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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-26-000-2010-00050-00

Y restablecimiento del derecho: caducidad /

Fecha
5 de octubre de 2023
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-26-000-2010-00050-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR no probada la excepción previa de «Inepta demanda» formulada por la demandada, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: DECLARAR, de oficio, probada la excepción de caducidad de la acción, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: En consecuencia, INHIBIRSE de proferir sentencia de fondo, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. CUARTO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, previas las anotaciones a que haya lugar. 31 Folio 18 cuaderno principal 32 Folio 129 cuaderno principal 16 Radicado: 11001-03-26-000-2010-00050-00 Demandante: Sucesores Pedro Pablo Rozo Guaqueta e Hijos Cía Ltda Demandado: Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca -CAR-

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-26-000-2010-00050-00

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

5 de octubre de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., cinco (5) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERA PONENTE (E): NUBIA MARGORTH PEÑA GARZÓN

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación número: 11001-03-26-000-2010-00050-00
Actor: Sucesores Pedro Pablo Rozo Guaqueta e hijos y Cía Ltda
Demandado: Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca-CAR-
Tema: ACTO DE TRÁMITE - MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD
Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO - Caducidad /
EXCEPCIÓN DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE NULIDAD
Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO - Probada

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide en única instancia, la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho prevista en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo,
promovida por la sociedad Sucesores Pedro Pablo Rozo Guaqueta e hijos y Cía
Ltda contra la Resolución No. 1170 del 10 de junio de 2009, expedida por la
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarcal , por la cual se impuso una
medida preventiva de suspensión de actividad minera adelantada en el área
cobijada por el contrato de mediana minería núm. 12600 de 16 de marzo de 2007,
localizada en la cantera ubicada en la vereda La Esmeralda en jurisdicción del
Municipio de Tocancipá2, se inició un proceso sancionatorio y se formularon cargos.

I.- ANTECEDENTES

1.1.- La demanda

1. La apoderada de la sociedad demandante presentó acción de nulidad y
restablecimiento del derecho,3 -prevista en el artículo 85 del Código Contencioso
Administrativo4 ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. remitido por
competencias al Consejo de Estado-, en contra de la CAR, dirigida a obtener «la
nulidad de la Resolución 1170 de 10 de junio de 2009, expedida por el Director

En adelante, CAR.
2 En adelante, el Municipio.
3 Folio 1 a 18 cuaderno principal
En adelante CCA.
E Folios 28 a 29 cuaderno principal

2

Radicado: 11001-03-26-000-2010-00050-00
Demandante: Sucesores Pedro Pablo Rozo Guaqueta e Hijos Cía Ltda
Demandado: Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca -CAR-

General de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca: el
restablecimiento de los derechos que le fueron afectados con la expedición de la
misma y la reparación del daño, al tenor de lo dispuesto en el artículo 85 del CCA.»

1.2.- Hechos

2.La sociedad demandante indicó que mediante la Resolución núm. 51053 de 12
de agosto de 1992. el Ministerio de Minas y Energía le otorgó la Licencia Minera
núm. 12600 de 16 de marzo de 2007 por el término de diez (10) años contados a
partir del 1° de abril de 1994, fecha de inscripción en el Registro Minero Nacional
para la explotación de arenas silíceas o cuarzosas en la cantera ubicada en la
vereda La Esmeralda del Municipio de Tocancipá, la cual lleva implícita la Licencia
Ambiental por disposición expresa del artículo 246 del Decreto 2655 de 1988 -
Código de Minas-.

3. Mencionó que la sociedad demandante inició su actividad minera con
anterioridad a la expedición de la Ley 99 de 1993 y su Decreto reglamentario 1753
de 1994, no obstante que el título minero fue inscrito en el Registro Minero el 29 de
junio de 1994.

4 Expuso que la sociedad demandante presentó ante la CAR en tres (3) ocasiones
el Plan de Manejo Ambiental -en adelante PMA- para su evaluación, así: i) el 14 de
febrero de 1995 con radicado núm. 01440; ii) el 18 de noviembre de 2003; y (iii)
el 4 de agosto de 2008, evaluado mediante concepto técnico núm. 2067 de 30 de
octubre de 2008.

5 Comentó que mediante la Resolución 156 de 10 de junio de 1998, la CAR inició
proceso administrativo sancionatorio contra la sociedad demandante, al considerar
que «las actividades de explotación minera adelantadas en la cantera de su
propiedad ubicada en la vereda la Esmeralda en el municipio de Tocancipá eran
violatorias de la normatividad ambiental», e impuso como medida preventiva la
suspensión de la actividad minera6.

6 Relató que mediante la Resolución 1169 de 10 de junio de 2009, la CAR levantó
la medida preventiva de suspensión de las actividades relacionadas con la
explotación de la cantera, impuesta por la mencionada Resolución 156 de 10 de
junio de 1998 que, además, exoneró a la sociedad demandante de toda
responsabilidad por violación a las normas ambientales.

7.Señaló que mediante la Resolución 1170 de 10 de junio de 2009 la CAR inició
nuevo proceso administrativo ambiental de carácter sancionatorio por la actividad
minera desarrollada por la sociedad demandante, ordenando la suspensión de la

Folio 3 cuaderno principal

3

Radicado: 11001-03-26-000-2010-00050-00
Demandante: Sucesores Pedro Pablo Rozo Guaqueta e Hijos Cía Ltda
Demandado: Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca -CAR-

actividad minera adelantada en el área cobijada por el contrato de mediana minería
núm. 12600 de 16 de marzo de 2007, localizada en la cantera ubicada en la vereda
La Esmeralda, en jurisdicción del Municipio.

1.3.- Fundamentos de derecho y concepto de violación

8 La sociedad demandante invocó como normas violadas los artículos 29 de la
Constitución Política; 38 y 49 del CCA; 204 del Decreto 1594 de 1984; y 84 y 85 de
la Ley 99 de 1993.

9. La parte actora formuló como cargos de nulidad los siguientes: (i) infracción de
las normas en que debían fundarse, (ii) falsa motivación y (iii) desviación de poder,
los cuales se sintetizan de la siguiente forma:

(i) Infracción de las normas en que debían fundarse

lo. La sociedad demandante afirmó que con la expedición de la Resolución 1170
de 10 de junio de 2009 se inició un proceso sancionatorio con fundamento en los
mismos hechos que dieron lugar a la actuación administrativa sancionatoria en la
cual la CAR había expedido la Resolución 156 de 10 de junio de 1998, con lo cual
se configuró la caducidad prevista en el artículo 38 del CCA.

tAnotó que, con la mencionada resolución 156, la CAR impuso medida preventiva
de suspensión de la actividad minera en la cantera ubicada en la vereda la
Esmeralda del Municipio, al encontrar que era violatoria de la normatividad
ambiental; sin embargo, dicha medida fue levantada mediante la Resolución 1169
de 10 de junio de 2009, la cual, además, exoneró de toda responsabilidad a la
sociedad demandante.

12. Sostuvo que transcurridos once años de trámite de un proceso sancionatorio sin
que dentro del mismo se hubiera expedido decisión definitiva, la CAR inició nueva
actuación administrativa mediante la Resolución acusada 1170 de 10 de junio de
2009, en vez de ordenar cesar todo procedimiento en contra del presunto infractor,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 204 del Decreto 1594 de 1984.

13. Expresó que si bien los artículos 84 y 85 de la Ley 99 de 1993 facultan a la CAR
para imponer sanciones y medidas preventivas, la resolución cuestionada debió
evaluar la gravedad de la infracción y determinar el presunto daño o peligro a los
recursos naturales derivado de la continuación de la actividad que pretendía
suspender, o que la actividad se hubiera iniciado sin el respectivo permiso,
concesión, licencia o autorización.

4

Radicado: 11001-03-26-000-2010-00050-00
Demandante: Sucesores Pedro Pablo Rozo Guaqueta e Hijos Cía Ltda
Demandado: Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca -CAR-

14. Aclaró que la actividad minera adelantada por la sociedad demandante al haber
iniciado actividades con anterioridad a la expedición de la Ley 99 de 1993, solo
requería de la aprobación del PMA, mas no de licencia ambiental.

15. Mencionó que el PMA presentado el 4 de agosto de 2008 y evaluado mediante
concepto técnico núm. 2067 de 30 de octubre de ese año en el que se recomendó
al área jurídica su aprobación, no fue aprobado por la CAR mediante acto
administrativo.

16. Exaltó que no obstante el acto acusado era de aquellos denominados de trámite
«[...] como lo es el inicio de un proceso sancionatorio, también contiene una
decisión de carácter particular que afecta un derecho adquirido de conformidad con
las leyes vigentes y, en consecuencia, contra ella proceden los recursos de
reposición y de apelación, pues de conformidad con la normatividad vigente en el
momento de su expedición, no había norma expresa que estableciera que contra
los actos administrativos de carácter ambiental que adoptaran medidas preventivas
no procedía recurso7».

17. Destacó que el acto administrativo demandado desconoció el artículo 29 de la
Constitución Política al no conceder los recursos en vía gubernativa, pues el
derecho a la defensa establece la posibilidad de controvertir una decisión
administrativa que afecte derechos, cree o modifique situaciones jurídicas, lo que
imponía garantizar la doble instancia.

18. Manifestó que la no procedencia de los recursos en vía gubernativa contraría lo
dispuesto en el artículo 49 del CCA., «[. ..] puesto que este señala la excepción a
la regla general, y las excepciones a una norma legal son taxativas, no le está dado
al operador jurídico señalar excepciones que la ley no consagra8»

19. Precisó que si bien la Ley 99 de 1993 faculta a las Corporaciones Autónomas
Regionales para que adopten medidas preventivas e impongan sanciones, no prevé
que contra tales decisiones no procedan recursos.

20. En el mismo sentido, argumentó que los decretos 2811 de 1974 y 1220 de 2003
tampoco prevén norma alguna que establezca que contra las decisiones que
impongan sanciones y medidas preventivas no procedan los recursos. De hecho,
este último decreto derogó la expresión "y medidas preventivas" contenida en el
artículo 6° del Decreto 1768 de 1994, debiéndose entender que no es que no
precedan los recursos, sino que respecto de las medidas preventivas no aplica el
efecto devolutivo9.

7 Folio 11 cuaderno principal
Folio 13 cuaderno principal
9. Folio 12 cuaderno principal

5

Radicado: 11001-03-26-000-2010-00050-00
Demandante: Sucesores Pedro Pablo Rozo Guaqueta e Hijos Cía Ltda
Demandado: Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca -CAR-

21. Explicó que, «[. . .] por no existir a la fecha de expedición de la resolución incoada,
norma expresa que estableciera que contra los actos administrativos que imponen
medidas preventivas no proceden recursos, debió aplicarse la norma general, es
decir conceder los recursos, no contra todas las decisiones contenidas en la
resolución, pero sí contra el artículo 10 mediante el cual se impone una medida
preventiva toda vez que esta medida crea una situación particular generadora de
efectos negativos para su destinatario.'°»

(ii) Falsa motivación y desviación de poder

22.Alegó que la Resolución 1170 de 10 de junio de 2009 tuvo como fundamento
normas que no le eran aplicables, tales como el inciso 2° del artículo 179 del
Decreto ley 2811 de 1974 y el numeral 2 del artículo 2° del Decreto 500 de 2006:
por cuanto la actividad minera que venía realizando la sociedad demandante en la
cantera ubicada en la vereda la Esmeralda del Municipio se venía haciendo de
conformidad con las normas vigentes para el momento de la concesión de la licencia
minera en 1992.

23. Puntualizó que el artículo 179 del Decreto 2811 de 1974 -Código de Recursos
Naturales Renovales- no aplica a la explotación minera, «pues con ésta no se está
aprovechando el suelo, sino el subsuelo. Adicionalmente, es una norma propia de
la explotación de recursos naturales y los minerales son recursos naturales no
renovables, los cuales están sujetos a su propia reglamentaciónll», reconociendo
que por tratarse de explotación minera a cielo abierto le era aplicable el artículo 60
de la Ley 99 de 1993.

24. Adujo que el artículo 2° del Decreto 500 de 2006, por el cual se modificó el
artículo 40 del Decreto 1220 de 2005, tampoco aplica al caso sub judice, por cuanto
la actividad minera cuestionada con el acto administrativo demandado se inició con
anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 99 de 1993 y sus decretos
reglamentarios, la cual se ajustaba a la normatividad vigente para el otorgamiento
del título minero 12600 de 16 de marzo de 2007.

25.Agregó que el hecho de que el PMA presentado por la sociedad demandante no
fuera aprobado por la CAR mediante acto administrativo, teniendo en cuenta que
fue evaluado y recomendado para su aprobación mediante el concepto técnico 2076
de 30 de octubre de 2008, se traduce en una desviación de poder.

(iii) Restablecimiento del derecho

26. En relación con el restablecimiento del derecho, estimó que la omisión de la CAR
en la expedición del instrumento ambiental, ocasionó a la sociedad demandante un

in Ibidem
" Folio 13 cuaderno principal

6

Radicado: 11001-03-26-000-2010-00050-00
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daño, el cual fue estimado así: (i) Lucro cesante: Por la suma de seiscientos
ochenta y seis millones de pesos ($686.000.000), con ocasión del cierre de la
cantera entre el 26 de junio de 2009 y la fecha de presentación de la demanda, es
decir. 12 de enero de 2010, teniendo como base el promedio mensual de cinco
millones de pesos ($5.000.000) del valor de las ventas durante los tres meses
anteriores al cierre; (ii) Daño emergente: Por la suma de cuatrocientos noventa y
ocho millones novecientos cincuenta mil pesos ($498.950.000), por concepto del
valor pagado por la adquisición de arena que le permitiera seguir cumpliendo los
contratos suscritos. El valor total por daños fue estimado en la suma de mil ciento
ochenta y cuatro millones novecientos cincuenta mil pesos ($1.184.950.000).

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

27. La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca -CAR- por conducto
de apoderada judicia112, se opuso a las pretensiones de la demanda por cuanto, a
su juicio, carecen de apoyo jurídico y sustento legal, en la medida en que el acto
acusado tuvo como fundamento las disposiciones de orden constitucional, legal y
reglamentaria que aplicaban para el momento de su expedición.

28. Adicionalmente, presentó como excepción previa la denominada «Inepta
demanda», al considerar que «[. . .] de la revisión del libelo dennandatorio se
evidencia que el mismo carece de definición de pretensiones, es decir, se puede
deducir que busca la nulidad de la Resolución 1170 de 10 de junio de 2010, pero no
es clara su petición respecto del restablecimiento del derecho [. ..]13», lo cual
incumple los requisitos de la demanda, previstos en los artículos 137 y 138 del CCA.

29 Respecto de los cargos endilgados, se pronunció en los siguientes términos:

(i) Infracción de las normas en que debía fundarse

30 La apoderada afirmó que el expediente sancionatorio aperturado a la luz de la
Resolución 156 de 10 de junio de 1998, por la cual se impuso una medida
preventiva de suspensión de la actividad minera que venía desempeñando la
sociedad demandante en la cantera ubicada en la vereda la Esmeralda en
jurisdicción del Municipio de Tocancipá, terminó con la expedición de la Resolución
1169 de 10 de junio de 2009 «[. . .] para evitar la violación del debido proceso a la
sociedad SUCESORES PEDRO PABLO ROZO GUAQUETA E HIJOS Y
COMPAÑIA LIMITADA [...]14», la cual decidió: (i) levantar la medida preventiva de
suspensión de la actividad minera y; (ii) exonerar de toda responsabilidad a la
sociedad demandante.

12 Folios 153 a 202 cuaderno principal
13 Folio 194 cuaderno principal
14 Folio 163 cuaderno principal

7

Radicado: 11001-03-26-000-2010-00050-00
Demandante: Sucesores Pedro Pablo Rozo Guaqueta e Hijos Cía Ltda
Demandado: Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca -CAR-

31. Puso de presente que la Resolución 1170 de 10 de junio de 2009 tuvo como
fundamento el «Contrato de mediana minería núm. 12600 de 16 de marzo de 2007»
suscrito entre la sociedad demandante con Ingeominas, y no los hechos que dieron
lugar a la expedición de la Resolución 156 de 10 de junio de 1998. La mencionada
resolución dio lugar a la imposición de medida preventiva de suspensión de la
actividad minera y la formulación de pliego de cargos a la sociedad demandante,
con fundamento en lo previsto en el inciso 2° del artículo 179 del Decreto Ley 2811
de 1974 y el numeral 2 del artículo 2° del Decreto 500 de 2006.

32 Mencionó que la actividad minera realizada por la sociedad demandante era de
tracto sucesivo al haber persistido en el tiempo, incluso, con posterioridad a la
expedición de la Resolución 156 de 10 de junio de 1998, lo cual impedía la
configuración del fenómeno de la caducidad frente a la facultad sancionatoria de la
CAR.

33. Explicó que no era cierto que la Resolución 1170 de 10 de junio de 2009 tuviera
que llevar implícita la estimación o evaluación de la gravedad de la infracción, por
cuanto con este acto administrativo, apenas se estaba aperturando el proceso
sancionatorio y se imputaron los cargos. Fue así, como la actuación administrativa
adelantada tuvo como fundamento las visitas a campo realizadas al área de la mina
y los informes técnicos, estando pendiente por cursar toda la etapa probatoria que
daría lugar a un acto definitivo que decida de fondo el trámite sancionatorio
ambiental, como lo fue la expedición de la Resolución 2323 de 9 de julio de 2010.

34 Recalcó que los artículos 84 y 85 de la Ley 99 de 1993 no aplican para actos
de trámite como el que nos ocupa, más aún, teniendo en cuenta que la medida
preventiva impuesta mediante el acto acusado se fundamentó en el principio de
precaución que autoriza la imposición preventiva cuando exista peligro de daño
grave e irreversible, y no se derivó de una de las sanciones previstas en el artículo
85 ibidem, toda vez que no era un acto definitivo.

35. Enfatizó que a partir de la Declaración Internacional de Río de 1992, Colombia
acogió en su legislación interna el «Principio de precaución» previsto en el
artículo 1°, numeral 6, de la Ley 99 de 1993, según el cual el Estado tiene el deber
de intervenir haciendo uso de sus facultades preventivas, represivas y aún
coactivas, cuando exista la posibilidad de que una actividad humana pueda causar
impacto, afectación o degradación del medio ambiente.

36. En cuanto a la no concesión de recursos en la vía gubernativa, argumentó que la
CAR dio aplicación a lo dispuesto en el artículo 187 del Decreto 1594 de 1984,
que establece que las medidas sanitarias surten efectos inmediatos y que contra
ellas no procede recurso alguno. En el mismo sentido, también dio aplicación a lo
dispuesto en el artículo 49 del CCA, que indica que contra los actos de trámite no
proceden los recursos, excepto en los casos previstos en norma expresa.

8

Radicado: 11001-03-26-000-2010-00050-00
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(ii) Falsa motivación y desviación de poder

37 Indicó que la Resolución 1170 de 10 de junio de 2009 tuvo como fundamento
(i) el «Contrato de mediana minería núm. 12600 de 16 de marzo de 2007» suscrito
entre la sociedad demandante con Ingeominas, (ii) las visitas a campo realizadas al
área de la mina, y (iii) los informes técnicos núms. 1692 de 30 de noviembre de 2007
y 351 de 16 de febrero de 2008, que difieren de los supuestos fácticos que sirvieron
de soporte a la expedición de la Resolución 156 de 10 de junio de 1998.

38. Señaló que la formulación del pliego de cargos consignado en el acto acusado
tuvo como sustento lo previsto en el inciso 2° del artículo 179 del Decreto Ley 2811
de 1974 y el numeral 2 del artículo 2° del Decreto 500 de 2006, pues la sociedad
demandante venía ejerciendo la actividad minera desde 1992 sin contar con las
obras de manejo ambiental para las aguas lluvias, el suelo y las zonas de
recuperación del área ni con el respectivo instrumento de manejo y control
ambiental.

39.Anotó que la sociedad demandante no puede alegar a su favor su propia culpa,
teniendo en cuenta que venía realizando actividades mineras desde 1992 sin contar
con el instrumento ambiental que la autorizaba, no obstante haber sido requerida
en reiteradas oportunidades por la CAR para que aportara documentos e
información pertinente para su aprobación.

40. Finalmente, expresó que no se apreciaba una mala intención del funcionario que
expidió el acto acusado, tendiente a buscar perjudicar a la sociedad demandante y,
mucho menos, que quisiera sacar provecho para sí o para un tercero.

(iii) Restablecimiento del derecho

41 Afirmó que teniendo en cuenta que tal y como se evidencia del informe técnico
158 de 3 de febrero de 2010 y la visita a campo realizadas al área de la mina,
estaba plenamente demostrado que la actividad minera nunca fue suspendida, por
lo que el acto acusado no podía haber generado daño alguno a la sociedad
demandante, razón por la cual no había lugar a restablecer derecho alguno.

III.- ALEGATOS DE CONCLUSION

42 El Magistrado sustanciador, mediante auto de 25 de mayo de 201615 corrió
traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que, de
considerarlo pertinente, rindiera concepto. Dentro de dicho plazo la parte
demandante y la parte demandada, reiteraron sus argumentos. Por su parte, el
Ministerio Público guardó silencio en esta etapa procesa116.

15 Folio 213 cuaderno principal
16 Folio 241 cuaderno principal

9

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Cabe señalar que el doctor Oswaldo Giraldo López se declaró impedido para
conocer del presente proceso, el cual fue declarado fundado a través de auto de 4
de septiembre de 2023, por Sala Unitaria.

IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

IV.1.- Competencia

43. Esta Sala de Decisión es competente para decidir esta controversia en virtud de
lo dispuesto en el artículo 128 del Código Contencioso Administrativo'', aplicable
en los términos del artículo 308 de la Ley 1437 de 18 de enero de 201118 y el artículo
13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 201919.

IV.2.- Cuestión previa: análisis de la excepción de inepta demanda

44. La Sala observa que la parte demandada presentó la excepción previa
denominada «Inepta demanda», al considerar que la demanda no cumple con los
requisitos previstos en los artículos 137 y 138 del CCA, por no individualizar la
pretensión relacionada con el restablecimiento del derecho y no señalar los
fundamentos de derecho que la sustentan.

45. Sobre este asunto, la Sala en sentencia de 23 de septiembre de 20212° señaló:

«[L]a Sala recuerda que el numeral 7 del artículo 97 del Código de Procedimiento Civil
(en adelante CPC) señala que la excepción de inepta demanda se configura por falta
de los requisitos formales o por indebida acumulación de pretensiones. Por su parte,
el artículo 137 del Código Contencioso Administrativo estatuye el contenido de la
demanda y en su numeral 4 dispone que «[c]uando se trate de la impugnación de un

17 "ARTÍCULO 128. del Consejo de Estado en única instancia. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, conocerá de los siguientes procesos privativamente y en única instancia:

2. De los de nulidad y restablecimiento del derecho que carezcan de cuantía. en los cuales se controviertan
actos administrativos expedidos por autoridades del orden nacional, con excepción de los de carácter laboral.
No obstante, las controversias sobre los actos de declaratoria de unidad de empresa y calificación de huelga
son de competencia del Consejo de Estado en única instancia.

18 "ARTÍCULO 308. Régimen de transición y vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio
del año 2012.
Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien asi como a
las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia.
Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia
de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior".
18 "Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado".
2° Consejo De Estado Sala De Lo Contencioso Administrativo Sección Primera Consejero ponente: Roberto
Augusto Serrato Valdés Bogotá, D.C., veintitrés (23) de septiembre de dos mil veintiuno (2021) Radicación
número: 66001-23-31-000-2008-00062-02a,

10

Radicado: 11001-03-26-000-2010-00050-00
Demandante: Sucesores Pedro Pablo Rozo Guaqueta e Hijos Cía Ltda
Demandado: Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca -CAR-

acto administrativo deberán indicarse las normas violadas y explicarse el concepto de
su violación».

A partir de una lectura integral de la demanda, se evidencia que el demandante
sí desarrolló el concepto de la violación, en relación con los artículos 209 de la
Constitución Política; 19 de la Ley 336 de 1996; 14 (numerales 6° y 7°) y; 15 (inciso
segundo), 18 y 37 del Decreto 172, contrario a lo afirmado por el recurrente. En
efecto, la Sala encuentra que el actor efectivamente precisó los cargos de nulidad, en
cuanto indicó que la resolución censurada fue expedida con desconocimiento de las
normas en que debía fundarse, con falsa motivación y con desviación de poder. En
cuanto al concepto de violación, la Sala también evidencia que el actor sustentó la
demanda en los siguientes argumentos: (. . .)

Así pues, y contrario a lo sostenido por el recurrente, el actor sí desarrolló los cargos
de nulidad y el concepto de la violación, razón que convierte en impróspera la
excepción de inepta demanda formulada por el tercero interesado en las resultas del
proceso». (Resaltado y negrilla fuera de texto)

46. En atención a lo dispuesto en la jurisprudencia en cita, la Sala encuentra que las
pretensiones de la demanda fueron debidamente individualizadas, al señalar que se
formulaba demanda de nulidad y restablecimiento del derecho «dirigida a obtener
la nulidad de la Resolución 1170 de 10 de junio de 2009, expedida por el
Director General de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca -
CAR-; el restablecimiento de los derechos que le fueron afectados con la
expedición de la misma, y la reparación del daño, al tenor de lo dispuesto en
el artículo 85 del CCA.21».

47 Además, encuentra que el concepto de violación fue ampliamente desarrollado,
al señalar: «lo anterior por la lesión de los derechos al debido proceso y al
trabajo ocasionada a la sociedad que represento, con la expedición de la
Resolución 1170 de 2009 infringiendo las normas en que debía fundarse, con
indebida motivación y con desviación de las atribuciones de la
Corporación22».

48. En tal sentido, la Sala encuentra que la excepción previa de «Inepta demanda»
no está llamada a prosperar.

IV.3. El problema jurídico

49. LaSala deberá determinar si la Resolución 1170 de 10 de junio de 2009,
expedida por la CAR, por la cual: (i) se impuso la medida preventiva de suspensión
de la actividad minera adelantada por la sociedad demandante en el área cobijada
por el Contrato de mediana minería núm. 12600 de 16 de marzo de 2007, localizada
en la cantera ubicada en la vereda La Esmeralda en jurisdicción del Municipio de
Tocancipá; (ii) se declaró iniciado el trámite administrativo ambiental de carácter
sancionatorio; y (iii) se formuló pliego de cargos contra la sociedad demandante,

21 Folio 1 cuaderno principal
22 lbidem

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Radicado: 11001-03-26-000-2010-00050-00
Demandante: Sucesores Pedro Pablo Rozo Guaqueta e Hijos Cía Ltda
Demandado: Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca -CAR-

quebrantó los artículos 29 de la Constitución Política; 38 y 49 del Código OCA; 204
del Decreto 1594 de 1984; y 84 y 85 de la Ley 99 de 1993.

IV.4.- El acto acusado

50. El acto administrativo demandado es la Resolución 1170 de 10 de junio de
2009 expedida por la CAR, cuyos apartes más relevantes para resolver la
controversia, se transcriben a continuación:

«Resolución No. 1170
Por la cual se impone una medida preventiva, se inicia un proceso
sancionatorio y se formulan unos cargos

El Director General de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca
CAR. en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las establecidas en
el numeral 11 del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, las previstas en la resolución
No. 0703 del 25 de junio de 2003 del Ministerio de Ambiente Vivienda y
Desarrollo Territorial,
[ ]
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. Imponer medida preventiva de suspensión de la
actividad minera adelantada en el área cobijada por el contrato de mediana
minería No. 12600 de 16 de marzo de 2007, localizada en la cantera ubicada
en la vereda La Esmeralda, en jurisdicción del municipio de Tocancipá,
departamento de Cundinamarca, a la sociedad SUCESORES PEDRO PABLO
ROZO GUAQUETA E HIJOS Y COMPAÑÍA LIMITADA, identificada con NIT
800211420-8, por las razones expuestas en la parte motiva del presente acto
administrativo.

PARÁGRAFO PRIMERO. La medida preventiva impuesta en el presente
artículo se levantará cuando desaparezcan las causas que originaron su
imposición.

ARTÍCULO SEGUNDO. Declarar iniciado el trámite administrativo ambiental de
carácter sancionatorio a nombre de la sociedad SUCESORES PEDRO PABLO
ROZO GUAQUETA E HIJOS Y COPAÑÍA LIMITADA, identificada con NIT
800211420-8. por realizar actividades mineras de explotación en la cantera
ubicada en le vereda La Esmeralda. en jurisdicción del municipio de Tocancipá,
departamento de Cundinamarca, pro los motivos indicados en la parte
considerativa del presente acto.

ARTÍCULO TERCERO. Formular en contra de la sociedad SUCESORES
PEDRO PABLO ROZO GUAQUETA E HIJOS Y COMPAÑÍA LIMITADA,
identificada con NIT 800211420-8. el siguiente pliego de cargos:

PRIMER CARGO: Por realizar explotación minera en la cantera ubicada
en la vereda la Esmeralda, en jurisdicción del municipio de Tocancipá,
departamento de Cundinamarca, sin contar con obras de manejo
ambiental para las aguas lluvias, el suelo y las zonas de recuperación del

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Radicado: 11001-03-26-000-2010-00050-00
Demandante: Sucesores Pedro Pablo Rozo Guaqueta e Hijos Cía Ltda
Demandado: Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca -CAR-

área vulnerando, presuntamente, lo dispuesto en el inciso 2 del artículo
179 del Decreto Ley 2811 de 1974.

SEGUNDO CARGO: Por adelantar actividades de explotación minera, sin
contar con el respectivo instrumento administrativo de manejo y control
ambiental, violando con su actuación presuntamente el numeral 2 del
artículo 2 del Decreto 500 de 2006, por el cual se modificó el artículo 40
del Decreto 1220 de 2005.

PARÁGRAFO. Informar a la presunta infractora que en el término de diez (10)
días hábiles contados a partir de la notificación de la presente providencia,
puede presentar sus descargos por escrito directamente, o por medio de
apoderado, por las imputaciones que le aparecen, haciéndole saber que podrá
solicitar y aportar las pruebas que considere pertinentes y que sean
conducentes.

ARTÍCULO CUARTO: Advertir a la sociedad SUCESORES PEDRO PABLO
ROZO GUAQUETA E HIJOS Y CÍA LTDA, que no podrá efectuar labores de
explotación minera de ningún tipo de material, en la cantera ubicada en la
vereda La Esmeralda, en jurisdicción del municipio de Tocancipá, departamento
de Cundinamarca, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente
resolución. hasta tanto se levante la medida preventiva impuesta en el artículo
primero de este acto administrativo.

ARTÍCULO QUINTO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la
sociedad SUCESORES PEDRO PABLO ROZO GUAQUETA E HIJOS Y
COMPAÑÍA LIMITADA. identificada con NIT 800211420-8, a través de su
representante legal o a su apoderado debidamente constituido.

ARTÍCULO SEXTO: Remitir copia de la presente providencia a la Alcaldía del
Municipio de Tocancipá, para que en ejercicio de las facultades otorgadas
mediante el numeral 6 del artículo 65 de la Ley 99 de 1993, haga efectiva la
ejecución de la medida preventiva impuesta en el artículo primero del presente
Acto Administrativo.

ARTÍCULO SEPTIMO: Comunicar el contenido de la presente providencia al
Instituto Colombiano de Geología y Minería -INGEOMINAS-

ARTÍCULO OCTAVO: En Ordenar la Publicación en el boletín de la
Corporación.

ARTÍCULO NOVENO: En contra de la presente Resolución no procede recurso
alguno, de conformidad con el artículo 49 del Código Contencioso
Administrativo y el artículo 187 del Decreto No. 1595 de 1984 "I»

IV.5. Caso concreto

51. En primer lugar, resulta del caso examinar si la Resolución 1170 de 10 de junio
de 2009 es susceptible de enjuiciamiento al tratarse de un acto de trámite.

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Radicado: 11001-03-26-000-2010-00050-00
Demandante: Sucesores Pedro Pablo Rozo Guaqueta e Hijos Cía Ltda
Demandado: Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca -CAR-

52 Lo anterior, teniendo en cuenta que mediante la Resolución 1170 de 10 de
junio de 2009, la CAR: (i) impuso medida preventiva de suspensión de la actividad
minera adelantada por la sociedad demandante en el área cobijada por el Contrato
de mediana minería núm. 12600 de 16 de marzo de 2007, localizada en la cantera
ubicada en la vereda La Esmeralda en jurisdicción del Municipio; (ii) declaró iniciado
el trámite administrativo ambiental de carácter sancionatorio; y (iii) formuló pliego de
cargos contra la sociedad demandante.

53. Con tal propósito, resulta oportuno destacar que la Sección, mediante
sentencia de 12 de julio de 201823, reiteró el carácter de enjuiciable de la decisión
administrativa ambiental que termina con la actuación administrativa, así como
aquella que adopta medidas preventivas, en los términos previstos en el artículo
8524 de la Ley 99 de 1993, al señalar:

«En primer lugar. la Sala considera oportuno reiterar la posición de esta Sección
frente a que el acto que impone una medida preventiva de contenido
ambiental es susceptible de control jurisdiccional. Lo anterior a efectos de
responder el argumento de oposición que esgrimió la entidad accionada en su
contestación.

Con tal propósito, es oportuno referir que de tiempo atrás la Sección25 ha
reconocido el carácter de enjuiciable no solo a la decisión administrativa
ambiental que termina la actuación administrativa, sino aquella que
adopte medidas preventivas en los términos que prevé el artículo 8526 de
la Ley 99». (Resaltado fuera de texto)

54. De igual forma, lo hizo en otro en la providencia de 26 de noviembre de 201527,
en vigencia de la Ley 1437 de 2011 (CPACA), del cual se destaca:

»[. ..] En desarrollo del principio de precaución en materia ambiental, contenido en
el marco de la constitución ecológica, la Ley 1333 de 2009 estableció las
denominadas medidas preventivas como un conjunto de decisiones de
ejecución inmediata que pueden adoptar las autoridades ambientales, en
aplicación de su poder de policía, tendientes a "prevenir, impedir o evitar la
continuación de la ocurrencia de un hecho, la realización de una actividad o la

23 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA. Consejera
ponente: MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ. Bogotá, D.C., doce (12) de julio de dos mil dieciocho (2018).
Radicación número: 11001-03-24-000-2007-00292-00

24 Hoy subrogado por el artículo 40 de la Ley 1333 "Por la cual se establece el procedimiento sancionatotio
ambiental y se dictan otras disposiciones -.
25 Consejo de Estado. Sección Primera. Auto del 1° de diciembre de 2011. Expediente número: 2009-00220.
C.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta. (citado en la providencia del 26 de noviembre de 2015)
26 Hoy subrogado por el artículo 40 de la Ley 1333 "Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio
ambiental y se dictan otras disposiciones".
27 Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Primera. Auto del 26 de noviembre de
2015. Radicación N° 25000-23-41-000-2013-00717-01. Actor: Fiduciaria Bancolombia en liquidación en calidad
de vocero del Fideicomiso Fundación Otero — Bancafé Panamá. C.P. Guillermo Vargas Ayala.

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Radicado: 11001-03-26-000-2010-00050-00
Demandante: Sucesores Pedro Pablo Rozo Guaqueta e Hijos Cía Ltda
Demandado: Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca -CAR-

existencia de una situación que atente contra el medio ambiente, los recursos
naturales, el paisaje o la salud humana". (Artículo 4°).

Estas medidas ambientales preventivas, de acuerdo con la citada Ley, (i) no tienen
la naturaleza jurídica de sanción, (ii) su ejecución y efectos deben ser inmediatos
debido a su carácter preventivo, y (iii) deben ser adoptadas mediante acto
administrativo debidamente motivado.

Frente a la naturaleza de dicho acto administrativo, se pronunció la Sección
cuando dirimió igualmente un recurso de apelación en contra de una decisión
de rechazo de la demanda, en el que consideró que sólo las decisiones que
determinaran medidas preventivas o aquellas que impusieran una sanción
podían considerarse como actos definitivos y por tanto susceptibles de
censura en esta Jurisdicción [...1.» (Resaltado fuera de texto)

55. Aunado a lo anterior, la Sala resalta que la Corte Constituciona1,28 al examinar la
constitucionalidad del artículo 32 de la Ley 1333 de 21 de julio de 200929, reiteró las
razones esgrimidas en la sentencia C-293-200239, señalando que la medida
preventiva ambiental es un acto susceptible de control. Así se refirió la Corte:

T..] a propósito de algunas medidas preventivas en materia ambiental, al
señalar que cuando la autoridad ambiental debe tomar decisiones específicas,
encaminadas a enfrentar una situación o hecho o a evitar un peligro de daño
grave. "sin contar con la certeza científica absoluta. lo debe hacer de acuerdo
con las políticas ambientales trazadas por la ley, en desarrollo de la
Constitución, en forma motivada y alejada de toda posibilidad de arbitrariedad
o capricho".

De conformidad con lo entonces expuesto. el acto administrativo dictado con
base en el principio de precaución "debe ser excepcional y motivado" y,
"como cualquier acto administrativo, puede ser demandado ante la
jurisdicción de lo contencioso administrativo", para que así "la decisión de
la autoridad se enmarque dentro del Estado de Derecho, en el que no puede
haber decisiones arbitrarias o caprichosas" de modo que, si esto llegara a
ocurrir, el ciudadano tenga "a su disposición todas las herramientas que el
propio Estado le otorga [. . .]". (Resaltado fuera de texto)

56. Comoquiera que el acto administrativo demandado resulta pasible de ser
enjuiciado ante esa jurisdicción, sería del caso entrar a examinar su legalidad de no
ser porque la Sala advierte que en el presente caso se configura el fenómeno de la
caducidad.

57 En efecto, está acreditado dentro del expediente que la Resolución 1170 de 10
de junio de 2009, acto demandado, fue notificada personalmente el 24 de junio de

28 Corte Constitucional C-703-10 M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
29 "Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones."
3° Declaró exequibles los artículos 1, numeral 6 (parcial); y, 85. numeral 2° de la Ley 99, por los cargos formulados.

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Radicado: 11001-03-26-000-2010-00050-00
Demandante: Sucesores Pedro Pablo Rozo Guaqueta e Hijos Cía Ltda
Demandado: Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca -CAR-

ese año31, mientras que la presentación de la demanda se hizo el 12 de enero de
201032.

58 Es decir, que transcurrieron casi siete (7) meses entre la fecha de notificación
del acto acusado y la de presentación de la demanda, término que desborda el
previsto por el artículo 136 del CCA para el ejercicio de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho de cuatro (4) meses, razón por la cual la Sala declarará
de oficio la caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho y se
inhibirá para emitir un pronunciamiento de fondo.

IV.6. Conclusión

59. De conformidad con las anteriores consideraciones, la Sala declarará de oficio
la caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, al encontrarse
probado que la presentación de la demanda se hizo con posterioridad al término de
cuatro (4) meses previstos en el artículo 136 del CCA, por lo que se inhibirá para
emitir pronunciamiento de fondo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: DECLARAR no probada la excepción previa de «Inepta demanda»
formulada por la demandada, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de
esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR, de oficio, probada la excepción de caducidad de la
acción, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: En consecuencia, INHIBIRSE de proferir sentencia de fondo, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado
que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, previas las anotaciones
a que haya lugar.

31 Folio 18 cuaderno principal
32 Folio 129 cuaderno principal

16

Radicado: 11001-03-26-000-2010-00050-00
Demandante: Sucesores Pedro Pablo Rozo Guaqueta e Hijos Cía Ltda
Demandado: Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca -CAR-

NOTIFiQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia, de que la anterior sentencia fue le' a disc ida y arpro a a or
la SaL en la ses e la fecha.

NW.' A A TH-P A GARZÓN HEN 0 AN EZ ANCHEZ,
Cons era de E tado (E) onsejero de Estado
lara voto

IS EL CRISTINA<EARAMILLO SIERRA
juez
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley. (P/27)

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