2007
(12 julio 2007)
Por el cual se modifica el artículo 4º del acuerdo 041 de 2006 y el artículo 1º del acuerdo 084 de 2006 que regula la ocupación y aprovechamiento temporal de los terrenos que conforman las islas del archipiélago de Nuestra Señora del Rosario y de San Bernardo.
El Consejo Directivo del INCODER
En uso de sus facultades legales (..)
CONSIDERANDO
(..)
RESUELVE
Artículo primero.- El artículo 4º del acuerdo 041 de 2006 y 1º del acuerdo 084 de 2006 del Consejo Directivo del Incoder se modifica así:
Artículo 4º.
Parágrafo 2: Precio del contrato de arrendamiento para los bienes baldíos ubicados en San Bernardo. De conformidad con las disposiciones legales que rigen la materia, el precio o canon mensual de arrendamiento de las áreas insulares será equivalente al uno por ciento (1%) del valor del avalúo catastral del inmueble que para el efecto y a petición del Incoder, realizará el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. El canon se pagará anticipadamente al Incoder por el arrendatario, por periodos mensuales, semestrales o anuales, dentro de los primeros cinco (5) días hábiles del periodo correspondiente.
Respecto de los contratos de arrendamiento que se celebren con posterioridad al 31 de agosto de 2007 y hasta el 31 de octubre del mismo año, el canon de arrendamiento de las áreas insulares será equivalente al 3% del valor del avalúo catastral del inmueble.
De otro lado, los contratos que se celebren con posterioridad al 31 de octubre de 2007, el canon de arrendamiento de las áreas insulares será equivalente al 5% del valor del avalúo catastral del inmueble.
Parágrafo 3. El incremento en el porcentaje correspondiente al 3% o al 5% del avalúo catastral del inmueble como canon de arrendamiento no será aplicable en aquellos contratos en los que se compruebe que la dilación en la celebración del mismo no es imputable al solicitante del contrato. Para este fin se entenderá que la dilación en la suscripción del contrato es imputable a causas ajenas al solicitante cuando:
El interesado haya presentado ante el Incoder una solicitud de arrendamiento del bien insular debidamente recuperado jurídicamente, por escrito con anterioridad al 31 de agosto o 31 de octubre de 2007, según el caso, allegando para ello todos los documentos requeridos para la protocolización del contrato, conforme se señala en el parágrafo primero de este artículo.
En la solicitud deberá manifestarse de manera expresa la intención de tomar en arrendamiento los predios insulares en los términos del acuerdo 041 de 2006 del Consejo Directivo del INCODER.
Artículo segundo. Este acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación” (fls. 35-37 cuaderno ppal. Expediente 36841).
“Acuerdo n.º 123 de 2007
(22 noviembre 2007)
Por medio del cual se adiciona el artículo 4º del acuerdo 084 de 20 de diciembre de 2006.
El Consejo Directivo del INCODER
En uso de sus facultades legales (..)
CONSIDERANDO
(..)
RESUELVE
Artículo primero. Adición. Adiciónese al artículo 4º del acuerdo 041 de 2006, modificado por el artículo 1º del acuerdo 084 de 2006, el siguiente parágrafo:
Cuando en los procesos de clarificación de la propiedad de predios situados en el Archipiélago de San Bernardo se declare que esos inmuebles son del dominio de la Nación colombiana, sus ocupantes pueden optar entre restituirlos al Estado o legalizar su ocupación mediante la celebración de un contrato de arrendamiento en los términos y condiciones previstos en el acuerdo 041 de 2006. Los cánones de arrendamiento en estos eventos se fijarán de conformidad con las siguientes reglas:
Si el contrato de arrendamiento se celebra dentro de los treinta (30) días siguientes a la notificación al interesado del acto administrativo que declara que el área insular que ocupa es de propiedad de la Nación colombiana y a la vez, que agote por completo la vía gubernativa, el canon de arrendamiento será el equivalente al 1% del avalúo catastral vigente.
Si el contrato de arrendamiento se celebra después de los treinta (30) días y antes de los ciento cincuenta (150) días siguientes a la notificación al interesado del acto administrativo que declara que el área insular que ocupa es de propiedad de la Nación colombiana y a la vez, que agote por completo la vía gubernativa, el canon de arrendamiento será el equivalente al 3% del avalúo catastral vigente.
Si el contrato de arrendamiento se celebra después de los ciento cincuenta (150) días siguientes a la notificación al interesado del acto administrativo que declara que el área insular que ocupa es de propiedad de la Nación colombiana y a la vez, que agote por completo la vía gubernativa, el canon de arrendamiento será el equivalente al 5% del avalúo catastral vigente.
Artículo segundo. Vigencia. Este acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación” (fls. 38-39 cuaderno ppal. Expediente 36841).
“Resolución n.º 044 de 7 de 2008
(7 febrero 2008)
Por cual se reglamenta la ocupación y aprovechamiento de los terrenos que conforman las islas del archipiélago de Nuestra Señora del Rosario y de San Bernardo.
El Director Ejecutivo de la UNAT, en uso de sus facultades legales (..)
CONSIDERANDO
(..)
RESUELVE
Artículo 1. Restitución de los bienes baldíos de reserva de la Nación. Restitución de los bienes baldíos de reserva de la Nación. La presente resolución tiene por objeto regular la administración de los bienes baldíos de reserva de la Nación ubicados en las diferentes islas que conforman el archipiélago de Islas de Nuestra Señora del Rosario y San Bernardo siempre que los mismos hayan sido previamente recuperados, antes por el INCODER, hoy por el UNAT, en los términos del numeral 5 del artículo 3 del Decreto 4907 de 2007.
Artículo 2. Contrato de arrendamiento. La UNAT, de conformidad con el artículo 10 del Código Fiscal de 1912, entregará en arrendamiento los bienes baldíos reservados de propiedad de la Nación, hasta por un término máximo de ocho (8) años, que conforman las islas que integran los archipiélagos de Nuestra Señora del Rosario y de San Bernardo, que por disposición del artículo 107 del Código Fiscal, la Ley 110 de 1912, constituyen reserva patrimonial o territorial del Estado.
En ningún caso el objeto del contrato de arrendamiento incluirá el Parque Nacional Natural Los Corales del Rosario y de San Bernardo, ni las superficies catalogadas como bienes de uso público, tales como las zonas de bajamar, las playas o franjas paralelas a las líneas de alta marea o a la de máximas crecientes de las ciénagas, depósitos o fuentes internas de agua, ni las demás áreas definidas como espacio público por las normas vigentes.
Artículo 3. Área máxima de arrendamiento. El área máxima de terreno insular que puede ser objeto de contrato de arrendamiento será de una (1) hectárea.
Artículo 4. Precio del contrato de arrendamiento para predios ubicados en el archipiélago de Nuestra Señora del Rosario. De conformidad con las disposiciones legales que rigen la materia, el precio o canon mensual de arrendamiento de las áreas insulares, será equivalente al 1% del valor del avalúo catastral del inmueble que para el efecto y a petición del UNAT, realice el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, siempre que la solicitud y elaboración del contrato se haya realizado hasta el 28 de febrero de 2007 ante el INCODER. El canon se pagará anticipadamente a la Fundación Patrimonio Natural Fondo para la Biodiversidad y Áreas Protegidas por el arrendatario, por periodos mensuales, semestrales o anuales, dentro de los primeros cinco (5) días hábiles del periodo correspondiente.
Respecto de los contratos de arrendamiento que hayan iniciado su trámite con posterioridad al 28 de febrero de 2007 y hasta el 30 de junio del mismo año, el canon de arrendamiento de las áreas insulares será equivalente al 3% del valor del avalúo catastral del inmueble.
De otro lado, los contratos de arrendamiento que hayan iniciado su trámite con posterioridad al 30 de junio de 2007, el canon de arrendamiento de las áreas insulares será equivalente al 5% del valor del avalúo catastral del inmueble.
Artículo 5. Precio del contrato de arrendamiento para predios ubicados en el Archipiélago de San Bernardo. En lo referente a los contratos de arrendamiento sobre predios ubicados en el archipiélago de San Bernardo, el canon será equivalente al 1% del valor del avalúo catastral que realice el IGAC, siempre que la solicitud de contrato se haya presentado hasta el 31 de agosto de 2007 ante el INCODER.
Respecto de los contratos de arrendamiento que hayan iniciado su trámite por solicitud del ocupante con posterioridad al 31 de agosto de 2007 y hasta el 31 de octubre del mismo año, el canon de arrendamiento de las áreas insulares será equivalente al 3% del valor del avalúo catastral del inmueble.
De otro lado, los contratos de arrendamiento que hayan iniciado su trámite por solicitud del ocupante con posterioridad al 31 de octubre de 2007, el canon de arrendamiento de las áreas insulares será equivalente al 5% del valor del avalúo catastral del inmueble.
Artículo 6. Contrato de arrendamiento para predios sobre los cuales se adelantan procedimientos de clarificación de la propiedad en el archipiélago de San Bernardo. Si en los procesos de clarificación de la propiedad de predios situados en el Archipiélago de San Bernardo se declara que estos no han salido del dominio del Estado colombiano, sus ocupantes pueden optar entre restituirlos al Estado o legalizar su ocupación mediante la celebración de un contrato de arrendamiento en los términos aquí previstos. En estos eventos los cánones de arrendamiento se fijarán de conformidad con las siguientes reglas:
Si el contrato de arrendamiento se celebra dentro de los treinta (30) días siguientes a la notificación al interesado del acto administrativo que declara que el área insular que ocupa no ha salido del dominio del Estado y a la vez, que agote por completo la vía gubernativa, el canon de arrendamiento será el equivalente al 1% del avalúo catastral vigente.
Si el contrato de arrendamiento se celebra después de los treinta (30) días y antes de los noventa (90) días siguientes a la notificación al interesado del acto administrativo que declara que el área insular que ocupa no ha salido del dominio del Estado y a la vez, que agote por completo la vía gubernativa, el canon de arrendamiento será el equivalente al 3% del avalúo catastral vigente.
Si el contrato de arrendamiento se celebra después de los ciento cincuenta (150) días siguientes a la notificación al interesado del acto administrativo que declara que el área insular que ocupa no ha salido del dominio del Estado y a la vez, que agote por completo la vía gubernativa, el canon de arrendamiento será el equivalente al 5% del avalúo catastral vigente.
Artículo 7. Documentos que se deben presentar junto con la solicitud de contrato de arrendamiento. El interesado en suscribir contrato de arrendamiento deberá presentar ante la UNAT una solicitud por escrito, allegando para ello todos los documentos requeridos para la protocolización del contrato correspondiente, cuales son:
a).- En caso de personas jurídicas:
-. Certificado de existencia y representación social de la persona jurídica donde conste la identidad de quien ostenta la calidad de representante legal con una expedición no anterior a 30 días.
-. Acuerdo de la Junta Directiva que habilite al representante legal a celebrar el contrato de arrendamiento cuando así se requiere por estatutos.
-. Certificado de antecedentes disciplinarios del representante legal, expedido por la Procuraduría General de la Nación.
-. Certificado de antecedentes fiscales del representante legal, expedido por la Contraloría General de la Nación.
-. Copia del pasado judicial vigente expedido por el DAS, del representante legal.
-. Copia de la cédula de ciudadanía del representante legal.
-. Desistimiento de las acciones judiciales o reclamaciones extrajudiciales que haya instaurado la sociedad en contra del Estado Colombiano o de cualquier entidad de derecho público con personería jurídica de cualquier índole, en especial a las relacionadas con la propiedad, posesión u ocupación de los terrenos insulares y mejoras implantadas, mediante escrito firmado con presentación personal ante notario por parte del representante legal.
-. Si aún no se hubiere instaurado una reclamación judicial o extrajudicial en contra del Estado Colombiano o de cualquier entidad de derecho público con personería jurídica, el solicitante deberá allegar una renuncia de manera expresa y por escrito a futuras reclamaciones de cualquier índole, en especial a las relacionadas con la propiedad, posesión u ocupación de los terrenos insulares y mejoras implantadas en los territorios baldíos objeto del contrato, mediante escrito firmado con presentación personal ante notario por parte del representante legal.
b).- En caso de personas naturales:
-. Certificado de antecedentes disciplinarios del solicitante, expedido por la Procuraduría General de la Nación.
-. Certificado de antecedentes fiscales del solicitante, expedido por la Contraloría General de la Nación.
-. Copia del pasado judicial vigente expedido por el DAS, del solicitante.
-. Copia de la cédula de ciudadanía del solicitante.
-. Desistimiento de las acciones judiciales o reclamaciones extrajudiciales que haya instaurado la sociedad en contra del Estado Colombiano o de cualquier entidad de derecho público con personería jurídica de cualquier índole, en especial a las relacionadas con la propiedad, posesión u ocupación de los terrenos insulares y mejoras implantadas mediante escrito firmado con presentación personal ante notario.
-. Si aún no se hubiere instaurado una reclamación judicial o extrajudicial en contra del Estado Colombiano o de cualquier entidad de derecho público con personería jurídica, el solicitante deberá allegar una renuncia de manera expresa y por escrito a futuras reclamaciones de cualquier índole, en especial a las relacionadas con la propiedad, posesión u ocupación de los terrenos insulares y mejoras implantadas en los territorios baldíos objeto del contrato, mediante escrito firmado con presentación personal ante notario.
Artículo 8. Sobre el momento de la celebración del contrato de arrendamiento y su canon aplicable. El incremento en el porcentaje correspondiente al 3% o al 5% del avalúo catastral del inmueble como canon de arrendamiento, de acuerdo con la fecha de celebración del contrato no será aplicable en aquellos contratos en los que se compruebe que la dilación del mismo no es imputable al solicitante del contrato. Para este fin se entenderá que la dilación en la suscripción del contrato es ajena al solicitante cuando el interesado haya presentado solicitud del contrato de arrendamiento sobre el predio ocupado dentro de las fechas establecidas en los artículos 4 y 5 de la presente resolución.
En la solicitud deberá manifestarse de manera expresa la intención de suscribir contrato de arrendamiento y reconocer el dominio del Estado colombiano sobre los predios ocupados por el solicitante.
Artículo 9. Solemnidades del contrato. El contrato de arrendamiento de los terrenos insulares se celebrará mediante documento privado autenticado ante notario público. Una vez suscrito por las partes el correspondiente contrato, este se reputa perfeccionado y se harán exigibles las obligaciones recíprocas.
Artículo 10. Mejoras y adecuaciones. El arrendatario deberá obtener de la UNAT autorización previa y por escrito para realizar cualquier tipo de mejoras o adecuaciones sobre el inmueble objeto del contrato de arrendamiento. Bajo ningún motivo el ocupante podrá efectuar nuevas construcciones ni instalaciones, de conformidad con lo establecido en las resoluciones (..). De la misma forma, el arrendatario deberá dar cumplimiento a las normas y disposiciones ambientales (..).
Para el efecto, el arrendatario presentará la respectiva solicitud ante el UNAT acompañada de los planos y del proyecto a realizar, así como de los planes de manejo ambiental, permisos, licencias, concesiones o autorizaciones, que según las normas legales se requieran para realizar las adecuaciones necesarias. El Director Ejecutivo podrá expedir la autorización una vez cumplidos los requisitos legales, dejando expresa constancia que las mejoras e instalaciones que se realicen sobre el terreno de dominio público arrendado, revierten al dominio de la Nación al término del contrato, sin lugar a indemnizaciones ni a ningún tipo de reconocimiento pecuniario por las mismas.
Artículo 11. Terminación unilateral del contrato. El incumplimiento de las obligaciones contenidas en el artículo anterior dará lugar a que la UNAT declare la terminación automática del contrato sin necesidad de declaración judicial.
Artículo 12. Impuestos y contribuciones. Los arrendatarios se obligarán a pagar oportunamente los impuestos y contribuciones que de conformidad con lo previsto en el artículo 6, numeral 3 de la Ley 768 de 2002, que graven las construcciones, edificaciones o cualquier tipo de mejoras sobre el bien de dominio público arrendado, o la actividad económica que desarrolle.
Artículo 13. En todo caso los actuales ocupantes deberán renunciar de manera expresa y por escrito a futuras reclamaciones de cualquier índole, en especial a las relacionadas con la propiedad, posesión u ocupación de los terrenos insulares o mejoras plantadas, en contra del Estado colombiano o de cualquier entidad de derecho público con personería jurídica. En el evento de que se presentaren simultáneamente dos o más solicitudes de arrendamiento de una misma superficie insular, se atenderá preferentemente la presentada por los actuales ocupantes quienes, como arriba se expresó, deberán en todo caso aceptar el dominio pleno del Estado sobre tales terrenos y comprometerse a realizar, dentro del año siguiente, las modificaciones o adecuaciones que sean necesarias de conformidad con las normas ambientales vigentes y obtengan los respectivos planes de manejo ambiental, permisos, licencias o autorizaciones de las autoridades competentes. En todo caso, las mejoras se reputarán de propiedad de la Nación, por estar implantadas en un terreno que constituye reserva territorial o patrimonial del Estado.
Artículo 14. Contrato de usufructo. Se celebrarán contratos de usufructo, por un término máximo de 8 años, sobre superficies insulares no mayores a 400 metros cuadrados, con aquellos ocupantes de escasos recursos económicos, establecidos en el archipiélago con anterioridad a la vigencia del presente acuerdo (sic). El terreno solamente podrá ser destinado a fines habitacionales del usufructuario y su familia, siempre que se comprometan a no contravenir las normas ambientales. La solicitud del interesado deberá acompañarse de la autorización o permiso de la respectiva autoridad ambiental.
Para estos efectos se considera un ocupante de escasos recursos económicos quien tenga un patrimonio inferior a 15 salarios mínimos legales mensuales y no haya recibido del Estado subsidio de vivienda de interés social” (subrayas fuera de texto, fls. 40-48 cuaderno ppal. proceso 36841).
2.1.2 Pretensiones de nulidad del artículo 9 del Acuerdo n.º 041 de 2006 y de la Resolución n.º 044 de 2008. Cosa juzgada parcial
Esta Corporación ha sostenido que el concepto de cosa juzgada “(..) hace referencia al carácter imperativo e inmutable de las decisiones que han adquirido firmeza, lo cual implica de suyo la imposibilidad de volver sobre asuntos ya juzgados, para introducir en ellos variaciones o modificaciones mediante la adopción de una nueva providencia”. En consecuencia, es posible “(..) predicar la existencia del fenómeno de la cosa juzgada, cuando llega al conocimiento de la jurisdicción un nuevo proceso con identidad jurídica de partes, causa y objeto”.
La cosa juzgada no es distinta a la definición de la litis, de modo que si esto último ocurrió, pues ya concluyó la controversia sobre la legalidad de las normas acusadas, no es dable volver sobre lo mismo.
Sostiene al respecto la Corte Constitucional:
“Al operar la cosa juzgada, no solamente se predican los efectos procesales de la inmutabilidad y definitividad de la decisión, sino que igualmente se producen efectos sustanciales, consistentes en precisar con certeza la relación jurídica objeto de litigio.
(..)
La cosa juzgada es una institución jurídico procesal mediante la cual se otorga a las decisiones plasmadas en una sentencia y en algunas otras providencias, el carácter de inmutables, vinculantes y definitivas. Los citados efectos se conciben por disposición expresa del ordenamiento jurídico para lograr la terminación definitiva de controversias y alcanzar un estado de seguridad jurídica”.
Los principales fundamentos normativos de la cosa juzgada se encuentran en los artículos 175 del Código Contencioso Administrativo y 332 del Código de Procedimiento Civil, los cuales exigen el cumplimiento de tres requisitos así: i) que los procesos versen sobre el mismo objeto, ii) que tengan la misma causa y iii) que exista identidad jurídica de partes. Esto último ajeno a decisiones de nulidad con efectos erga omnes.
La cosa juzgada tiene por objeto que los hechos y conductas que han sido definidas, no vuelvan a ser debatidos. Esto, con la finalidad de garantizar un mínimo de seguridad jurídica entre los asociados y estabilidad propia del orden jurídico. Lo decidido tiene carácter vinculante y obligatorio.
La jurisprudencia y la doctrina han distinguido entre cosa juzgada formal y material. La primera implica que no es posible volver sobre una decisión adoptada en providencia que hubiere quedado ejecutoriada dentro del mismo proceso o en otro en el que se debata la misma causa petendi y pretensión. Esto, en orden a garantizar el acceso a la justicia, pues no se comprende que resuelta una cuestión, en atención a determinada causa, se tenga que volver sobre lo mismo. Y, la segunda, hace alusión a la intangibilidad de la sentencia o la decisión equivalente, en razón del fundamento y no de la decisión misma, de donde la norma controvertida podría ser diversa. Esto último tiene por objeto imprimirle certeza a la relación, objeto y causa debatidos, al punto que establecida la divergencia con el orden jurídico, la disposición expulsada no puede ser reproducida y, en todo caso, aplicada, así se acuda a un texto normativo diferente. Mientras que en el primer caso se garantiza la seguridad, en el segundo la intangibilidad de las decisiones judiciales.
Para que se configure la cosa juzgada, la Corte Constitucional ha señalado:
“Para que una decisión alcance el valor de cosa juzgada se requiere:
Identidad de objeto, es decir, la demanda debe versar sobre la misma pretensión material o inmaterial sobre la cual se predica la cosa juzgada. Se presenta cuando sobre lo pretendido existe un derecho reconocido, declarado o modificado sobre una o varias cosas o sobre una relación jurídica. Igualmente se predica identidad sobre aquellos elementos consecuenciales de un derecho que no fueron declarados expresamente.
Identidad de causa petendi (eadem causa petendi), es decir, la demanda y la decisión que hizo tránsito a cosa juzgada deben tener los mismos fundamentos o hechos como sustento. Cuando además de los mismos hechos, la demanda presenta nuevos elementos, solamente se permite el análisis de los nuevos supuestos, caso en el cual, el juez puede retomar los fundamentos que constituyen cosa juzgada para proceder a fallar sobre la nueva causa.
Identidad de partes, es decir, al proceso deben concurrir las mismas partes e intervinientes que resultaron vinculadas y obligadas por la decisión que constituye cosa juzgada”.
La jurisprudencia de la Corte ha establecido una serie de categorías conceptuales que delimitan el alcance de la cosa juzgada, entre ellas ha diferenciado entre la cosa juzgada formal y material, así:
“La primera tiene lugar cuando existe una decisión previa del juez constitucional en relación con la misma norma que es objeto de una nueva demanda, o cuando una nueva norma con un texto exactamente igual a uno anteriormente examinado por la Corte es nuevamente demandado por los mismos cargos. En estas hipótesis la Corte no puede pronunciarse de nuevo sobre la constitucionalidad de la norma.
La cosa juzgada material, de otro lado, se presenta cuando la disposición demandada reproduce el mismo sentido normativo de otra norma que ya fue examinada por la Corte. Esta identidad normativa debe apreciarse desde el punto de vista de la redacción de las disposiciones demandadas, como desde el punto de vista del contexto dentro del cual ellas se ubican, de tal forma que si la redacción es diversa, pero el contenido normativo es el mismo a la luz del contexto, se entiende que existe identidad. Por el contrario, pese a que el texto sea el mismo, si el contexto normativo en el que se reproduce es diferente, no cabe hablar de cosa juzgada material”.
Revisada la actuación, la Sala encuentra que en el presente asunto se configura el fenómeno de la cosa juzgada, como pasa a explicarse.
En efecto, mediante sentencia de 9 de junio de 2010, la Subsección C resolvió la acción de nulidad instaurada contra el inciso primero y la parte final del inciso segundo del artículo 9 del Acuerdo n.º 041 de 24 de enero de 2006, proferido por el Consejo Directivo del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, “Por el cual se regula la ocupación y aprovechamiento temporal de los terrenos que conforman las islas del archipiélago de Nuestra Señora del Rosario y San Bernardo”.
Al confrontar el acto acusado con la norma superior, la Sala encontró el inciso primero del artículo 9 del Acuerdo n.º 41 de 2006 contrario a la Carta Política, pues la opción de celebrar un contrato de arrendamiento sobre terrenos administrados por el Estado exigía el desistimiento de las acciones emprendidas y la renuncia a futuras reclamaciones contra el Estado, cercenando la garantía constitucional de acceso a la administración de justicia. Destacó la Corporación que no sólo se restringía la posibilidad de que el administrado acuda al aparato jurisdiccional para controlar la legalidad de la actuación administrativa, sino que incluso se impedía hacer uso de los mecanismos alternativos de solución de conflictos. Se destacan algunos apartes de la decisión:
“Tratándose de los conflictos que puedan suscitar las actuaciones y decisiones de la administración pública, el derecho de acceso a la administración de justicia se conecta con la posibilidad de controlar el sometimiento del poder público al ordenamiento jurídico. Por consiguiente, si la administración se ha caracterizado ante todo por ser una ejecutora del derecho, esta posición la pone en la posibilidad de contradicción de los mismos preceptos jurídicos que debe aplicar. Si ello es así, el principio de legalidad peligra cuando se despoja a los particulares de los instrumentos o mecanismos judiciales necesarios para que manifiesten ante una instancia que goce de las características de imparcialidad e independencia su inconformidad por el obrar de una autoridad administrativa.
El negar la posibilidad de control judicial de la actuación de la administración pública niega la garantía misma de Estado de Derecho, ocasiona que las actuaciones administrativas puedan tornarse arbitrarias, pero ante todo constituye un retroceso pues implícitamente se está consagrando un “principio de irresponsabilidad”, no admisible en el esquema constitucional actual.
(..)
Como puede observarse, la norma administrativa no restringe los supuestos en los que opera la renuncia, sólo se hace referencia abstracta a futuras demandas contra el Estado, con lo cual comprende controversias ajenas a las posibles discusiones sobre la propiedad de los inmuebles que van a ser arrendados. De otro lado, la posibilidad de regular el ejercicio de los derechos fundamentales y por ende fijar limitaciones a los mismos es una competencia exclusiva del legislador que, incluso, requiere de una mayor legitimación democrática.
El derecho de acceso a la administración de justicia se consagró a nivel constitucional sin condicionamiento alguno, por ello resulta contrario al principio de jerarquía normativa que una disposición de carácter administrativo restrinja su ejercicio contraviniendo abiertamente lo dispuesto por el constituyente primario.
Las anteriores razones resultan suficientes para que el cargo formulado prospere y se declare la nulidad del inciso primero del artículo 9 del Acuerdo 41 de 2006 y, hace innecesario el análisis de los restantes argumentos esgrimidos por el actor”.
Y, en relación con la parte final del segundo inciso del artículo 9 del Acuerdo n.º 41 de 2006, la Sala encontró del caso establecer un condicionamiento a la validez de la norma, dado que era necesario garantizar imperativos constitucionales, evitando así que el INCODER se extralimitara en sus funciones, respecto del derecho del ocupante de buena fe al pago de mejoras. En consecuencia, mantuvo la norma, en el entendido que “(..) en la misma providencia se decidirá si hay lugar o no al reconocimiento de mejoras, procediendo a su negociación voluntaria o a la expropiación, de conformidad con las normas establecidas para el caso, siempre que de las pruebas allegadas pueda considerarse al ocupante como "poseedor de buena fe", según las normas del Código Civil”. La Subsección sostuvo:
“(..) en el caso que ahora se estudia se encuentra que una primera interpretación conduciría a afirmar que en esta ocasión se habría desconocido el principio de jerarquía normativa, toda vez que la última parte del inciso segundo del artículo 9 del Acuerdo No. 41 de 2006 es una norma de carácter general que halla su fundamento directo en la Ley 160 de 1994 y en el Decreto 2664 de 1995. Entre los cuerpos normativos en referencia existe una relación de mayor a menor jerarquía. En el caso de la disposición demandada frente a la ley, la relación descrita se desprende de un criterio orgánico, mientras que ante la norma reglamentaria su subordinación se infiere del mayor valor que el ordenamiento jurídico le otorga a esta última como desarrollo y complemento directo de la ley, sobre una disposición que, aunque general, constituye una manifestación que tiene razón de ser sólo en virtud del ejercicio previo de una competencia normativa de carácter administrativo que le sirve de fundamento.
Bajo esta perspectiva, lo dispuesto en el aparte demandado resulta contrario al parágrafo 1 del artículo 74 de la Ley 160 de 1994 y al artículo 50 del Decreto 2664 de 1995, en cuanto consagra que las mejoras realizadas por los ocupantes se reputarán de propiedad de la Nación, por estar implantadas en un terreno que constituye reserva territorial o patrimonial del Estado. El Incoder incurre así en una extralimitación, porque restringe el alcance de las normas que le sirven de fundamento al desconocer el derecho que tiene el ocupante de buena fe al pago de las mejoras que haya realizado sobre el predio.
El parágrafo 1 del artículo 74 de la Ley 160 de 1994 preceptúa:
“PARÁGRAFO 1º. En la providencia que ordena la restitución se tomarán las determinaciones que correspondan en relación con las mejoras. Si el ocupante o quien se pretenda dueño puede considerarse como poseedor de buena fe conforme a la presunción de la ley civil, se procederá a la negociación o expropiación de las mejoras” (subrayado fuera de texto).
La Corte Constitucional, cuando se pronunció sobre la legalidad del precepto, señaló:
“Mientras no se cumplan todos los requisitos exigidos por la ley para tener derecho a la adjudicación de un terreno baldío, el ocupante simplemente cuenta con una expectativa, esto es, la esperanza de que al cumplir con esas exigencias se le podrá conceder tal beneficio. No obstante, quien detenta materialmente un terreno baldío al cual le ha incorporado mejoras o inversiones y ha sido explotado económicamente, si bien no tiene la calidad de poseedor con las consecuencias jurídicas que de tal condición se derivan, sí tiene una situación jurídica en su favor, esto es, un interés jurídico que se traduce en la expectativa de la adjudicación, la que es merecedora de la protección de las autoridades”.
Por su parte, el artículo 50 del Decreto 2664 de 1995 dispone:
“Artículo 50. DECISIÓN FINAL. Con fundamento en las pruebas aportadas, el Gerente General del Instituto o su delegado, mediante resolución motivada, ordenará si fuere el caso la restitución del predio o terrenos indebidamente ocupados. En la misma providencia se decidirá si hay lugar o no al reconocimiento de mejoras, procediendo a su negociación voluntaria o a la expropiación, de conformidad con las normas establecidas para el caso, siempre que de las pruebas allegadas pueda considerarse al ocupante como "poseedor de buena fe", según las normas del Código Civil”. (Subrayado fuera de Texto).
Por otra parte, la interpretación hasta ahora realizada sólo puede abarcar a aquellas personas que en el momento de expedición de la resolución 041 de 2006 ya detentaban la condición de ocupantes. Por consiguiente, la imposibilidad de que las mejoras se reputen de propiedad de la Nación, por estar implantadas en un terreno que constituye reserva territorial o patrimonial del Estado sin atender a la buena o mala fe del particular se encuentra circunscrita y no opera para supuestos futuros porque en estos casos sólo se puede tener la calidad de arrendatario. La Sala, persiguiendo conservar el efecto útil de norma asumirá la interpretación expuesta, condicionando de este modo la legalidad del precepto acusado”.
Resolvió la Sala:
“Primero. DECLÁRASE la nulidad del inciso primero del artículo 9 del Acuerdo 041 de 2006, con fundamento en las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.
Segundo. DECLÁRASE la nulidad condicionada de la expresión “En todo caso, las mejoras se reputarán de propiedad de la Nación, por estar implantadas en un terreno que constituye reserva territorial o patrimonial del Estado” contenida en la parte final del segundo inciso del artículo 9 del Acuerdo 041 de 2006, en el entendido que la contradicción con el ordenamiento jurídico sólo se circunscribe al no reconocimiento de mejoras a quienes ya detentaban la condición de ocupante en el momento de expedición de la Resolución 041 de 2006, siempre y cuando éstos comprueben que la posesión detentada es de buena fe”.
Siendo así y en aplicación de la cosa juzgada material, se dispondrá estarse a lo resuelto en la sentencia de 9 de junio de 2010, en cuanto a los apartes de las disposiciones demandadas concernientes a i) “la renuncia a futuras reclamaciones por parte de los actuales ocupantes”, expresión contenida en el inciso primero del Acuerdo n.º 041 de 2006, declarado nulo en la providencia en comento y ii) “en todo caso, las mejoras se reputarán de propiedad de la Nación, por estar implantadas en un terreno que constituye reserva territorial o patrimonial del Estado”, contenida en el inciso segundo de la dicha normativa, cuya nulidad condicionada fue declarada en la misma decisión.
Cosa juzgada material que también se extiende a los artículos 5º y 8º del Acuerdo n.º 033 de 2005. El primero, respecto de la frase “dejando expresa constancia que las mejoras e instalaciones que se realicen sobre el terreno de dominio público arrendado, revierten al dominio de la Nación al término del contrato” y el segundo cuando prevé que i) “renuncien a futuras reclamaciones de cualquier índole, en especial a las relacionadas con la propiedad, posesión u ocupación de los terrenos y mejoras implantadas” y ii) “en todo caso, las mejoras se reputarán de propiedad de la Nación, por estar implantadas en un terreno que constituye reserva territorial o patrimonial del Estado”. Así mismo, el artículo 6º del Acuerdo n.º 041 de 2006, en la expresión “dejando expresa constancia que las mejoras e instalaciones que se realicen sobre el terreno de dominio público arrendado, revierten al dominio de la Nación al término del contrato” y las frases contenidas en los literales a) y b) del Acuerdo n.º 084 de 2006, relativos al “desistimiento de las acciones judiciales o reclamaciones extrajudiciales”.
Y, en aplicación de la cosa juzgada formal, la Sala ordenará que las partes se estén a lo dispuesto en la sentencia de 12 de marzo de 2015, en cuanto declaró la nulidad de la Resolución n.º 044 de 7 de febrero de 2008, por la cual “se reglamenta la ocupación y aprovechamiento de los terrenos que conforman las Islas de Nuestra Señora del Rosario y San Bernardo”, en cuanto la Subsección A, en sentencia de 12 de marzo de 2015 resolvió el cargo de falta de competencia, en el sentido de declarar su prosperidad. Dispuso:
“PRIMERO.- Se declara la nulidad de la Resolución No. 44 de 7 de febrero de 2008, expedida por la Unidad de Tierras Rurales – UNAT, por la cual se reglamentó la ocupación y el aprovechamiento de los terrenos que conforman las islas del archipiélago de Nuestra Señora del Rosario y de San Bernardo, por las razones que han sido expuestas en esta providencia.
SEGUNDO.- Por secretaría, ordénase informar de la presente sentencia, con destino a los siguientes procesos, en los cuales la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, conoce de la acción de nulidad instaurada contra determinados apartes de los artículos 6 y 7 de la resolución No. 44 de 2008 y contra otros artículos contenidos en acuerdos expedidos por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural - INCODER:
Expediente: 35.841 (110010326000 2008 00046 00)
Acción de nulidad – suspensión provisional
Actor: Dary Lucía Rodríguez Ramírez
Demandado: Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder y otro
Magistrado Ponente: Danilo Rojas Betancourth .
Expediente: 35.361 (110010326000 2008 00039 00),
Acción de nulidad
Actor: Luis Gonzalo Mejía Uribe
Demandado: Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder y otro
Magistrada Ponente: Stella Conto Díaz Del Castillo”.
Sobre la falta de competencia, a la luz de las disposiciones de los numerales 10 y 11 del artículo 28 de la Ley 1152 de 2007, consideró que, en cuando la Unidad Nacional de Tierras Rurales –UNAT- expidió la Resolución n.º 044 de 2008, en ejercicio de una facultad asignada al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, de acuerdo con el artículo 38 de la Ley 1152, excedió el marco de sus funciones.
Se destacan algunos apartes de la decisión:
“En efecto, identificada la categorización de los bienes baldíos, procedía disponer la transferencia de la administración a la entidad competente, de acuerdo con la distribución asignada en el numeral 11 del artículo 28 de la Ley 1152, de manera que la Unidad Nacional de Rural de Tierras Rurales - UNAT era incompetente para desplegar un acto referido a la administración de los bienes cobijados bajo la Resolución No. 044 de 2008 y decidir en ese acto, por sí y ante sí, los contratos que esa misma entidad dispuso celebrar sobre tales bienes.
De la lectura de la Resolución No. 44, de acuerdo con el alcance del acto y las decisiones adoptadas, se concluye que el reglamento de ocupación y aprovechamiento sobre los bienes definió asuntos que constituyen sin duda actos de administración, por cuanto así lo refirió en el artículo 1º y lo desarrolló en los artículos subsiguientes mediante los cuales reguló el tipo de contrato que se celebraría y las reglas para acceder, por la vía del contrato, a la tenencia de los terrenos.
En consecuencia, al expedir la Resolución No. 44 de 2008 la Unidad Nacional de Tierras Rurales- UNAT desconoció que la función de definir la vocación del bien no la dotó de competencia para entrar a expedir actos acerca de la administración y tenencia de los bienes baldíos referidos en esa resolución.
Por lo anterior, a juicio de la Sala, se debe aceptar la procedencia del cargo impetrado por el demandante.
No sobra advertir que igual conclusión se obtiene bajo el supuesto de la distinción que se pretendió realizar en los considerandos de la Resolución No. 44 de 2008, según la cual los bienes objeto de la disposición citada eran los declarados como baldíos reservados ubicados dentro del territorio expresamente delimitado por las resoluciones del INCORA y que no estuvieran sometidos a restricciones de uso público o a las propias del Parque Natural Los Corales del Rosario, según se hizo constar en la siguiente forma:
“Por todas las circunstancias expresadas, el presente reglamento se aplicará sólo a aquellos terrenos que constituyen reserva territorial del Estado y que conforman los archipiélagos de Nuestra Señora del Rosario y de San Bernardo, el primero de los cuales está delimitado expresamente en las Resoluciones del Incora número 04698 del 27 de septiembre de 1984 y número 04393 del 15 de septiembre de 1986. En consecuencia, no se aplicará a aquellas porciones o franjas de terreno de las islas, que de conformidad con las normas legales constituyen bienes de uso público, así como las correspondientes a las áreas del Parque Nacional Natural Los Corales del Rosario y de San Bernardo;” (La negrilla no es del texto.)
En relación con el párrafo transcrito se advierte que en este proceso no es posible determinar si existían islas o zonas de terreno en el supuesto de la consideración citada, es decir calificadas como baldíos, que a su vez se encontraban fuera del área del Sistema del Parque Natural, de las zonas de reserva y de las de amortiguación a cargo del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.
No obstante, en el hipotético caso de que hubieren existido terrenos baldíos fuera de zonas de reserva ambiental, libres de las restricciones de uso público referidas en la Resolución 44, la administración de los mismos habría quedado a cargo del INCODER o de alguna de las entidades públicas definidas en el numeral 11 del artículo 28 de la Ley 1152, según la vocación del respectivo bien, por lo cual, se llega a concluir que la Unidad Nacional de Tierras Rurales – UNAT, no tenía competencia para expedir una resolución con el objeto de disponer sobre la administración de bienes a que se refirió la norma acusada.
8.1.2. Desestimación de la competencia referida en el artículo 3 del decreto 4709 de 2007 (numeral 3º del artículo 28 de la Ley 1152 de 2007).
Resulta improcedente la interpretación que en este proceso invocó la Unidad Nacional de Tierras Rurales - UNAT, según la cual el reglamento contenido en la Resolución No. 44 se habría enmarcado dentro de las facultades referidas en el artículo 3 del decreto 4709 de 2007, puesto que del contenido de la Resolución No. 44 se advierte que no se desplegó un trámite administrativo de aquellos “relacionados con el ejercicio de las acciones y toma de las medidas que correspondan en los casos de indebida ocupación de las tierras baldías”, por el contrario, en el acto impugnado la Unidad Nacional de Tierras Rurales - UNAT determinó la forma de entrega de los bienes, mediante contratos de arrendamiento o usufructo (sic), bajo los requisitos de acceso a la contratación, el plazo y el precio fijados en la reglamentación por ella expedida.
Para la Sala es claro que los trámites administrativos relacionados con la indebida ocupación de tierras baldías, que eran de competencia de la Unidad Nacional de Tierras Rurales- UNAT no podían ser distintos de los establecidos específicamente en la ley con ese objeto, como por ejemplo, los procedimientos a su cargo para la recuperación de baldíos y la actuación administrativa ante las autoridades competentes para obtener la restitución de bienes indebidamente ocupados.
Desde otra perspectiva, con el propósito de no dejar de considerar aspecto alguno de los alegados por la entidad demandada, la Sala observa que la Resolución 44 de 2008 no constituyó un acto para finiquitar una actuación no resuelta, toda vez que la Unidad Nacional de Tierras Rurales – UNAT, obrando por fuera de ese supuesto legal, definió las condiciones de nuevos contratos.
Acerca de la naturaleza del acto impugnado, la Sala trae a colación la diferencia que existe entre el acto preparatorio o de trámite y el acto definitorio, siendo el primero el que contiene una decisión que se produce con el fin de impulsar la actuación hacia su conclusión, por lo cual no tiene contenido definitorio sobre el fondo del asunto, y el segundo -el acto administrativo definitivo- el que se constituye por una manifestación de voluntad, en ejercicio de la función administrativa, en orden a crear, modificar o extinguir una situación jurídica.
En ese orden de ideas, la Resolución 44 no constituyó un acto de trámite – ni tuvo por objeto resolver un trámite abierto por acto anterior y no resuelto-; en este caso se configuró un verdadero acto definitivo, en la medida en que dispuso las condiciones de contratación, bajo las cuales determinó derechos y obligaciones frente a eventuales ocupantes, bajo el supuesto de la entrega mediante contrato de arrendamiento o usufructo (sic), en los términos y condiciones definidos hacia el futuro, en el respectivo reglamento.
8.1.3. Desestimación de la competencia dentro de los procedimientos y actuaciones asignadas.
La entidad demandada sostiene que el acto sub judice, fue expedido dentro de la competencia para adelantar el procedimiento de clarificación de la propiedad, sin embargo, la asignación a la Unidad Nacional de Tierras Rurales - UNAT, de los citados procedimientos no se extendió a la facultad de disponer las reglas de explotación que tendría el bien.
De acuerdo con la Ley 1152 de 2007, el procedimiento de clarificación de la propiedad se debía adelantar con el objeto de determinar que los bienes no habían salido de la propiedad del Estado, de manera que, establecido el objeto del referido procedimiento, se advierte que en parte alguna comprendió la actuación tendiente a definir condiciones acerca de las contrataciones posteriores a la declaratoria de un bien como baldío.
A juicio de la Sala, la actuación legal correspondiente al funcionario que recibió las peticiones o propuestas para celebrar contratos de arrendamiento, debió adecuarse al artículo 33 del Código Contencioso Administrativo, a través del traslado a la entidad competente, sin perjuicio de obrar en lo de su competencia, mediante la iniciación o continuación de los procedimientos de recuperación de baldíos que estaban a su cargo, en los términos de ley:
“Artículo 33. Si el funcionario a quien se dirige la petición, o ante quien se cumple el deber legal de solicitar que inicie la actuación administrativa, no es el competente, deberá informarlo en el acto al interesado, si éste actúa verbalmente; o dentro del término de diez (10) días, a partir de la recepción si obró por escrito; en este último caso el funcionario a quien se hizo la petición deberá enviar el escrito, dentro del mismo término, al competente, y los términos establecidos para decidir se ampliarán en diez (10) días.”
Se tiene presente que, siguiendo las disposiciones del artículo 121 y los límites de la potestad reglamentaria prevista en el numeral 16 del artículo 189 de la Constitución Política, las funciones contenidas en el Decreto 4907, deben interpretarse con arreglo a la ley, sin ampliar la competencia delimitada en la norma legal ni invadir las potestades que las disposiciones con fuerza de ley asignan a otra entidad pública.
Sobre esto último, la Sala advierte que la argumentación de la entidad demandada pasó por alto que las funciones del Decreto 4907, invocadas como apoyo para la expedición de la Resolución No. 44 se encontraban en el mismo artículo de la ley que a continuación disponía sobre la transferencia de la administración de los bienes a otras entidades, amén de que las disposiciones llamadas a servir de apoyo de la resolución, no pueden aislarse de los contenidos de la distribución de competencias que establecieron la propia Ley 1152 y el Decreto 4907, con idéntico texto.
Así las cosas, teniendo en cuenta que el artículo 121 de la Constitución Política establece que “n[N]inguna autoridad del Estado podrá ejercer funciones distintas de las que le atribuyen la Constitución y la ley” y que en este caso los funcionarios expidieron un acto para el que no le asistía competencia legal, en violación de lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 1152 de 2007 entonces vigente, se debe acceder a la pretensión del demandante y decretar la nulidad del acto administrativo, en su integridad, de conformidad con el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo.
8.2. Se releva del análisis de los otros cargos
Habiendo prosperado el primer cargo, por razón de la falta de competencia, se concluye acerca de la nulidad de la integridad de la Resolución No. 44, por lo cual no es necesario proceder al estudio de los demás cargos.
Teniendo en cuenta que la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, conoce de dos acciones de nulidad instauradas por otros demandantes, contra determinados apartes de los artículos 6 y 7 de la Resolución No. 44 de 2008 y otros actos contenidos en diversos acuerdos expedidos por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural – INCODER, allí demandado, se ordenará compulsar copias con destino a esos procesos, para los efectos pertinentes”.
Si bien esta Sala, dada la cosa juzgada formal se encuentra relevada de analizar los cargos formulados en contra de la Resolución n.º 044 de 2008, entre los que se encontraba la violación del derecho de acceso a la administración de justicia, no sucede lo mismo respecto de las disposiciones presentes en los demás actos acusados, en cuanto, igualmente obligan al desistimiento de las acciones judiciales y reclamaciones extrajudiciales entonces adelantadas por los poseedores y ocupantes de los terrenos insulares, ante cualquier autoridad judicial o administrativa –artículos 7 y 13-, condición que, además, hace posible presentar solicitud para un eventual contrato de arrendamiento, única forma de continuar con la ocupación y explotación, pues estas disposiciones, al igual que el inciso primero del artículo 9 del Acuerdo n.º 041 de 2006 –como quedó explicado anulado-, claramente vulneran el derecho de acceso a la justicia. Esto, comoquiera que la exigencia contraría el artículo 229 constitucional, a cuyo tenor toda persona puede acceder a la justicia para la solución de las controversias, reconocimientos y defensa de sus derechos e intereses, sin perjuicio de los requisitos y cargas, justificados, razonables y proporcionados que corresponde imponer al legislador en ejercicio de sus facultades constitucionales.
Se trata de una norma similar a la contenida en los literales a) y b) del parágrafo del artículo 4 del Acuerdo n.º 084 de 2006, modificatorio del artículo 4º del Acuerdo n.º 041 de 2006, pues, al igual que en los acuerdos en estudio, la UNAT condiciona el incremento del canon de arrendamiento, en cuando la dilación es presupuesto para considerarlo y, para que esta no ocurra, se impone la presentación de una solicitud de contrato de arrendamiento con la que se debe allegar el desistimiento de las acciones incoadas o la renuncia a posteriores y eventuales reclamaciones y el reconocimiento pleno del dominio del Estado. De ahí que su nulidad también deba ser declarada.
Los literales a) y b) del parágrafo del artículo 4 del Acuerdo n.º 084 de 2006, modificatorio del artículo 4º del Acuerdo n.º 041 de 2006 imponen igual restricción, cercenando en lugar de facilitar el derecho de acceso a la justicia. Debe considerarse, además, la inconstitucionalidad e ilegalidad que comporta imponer a los ocupantes, concluido el trámite administrativo de recuperación de baldíos, sujeto a la revisión judicial y a las acciones civiles pertinentes, renunciar a su situación, sin ser previamente vencidos en juicio.
Es que el derecho de acceso a la administración de justicia no sólo comprende la posibilidad de que el juez se pronuncie de fondo sobre un asunto que se ha sometido a su consideración, sino que propende porque se acuda a la administración en igualdad de condiciones, con sujeción a la ley y con garantías de imparcialidad. De donde deviene en reprochable que la administración imponga a los ocupantes de los inmuebles la definición de una cuestión que la involucra, acorde con el interés que la misma envuelve. Esto es, la administración impone al administrado la renuncia anticipada de una situación que deberá ser definida por la justicia, pues solo así podrá continuar con la tenencia del bien, respecto de la que, además, se impone la exigencia de mudar su calidad de poseedor a tenedor.
En este orden, las consideraciones aducidas por la Sección en la sentencia del 9 de junio de 2010, en cuanto declaró nulo el inciso primero del artículo 9 del Acuerdo n.º 041 de 2006 y condicionó la parte final del inciso segundo del artículo 9 del mismo acuerdo, resultan igualmente aplicables para resolver la nulidad de los literales a) y b) del parágrafo del artículo 4 del Acuerdo n.º 084 de 2006. Esto es así, porque las disposiciones, en cuanto imponen a los ocupantes, en el marco de una actuación administrativa, para el efecto, la clarificación de la propiedad inmueble, aceptar la calidad de tenedor que la administración impone al margen de la autonomía del ocupante, quien bien puede mantener su posición de poseedor, quebrantan, además del acceso a la justicia, el artículo 16 constitucional. Esto es así porque las disposiciones demandadas de una parte imponen una carga que el legislador no establece y, de otra, contrarían la autonomía de la voluntad de quienes podrían estar ocupando los bienes a título constitutivo o traslaticio, como bien lo prevé el artículo 765 del Código Civil y, por ende, distinto al arrendamiento. Modalidad de tenencia a nombre de otro.
Exigencia que, inclusive, se relaciona con un canon de arrendamiento que crece en función del tiempo, igualmente inconstitucional, si se compaginan con las renuncias y desistimientos. Lo anterior porque, al tiempo que se impide a los ocupantes acceder a la justicia, la demora en elevar la solicitud para suscribir el contrato de arrendamiento, les incrementa el canon.
Ahora, en punto a la necesidad de elevar solicitud de arrendamiento, una vez clarificada la propiedad, es de anotar que i) la clarificación no siempre tendría que definirse en sede administrativa, pues contra el acto que culmina el procedimiento agrario –que se concreta con la inscripción de la resolución que define el procedimiento en el respectivo folio de matrícula inmobiliaria para efectos de publicidad ante terceros-, bien puede formularse demanda de revisión o de nulidad y restablecimiento del derecho y ii) los artículos 777 y 791 del Código Civil prevén que las calidades de tenencia y posesión no se mudan por el transcurso del tiempo y que, igualmente, la posesión no muta su naturaleza a tenencia, en los términos de los artículos 786 y 787 del mismo estatuto.
De conformidad con lo expuesto, el artículo 7 de la Resolución n.º 044 de 2008, en cuanto imponía i) el desistimiento de las acciones judiciales y extrajudiciales instauradas en contra del Estado o de cualquier entidad de derecho público, relacionadas con la propiedad, posesión u ocupación de terrenos insulares y mejoras; ii) la renuncia expresa de futuras reclamaciones y iii) el reconocimiento de la propiedad plena del Estado, vulneraba el derecho de acceso a la justicia, la autonomía de la voluntad y el deber de respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios.
El artículo 64 constitucional establece que “[e]s deber del Estado promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios, en forma individual o asociativa y a los servicios de educación, salud, vivienda, seguridad social, recreación, crédito, comunicaciones, comercialización de los productos, asistencia técnica y empresarial, con el fin de mejorar el ingreso y calidad de vida de los campesinos”.
De ello se deriva, por una parte, el derecho de la población agraria propender por una calidad de vida adecuada, así como su derecho al territorio –que implica acceso a la tierra-; y por otra, la correlativa obligación del Estado de garantizar esos derechos.
En este orden, a la administración corresponde, de ser ello necesario y lo será siempre que el procedimiento administrativo no culmine satisfactoriamente y si los presupuestos lo indican a adelantar las acciones civiles pertinentes (artículos 950 y 952 C.C.), con miras a recuperar los bienes baldíos indebida o debidamente ocupados. De donde, imponer a los ocupantes a título de señor y dueño, el reconocimiento del dominio pleno del Estado, sin haber sido vencidos en juicio, desconoce las garantías constitucionales y el principio de legalidad. Manifestación que, además, tiene injerencia directa en las acciones judiciales futuras o en curso, argumento principal de los cargos de ilegalidad propuestos. Es por ello que la Sala declarará, por inconstitucional, la nulidad de la expresión “quienes como arriba se expresó, deberán en todo caso aceptar el dominio pleno del Estado sobre tales terrenos”, contenida en el artículo 9 del Acuerdo n.º 041 de 2006.
Ahora, respecto a la nulidad de la Resolución n.º 044 de 2008, la Sala reitera las mismas consideraciones, comoquiera que el UNAT, en el acto impugnado, dispuso las condiciones de contratación y determinó derechos y obligaciones frente a eventuales ocupantes, bajo el supuesto de la entrega mediante contrato de arrendamiento o “contrato de usufructo (sic)”, en los términos y condiciones definidos hacia el futuro, en el respectivo reglamento. Siendo que su competencia se restringe a adelantar los trámites administrativos relacionados con la indebida ocupación de tierras baldías, que no pueden ser distintos de los establecidos específicamente en la ley con ese objeto.
Así mismo, la Sala debe anotar que, respecto al párrafo, a cuyo tenor “en todo caso, las mejoras se reputarán de propiedad de la Nación, por estar implantadas en un terreno que constituye reserva territorial o patrimonial del Estado”, contenida en la parte final del inciso segundo del artículo 9 del Acuerdo n.º 041 de 24 de enero de 2006, deberá estarse a lo resuelto en la sentencia de 9 de junio de 2010, exp. 37258, que declaró su nulidad condicionada, en el entendido que la contradicción con el ordenamiento jurídico sólo se circunscribe al no reconocimiento de mejoras a quienes detentaban la condición de ocupantes, en el momento de expedición del acuerdo n.º 041 de 2006, siempre y cuando éstos comprueben que la posesión detentada es de buena fe.
Tal y como se consideró en su oportunidad, lo dispuesto en la parte final del inciso segundo del Artículo 9 del acuerdo n.º 041 de 24 de enero de 2006 resulta contrario al parágrafo 1º del artículo 74 de la Ley 160 de 1994 y al artículo 50 del Decreto 2664 de 1995, en cuanto consagra que las mejoras realizadas por los ocupantes se reputarán de propiedad de la nación, por estar implantadas en un terreno que constituye reserva territorial o patrimonial del Estado. El INCODER incurre así en extralimitación, porque restringe el alcance de las normas que le sirven de fundamento, relativas al derecho del ocupante al pago de las mejoras, en atención a la buena fe y la naturaleza de las mismas. Sostiene al respecto el Código Civil, en materia de restitución mutua de prestaciones:
“Artículo 969. La buena o mala fe del poseedor se refiere relativamente a los frutos, al tiempo de la percepción, y relativamente a las expensas y mejoras, al tiempo en que fueron hechas”.
Así mismo, el artículo 965 ibídem prevé que “(..) el poseedor vencido tiene derecho a que se le abonen las expensas necesarias invertidas en la conservación de la cosa, según las reglas siguientes: Si estas expensas se invirtieren en obras permanentes, como una cerca para impedir las depredaciones, o un dique para atajar las avenidas, o las reparaciones de un edificio arruinado por un terremoto, se abonarán al poseedor dichas expensas, en cuanto hubieren sido realmente necesarias; pero reducidas a lo que valgan las obras al tiempo de la restitución.” Al tiempo, la norma señala que “(..) si las expensas se invirtieron en cosas que por su naturaleza no dejan un resultado material permanente, como la defensa judicial de la finca, serán abonados al poseedor en cuanto aprovecharen al reivindicador y se hubieren ejecutado con mediana inteligencia y economía.”
Esto es, cabe advertir, como lo refrendan los artículos 966 y 967 de la misma normativa, que el ocupante de mala fe tiene derecho al reconocimiento de las mejoras útiles y voluptuarias, en los términos allí previstos. De donde el condicionamiento ya referido, esto es dirigido al reconocimiento de las mejoras al ocupante de buena fe deberá ampliarse, en cuanto no consulta la normatividad vigente. Siendo, además, de capital importancia el reconocimiento, si se considera que las mejoras necesarias propenden por el mantenimiento indispensable de los bienes y la defensa jurídica del derecho comprometido.
Lo anterior tiene que ver con las construcciones, plantaciones o siembras, cuya presencia se establece en el proceso administrativo que culmina con la recuperación del baldío.
Al respecto, el inciso 2° del artículo 50 del Decreto 2664 de 1994, derogado por el Decreto 1465 de 2013, establecía la oportunidad para disponer el pago de mejoras a favor de sus ocupantes, así: “En la misma providencia se decidirá si hay lugar o no al reconocimiento de mejoras, procediendo a su negociación voluntaria o a la expropiación, de conformidad con las normas establecidas para el caso, siempre que de las pruebas allegadas pueda considerarse al ocupante como ´poseedor de buena fe´, según las normas del Código Civil”. Esto, sin perjuicio del artículo 38 del Decreto Reglamentario n.º 1465 de 2013, a cuyo tenor:
“CONTENIDO DE LA DECISIÓN. La resolución que culmine el procedimiento de recuperación, ordenará si fuere del caso, la restitución del predio o los terrenos indebidamente ocupados. En la misma providencia se decidirá si hay lugar o no al reconocimiento de mejoras, siempre que se acredite la buena fe del ocupante y se ordenará. Si hubiere lugar a ello, la negociación voluntaria o la expropiación de dichas mejoras…”.
De ahí que el entendimiento que fijó la sentencia de 9 de junio de 2010, exp. 37258 a la expresión “en todo caso, las mejoras de reputarán de propiedad de la Nación, por estar implantadas en un terreno que constituye reserva territorial o patrimonial del Estado”, contenida en la parte final del inciso segundo del artículo 8 del Acuerdo n.º 033 de 2005, en lo que tiene que ver con el segundo inciso del artículo 9 del Acuerdo n.º 041 de 2006, demandado en este asunto, habrá de considerar que, a la luz del Código Civil, el ocupante de mala fe tiene derecho al reconocimiento de las mejoras necesarias y los gastos jurídicos en que incurrió en defensa del derecho. Esto, en el entendido que la buena fe se presume, sin perjuicio de la prueba en contrario.
Cabe anotar que en la sentencia que se trae a colación, si bien se hizo referencia al poseedor de buena fe para efecto de establecer las prestaciones a las que tendría derecho en caso de restitución, se dejó de considerar lo correspondiente al que de mala fe, en todo caso, en los términos legales, tiene derecho a reparación. Razón por la cual la Sala dispondrá que para el efecto se tenga en cuenta las previsiones de los artículos 961 y siguientes del Código Civil.
Ahora, es de advertir que, si bien las normas del Código Civil que se citan no fueron invocadas por la parte actora, la Sala puede extender el análisis de legalidad frente a otras disposiciones, pues se trata de una acción de simple nulidad, típicamente objetiva, cuya pretensión principal es la protección del ordenamiento jurídico.
De conformidad con lo previsto en el artículo 84 del C.C.A., “toda persona podrá solicitar por sí, o por medio de su representante, que se declare la nulidad de los actos administrativos. Procederá no sólo cuando los actos administrativos infrinjan las normas en que deberían fundarse, sino también cuando hayan sido expedidos por funcionarios u organismos incompetentes, o en forma irregular, o con desconocimiento del derecho de audiencias y defensa, o mediante falsa motivación, o con desviación de las atribuciones propias del funcionario o corporación que los profirió”.
De esta manera, la finalidad de la acción de nulidad es el interés general, esto es en defensa de la legalidad abstracta sobre los actos de la administración de inferior categoría. Es una acción pública, no tiene término de caducidad, se ejerce en defensa e interés de la legalidad, la sentencia produce efectos retroactivos y procede contra actos de contenido general y abstracto. Sobre el particular, la Corte Constitucional ha señalado:
“La acción de nulidad, de larga tradición legislativa (ley 130 de 1913) y jurisprudencial en nuestro medio, tiene como finalidad específica la de servir de instrumento para pretender o buscar la invalidez de un acto administrativo, proveniente de cualquiera de las ramas del poder público, por estimarse contrario a la norma superior de derecho a la cual debe estar sujeto. A través de dicha acción se garantiza el principio de legalidad que es consustancial al Estado Social de Derecho que nuestra Constitución institucionaliza y se asegura el respeto y la vigencia de la jerarquía normativa. Dicha jerarquía, cuya base es la Constitución, se integra además con la variedad de actos regla, que en los diferentes grados u órdenes de competencia son expedidos por los órganos que cumplen las funciones estatales, en ejercicio de las competencias constitucionales y legales de que han sido investidos formal, funcional o materialmente”.
Siendo así, se declarará la validez condicionada de la parte final del inciso segundo del artículo 8 del Acuerdo n.º 033 de 2005.
2.1.3 Pretensión de nulidad del Acuerdo n.º 084 de 20 de diciembre de 2006
El Acuerdo n.º 084 de 20 de diciembre de 2006, “por el cual se modifica el artículo 4º del acuerdo n.º 04 de 2006 que regula la ocupación y aprovechamiento temporal de los terrenos que conforman las islas del archipiélago de Nuestra Señora del Rosario y de San Bernardo”, reguló lo relativo al precio del contrato de arrendamiento y su incremento o ajuste, dependiendo de la fecha en que se celebraran los contratos. En el parágrafo de dicha normativa, el INCODER relacionó los documentos que debían presentar los interesados en el arrendamiento de los terrenos insulares, a saber:
“Parágrafo.- El incremento en el porcentaje correspondiente al tres por ciento (3%) o al cinco por ciento (5%) del avalúo catastral del inmueble como canon de arrendamiento no será aplicable en aquellos contratos en los que se compruebe que la dilación en la celebración del mismo no es imputable al solicitante del contrato. Para este fin se entenderá que la dilación en la suscripción del contrato es imputable a causas ajenas al solicitante cuando:
El interesado haya presentado ante el Incoder una solicitud de arrendamiento del bien insular debidamente recuperado jurídicamente, por escrito, con anterioridad al 28 de febrero o 30 de junio de 2007, según el caso, allegando para ello todos los documentos requeridos para la protocolización del contrato correspondiente, cuales son:
a).- En caso de personas jurídicas:
-. Certificado de existencia y representación social de la persona jurídica donde conste la identidad de quien ostenta la calidad de representante legal con una expedición no anterior a 30 días.
-. Acuerdo de la Junta Directiva que habilite al representante legal a celebrar el contrato de arrendamiento cuando así se requiere por estatutos.
-. Certificado de antecedentes disciplinarios del representante legal, expedido por la Procuraduría General de la Nación.
-. Certificado de antecedentes fiscales del representante legal, expedido por la Contraloría General de la Nación.
-. Copia del pasado judicial vigente expedido por el DAS, del representante legal.
-. Copia de la cédula de ciudadanía del representante legal.
-. Desistimiento de las acciones judiciales o reclamaciones extrajudiciales que haya instaurado la sociedad en contra del Estado Colombiano o de cualquier entidad de derecho público con personería jurídica de cualquier índole, en especial a las relacionadas con la propiedad, posesión u ocupación de los terrenos insulares y mejoras implantadas, mediante escrito firmado con presentación personal ante notario por parte del representante legal.
-. Si aún no se hubiere instaurado una reclamación judicial o extrajudicial en contra del Estado Colombiano o de cualquier entidad de derecho público con personería jurídica, el solicitante deberá allegar una renuncia de manera expresa y por escrito a futuras reclamaciones de cualquier índole, en especial a las relacionadas con la propiedad, posesión u ocupación de los terrenos insulares y mejoras implantadas en los territorios baldíos objeto del contrato, mediante escrito firmado con presentación personal ante notario por parte del representante legal.
b).- En caso de personas naturales:
-. Certificado de antecedentes disciplinarios del solicitante, expedido por la Procuraduría General de la Nación.
-. Certificado de antecedentes fiscales del solicitante, expedido por la Contraloría General de la Nación.
-. Copia del pasado judicial vigente expedido por el DAS, del solicitante.
-. Copia de la cédula de ciudadanía del solicitante.
-. Desistimiento de las acciones judiciales o reclamaciones extrajudiciales que haya instaurado la sociedad en contra del Estado Colombiano o de cualquier entidad de derecho público con personería jurídica de cualquier índole, en especial a las relacionadas con la propiedad, posesión u ocupación de los terrenos insulares y mejoras implantadas mediante escrito firmado con presentación personal ante notario.
-. Si aún no se hubiere instaurado una reclamación judicial o extrajudicial en contra del Estado Colombiano o de cualquier entidad de derecho público con personería jurídica, el solicitante deberá allegar una renuncia de manera expresa y por escrito a futuras reclamaciones de cualquier índole, en especial a las relacionadas con la propiedad, posesión u ocupación de los terrenos insulares y mejoras implantadas en los territorios baldíos objeto del contrato, mediante escrito firmado con presentación personal ante notario por parte del representante legal” (fls. 31-34 cuaderno ppal. proceso 36841).
Como se observa, la administración impuso a los interesados en suscribir el contrato de arrendamiento de los predios insulares una restricción al derecho de acceso a la administración de justicia, contraviniendo, directamente, la garantía constitucional. Los literales del parágrafo transcrito prohíben acudir a los distintos medios para dirimir controversias, sean ante la jurisdicción, mediante las acciones judiciales correspondientes o ante la misma administración, través del derecho de petición.
De ahí que, toda vez que esta Corporación declaró la nulidad del inciso primero del artículo 9 del Acuerdo n.º 041 de 24 de enero de 2006 y la disposición se repite en los literales a) y b) del artículo 4 del Acuerdo n.º 084 de 2006, estos deben correr la misma suerte, en cuanto exigen, como requisito para presentar la solicitud de arrendamiento de los bienes insulares, desistir de las reclamaciones judiciales o extrajudiciales en curso y no interponer nuevas.
Se advierte, entonces, que los literales acusados, al igual que el inciso primero del artículo 9 ya referido, violan el artículo 229 de la Carta Política, como ya lo resolvió esta Corporación con alcances de cosa juzgada material.
El artículo 229 constitucional garantiza el derecho a toda persona de acceder a la administración de justicia y el artículo 2º de la Ley 270 de 1996 reitera la garantía, al tiempo que requiere de las autoridades judiciales, prontitud, cumplimiento y eficacia en la solución de fondo de los asuntos que se sometan a su conocimiento.
La Corte Constitucional ha señalado que el derecho de acceso a la administración de justicia se relaciona con los fines propios del Estado social de derecho y, en especial, con la prevalencia de la convivencia pacífica, la vigencia de un orden justo, el respeto a la dignidad humana y la protección a los asociados en su vida, honra, bienes, creencias, derechos y libertades (arts. 1º y 2º C.P).
Lo anterior en cuanto las autoridades judiciales solventan los conflictos definiendo los derechos y poniendo en vigencia la ley; de manera que a ninguna persona se podría, impunemente, privar de un servicio, como la administración de justicia, relacionado con la existencia del Estado en su condición de garante de los derechos e intereses y creencias de los asociados, sin distinción. Es dentro de este marco que la Corte no ha vacilado en calificar el acceso a la administración de justicia como un derecho fundamental de primer orden, en cuanto tiene que ver con la justicia y la convivencia como misiones primordiales de la actividad estatal. Se trata, entonces, de un derecho que el INCODER se encuentra igualmente obligado a garantizar, en igualdad de condiciones a todos los administrados, de donde como ello no acontece así, porque la disposición acusada condiciona el acceso a la justicia de los ocupantes de los predios ubicados en las Islas Corales del Rosario y San Bernardo, para resolver el conflicto en razón de la misma ocupación y de todas las controversias de cualquier origen, con toda entidad pública y esta Corporación se pronunció sobre la nulidad del inciso primero del artículo 9 del Acuerdo n.º 041 de 2006, todas las disposiciones que consagran igual restricción, en los acuerdos y resolución demandada, deberán ser igualmente excluidos del ordenamiento.
2.1.4 Pretensión de nulidad de los Acuerdos números 033 de 2005, 116 y 123 de 2007
Es de advertir que, si bien la parte actora señala las normas violadas por los actos acusados, sus argumentos se centran en controvertir la exigencia de la administración, en orden a suscribir los contratos de arrendamiento de terrenos insulares, que los acuerdos en estudio prevén, relativa a las cargas de suyo indebidas, en cuanto igualmente la administración pretende interferir en las acciones judiciales y reclamaciones extrajudiciales, presentes y futuras, relacionadas con la propiedad, posesión u ocupación de los bienes en mención, ubicados en los Archipiélagos Islas Corales del Rosario y San Bernardo.
Según fue indicado en el libelo y la Sala igualmente lo considera, los Acuerdos números 033 de 2005, 116 y 123 de 2007 regulan lo concerniente al plazo de los contratos de arrendamiento, la fijación del canon y su incremento de conformidad con el avalúo catastral, en atención a determinados periodos, sin que se advierta el interés del INCODER en entregar los inmuebles en tenencia por arrendamiento, sino en facilitar la recuperación de las ocupaciones, cualquiera fuere el título que ostente el afectado.
Razón por la cual los cargos de ilegalidad alegados por la parte actora se orientan a la vulneración del derecho de acceso a la administración de justicia. De suerte que la cosa juzgada material –ya explicada- se extiende a los artículos 5º y 8º del Acuerdo n.º 033 de 2005. El primero, respecto de la frase “dejando expresa constancia que las mejoras e instalaciones que se realicen sobre el terreno de dominio público arrendado, revierten al dominio de la Nación al término del contrato” y el segundo en cuanto prevé que i) “renuncien a futuras reclamaciones de cualquier índole, en especial a las relacionadas con la propiedad, posesión u ocupación de los terrenos y mejoras implantadas” y ii) “en todo caso, las mejoras se reputarán de propiedad de la Nación, por estar implantadas en un terreno que constituye reserva territorial o patrimonial del Estado”. Así mismo, el artículo 6º del Acuerdo n.º 041 de 2006, en la expresión “dejando expresa constancia que las mejoras e instalaciones que se realicen sobre el terreno de dominio público arrendado, revierten al dominio de la Nación al término del contrato” y las frases contenidas en los literales a) y b) del Acuerdo n.º 084 de 2006, relativos al “desistimiento de las acciones judiciales o reclamaciones extrajudiciales”.
Ahora, finalmente, en aplicación de la cosa juzgada formal, la Sala ordenará que las partes se estén a lo dispuesto en la sentencia de 12 de marzo de 2015, en cuanto declaró la nulidad de la Resolución n.º 044 de 7 de febrero de 2008
Aunado a lo anterior, es de anotar que en relación con la expresión “en todo caso, las mejoras de reputarán de propiedad de la Nación, por estar implantadas en un terreno que constituye reserva territorial o patrimonial del Estado”, contenida en la parte final del inciso segundo del artículo 8 del Acuerdo n.º 033 de 2005, tal y como se estableció en la sentencia de 9 de junio de 2010, exp. 37258, respecto de la parte final del inciso segundo del artículo 9 del Acuerdo n.º 041 de 2006, por tratarse de disposiciones del mismo contenido, el entendido fijado por esta Corporación resulta igualmente aplicable, sumado a la sujeción de las previsiones de los artículos 961 y siguientes del Código Civil, esto es que el pago de mejoras habrá de considerar también los derechos del poseedor de mala fe, en lo relativo a las mejoras necesarias. Punto este que, como quedó explicado, no fue abordado en la sentencia que se trae a colación.
Nulidad condicionada que incluye el aparte “siempre que acepten el dominio pleno del Estado sobre tales terrenos”, contenido en el artículo 8 del Acuerdo n.º 033 de 2005, por las razones expuestas.
En lo que tiene que ver con las disposiciones de los acuerdos demandados, relativas al incremento del canon de arrendamiento, la Sala observa que en el capítulo concerniente al concepto de la violación, relativo al “quebrantamiento del artículo 1508 del C.C.”, en la demanda –proceso 36841- se pone de presente que la fijación e incremento del canon de arrendamiento no consulta criterios de igualdad, razonabilidad y proporcionalidad. El argumento estuvo dirigido al “constreñimiento que se quiere ejercer sobre el ocupante del presunto baldío, para que firme y reconozca la condición jurídica del bien que la administración exige”, como vicio del consentimiento del contrato de arrendamiento que llegare a celebrarse.
De donde la Sala resolverá el cargo, en el sentido de dejar sentado que no le está dado a la administración desconocer las normas sobre tenencia, posesión y mejoras, sin perjuicio de su interés en recuperar los terrenos baldíos. Esto es así porque las autoridades están en el deber de no abusar de su posición dominante, la que es fácil advertir si se considera que hacen uso de sus competencias para favorecer el resultado de una controversia judicial, amén de impedir que la misma se ventile ante los jueces como corresponde. desconociendo el derecho de acceso a la justicia, el principio del juez natural y los artículos 83 y 95 constitucionales, que obligan a actuar sujeto a los principios de buena fe, con absoluto respeto del derecho ajeno y no abuso del propio.
El Acuerdo n.º 033 de 2005, “por el cual se regula la ocupación y aprovechamiento temporal de los terrenos que conforman las islas del archipiélago de Nuestra Señora del Rosario y de San Bernardo”, da cuenta de i) la facultad otorgada al gerente del INCODER para entregar en arrendamiento los bienes baldíos reservados, por periodos anuales, prorrogables; ii) el área máxima de terreno insular que puede ser objeto de contrato de arrendamiento; iii) el precio del contrato; iv) las solemnidades especiales del acuerdo, esto es mediante escritura pública; v) la autorización para realizar mejoras y construcciones y vi) las causales de terminación de la relación contractual. Amén de la facultad otorgada al gerente del INCODER para celebrar “contratos de usufructo (sic)” sobre superficies insulares no mayores a 200 metros cuadrados, con ocupantes de escasos recursos económicos (fl. 57 y vto. cuaderno ppal., proceso 36841). Última respecto de la cual no se formuló cargo alguno.
El Acuerdo n.º 116 de 12 de julio de 2007, “por el cual se modifica el artículo 4º del acuerdo 041 de 2006 y el artículo 1º del acuerdo 084 de 2006”, regula lo atinente al precio del contrato de arrendamiento para los bienes baldíos ubicados en San Bernardo y su incremento en el porcentaje correspondiente al 3% o 5%, atendiendo fechas previamente establecidas (fls. 35-37 cuaderno ppal., proceso 36841).
Y, el Acuerdo n.º 123 de 22 de noviembre de 2007, “por el cual se adiciona el artículo 4º del acuerdo 084 de 20 de diciembre de 2006”, regula lo concerniente a la opción que tienen los ocupantes, en tanto se resuelve la controversia de regularla mediante la celebración de un contrato de arrendamiento, en los términos previstos en el acuerdo n.º 041 de 2006. Acorde con el pago del canon previamente establecido, el que se incrementa por periodos, de manera que lo conveniente para los ocupantes tiene que ver con no acudir a la justicia, sino suscribir el contrato a la mayor brevedad (fls. 38-39 cuaderno ppal., proceso 36841).
Siendo así, el contrato de arrendamiento, en sí mismo, al igual que el canon y sus incrementos no contrarían el ordenamiento, en cuanto el arrendamiento es una modalidad válida de administrar inmuebles al que todo propietario o poseedor puede acudir; siempre que no se utilice para obligar a quienes ocupan el predio a mudar su calidad, para así mismo facilitar el desalojo. Es de anotar, al igual que el objeto, la causa de los contratos también debe ser lícita y no lo es cuando se hace uso de una modalidad contractual con propósitos ajenos a la misma. Esto es, no se entiende, salvo por la propia voluntad, que un ocupante tenga que mudar la calidad ventajosa de poseedor por la de tenedor, por imposición de su contraparte, es decir de quien ostenta mejor derecho. De manera que las disposiciones habrán de aplicarse a quienes requieran de la tenencia, en cuanto modalidad válida de administración de inmuebles, no de recuperación de los baldíos.
En los términos del artículo 959 del C.C., la situación del poseedor se mantiene, es decir, se reputa dueño, hasta la sentencia definitiva que resuelva la reivindicación. La norma es del siguiente tenor:
“Si se demanda el dominio u otro derecho real constituido sobre un inmueble, el poseedor seguirá gozando de él hasta la sentencia definitiva, pasada en autoridad de cosa juzgada.
Pero el actor tendrá derecho de provocar las providencias necesarias para evitar todo deterioro de la cosa y de los muebles y semovientes anexos a ella y comprendidos en la reivindicación, si hubiere justo motivo de temerlo, o las facultades del demandado no ofrecieren suficiente garantía.”
El contrato de arrendamiento, de otra parte, lo define el artículo 1973 del C.C. así:
“El arrendamiento es un contrato en que las dos partes se obligan recíprocamente, la una a conceder el goce de una cosa, o a ejecutar una obra o prestar un servicio, y la otra a pagar por este goce, obra o servicio un precio determinado.”
Son susceptibles de arrendamiento todas las cosas corporales o incorporales, que pueden usarse sin consumirse; excepto aquellas que la ley prohíbe arrendar, y los derechos estrictamente personales, como los de habitación y uso. Procede, incluso, arrendar la cosa ajena y el arrendatario de buena fe tendrá acción de saneamiento contra el arrendador, en caso de evicción –art. 1974 ibídem-. El acuerdo al que lleguen las partes confiere un título de mero tenedor, justamente porque el arrendatario no tiene el título de propietario, comoquiera que reconoce dominio ajeno.
De ahí que, para el caso de los Acuerdos números 033 de 2005, 116 y 123 de 2007, en cuanto regularon lo concerniente al plazo de los contratos de arrendamiento, la fijación del canon y su incremento de conformidad con el avalúo catastral, la Sala declarará su validez condicionada, en el entendido de que se aplica para entregar el goce de los inmuebles a quienes lo requieren a título de tenencia y no para imponer a los ocupantes mudar su calidad.
Igual suerte corre el artículo 4 del Acuerdo n.º 041 de 2006, el cual, si bien fue suspendido provisionalmente por desconocimiento del derecho de acceso a la administración de justicia, su contenido se limitó a regular lo atinente al incremento del canon de arrendamiento, por lo que la Sala también habrá de declarar su validez condicionada.
En lo atinente a la falta de legitimación en la causa por pasiva del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la Sala declarará probada la excepción propuesta, en la medida en que no intervino en la actuación adelantada por el INCODER y la UNAT, Unidad e Instituto con personería jurídica y por ende con capacidad de goce y ejercicio, misma de la que se valieron para proferir las disposiciones.
Sin condena en costas por no aparecer causadas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “B”
F A L L A
PRIMERO.- DECLARAR de oficio probada la excepción de cosa juzgada y en consecuencia, ESTARSE A LO RESUELTO en:
La sentencia de 9 de junio de 2010 que decidió el proceso radicado con el número 11001-03-26-000-2009-00089-00 (37258), en tanto declaró la nulidad del inciso primero del artículo 9 del Acuerdo n.º 041 de 2006 y declaró la nulidad condicionada de la expresión “En todo caso, las mejoras se reputarán de propiedad de la Nación, por estar implantadas en un terreno que constituye reserva territorial o patrimonial del Estado”, contenida en la parte final del segundo inciso de la misma normativa, en el entendido que operó la cosa juzgada material.
Y en la sentencia de 12 de marzo de 2015 que decidió el proceso radicado con el número 11001-03-26-000-2009-00005-00 (36317), en tanto declaró la nulidad de la Resolución n.º 044 de 7 de febrero de 2008, expedida por la Unidad de Tierras Rurales –UNAT-, por medio de la cual se reglamentó la ocupación y el aprovechamiento de los terrenos que conforman las islas del Archipiélago de Nuestra Señora del Rosario y de San Bernardo, en el entendido que operó la cosa juzgada formal.
SEGUNDO.- DECLARAR de oficio probada la excepción de cosa juzgada y, en consecuencia, ESTARSE A LO RESUELTO respecto de los artículos 5º y 8º del Acuerdo n.º 033 de 2005, en el entendido que operó la cosa juzgada material mediante la sentencia de 9 de junio de 2010. El primero, respecto de la frase “dejando expresa constancia que las mejoras e instalaciones que se realicen sobre el terreno de dominio público arrendado, revierten al dominio de la Nación al término del contrato” y el segundo cuando prevé que i) “renuncien a futuras reclamaciones de cualquier índole, en especial a las relacionadas con la propiedad, posesión u ocupación de los terrenos y mejoras implantadas” y ii) “en todo caso, las mejoras se reputarán de propiedad de la Nación, por estar implantadas en un terreno que constituye reserva territorial o patrimonial del Estado”. Así mismo, el artículo 6º del Acuerdo n.º 041 de 2006, en la expresión “dejando expresa constancia que las mejoras e instalaciones que se realicen sobre el terreno de dominio público arrendado, revierten al dominio de la Nación al término del contrato” y expresiones contenidas en los literales a) y b) del Acuerdo n.º 084 de 2006, relativos al “desistimiento de las acciones judiciales o reclamaciones extrajudiciales”.
TERCERO.- DECLARAR la nulidad parcial del literal a) del parágrafo del artículo primero del Acuerdo n.º 084 de 20 de diciembre de 2006, por medio del cual se modificó el artículo 4º del Acuerdo n.º 041 de 2006, en cuanto exige para las personas jurídicas, como requisito para presentar la solicitud de arrendamiento de los bienes insulares:
“a).- En caso de personas jurídicas:
(..)
-. Desistimiento de las acciones judiciales o reclamaciones extrajudiciales que haya instaurado la sociedad en contra del Estado Colombiano o de cualquier entidad de derecho público con personería jurídica de cualquier índole, en especial a las relacionadas con la propiedad, posesión u ocupación de los terrenos insulares y mejoras implantadas, mediante escrito firmado con presentación personal ante notario por parte del representante legal.
-. Si aún no se hubiere instaurado una reclamación judicial o extrajudicial en contra del Estado Colombiano o de cualquier entidad de derecho público con personería jurídica, el solicitante deberá allegar una renuncia de manera expresa y por escrito a futuras reclamaciones de cualquier índole, en especial a las relacionadas con la propiedad, posesión u ocupación de los terrenos insulares y mejoras implantadas en los territorios baldíos objeto del contrato, mediante escrito firmado con presentación personal ante notario por parte del representante legal.
CUARTO.- DECLARAR la nulidad parcial del literal b) del parágrafo del artículo primero del Acuerdo n.º 084 de 20 de diciembre de 2006, por medio del cual se modificó el artículo 4º del Acuerdo n.º 041 de 2006, en cuanto exige para las personas naturales, como requisito para presentar la solicitud de arrendamiento de los bienes insulares:
“b).- En caso de personas naturales:
(..)
-. Desistimiento de las acciones judiciales o reclamaciones extrajudiciales que haya instaurado la sociedad en contra del Estado Colombiano o de cualquier entidad de derecho público con personería jurídica de cualquier índole, en especial a las relacionadas con la propiedad, posesión u ocupación de los terrenos insulares y mejoras implantadas mediante escrito firmado con presentación personal ante notario.
-. Si aún no se hubiere instaurado una reclamación judicial o extrajudicial en contra del Estado Colombiano o de cualquier entidad de derecho público con personería jurídica, el solicitante deberá allegar una renuncia de manera expresa y por escrito a futuras reclamaciones de cualquier índole, en especial a las relacionadas con la propiedad, posesión u ocupación de los terrenos insulares y mejoras implantadas en los territorios baldíos objeto del contrato, mediante escrito firmado con presentación personal ante notario por parte del representante legal”.
QUINTO.- DECLARAR la nulidad de la expresión “quienes como arriba se expresó, deberán en todo caso aceptar el dominio pleno del Estado sobre tales terrenos”, contenida en el artículo 9 del Acuerdo n.º 041 de 2006, al igual que del aparte “siempre que acepten el dominio pleno del Estado sobre tales terrenos”, contenido en el artículo 8 del Acuerdo n.º 033 de 2005.
SEXTO.- DECLARAR la nulidad condicionada de la expresión “en todo caso, las mejoras de reputarán de propiedad de la Nación, por estar implantadas en un terreno que constituye reserva territorial o patrimonial del Estado”, contenida en la parte final del inciso segundo del artículo 8 del Acuerdo n.º 033 de 2005, norma que coincide con el contenido del segundo inciso del artículo 9 del Acuerdo n.º 041 de 2006, en el entendido que respecto del pago de las mejoras se tendrán en cuenta las previsiones del Código Civil sobre prestaciones mutuas.
SÉPTIMO.- DECLARAR la nulidad condicionada de los Acuerdos números 033 de 2005, 116 y 123 de 2007 y el artículo 4 del Acuerdo n.º 041 de 2006, en cuanto regularon lo concerniente al plazo de los contratos de arrendamiento, la fijación del canon y su incremento de conformidad con el avalúo catastral, en el entendido de que se trata de disposiciones dirigidas al arrendamiento de inmuebles y no a imponer a los ocupantes que reconozcan dominio ajeno sin que medie su voluntad.
OCTAVO.- DECLARAR la falta de legitimación en la causa por pasiva del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
NOVENO.- NEGAR las demás pretensiones de la demanda.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE
DANILO ROJAS BETANCOURTH STELLA CONTO DÍAZ DEL CASTILLO
Magistrado Magistrada
RAMIRO PAZOS GUERRERO
Presidente de la Subsección
La entidad trae a colación la sentencia a su decir de 21 de marzo de 2007, sin señalar el ponente. Sostiene que se decidió sobre la procedencia de la celebración de contratos de arrendamiento sobre bienes baldíos y de “usufructo”, con personas ocupantes de las Islas del Rosario, tal como se ha reglamentado por el INCODER mediante el acuerdo 041 de 2006 (fl. 60-61 cuaderno 1 exp. 35361). Consultado el sistema de la Rama Judicial, con los datos suministrados y la transcripción parcial de la decisión, no se encuentra la providencia en mención.
Dispone el art. 128.- “Competencia del Consejo de Estado en Única Instancia. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá de los siguientes procesos privativamente y en única instancia:
1. De los de nulidad de los actos administrativos expedidos por las autoridades del orden nacional o por las personas o entidades de derecho privado cuando cumplan funciones administrativas del mismo orden.
(..)
11. De los de nulidad de los actos del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, Incora, en los casos previstos en la ley”.
Diario Oficial n.º 46090 de 12 de noviembre de 2005 (fls. 56-57 cuaderno ppal. 36841).
Mediante sentencia C-623 de 2015, la Corte declaró inexequibles i) la expresión “…y si no se hubiere formulado demanda de revisión, o fuere rechazada, o el fallo del Consejo de Estado negare las pretensiones de la demanda” contenida en el inciso tercero del artículo 50 de la Ley 160 de 1994; ii) la palabra “sólo” prevista en la expresión “Contra las resoluciones del Gerente General del INCORA que decidan de fondo los procedimientos que se regulan en este Capítulo, sólo procede el recurso de reposición en los términos del Código Contencioso Administrativo, dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación, y la acción de revisión ante el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, en única instancia, conforme a lo establecido en el numeral 9o. del artículo 128 del Código Contencioso Administrativo.” del inciso primero del artículo 50 de la Ley 160 de 1994; iii) la expresión “Durante los quince (15) días siguientes a su ejecutoria permanecerá en suspenso la ejecución de la resolución que dicte el Instituto, con el objeto de que los interesados soliciten en dicho término la revisión de la providencia” y “Si no se presenta la demanda de revisión en el término indicado, o si aquella fuere rechazada, o la sentencia del Consejo de Estado negare la revisión demandada” contenida en el artículo 53 de la Ley 160 de 1994 y iv) la palabra “sólo” establecida en la expresión “Contra la resolución que declare que sobre un fundo o parte de él se ha extinguido el derecho de dominio privado sólo proceden el recurso de reposición, dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación, y la acción de revisión ante el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, en única instancia, según lo previsto en el numeral 8o. del artículo 128 del Código Contencioso Administrativo” del numeral tercero del artículo 53 de la Ley 160 de 1994. Al tiempo, sobre la estructura de los procesos de clarificación de la propiedad, deslinde y recuperación de baldíos y extinción del dominio, sostuvo:
“9.4.1 El inicio de los procedimientos puede llevarse a cabo de oficio por el INCODER, o por solicitud de los procuradores agrarios, otras autoridades, las comunidades u organizaciones campesinas, o cualquier otra persona natural o jurídica, quienes pueden además intervenir dentro de los procedimientos.
9.4.2 Estos procedimientos comienzan con una etapa previa en la que el Instituto debe conformar un expediente con la información necesaria para identificar la situación física, jurídica, cartográfica, catastral, de ocupación y de explotación del inmueble. Para ello debe (i) solicitar a las autoridades competentes información sobre el inmueble; (ii) estudiar los documentos que presenten los presuntos propietarios, los que alleguen los interesados en que se adelante el proceso y los que obtenga de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 160 de 1994; y (iii) practicar una visita previa, si lo considera necesario.
Una vez surtida esta etapa, el INCODER debe decidir qué tipo de procedimiento adelantará. Por ejemplo, si del análisis de títulos se infiere sin lugar a dudas que el terreno en disputa es baldío –por no existir títulos que acrediten propiedad privada-, debe adelantar el proceso de recuperación de baldíos, pero si existe duda sobre la propiedad del terreno, deberá adelantar el de clarificación.
9.4.3 Si en la etapa previa se encuentra que existe mérito para iniciar algunos de los procedimientos –de lo contrario debe emitir un auto motivado que ordene el archivo-, debe expedir la resolución inicial. Ésta debe ser inscrita en la respectiva Oficina de Registro de Instrumentos Públicos para efectos de publicidad ante terceros; notificada al procurador ambiental y agrario, a los presuntos propietarios y quienes consideren tener derechos reales, y en el caso del procedimiento de clarificación, a los propietarios de predios colindantes, entre otros; y comunicada a los solicitantes y a las autoridades ambientales correspondientes, según el caso.
Ejecutoriada la resolución inicial, las partes pueden solicitar y aportar pruebas. En la etapa probatoria, se debe practicar además una inspección ocular con intervención de peritos.
Según el artículo 53-4 de la Ley 160, la carga de la prueba en los procedimientos de extinción de dominio corresponde al propietario. En los demás casos, la carga también está en cabeza de los particulares, sin perjuicio de que el INCODER pueda decretar pruebas de oficio.
El artículo 51 ibídem señala que en materia de procedimientos de clarificación, deslinde y recuperación de baldíos, el INCODER puede “… requerir de las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos, Catastrales, del Instituto Geográfico ‘Agustín Codazzi’ y demás dependencias del Estado, toda la información que posean sobre la existencia de propietarios o poseedores de inmuebles rurales, así como las fotografías aéreas, planos y demás documentos relacionados con los mismos”.
Finalmente, el artículo 48 de la Ley 160 dispone que para demostrar la propiedad en los procesos de clarificación, solamente es posible acreditar “…el título originario expedido por el Estado que no haya perdido su eficacia legal, o los títulos debidamente inscritos otorgados con anterioridad a la vigencia de esta Ley, en que consten tradiciones de dominio por un lapso no menor del término que señalan las leyes para la prescripción extraordinaria”, salvo que se trate de terrenos no adjudicables, que estén reservados o destinados para cualquier servicio o uso público, respecto de los cuales no es posible declarar el dominio privado.
Los procedimientos culminan con una resolución final, cuyo contenido a grandes rasgos debe ser el siguiente:
(..)
A su turno, el acto que da fin al procedimiento de clarificación debe determinar (i) la suficiencia o insuficiencia de los títulos de propiedad aportados por el particular que reclama dominio sobre el inmueble materia de controversia, así como (ii) si el bien se halla reservado o está destinado al uso público.
La resolución final del procedimiento de recuperación de baldíos debe (i) ordenar, si fuere el caso, la restitución del predio o los terrenos indebidamente ocupados, y (ii) reconocer mejoras, siempre y cuando se acredite buena fe, así como ordenar la negociación de su expropiación.
(..)
Las tierras aptas para explotación económica que revierten a la Nación en virtud del proceso de extinción de dominio descrito, adquieren el carácter de baldíos reservados y se deben adjudicar en los términos fijados por el reglamento; mientras que las tierras no aptas para explotación son entregadas al municipio donde se hallen ubicadas o a otras entidades del Estado que deban cumplir actividades específicas en ellas –artículo 56 de Ley 160 de 1994-.
Una vez ejecutoriadas las resoluciones finales, el INCODER debe (i) remitir el acto administrativo a la Oficina de Registro para que se efectúe la respectiva inscripción; (ii) en el caso de los procedimientos de deslinde y recuperación de baldíos, proceder a ejecutar los actos y obtener la restitución de los terrenos, para lo cual puede solicitar el apoyo de las autoridades de Policía; y (iii) en el caso del proceso de deslinde y clarificación, remitir copia del acto al Instituto Geográfico Agustín Codazzi para que lleve a cabo la actualización de la cédula catastral.
9.4.4 Al interior de los procedimientos antes descritos proceden los siguientes medios de control:
Contra las resoluciones con que inician los procedimientos en comento, de conformidad con el artículo 64 de la Ley 160, proceden el recurso de reposición por la vía gubernativa y las acciones contencioso administrativas.
Contra la resolución que define el fondo, procede el recurso de reposición dentro de los cinco días siguientes a la notificación de la misma. Finalmente, es posible interponer la acción de revisión dentro de los 15 días hábiles siguientes a la ejecutoria de la respectiva resolución.
Como se explicó previamente, los procedimientos agrarios descritos fueron originalmente reglamentados por los decretos 2663, 2664 y 2665 de 1994. Ese decreto fue reemplazado recientemente por el Decreto 1465 de 2013, expedido, entre otras razones, para ajustar la reglamentación a los nuevos lineamientos del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.
En cuanto a los recursos contra las resoluciones finales de los procesos de clarificación, deslinde, recuperación de baldíos y extinción de dominio agrario, la Corte sostuvo:
“El artículo 50 de la Ley 160 de 1994 integra el capítulo X denominado “CLARIFICACIÓN DE LA PROPIEDAD, DESLINDE Y RECUPERACIÓN DE BALDÍOS”, y establece que contra las resoluciones emitidas por la autoridad administrativa, en este caso el INCODER, que resuelvan de fondo los procedimientos de clarificación, deslinde o indebida ocupación de baldíos procede (i) el recurso de reposición dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación, y (ii) la revisión ante el Consejo de Estado en única instancia, la cual deberá ejercerse dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha de ejecutoria del acto administrativo.
Con respecto a la materialización del acto administrativo con que culmina el procedimiento agrario de clarificación – que se concreta con la inscripción de la resolución que define el procedimiento en el respectivo folio de matrícula inmobiliaria para efectos de publicidad ante terceros-, el legislador dispuso que no sólo basta con que dicho acto cobre firmeza sino que para su ejecutoria se requiere que (i) no se hubiere formulado demanda de revisión, (ii) o fuere rechazada, o (iii) el fallo del Consejo de Estado negare las pretensiones de la demanda”.
La Corte concluyó que tanto en vigencia del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984), como del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), contra las decisiones que culminan los procesos agrarios descritos, además del recurso de reposición y la acción de revisión, cabe la acción de nulidad y restablecimiento. Como consecuencia, declaró inexequible la palabra “solo” contenida en los artículos 50 y 53 de la Ley 160 de 1994. Para el efecto, sostuvo:
“(..) es una carga excesiva que se excluya la posibilidad de interponer la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, para atacar los actos que concluyeron los procesos agrarios de clarificación de la propiedad, deslinde, recuperación de baldíos y extinción de dominio, al disponer en los artículos 50 y 53 de la Ley 160 de 1994, que estos actos solo admiten recurso de reposición ante la administración y acción de revisión ante los Contencioso Administrativo. Sin ese mecanismo de defensa judicial, la persona no cuenta con herramientas para solicitar el restablecimiento de su derecho, ni la indemnidad por los perjuicios que deban sufragarse por un eventual error de la administración.
La Sala Plena concluye que debe seguirse la regla general, respecto a la impugnabilidad de los actos administrativos y la posibilidad de acudir a la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para interponer el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Por ello, con el propósito de garantizar el derecho al debido proceso (artículo 29 de la Constitución) y el derecho a la propiedad (artículo 58 de la Carta Política), de quien resultare vencido en los procesos agrarios referidos, podrá interponerse tal acción judicial y de considerarlo necesario podrá solicitarse la suspensión de la ejecutoriedad del acto objeto de control, la cual será objeto de estudio por parte del respectivo juez, quien determinará de manera libre, razonada y con apego a la ley, si debe conceder tal medida cautelar.
5.4 Es importante tener en cuenta que en el evento de optar por la acción de revisión, la persona puede solicitar la suspensión de los actos administrativos que culminaron los procesos agrarios de clarificación de la propiedad, deslinde, recuperación de baldíos y extinción de dominio. En estos casos, será el juez quien determine la procedencia de la misma, con base en los requisitos establecidos en los artículos 229 y siguientes del CPACA, quien tenga la autoridad para suspender los efectos de tales actos, por mandato del artículo 238 de la Constitución”.
En criterio de la Corte la finalidad que persigue la palabra sólo contenida en los artículos 50 y 53 de la Ley 160 de 1994, no es idónea a la luz de la Constitución. Sostuvo:
“La limitación de interponer el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra los procesos agrarios de clarificación, deslinde, recuperación de baldíos y extinción del dominio, no tiene una finalidad legítima, toda vez que no hay justificación alguna para que las personas se abstengan de reclamar ante la administración los perjuicios generados por un daño, que puede configurarse en el caso de que no se suspenda la ejecución de un acto administrativo que concluyó los procesos referidos.
Por razones similares, la Sala Plena considera que la presentación de la acción de revisión, como medio de control exclusivo, ante la jurisdicción contenciosa, no es un medio idóneo para proteger el debido proceso ni el derecho a la propiedad de las personas a quienes se les adelantan los procesos agrarios expuestos”.
Ahora, la Corte “(..) entiende que la inconstitucionalidad de las disposiciones acusadas no se genera a partir de este pronunciamiento judicial, sino desde el momento mismo en que se promulgó la Ley 160 de 1994, pues de otra forma se estaría reconociendo que, en algún momento, la suspensión de los autos administrativos que culminaron los procesos agrarios referidos fue proporcional a la finalidad de garantizar el debido proceso de las partes, así como una manifestación del mandato de progresividad en el reparto equitativo de la tierra en Colombia”.
En sentencia C-623 de 2015, la Corte estableció que “Los procedimientos establecidos en los artículos 50 y 53 de la Ley 160 de 1994, también cumplen con las finalidades del derecho a la propiedad privada y con las garantías procesales propias de la administración de justicia. Por ello, ante la inconformidad de las decisiones que concluyen procesos de clarificación de la propiedad, deslinde, recuperación de baldíos y extinción de dominio agrario, puede interponerse los recursos judiciales, de nulidad y restablecimiento del derecho y la acción de revisión”. Puso de presente que “En torno al mejoramiento de las condiciones de vida de la población campesina, la cual ha sido reconocida como una población en situación de vulnerabilidad, la jurisprudencia ha enfatizado que este fin estatal no sólo se logra garantizando el acceso a un espacio físico sino que su deber va mucho más allá, esto es, debe proveer distintos tipos de herramientas para asegurar que esa población viva en condiciones dignas. Sobre este aspecto, la sentencia C-189 de 2006 estableció que el fin de todas las medidas dirigidas a desarrollar el contenido del artículo 64 Superior es concretar “…la creación de las condiciones materiales que contribuyan a la dignificación de la vida de los trabajadores del campo, mediante su acceso a la propiedad y a los bienes y servicios complementarios requeridos para la explotación de ésta y para su mejoramiento social y cultural...”.
En relación con la caracterización de los procedimientos agrarios de clarificación de la propiedad, deslinde, recuperación de baldíos y extinción de dominio agrario, la Corte señaló:
“9.1 Clarificación de la propiedad
De conformidad con el artículo 48 de la Ley 160 de 1994, el procedimiento de clarificación de la propiedad tiene como objeto determinar si una tierras han salido o no del dominio del Estado; el de deslinde persigue delimitar las tierras de propiedad de la Nación –como los bienes baldíos y los bienes de uso público- de los predios de los particulares; y el de recuperación de baldíos tiene el fin establecer si existe una indebida ocupación de un terreno baldío, para luego proceder a recuperarlo.
9.2 Recuperación de baldíos
Sobre la noción de baldíos, en la sentencia T-566 de 1992 se indicó que: “Se denomina bien baldío al terreno urbano o rural sin edificar o cultivar que forma parte de los bienes del Estado porque se encuentra dentro de los límites territoriales y carece de otro dueño”. En cuanto a la naturaleza de los bienes objeto de recuperación, estos son bienes públicos de la Nación y tienen la categoría de bienes fiscales adjudicables: “bienes que tiene la Nación con el fin de traspasarlos a los particulares que cumplan determinados requisitos exigidos por la ley” (C-595 de 1995).
Así mismo, la Corte precisó que la resolución final del procedimiento de recuperación de baldíos debe (i) ordenar, si fuere el caso, la restitución del predio o los terrenos indebidamente ocupados, y (ii) reconocer mejoras, siempre y cuando se acredite buena fe, así como ordenar la negociación de su expropiación - artículo 38 del Decreto 1465 de 2013-.
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 5 de marzo de 2009; Radicación número: 11001-03-24-000-2004-00262-01; M.P. Rafael Ostau de Lafont P. Posición reiterada en sentencia de 24 de marzo de 2011, M.P. Olga Melina Valle de De La Hoz, exp. 34396.
Corte Constitucional, sentencia C-774 de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
El artículo 175 del C.C.A. dispone:
“Cosa Juzgada. La sentencia que declare la nulidad de un acto administrativo tendrá fuerza de cosa juzgada "erga omnes".
La que niegue la nulidad pedida producirá cosa juzgada "erga omnes" pero sólo en relación con la "causa petendi" juzgada.
La sentencia dictada en procesos relativos a contratos y de reparación directa y cumplimiento, producirá cosa juzgada frente a otro proceso que tenga el mismo objeto y la misma causa y siempre que entre ambos procesos haya identidad jurídica de partes; la proferida en procesos de restablecimiento del derecho aprovechará a quien hubiere intervenido en el proceso y obtenido esta declaración a su favor.
Cuando por sentencia ejecutoriada se declare la nulidad de una ordenanza o de un acuerdo intendencial, comisarial, distrital o municipal, en todo o en parte, quedarán sin efectos en lo pertinente los decretos reglamentarios”.
El artículo 332 del C.P.C. preceptúa:
“Cosa juzgada. La sentencia ejecutoriada proferida en proceso contencioso tiene fuerza de cosa juzgada, siempre que el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto, y se funde en la misma causa que el anterior, y que entre ambos procesos haya identidad jurídica de partes.
Se entiende que hay identidad jurídica de partes, cuando las del segundo proceso son sucesores mortis causa de las que figuraron en el primero o causahabientes suyos por acto entre vivos celebrado con posterioridad al registro de la demanda, si se trata de derechos sujetos a registro y al secuestro en los demás casos.
La sentencia dictada en procesos seguidos por acción popular produce cosa juzgada erga omnes.
Los efectos de la cosa juzgada en procesos en que se ventilen cuestiones relativas al estado civil de las personas, se regularán por lo dispuesto en el Código Civil y leyes complementarias.
En los procesos en que se emplace a personas indeterminadas para que comparezcan como parte, la cosa juzgada surtirá efectos en relación con todas las comprendidas en el emplazamiento.
La cosa juzgada no se opone al recurso extraordinario de revisión”.
Y, por su parte, el artículo 303 del Código General del Proceso señala:
“Artículo 303. COSA JUZGADA. La sentencia ejecutoriada proferida en proceso contencioso tiene fuerza de cosa juzgada siempre que el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto, se funde en la misma causa que el anterior y entre ambos procesos haya identidad jurídica de partes.
Se entiende que hay identidad jurídica de partes cuando las del segundo proceso son sucesores por causa de muerte de las que figuraron en el primero o causahabientes suyos por acto entre vivos celebrado con posterioridad al registro de la demanda si se trata de derechos sujetos a registro, y al secuestro en los demás casos.
En los procesos en que se emplace a personas indeterminadas para que comparezcan como parte, incluidos los de filiación, la cosa juzgada surtirá efectos en relación con todas las comprendidas en el emplazamiento.
La cosa juzgada no se opone al recurso extraordinario de revisión.”
Al respecto consultar, por ejemplo, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 28 de enero del 2009, expediente No. 34.239 y sentencia del 8 de junio de 2011, expediente 18.676, entre otros. Reiteración en sentencia de 23 de septiembre de 2015, exp. 33004, M.P. Hernán Andrade Rincón (e).
Corte Constitucional, sentencia C-774 de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil. En el mismo sentido sentencia C-622 de 2007, con el mismo ponente.
Sentencia C-181 de 2010.
Ver sentencia C-030 del 28 de enero de 2003, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
Ver sentencias C-030 del 28 de enero de 2003, M.P. Álvaro Tafur Galvis; y C-211 del 21 de marzo de 2007, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
Ver entre otras las sentencias C-427 de 1996. M.P. Alejandro Martínez Caballero, en la que la Corte señaló que el fenómeno de la cosa juzgada material se da cuando se trata, no de una norma cuyo texto normativo es exactamente igual, es decir, formalmente igual, sino cuando los contenidos normativos son iguales.
Ver sentencia C-228 del 3 de abril de 2002, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y Eduardo Montealegre Lynett.
M.P. Enrique Gil Botero, exp. 37258.
[ Cfr. MERKL, Adolfo. Teoría General del Derecho Administrativo. México D. F. 1980. Pág.].
[ Artículo 152 de la Constitución: “Mediante las leyes estatutarias, el Congreso de la República regulará las siguientes materias: a) Derechos y deberes fundamentales de las personas y los procedimientos y recursos para su protección].
Corte Constitucional. Sentencia C–097 de 7 de marzo de 1996. M. P. Carlos Gaviria Díaz.
Al respecto, cabe anotar que en los términos de los artículos 965 a 969 del Código Civil, el entendimiento que fijó la sentencia de 9 de junio de 2010, exp. 37258 a la expresión “en todo caso, las mejoras de reputarán de propiedad de la Nación, por estar implantadas en un terreno que constituye reserva territorial o patrimonial del Estado”, contenida en la parte final del inciso segundo del artículo 8 del Acuerdo n.º 033 de 2005, en lo que tiene que ver con el segundo inciso del artículo 9 del Acuerdo n.º 041 de 2006, demandado en este asunto, habrá de considerar que, a la luz del Código Civil, el ocupante de mala fe tiene derecho al reconocimiento de las mejoras necesarias y los gastos jurídicos en que incurrió en defensa del derecho. Esto, en el entendido que la buena fe se presume, sin perjuicio de la prueba en contrario.
M.P. Hernán Andrade Rincón (e), exp. 36317.
Suspensión provisional ordenada por auto del 6 de agosto de 2009.
[ Se recuerda que de conformidad con el numeral 11 del artículo 28 de la Ley 1152, la competencia de la UNAT consistió “transferir la administración y tenencia de los bienes” a las entidades fijadas en esa norma, El cargo primero de la demanda, por falta de competencia, versó precisamente sobre los actos de administración de los predios referidos en la Resolución acusada.]
[ Decreto 1355 de 1970, Art. 132 (Código Nacional de Policía).- “Cuando se trate de la restitución de bienes de uso público, como vías públicas urbanas o rurales o zona para el paso de trenes, los alcaldes, una vez establecido, por los medios que estén a su alcance, el carácter de uso público de la zona o vía ocupada, procederán a dictar la correspondiente resolución de restitución que deberá cumplirse en un plazo no mayor de treinta días. Contra esta resolución procede recurso de reposición y también de apelación para ante el respectivo gobernador.”]
[ Artículo 49. C.C.A. No habrá recurso contra los actos de carácter general, ni contra los de trámite, preparatorios, o de ejecución excepto en los casos previstos en norma expresa.]
[ “16. Modificar la estructura de los Ministerios, Departamentos Administrativos y demás entidades u organismos administrativos nacionales, con sujeción a los principios y reglas generales que defina la ley.”]
Sentencia C-623 de 2015.
Cabe anotar que, si bien en los actos acusados se hace mención a “contratos de usufructo”, el término está indebidamente utilizado, en la medida en que el usufructo no es un contrato, es un derecho real, tal y como lo dispone en artículo 823 a cuyo tenor: “El derecho de usufructo es un derecho real que consiste en la facultad de gozar de una cosa con cargo de conservar su forma y sustancia, y de restituir a su dueño, si la cosa no es fungible; o con cargo de volver igual cantidad y calidad del mismo género, o de pagar su valor si la cosa es fungible”.
“Parágrafo 1º. En la providencia que ordena la restitución se tomarán las determinaciones que correspondan en relación con las mejoras. Si el ocupante o quien se pretenda dueño puede considerarse como poseedor de buena fe conforme a la presunción de la ley civil, se procederá a la negociación o expropiación de las mejoras”. (Subrayado fuera de texto).
La Corte Constitucional, cuando se pronunció sobre la legalidad del precepto, señaló:
“Mientras no se cumplan todos los requisitos exigidos por la ley para tener derecho a la adjudicación de un terreno baldío, el ocupante simplemente cuenta con una expectativa, esto es, la esperanza de que al cumplir con esas exigencias se le podrá conceder tal beneficio. No obstante, quien detenta materialmente un terreno baldío al cual le ha incorporado mejoras o inversiones y ha sido explotado económicamente, si bien no tiene la calidad de poseedor con las consecuencias jurídicas que de tal condición se derivan, sí tiene una situación jurídica en su favor, esto es, un interés jurídico que se traduce en la expectativa de la adjudicación, la que es merecedora de la protección de las autoridades (Sentencia C – 097 de 7 de marzo de 1996. M. P. Carlos Gaviria Díaz).
“Artículo 50. DECISIÓN FINAL. Con fundamento en las pruebas aportadas, el Gerente General del Instituto o su delegado, mediante resolución motivada, ordenará si fuere el caso la restitución del predio o terrenos indebidamente ocupados. En la misma providencia se decidirá si hay lugar o no al reconocimiento de mejoras, procediendo a su negociación voluntaria o a la expropiación, de conformidad con las normas establecidas para el caso, siempre que de las pruebas allegadas pueda considerarse al ocupante como "poseedor de buena fe", según las normas del Código Civil”. (Subrayado fuera de Texto).
“Artículo 966. ABONO DE MEJORAS ÚTILES. El poseedor de buena fe, vencido, tiene asimismo derecho a que se le abonen las mejoras útiles, hechas antes de contestarse la demanda.
Solo se entenderán por mejoras útiles las que hayan aumentado el valor venal de la cosa.
El reivindicador elegirá entre el pago de lo que valgan, al tiempo de la restitución, las obras en que consisten las mejoras, o el pago de lo que en virtud de dichas mejoras valiere más la cosa en dicho tiempo.
En cuanto a las obras hechas después de contestada la demanda, el poseedor de buena fe tendrá solamente los derechos que por el inciso último de este artículo se conceden al poseedor de mala fe.
El poseedor de mala fe no tendrá derecho a que se le abonen las mejoras útiles de que habla este artículo.
Pero podrá llevarse los materiales de dichas mejoras, siempre que pueda separarlos sin detrimento de la cosa reivindicada, y que el propietario rehúse pagarle el precio que tendrían dichos materiales después de separados.” (subrayas fuera de texto).
“Artículo 967. MEJORAS VOLUPTUARIAS. En cuanto a las mejoras voluptuarias, el propietario no será obligado a pagarlas al poseedor de mala ni de buena fe, que sólo tendrán con respecto a ellas el derecho que por el artículo precedente se concede al poseedor de mala fe, respecto de las mejoras útiles.
Se entienden por mejoras voluptuarias las que sólo consisten en objetos de lujo y recreo, como jardines, miradores, fuentes, cascadas artificiales y generalmente aquellas que no aumentan el valor venal de la cosa, en el mercado general, o sólo lo aumentan en una proporción insignificante.” (subrayas fuera de texto).
Cita en sentencia C-623 de 2015.
Sentencia de 9 de julio de 2014, M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa, exp. 47830. En esta oportunidad la Sala analizó la naturaleza de la acción de lesividad y la comparó con el alcance de la acción de simple nulidad. Ambas de índole objetivo, encaminadas a la protección del ordenamiento jurídico.
Sentencia C-513 de 1994, M.P. Antonio Barrera Carbonell.
Artículo 4 Ley 270 de 1996.
Sentencia C-037 de 1996, con ponencia del Magistrado Vladimiro Naranjo Mesa, al revisar la exequibilidad del proyecto de ley “Estatutaria de la Administración de Justicia”, posteriormente convertido en la Ley 270 de 1996.
Corte Constitucional. Sala de Revisión No. 5. Sentencia No. T-173 del 4 de mayo de 1993, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
Corte Constitucional, sentencias Nos. T-006/92, T-597/92, T-348/93, T-236/93, T-275/93 y T-004/95, entre otras.
González Pérez, Jesús, El Derecho a la Tutela Jurisdiccional, Ed. Civitas, Tercera Edición, p. 33.
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